Por blog Noticias Uruguayas
El
problema de fondo son las FFAA asesinas, criminales de lesa humanidad,
inútiles para los ciudadanos, casta parasita al servicio de la
oligarquía para cuando esta las convoque a masacrar a su propio pueblo a
cambio de libre robo y saqueo E IMPUNIDAD. Las FFAA deben de ser
eliminadas si se quiere solucionar el problema de fondo. Antes de eso
los identificados criminales, secuestradores, asesinos, ladrones de
bebés, torturadores, violadores y ladrones deben de ser juzgados y
penados de acuerdo a todos los principios vigentes internacionalmente
sobre crímenes de lesa humanidad. Y para eso el Frente Amplio debe de
votar en el Parlamento la ELIMINACIÓN DE LA IMPUNIDAD, entre otras cosas
porque
la ley de Caducidad es ilegal en los marcos del derecho
internacional.
El Observador - 25.02.2013
Topolansky: “El problema de fondo es la ley mal parida de Caducidad”
La senadora manifestó que la negativa de los ministros de la Suprema Corte a asistir al Parlamento es “inaceptable”. “Si los tres poderes del Estados están enfrentados, el país se tranca”, puntualizó
La senadora Lucía Topolansky se refirió este lunes a
la crisis institucional que existe entre los tres poderes del Estado y
manifestó que estos “deben permanecer en equilibrio”. “Si los tres
poderes del Estado están enfrentados entre sí, el país se tranca”,
señaló en referencia a las críticas que desde la oposición caen sobre el
Frente Amplio, a quien acusa de violar la separación de poderes y
presionar a la Justicia.
“Acá el problema de fondo es que esto
nace de una ley mal parida: la ley de Caducidad. Esa sí es
inconstitucional porque restablece la pretensión punitiva del Estado”,
expresó Topolansky. “Acá lo esencial es: ¿Hubo o no dictadura? Hubo.
¿Hubo muertos o no? Los hubo y alguien los hizo. Entonces cuando se
estaba en un prolijo proceso para dilucidar y dar tranquilidad a las
familias y al país en materia internacional” sale este fallo de la
Suprema Corte.
En referencia a la negativa de los ministros de
la Corte a comparecer en el Parlamento para explicar el traslado de la
jueza penal Mariana Mota a la órbita de la justicia civil, Topolansky
señaló que “la respuesta es inaceptable: como ya fui al Senado, no voy a
diputados”. “Imagínese que lo que pasaría si fuera el ministro de
Industria el que dijera eso”, apuntó.
En la
nota que los ministros de la Suprema Corte enviaron al Parlamento
declinando la invitación, señalan que “recientemente” la corporación
asistió a la Cámara Alta para explicar “detalladamente los criterios” de
designación de jueces.
En referencia a ello, la senadora manifestó que la justicia uruguaya
“tiene un sistema bastante obsoleto”, que solo tiene un tribunal
suprema. “En otros países hay varios”, agregó. Aclaró que si bien el
Frente Amplio busca una reforma de la Constitución, el motivo no es
reformar el sistema judicial.
Por otro lado, la senadora negó que la marcha que el Frente Amplio,
el PIT-CNT y organizaciones sociales convocan para este lunes de tarde
constituya un atentado contra la Constitución como señaló el diputado
nacionalista, José Carlos Cardoso.
“Cuando escuché a Cardoso,
llamé a un jurista amigo, (Alberto) Breccia (exsecretario de la
Presidencia) y me dio que era un disparate. (…) Lo que es evidente es
que hay dos bibliotecas y nosotros vamos a decir lo que pensamos”,
advirtió.
Este lunes el directorio del Partido Nacional se reúne para analizar la situación generada en torno a la Justicia y la marcha de este lunes.
Marenales
definió al MPP como un "gigante idiota", tan idiota parece ser que
hasta lo ha manejado Huidobro que se fué del MPP y formó su "club de
admiradores" conocido como CAP-L. Si fuera como dice este ex-MPP
Huidobro tiene hoy en día DOS
CAP-L. Pero lo peor es que el MPP tendría entonces la línea y los
métodos de Huidobro. Lo que significa que el "gigante idiota" está
moribundo.
El MPP "terminó siendo manejado" por " afines a la línea de Huidobro"
El diputado Álvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP),
dejará su banca antes del 1° de abril, según aseguró en diálogo con
radio Rural. "Voy a dejar la banca. Los cargos no son fundamentales para
hacer política", agregó.
La dirección nacional del MPP
desafilió el sábado al diputado por Florida, Álvaro Vega
e indicó que quiere que el legislador entregue su banca al sector.
Vega viene marcando distancia de la conducción política del sector que
lideran la senadora Lucía Topolansky y el ministro Eduardo Bonomi e
integra el presidente José Mujica.
Ayer domingo, dijo que nadie del MPP le comunicó la decisión. Según
indicó a EL PAÍS, "todo ha sido por versiones de prensa, parece que lo
importante es decir las cosas, no hacerlas".
Hoy, durante la entrevista realizada en Radio País, Vega aseguró que lo
"echaron" porque dialogó "en un diario que a ellos no les gusta, al
menso eso fue lo que me dijeron", aclaró.
"El MPP venía flechándose y terminó siendo manejado por algunos
compañeros afines a la línea de Huidobro", comentó el diputado quien
aseguró además que "todos los grandes liderazgos de este país, se han
hecho mil pedacitos, se terminan perdiendo las instancias de diálogo".
Según agregó, "hay un montón de compañeros que coinciden" con él en esa postura.
En referencia a la posibilidad de un juicio político a la Suprema Corte
de Justicia que planteó el MPP por las decisiones adoptadas en las
últimas horas, Vega indicó que "los juicios políticos se realizan por
delitos" y, aclaró, "yo no veo que la SCJ haya cometido nada de eso".
"No estoy de acuerdo con los fallos pero no hay delito", subrayó el diputado.
AGAZZI. En diálogo con radio Universal, el senador del MPP, Ernesto
Agazzi, aseguró que "Vega está de acuerdo con el tema de devolver la
banca" y que fue él mismo quien se "autoexcluyó" del sector político por
las "declaraciones que hizo".
Días atrás,
Vega aseguró a EL PAÍS que se sentía "defraudado" por su grupo político
. "Pensé que habían algunas cosas que no pasarían en el MPP, como por
ejemplo usar los viajes en forma equivocada o en forma desmedida sin
ningún criterio. Esperaba que se condenara este tipo de cosas".
Vega dijo que al contrario a lo que se podía pensar antes de ser
gobierno, cuando llegaron a la Presidencia se vio "cualquier cosa,
menos austeridad".
CORTOCIRCUITO. Las discrepancias entre Vega y el MPP no son nuevas. El
legislador mantenía una posición crítica respecto a la gestión del
gobierno en varios temas relacionados con la salud y la educación. A
fines del 2012, Vega mantuvo en una sesión de Cámara una fuerte
discusión con el diputado Alejandro Sánchez, quien era en ese momento
coordinador del MPP.
Se estaba terminado de votar el proyecto de microfinanzas del Banco
República (el 14 de noviembre de 2012) cuando se escuchó: "No me rompas
más los huevos", eso fue lo que le dijo Sánchez a Vega al final de la
sesión. De inmediato, Vega se retiró de sala.
La discusión se generó a causa de un planteo de Vega, quien pidió a
Sánchez que coordinara la votación de temas importantes "a primera
hora", en lugar de poner en los primeros puntos del orden del día las
designaciones de nombres de liceos y escuelas. Sánchez se molestó con la
posición adoptada por Vega y le dijo que estaba "de personaje".
"Estás agrandado", le respondió Vega al final.
El País Digital
El MPP hace agua
En
vez de debates, libre expresión de las opiniones y búsqueda de la
unidad, el MPP va derivando más y más hacia prácticas verticalistas,
intolerantes y burocráticas al estilo del VERDADERO IDEÓLOGO del MPP, el
Presidente Mujica que ha enfrentado las diferencias en el seno del
gobierno con: "el que quiera romper con el gobierno que se vaya" o "a mí me voto la
gente" mostrando el carácter monolitista y verticalista de una
concepción INTOLERANTE que solo es tolerante con la derecha y el
imperio. El MPP es una organización PREPOTENTE en el seno del pueblo y
en el movimiento popular, pretende IMPONER no convencer y todo basado en
qué fueron los que tuvieron más votos. Los tuvieron porque lo que
dijeron que iban a hacer si conseguían esos votos NO SOLO QUE NO LO HAN
HECHO sino qué HAN HECHO LO CONTRARIO.
MPP sanciona a diputados; Vega entregará banca
Expulsaron a Vega y pasaron a tribunal de conducta a Pérez
La dirección nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP)
desafilió el sábado al diputado por Florida, Álvaro Vega y pasó al
tribunal de conducta política al representante por Canelones, Esteban
Pérez. El MPP quiere que ambos legisladores entreguen sus bancas al
sector. Ambos legisladores vienen marcando distancia de la conducción
política del sector que lideran la senadora Lucía Topolansky y el
ministro Eduardo Bonomi e integra el presidente José Mujica.
Vega dijo ayer domingo que nadie del MPP le comunicó la decisión. "Todo
ha sido por versiones de prensa, parece que lo importante es decir las
cosas, no hacerlas", afirmó a El País en Florida.
Agregó que no hará nada para tomar conocimiento de la decisión del
sector mayoritario del Frente Amplio. "No tengo obligación de nada,
supongo que se van a comunicar conmigo", afirmó. Adelantó que
"obviamente" entregará la banca al MPP. "De hecho yo me considero fuera,
ellos me resuelven el problema", sostuvo
Para Vega "el detonante" de su alejamiento del MPP "es que hay gente que
quiere cargos, que decir lo que uno ve es un pecado y hacerlo no". "Yo
duermo tranquilo y estoy seguro que lo que hice es lo que tenía que
hacer", agregó. Dijo que piensa seguir en política. "Soy frenteamplista y
seguiré como independiente, porque los cargos no son lo fundamental"
El diputado por Canelones Esteban Pérez denunció en reiteradas ocasiones
la situación de los soldados uruguayos que se desempeñan en las
misiones de paz en el exterior, en particular denunció varios casos de
"corruptelas" ocasionadas en la Armada en Haití.
Pérez votó en contra de que se extendiera el plazo para la presencia de efectivos uruguayos en Haití.
El País Digital
Los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben
El
14 de julio de 1976 en plena dictadura de Pinochet el aparato represivo
de la DINA secuestra, tortura y asesina a un funcionario español
de Naciones Unidas. Hoy, el gobierno neofascista de Rajoy le pide a
Chile la extradicción de seis de los asesinos. En 1976 estaba la
dictadura de Pinochet en Chile. Por lo tanto CHILE NO HABÍA FIRMADO
NINGUNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL, lo que significaba (al decir de la SCJ
uruguaya) que para Chile el secuestro,
la tortura y el asesinato por motivos políticos NO ERAN CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD sino "comunes" tal como lo define hoy en día la camarilla
ANTI JUSTICIA DE LA SCJ. Por lo tanto hay que deducir que el Gobierno de
Rajoy actúa contra los principios de la Justicia, o, qué la SCJ
uruguaya ESTÁ FALSIFICANDO Y MINTIENDO Y SE ESTÁ PONIENDO AL MARGEN DEL
DERECHO INTERNACIONAL. Ni siquiera para el represivo gobierno de derecha
español
estos son delitos "comunes" que prescribieron. Al contrario, son
crímenes de lesa humanidad que no prescriben aunque hayan sucedido hace
37 años atrás. Un ejemplo actual de la estafa jurídica de la SCJ y del conjunto de la derecha uruguaya.
España pide a Chile la extradición de agentes acusados de asesinar a Carmelo Soria en 1976
Lunes, 25 de Febrero de 2013 06:54 Agencias/Clarín
Madrid.-
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la solicitud de extradición a
Chile de seis ex agentes de la extinta Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) acusados de secuestrar, torturar y asesinar al
funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de
1976, informa Europa Press.
La petición de entrega, propuesta por
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se refiere a los
agentes que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar del
Gobierno chileno y están acusados de delitos de genocidio, asesinato y
detención ilegal.
Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres, José Remigio Ríos
San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana,
Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,
que era además director de dicha organización, según ha informado el
Ministerio de Justicia.
A los reclamados se les acusa de participar en el "proceso de
represión sistemática y eliminación de opositores" al régimen militar,
emprendido por la dictadura chilena durante el año 1976. En concreto,
serían los presuntos responsables de la muerte del diplomático Carmelo
Soria, cuyo cadáver fue arrojado a un canal, simulando un accidente con
su propio coche.
Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel
Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia
(DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350
años de cárcel.
Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada
Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los
capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René
Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos
ellos miembros de esa brigada.
Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está
actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos
humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.
Ante
esta circunstancia, la Audiencia Nacional ha solicitado su busca y
captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo
concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación,
enjuiciamiento y fallo del delito apreciado. El juez Ruz procesó el
pasado año a los siete miembros del servicio secreto chileno.
CRÍMENES CONTRA OPOSITORES DE LA DICTADURA ARGENTINA
Por otra
parte,
el Consejo de Ministros también ha acordado continuar el
procedimiento de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y
Daniel Alejandro Ullúa, acusados de un delito de asociación ilícita por
su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración
Nacional Universitaria (CNU) durante la dictadura militar.
Arenaza y Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y
argentina, formaron parte de esta
organización que actuó entre 1975 y
1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina)
encargándose de ejecutar delitos contra los opositores al régimen. Se le
atribuyen asesinatos, secuestros, robos violentos, falsificaciones de
matrículas de vehículos o documentos públicos, así como coacciones e
intimidaciones.
La CNU fue un grupo ligado a las Juventudes Peronistas, operando
como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas,
cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos
estudiantiles.
Las autoridades argentinas sujetaron su petición de extradición
en que podrían ser autores de crímenes de lesa humanidad, no sujetos,
por lo tanto, a prescripción, por lo cual solicitaron su captura
internacional. La Audiencia Nacional decretó su libertad provisional
tras ser detenidos el pasado mes de enero.
Haití: juicio por crímenes de lesa humanidad
Como
se comprenderá TAMPOCO LA DICTADURA DE LOS DUVALIER EN HAITÍ había firmado ninguna convención internacional relativa a crímenes de lesa humanidad, ni tampoco aceptado ni legislado al respecto. A diferencia del fallo de la SCJ uruguaya ni siquiera en Haití estos crímenes prescriben aún cuando no habían sido aceptados en la legislación haitiana. No prescriben y tienen valor universal. Los crímenes datan de hace 42 años atrás cuando comenzó su gobierno en 1971. La SCJ está mintiendo o acredita tal ignorancia jurídica que DEBE RENUNCIAR, IRSE, Y NO SEGUIR COBIJANDO ASESINOS.
.
Duvalier responderá ante el juez por crímenes contra la humanidad
El expresidente de Haití enfrentará acusaciones de crímenes de lesa humanidad y malversación de fondos públicos
Maye Primera
El País es Miami
22 FEB 2013 - 00:58 CET

Jean-Claude Duvalier, en Puerto Príncipe en 2011. /
AFP
Un tribunal de Haití ha ordenado este jueves que el expresidente
Jean-Claude Duvalier
se presente sin falta la semana próxima ante la justicia,
para
responder a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y malversación
cometidos entre 1971 y 1986, durante su gobierno. Jean-Claude, alias Baby Doc, heredó el poder a los 19 años tras la muerte de su padre,
Francois Duvalier,
quien se declaró presidente vitalicio de la isla y ya conducía una
férrea dictadura desde 1957. Durante el régimen de los Duvalier, miles
de haitianos fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron torturas a
manos de las milicias oficialistas, los temidos
tonton-macoutes, y se estima que solo durante el periodo de Baby Doc fueron desviados cientos de millones de dólares de fondos públicos.
“Hay razones para que la Corte declare que la presencia de
Jean-Claude Duvalier es imperativa. Por tanto, conviene que sea ha
traído aquí, a comparecer ante el tribunal”, ha dicho el juez
Jean-Joseph Lebrun, en nombre del tribunal de apelaciones reunido este
jueves en Puerto Príncipe, según ha informado AFP.
Jean-Claude Duvalier había sido convocado por tercera vez a una
audiencia este jueves para que respondiera a las denuncias en su contra;
pero tal como lo hizo en las dos oportunidades anteriores, no asistió.
En su ausencia, el tribunal rechazó la decisión adoptada en febrero de
2012 por un juzgado de primera instancia,
de procesar a Duvalier solo por malversación de fondos,
y ordenó que se presentara ante la corte para responder también por
violaciones a los derechos humanos. “Sí, vamos a traerlo. Haremos
respetar la decisión de la corte”, respondieron sus abogados defensores.
Jean-Claude Duvalier fue derrocado en 1986 y tras 25 años de exilio
en Francia, volvió a Puerto Príncipe en enero de 2011. En febrero de
2012, un juez decidió que no sería juzgado por ordenar la desaparición,
tortura y asesinato de miles de sus conciudadanos, sino que únicamente
enfrentaría cargos por el desvío de fondos públicos durante su mandato
que, se calcula, oscila entre 300 y 800 millones de dólares. En aquella
oportunidad, el juez argumentó que estas denuncias habían prescrito, de
acuerdo a las leyes haitianas.
Hoy decenas de víctimas del duvalierismo y representantes de
organizaciones de derechos humanos locales e internacionales celebraron
en los tribunales la decisión. “Es una victoria para los grupos de
víctimas”, escribió la enviada especial de Humans Right Watch a Puerto
Príncipe, Beatrice Vaugrante, en su cuenta de Twitter, tan pronto
culminó la audiencia. “Si nosotros no nos movilizamos, las víctimas del
régimen, no obtendrán justicia”, declararon más temprano activistas del
Movimiento Democrático Popular (MODEP) y de la Unión de los Pequeños
Campesinos a EFE.
Horas antes de que comenzara la audiencia, la alta comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, había exhortado a
las autoridades haitianas a que se hiciera justicia por los crímenes
cometidos durante la dictadura de los Duvalier. “Tales violaciones
sistemáticas de los derechos humanos no deben permanecer impunes. Todos
los haitianos que las sufrieron tiene el derecho a que se haga justicia.
Insto a las autoridades a cumplir sus responsabilidades”, dijo Pillay
desde Ginebra. Algunos observadores de la
Organización de Estados Americanos
(OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también
acudieron este jueves a la sesión del tribunal, calificada como una
prueba de fuego para el sistema de judicial de Haití.