miércoles, 27 de febrero de 2013

UTAA OSDOR acampan en el palacio

UTAA OSDOR lucha por la tierra
Fotos Lety Cia


Segundo día del campamento frente al Palacio Legislativo de los compañero de UTAA, OSDOR y SUDORA.

Contrafuegos se hizo presente en el campamento en la mañana del martes 26 de febrero.

Compartartimos la cobertura de esta mañana en la que compañeras participantes nos explican las razones de la movilización y nos hacen un recuento de las actividades del día.

 La tierra se defiende!!!


Vergüenza Nacional y Estupidez Humana

Por "Manuel Melendez "Marxito"

28 de febrero de 2013, 18 horas . Los trabajadores rurales de UTAA, de OSDOR y de SUDORA Después de ser rechazados sus planteos por el Instituto de Colonización ocupan Las calles frente al Palacio Legislativo y prenden fuego gomas frente al mismo en repudio al gobierno, al Instituto de Colonización y a los legisladores que le niegan tierra para trabajar. La viejas luchas cañeras junto a Raúl Sendic por tierra para quien la trabaja en el pasado traicionadas por pseudos guerrilleros que a la hora de combatir negociaron cobardemente con los criminales que asesinaron, violaron niñas y mujeres encapuchadas y robaron (400 millones de dólares en la Represa del Palmar).

Los mismos que traicionaron la lucha por el Voto Rosado para Anular la Ley de Caducidad, el 11% del Frente Amplio no Voto Rosado y se perdió por 1,7%.

Son los mismos que hoy niegan tierras a los trabajadores y se las entregan a las multinacionales y a los extranjeros. Que a nadie le extrañe si en un futuro próximo todos los criminales presos de lesa humanidad queden libres y limpios de sus crímenes. Que a nadie le extrañe si los reclamos de los trabajadores son negados y reprimidos.

¿Será que la democracia representativa se comenzó a desgastar?

¿Es realmente democracia para los trabajadores?

¿Es la democracia de los pobres?

¿Cuál es la Igualdad: La Limosna?



















Faltan recursos humanos en los CTI

.
Los enfermeros del Maciel limitan atención por sobrecarga de trabajo
Solo se responsabilizarán por dos pacientes cada uno; el director del hospital no permitirá que ocurra lo que considera una “violación de la cadena de mando”

En la madrugada del jueves se vivió “una de esas guardias complicadas” en el CTI del Maciel. Se presentaron a trabajar tres auxiliares de enfermería de los siete u ocho que figuran en la planilla y había 14 pacientes para atender. Con la sensación de que habían llegado a su límite físico, los auxiliares le plantearon a la nurse a cargo que se apegarían al decreto que regula la dotación de enfermería en CTI y solo se harían cargo de dos pacientes cada uno. “Colaborarían” con el resto de las camas, no dejarían a nadie sin atención, pero tampoco se harían responsables de “omisiones u errores” que pudieran surgir de la “sobrecarga” laboral, según contaron a El Observador.

Ese día la nurse asumió la atención de dos pacientes y no realizó algunas tareas que les corresponden a las licenciadas. Antes de irse anotó en el “cuaderno de novedades” lo que había sucedido. De acuerdo a los auxiliares, la nurse omitió aclarar que a pesar del reclamo se había atendido a todos los pacientes.

Aunque no hubo guardias tan complicadas desde entonces, la decisión se mantiene. El gremio de funcionarios de Comisión de Apoyo, Afasse, elevó ayer una carta al director del hospital, Álvaro Villar, en la que fundamentó la denuncia en el decreto 399 de 2008. Allí dijo que habrá un auxiliar cada dos pacientes en cuidados intensivos y cada tres en cuidados intermedios. Si el paciente es de alta complejidad amerita que haya un auxiliar dedicado a él.

“No estamos en conflicto. Simplemente reivindicamos que se complete la dotación del servicio, dado que los trabajadores no podemos asumir más responsabilidades de las que nos competen, y no podemos ser cómplices de las omisiones en las que se incurre en dicho servicio por parte de quienes lo dirigen”, alega la carta.

“Confusión” de mando

El reclamo por falta de recursos humanos en los CTI de ASSE es histórico. Los funcionarios se quejan de la burocracia que se interpone para nombrar suplentes. Las autoridades dicen ser rehenes del elevado ausentismo en el sector y de la falta de enfermeros en el país (ver apunte).

Pero más allá de la legitimidad de los argumentos de unos y otros, Villar sostuvo que la postura de los enfermeros constituye una “falta disciplinaria importante” y una “violación de la cadena de mando”.

“Es un planteo gremial y lo discutiremos, pero no es lo que se va a aplicar en la práctica. Mientras un enfermero esté trabajando en el CTI, es responsable de cumplir las órdenes que le den sus superiores. Ellos son responsables de las 14 camas y no pueden decidir gremialmente qué responsabilidad tomarán en el trabajo diario. En este hospital varias veces se ha confundido qué cosas decide el gremio, qué cosas decide la dirección y qué cosas decide la academia”, dijo Villar a El Observador.

Agregó que “a pesar del decreto (399/08), la distribución la tiene que establecer la licenciada y la línea de mando según la situación de cada sala”. Según Villar, si la dirección viera que los enfermeros no son suficientes, se tomará la decisión de cerrar alguna cama, como ya se ha hecho en otras instancias.

“Me duele que se muestre solo el Maciel cuando es algo de todo el sistema de salud. Eso lleva a que la gente no quiera atenderse acá y piense que los enfermeros no se responsabilizan. Nunca se pondrá en riesgo la salud del paciente”, advirtió.




La queja es unánime: faltan recursos humanos de enfermería. Los mismos enfermeros reconocen que no hay suficientes colegas en el país, pero también critican que las autoridades no se han preocupado por generar listas de suplentes y eso causa sobrecarga en los que asisten a trabajar. Por su parte, la jerarquía de ASSE se queja principalmente del alto ausentismo, que en los hospitales públicos asciende a 20 o 30 % , mientras en los privados es de 9 %. “Este fin de semana una enfermera avisó que no venía porque llovía”, aseguró Álvaro Villar, director del Maciel. Villar se propuso terminar con el ausentismo, pero sabe que le llevará “al menos dos años” porque es algo “instituido”. En tanto, ASSE realiza desde hace un tiempo una auditoría de las historias clínicas del personal certificado por enfermedad. De esa forma buscan determinar si las certificaciones son justificadas o si esos funcionarios están aptos para trabajar.

Falta de personal en el CTI del Maciel
Funcionarios le enviaron carta a Villar con denuncia


  Sr. Director del Hospital Maciel

Dr. Álvaro Villar

Presente:

Asociación de Funcionarios de ASSE (AFASSE) representada en éste acto por Mariela Grela y Luis Perez, ante usted nos presentamos a formular denuncia de irregularidades en el Centro de Tratamientos Intensivos del Hospital Maciel, en los términos que pasamos a exponer:

El servicio mencionado, desde hace varios meses viene trabajando con una dotación incompleta del personal de enfermería (auxiliar y licenciado). Dicha situación ha sido planteada por los trabajadores a ésta dirección, y no habiendo obtenido ninguna respuesta al planteo, han trasladado la problemática que están viviendo al gremio AFASSE. La dotación del CTI y cuidados intermedios, se encuentra lejos de cubrir las necesidades mínimas del servicio. Los trabajadores manifiestan que existen ausentismos diarios provocados por inasistencias, certificaciones médicas y renuncias al servicio, algunas de éstas últimas por falta de pago de sus haberes, dichas ausencias no son cubiertas, ya que no se convocan a suplentes para cubrir ni las ausencias transitorias ni las vacantes. La carencia descrita conlleva a que los funcionarios que concurren a trabajar están sobrecargados, sobre exigidos, es en éste marco que AFASSE DENUNCIA FALTA DE PERSONAL EN CTI DEL MACIEL PONE EN RIESGO LA VIDA DE LOS PACIENTES

En carta al Director del Maciel, Dr. Álvaro Villar, la Asociación de Funcionarios de ASSE (AFASSE), denuncia graves irregularidades en el CTI y cuidados intermedios del nosocomio, debido que las unidades no cuentan con a dotación de personal necesaria que le permita cubrir las necesidades mínimas del servicio según establece el decreto Nº399/08, de fecha 18 de agosto de 2008, que reglamenta el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, y a la salvaguarda de los derechos laborales. han planteado su preocupación a la jefa del servicio, por intermedio de las licenciadas de turno y han reivindicado la presencia de la dotación mínima dispuesta en la reglamentación vigente, un auxiliar de enfermería cada dos pacientes, en las unidades de cuidados intensivos y según la dependencia y complejidad del paciente podrán requerir un auxiliar por paciente, y en cuidados intermedios un auxiliar cada tres pacientes. Habitualmente el servicio no cuenta con ésta dotación mínima un auxiliar cada dos pacientes, a pesar de que si consta en la planilla correspondiente. Cabe aclarar además que la mayoría de los pacientes son de alta complejidad, y de cumplirse con la norma vigente, debería contar con auxiliar de enfermería por cada paciente en tales condiciones. Cada vez que ocurren ausencias se asigna tres pacientes a cada auxiliar, es decir que estamos muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos. Dicha carencia conlleva una sobre exigencia de los trabajadores y una disminución de la calidad de atención de los pacientes, poniendo en riesgo la vida de los mismos. A pesar de lo antes manifestado los trabajadores que concurren nunca han dejado de atender a los pacientes, pese a estar trabajando en una situación de riesgo laboral y de calidad de atención. Formulan la presente denuncia a fin de manifestar que atenderán los dos pacientes que corresponde, colaborando en la atención de los demás, por lo que en modo alguno podrán ser responsables por omisiones o errores en los que la sobrecarga de trabajo pueda provocar. Vemos con preocupación las manifestaciones de la licenciada Luzardo expresadas por escrito en el cuaderno de novedades, en el cual asentó que los funcionarios están tomando una medida muy grave y compleja, no sabemos a qué medidas refiere dado que nunca se negó el cumplimiento de cualesquiera de las tareas asignadas, a pesar de exceder los límites para los cuales fuimos contratados.

Tampoco estamos en conflicto como lo expresa la licenciada, sencillamente reivindicamos que se complete la dotación del servicio, dado que no podemos los trabajadores asumir más responsabilidades de las que nos competen, y no podemos ser cómplices de las omisiones en las que se incurre en dicho servicio por parte de quienes lo dirigen. Los reclamos de los trabajadores apuntan al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nº 399/08, fecha 18 de agosto de 2008, que reglamenta el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, y a la salvaguarda de nuestros derechos laborales. tección de la ley y el artículo 54 establece el reconocimiento del derecho a un ambiente saludable de trabajo, es claro que el trabajo en un centro de cuidados intensivos es altamente estresante y que requiere ser cumplido con las garantías mínimas, de forma que se brinde una adecuada atención a los pacientes y que el trabajador no se exponga a riesgos aun mayores a los propio a su actividad. Por lo que venimos de exponer, solicitamos que se tenga por presentada la denuncia y se tomen con urgencia las medidas del caso. SIN OTRO PARTICULAR, SALUDAN ATTE.: 


Nueva ministra en Salud Pública


Prioridades progre





martes, 26 de febrero de 2013

La corte de los milagros


por Edmundo Gomez Mango


Se llamaba “Corte de los milagros” a ciertos espacios clandestinos de los barrios de París ocupados por “falsos mendigos” : al llegar la noche, se despojaban de sus disfraces, abandonaban sus imaginarios males, y como por “milagro” desaparecían sus pretendidas incapacidades e insuficiencias de todo tipo. Víctor Hugo, en su novela Notre Dame de Paris, describió una de ellas de manera inolvidable.

No pude dejar de asociar con ella la última sentencia de la llamada Suprema Corte de Justicia. Ese organismo judicial logró por un malabarismo leguleyo y tramposo, una especie de “milagro” : en un país cuyo gobierno es ejercido por el Frente Amplio, vasta coalición de fuerzas de izquierda, los atroces delitos cometidos por el terrorismo de Estado dejaron de ser crímenes de lesa humanidad para transformarse en delitos comunes.

Los que violaron a hombres y mujeres, los que robaron niños recién nacidos, los que ultrajaron e hicieron desaparecer cadáveres, podrían ser considerados, al cesar la imprescriptibilidad de sus crímenes, como “por milagro”, ciudadanos normales.

Esa sentencia declara inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18831, aprobada en octubre 2011, que permitía el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Aún sin la cultura jurídica necesaria para analizarla exhaustivamente, cualquier ciudadano, incluso los que estamos lejos del país, se siente indignado por lo que ella encierra de incomprensible y escandaloso.

Después del traslado arbitrario de la jueza Mariana Mota, esta sentencia que refuta lo decretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Uruguay – Gelman, no es una gota que desborda el vaso, sino un chorro de lodo que mancha la dignidad nacional, un acto repudiable que envuelve en una apariencia de decisión de justicia, el retroceso más importante de la democracia uruguaya desde que esta volvió a funcionar en el Uruguay.Ya vendrán los análisis de los catedráticos, de los hombres y mujeres de derecho que argumentaron límpidamente la justicia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad absoluta, para que el régimen de derecho uruguayo pueda subsistir, de aplicarla cabal y completamente.

Cabe preguntarse, en la zozobra de la noticia recién llegada : ¿quién gobierna en el Uruguay de hoy?, ¿quién rige los destinos de la democracia uruguaya?, ¿el gobierno frenteamplista elegido libremente por el pueblo en las últimas elecciones democráticas o una camarilla que está trampeando al poder, que está llevando al Uruguay a seguir siendo un país donde la impunidad es más fuerte que la justicia y que los Derechos Humanos?

La responsabilidad del Frente Amplio es decisiva. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( marzo 2011) y la ley 18831 interpretativa de la de Caducidad, permitieron recobrar la esperanza de proseguir indagando la responsabilidad de los verdugos y de sus actos criminales que avasallaron los cuerpos y las vidas de tantos militantes antidictatoriales. Recordamos aún con bochorno las presiones no disimuladas del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, cuando este, casi unánimemente, se aprestaba a abolir la ley de caducidad (mayo de 2011).

Sabemos de la existencia de “iluminados” que pretenden haber encontrado un “ábrete sésamo” mágico para la reconciliación de todos los uruguayos, civiles y militares, víctimas y opresores, sin mirar para atrás, sin tener en cuenta la dolorosa historia reciente, burlando y eludiendo a la justicia. Son los mismos que sostienen la teoría de los “dos demonios”, y que ignoran el sufrimiento de todo un pueblo víctima del terrorismo de Estado ; ese dolor no pertenece solo a algunos porque es de todos, y por eso nadie en su nombre puede intentar negociarlo.

Ninguna corte de justicia, salvo la de los “milagros”, transformará a un terrorista de Estado en simple delincuente.Podemos preguntarnos : ¿ se han establecido oscuros compromisos entre el ministerio de Defensa, el poder ejecutivo y los militares golpistas involucrados en el terrorismo de Estado, y el poder judicial, para que la causa de los Derechos Humanos en Uruguay no solo no avance sino que retroceda de forma tan espectacular?

Es difícil imaginar que estas arremetidas de los hombres de la sombra, del crimen y de la impunidad contra la justicia, puedan obtener logros de este tipo sin maniobras invisibles pero eficaces que las favorezcan.

La responsabilidad del Frente Amplio, de las fuerzas políticas que lo integran, está una vez más puesta en jaque por la burda maniobra carnavalesca de la SCJ que invierte los valores, que insiste en decretar un mundo al revés, cuando se convierte, como por “milagro”, en defensora de los asesinos y condena a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

Se corre el peligro que, sin una reacción decidida y contundente, las fuerzas políticas del Frente Amplio seguirán perdiendo batallas decisivas por la causa de los Derechos Humanos, y terminarán perdiendo la guerra ante los enemigos de la democracia. No se puede decir que se gobierna con el pueblo y para el pueblo, cuando al mismo tiempo se están favoreciendo los intereses de sus peores enemigos.

Es necesario que nuevamente se ponga en marcha la justicia en el Uruguay, que se respete a los familiares de las víctimas y desaparecidos, a los ex - presos y presas torturados, que siguen contemplando hoy a sus verdugos impunes. La insostenible, la escabrosa alianza de los “supremos jueces” contra los Justos debe cesar.

La derrota de la impunidad sólo será arrancada por el Frente Amplio cuando este tenga el coraje político de enfrentar a los enemigos de los Derechos Humanos de afuera y a los de adentro.

La historia del pueblo uruguayo y de América latina es el supremo tribunal que condenará a los cobardes que hoy ultrajan, desprecian y humillan a los Derechos Humanos y a quienes los defienden.



La justicia secuestrada

De Rafael Fernandez

Concentración en la Plaza Libertad, contra el fallo de la SCJ. Los convocantes (el PIT-CNT, la FEUU, y el propio Frente Amplio) no hicieron uso de la palabra. Tal vez no tenían nada para decir. Tal vez no sabían qué decir... Ni siquiera una promesa de enfrentar el fallo de la Corte... del juicio político ni hablar. Ni siquiera una promesa demagógica. Se cantó el himno y terminó la actividad. Algunos compañeros cantamos consignas. La gente no se iba de la plaza, aunque lentamente iba mermando la concentración. Muchos quedaron un rato en la zona, como esperando algo más... Los dirigentes ni siquiera se comprometieron a convocar nuevas movilizaciones. Algunos ministros y parlamentarios se hicieron presentes y aparecieron para la foto.



 Yo no soy cómplice



No mas cuentos

Sin palabras
Concentración frente a la Suprema Corte de Justicia, en la plaza Cagancha, en protesta por la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, ayer de tarde. / Foto: Nicolás Celaya

Miles se movilizaron en rechazo a fallo de la Suprema Corte de Justicia. 

El camino hasta la Plaza Libertad, lugar elegido por los convocantes para manifestarse en rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, estaba complicado. Un enorme vallado policial no sólo impedía arrimarse al edificio de la SCJ -significativamente ubicado en el pasaje de los Derechos Humanos- sino que ya cortaba el acceso por la calle San José, a la altura de Paraguay.
Poco antes de las 18.00, una enorme bandera uruguaya nucleaba a los primeros que llegaban hasta el lugar, pero rápidamente perdió esa exclusividad, debido a la afluencia de gente por los tres costados de libre circulación y a la llegada de organizaciones con sus banderas.
Más temprano, había circulado un correo electrónico en el que militantes de izquierda “no frenteamplista” convocaban a ubicarse en la vereda opuesta (en sentido literal) a aquella en la que estarían los líderes de los diferentes sectores de la coalición de gobierno.
Pero al llegar a la concentración surgía la duda, porque nunca quedó explicitado cuál era la vereda para los dirigentes del FA y cuál para los militantes que les reprochaban a los legisladores los pocos esfuerzos realizados para anular la Ley de Caducidad.
Lo cierto es que era posible encontrar de un lado y del otro de la avenida 18 de Julio a figuras frenteamplistas, entre las que se encontraban Eduardo Lorier, Juan Castillo, Enrique Rubio, Roberto Conde, Eduardo Fernández, Mónica Xavier, Ivonne Passada, Rafael Michelini, Eduardo Brenta, Edgardo Ortuño, Lucía Topolansky, Luis Puig, Aníbal Pereyra, Daniela Payssé, Alberto Couriel, Miguel Fernández Galeano y Yerú Pardiñas, entre otros.
En un momento, la vereda simbólica empezó a quedar más claramente delineada. Por 18 de Julio, desde Cuareim, una columna de varias organizaciones estudiantiles, sociales y políticas llegó con una pancarta que establecía con claridad los matices existentes entre los convocantes: “Parlamentarios del FA. Ésta es su responsabilidad”, decía el cartel.
En la plaza, además de banderas de sindicatos, organizaciones estudiantiles y algunas pocas banderas partidarias, se podía ver un amplio despliegue de medios nacionales y hasta algunos internacionales, como la Televisión Pública de Argentina.
La delegación del otro lado del río también incluía a representantes del Ministerio de Desarrollo (“militantes” me corrigieron), y de Madres de Plaza de Mayo. También había personalidades de diversos ámbitos como los artistas Jorge Schellemberg (actual director de la Sala Zitarrosa), Pablo Pinocho Routin, el cineasta Mario Handler, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la activista Lilián Abracinskas, el abogado Óscar López Goldaracena, entre otros, que esperaban, conversando, el comienzo de la actividad.
La consigna de la convocatoria se cumplió y todo se desarrolló en silencio (o en el único silencio posible cuando se junta tanta gente), hasta que cerca de las 18.30, algunos cánticos seguidos por aplausos le dieron pie al himno nacional, que fue entonado por los concurrentes. Fue uno de los momentos más emocionantes de la tarde, con militantes, fundamentalmente los nucleados en torno al monumento a la Libertad, que cantaban el himno con lágrimas en los ojos y el puño en alto con el “tiranos temblad”.
Luego de eso, la gran mayoría de las figuras del Frente Amplio se retiraron y el sentimiento que reinaba entre la gente era el ¿y ahora qué? Estaba planteado concentrarse y cantar el himno, pero después nadie sabía de qué iba la propuesta. Por eso cada vez que había algún grupo de aplausos, un griterío, o un ruido fuera de lo común, la gente estiraba el cuello para ver de qué se trataba eso, con la esperanza de que fuera la próxima etapa de la concentración. En un momento se escucharon muchos aplausos, que festejaban una representación. Una persona disfrazada de granadero y con un cartel que decía “SCJ” agredía y tenía inmovilizada a una persona con los ojos tapados por una venda que decía “Frente Amplio”, las manos atadas y la boca tapada con un bozal con el logo del PIT-CNT.

Otras voces

Durante la jornada, algunos dirigentes dieron sus impresiones. Lorier declaró que en la convocatoria “hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados, desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia en nuestro país”.
El senador Rubio, en tanto, planteó que “hay separación de poderes pero no repúblicas aparte” y consultado sobre las críticas de la oposición ante la posibilidad de que el acto de ayer atentara contra la Constitución, se preguntó: “¿Qué hacían en abril del 2008 en la puerta de la SCJ [Jorge]Larrañaga, [Luis Hierro] López, [Aldo] Lamorte, [Pablo] Mieres, realizando un acto?”, en referencia al pedido de declarar la inconstitucionalidad del IRPF.
Pero también hubo otras opiniones. Los militantes, muchos de ellos víctimas de los crímenes que el fallo de la Corte mandó cerrar, empezaron a juntarse en grupitos y resultaba más interesante escuchar las conversaciones de esos militantes anónimos que la de los líderes políticos. En un grupo de mujeres que habían sido detenidas y torturadas en la dictadura cívico-militar, se criticaba a Eleuterio Fernández Huidobro y su expresión de “pacto de guerreros”. Una señora, con una mezcla de rabia y decepción en su expresión, decía que “Huidobro si quiere perdonar a los milicos por una cuestión de guerreros que lo haga, pero que no pretenda que todos lo hagamos. Menos nosotros, que fuimos la verdadera carne de cañón de la dictadura, a quienes nos molían en los cuarteles y las cárceles”. Un par de veteranos tenían “rabia” por “lo respetuoso que es el uruguayo”. “Acá están los legisladores que no hicieron nada por anular esta ley, y nadie les dice nada”, vociferaba. Otro grupo hablaba sobre lo tranquila que había estado la concentración. Una señora bajita esperaba que “viniera alguien a decirle que se trataba de una broma”, y señalaba que la decisión de la Corte había generado que “la rabia del viernes” se transformara ayer “en una mezcla de confusión y de ganas de despertar de un mal sueño”.
Las consignas de las pancartas y carteles mostraban otras sensaciones. Uno firmado por la asociación de ex presos políticos Crysol hacía hincapié en uno de los nudos más polémicos de la sentencia de la Corte: “La tortura es crimen de lesa humanidad”. Otro volvía a criticar la actuación de dos figuras del gobierno: “Semproni, Huidobro, vayan a los cuarteles que son su guarida”. Una señora mayor repartía volantes denunciando a los ministros de la Corte, a los ex presidentes Lacalle y Sanguinetti, a Pedro Bordaberry, Huidobro y Gonzalo Fernández como cómplices de la impunidad, y de su cuello, un cartel colgante rezaba: “Helios Sarthou presente”. Uno del Partido Comunista manifestaba su solidaridad con la jueza Mota y otro escrito con un marcador rojo decía que el Sindicato de Pancheros también estaba en contra de la impunidad.
Diego Recoba

 Infaltable

Ministerio del Interior fichando gente



EL VOTO COMPLICE.


Hugo Bruschi
 
 Se acerca una de las fechas más significativas para el mundo cristiano. Millones de seguidores en todo el mundo, se lanzarán a las calles o eligirán el recogimiento espiritual. No faltarán seguramente aquellos quienes tal auto-didactas del sufrimiento, se flagelarán para experementar en carne propia, los martirios del condenado.
Se estará recordando con dolor uno de los actos MAS DEMOCRÁTICOS que recuerda la historia de la humanidad.Democracia directa ejercida en la plaza pública, por masas ignorantes -cuando no temerosas de represalias-que tuvieron la oportunidad de salvar la vida de Jesus, pero optaron por salvar la de Barrabás, un delincuente común. Masas enardecidas que tal vez jamás escucharon la predica que el mártir ejercía entre los desamparados, los más débiles a quienes sentía como sus hermanos. Masas que hostigaron al condenado durante su largo camino a una muerte lenta, clavado en una cruz. Siglos más tarde, en otro acto de fé democrática, el pueblo alemán concurrió a las urnas y le otorgó el triunfo a Hitler. Voluntad ésta de un pueblo que hasta el día de hoy, está pagando esta verguenza histórica que costó la vida de millones de personas. En estos días y en un país llamado Uruguay, miles y miles de personas se largan a las calles al reclamo de verdad y justicia, en rechazo a la impunidad instalada en la sociedad, que impide que los más aberrantes crímenes perpetrados por quienes en algún momento se sintieron dioses omnipotentes, no puedan ser juzgados como corresponde en una sociedad moderna y civilizada.
La barbarie nazi nos deja por lo menos la tranquilidad de saber, que aquellos genocidas en su gran mayoría fueron juzgados y condenados en Nuremberg. En cambio en el Uruguay y tal cual siglos antes lo hizo el Imperio Romano, le dieron a un pueblo desinformado y atemorizado, la oportunidad de rechazar una ley destinada a omitir un genocidio y presentarlo como consecuencias naturales de una guerra que no existió cuando se cometieron estos crímenes de lesa humanidad. El pueblo fue conminado a plebiscitar el dolor ajeno y más grave aún, el sagrado derecho a la vida.
A partir de ahora se podrá volver a torturar, secuestrar, robar y desaparecer para siempre a las personas, pues quien cometa estas aberraciones que avergüenzan al ser humano, saben de antemano que permanecerán impunes.
Entonces uno se pregunta si podemos confiar consultas de esta naturaleza, cuando los convocados carecen de la información necesaria y desconocen además sus propios derechos. Podremos dar por válidas consultas en donde la gente es intimada a la ignominia por miedo a las consecuencias?

Podremos confiar de ahora en más en representantes que alcanzan posiciones en los organismos de decisión, levantando banderas sentidas por el pueblo, para luego darles la espalda??

Estoy convencido que tendremos algún día no muy lejano, sentarnos a reconsiderar que tipo de democracia nos han impuesto y como encontrar los caminos que  terminen con los sucedáneos y nos conduzcan al original. En donde el sistema no me haga cómplice de encubrimiento por delitos de lesa humanidad, que aún permanecen impunes porque yo no fuí capaz de decir: EN MI NOMBRE NO !!


De Braulio Garin.
Bueno, para muchos "se cerrò un capìtulo del revanchismo" en Uruguay, satisfechos... a disfrutar de los "buenos vecinos" entonces...





El problema de fondo

Por blog Noticias Uruguayas


El problema de fondo son las FFAA asesinas, criminales de lesa humanidad, inútiles para los ciudadanos, casta parasita al servicio de la oligarquía para cuando esta las convoque a masacrar a su propio pueblo a cambio de libre robo y saqueo E IMPUNIDAD. Las FFAA deben de ser eliminadas si se quiere solucionar el problema de fondo. Antes de eso los identificados criminales, secuestradores, asesinos, ladrones de bebés, torturadores, violadores y ladrones deben de ser juzgados y penados de acuerdo a todos los principios vigentes internacionalmente sobre crímenes de lesa humanidad. Y para eso el Frente Amplio debe de votar en el Parlamento la ELIMINACIÓN DE LA IMPUNIDAD, entre otras cosas porque 
la ley de Caducidad es ilegal en los marcos del derecho internacional.


El Observador - 25.02.2013 

Topolansky: “El problema de fondo es la ley mal parida de Caducidad” 
La senadora manifestó que la negativa de los ministros de la Suprema Corte a asistir al Parlamento es “inaceptable”. “Si los tres poderes del Estados están enfrentados, el país se tranca”, puntualizó 

La senadora Lucía Topolansky se refirió este lunes a la crisis institucional que existe entre los tres poderes del Estado y manifestó que estos “deben permanecer en equilibrio”. “Si los tres poderes del Estado están enfrentados entre sí, el país se tranca”, señaló en referencia a las críticas que desde la oposición caen sobre el Frente Amplio, a quien acusa de violar la separación de poderes y presionar a la Justicia.

“Acá el problema de fondo es que esto nace de una ley mal parida: la ley de Caducidad. Esa sí es inconstitucional porque restablece la pretensión punitiva del Estado”, expresó Topolansky. “Acá lo esencial es: ¿Hubo o no dictadura? Hubo. ¿Hubo muertos o no? Los hubo y alguien los hizo. Entonces cuando se estaba en un prolijo proceso para dilucidar y dar tranquilidad a las familias y al país en materia internacional” sale este fallo de la Suprema Corte.

En referencia a la negativa de los ministros de la Corte a comparecer en el Parlamento para explicar el traslado de la jueza penal Mariana Mota a la órbita de la justicia civil, Topolansky señaló que “la respuesta es inaceptable: como ya fui al Senado, no voy a diputados”. “Imagínese que lo que pasaría si fuera el ministro de Industria el que dijera eso”, apuntó.

En la nota que los ministros de la Suprema Corte enviaron al Parlamento declinando la invitación, señalan que “recientemente” la corporación asistió a la Cámara Alta para explicar “detalladamente los criterios” de designación de jueces.
En referencia a ello, la senadora manifestó que la justicia uruguaya “tiene un sistema bastante obsoleto”, que solo tiene un tribunal suprema. “En otros países hay varios”, agregó. Aclaró que si bien el Frente Amplio busca una reforma de la Constitución, el motivo no es reformar el sistema judicial.
Por otro lado, la senadora negó que la marcha que el Frente Amplio, el PIT-CNT y organizaciones sociales convocan para este lunes de tarde constituya un atentado contra la Constitución como señaló el diputado nacionalista, José Carlos Cardoso.

“Cuando escuché a Cardoso, llamé a un jurista amigo, (Alberto) Breccia (exsecretario de la Presidencia) y me dio que era un disparate. (…) Lo que es evidente es que hay dos bibliotecas y nosotros vamos a decir lo que pensamos”, advirtió.

Este lunes el directorio del Partido Nacional se reúne para analizar la situación
generada en torno a la Justicia y la marcha de este lunes.




Marenales definió al MPP como un "gigante idiota", tan idiota parece ser que hasta lo ha manejado Huidobro que se fué del MPP y formó su "club de admiradores" conocido como CAP-L. Si fuera como dice este ex-MPP Huidobro tiene hoy en día DOS CAP-L. Pero lo peor es que el MPP tendría entonces la línea y los métodos de Huidobro. Lo que significa que el "gigante idiota" está moribundo.


El MPP "terminó siendo manejado" por " afines a la línea de Huidobro" 










El diputado Álvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dejará su banca antes del 1° de abril, según aseguró en diálogo con radio Rural. "Voy a dejar la banca. Los cargos no son fundamentales para hacer política", agregó.
La dirección nacional del MPP desafilió el sábado al diputado por Florida, Álvaro Vega e indicó que quiere que el legislador entregue su banca al sector. Vega viene marcando distancia de la conducción política del sector que lideran la senadora Lucía Topolansky y el ministro Eduardo Bonomi e integra el presidente José Mujica.
Ayer domingo, dijo que nadie del MPP le comunicó la decisión. Según indicó a EL PAÍS, "todo ha sido por versiones de prensa, parece que lo importante es decir las cosas, no hacerlas".
Hoy, durante la entrevista realizada en Radio País, Vega aseguró que lo "echaron" porque dialogó "en un diario que a ellos no les gusta, al menso eso fue lo que me dijeron", aclaró.
"El MPP venía flechándose y terminó siendo manejado por algunos compañeros afines a la línea de Huidobro", comentó el diputado quien aseguró además que "todos los grandes liderazgos de este país, se han hecho mil pedacitos, se terminan perdiendo las instancias de diálogo".
Según agregó, "hay un montón de compañeros que coinciden" con él en esa postura.
En referencia a la posibilidad de un juicio político a la Suprema Corte de Justicia que planteó el MPP por las decisiones adoptadas en las últimas horas, Vega indicó que "los juicios políticos se realizan por delitos" y, aclaró, "yo no veo que la SCJ haya cometido nada de eso".
"No estoy de acuerdo con los fallos pero no hay delito", subrayó el diputado.
AGAZZI. En diálogo con radio Universal, el senador del MPP, Ernesto Agazzi, aseguró que "Vega está de acuerdo con el tema de devolver la banca" y que fue él mismo quien se "autoexcluyó" del sector político por las "declaraciones que hizo".
Días atrás, Vega aseguró a EL PAÍS que se sentía "defraudado" por su grupo político . "Pensé que habían algunas cosas que no pasarían en el MPP, como por ejemplo usar los viajes en forma equivocada o en forma desmedida sin ningún criterio. Esperaba que se condenara este tipo de cosas".
Vega dijo que al contrario a lo que se podía pensar antes de ser gobierno, cuando llegaron a la Presidencia se vio "cualquier cosa, menos austeridad".
CORTOCIRCUITO. Las discrepancias entre Vega y el MPP no son nuevas. El legislador mantenía una posición crítica respecto a la gestión del gobierno en varios temas relacionados con la salud y la educación. A fines del 2012, Vega mantuvo en una sesión de Cámara una fuerte discusión con el diputado Alejandro Sánchez, quien era en ese momento coordinador del MPP.
Se estaba terminado de votar el proyecto de microfinanzas del Banco República (el 14 de noviembre de 2012) cuando se escuchó: "No me rompas más los huevos", eso fue lo que le dijo Sánchez a Vega al final de la sesión. De inmediato, Vega se retiró de sala.
La discusión se generó a causa de un planteo de Vega, quien pidió a Sánchez que coordinara la votación de temas importantes "a primera hora", en lugar de poner en los primeros puntos del orden del día las designaciones de nombres de liceos y escuelas. Sánchez se molestó con la posición adoptada por Vega y le dijo que estaba "de personaje".
"Estás agrandado", le respondió Vega al final.
El País Digital


El MPP hace agua



En vez de debates, libre expresión de las opiniones y búsqueda de la unidad, el MPP va derivando más y más hacia prácticas verticalistas, intolerantes y burocráticas al estilo del VERDADERO IDEÓLOGO del MPP, el Presidente Mujica que ha enfrentado las diferencias en el seno del gobierno con: "el que quiera romper con el gobierno que se vaya" o "a mí me voto la gente" mostrando el carácter monolitista y verticalista de una concepción INTOLERANTE que solo es tolerante con la derecha y el imperio. El MPP es una organización PREPOTENTE en el seno del pueblo y en el movimiento popular, pretende IMPONER no convencer y todo basado en qué fueron los que tuvieron más votos. Los tuvieron porque lo que dijeron que iban a hacer si conseguían esos votos NO SOLO QUE NO LO HAN HECHO sino qué HAN HECHO LO CONTRARIO. 

MPP sanciona a diputados; Vega entregará banca

Expulsaron a Vega y pasaron a tribunal de conducta a Pérez
La dirección nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) desafilió el sábado al diputado por Florida, Álvaro Vega y pasó al tribunal de conducta política al representante por Canelones, Esteban Pérez. El MPP quiere que ambos legisladores entreguen sus bancas al sector. Ambos legisladores vienen marcando distancia de la conducción política del sector que lideran la senadora Lucía Topolansky y el ministro Eduardo Bonomi e integra el presidente José Mujica.
Vega dijo ayer domingo que nadie del MPP le comunicó la decisión. "Todo ha sido por versiones de prensa, parece que lo importante es decir las cosas, no hacerlas", afirmó a El País en Florida.
Agregó que no hará nada para tomar conocimiento de la decisión del sector mayoritario del Frente Amplio. "No tengo obligación de nada, supongo que se van a comunicar conmigo", afirmó. Adelantó que "obviamente" entregará la banca al MPP. "De hecho yo me considero fuera, ellos me resuelven el problema", sostuvo
Para Vega "el detonante" de su alejamiento del MPP "es que hay gente que quiere cargos, que decir lo que uno ve es un pecado y hacerlo no". "Yo duermo tranquilo y estoy seguro que lo que hice es lo que tenía que hacer", agregó. Dijo que piensa seguir en política. "Soy frenteamplista y seguiré como independiente, porque los cargos no son lo fundamental"
El diputado por Canelones Esteban Pérez denunció en reiteradas ocasiones la situación de los soldados uruguayos que se desempeñan en las misiones de paz en el exterior, en particular denunció varios casos de "corruptelas" ocasionadas en la Armada en Haití.
Pérez votó en contra de que se extendiera el plazo para la presencia de efectivos uruguayos en Haití.
El País Digital



Los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben


El 14 de julio de 1976 en plena dictadura de Pinochet el aparato represivo de la DINA secuestra, tortura y asesina a un funcionario español de Naciones Unidas. Hoy, el gobierno neofascista de Rajoy le pide a Chile la extradicción de seis de los asesinos. En 1976 estaba la dictadura de Pinochet en Chile. Por lo tanto CHILE NO HABÍA FIRMADO NINGUNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL, lo que significaba (al decir de la SCJ uruguaya) que para Chile el secuestro, la tortura y el asesinato por motivos políticos NO ERAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD sino "comunes" tal como lo define hoy en día la camarilla ANTI JUSTICIA DE LA SCJ. Por lo tanto hay que deducir que el Gobierno de Rajoy actúa contra los principios de la Justicia, o, qué la SCJ uruguaya ESTÁ FALSIFICANDO Y MINTIENDO Y SE ESTÁ PONIENDO AL MARGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL. Ni siquiera para el represivo gobierno de derecha español estos son delitos "comunes" que prescribieron. Al contrario, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben aunque hayan sucedido hace 37 años atrás. Un ejemplo actual de la estafa jurídica de la SCJ y del conjunto de la derecha uruguaya.


España pide a Chile la extradición de agentes acusados de asesinar a Carmelo Soria en 1976

Lunes, 25 de Febrero de 2013 06:54 Agencias/Clarín

 gallardon_a

 Madrid.- El Consejo de Ministros aprobó el viernes la solicitud de extradición a Chile de seis ex agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) acusados de secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976, informa Europa Press.

La petición de entrega, propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se refiere a los agentes que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar del Gobierno chileno y están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.

Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres, José Remigio Ríos San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de dicha organización, según ha informado el Ministerio de Justicia.

A los reclamados se les acusa de participar en el "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores" al régimen militar, emprendido por la dictadura chilena durante el año 1976. En concreto, serían los presuntos responsables de la muerte del diplomático Carmelo Soria, cuyo cadáver fue arrojado a un canal, simulando un accidente con su propio coche.

Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel.

Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.

Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.

Ante esta circunstancia, la Audiencia Nacional ha solicitado su busca y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado. El juez Ruz procesó el pasado año a los siete miembros del servicio secreto chileno.

CRÍMENES CONTRA OPOSITORES DE LA DICTADURA ARGENTINA

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha acordado continuar el procedimiento de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa, acusados de un delito de asociación ilícita por su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante la dictadura militar.

Arenaza y Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y argentina, formaron parte de esta organización que actuó entre 1975 y 1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina) encargándose de ejecutar delitos contra los opositores al régimen. Se le atribuyen asesinatos, secuestros, robos violentos, falsificaciones de matrículas de vehículos o documentos públicos, así como coacciones e intimidaciones.

La CNU fue un grupo ligado a las Juventudes Peronistas, operando como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos estudiantiles.

Las autoridades argentinas sujetaron su petición de extradición en que podrían ser autores de crímenes de lesa humanidad, no sujetos, por lo tanto, a prescripción, por lo cual solicitaron su captura internacional. La Audiencia Nacional decretó su libertad provisional tras ser detenidos el pasado mes de enero.


Haití: juicio por crímenes de lesa humanidad


Como se comprenderá TAMPOCO LA DICTADURA DE LOS DUVALIER EN HAITÍ había firmado ninguna convención internacional relativa a crímenes de lesa humanidad, ni tampoco aceptado ni legislado al respecto. A diferencia del fallo de la SCJ uruguaya ni siquiera en Haití estos crímenes prescriben aún cuando no habían sido aceptados en la legislación haitiana. No prescriben y tienen valor universal. Los crímenes datan de hace 42 años atrás cuando comenzó su gobierno en 1971. La SCJ está mintiendo o acredita tal ignorancia jurídica que DEBE RENUNCIAR, IRSE, Y NO SEGUIR COBIJANDO ASESINOS.
.

Duvalier responderá ante el juez por crímenes contra la humanidad

El expresidente de Haití enfrentará acusaciones de crímenes de lesa humanidad y malversación de fondos públicos

El País es Miami  22 FEB 2013 - 00:58 CET
Jean-Claude Duvalier, en Puerto Príncipe en 2011. / AFP
Un tribunal de Haití ha ordenado este jueves que el expresidente Jean-Claude Duvalier se presente sin falta la semana próxima ante la justicia, para responder a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y malversación cometidos entre 1971 y 1986, durante su gobierno. Jean-Claude, alias Baby Doc, heredó el poder a los 19 años tras la muerte de su padre, Francois Duvalier, quien se declaró presidente vitalicio de la isla y ya conducía una férrea dictadura desde 1957. Durante el régimen de los Duvalier, miles de haitianos fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron torturas a manos de las milicias oficialistas, los temidos tonton-macoutes, y se estima que solo durante el periodo de Baby Doc fueron desviados cientos de millones de dólares de fondos públicos.
“Hay razones para que la Corte declare que la presencia de Jean-Claude Duvalier es imperativa. Por tanto, conviene que sea ha traído aquí, a comparecer ante el tribunal”, ha dicho el juez Jean-Joseph Lebrun, en nombre del tribunal de apelaciones reunido este jueves en Puerto Príncipe, según ha informado AFP.
Jean-Claude Duvalier había sido convocado por tercera vez a una audiencia este jueves para que respondiera a las denuncias en su contra; pero tal como lo hizo en las dos oportunidades anteriores, no asistió. En su ausencia, el tribunal rechazó la decisión adoptada en febrero de 2012 por un juzgado de primera instancia, de procesar a Duvalier solo por malversación de fondos, y ordenó que se presentara ante la corte para responder también por violaciones a los derechos humanos. “Sí, vamos a traerlo. Haremos respetar la decisión de la corte”, respondieron sus abogados defensores.
Jean-Claude Duvalier fue derrocado en 1986 y tras 25 años de exilio en Francia, volvió a Puerto Príncipe en enero de 2011. En febrero de 2012, un juez decidió que no sería juzgado por ordenar la desaparición, tortura y asesinato de miles de sus conciudadanos, sino que únicamente enfrentaría cargos por el desvío de fondos públicos durante su mandato que, se calcula, oscila entre 300 y 800 millones de dólares. En aquella oportunidad, el juez argumentó que estas denuncias habían prescrito, de acuerdo a las leyes haitianas.
Hoy decenas de víctimas del duvalierismo y representantes de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales celebraron en los tribunales la decisión. “Es una victoria para los grupos de víctimas”, escribió la enviada especial de Humans Right Watch a Puerto Príncipe, Beatrice Vaugrante, en su cuenta de Twitter, tan pronto culminó la audiencia. “Si nosotros no nos movilizamos, las víctimas del régimen, no obtendrán justicia”, declararon más temprano activistas del Movimiento Democrático Popular (MODEP) y de la Unión de los Pequeños Campesinos a EFE.
Horas antes de que comenzara la audiencia, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, había exhortado a las autoridades haitianas a que se hiciera justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de los Duvalier. “Tales violaciones sistemáticas de los derechos humanos no deben permanecer impunes. Todos los haitianos que las sufrieron tiene el derecho a que se haga justicia. Insto a las autoridades a cumplir sus responsabilidades”, dijo Pillay desde Ginebra. Algunos observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también acudieron este jueves a la sesión del tribunal, calificada como una prueba de fuego para el sistema de judicial de Haití.