Miguel Langón, teniente general retirado Emilio Nani y mayor retirado Enrique Mangini.
29 de agosto 2014
Los discursos e insultos
contra jueces uruguayos, el FA y la ONU de parte de dos coroneles del
Foro Libertad y Concordia y del ex fiscal Langón. Sudestada se metió en
la cumbre pro militar de Buenos Aires.
Pablo Waisberg / Especial para Sudestada
Los incas creían que el cóndor era un ave inmortal, que en los
estertores de la muerte se dejaba caer desde los riscos más altos para
renacer. Esta ave carroñera, emblema americano, fue utilizada como
símbolo de unas de las más carniceras operaciones de represión
coordinada por las dictaduras de América del Sur en las décadas de 1970 y
1980.
Con diligencia o demora –tal el caso uruguayo– los miembros de la
Operación Cóndor están siendo juzgados y encarcelados en varios países, y
la coordinación de los militares y civiles nostálgicos vuelve a
sobrevolar la región, bajo el lema de “salvar” a los “camaradas” que han
caído o corren riesgo de terminar enjaulados.
La delegación uruguaya de militares retirados y abogados de represores
llegó al Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la
Libertad con objetivos claros: avanzar en el armado de una coordinación
regional, asegurar la “solidaridad con los camaradas enjuiciados y
presos” y disputar una batalla cultural para desmontar “el relato” sobre
el terrorismo de Estado. Pero, por sobre todas las cosas, redoblar los
esfuerzos para lograr una
“amnistía pacificadora”,
suspicaz forma de plantear su lucha a favor de quienes se encuentran
encarcelados o indagados por crímenes contra la humanidad.
Sus necesidades coincidieron, como si se tratara de un sofisticado
mecanismo de relojería, con los planteos de los representantes de Chile,
Colombia, Venezuela y Perú. Y, sobre todo, con las preocupaciones de
los anfitriones de Argentina, donde se produjo el mayor avance en
términos de enjuiciamiento y castigo a criminales de lesa humanidad de
la última dictadura militar (1976 -1983).
“El sentido de este encuentro es lograr una cooperación que no sea circunstancial sino estable”,
subrayó el abogado y ex colaborador de la represión militar argentina,
Alberto Solanet, al abrir el encuentro que se desarrolló entre el 19 y
el 20 de agosto en el Hotel Meliá de Buenos Aires, cuyos dueños
mantienen estrecha relación con el ex presidente derechista español José
María Aznar, opositor acérrimo a que se investiguen los crímenes del
franquismo.
Solanet es el presidente de la
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de Argentina,
organización que impulsó y actuó como anfitriona del evento regional.
Esa condición no es casual: 1.600 integrantes de las Fuerzas Armadas, de
seguridad y civiles argentinos están procesados o condenados, según los
datos que esa organización desplegó durante el foro.
El abogado derechista basó su anhelo de coordinación permanente en lo que describió como un escenario afectado por
“la más refinada estrategia gramsciana”. Y para describir el proceso que, según él, llevó a tan adversa situación, citó al filósofo marxista:
“Habrá
que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de
la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las
parroquias. Como la larga marcha de Mao, pero no a través de las
montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser
preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando
pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos”
Dos militares nostálgicos y un abogado de la represión uruguaya
En las primeras filas se sentaron los invitados de los países de la
región. Entre ellos, los coroneles retirados José Carlos Araújo y Elmar
Castiglioni, y el ex fiscal penal y hoy abogado de represores Miguel
Langón, todos integrantes del Foro Libertad y Concordia de Uruguay, una
organización que busca defender a los violadores de los derechos humanos
presos o denunciados por crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado.
Araújo es un oficial de Estado Mayor, docente del Instituto de Historia y
Cultura Militar del Uruguay “Cnel. Rolando Laguarda Trias”, y autor en
2010 de una sugestiva
carta de convocatoria a la lucha y organización de los militares, distribuida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA).
“Misión:
Luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y
alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares,
policías y civiles. Maniobra general y propósito: Formar opinión
pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio
por medios legales”, redactó.
Castiglioni fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y
jefe la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su
momento tildó de
“insignificantes” las cifras de muertos
a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Es sobrino de uno de
los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de
Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, hoy fallecido.
Langón es el defensor del general Miguel Dalmao, condenado a 28 años de
penitenciaría por el homicidio de la militante comunista Nibia
Sabalsagaray; del coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el
asesinato del estudiante y militante comunista Ramón Peré; y del
miembro del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofía, prófugo de la justicia
desde 2009, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por la
desaparición forzada del joven vinculado al Movimiento de Liberación
Nacional (MLN), Héctor Castagnetto.
Un poco más atrás, en el salón que logró reunir unas 200 personas, se
ubicaron el ex jefe de la SIDE (el servicio de inteligencia argentino)
Juan Bautista “Tata" Yofre, y el teniente coronel retirado Emilio
Guillermo Nani, quien se hizo famoso en 1989 cuando militantes del
Movimiento Todos por la Patria (MTP) coparon el cuartel de La Tablada
para iniciar una insurrección. Para enfrentar el levantamiento Nani
ingresó al regimiento pistola en mano; fue baleado y perdió el ojo
derecho, donde ahora lleva un parche negro.
Los únicos que no pudieron llegar fueron los representantes de Bolivia.
“No les dieron permiso”, ironizaron los organizadores al responsabilizar al gobierno de Evo Morales.
Los procesos en América Latina
Una vez concluidos los gobiernos represivos de las décadas de 1970 y
1980 en los países de la región, con más o menos demora, comenzaron los
juicios por violaciones a los derechos humanos bajo el terrorismo de
Estado.
En Uruguay, tras decenas de años de impunidad a la sombra de la ley de
Caducidad, hoy existen unas 300 causas en marcha, aunque apenas un
puñado de militares ha sido condenado por sus crímenes; y se asiste a un
prolongado letargo en las decisiones judiciales que sancionan a los
responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
La realidad uruguaya matiza con la Argentina, donde sí es jurisprudencia
firme que los cometidos bajo el terrorismo de Estado son crímenes de
lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Del otro lado del río, no
sólo se ha determinado la responsabilidad de militares sino de cómplices
civiles que participaron de la dictadura y fueron funcionarios, jueces o
gobernantes del aparato represivo que usurpó el poder.
Varios de ellos terminaron condenados. Y, además, se comenzó a analizar
el rol de distintas empresas en crímenes de lesa humanidad que
padecieron sus trabajadores y representantes sindicales: la cementera
Loma Negra, la azucarera Ingenio Ledesma, el diario La Nueva Provincia o
la automotriz Ford, entre otras.
El avance no es tal en Chile, cuya justicia igualmente ha procesado a
mayor cantidad de represores que Uruguay. La situación es distinta en
Perú y Colombia. Allí los procesos judiciales tienen que ver con la
actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante conflictos
armados que no se produjeron necesariamente durante dictaduras. Se trata
de violaciones de derechos de militantes políticos, en muchos casos de
organizaciones armadas, durante el combate a distintas organizaciones
guerrilleras. Y en Venezuela las críticas tienen que ver con el proyecto
político que lideró Hugo Chávez y que tras su fallecimiento continúa el
presidente Nicolás Maduro.
¿Frente Amplio? “Travestidos” que gobiernan con “esquizofrenia”
El primer uruguayo en hablar durante el encuentro fue el coronel
retirado Araújo, quien trazó el escenario que enfrentan los represores
orientales arremetiendo contra el gobierno:
“Hace diez años que
gobierna el Frente Amplio, que es una coalición de los viejos partidos
de origen marxista. Están reciclados o travestidos en una mescolanza que
se define progresista que gobernó desde la paradoja y la esquizofrenia.
Olvidó algunas consignas como la reforma agraria pero falsea la
historia”, espetó el militar.
Y añadió:
“Tienen relación con George Soros para financiar la
campaña de liberalización de la droga y tienen una línea de captación de
capital extranjero”. Se quejó de la desigualdad en el reparto de la riqueza, del gasto del Estado y del
“asistencialismo, proselitismo, corrupción y pago de deuda externa”.
Sobre el final, cuestionó
“la tibieza de los liberales de derechas”, dijo que existe un
“clima intelectual de la época, que fragmenta la sociedad y la persona, y que instaló el relativismo”, y se lamentó de que en Uruguay exista la
“separación de la Iglesia del Estado”.
En ese mismo panel estaba el militar retirado y abogado chileno Adolfo
Paúl Latorre, una de las estrellas del evento, pues su ensayo “Proceso
contra militares, ¿un problema sin solución?”, publicado en octubre de
2012, resultó central para esta “cumbre” que brega por coordinar –quizás
con ciertas añoranzas de lo que fuera el Plan Cóndor– los pasos en
defensa de los represores, de los que están presos y de los que corren
peligro de terminar tras las rejas.
Así, Paul Latorre acusó a los
“jueces prevaricadores” y reclamó una
“amnistía” para los militares que –según dijo– habían
“salvado a la Patria”.
La nota distinta de ese tramo –en tanto esperanza para la estrategia de
los represores ante la justicia– la dio el vicealmirante retirado Luis
Giampietri Rojas, ex vicepresidente peruano durante el segundo mandato
de Alan García (2006 - 2011), ex jefe del Estado Mayor General de la
Marina en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y acusado de
crímenes de lesa humanidad desde hace casi tres décadas.
Giampietri ha estado encarcelado y condenado por varias causas, pero la
lucha en los tribunales le ha dado sus frutos, hasta en uno de los
juicios que afronta por su responsabilidad como jefe de la Fuerza de
Operaciones Especiales en la masacre del penal El Frontón –18 y 19 de
junio de 1986–, hace 28 años, donde hubo unas 118 ejecuciones
extrajudiciales (fusilamientos, acuchillamientos) de los presos
políticos amotinados.
“Logramos que un tribunal
constitucional defina que los delitos cometidos contra subversivos no
sean de lesa humanidad. Pero la prescripción se extendió de 20 a 30
años”, explicó el represor.
“Poner palabras en hechos” para ejercer el “control social”
En el panel sobre “Defensa Nacional y la función de las Fuerzas
Armadas”, participó el coronel retirado Castiglioni. Pero su eje no
estuvo puesto en ese título sino que hizo un llamado urgente a disputar
“el relato” sobre lo ocurrido durante las décadas de 1960 y 1970, a
sostener un movimiento solidario en torno a “los camaradas presos”, y
pidió “mantener la coordinación” entre los países de la región.
“Estamos
haciendo una defensa específica de los camaradas que sufren esta guerra
altamente ideologizada que se libra en la política y que hace 40 años
se libraba de otra manera”, se lamentó al abrir su exposición.
A su lado estaba el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot,
acusado de ser cómplice en el secuestro y asesinato de dos de sus
empleados.
Castiglioni sostuvo luego que
“desde la sociología nos dicen que
quien logre poner las palabras en hechos son los que ejercen el control
social. Nosotros dejamos que se constituyera el odio, dejamos que se
creyera que las Fuerzas Armadas no eran un motivo a defender, que se
creyera que nuestros camaradas actuaron desde la ilegalidad. Permitimos
que eso se constituyera así y ahora hay que frenarlo y revertirlo”, se entusiasmó.
Cuestionó los
“300 libros” uruguayos que recogen la
“victimización de quienes se alzaron en armas contra el régimen constitucional” y pidió, como lo hicieron casi todos los expositores, dejar de
“escarbar en las heridas” para avanzar hacia un proceso de
“pacificación”.
“Sostener el conflicto latente durante 40 años se transforma en una venganza política”, dijo al referirse a los juicios que se llevan adelante o que se intentan impulsar en los países de América del Sur.
Para finalizar, bromeó un poco (o quién sabe) con su condición:
“Como dice el dicho ‘el tiempo es tirano’ y siempre he respetado al tirano”, lanzó para despertar sonrisas cómplices de parte del auditorio. Luego su voz se quebró cuando apeló a tender
“una mano” a sus “camaradas en problemas”, es decir a aquellos presos por cometer homicidios y desapariciones forzadas.
“Cobardes operadores judiciales” y la “aberración” de la ONU
Casi sobre el cierre, en el “destacado” panel titulado “El orden
jurídico y sus manipulaciones”, le llegó el turno al ex fiscal Langón. A
su lado se veía al abogado Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de
Justicia de la última dictadura argentina, quien se despachó contra el
ex juez español Baltasar Garzón –hoy asesor del gobierno de Cristina
Fernández– por pretender investigar los crímenes del franquismo.
También se encontraba otro de sus colegas, Ricardo Saint Jean –hijo de
un gobernador que murió mientras se encontraba preso por sus crímenes
contra la humanidad– quien se definió como del grupo de los
“judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo del siglo XXI”.
Langón arremetió contra los que llamó
“cobardes operadores judiciales”. Dijo que en Uruguay
“se construyen las causas con la finalidad de lograr una condena” y afirmó que
“se
invierte la carga de la prueba, se viola el principio de inocencia, se
viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y existe
desproporción entre el delito y la pena”.
“El delito de desaparición forzada es una aberración que hizo Naciones Unidas, es un delito de sospecha”, se quejó el ex fiscal. Dicho esto, comparó los juicios por casos de lesa humanidad con los crímenes de la Iglesia Católica.
“Es
como el proceso de la Inquisición contra las brujas: si confiesan las
prenden fuego y si no también. Acá es lo mismo: o los condenan por
desaparición forzada o por homicidio”, enfatizó.
Langón convocó a
“utilizar los derechos como instrumentos político-ideológicos” para enfrentar el escenario desfavorable. Y aunque la cita suene paradójica, el abogado uruguayo convocó así al auditorio:
“Defendamos
los derechos humanos de nuestros procesados. Defendamos los derechos
humanos de todos usando las palabras de Bertolt Brecht: Primero se
llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después
se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me
importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero
tampoco me importó…”.
Resulta impensable que este catedrático de Derecho Penal haya olvidado
qué era lo que hacían los verdugos de las dictaduras latinoamericanas
contra comunistas, obreros, sindicalistas que luchaban por sus ideales.
La frase del maestro del teatro político –que algunos consideran
adaptada de las palabras de un pastor luterano alemán–, concluye
describiendo que al final, cuando fueron a buscar a este ser que tantas
veces le dio la espalda a los demás, ya era
“demasiado tarde”, pues nadie quedaba para protestar en su defensa.
Langón, el gran asesor jurídico del Foro Libertad y Concordia, pretende
que eso no suceda, aunque su pellejo –el de un hombre que jamás corrió
por comunistas ni obreros reprimidos en dictadura– no parece estar en
juego en estos tiempos de democracia.
.
29 de agosto 2014
Fue
una jornada muy buena. El hecho de que otra vez la CGT de Moyano y la
de Barrionuevo, es decir la dirigencia más tradicional del movimiento
obrero argentino, hayan vuelto a convocar a un paro nacional, muestran
por un lado el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, que
las condiciones laborales cada vez son peores. Y respecto al 10 de
abril, las cosas han empeorado mucho con el crecimiento de los despidos y
las suspensiones y porque el costo de vida es cada vez más alto.
Debimos tener mayor continuidad, no hacer otro paro después de 4 meses,
sino más cerca del anterior.
Marcha por la reapertura de Urupanel
Varias veces eliminado. Quien me de por muerto le erra...
