jueves, 26 de febrero de 2015

El otro yo del Dr Merengue



Los temores de Mujica









...y sale comentando le "convendría" Capriles...


Estados Unidos acelera el golpe en Venezuela


El plan golpista denominado Operación Jericó fue abortado por los órganos de seguridad bolivarianos los días 11 y 12 de febrero pasados. Entre los objetivos contemplados por el plan estaba el ataque o bombardeo al Palacio de Miraflores, el Ministerio de Defensa y Telesur. Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad y ya Estados Unidos ha tenido que sufrir varias veces importantes derrotas mediáticas, como en el golpe contra el presidente Hondureño Manuel Zelaya, gracias a las verdades difundidas por Telesur desde el terreno. Los principales implicados en la conspiración fueron detenidos, entre ellos militares retirados y en activo. Sus declaraciones y la investigación de los hechos condujeron días después al arresto y encausamiento de Manuel Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas.
Hace alrededor de un año también fue detenido Leopoldo López, quien poco antes había llamado desde Miami a “adelantar la salida del gobierno… y que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde de la Presidencia de Venezuela…como vamos a esperar seis años más…no podemos asumir una actitud propia de un sistema democrático”. López es el responsable del desencadenamiento en enero de 2015 de “La salida”, un plan desestabilizador que inició con protestas estudiantiles de universidades privadas y rápidamente tomó un cariz de extrema violencia, que costó la vida a 43 personas, entre ellas militantes chavistas y miembros de los cuerpos de seguridad. En las llamadas guarimbas(barricadas donde se utilizaba una violencia feroz contra simpatizantes chavistas, miembros de cuerpos de seguridad o simples transeúntes) intervinieron activamente mercenarios, incluyendo paramilitares colombianos, entre ellos francotiradores que con sus disparos ocasionaron varias muertes. En el caso de los graves disturbios en la ciudad de San Cristóbal fue fundamental la actuación de los paracos colombianos y de delincuentes pagados.
He visto en Caracas el indignado reclamo de miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas por que se haga justicia a los responsables de esos actos de violencia.
Ledezma, es el prototipo del político sin escrúpulos del viejo partido Acción Democrática. Como López, fue partícipe del derrotado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez de 2002, pero ambos se beneficiaron de la generosa amnistía del comandante. De modo que sus actividades golpistas los convierten en reincidentes.
Al igual que Atilio Borón, cabe preguntarse si estos personajes hubiesen corrido igual suerte en Estados Unidos de haber intentado allí el derrocamiento del gobierno(www.cubadebate.cu/opinion/2015/02/22/conspirar-en-estados-unidos).
En su Doctrina de Seguridad Nacional de febrero de este año dice el presidente Obama: “Nosotros apoyamos a ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos”. He aquí la explicación del extraordinario incremento de las acciones golpistas contra la Venezuela bolivariana, uno de los países más democráticos del mundo desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia.
El golpismo se intensificó sobre todo a partir de la elección del presidente Maduro en abril de 2013. Washington y las oligarquías decidieron a echar toda la carne al asador para destruir a la Revolución Bolivariana, aprovechando la muy sensible ausencia física de su líder histórico. Desde ese momento la violencia brota periódicamente con el telón de fondo de una colosal campaña mediática internacional de descrédito contra el gobierno bolivariano, aún mayor que la llevada a cabo desde la primera campaña electoral de Chávez(1998) hasta su deceso. Sus protagonistas principales son los principales diarios y televisoras de Estados Unidos y Europa, El País de Madrid y sus homólogos de la Sociedad Interamericana de Prensa, CNN en español, Televisa y sus iguales de la región.
¿Quién pagó y sigue pagando mercenarios por realizar acciones violentas en Venezuela?
La oposición venezolana detesta la democracia pero las instrucciones de Washington la llevan a transitar descaradamente de reiterados y –últimamente- constantes intentos de derrocar al gobierno bolivariano, al usufructo del “mejor sistema electoral del mundo” según la definición del ex presidente de Estados Unidos James. Carter. La oposición gobierna en unos cuantos estados, en numerosos municipios y tiene una importante, aunque minoritaria, representación en la Asamblea Nacional.
Parte importante de las acciones golpistas ha sido el desabastecimiento, provocado por los grandes empresarios que acaparan o contrabandean hacia Colombia los productos subsidiados de la canasta básica que compran con dólares vendidos a precio preferencial por el gobierno venezolano.
En la planificación del golpismo contra Venezuela participa activamente Estados Unidos y sus embajadas en Caracas y Bogotá. El gobierno bolivariano presentó un intercambio de correos electrónico entre el embajador yanqui en Colombia y la líder opositora María Corina Machado en que se evidencia un importante financiamiento enviado por aquel a esta para romper los “anillos de seguridad”, presuntamente del presidente Maduro y otros líderes revolucionarios.
Washington utiliza también a fundaciones como el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Nacional Republicano o solicita la colaboración de personajes de confianza como los ex presidentes Álvaro Uribe, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana o Felipe Calderón para encubrir su liderazgo golpista. Renglón aparte merecen los legisladores cubanoestadunidenses Ileana Ross_Lehtinen, Mario Díaz Balart, Marcos Rubio y Robert Menéndez, todos distinguidos militantes de la contrarrevolución en Venezuela.
El propósito de los planes golpistas, si no tuvieran éxito a corto plazo, es crear una situación de angustia y disgusto en el pueblo venezolano que propicie la pérdida de la mayoría parlamentaria por el chavismo en las elecciones de este año y así crear un clima de anarquía e ingobernabilidad al presidente Maduro. Están jugando con fuego y se les pueden quemar las manos.







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Desfondan Cerro Largo

Sergio Botana y la sueca de Tinelli

El intendente Saravia informó que dinero para reparar escuelas se gastó y no se hicieron las obras. Botana, a su vez, acusó a Saravia de aliarse con el FA para implementar una campaña de desprestigio. Saravia manifestó ayer su preocupación en poder abonar los $ 3 millones que la Intendencia adeuda por el retraso en el pago de las retenciones que se le aplican a los funcionarios municipales. Dijo que le llamó la atención que la administración Botana efectuara $ 19,9 millones en donaciones en 30 días, cuando “tengo deudas que tengo que pagar”. La tensión y las acusaciones mutuas crecen en Cerro Largo.

La rivalidad entre sectores del Partido Nacional en Cerro Largo se agudizó en las últimas horas tras el informe que presentó ante la Junta Departamental el intendente Pedro Saravia, que involucra a su exaliado y antecesor en el cargo Sergio Botana en un cúmulo de irregularidades que pueden terminar en la Justicia. El exintendente de Alianza Nacional reaccionó en las últimas horas y acusó a Saravia de aliarse con el Frente Amplio para comprometer su chance de reelección.
Además no descartó dirimir este pleito en los estrados judiciales. Desde el Frente Amplio, que tiene serias chances de ganar la Intendencia en mayo, se desmintió cualquier acuerdo con Saravia y se sindicó al exministro de Ganadería en la presidencia de Luis Lacalle (1990-1995) y exsecretario general del intendente Ambrosio Barreiro (2000-2005) como perteneciente “al ala más derechista del Partido Nacional” y sin puntos en común con el FA.
El intendente de Cerro Largo, Pedro Saravia manifestó ayer su preocupación en poder abonar los $ 3 millones que la Intendencia adeuda por el retraso en el pago de las retenciones que se le aplican a los funcionarios municipales. Dijo que le llamó la atención que la administración Botana efectuara $ 19,9 millones en donaciones en 30 días, cuando “tengo deudas que tengo que pagar”.
Por su parte, el exintendente y senador nacionalista, Sergio Botana, rechazó que la Intendencia no esté en condiciones de pagar los salarios y que está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el propio Saravia. Reconoció que de la cuenta donde se vertían los dineros para la construcción de viviendas se sacó para pagar las luces del estadio de Cerro Largo. No obstante, precisó que ese tema fue subsanado.
Ayer, el intendente de Cerro Largo, Pedro Saravia reiteró que el monto de las deudas que mantiene la Intendencia ronda los $ 100 millones y que lo prioritario es poder abonar los $ 3 millones correspondientes a los atrasos en los pagos de las distintas retenciones aplicadas a los funcionarios municipales.
Consideró que hasta el momento, con la información que posee, no habría mérito para dar cuenta a la Justicia Penal y advirtió que no pretende entrar en polémicas con su predecesor.
Botana, en cambio, aseguró ayer que está manejando la posibilidad de iniciar una demanda contra Saravia por sus declaraciones sobre la situación financiera de la Intendencia. Afirmó que se trata de una “jugada política” en su contra, en el que Saravia y el FA “se aliaron para ello”.
A partir del 9 de febrero, Saravia resolvió el cese de las compensaciones que perciben los funcionarios, a fin de asegurar el pago de los salarios que se estarían abonando el próximo lunes. Explicó en su pasaje por la Junta Departamental que se adoptaron medidas de reducción de gastos en salarios y para ello resolvió eliminar las “costosas” compensaciones que recibía el centenar de cargos de confianza y otros funcionarios en la Intendencia. Esto implicará un ahorro de unos $ 9 millones.
Solo los cargos de confianza recibían el 30% del rubro de retribuciones personales en una plantilla global de unos 1200 funcionarios.
El intendente Saravia compareció ante la Junta Departamental en una sesión que se extendió hasta la madrugada y que tuvo fuertes discusiones y agresiones verbales entre los propios ediles del Partido Nacional.
Ayer, el edil Hugo Saravia, que protagonizó este incidente, explicó que el intendente informó que en setiembre del año pasado la administración Botana recibió $ 1,5 millones a través de un convenio con la ANEP para la reparación de ocho escuelas rurales. “Pero el dinero se gastó y en las escuelas no se hizo nada. Una de ellas no tiene techo y estamos a una semana de comenzar las clases”, indicó el edil nacionalista.
La información que llegó a la Junta Departamental indica que de las 67 viviendas previstas, la Intendencia construyó un total de 11.
El actual intendente expresó ante los ediles que hubo desaparición de expedientes y de equipos informáticos lo que dificulta acceder a toda la información existente. Pedro Saravia indicó que al asumir el cargo se encontró con el 40% de la maquinaria operativa, y que en la caja tenía $ 1,7 millones, otros $ 1,4 millones en una cuenta del BROU y otros $ 8,6 millones para fines específicos.
Incluso, enfatizó que la administración tendrá que hacer frente en mayo del pago de un préstamo por US$ 3,9 millones al banco Scotiabank.
En su intervención en la Junta, el intendente informó que Botana en el mes de enero hizo donaciones por $ 9,9 millones, y en los primeros ocho días de febrero, otros $ 1,1 millones más.
Indicó que el déficit estimado para el período se ubicaría en unos $ 291 millones.
“Hubo clientelismo”
El coordinador de Bancada del FA, edil Dardo Pérez, manifestó ayer que no existe ninguna alianza con el intendente Saravia para perjudicar la figura del actual senador Botana. “Solamente un loco podría creer eso. El intendente Saravia pertenece al ala más derechista del Partido Nacional y no tiene nada en común con el FA”, explicó el curul.
Manifestó que rompe los ojos lo ocurrido con el rubro donaciones. Dijo que en enero y unos días de febrero se donaron $ 11 millones, pero en el mismo período la Intendencia destinó en la compra de combustible y asfalto unos $ 5 millones. “Esto demuestra que el descalabro es total, y que hubo clientelismo, beneficiando a sus referentes”, indicó.
Pérez señaló que entre el listado de donaciones figura una persona a la que le dio $ 160 mil el 15 de enero.
Mencionó los casos de recursos previstos para la caminería aportado por la OPP, en que solo tuvo un 4% de avance de obra. Dijo que se tenía que hacer siete kilómetros de caminería en Las Cañas con una financiación de $ 12 millones, pero los trabajos no comenzaron. “El 28 de febrero si no se terminan las obras, Cerro Largo pierde la plata”, indicó.
El edil del FA afirmó que Botana tenía unos 200 funcionarios que cobraban pero nunca iban a trabajar. Explicó que contrató a referentes locales con salarios de unos $ 25 mil pero no cumplían una función específica. Algunos de ellos cobraban además compensaciones y rendimientos, aseguró el curul.

 El intendente de Cerro Largo, Pedro Saravia presentó anoche ante la Junta Departamental información financiera-contable de la Intendencia, que muestra un creciente y millonario déficit acumulado y una “caja” empobrecida que no le permite al gobierno departamental cumplir con todas las obligaciones.


El exintendente Sergio Botana dejó a su sucesor Saravia, deudas por $ 100 millones de acreedores y retenciones, pero al asumir, en caja solo contaba con $ 12 millones.
En los últimos 40 días, el exintendente hizo $ 20 millones en donaciones, según información entregada por el intendente a la Junta Departamental. El déficit acumulado de esta administración ronda los $ 400 millones. Los gastos de funcionamiento y de retribuciones personales de la intendencia se ubican en unos $ 40 millones, pero los ingresos son menores a esa cifra.
Las retenciones de los funcionarios, ($ 3 millones) se vienen pagando con atraso por no alcanzar el dinero en caja. Se retuvo pero no se volcó en tiempo y forma. La asociación ANDA intimó a la Intendencia al pago de los créditos de los funcionarios.
La Junta Departamental de Cerro Largo, le pidió al intendente Pedro Saravia un estado de situación de la Intendencia, luego que el exintendente Sergio Botana renunciara a su cargo para ir por la reelección. Desde el legislativo departamental se cuestionaba que el exjefe departamental no remitía información que le solicitaban los ediles.
En la primera comparecencia del intendente Saravia ante este cuerpo, se comprometió a que en un plazo breve remitiría información general sobre el estado financiero y de recursos humanos en los que se encontraba esta administración.
Por un lado, la Intendencia cuenta hoy con un pasivo importante y por otro, escasos recursos que ingresarán en los meses de febrero y marzo.
Según informó el jefe comunal a los ediles, la Intendencia tiene muy poca caja y con diferencias muy importantes en los montos a pagar a diversos acreedores. La Intendencia tiene deudas con proveedores (entre ellos Ancap con un atraso de dos meses) y hay retenciones que no se abonaron, lo que suman $ 100 millones. Al momento de asumir la Intendencia, Saravia se encontró con que disponía en caja de $ 12 millones.
El jefe departamental explicó anoche ante la Junta Departamental la ejecución de medidas de austeridad que permitan lograr el equilibrio financiero de la Intendencia.
Ante los ediles, Saravia manifestó que su intención es no tener que pedir un nuevo préstamo para hacer frente a las obligaciones y que analizará la situación en los primeros días de marzo.
Saravia también informó ante el legislativo departamental sobre la derivación de las partidas para la construcción de viviendas a otros fines no conocidos. El Ministerio de Vivienda hizo entrega de los rubros a una cuenta de uso común que tenía la Intendencia. Un 70% de estos recursos no fueron utilizados en la construcción de viviendas.
Debido a esta situación, esta cartera paralizó la entrega de partidas por otros planes específicos hasta tanto se regularice la situación. Algunas de las viviendas se encuentran en un 35% de proceso de ejecución, otras en un 10% y hay otras que ni siquiera comenzaron.
Se presume que parte de esos dineros fueron a parar a la compra de las luces del estadio de Cerro Largo, pero no se tiene la certeza de su destino final.
Compensaciones
Saravia informó ante los ediles que aplicará una serie de medidas paliativas que le permita a la Intendencia cumplir con los gastos esenciales. Estas medidas restrictivas favorecerán a que los funcionarios puedan cobrar el salario en marzo. El intendente anunció que se decidió quitar las compensaciones que percibían los funcionarios municipales ya que generaban un peso importante en el presupuesto. Según habría dicho, algunas de estas compensaciones representaban un 100% de un sueldo.
En el próximo sueldo, se dejará de pagar dichas compensaciones, aunque se aclara que no se quitará en forma definitiva.
El intendente informó ante la Junta que en los últimos meses ingresaron “muchas” personas contratadas a la Intendencia, incluso en el período en el que estaba prohibido constitucionalmente.
Botana, entre los meses de diciembre y enero, pagó unos $ 50 millones a los acreedores, quedando debiendo unos $ 72 millones más. Incluso, según se informó, el exintendente hizo en ese período donaciones por $ 20 millones.
Atraso en obras
En cuanto a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), en tres barrios se paralizaron las obras porque en los contratos con las empresas constructoras se establece una cláusula en la que estas solo pueden estar sometidas a la jurisdicción de los jueces de Cerro Largo. Esta condición no fue aceptada por la OPP ni por el BID.







A la ruina también en Durazno


Será para todos?
Cómo deja Mujica la economía tras 5 años de gestión
Hay distintas visiones y respuestas de "economistas"
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DuraznoVíctor Rodríguez mié feb 25 2015 10:24
El Frigorífico Durazno anunció el envío a seguro de paro de sus 150 trabajadores a causa de diferencias de tipo salarial y dificultades de colocación de productos.

Las empresa, propiedad de Diego Ortíz, ubicada en Santa Bernardina, es la más antigua de las tres plantas operativas en el departamento (las restantes son Frigoyí y Breeders & Packers Uruguay, Bpu).

El vocero del Sindicato del Frigorífico Durazno (Sifridur), Claudio Sánchez, confirmó que los 150 empleados fueron notificados de esta decisión tomada por el empresario y dijo que la empresa “está en ‘rojo’ y hace más de 3 años que va a pérdida”, al tiempo que sostuvo que se aspira a una recuperación salarial del 30 %, para equiparar los salarios de las otras empresas cárnicas de la región.

Paralelamente se realizan gestiones para destrabar la situación, en la que trabajan los diputados, Carmelo Vidalín (P.N.) y Martín Tierno (FA).

La planta de Frigocerro SA, en paraje El Salado (Santa Bernardina) venía realizando faenas dos y tres veces por semana, de 3.000 lanares y 300 vacunos cada una.

La patronal, consultada por El País, declinó hacer comentarios públicamente, a cuenta de dar a conocer su punto de vista del tema, en los próximas días.





 PUBLICADO el Lunes 23 de febrero, 2015


Trabajadores del Frigorífico Durazno (Frigocerro) reclaman la reapertura de la planta cerrada la semana pasada por su propietario al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo, la negociación del nuevo convenio salarial y el pago de los jornales adeudados.
El sindicato ha denunciado que el propietario, Diego Ortiz, -el estanciero que despidió a un peón por participar en el spot de campaña del Frente Amplio-, se ha negado a responder a los reclamos y no se ha presentado a ninguna de las citaciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss).
El secretario general del sindicato, Claudio Sanchez, dijo a Caras y Caretas Portal que el diferendo con el empresario comenzó a mediados de diciembre cuando le plantearon una propuesta para modificar el convenio vigente. Dicha propuesta nunca tuvo respuesta. En ese contexto, el 27 de diciembre Frigocerro cesó a su personal sin mandarlo al Seguro por Desempleo o pagarle la licencia, situación que se mantuvo hasta el 12 de enero.
Una vez convocados al trabajo, los operarios enfrentaron una situación que se arrastra desde hace tiempo y es que el personal no es suficiente como para cumplir con las faenas. Ante el reclamo de aumentar la plantilla para hacer frente a las tareas, el empresario Ortiz ofreció un aumento del 1,2%, lo que fue rechazado. En esas condiciones no se pudo faenar. Para evitar nuevos inconvenientes, se llegó a un acuerdo por el cual se otorgaba un 30% de prima para esa faena y se dejó asentado el compromiso de negociar una solución definitiva.
Esa fue la última actividad que la empresa desarrolló, el jueves pasado. A partir de ahí el personal espera para ser convocado mientras la planta mantiene las puertas cerradas.
Los trabajadores reclaman ahora una respuesta a sus planteos y una definición en cuanto a su situación laboral. Señalan que la empresa debería enviarlos al Seguro por Desempleo o de lo contrario despedirlos.
En este marco mantendrán una entrevista con el diputado por el departamento Martín Tierno, para ponerlo al tanto de la situación, mientras esperan por una citación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Frigorífico Durazno cuenta con una plantilla de 140 operarios, de los casi 200 que llegó a tener. Muchos, ante la inestabilidad laboral, optaron por ingresar a alguna de las otras dos empresas del sector que funcionan en el departamento, BTU o Frigoyi.
El propietario de Frigocerro cobró notoriedad semanas atrás cuando despidió a un trabajador que se desempeñaba como capataz en su establecimiento rural, La Tortuga. Este hombre había participado en un spot de la campaña del Frente Amplio, “Uruguay cambió en mi”, y en la conformación de un sindicato de peones rurales, filial de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra) y del Pit-Cnt.

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miércoles, 25 de febrero de 2015

IMPUNIDAD: en 2014 "apenas hubo progresos"

En Uruguay impunidad por el forro 

 http://www.elpais.com.uy/informacion/amnistia-alerta-retroceso-investigaciones-dictadura.html#


Ver informe completo



Informe 2014/15 Amnistía Internacional

URUGUAY 
República Oriental del Uruguay
Jefe del Estado y del gobierno: José Alberto Mujica Cordano

Existía la posibilidad de que la lucha en pro de la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985, sufriera un retroceso a raíz de una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en 2013. Suscitaban preocupación las trabas para que las mujeres pudieran abortar.

INFORMACIÓN GENERAL 

Uruguay se sometió al examen periódico universal de la ONU en enero y aceptó recomendaciones importantes, entre ellas la de combatir todas las formas de discriminación. Uruguay ratificó en septiembre el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU. En diciembre, seis detenidos del centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba, fueron reubicados en Uruguay. En octubre se celebraron elecciones generales; el Frente Amplio obtuvo la victoria en una segunda vuelta celebrada en noviembre.

IMPUNIDAD 

En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia revocó dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos durante el periodo del régimen cívico-militar, entre 1973 y 1985, eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible. La Suprema Corte también concluyó que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y,
por lo tanto, estaban sujetos a prescripción.1 Durante 2014 apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado se investigaran exhaustivamente. Al concluir el año, continuaba el juicio a un ex agente de policía acusado en 2012 de complicidad en el homicidio del profesor y periodista Julio Castro, cometido en 1977.



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Los requisitos obligatorios establecidos por la ley de 2012 que despenalizaba el aborto seguían suscitando preocupación, ya que suponían un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal. La ley de 2012 establecía un periodo obligatorio de cinco días de reflexión y una revisión de los casos por parte de un grupo de expertos cuando se solicitaba un aborto. Si el embarazo era consecuencia de una violación, la ley exigía la presentación de una demanda judicial para que la mujer pudiera someterse a un aborto. En abril, en Salto, capital del departamento de Salto, alegando objeción de conciencia, los médicos se negaron a practicar un aborto a una muchacha discapacitada que estaba embarazada tras haber sobrevivido a una violación. La muchacha tuvo que viajar a la capital, Montevideo, para someterse al procedimiento.

CONDICIONES DE RECLUSIÓN

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que dos tercios de la población reclusa estuvieran en espera de juicio, y manifestó también su inquietud por la atención médica en los centros penitenciarios, el suministro de agua, los servicios de saneamiento y la ventilación en las celdas.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

 Apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales que tuvieron lugar entre 2011 y 2012. Sólo en un caso, en el departamento de Cerro Largo, tres personas habían sido enjuiciadas.

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1. Uruguay: Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU, enero–febrero de 2014 (AMR 52/001/2013) www.amnesty.org/es/library/info/AMR52/001/2013/es


¿Porqué EEUU envía tropas al Perú?










Que Estados Unidos tiene una estrategia continental de dominación, y que se dispone librar una aventura militar contra los pueblos de América Latina, lo hemos dicho en diversas ocasiones. Algunos, nos tomaron en serio y ratificaron una voluntad antiimperialista que debe concretarse ahora. Otros, en cambio guardaron silencio, quizá con la idea que nuestra afirmación era exagerada, y respondía al clásico estilo de confrontación de lo que ellos llaman “la izquierda tradicional”.
Los hechos, sin embargo, nos van dando la razón de manera constante. La agresividad imperialista contra nuestros países se manifiesta de manera constante; y hoy se concreta, en el Perú, con el autorizado ingreso de un verdadero ejército de ocupación integrado por alrededor de 4,000 soldados, que se emplazarán en nuestro suelo bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.

Para situar las cosas en el corto plazo, cabe citar que el 29 de enero pasado, en una decisión casi oculta, que se filtrara recientemente a las redes sociales, el Congreso de la República autorizó el ingreso de tropas y personal armado de los Estados Unidos en territorio peruano, ateniéndose a un cronograma muy preciso. Y elaborado de común acuerdo por “ambas partes”.


Los Partidos y fuerzas que integran hoy el Congreso, y cada uno de los parlamentarios en particular, tienen la obligación de dar cuenta cómo opinaron y cómo votaron la decisión que hoy se conoce.
Se sabe, por lo pronto, que ya el 1 y el 15 de febrero, pisaron nuestro suelo dos contingentes militares, enviados por el Pentágono. El primero, integrado por 58 soldados; y el segundo por 67. Ambos permanecerán aquí hasta febrero del 2016 en la tarea de “entrenar a los institutos armados peruanos en el cumplimiento de operaciones especiales”

Pareciera que en materia de “operaciones especiales” los soldados peruanos son algo menos que neófitos. Carecen de la experiencia de combate que ha adquirido el ejército norteamericano luego de las prolongadas guerras de Vietnam, la Península Indochina y el Medio Oriente.

Probablemente, Afganistán, o Irak, han acrecentado tanto el bagaje militar del ejército yaqui que considera su deber compartirlo con sus hermanos latinoamericanos con la idea de extender hasta aquí prisiones clandestinas como las de Bagdad o Guantánamo, en las que la tortura y la muerte constituyen pan del día.

Sin embargo, estos efectivos, que ya están aquí, no son nada en comparación con lo que habrán de arribar a nuestras costas en septiembre próximo.

Desembarcarán, en nuestra primavera 3,200 soldados yanquis, que -por el armamento que usan, la experiencia que tienen y la preparación que poseen- constituirá un verdadero ejército de ocupación. De este modo se cumplirán los acuerdos entre estos dos países, laboriosamente trabajados desde hace algunos años.



La ejecución de estos planes, pondrá en evidencia que las constantes visitas del Secretario de Defensa de los Estados Unidos al Perú, y las del Jefe del Comando Sur de ese país; no eran visitas protocolares, ni turísticas. Tenían un claro contenido guerrerista que hoy nadie puede ocultar.
Es legítimo preguntarse entonces ¿qué mueve al gobierno de los Estados Unidos a desplegar en nuestro territorio esta vasta acción militar?

¿Qué está ocurriendo en este continente, que hace que la primera potencia militar del mundo decida abrir fuego contra los peruanos?

¿A dónde apuntan realmente los fusiles yanquis que dispararán en el VRAE y otras zonas cordilleranas de América?

Si miramos, aunque sea sólo a vuelo de pájaro lo que ocurre en esta parte del mundo, veremos que arrecia la lucha antiimperialista de nuestros pueblos.
Que ella se expresa en demandas concretas: Respeto a la Independencia de nuestros países, vigencia plena de la Soberanía Nacional, recuperación de las riquezas básicas, y protección de la biodiversidad; en un mundo en el que los recursos hídricos y los productos naturales, se convierten en fortaleza de supervivencia para la humanidad entera

Hace ya un buen rato que Estados Unidos esta buscando la manera de intervenir militarmente en Venezuela y acabar a sangre y fuego con el proyecto bolivariano liderado históricamente por el Comandante Hugo Chávez, y que hoy conduce Nicolás Maduro, acosado por una brutal campaña de desprestigio y violencia desatada por las fuerzas más reaccionarias de nuestro continente.
Por lo pronto, desembarcar tropas en el Perú, y lograr que esto sea admitido pacíficamente por la comunidad internacional, sería un modo de afirmar la idea de que es normal que Estados Unidos recurra a este procedimiento en América: y que podría hacerlo mañana en Venezuela, o en cualquiera otra parte.


  Las torturas practicadas por la CIA son "la política oficial de EE.UU."

Quien tiene licencia para matar, puede hacer uso de ella en cualquier circunstancia.
Bolivia, o Ecuador bien podrían recordar el dicho aquel: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar; porque la advertencia yanqui se proyecta también hacia la zona altiplánica -contra Evo y la multicultural Bolivia- y la región más al norte, donde las acciones del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa no cuentan precisamente con el beneplácito de Washington.
El argumento que se usa para justificar a intervención militar norteamericana, es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta es una vieja y falsa cantaleta. En 1965 se puso en boga cuando la administración Belaúnde Terry aceptó la denominada “Operación Ayacucho”, que no tuvo resultado alguno.

Joy, el combate contra el Narcotráfico en el Perú está virtualmente a cargo de la DEA desde hace muchos años. Y de resultas de ello, el Perú se ha convertido en el primer productor mundial de PBC. Antes de la DEA, nunca tuvimos tal privilegio
¿Hasta dónde escalaremos con la “estrategia de ahora? ¿Tal vez hasta la expansión de los cultivos de droga trayendo aquí el Hashis de Afganistán, o el Opio de otras latitudes? ¿Será eso lo que busca la administración norteamericana para lanzar tropas en nuestro suelo en lo que bien podría ser el reto para una nueva Batalla de Ayacucho?

Pero la estrategia de dominación yanqui va incluso más allá: Busca enfrentar a unos pueblos con otros y a gobiernos de los que, en mayor menor escala, desconfía.
No tendríamos que ser particularmente perspicaces para intuir que tras el “operativo de espionaje” chileno contra el Perú recientemente denunciado, esté la aviesa mano de los servicios de inteligencia yanquis, que bien podrían montar operativos de ésta, y otra magnitud, incluso a espaldas de los gobiernos, valiéndose de la infiltración en los servicios secretos que ellos manipulan
A los pueblos de nuestro continente corresponde actuar con la firmeza y la consecuencia requerida, en una circunstancia en la que está de por medio la supervivencia del continente, agredido por la barbarie imperialista.

A comienzo de los años 30 del siglo pasado, en otro contexto y también en otras condiciones, Augusto C. Sandino dijo de manera categórica: “La soberanía de los Estados, no se discute. Se defiende con las armas en la mano”
En algunas semanas más, los peruanos evocaremos el 200 aniversario del fusilamiento del joven poeta Mariano Melgar, caído en manos del ejército colonial español luego de la batalla de Umachiri ¿Será su recuerdo motivo de afirmación patriótica que lleve a nuestros jóvenes de hoy a levantar esa misma bandera?
En todo caso, el deber de cualquier `patriota es asumir su compromiso con la historia y denunciar lo que constituye una verdadera agresión amada contra el Perú y su pueblo.


Gustavo Espinoza M. Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.

Ver también en los archivos de el blog El Muerto