viernes, 15 de diciembre de 2023

Digan quién es



Marcha por restos hallados en Batallón 14: “A seis meses: digan quién es”
 

 Bajo la consigna «A seis meses: digan quién es», la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos marchará el miércoles 20 de diciembre a las 18.30, desde la Universidad de la República hacia la Plaza Libertad, en reclamo de que se conozca a quién pertenecen los restos óseos, que hasta ahora se sabe que son de una mujer, encontrados en el Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, en junio. «Quienes tienen la información permanecen en silencio, manteniendo su identidad secuestrada», apuntó la organización en un comunicado, y agregó que el «no poder aún darle un nombre, unirla a su historia y poder finalmente cobijarla es algo que nos llena de un inmenso dolor»


 

 

lunes, 11 de diciembre de 2023

No le perdonan el éxito

 

El legado de Luis Alberto Heber

 

Luis Alberto Heber fue evaluado en todas las encuestas como el peor ministro de este gobierno.

10 diciembre 2023, Caras y Caretas

Por Carlos Pelaez



Durante la gestión de Heber la inseguridad creció, los crímenes violentos se acumulan diariamente, las bandas criminales continúan en la impunidad y su política antidrogas fue un fracaso


Pero hay más: el caso Astesiano se llevó a la mitad de la Dirección Nacional de Policía; el caso Penadés nos mostró a jerarcas y policías complotados para obstruir a la Justicia y el caso Marset, reveló que su ministerio se organizó para mentirle al Senado. Ahora también se sabe que policías usan el Sistema de Gestión de Seguridad Pública para extorsionar a otros policías.
Desde el 25 de mayo del 2021 hasta el 4 de noviembre de este año duró la gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior. Cualquier balance que se realice con rigor sobre su pasaje por tan importante organismo es negativo. Aunque, en honor a la verdad, el caos en ese ministerio no comenzó con él, sino con su antecesor Jorge Larrañaga.
Sin embargo, Heber llegó a Interior con antecedentes, por lo menos, cuestionables. Hasta el 2020 fue el legislador con mayor antigüedad en el Parlamento. Con el acceso de la coalición al gobierno, debutó como ministro de Transporte y Obras Públicas y una de sus primeras decisiones fue adjudicar la terminal de contenedores del puerto por el plazo de 60 años.
Otra de sus decisiones fue suspender la aplicación del SICTRAC, es decir, el sistema que detecta y sanciona a los camiones que circulan sin permiso del Ministerio de Transporte. Hace una semana dirigentes gremiales del transporte de cargas señalaron su preocupación porque “varios procedimientos han demostrado que la droga entró al puerto en camiones. Entonces, si la droga entra en camiones pero a los camiones nadie los controla, estamos en una situación muy vulnerable”.
Primero Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber desmantelaron una de las más saludables políticas que había comenzado el inspector Roberto Rivero y luego siguió Julio Guarteche. Con mucho trabajo habían desplazado a viejos oficiales involucrados en actos de corrupción. En los 10 años de la gestión de Eduardo Bonomi se expulsó de la Fuerza a algo más de 3.000 policías por abusos o actos de corrupción.
Desde el 2020 muchos de esos oficiales fueron convocados nuevamente a filas. Y no son pocos los que lo hicieron con ánimo revanchista. Muchos de nuestros mejores funcionarios policiales quedaron por el camino.
El caso Astesiano permitió conocer qué clase de jerarquías teníamos en el Ministerio del Interior. A pesar de la defensa permanente de Heber, la mitad de la Dirección Nacional de Policía fue desplazada. Algunos renunciaron y otros fueron formalizados.
Heber mentía en cada oportunidad. Porque sus investigaciones administrativas urgentes siempre daban como resultado que no había ninguna irregularidad. Pero la información y el accionar de la Fiscalía demostraba otra cosa.
Heber falseaba la información pública cada vez que hablaba del descenso en el número de delitos cuando en realidad lo que había caído era el número de denuncias.
Y así continuó hasta convocar a una reunión en una dependencia de su ministerio para organizar cómo le ocultarían al Senado la existencia de una comunicación enviada por el subsecretario Guillermo Maciel a la vicecanciller Carolina Ache, en la que se informaba la condición de “narcotraficante peligroso” de Sebastián Marset, antes de otorgarle el pasaporte.


El caos interno
Desde el comienzo del gobierno actual se expuso parte de la debacle cuando la mitad de los jefes de policía o altos oficiales recién nombrados en todo el país debieron ser sustituídos, varios terminaron formalizados y alguno preso.
El lamentablemente fallecido ministro creyó que con consignas vacías de contenido, como “hay orden de no aflojar” o “a la policía se la respeta”, lograría contener los altos índices de inseguridad. Pero solo logró empoderar a funcionarios que se sintieron impunes, además de desalentar a los buenos policías, que son la mayoría.
Luis Alberto Heber, que no estaba preparado para el cargo, heredó una situación que se le fue de las manos.
Desde el 25 de setiembre del 2022 cayó casi la mitad de las más altas jerarquías de la Dirección Nacional de Policía.
El caso Penadés expuso a un alto oficial, ahora preso, quien, complotado con otro policía y algunos particulares, intentaron obstruir la investigación fiscal con información falsa.
Más de 40 policías se suicidaron en los últimos dos años.
Varios funcionarios asesinaron a su pareja con el arma de reglamento.
La política del acomodo también se aplicó en la Policía.
Lo más reciente fue encontrar a 13 funcionarios del establecimiento carcelario Comcar que dieron positivo a un test de cocaína y marihuana.
La corrupción llegó hasta el Sindicato Policial de Montevideo (SIFPOM). Su actual secretario, Fabricio Rios, expareja de la presidenta Patricia Rodríguez, tiene varias denuncias por acoso sexual y laboral.
El pasado 3 de octubre Rodríguez renunció al sindicato y la semana pasada asumió un cargo en el Ministerio del Interior al frente del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), aunque antes protegió a su pareja.
El 8 de junio Heber había firmado un decreto por el cual el cabo Fabricio Ríos fue ascendido a subcomisario con destino al Hospital Policial. Según expresa la resolución “se trata de un contrato válido por tres años”. En ese simple acto Ríos recibió como aumento la mitad de su sueldo.
La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (CONASIP) cuestionó la decisión ministerial señalando que “hace 10 años Ríos no cumple ninguna tarea policial porque tiene licencia sindical”.
Integrantes del sindicato dijeron al periodista Eduardo Preve “que algunos usan el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para extorsionar a otros policías”.
Astesiano también lo usó para entregar información a terceros e incluso usó el sistema de videovigilancia para espiar al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, o a otras personas sobre las que no pesaba ningún requerimiento. También un policía intervino en el espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera. Y otro espió al exdirector nacional de Policía, Mario Layera.
En Tacuarembó se complotaron para acusar a un defensor de oficio que les era molesto. En la Jefatura de Cerro Largo llamaron a concurso para ingresar a ese organismo. Uno de los postulantes salió en el lugar 162. Pero “por una orden superior se alteró la lista y quedó en el lugar 30”, señaló el periodista Gabriel Pereyra.
Esta breve reseña de hechos gravísimos muestran la magnitud de la crisis policial.
No pocos veteranos funcionarios dicen que “la institución está destruida”.
No basta con gritar “a la Policía se la respeta” si la ciudadanía no los percibe como respetables. Esta también es una pesada carga para la mayoría de funcionarios que cumplen su tarea con honestidad y el máximo esfuerzo.
La responsabilidad absoluta de este deterioro es del exministro Luis Alberto Heber, quien jamás logró tener control político sobre sus dirigidos.


No pudo con la inseguridad
La coalición de gobierno hizo su campaña prometiendo mejorar radicalmente los datos del delito. Tuvieron un año bueno gracias al encierro generado por la pandemia. Pero una vez que pasó, la inseguridad volvió a ser uno de los temas de mayor preocupación ciudadana.
Tanto Larrañaga como Heber creyeron que la inseguridad era un tema policial y se resolvía con más presos. Lo lograron con la LUC.
Pero los resultados están a la vista. Los asaltos y rapiñas son cosa de todos los días; hemos normalizado que haya dos o tres asesinatos por día y crímenes horrendos. Reaparecieron los copamientos. Las pandillas asolan a los barrios más pobres y se han adueñado de territorios.
Han cerrado centenares de bocas de drogas, pero se abrieron otro centenar. Para peor, Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de acopio y exportación de cocaína.
Hay 15.000 presos en condiciones infrahumanas, salvo menos de 100 que están en Florida.
No bastaba con gritar “se terminó el recreo”.
Nicolás Martinelli, quien sustituyó a Heber, tiene una visión más realista. Parece haber comprendido que sólo con la cárcel no se resuelve la inseguridad. Y que el problema de las drogas se debe encarar con inteligencia para enfrentar el mayoreo además de combatir el lavado de dinero.
Si además logra mitigar la corrupción existente en sus filas, será un logro muy importante. De su actitud y decisiones depende la vida de muchísimos uruguayos.

 

 

 

 

lunes, 27 de noviembre de 2023

Bambi en Santo y Seña



Darle prensa a Marset


El programa de TV encuentra antes al narco mas buscado que Interpol.

El mensaje de Santo y Seña y Nacho Álvarez:
"No todos los delincuentes son malos, MARSET por ejemplo es un padre cariñoso y devoto católico que está siendo víctima de la corrupción política latinoamericana."

"No todo delincuente tiene q ser mala persona" dice como si nada la periodista Patricia Martin de  Santo y Seña. Mientras te resalta lo bien que la trató Marset, lo presenta como un hombre de familia y gran padre. Cuál es el objetivo? Romantizar a un narco? Suavizar el escándalo de corrupción?

"Soy correcto primero que nada y profesional en lo que hago. El que vende no consume. No me gusta la joda, no me gusta usar drogas. Soy de familia, tranquilo, mi casa Mis cosas"

El narco Sebastián Marset, acusado -entre otros delitos graves- de mandar matar a fiscal paraguayo que lo investigaba por su accionar delictivo y de amenazar de muerte a la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, es entrevistado en horario central en la TV mientras lo busca todo Interpol.

“Uruguay a mi punto de vista es el país menos corrupto en Sudamérica”,
dijo el Narcotraficante mas buscado de america, quien se pudo esconder gracias al gobierno uruguayo.

"Yo en el tema pasaporte no gasté un dólar, si me hubiera dicho hay que pagar tanto para que te den el pasaporte exprés, lo hubiera pagado pero tenía a mi abogado que me ayudaba y que me dijo el pasaporte te lo tienen que dar"


En un giro inesperado de esta interminable novela, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha anunciado que brindará declaraciones este domingo en el programa "Santo y Seña" del Canal 4, bajo la conducción del periodista Ignacio Álvarez. Este anuncio ha levantado una serie de interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta elección y el impacto que podría tener en la opinión pública.
La incógnita principal recae en el contenido de las declaraciones que Marset ofrecerá en el programa televisivo. ¿Qué versión de los hechos presentará el narcotraficante, considerando las graves acusaciones en su contra en Paraguay y Bolivia? ¿Podrán sus palabras tener algún valor probatorio o serán simplemente estrategias para moldear la percepción pública?
Otro elemento destacado es la elección del periodista Ignacio Álvarez como entrevistador. ¿Por qué Marset optó por Álvarez, quien ha expresado públicamente su respaldo al Presidente Luis Lacalle Pou? Este factor añade complejidad a la situación, generando preguntas sobre la imparcialidad y objetividad en la entrevista.
Un detalle adicional que no pasa desapercibido es la conexión histórica del Canal 4 con la familia Romay. Resulta intrigante que Marset haya elegido este canal para su intervención, considerando que la exviceministra Carolina Ache, involucrada en el caso del pasaporte de Marset, está casada con Tomás Romay Bueno, integrante de la familia Romay, ligada históricamente a dicho canal de TV.
Aunque podríamos atribuir estos elementos a meras coincidencias, no podemos pasar por alto que el tema del pasaporte de Marset y los escándalos relacionados han afectado la imagen del Presidente Lacalle Pou. ¿Es esta elección de canal una casualidad o forma parte de una estrategia mediática más amplia para influir en la percepción pública y generar un impacto político?



Leandro Secinaro
Hay que felicitar al Canal 4 y en especial al programa en cuestión que realizó la nota, no por la nota en sí, sino porque la estrategia dio resultado en cuanto a Rating, tuvieron expectante a todo el mundo para ver la nota de Sebastián Marset.
Vimos la nota y la verdad que se hace un esfuerzo enorme y casi logrado por intentar limpiar la imagen de Sebastián Marset, pero es bastante llamativo incluso sabiendo que Marset causó estragos y es buscado de manera internacional.
Ahora parece que es un “santo”, porque si lo escuchas hablar, no hizo nada y todo son noticias infundadas, se deslinda de todo, deslinda a su familia de sus andanzas y niega toda vinculación con el PCC, cuándo hasta la Justicia de Brasil reconoce que hay alianzas entre Marset y el PCC, en operativos han capturado a miembros del PCC vinculados a la organización de Marset, aunque este niegue alianza alguna…
Luego hacen que Marset muestre su “versión más humana”, cuando dice que no está de acuerdo con la legalización de ninguna droga porque eso hace que la droga llegue de manera más fácil a los niños, es increíble que un narcotraficante internacional venga a dar cátedra del tema, cómo si fuera alguien que lucha contra tráfico y es a la inversa.
Insiste en que los que han sido procesados por vinculaciones a él son inocentes, parece que no tuviera banda y trabajara solo, porque al final deslinda a todo el mundo, cosa imposible, porque todo narcotraficante internacional tiene una banda, tiene que tener logística, tiene que tener gente de confianza, tiene que tener insumos, no concuerda su relato, pero se nota que lo hacen tratar de dejar bien al gobierno uruguayo en todo momento, dice que Paraguay y Bolivia son corruptos, no habla de la corrupción uruguaya…
La primera parte de la entrevista deja en claro que intenta desesperadamente limpiar su imagen, dice que no pagó por el pasaporte, ni un solo dólar, incluso hasta le permitieron elegir canciones para pasar en la entrevista. La periodista diciendo que la llamaron de otros países para felicitarla y que se notaba miedo en políticos por lo que podría llegar a decir Marset, siempre la corrupción está en otro país, se nos hace mirar constantemente a Paraguay y Bolivia, la periodista dice que no sabe ni dónde está y que no nota que sea un narcotraficante acorralado… Es realmente de película, parece una novela turca.
“Él es amor y paz, no arregla las cosas con violencia, no quiere hacer eso”
Lo que me gustó es que el Ministro de Gobierno Boliviano le tiró una patada al programa, “nuestro gobierno no tranza con narcotraficantes”. El ministro Del Castillo, de quién Marset parece estar realmente ensañado, lo trata de burro, de ignorante, de miedoso y de hipócrita.
En el segundo bloque de la entrevista, Marset intenta por todos los medios lograr que su familia sea eximida de culpas por sus negocios, es parte del trato, por eso debe ser que la alerta roja de interpol de su mujer, se esfumó de la nada, esto está todo extremadamente digitado, al tiempo que se le hace la nota y que está tranzando la entrega suya y de su familia, desaparece esa alerta roja de interpol. Habla luego el abogado Moratorio, de manual, más de lo mismo, siempre se habla de la entrega y de garantías y quiere que no los extraditen de otro país y sean enjuiciados e investigados por la Justicia Uruguaya, todo parece indicar que quieren que la familia zafe.
Luego se nos avisa que el próximo domingo habrá otra parte de la entrevista, parece que hubieran hablado 4 horas para en definitiva no sacar nada concreto, simplemente su versión con preguntas que no fueron fuertes, no fueron al hueso, sino que las preguntas eran un ping pong donde Marset decía “eso no es así, eso son rumores, mi familia no tiene nada que ver”, una verdadera puesta en escena sin dejar nada al descubierto, no tiró un solo dato de hecho, no comprometió a ningún jerarca de ningún país, al final se anunció con bombos y platillos algo que terminó siendo “santificar” a un narcotraficante peligroso y romantizar su vida con canciones y videos de lujos y dinero, un muy lindo ejemplo para nuestros jóvenes…
Lo que me parece es que Marset de ser un narcotraficante peligroso, se ha vuelto un “botín electoral” porque su entrega está preparada para que acá queden todos como unos fenómenos y se olvide el tema del pasaporte, se olvide el tema del narcotráfico ligado al poder.

Sebastián Marset apuntó a “lavar la imagen” del narcotraficante

La periodista Patricia Martín casi no hizo repreguntas al narcotraficante Sebastián Marset durante lo poco que se vio de la entrevista

Tres analistas de la comunicación, dos bolivianos y uno uruguayo, coincidieron en alertar que la entrevista a Sebastián Marset realizada por el programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay tuvo la intención de “lavarle la cara” a un peligroso narcotraficante mostrándolo como un “narco bueno” que solo reclama la protección de su familia mientras él continúa con sus “negocios profesionales” relacionados con el tráfico de cocaína.
El periodista Andrés Gómez Vela, el analista de comunicación Max Torres y el analista uruguayo del crimen organizado Nicolás Centurión destacaron que la supuesta entrevista tuvo una clara connotación de “romantizar” a un delincuente confeso y que Marset utilizó al medio y a la periodista para obtener beneficios políticos y judiciales en Uruguay.
Gómez Vela destacó que toda entrevista periodística apunta siempre a buscar la verdad y en este caso no se buscó la verdad sino resaltar la imagen del narcotraficante seguramente con otros fines.
“Una entrevista periodística tiene un fin: buscar la verdad. Un trabajo periodístico debe contribuir a los valores democráticos de una sociedad. La entrevista a Sebastián Marset no cumple ninguna de las dos categorías”, afirmó.
“La entrevista no reveló ninguna verdad, no hemos conocido algo que pueda realmente servir a la sociedad”, sentenció.
“Me da la impresión que el narcotraficante Sebastián Marset utilizó al medio de comunicación para configurar una imagen favorable a sí mismo”, señaló.
“La entrevista apuntó a mostrar el poder fáctico que tiene Marset, la influencia y la capacidad logística para movilizar personas y recursos para sus propios intereses”, remarcó.
“Todo se hizo muy bien condicionado, muy bien armado, lo que muestra que tiene asesores de comunicación política. Hasta el momento, deja la sensación de que usa a los medios para sus intereses”, afirmó Gómez Vela.
Por su parte, Max Torres alertó que “Detrás de la entrevista hemos descubierto un show mediático y un negocio enorme del programa con la entrevista a Sebastián Marset. Dos horas con 40 minutos de publicidad, eso demuestra que fue un gran negocio”, señaló Torres.
“No hubo una entrevista realmente en el caso de Marset, fue un diálogo muy condicionado que apuntó a lavar su imagen y mostrarlo como el narco bueno”, sentenció el experto en discursos mediáticos en televisión.
“Hay cierto lavado de la cara del narcotraficante, mostrar el lado bueno del narco”, precisó.
“Hay cuatro lavados de imagen en la entrevista con Marset:
1. el narco que se presenta con un sentimiento familiar, un narco tierno; 2. el narco que quiere negociar la liberación de delitos de su familia; 3. lavado de imagen de la gestión de Eduardo Del Castillo. El ministro le pidió a Unitel que le proporcionen la entrevista y Unitel pasó solo partes de la entrevista; y, 4. hubo un lavado de dinero legal con un gran negocio de publicidad”, precisó el analista.
“Marset dio frases muy cortas, no fue una entrevista completa”
“Cualquier periodista se hubiera arriesgado a entrevistar a Marset”
“El narco se presentó, dio su versión y no hubo grandes revelaciones”
“Yo sospecho que hubo un condicionamiento de parte del narcotraficante”
“¿Marset vio el video ante de la emisión y ordenó su edición?”, se preguntó Torres.
Desde Montevideo, Nicolás Centurión, remarcó:
“En Uruguay se vio que la entrevista fue para lavar la cara del narcotraficante Sebastián Marset. Se observa el enfoque de la entrevista y cómo se lo presentó a Marset”, alertó
“Fue una presentación cinematográfica de Marset donde se romantizó al narcotraficante con su música y sus pedidos”, explicó.
Según Centurión, “la entrevista forma parte de una estrategia de la defensa de Marset”
“Buscan generar un puente con el Gobierno uruguayo y establecer que es una buena persona”, afirmó.
En este sentido, “la defensa no recibió respuesta satisfactoria de interpol ni de la justicia y la entrevista buscaba revertir esta situación”.
“Hay muchos movimientos y él está buscando que no haya prisión preventiva para su esposa ni sus familiares”, destacó el analista uruguayo.


Banalizando los actos de un narco: Marset y el gobierno ¿coinciden?


Luvis Ho Pareja


En la entrevista realizada en el programa Santo y seña de Canal 4 de Montevideo el
pasado domingo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, para que contara «su verdad», extrañamiento su relato coincide casi 100% con los argumentos dados por el gobierno de Luis Lacalle.
Lo que constituye sin duda un problema ético es evitar que la entrevista y el contexto de su presentación contribuyan, en alguna medida, a una glorificación o legitimación frívola de Marset, sin mantener claramente a la vista los hechos por los que se lo acusa. Lo que no se debe hacer en periodismo”, la entrevista a Marset recibe críticas en Bolivia – eju.tv
Marcelo Pereira, director de ladiaria, señala que una periodista aislada en un lugar desconocido, y rodeada por gente armada a las órdenes de alguien requerido por delitos gravísimos, carece de algunas garantías elementales para hacer su trabajo y es poco probable que haya logrado revelaciones contra la voluntad del entrevistado, en cuya trayectoria y vinculaciones hay demasiadas áreas oscuras de las que seguramente no le interesa hablar.
Llegamos así a temas que no son periodísticos ni se miden en términos de rating. Aún menos legítimo, razonable y prudente que considerar veraz a Sebastián Marset es convertirlo en una propuesta de entretenimiento. Quienes nos dedicamos al periodismo no somos policías, fiscales ni jueces, pero sí somos, antes que periodistas, ciudadanas y ciudadanos, y esto implica responsabilidades, añade.
Bien asesorado en lo comunicacional, Marset eligió erigirse como un héroe, como alguien que se anima a decirle de frente algunas cosas al poder. Pero héte aquí que es un narcotraficante, acusado de asesinato, pero no es un héroe. ¿Por qué una persona buscada por narcotráfico puede dar declaraciones a una periodista? ¿Para comunicar dónde está? Obvio que no. Seguramente para demostrar su poder fáctico.
La periodista boliviana Mery Vaca criticó a los periodistas del programa: «Si eres periodista ¿aceptarías que un narco te lleve a una mansión, te use como canal de negociación con las autoridades de su país y que además elija las canciones con las que musicalizarás el programa? ¿Por qué no se le preguntó quién le avisó para huir de Bolivia?».
Fiscal paraguayo antinarcóticos Marcelo Pecci, asesinado
Obviamente, romantizar a los narcos y hacerlos ver cómo santos, es lo peor que puede hacer el periodismo. Marset es un peligroso delincuente, con vinculaciones con altos funcionarios de los gobiernos no sólo de Uruguay, sino también de Paraguay y Bolivia -al menos-. No es una víctima de los gobiernos, ni una buena persona perseguida por los gobiernos por su lucha por los más desposeídos.
Sus vínculos con el poder -o su influencia sobre él poder- ya quedó por demás demostrado, enchastrando, también, a la cúpula del fútbol de su país y de Sudamérica.
El narco uruguayo, de 32 años, tiene una orden de captura internacional por tráfico ilícito de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Lo busca Interpol Paraguay, lo persigue la policía de Bolivia, en Colombia se lo acusa de estar detrás del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en Cartagena en 2022. “El negocio que elegí no es muy bueno, hay mucha traición”, afirmó en la entrevista.
“Para terminar con el narcotráfico, tienen que terminar primero con los policías corruptos, los políticos corruptos. Y hay muchos”, sostuvo el narcotraficante en la entrevista. Los uruguayos, paraguayos y bolivianos bien que lo saben.
Futbolista en Bolivia
La prensa hegemónica ha ayudado a tratar de mostrar a Marset como un héroe, haciéndose eco del afán de altas autoridades uruguayas en ocultarles al Parlamento, al sistema judicial y a la ciudadanía que, cuando se le otorgó el pasaporte a Marset, sabían quién era y por qué delitos se lo estaba investigando. Por eso la ola de renuncias de dos ministros (el Canciller y el ministro del Interior) y un asesor de la presidencia.
Dar pie a que se consideren equivalentes la evidencia y la versión del acusado no es menor. Todo indica que Marset es un narcotraficante en gran escala, un gran corruptor de funcionarios y un asesino, y lo que no es legítimo, razonable ni prudente es asociar la palabra “verdad” con lo que diga.
Por ejemplo, Marset afirmó en la entrevista que no le costó ni un dólar obtener el pasaporte uruguayo cuya expedición y entrega (junto con una nota de la cancillería uruguaya, que no se sabe si le costó algún dólar) lo ayudaron a ser liberado en Emiratos Árabes Unidos y abandonar ese país con destino desconocido.

Incautaron 10 toneladas de cocaína en Hamburgo: los contenedores salieron desde Paraguay y pasaron por el puerto de Montevideo
La decisión de realizar la entrevista quizá no implique una cuestión de principios (generales o periodísticos), pero deja en claro cosas sobre el tipo de país en que nos podemos convertir, señala el matutino ladiaria. En lo periodístico, habría que ver con qué nivel de información previa y preparación se llevó a cabo la entrevista, porque de esto habrá dependido que Marset pudiera manejarse con comodidad o se viera
obligado a confrontarse con datos y argumentos sólidos.
“¿¡El narco da entrevista para hablar bien del gobierno y el gobierno ni siquiera se pregunta dónde la grabó!?”, criticó el diputado opositor Nicolás Viera. El precandidato presidencial por el Partido Nacional (PN) y aún secretario de la presidencia Álvaro Delgado salió al cruce de las críticas de los parlamentarios del centroizquierdista Frente Amplio.
La diputada Bettiana Díaz criticó que Delgado pida sensatez cuando “en la Torre Ejecutiva se juntaron jerarcas del gobierno a ver cómo le iban a mentir al Parlamento y al país”
Bustillos y Heber, los ministros que cayeron por el escándalo Marset
“Sensato sería no haberle emitido un pasaporte a un ‘narco pesado y peligroso’ en 24 horas. Más sensato sería no mentirle al Parlamento. Lamentable es destruir un documento público con los chats entre dos gobernantes. Pero lo más lamentable es que no puedan explicar todo esto de manera honrada”, apuntó el senador Alejandro «Pacha» Sánchez.
El diputado Charles Carrera, por su parte, hizo alusión a la crisis política desatada luego de la difusión de los audios entre el excanciller Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache. “Los uruguayos pensamos que ya no había secretario de Presidencia porque estuvo bastante callado cuando renunciaron dos ministros, un subsecretario y un asesor en comunicación. Y un día apareció, pero no para hacer autocrítica por la crisis del escándalo Marset: no es el más indicado para hablar de sensatez», sentenció.
Colofón: El narcotraficante Sebastián Marset sigue libre, dirigiendo su vasta red de tráfico de drogas. La televisión uruguaya le permitió su show, quizás en un intento de lavar su imagen, donde el prófugo coincidió con los argumento exculpatorios de un gobierno corrupto.
 
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)



sábado, 25 de noviembre de 2023

Aquellos vientos trajeron estas tempestades




Esteban Perez


Al igual que las socialdemocracias europeas que desembarcaron en gobiernos de derecha y ultraderecha, en América Latina los progresismos tibios, timoratos, políticamente correctos, que terminan transando con el capital financiero, abrieron las puertas a los Bolsonaro, Lacalle y los Milei.
    Al decir de un amigo “el peor camino es el del medio porque se termina flotando como un corcho y no se resuelve nada”.
    El progresismo, asemejándose a la forma de administrar el capitalismo de los partidos burgueses, se va alejando de las angustias cotidianas de los ciudadanos más vulnerables, que ya no ven en él ni respuestas ni soluciones claras a su padecer diario.
    En mi opinión no hay peor error ni miopía política que catalogar a los pueblos de “cornudos”. Cuando se les frustra la esperanza, no les queda otra en la timba electoral que apostar por el que promete un cambio, aunque no termine de convencer con su discurso.
    El avance de la ultraderecha no es otro que el avance de los gobiernos burgueses más cipayos del imperialismo, ladrones de las riquezas de su país, sin ningún tipo de miramientos con el pueblo trabajador ni con los ciudadanos “excedentes” del capitalismo.
    Es hora por lo tanto, de mirar a la cara al pueblo y pedir perdón por no haber generado ni conciencia ni poder popular.
    Cuando se desmovilizan las organizaciones sociales, cuando se castra la capacidad de luchar, cuando se dan señales confusas en temas como la reforma de la seguridad social o la LUC, cuando se llama a no movilizarse contra la corrupción, no es el pueblo “cornudo”, somos nosotros que nos asimilamos al sistema y dejamos al movimiento popular solito, desnudo y mirando para dónde arrancar.
    A esta altura, como que dos más dos es cuatro, está claro que un mediocre gobierno progresista no genera corrimiento a la izquierda sino que facilita el camino a gobernantes con perfiles facistoides.
    El derrotado gobierno argentino pseudo progresista, abrazado a la oligarquía y al capital, le soltó la mano al pueblo, bajó la cabeza ante el FMI y sumergió en la pobreza al 40% de los argentinos, desamparó a los descendientes de los pueblos originarios (como siempre históricamente) condenando al hambre a la inmensa masa de trabajadores informales que pululan por las calles de Buenos Aires y deambulan a lo largo y ancho de las provincias del hermano país.
    Pudieron Massa y Fernández pero no tuvieron las agallas o arrugaron ante los intereses de la clase dominante, asumir no pagar la deuda externa,  disponiendo así de una enorme cantidad de divisas que podían haber sido invertidas en gasto social, educación, vivienda, en generar genuino trabajo nacional y desarrollo con un perfil colectivo, solidario y popular.
    No pasará mucho tiempo sin que los argentinos de a pie sientan el rigor del capitalismo salvaje, no porque los gobierne un esquizofrénico, sino porque así lo exige el decadente imperialismo yanqui y el sistema capitalista que ha iniciado su etapa de agotamiento, descargando su agonía sobre los pueblos del mundo.
    Surgirán masivas protestas y sobre ellas, como lo prometió Milei, caerá todo el rigor de la represión. Veremos por lo tanto más sufrimiento que el hoy por hoy en nuestros hermanos del otro lado del río, pero también algunos de sus males llegarán a perjudicarnos.
    Debemos tener la humildad y el coraje para levantar las banderas que nos legó nuestro querido Raúl “Bebe” Sendic:
-    Distribución de la tierra y mejora para el trabajador rural.
-    Terminar con la banca privada en manos de extranjeros.
-    Terminar con la sangría del pago de la deuda externa.
-    Volcar esos recursos y lo quitado a los especuladores, para un aumento general del salario que traiga el consiguiente ensanchamiento del mercado interno.
-    Que las industrias y comercios endeudados con la banca pasen a los trabajadores.

Sólo así tendremos patria para todos.







 

miércoles, 15 de noviembre de 2023

Hace 40 años




Roger Rodriguez
 8 noviembre 2023


9 DE NOVIEMBRE DE 1983: EL DÍA QUE PERDIMOS EL MIEDO A LA DICTADURA

Hace 40 años se realizó una de las represiones masivas más recordadas en los tiempos de dictadura. Trabajadores, estudiantes y cooperativistas protagonizaron una marcha expresamente prohibida por el gobierno militar.

- "¡Un momento! Somos periodistas", la voz de Zelmar Lissardy me resultó más gutural que nunca. Los granaderos vestidos de fajina habían entrado a palo limpio en el Bar Plaza, mientras en la calle se escuchaba una batalla campal. El oficial, gordito y de bigote, con boina y fusta bajo el brazo, se puso delante.

- "¿Y de qué medios sos?", ­preguntó con irónica autoridad.

- "De United Press International", ­dijo Zelmar con su mejor inglés, mostrando el carné de corresponsal de la UPI.

- "¿Y qué vas a escribir ahora de la dictadura, hijo de puta?", ­fue la respuesta, que operó como un gatillo que disparó la orden de reprimir sobre todos los que por unos segundos creímos que nos íbamos a salvar de la golpiza. Por suerte no llegué a identificarme como cronista de "Convicción", la publicación sindical.

Dos bastones "remaron" a Lissardy sobre la puerta y aproveché la acción para tratar de correr en el movimiento y salvar mis riñones. El oficial, atento, hizo latiguear su fusta en el aire. No sentí el golpe, pero jamás olvidaré el dolor y ardor del talero que me cruzó la nuca y espalda. La prensa no era impune.

Afuera, ya era poca la resistencia. La batalla terminaba con sillas, mesas y vidrios rotos, un caballo rengueando y un granadero que buscaba su gorra. Contra la pared, nos sumamos a cientos de manifestantes, algunos sangrando, que obligados a tener las manos en la nuca apenas podían sostenerse en pie.

El oficial volvió con nuevas órdenes y mucha bronca. "Los periodistas, que se vayan", dijo. No pude retener la cantidad de nombres que me gritaban quienes quedaban. "Soy Rafael Fernández... Me llamo Juan Sosa y ella es Adriana", se identificaban ante quienes podíamos ser sus testigos.

El oficial sonreía al liberarnos. No éramos conscientes de la represión que se había desatado por toda la ciudad. Desde el Centro y el Cordón, desde el sur y el norte, la policía realizaba una feroz batida sobre todo y sobre todos. Un taxi paró, dijo: "Suban", y nos alejó del lugar. Sólo pudimos escribir lo que pasaba...


LA ANTESALA DE UN "BAUTISMO"

 
En 1983 la dictadura había comenzado a permitir canales de expresión social. Pero la convocatoria al 1º de Mayo y la legalización de la central obrera o la marcha estudiantil en la primavera, habían tenido en medio salvajes acciones represivas como la sufrida por un grupo de estudiantes en julio.

El jueves 3 de noviembre de 1983, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) hizo llover en la ciudad volantes con la convocatoria a una segunda jornada pacífica de protesta. Se reclamaba por "Libertad, Trabajo, Salario, Amnistía y Libre Sindicalización de los Trabajadores Estatales".

Los volantes convocaban para el 9 de noviembre a una jornada de paros parciales que culminaría con una marcha de trabajadores (PIT), estudiantes (Asceep) y cooperativistas (Fucvam) que recorrerían el trayecto de 18 de Julio entre la Universidad de la República la Plaza Independencia.

Aquel viernes 4 de noviembre, los tres dirigentes del Secretariado Ejecutivo del PIT, Richard Read, Juan Carlos Pereyra y Juan Carlos Ascencio, fueron citados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) e interrogados por la convocatoria de las organizaciones sociales.
El sábado 5, los integrantes del PIT volvieron a ser citados por la Jefatura de Policía de Montevideo, donde se les comunicó que la marcha no era autorizada. Ese mismo día Read y Pereyra realizaron gestiones infructuosas para entrevistarse con el jefe de Policía, coronel Washington Varela.
Durante el martes 8, miembros del secretariado del PIT fueron interrogados en la DNII sobre las características de la marcha y fueron obligados a firmar una nota en la que se hacían responsables de las consecuencias "imprevisibles" de una manifestación "no autorizada y expresamente prohibida".

Esa misma noche, por cadena de radio y televisión, el ministro del Interior, general Hugo Linares Brum, se dirigió a la opinión pública y sostuvo que la manifestación tenía "fines gremiales y políticos", lo que "desnaturaliza una pretendida manifestación sindical".

La advertencia del gobierno vinculaba la medida sindical a "organizaciones de carácter político ilegal" y, en tono amenazante, el gobierno anunciaba que adoptaría "todas las medidas conducentes para impedir la concentración y manifestación ilegales programadas, para mantener la paz pública".

El ministro anunció "actos de violencia no queridos por nadie" y asoció los festejos del triunfo en fútbol de Uruguay sobre Brasil el viernes 4, en el marco de una "escalada progresiva de violencia" sobre la que "oportunamente se ha alertado a la población".

Uruguay había salido campeón de la Copa América, con aquel inolvidable cabezazo del patito Carlos Aguilera entre dos gigantes brasileños. El partido salió 1-1, pero con la victoria 2-0 de la celeste el 27 de octubre en Montevideo, Bahía sufrió otro "Maracaná". En Uruguay, se gritó contra la dictadura.


LA BATALLA DE "LA PAPONITA"

Durante toda la jornada del miércoles 9 se cumplieron los paros parciales en todo el país. Desde la mañana un espectacular despliegue policial conmovía el centro de la ciudad en un operativo que incluía la "limpieza" de vehículos en 18 de Julio y colaterales, con participación de coches grúas del municipio.

La policía de tránsito trabajó hasta las 17.30 horas, desviando el tránsito y despejando un previsible campo de batalla. Los efectivos de seguridad de la Guardia de Granaderos y Coraceros se instalaron a lo largo de 18 de Julio. Los puntos de concentración de los manifestantes se fueron multiplicando.

Una columna pudo avanzar en forma paralela a la principal avenida, hasta llegar a la calle Minas, donde se le permitía el acceso a 18 de Julio. La "pinza" estaba echada y, conscientemente, los manifestantes ingresaron a ella sin temer al grupo de 36 caballos y jinetes formados sobre Magallanes.

Cuando los manifestantes pusieron un pie sobre 18 de Julio, los coraceros se formaron a sólo cien metros de distancia. La orden del comandante no se llegó a escuchar. Sólo se sintió el retumbar de cascos y el grito de "¡huita! ¡huita!" con que se arengaban, en una carga que parecía filmada en cámara lenta.
Unas seis mil personas fueron desperdigadas. Los sables encontraron cabezas y cuerpos que rasgar. El miedo provocó pánico y heroísmo en una generación de trabajadores y estudiantes que no sabía o poco recordaba de represiones similares en décadas anteriores.

De correr, protegerse y defenderse, se pasó a esperar, aguantar y contraatacar. Cayó un caballo y un jinete. Otro ingresó al bar La Paponita "sable en mano". En frente, en el entonces Bar Plaza, se cerraron las cortinas metálicas. Hasta algún funcionario de inteligencia, vestido de particular, recibió golpes.

En otra docena de puntos del Cordón y el Centro, se desató la represión. Desde el Obelisco hasta Río Branco el cuerpo de choque desplegado salió a la caza de todo civil: joven, viejo, hombre o mujer... eran "Pichis" al fin. Por primera vez el desafío a la dictadura era frontal. La autoridad se desautorizaba.

Las corridas y apaleamientos se extendieron hasta las 22 horas. Los bares y negocios que permanecieron abiertos (los comercios habían cerrado a las 17 hs.) fueron refugios improvisados y sufrieron daños en la batalla. Hubo zaguanes y puertas que se abrieron solidarias y hasta taxistas "rescatistas".

Miles fueron heridos y más de 500 detenidos. El centro se mostraba desolado a la medianoche. La batalla no había sido tal, sino una salvaje represión sobre quienes reclamaban derechos y libertad. El jueves 10, la autoridad reconoció 275 detenidos y un herido leve; 23 personas pasaron a la Justicia Penal.

Menos de 20 días después, cuatrocientas mil personas conformaron un "Río de Libertad" junto al Obelisco. Aquella represión masiva, continuación de tantas otras por tantos años, había de marcar un hito en el fin de la dictadura: el miedo había sufrido su derrota.


(Publicado en el e-group de Generación 83 el 09/11/2003) 







martes, 14 de noviembre de 2023

Marcha contra la corrupción

 



Marcha "contra la corrupción" | La proclama del PIT-CNT incluyó menciones del caso Astesiano, la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y la situación de Carlos Taroco –vinculado al caso del exsenador Gustavo Penadés–. También a casos de nepotismo en la Intendencia de Artigas y el caso de Salto Grande.

PIT-CNT afirmó que el gobierno "le mintió al Parlamento" y "lo sigue haciendo", al tiempo que denunció diversos episodios de corrupción
 

13 noviembre 2023


Este lunes 13 de noviembre, se llevó a cabo la anunciada movilización en defensa de la democracia y contra la corrupción, convocada por el PIT-CNT y FUCVAM, a la que con el paso de los días se adhirieron el Frente Amplio, la FEUU y distintas organizaciones sociales. La actividad realizada en la Plaza de la Libertad (Plaza de Cagancha) congregó a cientos de personas que concurrieron con carteles, pancartas, banderas y consignas. "Gobierno turbio", "¿Los más capaces? Son los más corruptos", "Luis, ¿el narco Marset no dejó una comisión para los muchachos?", "Basta de narcogobierno" y frases del estilo, escritas a mano en cartulinas, cartones y hojas de garbanzo, que fueron elaborados notoriamente de manera casera, se podían observar en manos de concurrentes, en el entorno de la plaza, en la que también se dispusieron mesas de recolección de firmas para habilitar el plebiscito de la reforma jubilatoria.
Con la presencia de numerosos integrantes del Secretariado Ejecutivo como el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, -que fue una de las lectoras de la proclama junto al secretario general de FUCVAM, Gustavo González- y con la participación de Daniel Diverio, Enrique Méndez, Fernando Gambera, Gabriel Molina, Emiliano Mandacen, así como de Amira Fagúndez, en representación de la FEUU, y numerosos dirigentes de organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos, la actividad contó con un mensaje a la población en el que se puso énfasis en la defensa de la democracia, de los derechos de las y los uruguayos, y del legado artiguista.
"Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio presidente de la República. En definitiva, estamos aquí para defender nuestro derecho a saber toda la verdad".
El texto sostiene que "esta crisis extremadamente grave—que afecta, además, la credibilidad de nuestro país y su proyección en la región y en el mundo— está, como todos sabemos, vinculada a la INJUSTIFICABLE decisión del gobierno de entregar un pasaporte —en tiempo récord— a uno de los mayores narcotraficantes del continente, Sebastián Marset, que estaba preso en Dubái y ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte. A esto se suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó mecanismos para mentirle al Parlamento de la República, que es la expresión de la soberanía de la nación, y para ocultarle información al Poder Judicial. De esta manera, burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza hoy la democracia. Luego de esto, el gobierno negó las mentiras o, como sucedió en la conferencia de prensa dada por el presidente Lacalle Pou, aceptó livianamente algunos de los hechos, negando sus implicancias, su trasfondo, la seriedad del problema planteado y su obligación de rendir cuentas con responsabilidad y rigurosidad a la ciudadanía", señala.


“'Pasé por la reunión' dijo el presidente, en referencia a la reunión que él mismo ordenó convocar en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, con los entonces viceministros Carolina Ache y Guillermo Maciel. Y reconoció que fue él quien la convocó. 'Pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción', agregó. Ante esto, con absoluta perplejidad, nos preguntamos: ¿de qué trabajo y de qué acción habla el presidente? ¿será de la mentira coordinada y del ocultamiento de prácticas que propiciaron la liberación de un narcotraficante?", interpeló.
"Estamos aquí para reclamar que terminen con las mentiras y se hagan cargo. Estamos aquí para que el Poder Judicial vaya a fondo en esta causa, sin importar la jerarquía de los implicados. Repasemos: hay un conjunto de hechos muy graves, que ya están comprobados, no están en discusión. El gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía, y lo sigue haciendo. El gobierno intentó ocultar pruebas a la Justicia. Elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional, con participación directa de Presidencia de la República, para mentir, ocultar y destruir pruebas. El gobierno ordenó a funcionarios públicos que destruyeran esas pruebas. El principal asesor presidencial, Roberto Lafluf, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente. El presidente dijo que solo había destruido una hoja, que era un documento autentificado por una escribana y que no integraba un expediente. MENTIRA. Fueron 12 hojas, que justamente contenían los chats que probaban que el gobierno sabía quién era Marset y estaban, efectivamente, en un expediente. Por otra parte, al volver —tardíamente— de su viaje, el presidente Lacalle Pou comunicó que aceptaba las renuncias de dos ministros, un viceministro, de las estratégicas carteras del Interior y Relaciones Exteriores, y la de su principal asesor y uno de los operadores políticos más cercanos, pero intentó convencernos de que todos habían actuado bien, dentro de la legalidad. Algo que es, a todas luces, cuando menos, ridículo. Pero esto no es todo. El presidente volvió a mentir al referir a una supuesta obligación que tenían de entregar el pasaporte al narcotraficante Marset. Dijo que según la normativa no podrían haber hecho otra cosa: FALSO. Hace tiempo que sabemos que eso es mentira, que el decreto en el que se basan para fundamentar la entrega les hubiera permitido otorgarle un documento para un viaje único con destino a Uruguay o amparados en una situación de excepcionalidad, demorar o no entregar el pasaporte. Además de seguir mintiendo, el gobierno pretende cerrar la crisis y dar vuelta la hoja. La coalición de gobierno en el Parlamento, con sus votos, impidió que se discutiera en ese ámbito sobre esta grave crisis, reclamando las necesarias respuestas. Pero nosotros vinimos para decir que no hay vuelta de página posible, que si no quieren discutir en el Parlamento vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza y en cada barrio, y que vamos a reclamar todas las respuestas".
Para el movimiento sindical, "no alcanza con las renuncias de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial. Menos aun cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley".


Otras consideraciones
"Para terminar, como dijimos al comienzo, debemos señalar que este caso de corrupción evidente no es un hecho aislado. Son muchos los casos de opacidad y de corrupción en los que se ha visto involucrado este gobierno:

  •  La asociación para delinquir encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Astesiano, en Presidencia de la República, desde la que se entregaron pasaportes falsos, se espió a senadores, al presidente del PIT-CNT, a profesores y estudiantes, y se intervino en licitaciones.
  •  La trama montada, utilizando el aparato del Estado, para intentar proteger a Gustavo Penadés, condenado por delitos aberrantes, espiando y presionando a sus víctimas.
  •  La entrega de la principal operativa del puerto a la trasnacional Kaoten Natie por 60 años, en medio de negociaciones y acuerdos secretos.
  •  La contratación con sueldos onerosos de militantes de una lista herrerista en Salto Grande, por Carlos Albisu.
  •   Los casos de nepotismo en el ingreso a la Intendencia de Artigas de Pablo Caram.
  •  La contratación por el ex ministro Germán Cardoso de una empresa fantasma de publicidad, en medio de la pandemia.
  •  La entrega de viviendas a dedo a militantes de Cabildo Abierto por Irene Moreira.

La corrupción, el uso del Estado, de sus estructuras y sus recursos para favorecer a amigos y socios parece ser un componente casi permanente de la política del gobierno. Es una manera de ejercer el poder. La corrupción no está disociada, sino que es parte de un ejercicio del gobierno para favorecer a los poderosos; es un componente del modelo de la desigualdad. No se pueden ver como cosas separadas. Para algunos, para maximizar la ganancia, cualquier forma vale. PARA NOSOTROS NO, compañeras y compañeros. Para el pueblo, el objetivo supremo es el bien común. Y la democracia es el único camino a transitar hacia un programa de transformaciones profundas para las grandes mayorías", subraya.
"Estamos aquí para reclamar que se termine con la corrupción y para defender la democracia. Contra la corrupción, el favoritismo a los poderosos, la desigualdad, las actitudes que vulneran la separación de poderes, que avasallan al Parlamento y atacan al Poder Judicial, deterioran la democracia y la vacían de contenido. Las y los trabajadores, estudiantes, cooperativistas y el movimiento popular en su conjunto siempre han estado en la primera línea de la defensa de la democracia, aun en los momentos más duros. Y la defendimos en la calle, asumiendo todos los riesgos. Hoy estamos nuevamente en la calle y no nos vamos a callar. Vinimos a reclamar fuerte y claro: basta de mentiras. Que actúe el Poder Judicial, cueste lo que cueste", sentenció.


 


La adhesión del Frente Amplio a la convocatoria para este lunes, el presidente del PIT-CNT se limitó a decir que es “bienvenido que todos los sectores democráticos convoquen, porque en definitiva esta es una convocatoria a toda la ciudadanía”.


 
Sergio Sommaruga


No le hace bien a la comprensión política de la gente decir que estamos ante la peor crisis institucional del país, tras el retorno de las libertades públicas, y frente a un escandalo de corrupción de gran escala y al mismo tiempo abdicar de llevar al presidente a juicio político.
El ruido de la contradicción es importante.
Reducir la política exclusivamente a la conveniencia electoral es parte del problema.
Es la correa corta que no deja moverse para adelante...para cambiar la historia.


Por más grande que sea el esfuerzo, sigue siendo imposible tapar el sol con el dedo.
El gobierno uruguayo entregó un pasaporte a un reconocido narco y eso posibilitó su escape.
Esta fuga se podría haber evitado y no se hizo.
Se podía haber evitado porque legalmente estaba la opción de entregar un pasaporte cerrado, que solo le permitiese a Marset volver al Uruguay. Una decisión de esta naturaleza claramente hubiere permitido su captura internacional.
Sin embargo, esa no fue la definición política que adoptó el gobierno, aun sabiendo quién era Marset.
Y luego se mintió.
Desde el gobierno le mintieron a la sociedad, a la gente y al parlamento.
Lo que vino después fue otra mentira, que fracasó tras el conocimiento público del plan que se quiso urdir para ocultar que, efectivamente, si sabían quién era Marset.
Ahora las cartas están a la vista y rompen los ojos y las “intimas convicciones”
La corrupción y la impunidad son dos caras de la misma moneda y hay que combatirlas sin tregua, porque es la única forma de ponerle freno al poder.
Hay que ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y duela a quien le duela.






viernes, 10 de noviembre de 2023

La red Marset

 

 

Las redes del narco más buscado de Uruguay 

por Christopher Newton 8 Nov 2023

 https://insightcrime.org/es/noticias/redes-narco-uruguay/

 El narcotraficante más prolífico de Uruguay, Sebastián Marset, tejió una red intercontinental de personas implicadas en tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinatos de reconocidos personajes, mientras eludía la persecución de las autoridades en Dubái, Paraguay y Bolivia.
Con todo, el autoproclamado líder del Primer Cartel Uruguayo no tiene control territorial. De hecho, su “cartel” ni siquiera está estructurado como grupo.
Más bien, la red de Marset es un conjunto flexible de negocios y lazos familiares que le permitieron convertirse en el mayor traficante de uno de los países más pequeños de Suramérica. En este artículo, InSight Crime desglosa el funcionamiento interno de esta red. Deslícese por la barra y haga clic en las partes del perfil que desee ampliar.

 

  • 2014 detenido en Uruguay
  • 2018 excarcelado
  • ingresa a Bolivia
  • 2019 se establece en Paraguay
  • 2021 detenido en Dubai
  • 2022 regresa a Bolivia
  • 2023 de nuevo prófugo


El clan Insfrán
Las conexiones más poderosas de Marset hacen parte del clan Insfrán, una familia que tiene nexos con organizaciones criminales transnacionales y políticos del más alto nivel en el vecino Paraguay.
Situado entre Bolivia y países portuarios como Argentina, Brasil y Uruguay, Paraguay cobró importancia por el trasiego de narcóticos hacia países costeros, desde donde se despachaban a Europa.
Tras salir de prisión en 2018, Marset viajó a Paraguay y logró unirse a la red del clan Insfrán. Gracias a los Insfrán, Marset tuvo acceso a importantes conexiones para construir su imperio narcotraficante, según afirma Nicolás Centurión, observador y analista en temas de crimen en Uruguay para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Marset usó sus contactos con el clan Insfrán y otros para coordinar cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Bolivia hasta puertos del este de Suramérica, gracias a lo cual traficó por lo menos 16 toneladas de cocaína desde Paraguay a Europa. “Sebastián Marset funcionó más como un gestor, como un broker en la zona”, declaró José Amarilla, consultor sobre temas de seguridad en Paraguay, en entrevista con InSight Crime.

 

A medida que se ampliaban sus negocios ilícitos, Marset comenzó a involucrarse en más eslabones de la cadena de producción de cocaína. Entre los muchos bienes decomisados como parte de los operativos realizados en Paraguay contra las redes de Marset se cuentan avionetas. El uso de estos automotores particulares es común para el trasiego de cocaína desde Bolivia hasta la provincia de Chaco, en la frontera paraguaya. “Chaco, que representa el 60% del territorio paraguayo, tiene muy escasa vigilancia y, sin embargo, hay infraestructura aérea que se puede utilizar para fines aeronáuticos en un gran número de lugares”, acotó Amarilla.
Desde Paraguay, Marset coordinó el trasiego de cocaína hacia los contenedores de embarque que bajan por el río Paraná al océano Atlántico y de allí a Europa. Esta fue la ruta que, según las autoridades paraguayas, usó Marset para llevar un cargamento de 16 toneladas de cocaína, el cual fue decomisado en Róterdam el verano pasado.
A la cabeza del clan Insfrán están Miguel Ángel Insfrán Galeano, también conocido como Tío Rico, quien se encarga de la logística, y José Alberto Insfrán Galeano, pastor y fundador de la iglesia Centro de Avivamiento.
Miguel Insfrán, jefe del clan, coordinaba el almacenamiento, el transporte y la distribución de grandes cargamentos de cocaína. Fue capturado en Río de Janeiro, Brasil, por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, y posteriormente fue extraditado a Paraguay en mayo.
Son varios los gobiernos que sospechan que Tío Rico tuvo que ver con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Colombia. Las acusaciones señalan que Pecci fue abatido por las investigaciones que adelantaba sobre varios casos de homicidio y tráfico, cuyo rastro llevaba al clan Insfrán y a Marset.

El 12 de agosto de 2022, el presidente de Colombia Gustavo Petro trinó que Sebastián Marset era el responsable del asesinato de Pecci. Y antes en el mismo mes, uno de los señalados responsables del atentado declaró que los determinadores de la muerte de Pecci fueron Tío Rico y el expresidente de Paraguay Horacio Cartes. El tío de Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, piloteó el cargamento de droga que llevó a Marset a prisión por primera vez, en 2013.
José Alberto Insfrán Galeano está acusado de usar su iglesia para lavar dinero procedente de las actividades ilícitas del clan Insfrán y de Marset. Las autoridades paraguayas y la Interpol han emitido órdenes de captura en su contra, pero aun así logró volver a entrar al país sin ser aprehendido.
José Insfrán y su iglesia tienen nexos con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, quien fue puesto en custodia por lavado de dinero, narcotráfico y asociación ilícita. A Ozorio se le acusa de blanqueo de capitales para el clan Insfrán, cuando era presidente de la Cooperativa San Cristóbal.
Las conexiones políticas del clan Insfrán también incluyen al senador Erico Galeano Segovia. Este vendió una propiedad al clan Insfrán, pero negó tener conexión con el grupo o conocimiento de sus actividades al margen de la ley. Galeano fue detenido también por lavado de dinero, narcotráfico y asociación ilícita. Entre los hechos que se le imputan a Galeano estuvo el préstamo de su avioneta a Marset y a Tío Rico para apoyar sus actividades delictivas.


Negocio familiar
En el ejercicio de sus operaciones globales, Marset confió muchas de sus empresas a amigos y parientes cercanos.
Varios miembros de su familia son sospechosos principalmente de delitos financieros relacionados con las actividades de Marset, conexión con blanqueo de capitales y coordinación de pagos para el despacho de cargamentos de droga.
Al igual que muchas organizaciones criminales en todo el mundo, Marset se rodea principalmente de familiares y unos pocos amigos cercanos.
Esto incluye a su esposa, Gianina García Troche. Sobre ella pesa una boleta roja de Interpol y tiene una orden de captura en el marco de la Operación A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado de la historia de Paraguay, realizado en coordinación con autoridades de Uruguay, Estados Unidos y la Unión Europea. García Troche está acusada de ayudar a Marset y a otros miembros de su red a lavar el dinero generado por grandes cargamentos de cocaína hacia Europa.

 

Marset, el narco "altamente sensible" a los ilícitos que subió de nivel en el penal de Libertad
Se asoció con el Primer Comando de la Capital para utilizar sus rutas de tráfico de drogas




Los lavadores blanquean el dinero ilícito inyectándolo en empresas legítimas asociadas a la red, como el Grupo San Jorge y Total Cars. García Troche abrió una cuenta bancaria usando documentos falsos para la que declaró la ocupación de “agente de transporte”, y depositó US$7.500 mensuales, según el diario uruguayo El País.
También se vinculó al grupo San Jorge Reina Mercedes Duarte Aguilera, otra de las personas detenidas en el desarrollo de la Operación A Ultranza PY en marzo de 2022. Está acusada de usar el grupo San Jorge y otras empresas para lavar dinero del narcotráfico, en actividades de Marset y los Insfrán en el exterior.
Total Cars resultó vinculada a varias conexiones de Marset, como el empresario paraguayo Alberto Koube Ayala. Koube fue aprehendido en la Operación A Ultranza PY por lavado de dinero a través de sus diferentes empresas. Entre esos negocios se cuenta Tapiracuai S.A., que ha tenido relaciones comerciales con el gobierno paraguayo, como la venta de suministros de oficina e instrumentación médica. Koube Ayala también era dueño de una flota numerosa de avionetas, sospechosas de servir para el trasiego de cocaína desde Bolivia.
El hermano de Gianina García Troche, Mauro García Troche, también tiene relación con Total Cars. Está señalado de manipular las cuentas para blanquear dinero y de administrar esa empresa. También es requerido por la Interpol.
El medio hermano de Marset, Diego Nicolás Marset Alba, está acusado de gestionar los pagos de los cargamentos y de coordinar la importación de droga desde Bolivia a Paraguay.
Y por último, contra el esposo de la hermana de Marset, Sebastián Alberti Rossi, también la Interpol emitió una boleta roja. Él fue condenado por homicidio en Uruguay y llevado a prisión, pero se fugó en 2021 cuando se le permitió sacar la basura.
En el clan de Marset, Alberti Rossi “fue de los primeros en viajar a Bolivia para hacer contacto directo con los narcotraficantes”, relató Centurión. El 26 de octubre, se entregó a las autoridades uruguayas y seguirá purgando su sentencia en la prisión La Libertad, donde se dice que Marset forjó sus contactos con el PCC.
Su compatriota uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo está señalado de ser amigo cercano y consejero de Marset. A este se le acusa de ser el encargado de la recepción del dinero generado por la venta de droga y de hacer pagos a los integrantes de la red. Las autoridades alegan que este asesoró a Marset sobre las mejores formas de lavar dinero, coordinó pagos electrónicos y contrató vuelos para Marset y Koube; además, viajó con Marset a Dubái.
Santoro también está implicado en el escándalo del avión venezolano-iraní, y es buscado por trata de personas. Fue aprehendido el 23 de agosto en Ciudad del Este, en la frontera de Paraguay.


 

REVELACIONES DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR PARAGUAYO EN CASO MARSET
Crónicas del Este 10/11/2023

Llega a Crónicas del Este la información de una entrevista concedida a un colega boliviano de la red radiofónica Erbol, por el ex ministro del interior paraguayo, Arnaldo Giuzzo, arrojó luz sobre la compleja red de narcotráfico que involucra a Uruguay, Paraguay y Bolivia por el sonado caso Marset. El material de la entrevista, ponen en evidencia eventos que se remontan a principios de 2021, cuando Giuzzo ocupaba el cargo de Ministro del Interior en Paraguay.

Según las declaraciones de Giuzzo, la Policía de Uruguay informó a sus homólogos paraguayos a principios de 2021 sobre la presencia del narcotraficante Sebastian Marset en Asunción. Marset, al parecer, estaba organizando el envío masivo de toneladas de cocaína boliviana al Puerto de Montevideo y participando en operaciones de lavado de millones de dólares. Este descubrimiento marcó el inicio de la operación "A Ultranza Py" en Paraguay.

Lo sorprendente es que cuando las autoridades europeas comenzaron a incautar cargamentos de cocaína boliviana en los puertos de Amberes y Hamburgo, provenientes del Puerto de Montevideo, el primer señalamiento fue hacia Uruguay. Este reclamo europeo llegó a oídos de los paraguayos a través de los uruguayos, quienes observaron que las cargas llegaban a sus costas atlánticas a través de la hidrovía del Paraná. Según Giuzzo, figuras claves en el gobierno uruguayo, como Heber y Bustillo, estaban al tanto de la situación mucho antes de que el escándalo se hiciera público, incluso antes de los eventos en Dubai.

En un giro adicional, Giuzzo reveló que el fiscal Pecci, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas, recibió un soborno del grupo Marset-Insfran. Sin embargo, el ex ministro aclaró que "otros fueron los encargados de cobrar el soborno en nombre de Pecci". Estas afirmaciones plantean preguntas inquietantes sobre la trama de corrupción y complicidades que rodean a esta red de narcotráfico internacional.

El ex ministro, que cayó en desgracia debido a una conspiración de la gente vinculada a Cartes, ha llevado a la luz detalles que podrían tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la región.











jueves, 9 de noviembre de 2023

Narcoguay Fútbol Club


 
 
  Aram Aharonian
8 noviembre 2023

Más allá de la económica y social, Uruguay vive una crisis institucional, tras la comprobación de que padece un gobierno -de una coalición de derecha liderada, por Luis Lacalle- corrupto, convertido en una asociación para delinquir imbricada con el narcotráfico, el fútbol profesional y la concertación de las máximas autoridades para mentir y engañar.
Heber y Bustillo renunciaron: ni siquiera fueron despedidos
 
 

Las dudas que crecen en la oposición y entre miembros de la coalición derechista gobernante son por qué se entregó un pasaporte a un uruguayo a sabiendas de que estaba preso y era un «narco peligroso», por qué se montó una operación de ocultamiento al Parlamento y a la población y con qué intención. Fue el proceder de las autoridades el que ha provocado la mayor crisis de este gobierno.

Mientras que el gobierno quiere dejar en el pasado lo más pronto posible el asunto de la documentación otorgada al narcotraficante Sebastián Marset, la Fiscalía designó A Alejandro Machado como fiscal a cargo de las pesquisas sobre las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache sobre la orden de “perder” su teléfono móvil para ocultar un chat en el que se advertía sobre la peligrosidad de Marset.

La defensa que siguieron en el Parlamento los ministros involucrados, fue que hasta al momento de la entrega del pasaporte, Marset era alguien desconocido para todos. “En noviembre, ¿quién sabía quién era Marset? ¿Quién de todos nosotros sabía quién era Marset? Era hasta ese momento un futbolista uruguayo, de los tantos que hay por el mundo”, dijo el canciller Bustillo ante los legisladores. Quizá olvidó agregar que se pagaron 10 millones de dólares por ese pasaporte.

A esas alturas, ya Marset había sido acusado de participar en el asesinato en Cartagena de Indias, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien se encontraba de luna de miel, aparentemente por orden del poderoso clan Insfran y del propio expresidente Horacio Cartes, investigado por Estados Unidos como partícipe en delitos de drogas.

Con el pasaporte uruguayo, Marset fue liberado en Dubái y la salida de la prisión le permitió permanecer prófugo de la Justicia durante casi dos años, en los que jugó al fútbol en Paraguay y Bolivia.Fue encontrado en Santa Cruz de la Sierra, de donde también logró escapar.

El ocultamiento de evidencia sobre la entrega del pasaporte a  Marset involucra a Roberto Lafluf, parte de la mesa chica del presidente Lacalle Pou y su asesor mejor pago. además de ser funcionario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La nueva investigación de la Fiscalía deberá esclarecer cuál fue el rol del mandatario en la trama de encubrimiento.

Finalmente, el país conoció una parte de la red de protección al crimen por parte de las más altas jerarquías del gobierno, Todavía se desconocen aspectos sobre compensaciones, intencionalidades, torpezas, vivezas criollas; la prensa fue identificando los nodos y las conexiones que componen la compleja trama  Marset, más allá de las redes de protección política oficialistas.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, insistió en que se trata de un gobierno «inestable» y que «no tiene rumbo». El gobierno no tiene el problema en las ruedas sino en el volante, dijo. La diputada Mica Melgar planteó dudas sobre corrupción y transparencia. ¿Es un gobierno de corruptos o es un gobierno de tarados?, preguntó.


El impactante testimonio de  Carolina Ache, exsubsecretaria de la Cancillería, causó el terremoto político, y, casuales casualidades, fue la única que pagó con el cargo y, curiosamente, la única que parece medianamente inocente en este entuerto. la Fiscalía investigará posibles delitos en la actuación de Francisco Bustillo, Guillermo Maciel y del asesor presidencial Roberto Lafluf, en su intento de ocultar información sobre la entrega de un pasaporte .

No se trata de funcionarios corruptos, sino DE una mafia de confabulados para delinquiar desde los más altos cargos del gobierno. Organizadores de la gran mentira, de la estafa a la democracia de la que tanto se ufanan los uruguayos, la destrucción de documentos públicos y la presión sofocante para que otros funcionarios se sumen a la corrupción para alivianar sus pecados.

El mito de la excepción oriental (uruguaya), de que “en el paisito no pasa nada” neutraliza la capacidad de prevención en materia de homicidios, tráfico de drogas ilegales, lavado de dinero y corrupción. Lo de ‘paisito’ fue un invento de quienes se tuvieron que ir por razones políticas y extrañaban el fútbol, el asadito, las alpargatas… Una nostalgia romantizada que hoy no parece más que un sentimiento simplista, cuando el principal asunto era la libertad perdida y no la barra de amigos.

Incluso había una mirada latinoamericana que ubicaba a Uruguay, ese país chiquitito que en el mapa no se ve, como el país que hay que imitar.Pero era otro Uruguay. Hoy muchos lo ubican en el mapa porque es también el paraisito fiscal para lavar dineros sucios nacionales, regionales y trasnacionales,

Ahora que sabemos que estamos ante un gobierno corrupto, una verdadera asociación para delinquir, como sorpresivamente le imputó con acierto al jefe de seguridad del Presidente, Alejandro Astesiano, EL inefable exfiscal Gabriel Fossati, antes de cerrar la causa con un abreviado lamentable.

“Lo que más me duele de todo esto es la imagen internacional que ha sembrado este país, que más nos parecemos a una república bananera que a ese Uruguay que todo el mundo tendía a respetar a pesar de sus limitaciones, que se diferenciaba institucionalmente en este tan convulso continente”, señaló el expresidente José “Pepe” Mujica.

 

Versión Netflix

La prensa ayudó a tejer una visión del villano sobrenatural, inatrapable, gracias a que la ilegalidad del crimen organizado se expande en connivencia con funcionarios públicos y privados en posiciones clave y fuerzas de seguridad, muchas veces cómplices.

Porque Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y otros como Marset representan no una persona, sino una división del trabajo criminal, que fluye con la colaboración de protectores del capital (intermediarios, arregladores, gestores, facilitadores, lavadores). La impunidad de quienes integran la red criminal se debe a su capacidad de circular con protección (económica, financiera, política, judicial y de violencia) en la cuerda floja entre la legalidad y la ilegalidad.

El caso Marset muestra que los delitos de los poderosos están entre todos, pero fuera de la vista del pueblo, porque están bajo protección de la red de protección al crimen por parte de las más altas jerarquías del gobierno».

El juicio político parecía el camino insoslayable, fundado ante la multitud de elementos que permiten acusar al Presidente de ineptitud, omisión o delitos. El problema que subyace a esta decisión presidencial es la noción de impunidad que se instala con toda su fuerza en la sociedad: el gobierno puede hacer todo eso sin ser juzgado por las instituciones.

Fútbol, poder… y Marset

Según la prensa paraguaya, cuando Marset cayó preso en Dubai, luego de ser descubierto con pasaporte paraguayo falso, el expresidente paraguayo Horacio Cartes habría solicitado a su cuñado uruguayo Martín Bordaberry (casado con Sara Cartes e hijo del dictador Juan María) una ayuda para el narco.

Y Martín le pidió a su hermano Pedro, político colorado y asesor del club de fútbol Montevideo City, que atendiera esa solicitud de Cartes. Éste se comunica con Carolina Ache para QUe reciba al abogado de Marset, Alejandro Balbi, presidente del Club Nacional uruguayo y miembro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Pedro Bordaberry había sido elegido en 2018 por el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, para presidir la Comisión Interventora de la AUF. No es para sorprenderse: Balbi forma parte de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la misma Conmebol.

Hoy, lo que se requiere es una investigación profunda por parte de los organismos antinarcóticos incluidos la DEA y el FBI, a fin de desnudar los nexos del fútbol con las bandas narco, señala el portal paraguayo ExpressNews.

Los uruguayos ya debieran ser conscientes de que su gobierno es corrupto, que la credibilidad en el presidente y sus funcionarios fue quebrada, aunque aún les cueste asumir que también las instituciones deportivas -nacionales, regionales- son usadas en las tramas criminales, con una prensa -tan corrompida como los políticos- que intenta reeditar con Marset la experiencia colombiana de Pablo Escobar.

.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)