Cuando los “opositores a todo” también planteamos alternativas.
Autor: William Yohai
5 de octubre de 2018
RESUMEN EJECUTIVO: En este trabajo, a diferencia del anterior[1] analizamos la inversión de ROU (El estado uruguayo tal como se lo nombra en el contrato con UPM) desde el punto de vista del flujo de fondos. Dicho en criollo: los diversos pagos anuales que realizaremos a lo largo de 15 años para viabilizar el proyecto.
Dichos pagos sumarían 277 millones de dólares (mmdd) anuales.
A fin de ejemplificar usos alternativos a ese dinero modelamos los resultados de una inversión de ese monto en vivienda de tipo económico, realizada en zonas urbanas con servicios.
Conclusiones:
Se podrían construir 3.400 viviendas por año. Se generarían 5.000 puestos de trabajo permanentes.
En 15 años se habrían construido 51.000 viviendas para 178.000 personas.
“Me parece increíble, es de locos. Una cosa que fue negociada con tanto trabajo, que va a traer puestos de trabajo, el lugar más vigilado del medioambiente, me parece increíble que a alguien le pueda pasar por la cabeza eso pero están en todo su derecho”.
Así se refería Carolina Cosse, ministra de industria y energía a los opositores al proyecto UPM2.
Ese es el nivel corriente de las manifestaciones de los jerarcas cuando se refieren a nosotros. Y, desde cierto punto de vista, es cierto. Estamos locos.
Sólo así se explica que hayamos decidido oponernos a un proyecto que cuenta con la anuencia pasiva o activa de todo el sistema político. Apenas el diputado de Unidad Popular manifiesta oposición al proyecto.
Veamos el origen de las cifra que resumimos más arriba:
1) Hemos anualizado los pagos que deberá realizar ROU según el siguiente cuadro:
“Eléctrico” corresponde a los pagos que deberá efectuar UTE a UPM durante 20 años a razón de 72.5 mmdd cada uno. Homogeneizamos todos los flujos de caja a 15 años para facilitar los cálculos. No hicimos, en este caso, la “refinación” financiera que hubiera correspondido. No modificaría sustantivamente el resultado. Así, los pagos descritos durante 20 años se transforman en 97 mmdd anuales.
2) Ferrocarril los 2.024 mmdd a lo largo de 15 años (de las fuentes públicas no surge este dato en forma certera pero estos cálculos son aproximativos) da 135 mmdd anuales.
3) los datos del dragado surgen de la intervención de Luis Lacalle en el llamado a sala del Senado en noviembre del año pasado.
4) Dividimos el costo del viaducto y el traslado del puerto pesquero a Capurro en 15 “cómodas cuotas” anuales.
5) Restamos los pagos por cánones, aportes al saneamiento del Río Negro y otros que el contrato prevee debería realizar UPM.
6) Estimamos otros costos que tendrá ROU (vialidad, educación técnica media, reforzamiento de la DINAMA, etc.).
Para calcular todo lo relativo al costo de la vivienda utilizamos el boletín mensual de INCA[2].
Algunos elementos: el costo del m2 corresponde a vivienda de planta baja y 3 pisos superiores. Se tomaron datos de un estudio de CPA Ferrere[3] para atribuir jornales por m2 en dicha tipología de vivienda. Del ministerio de trabajo[4] los salarios.
El siguiente cuadro resume los datos de base:
¿Qué se perdería al no hacer el proyecto UPM?
De acuerdo a nuestro trabajo anterior[5] se dejarían de generar 2.850 empleos durante unos dos años en la construcción de la planta. Y 550 permanentes en la propia zona franca, lo cual incluiría todo el personal de producción, servicios y la fábrica de químicos necesarios.
Se dejaría de reconstruir el ferrocarril central. De hecho tal cual está planteado en el contrato ROU-UPM el mismo difícilmente cambie la realidad del transporte de mercancías y pasajeros salvo en lo atinente a la celulosa y los químicos que su producción necesita.
Pero hay más: cuando se estima la inversión pública en viviendas se incluye un fuerte componente de leyes sociales. De acuerdo a la inversión planteada 40,5 mmdd irían a pagar leyes sociales. Es claro que gran parte de ellas revierten y se quedan en el estado.
Las externalidades positivas de un plan de vivienda como el propuesto son mucho mayores que las que implicaría UPM2. Una propuesta de construcción importante de viviendas como la planteada permitiría la instalación de industrias de materiales con mercado garantizado.
Se resolvería gran parte del problema de vivienda que sufre la población del país. Y no se hipotecaría la soberanía nacional con un proyecto como el de UPM2. Sobre este tema se ha escrito ya bastante y está clarísimo. Otro aspecto a destacar: un proyecto como el planteado no implica exenciones fiscales ni zonas francas. Todas las empresas involucradas pagarían los impuestos de rigor. Por lo cual además de los aportes al bps (leyes sociales) habría otros millones de dólares que revertirían al estado reduciendo de esta forma la inversión total de éste. Contabilizando en forma aproximada estos retornos la inversión pública neta no superaría los 230 mmdd. La inversión en vivienda genera mucha más repercusiones que la construcción de un ferrocarril, dónde buena parte de la inversión se va en materiales importados (rieles, durmientes, etc.). El proyecto eléctrico implica un donativo sin contrapartida (o casi) del estado uruguayo a UPM. En efecto, su sustento está en compensar la pérdida de capacidad de generación que sufrirá UTE derivada de la exigencia de un flujo mínimo en el Río Negro que plantea el contrato. No hay un sólo puesto de trabajo nuevo. Pura pérdida para el estado.
Si se lleva adelante el proyecto UPM2 el endeudamiento público aumentará, desde que se firme el contrato ferroviario en los términos planteados, 1.500 mmdd. Cuando se haga lo propio con el contrato eléctrico y se hayan asumido los demás costos de la inversión dicha cifra se elevará a 2.500 mmdd. Esto es un crecimiento de la deuda pública actual de un 6%. Representa, a su vez, un 4% del pbi.
Por algo en su momento trascendió el malestar del ministro de economía con el proyecto. Y consecuentemente renunció el subsecretario Andrés Masoller.
El plan de vivienda que planteamos no necesita asumir un endeudamiento masivo. Puede llevarse a cabo en forma progresiva manejando adecuadamente los números del presupuesto nacional. Por supuesto, dada la situación de déficit fiscal global crónico que experimenta el país, el financiamiento de cualquier inversión necesariamente será a través de la emisión de nueva deuda pública. Este proyecto alternativo no pretende agotar las alternativas posibles a una inversión pública de este nivel. El objetivo es graficar una de las posibilidades existentes en forma documentada y contundente.
Sería interesante que los dirigentes y militantes sindicales del SUNCA que con tanto calor apoyan el proyecto UPM2 tuvieran en cuenta este trabajo.
El país está a punto de cometer un gravísimo error. Aún hay tiempo para revisarlo.
El 5 de octubre de 1976 se realizó el "segundo vuelo" en el que una veintena de uruguayos secuestrados en el "pozo" de Automotores Orletti de Argentina, fueron traidos a Uruguay en el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), detenidos en unidades militares, ejecutados y enterrados, probablemente, en una fosa común.
El caso fue denunciado en La República en 2001, la Fuerza Aérea reconoció la existencia de aquel segundo vuelo en 2004, se llegó a realizar una causa judicial por la que ocho militares y policías fueron encarcelados en 2006, pero el Ejército sigue sin confesar dónde fueron enterrados. La impunidad sigue cubriendo la verdad.
Hace 9 años publicamos el artículo que sigue:
Treinta y tres años después de los hechos, a siete años de que el
caso fuera denunciado por LA REPUBLICA y a cuatro años de que la Fuerza
Aérea Uruguaya admitiera su existencia, el traslado ilegal de uruguayos
secuestrados en Buenos Aires, conocido como el “segundo vuelo” de
Orletti, sigue sin ser reconocido por el Ejército nacional.
El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar
Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo , de forma
ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y
torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a
oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos.
El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor
Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el
capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada
de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de
Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo.
Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya.
Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por
comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal,
la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban
comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y
Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales
Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis
Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y
José Sande, además de un grupo de soldados.
Los traslados
Los operativos contra uruguayos en Buenos Aires fueron parte del
denominado “Plan Cóndor”, estructurado por los aparatos represivos de
las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú,
Ecuador y Uruguay, donde la tarea estaba en manos del SID y del
Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
El SID dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el OCOA de la
División de Ejército I y de su comandante en jefe. El Vuelo 511 en 1976
fue coordinado por el coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez,
entonces en el SID. Los secuestrados sobrevivieron un mes en el centro
de torturas “300 Carlos” del OCOA, antes de ser ejecutados.
La dictadura uruguaya ya había realizado traslados de uruguayos en
Argentina desde 1974. Aquel febrero trajeron al tupamaro Antonio Viana
Acosta y en noviembre a sus compañeros Floreal García, Mirtha Hernández,
Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Stefanell, cuyos
cuerpos aparecieron, habiendo sido fusilados, en Soca en diciembre de
ese año.
El traslado más numeroso se había producido el 24 de julio de 1976,
cuando otro avión de la Fuerza Aérea trajo un “primer vuelo” de Orletti
con otros 23 militantes del PVP, secuestrados entre junio y julio, a
quienes “blanquearon” en una falsa detención en el balneario Shangrilá a
fines de octubre y fueron procesados por la justicia militar.
Hoy se sabe que la mayoría de los uruguayos secuestrados en el
exterior terminaron siendo “repatriados” si no fallecieron cuando su
detención o durante la tortura. Hubo traslados en 1975, en los que los
detenidos fueron y vinieron a Argentina y también los habría en 1978,
cuando se trajo a militantes del GAU, el PCR y otros grupos.
La denuncia
La existencia del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciada el 17 de
marzo de 2002 en LA REPUBLICA, tras una investigación periodística
iniciada en la revista “Posdata”, de donde se obtuvieron los datos con
los que el senador Rafael Michelini logró ubicar, en Argentina, a Simón,
hijo de Sara Méndez, 26 años después de su desaparición.
Los datos habían sido proporcionados por un represor argentino,
miembro de la banda de Aníbal Gordon, quien también informó que todos
los uruguayos secuestrados en Buenos Aires y llevados a Automotores
Orletti habían sido entregados a los militares uruguayos antes de que el
centro clandestino de torturas cerrara en noviembre de 1976.
Con la credibilidad que le daba la aparición de Simón Riquelo, la
fuente aportó nueva información, publicada en LA REPUBLICA el 9 de junio
de 2002, con la que se denunció que el “segundo vuelo” se concretó el 5
de octubre de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajó
al aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires.
La ratificación del “informante” permitió concluir que el “segundo
vuelo” era motivo del “pacto de silencio” de los militares uruguayos,
quienes no querían admitir que las 22 personas traídas desaparecieron
simultáneamente y no murieron “accidentalmente” en la tortura, sino que
habían sido ejecutadas y enterradas en un cementerio clandestino.
La denuncia fue confirmada por una fuente militar uruguaya, presente
el día del arribo del “segundo vuelo”. Aportó datos del vuelo 511 y los
nombres de sus tripulantes, coordinador y receptor, según publicó LA
REPUBLICA el 2 de setiembre de 2002, en una nota donde se explicaba que
los detenidos fueron sacados en camiones del Ejército.
El silencio
La denuncia de LA REPUBLICA, pese a su trascendencia, no tuvo
repercusión en los grandes medios de comunicación y tampoco fue
considerada por la gubernamental Comisión para la Paz que no incluyó el
tema ni siquiera como hipótesis en el informe final sobre los
detenidos desaparecidos elaborado durante el gobierno de Jorge Batlle.
El entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Pedro
Malaquín, hizo silencio ante las acusaciones acerca de que había sido
uno de los pilotos del avión quien trajo al grupo de desaparecidos.
Tampoco el comandante del Ejército, general Carlos Daners, quiso hacer
comentarios sobre los secuestrados entregados a su fuerza.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, el informe oficial de la Fuerza
Aérea Uruguaya sobre los desaparecidos, en respuesta a una orden del
Presidente Tabaré Vázquez, terminó por admitir que el “segundo vuelo”
del 5 de octubre había existido, aunque aceptó la participación de la
aviación sólo en el traslado.
El informe redactado por el comandante Enrique Bonelli sostenía que
la operación había sido ordenada por el comando de la FAU, a pedido del
SID, que coordinó el vuelo en el que los pilotos militares sólo se
limitaron a permanecer en la cabina de vuelo, sin saber cuántos ni
quiénes eran los detenidos transportados desde Argentina.
Bonelli, quien, posteriormente, reconoció haber sido piloto del
“primer vuelo” de Orletti, se negaría a informar a la justicia sobre los
nombres de sus fuentes en la investigación interna. Ni la entrega de
los pasajeros del “segundo vuelo” ni su destino fueron incluidos en el
informe sobre desaparecidos del Ejército que aún no ha reconocido su
entrega.
La justicia
En 2007, dos años después del informe de la FAU, el caso del “segundo
vuelo” de Orletti fue denunciado judicialmente, junto a una serie de
causas contra los mandos militares, por un grupo de abogados defensores
de los derechos humanos. El tema recayó en el juez de 19º turno, Luis
Charles, y la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze.
El caso se incorporó a otra denuncia conexa: Secuestro y desaparición
del uruguayo Adalberto Soba, uno de los secuestrados en Orletti y
posible pasajero del “segundo vuelo”, presentada en el juzgado por sus
familiares. Ambos casos fueron excluidos de la Ley de Caducidad por el
presidente Tabaré Vázquez.
La indagatoria judicial determinó la responsabilidad de seis
militares (Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira, Ramas y Mauren) y dos
policías (Medina y Sande) en la “privación de libertad” de Soba. Ese
grupo de militares que ya estaba preso por un pedido de extradición de
Argentina también fue procesado por el “segundo vuelo”.
El “segundo vuelo” de Orletti mantiene una serie de causas conexas abiertas, entre las que se destacan la
extradición del coronel Manuel Cordero, que había fugado a Brasil, y el
caso de María Claudia García de Gelman, trasladada en el marco de ese
operativo a Uruguay, donde, antes de desaparecer, tuvo a su hija ,
Macarena, actualmente recuperada.
También está pendiente el inicio de procesos contra el coronel (av.)
Araújo Umpiérrez, quien estuvo preso por un pedido de extradición, no se
otorgado, a Argentina y hoy se encuentra en libertad y el soldado
Ernesto Soca (detenido para su extradición a Argentina), reconocido como
uno de los subalternos que operó en Buenos Aires.
La impunidad
Aunque ocho militares y policías fueron condenados por el “segundo
vuelo” de Orletti., el caso evidencia la impunidad que aún rige en
Uruguay con la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva
del Estado (Nº 15.848), cuya anulación depende de la reforma
constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre.
Los militares y policías fueron procesados gracias a la
interpretación del artículo 4º de la mencionada ley realizada por la
actual administración de gobierno: Se entiende que no se incluyen los
casos ocurridos en el exterior, como los que implicaron la desaparición
de niños ni los que (como admite el artículo 3º de la norma) implicaron
un provecho económico.
En la actualidad, permanece bajo el amparo de la impunidad la
tortura, ejecución y enterramiento en Uruguay de los 22 compatriotas que
fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Orletti y
trasladados ilegalmente a Uruguay, lo que determina que no se obtenga
información sobre el paradero de sus restos óseos.
También permanece impune la “amnesia” de los aviadores Malaquín,
Pintos y Muñoz, quienes no recuerdan nada acerca de los pasajeros del
Vuelo 511, aunque la puerta del C-47 en que los trajeron se encuentra en
el extremo trasero de la aeronave y alguien debió recorrer todo el
pasillo para cerrarla al despegar y abrirla al aterrizar.
La impunidad aún cobija como institución al Ejército, cuya
investigación sobre los desaparecidos no dio resultados positivos,
mantiene escondidos los archivos y sus mandos hacen expresa su voluntad
de no continuar indagando, aunque las víctimas estuvieron en su poder en
el “300 Carlos” y fueron enterradas en una unidad militar.
Opinó que falla la articulación entre políticas de prevención y de control del delito.
Pese a las críticas y a los anuncios previos de “catástrofes”,
la evaluación del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal
(CPP) que hace la Fiscalía General de la Nación es “altamente positiva”.
Su titular, Jorge Díaz, considera que para mejorar la seguridad se
deben atacar las “causas” del delito y, principalmente, el factor
cultural.
La
semana pasada se anunció la creación de una nueva Fiscalía de
Homicidios. ¿Hay una sobrecarga de trabajo? ¿Cuál es el diagnóstico?
Lo que tenemos ahora, que no teníamos antes, es información. Más
información y de mejor calidad. Hoy podemos saber, en cada jurisdicción
territorial donde trabaja una fiscalía, qué volumen de denuncias hay,
por qué delitos, qué casos están siendo trabajados y cuáles se
archivaron. ¿Qué nos permite eso? Antes, la distribución de los recursos
humanos y materiales en el territorio se hacía sobre la base de una
información de menor calidad y, muchas veces, intuitivamente. Ahora, esa
asignación de recursos se hace en base a un buen nivel de información.
Por ejemplo, en Montevideo los delitos sexuales o de género eran una
especie de limbo. Y la realidad es que desde el 1° de noviembre hasta
ahora nos encontramos con una realidad que nos superó. Si hay un lugar
donde tenemos dificultades, es ahí, por el volumen de casos y por la
complejidad. De dos fiscalías de delitos sexuales y de género que
tenemos hoy en Montevideo, vamos a tener cinco; además, vamos a crear
una segunda fiscalía de Homicidios, una segunda de Delitos Económicos, y
una segunda de Drogas. Las fiscalías especializadas son las que están
más cargadas de temas, por eso necesitamos reforzarlas. Después, en el
interior, vamos a crear una tercera fiscalía en Ciudad de la Costa,
porque el volumen de asuntos de esa zona es altísimo. Estamos
convencidos de que sobre esa base vamos a obtener mejores resultados. El
balance [de la aplicación del nuevo CPP] para nosotros es altamente
positivo. Sólo con el sistema nuevo, la cantidad de formalizaciones
supera el promedio de procesamientos de enero-octubre del año pasado.
Fuimos revirtiendo un comienzo dificultoso, en el que había anuncios de
catástrofes y fracasos; pero en poco tiempo, los resultados son mejores
en este sistema que en el anterior, a 11 meses de funcionamiento.
97% de los procesos con el nuevo código se hizo por juicio abreviado. ¿Esto es un motivo de preocupación?
En principio, el hecho de que a la sentencia se llegue mediante un
juicio oral o mediante un proceso abreviado no nos preocupa. Lo que nos
preocupa es que no exista impunidad. Lo que tendremos que ver luego es
qué casos se resuelven en juicio oral y qué casos se resuelven en
abreviado. Si se resuelven todos los casos más graves por abreviado
tendremos un problema, porque la idea es que los juicios orales se
reserven para casos de delitos más graves.
El
Ministerio del Interior evaluó en su momento que el incremento de los
delitos se debió a la aplicación del nuevo CPP, y usted expresó
discrepancias. ¿Qué balance hace ahora, con más información a la vista?
Nosotros tenemos la óptica en el horizonte, no nos medimos por
tiempos políticos. La fiscalía es una institución cuyo jerarca se
mantiene diez años en el ejercicio de su función; yo empecé en abril de
2012 y termino en abril de 2022. No estamos urgidos por ciclos
electorales o políticos, sino que más bien es un ciclo institucional.
Una reforma de esta magnitud, evidentemente, uno no la puede medir a los
tres meses y sacar conclusiones en base a muestras estadísticas muy
chicas, donde además notoriamente inciden muchos otros factores. A
nosotros siempre nos pareció apresurado hacer una lectura única, lineal y
de inmediato sacar una conclusión. Tenemos que entender que la
seguridad y la cantidad de delitos no depende solamente de la eficacia
policial y de la labor de la Justicia. La seguridad es un fenómeno mucho
más complejo. En una política pública de seguridad hay dos acciones
básicas: una de prevención y otra de control. Las dos tienen que
funcionar en conjunto. Si ponés todo el énfasis en el control y no
atacás la prevención, la usina generadora de delitos sigue funcionando,
entonces nunca te van a alcanzar los recursos.
¿Qué fue lo que falló en materia de prevención?
95% de las personas que ingresan al sistema carcelario no terminó el
ciclo básico. Ahí está la madre del problema. La inmensa mayoría de las
personas privadas de libertad son jóvenes, analfabetos funcionales,
adictos y pobres. Lo que creo que no se ha dado nunca es una
articulación de las políticas de prevención y control, que involucre
todos los aspectos. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en “seguridad =
policía” y “prevención = patrullaje”. El patrullaje forma parte de la
prevención del delito, pero es una mínima parte; la parte más importante
está en atacar las causas del delito, que no solamente están en la
pobreza y en la miseria, porque quedó claramente demostrado que se
redujo la pobreza y, sin embargo, los delitos siguieron aumentando. Ese
discurso cayó por su propio peso. Pero, evidentemente, allí hay un
problema, y es el factor cultural. Cuando yo era chico, robar estaba mal
visto por todo el mundo. Hoy, en determinados sectores de la población,
robar no está mal. Porque vivimos en una sociedad en la que se cultiva
el éxito fácil, en una sociedad exitista, y en una sociedad consumista
el éxito está asociado a la disponibilidad de bienes económicos. La
única posibilidad de obtener éxito fácil esa gente es mediante el
delito; eso no lo vas a cambiar si no cambiás la matriz cultural. ¿Quién
es el más exitoso en esos sectores? El narco. Entonces, el narco se
transforma en una especie de ídolo. La cultura del narco en ciertos
segmentos de la sociedad ha permeado fuertemente. Ahí hay un trabajo que
hay que hacer a largo plazo, en el que tiene que estar involucrada la
escuela primaria. Tenemos una gran ventaja en el país: el Estado está
presente en todo el territorio; no ocurre como en otros países de
América Latina, donde hay sectores en los que el Estado no está, y ahí
el narco florece. Pero entonces, en primer lugar, no nos podemos ir. En
segundo lugar, tenemos que mejorar la calidad de la presencia. Hay que
atacar la causa, porque si sólo atacamos el control... Lo que pasa es
que vivimos en una sociedad enferma de control. Queremos controlar todo,
y creemos que podemos controlar todo. Y ese es el principal error.
Especializadas
En
los últimos meses, varios pedidos de formalización en casos de abuso
sexual se hicieron por la figura de “atentado violento al pudor” y no
por el delito de “abuso sexual”, previsto en la Ley Integral contra la
Violencia hacia la Mujer basada en Género. Algunos fiscales sostienen
que al no conformarse los juzgados especializados en género que preveía
la ley, están imposibilitados de formalizar por esos delitos.
Eso, desde el punto de vista jurídico, es un disparate, porque el
delito existe desde la promulgación de la ley. Podrá haber luego una
interpretación en un caso o en otro, si efectivamente se configura un
delito u otro. Esa es una discusión jurídica que tendremos que ver caso a
caso; puede haber un error, una diferencia de criterios, una
interpretación del tipo penal distinta. Pero decir que los delitos que
la ley de género establece no están vigentes es un absurdo. No se puede
poner excusas para no hacer valer los derechos.
¿Qué evaluación hacen de la implementación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos?
Hacemos una evaluación muy positiva. Desde el punto de vista
institucional, por primera vez dimos en la tecla en el cómo. Nunca
habíamos logrado el objetivo de tener una misma dirección de todas las
causas, un relacionamiento de las pruebas, una única estrategia desde el
punto de vista del Estado en la investigación. Ahora sí lo estamos
logrando, en muy poco tiempo.
El
fiscal Ricardo Perciballe ha formulado varios pedidos de procesamiento
por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero aún no ha
habido decisiones judiciales. ¿Hay lentitud en la tramitación de estos
casos?
Esas causas se tramitan por el Código del Proceso Penal antiguo, que
lamentablemente es escritural, lento, reservado, opaco. Todo eso
habilita la oposición de chicanas por parte de la defensa. Ahora, con el
nuevo código, como consecuencia de una audiencia de formalización que
se hizo en San Carlos por una persona acusada de narcotráfico, se
planteó la inconstitucionalidad y se suspendió el proceso, pasaron los
antecedentes a la Suprema Corte de Justicia [SCJ], y se armó
prácticamente una conmoción pública porque la persona acusada quedó en
libertad y no se le aplicaron medidas cautelares. Bueno, eso es lo que
viene pasando en las causas de derechos humanos hace 20 años, y no
generó conmoción ni nada por el estilo. Hay una posición de la SCJ que
establece que cuando se solicita una medida cautelar al inicio del
proceso, debería disponerse la cautelar sin perjuicio de tramitar la
inconstitucionalidad. Eso debería aplicarse a estas causas también. El
día que se disponga una cautelar, se dejará de interponer chicanas.
En
el tema del lavado de activos también hay lentitud en la tramitación de
causas que van por el código antiguo. En Argentina y Brasil se dice
incluso públicamente que en Uruguay es muy fácil lavar activos. A su
juicio, ¿cómo se está desempeñando la Justicia en esta área?
Las causas viejas vienen lento. Por el nuevo código, la mayor parte
de las denuncias que han ingresado se han resuelto rápidamente. Por
ejemplo, tenemos el caso de Marcelo Balcedo, en el que en estos días
probablemente se presente la acusación y se vaya a juicio oral. En los
casos viejos, la responsabilidad de la investigación la tiene el juez, y
sí, nosotros notamos que hay cierta burocratización de las
investigaciones en esos temas. Creo que Uruguay tuvo esa fama de lavar
dinero en el pasado en forma justificada. Era un modelo de país que con
la crisis de 2002 cayó: el sueño de la plaza financiera. Luego hubo una
política de combate al lavado de activos, se cambió la legislación y se
fueron mejorando los instrumentos. Pero también es verdad que tuvimos
hasta hace muy poco instrumentos jurídicos que seguían vigentes, como la
banca offshore. Creo que el país cambió radicalmente, lo que
no significa que haya sectores, sobre todo el no financiero, en el que
los controles son mucho más laxos. Pero los que nos cuestionan a
nosotros porque no tenemos causas por lavado son países que no tienen
causas por lavado, como Argentina y Brasil. Siendo un país mucho más
chico, tenemos muchas más causas por lavado nosotros que ellos. Hay un
asunto que el país tiene que encarar: los partidos políticos son sujetos
obligados a reportar operaciones sospechosas, y todavía no hay una real
dimensión de la magnitud de ese tema. Va a ser necesario saber de dónde
provienen todos los fondos que financian los partidos. Si uno mira la
región, ve que los principales casos de corrupción están asociados a la
financiación de los partidos.
Programa de TNU de la relación de las FFAA con la sociedad civil. Con Javier González Guyer, Luis Puig y Aníbal Gloodtdofsky
La sanción al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini
Ríos, y los coletazos que esta medida tuvo en la Rural del Prado, cuando
la banda de la Escuela Militar tocó una marcha de reconocido tinte
partidario, no son más que la cáscara de algo más profundo e
inquietante. No haremos una extensa lista de los episodios que han
sucedido desde hace un tiempo; más bien quisiéramos usarlos como
demostrativos de lo que algunos grupos o individuos están haciendo de
manera más o menos sistemática y con lo que pretenden incidir
políticamente.
El primer episodio que se nos viene a la mente es el de la operación
realizada contra el laboratorio del Grupo de Investigación en
Antropología Forense, en marzo de 2016. El mismo año se hizo público el
archivo que tenía en su casa un retirado militar (con características de
personaje de Edgar Allan Poe) y se comenzaron a conocer y confirmar las
sospechas de muchos que decían que los aparatos represivos del Estado
continuaban vigilando a las organizaciones y activistas que buscan
cambiar la realidad y que denuncian las injusticias del sistema (aunque
la lista se engrose también con los partidos fundacionales y sus
líderes, parece claro que el objetivo a vigilar era otro). Recientemente
se presentó un informe de la comisión investigadora parlamentaria que
estudió este tema y, por unanimidad, se decidió pasar todos los
antecedentes a la Justicia para que investigue (¿qué pasará allí con
todos estos antecedentes?, ¿hay posibilidades reales de que se
investigue y se haga justicia? Relacionado con lo anterior, salta una
pregunta: ¿qué sucede con las denuncias por los delitos cometidos antes y
durante la dictadura por agentes del Estado que asesinaron, torturaron,
desaparecieron, extorsionaron, robaron, etcétera?, ¿este pase de
antecedentes a la Justicia correrá la misma suerte?). Otro hecho que va
en la misma sintonía es la amenaza del llamado Comando Barneix,
realizada o descubierta en febrero de 2017. A lo anterior se suma que
este año han sido atacadas varias de las marcas de la memoria, además
del memorial que recuerda a los desaparecidos.
Además, deberíamos relacionar estos hechos con lo que está ocurriendo
en algunos países de Europa con el resurgimiento o la reafirmación de
las derechas reaccionarias (Holanda, Alemania, Italia, Suiza, Francia);
en el Cercano Oriente con las acciones del denominado Estado Islámico; y
en nuestra región. Las derechas muestran sus acciones en distintos
lugares, adaptándose a nuevas realidades o nuevas percepciones de la
realidad.
En un mundo donde el flujo de información es constante, donde la
subjetividad es un territorio hegemonizado por la lógica de la religión
del mercado (al decir de Franz Hinkelammert, religión en la que nos
encontramos inmersos todos de una u otra manera), las nuevas derechas
ganan espacios y parecen extenderse en todo el planeta.
Un paréntesis. Todos estos hechos y el crecimiento de la violencia de
derechas no podríamos despegarlos de los efectos del capitalismo
globalizado, de la nueva fase de este sistema-mundo-moderno que avanza
aniquilando cualquier forma de vida. Y avanza presentándose como
racional y al mismo tiempo de sentido común. Entonces, y para intentar
no perdernos en laberintos, parece clave no caer en una suerte de
sensación de catástrofe que lleva a la inacción, a la parálisis. Con la
conquista de América, la historia de la humanidad tuvo un cambio radical
y este proceso trajo aparejado un inimaginable cambio: la elaboración
de las categorías científicas que hasta hoy son dominantes, la
construcción de un nuevo marco categorial.
Fue el inicio de la modernidad, la explotación de los millones de
esclavos, la explotación de los millones de indígenas, la explotación de
la naturaleza; debería hacernos pensar en lo que sucede hoy en Uruguay,
en la región y en el mundo entero. Y esto es una acción indispensable
para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Hay intereses variados
que pretenden que nos quedemos en los episodios concretos, sin ampliar
las miradas, o que nos detengamos en lo electoral como único punto o
como aspecto central de la etapa. Salir de ese límite nos permitirá
tener otra perspectiva de más largo aliento, estratégica y profunda.
Continuando con lo que veníamos diciendo, un dato no menor es que en
la región (cuando decimos “región” hacemos referencia a nuestra América:
la de los indígenas, negros, campesinas sin tierra, obreras explotadas,
desocupadas, etcétera) hay gobiernos decididos a utilizar de forma
constante la violencia para conservar o ampliar los privilegios de los
sectores dominantes (ejemplos: Brasil, Argentina, Colombia). Y también
está como una sombra acechando desde hace años una posible intervención
militar a Venezuela (hace unos días lo explicitó nada menos que el
secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis
Almagro, y lo hizo nada menos que en Colombia, donde se asesina a un
líder social por día prácticamente, pero eso no le preocupa a casi
nadie).
La necesidad de un Ejército hoy
Ahora sí estamos en condiciones de ir a lo central de esta nota.
¿Existe la necesidad de tener un ejército permanente en una sociedad
como la de Uruguay hoy? ¿Para qué se necesita? ¿Cuál es el rol que
cumple esta institución hoy? ¿Qué objetivos tiene?
Hace casi 100 años, dos diputados propusieron la eliminación del
Ejército. Fue en 1920 cuando Emilio Frugoni y Celestino Mibelli
plantearon esta necesidad. La vigencia de ese planteo parece
sorprendente.
En los fundamentos afirman que los gastos en salarios de los
oficiales hacen inviable el presupuesto nacional. Dichos salarios,
afirmaban los diputados, hacen que se dedique un gran porcentaje de la
riqueza producida en el país a un puñado de personas. Y en aquel tiempo
todavía no estaba el problema de la Caja Militar. El proyecto también
planteaba que el Hospital Militar debía pasar a la Asistencia Pública y
transformarse en una institución civil.
Y en lo profundo del proyecto está la afirmación siguiente, que
quisiéramos citar textualmente: “Tampoco podemos considerar al Ejército
una protección necesaria ante el imaginario peligro de una agresión
externa. Pero si el hecho inaudito de una agresión a nuestra
independencia se consumase, ¿seríamos más fuertes con nuestro ejército
–formidable para nuestro erario público, pero insignificante en
comparación de cualquier ejército de los que podrían invadirnos– que con
legítima y confesada debilidad?”.
El proyecto, a su vez, aclaraba que ese ejército había sido usado
para reprimir a las huestes del partido blanco, quienes juntando a
algunos miles de hombres y caballos, una y otra vez habían protagonizado
levantamientos contra las autoridades electas (de forma fraudulenta,
sin dudas).
Otro paréntesis. El Uruguay de 1920 era muy distinto del actual.
Solamente una ilusión, una construcción mitológica nos hace ver que
somos el mismo país.
En aquellos años en los que las potencias desarrollaron una guerra
imperial, Uruguay acumuló una gran riqueza por las ventas a las
potencias de sus productos ganaderos (lana, carne y cuero). Era la época
en que José Batlle y Ordóñez (tótem dentro del relato mitológico
uruguayo) ejercía su influencia (no sin resistencias dentro de su propio
partido, como en la sociedad –especialmente en los sectores
conservadores: en 1916 habían fundado la Federación Rural, institución
que iría al choque de las decisiones de gobierno que entendía que
perjudicaban a los intereses de los estancieros–) y, al decir de Milton
Vanger, creaba su época.
Con respecto a este punto, quisiera resaltar el supuesto con el que
desarrolla Vanger sus obras sobre la época de Batlle y Ordóñez, que lo
tienen como figura central en su relato (y en general en toda la
historiografía que ha estudiado esa época). Su supuesto se basa, según
sus palabras, en los teóricos de la autonomía política, más precisamente
en Martin Carnoy (The State and Political Theory, 1984),
quienes plantean que en una sociedad de un capitalismo inmaduro los
políticos pueden decidir libremente con respecto a la clase dominante,
escapando a su control. Este planteo permite hacer un análisis flexible
de los intereses de clase.
Ahora bien, ¿qué concepto de capitalismo manejan?; ¿qué significa
vivir en un “capitalismo inmaduro”?; ¿cómo construyen esta categoría?;
¿los historiadores o cientistas sociales que estudiaron esta época
profundizaron en este punto o lo tomaron de manera acrítica, sin
someterlo a un análisis exhaustivo?
Si pensamos en los crímenes cometidos por integrantes del Ejército o
en cómo oculta esta institución, hasta el día de hoy, información
respecto de esos crímenes, podemos también encontrar otro argumento para
sumar a la supresión del Ejército.
Es importante recordar que los restos de Julio Castro aparecieron en
2011 en el Batallón 14 y se comprobó que lo torturaron y lo ejecutaron
con un balazo en la cabeza. Esa es una de las muchas historias que carga
el Ejército.
Pero intentemos complejizar esta situación. ¿Cómo fue posible llegar a
que integrantes de una institución del Estado cometieran estos
crímenes? ¿Cómo es posible que, al día de hoy, se continúen negando
dichas acciones? O peor aún, ¿cómo es posible que se permita que se
nieguen a declarar ante la Justicia?
Como se comprenderá, la respuesta hay que buscarla y construirla, no
está dada ni, menos aun, es evidente. Una pista para tener presente en
una respuesta es que el Estado uruguayo en su proceso de conformación
tuvo episodios funestos muy similares al cometido en el caso de la
muerte de Julio Castro: el oriental liso y llano con su Ejército
exterminó (o intentó hacerlo, mejor dicho) a los indígenas que impedían
el aumento de la concentración de la tierra y que creían que podían
vivir en ellas, tal como lo habían hecho hasta entonces.
Sin embargo, la mitología estatal –es decir, la mitología oficial (y
la del Partido Colorado)– reconoce a Fructuoso Rivera como un héroe,
como una figura que contribuyó en la construcción de este sagrado país. Y
por eso es que en las afueras de la terminal terrestre por donde pasa
más gente se encuentra una estatua que lo revive y lo hace estar
presente todos los días para cientos de personas que pasan por allí.
Quizá no lo miran, quizá no saben quién fue ni qué hizo, pero está allí
formando parte del espacio público y, por tanto, jugando un papel en el
imaginario colectivo.
“Uruguay tiene diversas y viejas conductas sociales autoritarias”.
Con esta sentencia comienza el primer capítulo del libro de Javier
Correa Morales Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo.
Si enlazamos la masacre que tuvo como jefe al oriental liso y llano y al
proceso que describe este autor, podemos ver que hay una continuidad en
ese modelo social autoritario. También puede explicar que un presidente
de una Junta Departamental afirme, en 2018, que “acá va a tener que
venir otra dictadura para que estos sabandijas se terminen de una vez”.
En definitiva, hace 100 años ya se había propuesto la disolución del
Ejército. El planteo sigue teniendo vigencia. Algunos de los fundamentos
siguen también teniendo plena vigencia o aun son más evidentes hoy
(hacemos referencia a que si un país quiere invadir a Uruguay lo hará en
un par de horas, como lo proyectó el Ejército brasileño a principios de
la década del 70 del siglo pasado). Hoy existen otros fundamentos que
se sostienen en las acciones y omisiones que cometieron integrantes de
esta institución, y que ella misma no ha hecho más que ocultar
información y manipular situaciones para continuar y profundizar los
privilegios históricos que ha mantenido históricamente.
¿No ha llegado el momento de emprender un movimiento para hacer posible esta propuesta? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Héctor Altamirano es docente de Historia.
>>>> El comandante desde su arresto sigue metiendo la púa
Se refleja en las páginas de la publicación la dinámica de una
Institución que sigue su marcha hacia el futuro, con su vocación de
servicio intacta, a pesar de las dificultades que día a día se
presentan, que son superadas en base al espíritu militar y de cuerpo y a
la entrega permanente de sus integrantes.
Cada
vez somos más conscientes de la importancia que reviste para nuestro
país, contar con un Ejército profesional, cohesionado y comprometido con
su misión.
En ese camino estamos y nada ni nadie nos apartará de él…
Militares se abroquelan en defensa de sus privilegios
Samuel Blixen
14 septiembre 2018
Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército, Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable que pase a retiro.
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez que un
jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni
la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada
por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini
Ríos, parece evidente que, de haberse resuelto de otra manera los
episodios anteriores, las consecuencias de los actuales desplantes
hubieran sido diferentes. Se discute, entonces, si el presidente Tabaré
Vázquez actuó con debilidad, evitando la destitución, o si los 30 días
de arresto a rigor con que fue sancionado el teniente general constituye
una movida inteligente del primer mandatario. Sea como sea, el gobierno
se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar trata de forzar
la muñeca de un presidente en medio de operativos de inteligencia y
rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se olvida de
lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.
DIMES Y DIRETES. Era inevitable que Manini Ríos
volviera a hablar sobre la reforma de la Caja Militar. Como sabe
cualquier dirigente sindical, la defensa del salario es la herramienta
más idónea, y en el caso del comandante, una oportunidad inmejorable si,
como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa como un verdadero
caudillo (véase entrevista en estas páginas). Por ahora, al parecer, se
trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”.
Averiguar para qué es tarea de analistas.
Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo Pasa,
de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de
jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera
instancia y que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de
un solo diputado del Frente Amplio para consagrarse en ley.
Sintéticamente, Manini afirma que las medidas propuestas para reducir el
déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones de dólares anuales,
también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y soldados, el
personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán llegar
al mínimo jubilatorio. Las diferencias de enfoque en materia de cuentas
aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general
retirado, en presencia del comandante, había calificado de mentiroso al
subsecretario de Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el
mismo general contó la anécdota a un periodista y el gobierno no tomó,
al menos abiertamente, ninguna medida. Ahora el propio comandante
insinúa que quien miente es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo
que da a entender que no se trata de un debate sobre diferencia de
criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar una
agresión.
Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México, donde
permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada
telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba
que había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus
declaraciones a Océano FM. El arresto comenzará a regir desde el momento
en que el militar se notifique, esto es, en la mañana del martes 18. La
medida fue adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, en su condición
de jefe supremo de las Fuerzas Armadas en acuerdo con el ministro
Menéndez, pero el tema fue discutido ese lunes en el Consejo de
Ministros (véase nota aparte). Ya en ese momento se dispararon los
rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País,
que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la
destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no
prosperó por “la oposición del Mpp”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a considerar (en su sector).
Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la vuelta. Y, además,
no creo que consulten al Mpp, en todo caso será una situación que
discutan en el Consejo de Ministros”.
Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente
considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio
María Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”;
para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo,
habrá que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la
ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos
Díaz una sanción similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y
Jorge Batlle, que no consideraron la eventualidad de una humillación al
reunirse con el comandante del Ejército sin autorización del comandante
supremo.
Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual
coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una
actitud que no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que
se apoyaba en la tradición, como antes hacían también los ministros que
perdían el respaldo parlamentario en una interpelación. En este caso, la
actitud del teniente general Manini recién se saldará formalmente
cuando regrese al país, pero todo hace pensar que cumplirá los 30 días
de arresto con tal de permanecer en el cargo. Visto el antecedente más
cercano, las circunstancias no son las mismas. Díaz violó expresamente
la norma al entrevistarse con personalidades políticas sin el
consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso
calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a sabiendas”,
dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura,
“apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por
asesinatos y desapariciones.
Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la resolución
presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal parece
que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición
de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el
presidente Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento
merecieron observaciones, que no merecieron medidas más graves en
atención a la lealtad institucional que ha manifestado Manini hasta
ahora. Esa aclaración del presidente fue considerada, ésta sí, como una
debilidad, una inoportuna práctica del recurso “una de cal y otra de
arena”.
CARTAS Y COQUETEOS. Hubo dos consecuencias
inmediatas de la decisión de arrestar a rigor a Manini. Una fue la
reacción de la oposición política, blanca y colorada, que no ahorraron
cuestionamientos al gobierno. En una especie de paroxismo, el intendente
de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía a concurrir, en
la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir a Manini
“como lo hicimos con Wilson”. Puesto que sería demasiado
atribuirle a Botana una ironía tan fina como para creer que está
sugiriendo que habría que encarcelar a Manini como encarcelaron a
Ferreira Aldunate a su regreso al país en 1984, hay que concluir que su
apoyo al militar sancionado es tal que hunde sus raíces en la historia.
Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al gobierno y
coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo a
Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple
impulso electoralero de golpear al gobierno.
Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado Rubio, de
Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no obstante,
respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del
Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene
como referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de
independencia de sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres,
del Partido Independiente, opinó que “hay que apoyar al gobierno en
esta situación. Es muy importante una señal de mando; hay que marcar con
firmeza y claridad cuando un militar cruza la línea”.
Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan otras
cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular
grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares
retirados anunciando movimientos castrenses, como acuartelamientos y
órdenes de desplazarse hacia Montevideo. En el ámbito político se
coincide en que dichos audios son falsos, es decir, no corresponden a
conversaciones telefónicas auténticas de supuestos oficiales de reserva
que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una muestra de
apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.
Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es mucho más
grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa
reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las
usinas de rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos
de la oficialidad en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción
fuera un agravio a toda la institución militar.
Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el respaldo
puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como
demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas
fuertes antes de llegar a la ruptura del orden institucional.
Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado
desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando
retorne al país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo
son sus reiteradas apariciones públicas, incluidas aquellas que
notoriamente incorporaban la mentira, como lo fue la falsa información
sobre presuntos enterramientos de detenidos desaparecidos.
“Nuestro pueblo tiene derecho a recibir también buenas noticias”,
enfatizó el presidente Tabaré Vázquez, al anunciar que la prestigiosa
revista Global Markets distinguió a Danilo Astori como el Ministro de
Finanzas del
Año de América Latina. En una carta, el comité editorial de la
publicación destaca la estabilidad de la economía uruguaya frente a las
crisis de países vecinos.
“Las uruguayas y los uruguayos tenemos derecho a recibir y a
estar informados también de las buenas noticias”, subrayó Vázquez este
lunes 1.º en un mensaje a la ciudadanía, en el que informó que recibió,
mediante una carta, “una muy buena noticia para el Uruguay en su
conjunto”. Agregó que proviene de una “de las más prestigiosas revistas a
nivel mundial sobre economía y finanzas de consulta de gobiernos,
academia y actores vinculados a estos temas”.
El mandatario leyó la misiva dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que se transcribe a continuación:
“Es con inmenso placer que le escribo para informarle que Global Markets
publicará en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial, que se realizará en Bali este año, la distinción al
ministro de Economía, Danilo Astori, como el Ministro de Finanzas del
Año de América Latina.
Yo presido el comité editorial de Global Marketsque lo ha considerado a usted como el candidato sobresaliente para recibir el premio en esta oportunidad.
“En un año caracterizado por la convulsión política e incertidumbre en
América Latina, el simple hecho de permanecer en el cargo y conducir una
de las economías más estables de la región es digno de reconocimiento.
Economistas y empresarios lo consideran como una figura moderada y
estabilizadora dentro de la coalición de centro izquierda Frente Amplio.
Bajo su liderazgo, la economía uruguaya ha logrado crecer de forma
estable en el último año a pesar de las crisis que atraviesan los países
vecinos, Argentina y Brasil, lo cual resalta la resiliencia del país.
Su gestión ha estado apuntalada por la confianza de los mercados
financieros internacionales, lo que ha permitido a Uruguay emitir por
primera vez en su historia bonos del Gobierno globales a tasa fija
nominal, para inversiones extranjeros.
En resumen, usted ha sido una figura clave en los 14 años de gobierno de
la coalición en los que Uruguay ha tenido éxito impulsando programas
sociales y políticas progresistas allí donde otros países
latinoamericanos han fracasado.
Felicitaciones nuevamente por este premio, es muy merecido”.
