También
se instaló la idea de que la CNT y la izquierda, particularmente el
Partido Comunista, apoyaron el golpe. Pero con este planteo se intentó
ocultar el apoyo que dieron al atentado contra la Constitución un sector
de los blancos herreristas y el pachequismo, que se expresó en la
enorme cantidad de cargos ocupados por integrantes de ambos sectores
políticos durante los 13 años de dictadura. Además se ocultó el apoyo
expreso que dieron la Asociación Rural, la Asociación de Bancos y la
Cámara de Industria y Comercio.
En el período previo
a la dictadura se vivían tiempos de luchas sindicales y estudiantiles.
Eran épocas donde la inflación superaba el 100 %, y en 1972 el salario
real había caído 17 %. Tiempos de congelación de precios y salarios,
tiempos de escasez y hasta de contrabando interno de carne. Tiempos de
represión, con estudiantes muertos, con centenares de detenidos en
aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad. Y cuando, por primera
vez en la historia, un frente político de izquierda comenzaba a tallar
fuerte en el escenario electoral.
Tiempos en que un
carismático caudillo nacionalista, muy afín a ideas progresistas,
disputaba el poder de igual a igual. Por eso Wilson Ferreira Aldunate se
convirtió en uno de los principales enemigos de los golpistas.
Los
militares cegados por los efectos de la guerra fría, entrenados por
franceses y estadounidenses, terminaron siendo el brazo ejecutor para
defender los intereses de los poderosos. Claro que también se debe
recordar que la democracia no era muy prestigiosa entonces. El golpe
tuvo mucho apoyo ciudadano porque la gente estaba enceguecida por el
miedo a los tupamaros y a que los comunistas se llevaran a sus niños
para Rusia.
Hubo una construcción política y
cultural para que el golpe fuera inevitable. Y con la dictadura llegó la
tragedia. Miles de presos y torturados, decenas de muertos, dos
centenares de desaparecidos, miles de expulsados de sus trabajos,
decenas de miles convertidos por decreto en ciudadanos clase C, más de
400.000 uruguayos huyendo del país por razones políticas y económicas.
Un plan político para robar
La
dictadura fue parte de un plan político que perseguía redistribuir la
riqueza en beneficio de los sectores más ricos del país. Y fue impuesta a
sangre y fuego porque el saqueo y pérdidas de derechos ocasionados a
los trabajadores así lo exigía. Vale recordar que la uruguaya fue la
única dictadura cívico-militar en toda América Latina. Mientras los
militares ensuciaban de sangre sus manos, algunas poderosas familias
hacían negocios para fortalecer sus patrimonios. Aunque algunas migajas
les tiraban a sus cómplices uniformados para mantenerlos dóciles a la
mano del amo. Fue así como importantes grupos familiares no vacilaron en
vaciar bancos, asociarse a mafias internacionales, saquear empresas y
lavar dinero producto del desfalco de otro país.
Bancos
vaciados y vendidos a 1 peso más IVA; devaluaciones orquestadas; compra
de carteras de deudores incobrables; estafas organizadas con el BHU;
sobrefacturaciones en obras estatales y hasta la creación de holdings
para lavar dinero fugado desde Argentina son un pequeño sumario
delictivo de la época.
Una de las grandes
deficiencias que aún tiene la investigación historiográfica es que no ha
profundizado en los sectores civiles, empresariales y financieros que
usufructuaron a la dictadura.
De acuerdo a un
estudio realizado por el economista Daniel Olesker, “el resultado de la
política económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al
capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era
aproximadamente el valor del PBI al finalizar el período dictatorial y
esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los
trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a la
deuda externa uruguaya”. Para realizar ese saqueo se usó a las Fuerzas
Armadas y a la Policía.
En el libro “El negocio del
terrorismo de Estado”, el periodista Fabián Werner recuerda que “en
abril de 1985, exactamente con una semana de diferencia, los senadores
Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) y José Germán Araújo (Frente
Amplio) presentaron pruebas ante sus colegas de la Cámara Alta de
delitos económicos cometidos por militares y civiles durante la
dictadura y pidieron la conformación de comisiones investigadoras,
además del envío de antecedentes a la justicia penal. El destino de esas
acusaciones, profusamente documentadas, fue el olvido”.
Antes
A
fines de 1967 asumió como presidente el colorado Jorge Pacheco Areco,
elegido vicepresidente para el gobierno del general (r) Óscar Gestido,
quien había asumido el 1° de marzo y murió el 6 de diciembre de ese año.
Todos
sus ministros o subsecretarios eran dueños o accionistas de importantes
empresas y bancos. Jorge Peirano Facio, vinculado al Mercantil, fue
nombrado subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio que estaba
a cargo de Horacio Abadie Santos, vinculado al Banco de Crédito. En
Trabajo y Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Véscovi,
vinculado a la Caja Obrera y al Mercantil, quien a mediados de los 90,
como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este, denunció que la
construcción del nuevo aeropuerto del balneario, cuyo concesionario
principal era el Grupo Peirano, afectaba al medio ambiente, hasta que
Peirano lo contrató como asesor legal de sus empresas.
César
Charlone, exdirector del Banco Internacional y vinculado a la Sociedad
de Bancos, asumió como ministro de Economía y Finanzas. Jorge Echevarría
Leunda, vinculado al banco de Cobranzas, se desempeñó como
subsecretario y luego pasó a presidir la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande cuando comenzó su construcción. El Ministerio de Obras Públicas
quedó a cargo de Walter Pintos Risso, propietario de la constructora que
llevaba su nombre y vicepresidente de Horacio Torrendell S.A.,
importadora de los aviones Cessna y de varias marcas de vehículos.
La
OPP quedó a cargo de Alejandro Végh Villegas, exdirector de la Caja
Obrera. Y como presidente del Banco Central asumió Carlos Sanguinetti,
vinculado al Banco Mercantil.
En el mismo tiempo,
los Peirano Facio, Jorge y Juan, eran poseedores de 38.000 acciones del
Banco Comercial. Por allí se vinculaban al grupo Braga Salvañac, uno de
cuyos más conspicuos integrantes era Enrique Braga, exministro de
Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Mercantil,
Peirano era socio del denominado Grupo Sanguinetti, cuyas cabezas
principales eran Juan Carlos y Jorge Sanguinetti. Jorge, vinculado a la
lista 15 de Jorge Batlle, y Juan Carlos, presidente entonces del Banco
Central del Uruguay. No se cuidaban mucho las formas.
Ministro
de Ganadería era el ganadero Juan María Bordaberry, padre de Pedro,
exministro y exsenador, quien luego se convirtió en dictador. Por
supuesto que ya entonces aparecía el abogado Ramón Díaz, uno de los
directores del diario El País, quien en sucesivos altos cargos oficiales
vinculados a la política económica también representaba los intereses
de la banca estadounidense.
En el Ministerio de
Comunicaciones y Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno
de los más importantes accionistas y director de la Sociedad Televisora
Larrañaga S.A., propietaria de Canal 12 hasta principios del 2000 cuando
la adquiere el Grupo Cardoso, cabeza de supermercados Disco.
Adolfo
Cardoso Guani, fundador y padre de los continuadores de Disco, fue el
segundo ministro de Industria y Comercio de la dictadura.
En
febrero de 1973 el juez Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge
Peirano Facio, presidente del entonces Banco Mercantil. Pero en junio la
dictadura acusó al magistrado de “prestar asistencia a la sedición”.
Tuvo que exiliarse en Barcelona, donde falleció años después. En su
momento, Amilivia llegó a compilar todos los documentos contables que
fueron necesarios para probar los delitos cometidos por integrantes del
“clan” Peirano. Todas las firmas colaterales, prohibidas por la
normativa vigente en aquellos tiempos, estaban presididas por Juan
Carlos Peirano Facio, quien resultaría procesado. Jorge, su hermano,
había presidido el Banco Mercantil, pero, para entonces, había sido
designado ministro de Industrias.
El dinero del
Mercantil fue desviado a Panamá a través de la SAFI “Mercantil River
Trust”. El mismo procedimiento que 30 años después usaron sus hijos para
desviar dinero del Banco de Montevideo al Trade & Commerce Bank de
las Islas Caimán.
Peirano Facio fue liberado días después de la disolución del Parlamento. Los abogados del banquero eran Ramón Díaz y Adela Reta.
En
1990 el presidente Luis Lacalle Herrera designó a Díaz presidente del
Banco Central y en tal condición fue uno de los artífices del proceso de
reperfilamiento de deuda externa del Uruguay en esos años.
Durante
Durante
los 13 años de dictadura hay apellidos de empresarios y políticos que
se repiten: Zerbino, Pascale, Davrieux, Bensión, Strauch, Rocca Couture,
Aznárez, Ferrés, Raffo, Soler, Manini Ríos, Otegui, Vargas Garmendia,
Ortolani, Peirano. También nombres de militares; Gregorio Álvarez, Hugo
Márquez, Luis Vicente Queirolo, Yamandú Trinidad. Y dos mafias
internacionales: la logia masónica P2 y la Secta Moon.
-
Nunca supimos cuánto costó al país la represa de Salto Grande, una de las obras más grandes iniciada a fines del 73.
La represa de Palmar, presupuestada en 230 millones de dólares, terminó costando casi 1.200 millones de dólares.
Sólo un grupo de estafadores argentinos que pagaron coimas suculentas
en Maldonado y Montevideo se llevaron 30 millones de dólares del BHU.
Cinco bancos de primera línea fueron vaciados por sus dueños. Primero
los usaron para fortalecer a sus empresas y luego pasaron toda la
cartera incobrable (la de sus dueños, entre otros) al BCU. La compra de
carteras incobrables por parte del BCU costó unos 800 millones de
dólares.
La Armada Nacional ganó decenas
de millones de dólares vendiéndole fletes de petróleo a Ancap y ese
dinero lo ocultó en el Riggs Bank, el mismo banco que usó Pinochet.
La logia P2, asociada a los exdueños de Bafisud, creó un holding de
inmobiliarias y constructoras en Punta del Este, que se dedicó a
invertir en el balneario la “plata dulce” fugada desde Argentina.
Banqueros enriquecidos cuyas deudas todavía paga usted
El
salvataje de varios bancos, la venta de los mismos a 1 peso (sí, un
peso) más IVA y el pasaje de sus carteras de incobrables al BCU es un
episodio digno de una “republiqueta bananera”. Pero ocurrió en Uruguay.
¿Cómo
reaccionaría, estimado lector, si mañana este cronista le pasara a
cualquiera de ustedes sus facturas de servicios para que las pagaran?
Muchos se reirían y la mayoría lo mandaría al diablo, por lo menos. Pero
lo que seguramente no imaginan es que 40 años después aún están pagando
las deudas adquiridas por otros y que forman parte de nuestra “deuda
eterna”. Es decir, todos pagamos la riqueza mal habida de importantes
empresarios.
Miguel Carrió, el mismo que denunció el
“Operativo Conserva”, explicó en su libro “País vaciado” cómo fue la
operativa. “En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del
gran maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2), Licio Gelli,
quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y
altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia
internacional. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y
lavado de dinero figuraba el banquero Mario Ortolani, quien estaba
instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris
del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente
modesto cargo de subgerente general”, dice Carrió.
Agrega:
“Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD
representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del
ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos
figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch y la familia
Peirano Facio”. Carrió explica en su libro que en ese año se
desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador
Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales
Luis Vicente Queirolo (quien tenía “negocios” con la logia P2) y
Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para
ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a
Álvarez hacerse con el poder.
Una vez en la
presidencia, el dictador Álvarez ordena al general Yamandú Trinidad la
incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli
tenía en Carrasco. Entre ellos había tres carpetas rotuladas “Massera,
Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida,
ladrón de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia
1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking
bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileña de San
Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.
En
abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma “relámpago”,
Ortolani construyó un denso entramado de intereses industriales y
comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en
perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA (Sociedad
de Fomento Edilicio de Maldonado), que canaliza hacia la inversión en la
construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero
negro argentino, conocido como “plata dulce”, asegura el autor.
Carrió
explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones
era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo
mediante auditorías de la multinacional Price Waterhouse y, si el
informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.
Pero
en esa misma fecha, en medio de la “guerra sucesoria” por el control de
la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso
Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de
malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de
firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida
bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al
holandés NMB Bank por la suma de $1 más IVA y comprándole luego su
cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses
en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15)
Alberto Brause Berreta.
“Entre los deudores
incobrables de BAFISUD figuraban, entre otras, las empresas Ambrois y
Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian y Strauch. Este
último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia
P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante
la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un
integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al
resto. Así lo hizo con el BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el
Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras
quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20
juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido
a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala
los Strauch”, dice Carrió.
El investigador sostiene
que “la misma operación de compraventa se repetiría con los bancos
Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un
nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco
Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el
estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300
millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras
pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos
fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta
de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca
privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus
carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse
financiando”.
Los vendedores de bancos se quedaban sin deudas y con sus empresas modernizadas porque todos “metieron mano en la lata”.
“Esta
operativa costó al país 821 millones de dólares, según denunció el
senador Carlos Julio Pereyra (MNR-PN), quien además acusó a José Gil
Díaz, presidente entonces del BCU, de haber colaborado con los
directivos de uno de los bancos vendidos para ocultar una defraudación
tributaria. Fue investigado por la Justicia, sin consecuencias”, sostuvo
Carrió.
Vaciaron al BHU
Julio
César Luongo fue interventor del Banco Hipotecario durante casi toda la
dictadura. Era un protegido del general Gregorio Álvarez y de su esposa
Rosario Flores. Tanto que en 1984, cuando el entonces ministro de
Economía Alejandro Végh Villegas pretendió destituirlo, el Goyo se
opuso.
Para financiar a la institución, Luongo la
endeudó en 50 millones de dólares con el Citybank; otros 50 millones con
el Banco de Londres y 16 millones con el Banco de Crédito. Pero ese
dinero fue traspasado a promotores privados sin ningún control. Estos
vendían bajo el sistema conocido como “en el pozo”, es decir, antes de
construir nada.
Se liberaron los precios de venta,
se eliminó al Departamento Financiero, no se controló la calidad de la
construcción y el uso de los préstamos. En 1980 se modificó la Carta
Orgánica del banco para eliminar la garantía hipotecaria como condición
para los préstamos.
Varios de esos promotores, como
Julio María De Feo, la inmobiliaria Yaco, Urbaneste y Framyl, se
hicieron de decenas de millones de dólares estafando al BHU y a los
promitentes compradores.
A esa estafa se sumó el
coronel Néstor Bolentini, primer ministro del Interior de la dictadura,
quien ya fuera del gobierno y actuando como abogado organizó a
muchísimos damnificados, quienes mediante el pago de “honorarios”
recibían la promesa de un nuevo préstamo para construir. Demás está
decir que perdieron todo lo pagado y nunca recibieron el préstamo
prometido.
En Maldonado se cometieron dos estafas
millonarias contra el BHU, las que fueron posibles por las coimas que
cobró Domingo Burgueño, entonces secretario general de la Intendencia,
luego consejero de Estado y en democracia dos veces electo intendente.
En
la página 145 del libro “País vaciado”, el periodista Miguel Carrió
sostiene que «la vedette uruguaya de la estafa fue Domingo Burgueño
Miguel, a quienes sus amigos apodaban ‘el Bala’. Todas las
irregularidades cometidas en la Intendencia y las correspondientes
gratificaciones pasaron por sus manos. Framyl fue posible porque el Bala
estaba en el asunto».
El libro agrega que una cinta
grabada por Poblet Videla, principal de Framyl S.A., y que llegó a
manos de David Borges, exinterventor de Disnamar y editor del diario
Punta del Este, y que este cronista escuchó, se expresa que “Burgueño es
pieza clave en la organización delictiva y principal destinatario de
los dineros que desviaba el Banco Hipotecario para el pago de coimas”.
Los
dueños de Framyl S.A. eran dos delincuentes argentinos: Julio Bachman,
con antecedentes internacionales por secuestro, extorsión y
falsificación de moneda extranjera, y el abogado Arturo Poblet Videla,
implicado en una falsificación millonaria de Bonex.
Ambos
se instalan en Maldonado y constituyen las empresas Framyl S.A. y
Disnamar S.A. para vender terrenos y construir viviendas con
financiación del Hipotecario. Sin tener en cuenta los antecedentes de
estas personas, el BHU le otorgó una cifra cercana a los 25 millones de
dólares. Pero además se hizo una tasación de 900 dólares por metro
cuadrado de construcción para viviendas de categoría II, cuando en las
torres más importantes de Punta del Este el costo era de 600 dólares el
metro cuadrado. La construcción de viviendas se inició sin que el
fraccionamiento estuviera aprobado y sin contar con los servicios
indispensables.
Carrió sostuvo que «relacionado con
Framyl S.A. aparecen otros personajes de la dictadura como el abogado
Eduardo Carrera Hughes, consejero de Estado y abogado de la empresa, así
como una larga lista de funcionarios municipales y del BHU que recibían
coimas mensuales para que el programa de construcciones se hiciera sin
planos o se cobraran adelantos de obra en el Banco por construcciones
que nunca se concretaron». Los terrenos vendidos bajo esas
circunstancias recién fueron regularizados en el año 2007, bajo el
gobierno del intendente Óscar de los Santos (FA).
Carrera
Hughes era socio de Burgueño en un estudio contable ubicado en la calle
Burnett, frente al campus. Y también está vinculado a la sucesión que
es copropietaria de los terrenos de Punta Ballena, donde se pretendía
construir 29 edificios.
En tanto, “Urbaneste”, fue
un proyecto para construir 576 viviendas, que se presentaban como ciudad
satélite y que se erigirían en la ruta 39 casi frente al barrio
Hipódromo. Recibió 30 millones de dólares del BHU, apenas levantaron 47
viviendas en dos bloques, los abandonaron sin terminar y huyeron. Recién
fueron regularizados y reconstruidos en el gobierno de De los Santos y
adjudicados alrededor del 2016 por el intendente Enrique Antía (PN).
Los
escandalosos negociados con el Complejo América y Euskal Erría en
Montevideo originaron pérdidas escandalosas a los promitentes
compradores mientras los consorcios constructores se embolsaron millones
de dólares.
En el año 2003 fue procesado con
prisión el entonces presidente del BHU, Salomón Noachas. Entre otras
cosas se le acusó de haber adjudicado directamente la unidad 406 del
edificio Mburucuyá de Punta del Este, ubicado en la calle En Familia, a
Sonia Casella de Luongo, esposa de Julio César Luongo. Aún en democracia
e impune, seguía recibiendo beneficios.
Otros negociados
El
libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas
del vicealmirante Hugo Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó
durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus
depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York.
Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero
propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP). Según la
propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con
una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se
pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad
de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio
internacional. Resultó, sí, “un excelente negocio para la Armada a costa
de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto
terminaba pagando el consumidor.
Según explicaban
los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs
para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de
que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder
ser administrado por ella. Nunca se supo cuál fue el destino de los
intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs.
En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras
ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.
También
vaciaron a ILPE (Industrias Loberas y Pesqueras del Estado); alentaron
la formación de empresas pesqueras privadas que terminaron en manos de
algunos de los nombres mencionados antes y en fraudes descomunales
contra el Estado.
Carrió explica que “el político
colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego
senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A. La
empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales
españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del
Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los
propios barcos y la solidaridad de Paz Aguirre. Pero además,
Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos de Montevideo y
Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político
colorado. Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las
carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder
vender esos bancos a capitales extranjeros”.
La
Secta Moon llegó y se instaló en Uruguay de la mano de Gregorio Álvarez.
Incluso su suegro, Segundo Flores, presidió la organización uruguaya al
principio. Pero la cara visible fue el empresario Julián Safi,
exsecretario de redacción de La Mañana y El Diario, propiedad de la
familia Manini Ríos. Orienta sus actividades hacia la banca, medios de
comunicación y hotelería. El Goyo Álvarez declaró de “interés nacional”
la remodelación del hotel Victoria Plaza. Enseguida adquirieron varias
empresas uruguayas como: Frigorífico Ameglio, La Montañesa, Ricard,
Famosa de Paysandú, Caramelos Zabala, Fleischman, Pernigotti y Compte,
todas absorbidas por la multinacional Nabisco. Pero la mayor estafa la
hicieron con el Banco de Crédito.
La oligarquía uruguaya
Desde
hace más de 60 años la oligarquía uruguaya se ha enriquecido
defraudando al Estado. Hoy hijos y nietos son inmensamente ricos y
ocupan lugares de decisión gracias a la actividad fraudulenta de sus
padres y abuelos.
En Uruguay hay miles de estudios
que nos permiten conocer desde el origen de la pobreza hasta cuánto
calzan los pobres. Pero se cuentan con los dedos de una mano los
estudios que permitan conocer el origen de la riqueza.
La
oligarquía uruguaya es endogámica, tal como lo revelan en el tiempo las
páginas de sociales de El País y más acá la revista Galerías. Se
nuclean en los mismos barrios, concurren a los mismos clubes sociales y
deportivos. Reparten su tiempo con actividades gremiales en la
Asociación y la Federación Rural y en la Cámara de Comercio y de
Industrias. También en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay
(ABPU), organización creada en el 2005 que sustituyó a la Asociación de
Bancos (ABU). O en los exclusivos clubes que construyen para ellos, como
el “piso 40” o “el rancho de pescadores” frente a las canteras del
Parque Rodó, veranean en Punta del Este.
En el libro
“Los de arriba. Estudio sobre la riqueza en Uruguay”, coordinado por
Juan Geymonat y del que participan varios economistas compatriotas, se
afirma que “el 1 % de la población tiene el 30 % de la riqueza del país.
Todos los participantes de este libro son integrantes del Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UDELAR).
Surge
entonces una pregunta que muy pocos se hacen: ¿cuántas de las fortunas
actuales tienen origen en los delitos económicos cometidos en dictadura?
