Detenerse es retroceder

La otra parte de la impunidad en Uruguay

Detenerse es retroceder e injusto con las víctimas

Mientras la interna de los centros militares ruge de bronca ante el anuncio gubernamental de que habrá un pequeño impuesto especial que afectará al 20% ellos, es decir a quienes perciben retiros superiores a los $ 50.100, estos días se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley 18 033. Fue una de las leyes más significativas que se aprobaron en Uruguay intentando hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Estado. Aprobada a más de 21 años del retorno a la democracia, contribuyó a superar, en parte, y en mucho también, las secuelas del mismo, enfocándose en los aspectos jubilatorios y pensionarios. Ante una realidad apremiante y agobiadora que exigía respuestas inmediatas debido al paso del tiempo y a las condiciones de vida deplorables.

Como resultado de una amplia y extensa movilización de nuestro colectivo, junto a otras organizaciones sindicales y de derechos humanos, el proyecto original del gobierno fue ampliado, profundizado y mejorado durante el tratamiento parlamentario. Gracias a Crysol y su movilización se lograron introducir mejoras sustantivas para evitar una nueva frustración. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que desconoció claros pronunciamientos de Crysol a todos los niveles, ignoraba que la mayoría o una parte muy importante de los expresos políticos al recobrar la libertad no pudieron reinsertarse satisfactoriamente a nivel laboral. Ello ocurrió en todo el país y muy especialmente en el interior del país. Al no tener en cuenta esta realidad, en los hechos, se propuso una ley jubilatoria para aquellos ex presos políticos que no necesitaban que se aprobara una ley de esa naturaleza para acceder a una jubilación

. Un gran avance político

Recién a partir del año 2005 Uruguay comenzó, realmente, a transitar el arduo y difícil camino de dar cumplimiento a las normas de DDHH que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia en los diferentes aspectos. Al retornar a la institucionalidad democrática hubo iniciativas parciales y limitadas en algunos planos como lo fue la Ley 15 783 para los funcionarios públicos. Durante más de dos décadas se vivió bajo el imperio de la caducidad y de la cultura de la impunidad que ella generó.

Al aprobarse la Ley 18 033, en los hechos, tácitamente, el Estado uruguayo asumió su responsabilidad por la imposibilidad de miles de compatriotas de trabajar y de aportar a la seguridad social para acceder a una jubilación al llegar a la vejez y su obligación, al mismo tiempo, de reparar el sufrimiento y el daño ocasionado.

También asumió, implícitamente, que el Estado uruguayo fue omiso en cumplir con sus obligaciones al retornar a la democracia con miles de ciudadanos que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

No luchamos para jubilarnos ni para ser reparados.

Aunque la derecha uruguaya continúa quitándole trascendencia a lo ocurrido o haciendo hincapié en la conmoción social, exaltando una y otra vez la “teoría de los dos demonios”, no hay justificativos de ninguna naturaleza para que los gobiernos violenten los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera en situaciones de máximas tensiones y conflictos.

Cuando ocurren situaciones como las vividas por Uruguay, los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y tienen, también, que resarcir a las víctimas por el daño, por el sufrimiento ocasionado y también por la destrucción del proyecto de vida de quienes fueron vulnerados al defender la causa de la libertad y de la justicia.

Rebeldes con causa.

Es indudable que se ha avanzado en los últimos años en múltiples aspectos. Pero los avances son insuficientes. No colman las aspiraciones de las víctimas ya que no cumplen con lo dispuesto por la normativa de DDHH que es el estándar de calidad a la hora de las evaluaciones, muy especialmente la Resolución 60/147 de la ONU.

Quienes batallan para fortalecer y profundizar la democracia y el Estado de derecho, no pueden conformarse con un pequeño grupo de criminales procesados y condenados, con el poder judicial carente de compromiso con la causa de la justicia, con la exasperante lentitud para conformar los Tribunales de Honor para los militares con sentencia firme, para impulsar cabalmente la memoria histórica y obviamente, también, las imprescindibles e impostergables modificaciones a las leyes reparatorias.

Lograr la aprobación de la Ley 18 033 fue una gran conquista de nuestro colectivo aún con las carencias e insuficiencias que siempre hemos señalado. Junto con la lucha desplegada por restablecer plenamente la pretensión punitiva del Estado, desde el mismo instante de su promulgación, comenzamos a movilizarnos para seguir avanzando, para superarlas. Son un legado negativo y pernicioso desde el punto de vista político, jurídico y práctico.

Un proyecto razonable a disposición del Poder Ejecutivo.

Crysol es una organización madura y propositiva. Conoce ampliamente la realidad y propone soluciones a los problemas. Con sentido de responsabilidad histórica, el año pasado presentó formalmente al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia un proyecto de ley destinado a superar las limitaciones de la ley 18 033.

Desde diciembre de 2012 hay un pronunciamiento categórico de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo que ha sido y continúa siendo ignorado por parte del Poder Ejecutivo. También existe y, es de público conocimiento, el contundente informe presentado por el relator especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014.

El proyecto presentado por Crysol es sensato, razonable, ajustado a derecho y viable. Aborda el restablecimiento de los derechos jubilatorios y también los aspectos referidos a la salud que han quedado pendientes de resolución.

La atención en salud es vital.

La atención en salud es un problema nada menor en un universo de sobrevivientes con un promedio de edad de 70 años, la gran mayoría de sexo masculino. Es un colectivo claramente individualizado, que tiene una menor expectativa de vida y una mayor tasa de morbimortalidad que el resto de la población debido a su peripecia de vida en las últimas décadas.

El Artículo 10 de la Ley 18 596 estableció el derecho a la atención gratuita y vitalicia para todos los beneficiarios de la Ley 18 033 en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El Poder Ejecutivo al reglamentar dicho derecho mediante el Decreto 297/2010 lo hizo de una manera restrictiva y perjudicial. Limitó el derecho a la atención en ASSE, ignorando el espíritu de la ley y el hecho notorio de que centenares de beneficiarios, de edad avanzada, desde hace décadas, se atienden en el sistema privado y no están en condiciones de cambiarse, por obvias razones de sentido común.

A lo anterior se agrega el hecho de que la Junta Nacional de Salud (JUNASA) continúa desconociendo el texto de la Ley 18 596 y procede a hacer el descuento Fonasa a los beneficiarios que están eximidos por ley. Cinco aspectos importantes a solucionar.

En lo sustancial, haciendo justicia con la realidad histórica, el proyecto de ley que presentó Crysol considera que todos aquellos ciudadanos que fueron detenidos y sometidos a tribunales militares, la aberrante Justicia Militar del Estado de Guerra interno de abril de 1972, deben ser considerados presos políticos a los efectos de la ley y beneficiarios del Artículo 11.

Todos ellos fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y malos tratos, sin ninguna protección legal de ningún tipo, como era habitual durante la larga noche del terrorismo estatal aunque posteriormente hayan sido puestos en libertad sin ser formalmente procesados.

En segundo lugar, la Pensión Especial Reparatoria del artículo 11 debe ser otorgada y concedida a todos los ex presos políticos sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna clase. Debe tener, como su nombre lo indica, un auténtico carácter de resarcimiento y el mismo no puede estar limitado por los ingresos ni tampoco teniendo en cuenta la fecha de liberación.

En tercer lugar, al reparar el Estado no puede y no debe obligar a renunciar, en los hechos, a ningún derecho o beneficio como ocurre hasta el presente con las jubilaciones y las pensiones, incluso las de sobrevivencia que generan los cónyuges cuando fallecen.

En cuarto lugar, hay que incluir a los hijos y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos y que hasta el momento han sido ignorados en materia reparatoria. Los hijos fueron quienes más sufrieron las consecuencias de la represión del terrorismo de Estado

En quinto lugar, deben ser eliminadas las inequidades que perjudican a los exiliados, los despedidos durante la dictadura, los requeridos y los clandestinos que mantuvieron en el país, bien en alto, las banderas de la resistencia y permitieron abrir un horizonte de libertad.

La dictadura estuvo al servicio de las élites económicas.

Las siempre necesarias actualizaciones y modernizaciones doctrinarias que la vida impone no pueden olvidar que la dictadura cívico militar que azotó a Uruguay desde 1973 a 1985 fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. A más de 30 años, la dictadura sigue influyendo decisivamente en la realidad nacional y gravitando en el desarrollo de los acontecimientos.

No somos trasnochados. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. El déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar, los 400 millones de dólares por año, desde hace años, son un lastre de esa época, de una ley jubilatoria aprobada en 1974, de las debilidades democráticas posteriores que la han mantenido vigente hasta el día de hoy.

La dictadura fue un proyecto de país en el cual los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen, las elites económicas, entre ellos los señores de la Asociación Rural que aplaudieron la disolución del Parlamento.

Durante la dictadura cívico militar, a los jubilados y a los pensionistas se les quitó el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. Los cooperativistas fueron severamente perjudicados. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza. La dictadura fue una auténtica tragedia nacional. Las dictaduras propiciadas por EEUU son funestas para los pueblos. La “mano dura” no trae seguridad. Trae redistribución negativa de la riqueza, hambre, dolor y sufrimiento para los trabajadores y los pueblos.

Es hora de actuar.

Estos temas no son asuntos del pasado como clama la derecha y los defensores de la “teoría de los dos demonios”. Siguen vigentes. Para que no se repitan, para que no vuelvan a ocurrir, seguiremos levantando nuestras banderas, de Verdad, de Justicia, de Memoria y también de Reparación porque es el camino que corresponde.

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia debe recomendar de una vez por todas a Presidencia que envíe a la mayor brevedad un proyecto de ley al Parlamento. La propuesta presentada por Crysol ha colaborado enormemente para facilitar el trabajo. El partido de gobierno, sus nuevas autoridades, todos los sectores políticos que lo integran, debería ponerse las pilas.

Para seguir avanzando también en este plano. El tiempo pasa, negativamente.

-------- Opinando N° 2 – Año 5 – Lunes 17 de Octubre de 2016

El extractivismo como cultura

Obreros del SUNCA construirán una nueva papelera

Raúl Zibechi | Sábado, 14/10/2016

A medida que el extractivismo y los procesos políticos asentados en ese modelo comienzan a mostrar grietas, por la abrupta caída de los precios de las commodities, estamos en mejores condiciones para comprender sus características profundas y las limitaciones de los análisis anteriores. Una de ellas, y debemos asumir la autocrítica en primera persona, consiste en haber mirado primordialmente el costado ambiental y depredador de la naturaleza del modelo de conversión de los bienes comunes en mercancías.

Ahora podemos dar un paso más, algo que ya hicieron los zapatistas hace más de una década, cuando definieron el modelo como cuarta guerra mundial. El otro error de bulto fue considerar el extractivismo como modelo económico, siguiendo el concepto de acumulación por desposesión de David Harvey. En suma, al error de haber centrado las críticas –de modo casi excluyente– en lo ambiental, se sumó el economicismo del que adolecemos muchos de los formados en Marx.

El capitalismo no es una economía, sino un tipo de sociedad (o formación social), aunque evidentemente existe una economía capitalista. Con el extractivismo sucede algo similar. Si la economía capitalista es acumulación por extracción de plusvalor (reproducción ampliada del capital), la sociedad capitalista produjo la separación de la esfera económica de la política. La economía extractiva, de conquista, robo y pillaje, es apenas un aspecto de una sociedad extractiva, o una formación social extractiva, que es la característica del capitalismo en su fase de dominio del capital financiero.

Más allá de los términos, interesa subrayar que vivimos en una sociedad cuya cultura dominante es de apropiación y robo. ¿Por qué hacer hincapié en la existencia de una cultura extractivista diferente de la hegemónica en otros periodos del capitalismo? Porque nos ayuda a comprender de qué se trata el mundo en el que vivimos y las características del modelo contra el que nos rebelamos.

Para comprender mejor en qué consiste esa cultura, sería necesario compararla con la cultura hegemónica en periodos anteriores, por ejemplo, durante el predominio de la industria y el Estado desarrollista. En aquel lapso, los trabajadores manuales de la industria sentían orgullo por su oficio y por ser productores de riqueza social (aunque una parte sustancial fuera apropiada por el patrón). Ese orgullo tomaba forma de conciencia de clase cuando se identificaban los intereses propios mediante la resistencia a los explotadores.

No era el orgullo tonto de quien se cree superior, sino el resultado del lugar que tenían los obreros en la sociedad; lugar que no habían heredado, sino construido en una larga y paciente lucha. Entre mediados del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, los obreros –y a veces las obreras– se formaron a sí mismos a la luz de la vela luego de extenuantes jornadas de 12 horas de trabajo, crearon espacios propios de encuentro y ocio (ateneos, teatros, bibliotecas, cooperativas, sindicato), instituyeron formas de vida con base en la ayuda mutua, crearon maravillas como la Comuna de París y la Revolución de Octubre, además de una larga decena de insurrecciones urbanas. Tenían motivos para la autoestima.

En la vida cotidiana, la cultura obrera giraba en torno al trabajo, la austeridad por convicción, el ahorro como norma de vida y la solidaridad por religión. El mameluco de trabajo y la gorra eran señas de identidad con las que andaban por sus barrios, porque no querían vestirse como los patrones; todo en sus vidas, desde la vivienda hasta los modales, los diferenciaba de los explotadores. Esa cultura tenía sesgos opresores, como bien saben las mujeres y los hijos e hijas de los obreros industriales. Pero era una cultura propia, basada en el autocultivo de sí mismos, no en la imitación de los de arriba.

Este largo rodeo pretende llegar a un punto nodal: la cultura obrera podía conectar con la emancipación. La cultura extractivista va a contrapelo. Aunque portaba elementos opresivos, aquella cultura contenía aspectos valiosos, potencialmente anticapitalistas.

La cultura extractivista es el resultado de la mutación generada por el neoliberalismo, a caballo del capital financiero. El trabajo no tiene el menor valor positivo, lugar que ocupan ahora el pillaje y sus contracaras, el consumismo y la ostentación. Donde antes había orgullo por hacer, la cultura gira ahora en torno al pavoneo de marcas y modas. Mientras los obreros de antaño condenaban el robo, por razones estrictamente éticas, hoy se festeja la apropiación, aun cuando la víctima sea vecina, amiga y hasta familia.

No toda la sociedad luce esta forma de vivir, ciertamente. Pero son modos que han ganado terreno en sociedades donde los jóvenes no tienen empleo digno ni un lugar en la sociedad, ni la posibilidad de labrarse un oficio trabajando, ni conseguir un mínimo ascenso social luego de años de esfuerzos. Ni memoria de aquel pasado, que es lo más pernicioso, ya que atenta contra la dignidad.

El extractivismo ha evaporado los sujetos, porque en la llamada producción sencillamente no los hay. Incluso en la esfera de la reproducción, el sistema se esfuerza por mercantilizarlo todo, desde los nacimientos hasta la alimentación, arremetiendo contra el papel central de las mujeres en esos espacios. De ahí la importancia de las microresistencias: el tianguis, el barrio, los territorios populares, los espacios colectivos del más diverso tipo. Ellas alimentan las grandes rebeliones.

Si es cierto que la cultura hegemónica bajo el extractivismo obstruye los procesos emancipatorios, la organización y las resistencias, estamos ante la necesidad imperiosa de trabajar a contrapelo de esa cultura. Los cimientos del mundo nuevo están ahí, en la vida cotidiana. Por eso el empeño en los trabajos colectivos, en todas las resistencias. Esos trabajos moldean una cultura nueva, que rescata lo mejor de la cultura obrera e intenta (no siempre) acotar las opresiones.







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Un agente en la redacción

Por Samuel Blixen
6 octubre, 2016

“Salvador”, el agente 07 de la inteligencia militar, tuvo una accidentada relación con la “agencia”, por lo que, quizás, no accedió al círculo de privilegio de los “doble cero” vernáculos. Por razones que no se explican, “Salvador” conocía la verdadera identidad de “Guillermo”, el jefe de los “manipuladores” (oficiales de inteligencia) que atendían personalmente a los infiltrados. Lo que atrajo el interés de la “agencia” fue que “Salvador”, sin ser parte orgánica de Mate Amargo, el quincenario del Mln, entraba a diario en la redacción, era conocido por quienes allí trabajaban, y ocasionalmente publicaba fotos, en su trabajo de free lance, tanto allí como en el diario La República.

Para la “agencia” también tenía su interés el vínculo que “Salvador” mantenía con Mario Rossi, dirigente del Movimiento Revolucionario Oriental (Mro), en cuyo local llegó a vivir y donde se enteraba de la ayuda económica que ese grupo recibía de Alemania.

En sus encuentros con “Mauro”, su manipulador, “Salvador” logró negociar ventajosamente los términos de su contrato de espía, primero recibiendo dinero “por resultados”, cuando entregaba fotos de manifestantes y militantes sacadas en actos y concentraciones (“¡no me traigas fotos panorámicas!”); después, obteniendo ayuda para comprar rollos y papel fotográfico, y finalmente acordando un sueldo mensual de 85 mil pesos. La mensualidad coincidió con el interés de la “agencia” por Mate Amargo, sus actividades y su computadora. “Salvador” había informado que “en Mate Amargo existen tres líneas: la de Picardo y Sendic, la de Fernández Huidobro y Canalda, y una ultra de Zabalza, León Dutter y Quico Suárez”. En sucesivas entrevistas, “Mauro” y “Guillermo” canalizaron su interés hacia el quincenario y la forma en que el infiltrado se movía en la redacción y en el edificio donde también operaba el Comité Central del Mln. “Salvador” explicó que en Mate Amargo había una computadora en la que se armaba el periódico y además se guardaba material interno del Mln. Dijo que él había trabajado en esa computadora, que no tenía claves de acceso. “Salvador” apuntó que en el segundo piso había otra computadora, pero que él nunca había tenido oportunidad de ingresar a su disco duro. Explicó que al principio le habían pedido ayuda por sus conocimientos de computación y después siguió accediendo a la máquina “de abajo” porque trabajaba sus fotos en pantalla. “¿Si tengo acceso ahora? No, no tengo”, pero eso no era un problema, porque todo lo que había allí estaba respaldado en pequeños disquetes. “Las cajas de disquetes están ahí nomás, casi al entrar”, señaló, y también que se pueden robar en lugar de entrar en el disco duro. “¿Si yo puedo robar los disquetes? Sí puedo, pero no puedo determinar la importancia de las cosas que me llevaría.” “Guillermo” tuvo una idea. “¿Y si nosotros entramos y las robamos?” “Mauro” le preguntó si había conexión entre las dos computadoras, “no sea cosa que entremos en una y salte la alarma en la otra”. “Salvador” explicó que no, porque se habían traído de Suecia dos módems que no eran compatibles.

Para robar en Mate Amargo era necesario obtener las llaves de entrada. “No es problema, están colgadas en una pared y puedo tomarlas en los momentos de actividad pico”, dijo “Salvador”. “Sacamos una copia en plasticina y las devuelvo. Son cerraduras Yale sin trancas”. “Guillermo” exclamó: “¿Tan regalados están?”. “Mauro” no estuvo de acuerdo. Las copias no funcionaban; había que llevarlas a una cerrajería y hacer un duplicado. “Guillermo” acotó que debían probar las llaves antes de entrar. “¿Queda gente de noche”? “Salvador” explicó que después del “cierre” de la publicación no quedaba nadie los jueves. Las directivas fueron: sacar las llaves, sacar fotos de las instalaciones de Mate Amargo y hacer un informe de la rutina. Pero el proyecto no se concretaba, y los manipuladores comenzaron a presionar a “Salvador”. El infiltrado daba excusas por el atraso en sus tareas. Para las llaves, siempre hubo alguna razón que le impedía sacarlas; las fotos prometidas no llegaban porque no tenía dinero para comprar el papel fotográfico. Se le encomendó, el 16 de abril, concurrir al local donde Gavazzo debía votar, para fotografiar a eventuales alborotadores, y dijo que no sabía dónde votaba el teniente coronel; “Guillermo” le dijo que le daría el soplo por teléfono, y “Salvador” se atajó: “Si va a haber lío, ustedes me dan una cámara, yo no voy con la mía”. En varias ocasiones “Salvador” faltó a los contactos. Una noche el infiltrado anunció que no podía concurrir porque tenía que sacar unas fotos para La República, pero “Guillermo” casualmente se lo cruzó en la calle. “¿Qué hacés aquí, no era que tenías que trabajar?” “Salvador” pretendió reclamar su “derecho a tener vida privada”. “Guillermo” le advirtió: “Con nosotros no se juega”.

Inconvenientes de ser mercenario.

El FA lo resolvió por unanimidad

Rumbo a la investigadora

La bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió, el martes 4, impulsar la creación de una comisión parlamentaria investigadora sobre los llamados “archivos Castiglioni”, que revelan la actividad de espionaje de la inteligencia militar, en democracia, a personas, grupos políticos y sindicatos. La propuesta había sido planteada por el Pvp, el Partido Comunista, Casa Grande e Ir, y después de tres semanas de consultas a los respectivos partidos y grupos, la decisión fue adoptada por unanimidad. La instalación de una comisión pre-investigadora, que analizará los méritos para hacer una investigación del tema, se producirá la próxima semana y se estima que la comisión propiamente dicha estará en condiciones de iniciar sus trabajos en unos siete días, cuando la Cámara baja lo resuelva con el voto, inicialmente, de la mayoría frenteamplista.

El comunicado de la bancada frenteamplista anunciando la decisión coincidió con la divulgación de una iniciativa del sindicato de los trabajadores de Antel (Sutel), que reclamó en la justicia la indagación sobre el espionaje a que fueron sometidos sus dirigentes, sus activistas y su gremio, según surge de los informes realizados por el decano de Humanidades, Álvaro Rico, y la historiadora Isabel Wschebor, sobre el contenido de los documentos incautados en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni.

Poco hombre

>>> Intervención de Jorge Nestor Tróccoli en Roma

Viernes 14 • Octubre • 2016

Tróccoli dijo que no participó en desapariciones y llamó a Uruguay “patria ingrata” que no tendrá ni sus huesos

“Señores y señoras de la Corte, ante todo quiero subrayar que yo nunca fui apresado en Italia, sino que me presenté espontáneamente ante el juez cuando supe que estaba requerido, y nunca dejé el país”. Así comenzó Jorge Néstor Tróccoli sus declaraciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma, regida por la jueza Evelina Canale, que tiene a su cargo la causa en su contra. El ex marino se presentó ayer y eligió no someterse a un examen por parte de la Corte y de los abogados; en cambio, leyó unas palabras y se retiró. El procedimiento italiano prevé que el imputado dé unas declaraciones espontáneas y decida no contestar las preguntas de la Corte y de los abogados, aunque estas declaraciones no tengan un valor en el proceso equivalente al de un examen procesal, según comentaron algunos abogados de la parte civil a la diaria.
Tróccoli, en su intervención, reconstruyó los hechos que ocurrieron en Uruguay en los años 60 y 70 según su perspectiva, y su punto de vista recalca lo que ya expresó en su libro La ira del Leviatán, que durante la audiencia mencionó y dijo haber escrito “buscando la paz para todos”. “En 1963, el gobierno democrático uruguayo sufrió un ataque por parte de movimientos terroristas. […] En esa época yo tenía 15 años y recién había empezado la escuela naval, con muchas expectativas. En la marina me hicieron entender lo que estaba pasando y mis sueños se rompieron. Acabó mi juventud. Durante más de 15 años el movimiento subversivo agredió, despojó, torturó y mató civiles, policías, compañeros y amigos”. Luego pasó a detallar su carrera dentro de la Marina, hasta llegar a su entrada en el Fusna (Fusileros Navales): “En 1974 llegué al grado de alférez de navío y entré al Fusna. Esa era una unidad que se dedicaba a contrastar el terrorismo. Estaba organizada como el cuerpo de los Marines norteamericanos. […] Mi tarea era obtener informaciones y evaluarlas con el objetivo de contrarrestar las acciones del movimiento subversivo. Y por eso yo coordinaba intercambios con otras agencias”. A propósito de eso, Tróccoli refiere y justifica sus contactos con la Marina argentina y sus viajes a ese país, pero, dice, “yo no sabía nada del Plan Cóndor […] supe de esa operación después de mi retiro, por los medios de prensa, y dudo que haya existido esa organización”. Reiteró varias veces su inocencia respecto de las acusaciones y dijo haberse enterado de los delitos que se le atribuyeron alrededor de diez años después de su jubilación, y que la circunstancia le fue referida “por un miembro del grupo subversivo GAU [Grupos de Acción Unificadora] en ocasión de un encuentro concedido por el pedido de ayuda para encontrar a algunas personas desaparecidas y tener noticias útiles para encontrarlas”. Dijo a la Corte haberse encontrado varias veces con personas por la misma razón, pero que estas no se comportaron bien. A esa altura de su declaración volvió a hablar del Fusna, subrayando que dependía del comando de la Marina, que su acción era nacional y que tenía un grado inferior al SID (Servicio de Inteligencia de la Defensa) y al OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Puntualizó que no participó nunca en operaciones en el exterior de Uruguay y que nunca viajó encubierto. Respecto de diciembre de 1977 y de los secuestros y desapariciones de los miembros de los GAU, detalló que viajó a Argentina el 20 de diciembre y que el “viaje no está en el legajo porque fue un viaje personal, para organizar cuestiones relativas al curso de 1978. Tuve que coordinar la estadía para mí y mi familia [...]. Regresé a Uruguay después de dos días, muy poco tiempo para cometer los delitos de los que se me acusa. Dejé el S2 a mitad de diciembre de 1977, el 1º de enero dejé el Fusna, el 4 de febrero me mudé a Puerto Belgrano. Señores, soy inocente. Fui militar con todo lo que eso conlleva. No maté a nadie, no participé en ningún episodio conectado a desapariciones, como oficial cumplí mi deber. [...] El tratamiento de los prisioneros era riguroso, así como fue el mío en el Regina Coeli [penal de Roma donde Tróccoli fue detenido cuando Uruguay pidió la extradición en 2007]”. La última parte de su declaración fue un violento discurso en contra de Uruguay: “Mi vida fue destruida, perdí oportunidades de trabajo, mi familia fue amenazada. La patria que me llamó a combatir me traicionó, como ha hecho también con mi amigo Larcebeau [Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray]. Esa no es justicia, sino furia y venganza. [...] hemos sufrido una guerra y yo logré perdonar todo, excepto el hecho de que ellos transfirieron el odio a sus hijos, cosa que yo y mi esposa no hicimos. Mis hijos son libres del odio. La única cosa positiva es que aprendí a amar Italia, el país que me acogió, la patria de mis entenados. Para lo que atañe a la otra, patria ingrata, no tendrá ni mis huesos, como dijo desde el exilio Escipión el Africano”.
Después de la declaración, la diaria se acercó al imputado para hacerle algunas preguntas; eso no fue posible porque Tróccoli dijo que no quería dar declaraciones. Fuera de grabación, nos dijo que su posición es la que expresó en las declaraciones espontáneas, en especial en la última parte de sus afirmaciones, y que vino a buscar justicia en Italia.
Luego de la lectura del texto por parte de Tróccoli, se realizaron las últimas entregas de documentación y la Corte declaró concluida la fase de testimonios del juicio. La Fiscalía tomó la palabra y abordó la exposición del alegato conclusivo. Empezó el fiscal Giancarlo Capaldo, con una introducción de carácter general, que subrayó la importancia del juicio no sólo a nivel italiano sino a nivel mundial, por “la importancia relativa no sólo a la reconstrucción de casos judiciales, sino porque contribuyó a revolucionar, como ya pasó con el trabajo del juez Baltasar Garzón, la jurisprudencia, posibilitando la celebración de otros juicios a militares involucrados en esos hechos. La celebración de esos juicios contribuyó a que los jueces de países del Cono Sur declarasen inconstitucionales las leyes de amnistía y de obediencia debida”. Capaldo quiso también expresar el papel imprescindible de los familiares de las víctimas, que con sus luchas dieron un empujón fundamental a la apertura de esas causas. Otra parte de su acusación se centró en la abundancia de documentación que fue presentada y en la característica de los delitos; esos homicidios muy especialmente agravados no deben será analizados como casos aislados, dijo, sino como operaciones planificadas por las juntas militares, y por eso deben ser perseguidos no sólo los autores materiales, sino los responsables políticos. La fiscal Tiziana Cugini, que representó a la Fiscalía en todas las audiencias, empezó una reconstrucción puntual de cada caso, poniendo en evidencia las pruebas aportadas por medio de material documental y de los testimonios. Inició con el caso de Daniel Banfi, secuestrado en Buenos Aires el 13 de setiembre de 1974, y detalló las pruebas aportadas por la viuda Aurora Banfi, que presenció el secuestro y declaró en el juicio, y de otros testigos, además de aportar material documental de variado origen que prueba la colaboración entre fuerzas represivas uruguayas y argentinas. El segundo caso que abordó fue el de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecidos entre junio y octubre de 1966: Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti y Juan Pablo Recagno. Para analizar esas desapariciones, reconstruyó las dos oleadas represivas en contra del PVP citando todos los testigos “claves”: María Pilar Nores Montedónico, que colaboró con los militares; Ana Cuadros, de quien destaca la prolijidad en la declaración; Sara Méndez, Ricardo Gil, y las últimas testigos llevadas por la parte civil, Cristina Mihura, María Elena Laguna y Beatriz Castellonese. Por la parte documental, Cugini subrayó, además, muchos documentos de archivo y la declaración del fiscal argentino Pablo Ouviña, citado por la misma Mihura. Cugini puso en evidencia las conexiones que emergieron entre uruguayos y argentinos, destacó el rol de los militares acusados, dejando en claro quiénes los reconocieron y dónde fueron reconocidos; y habló de la tortura como ulterior elemento de conexión entre los organismos represivos de los diferentes países, ya que se utilizaron los mismos métodos en lugares diferentes.
La audiencia terminó alrededor de las 17.00. Hoy seguirá la reconstrucción de la fiscal Cugini, que abordará los casos en los cuales está acusado Jorge Néstor Tróccoli.

Nadia Angelucci desde Roma, Italia

>>> Entrevista a Daniel Rey Piuma 2007 acusando a Daners y militares del FUSNA


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Espinonaje al Partido

El aparato de inteligencia militar, que reacomodó su funcionamiento a la nueva realidad emergente de la redemocratización –pero manteniendo inalterables los criterios estratégicos y los objetivos que venían de la dictadura–, abarcó todos los aspectos de eventuales informaciones que pudieran aportar control y poder sobre cualquier sector de la sociedad, incluso los delincuentes.
La legalización de partidos políticos y la reestructura de la actividad sindical (en especial en los sindicatos de las estratégicas empresas estatales) demandó un esfuerzo de reclutamiento de informantes que derivó en un verdadero ejército de agentes, algunos de los cuales habían sido reclutados en las "especiales" condiciones de las cárceles y los cuarteles. De todas formas, el carácter mercenario del espionaje fue una constante, aun cuando el reclutamiento no fuera por dinero, sino por presiones, amenazas y chantajes. La inteligencia militar consumió parte del presupuesto del Ministerio de Defensa y tuvo a su disposición toda la logística de vehículos, bases de funcionamiento y el acceso a la tecnología de cada momento. La casa central de la "agencia", tal como se denomina al Departamento III de la Dirección de Inteligencia, estaba ubicada en la casona de Monte Caseros y Larrañaga.
De los documentos a los que tuvo acceso Brecha surge que el Partido Comunista, el Movimiento de Liberación Nacional y el Pit-Cnt fueron los principales "objetivos" de la inteligencia militar. Sin embargo, había "agentes" con una vocación especial que los llevaba a informar de cuanta cosa se enteraran en el trabajo, en el sindicato o en el barrio.
ESPIANDO EN LA BASE.
Tal es el caso del agente 35, que militaba en el Seccional Mendiola del Partido Comunista, pero no perdía ocasión de apuntar las matrículas de los vehículos estacionados frente al local del zonal 5 del Mln, en La Teja. "La fuente vio a integrantes del zonal 5 del Mln en la zona de La Teja realizando una pegatina con leyendas alusivas al Primero de Mayo. Entre los intervinientes detectó al encargado de propaganda del zonal 5 y al 'Cabeza' Aquino", escribió el manipulador Fabián, en abril de 1988. "La fuente detectó al vehículo matrícula 222.306, camioneta azul con personas que ingresaron al local." Una anotación a mano agregaba, después de una consulta a la Intendencia de Montevideo, que la propietaria "vive en la calle Alejandro Gallinal".
El agente 35 daba cuenta periódicamente a la inteligencia militar sobre los informes que "bajaban" al seccional, informes que solía comentar con el secretario político del Mendiola, Miguel Curto. El secretario se quejaba en mayo de 1988 del "trabajo opaco" del seccional, que sólo había logrado cinco afiliaciones de las 50 previstas.
En junio de 1989 el agente 35 informaba que el Pcu no estaba de acuerdo con el conflicto en la fábrica Bao, impulsado por el Mln. La rivalidad entre comunistas y tupamaros son una constante en los informes referidos al Pcu. Así, el agente consignó que Miguel Villar, en su informe al seccional, dijo que "el Pvp está impulsando un trabajo conjunto con el Mln, ya planteó el ingreso al FA. Dijo que el Mln quiere reflotar los Cat (Comandos de Apoyo Tupamaro que surgieron a comienzos de los años setenta) trabajando en los comités de base". Fernando Plasencia, secretario de la Unión de Juventudes Comunistas (Ujc), dijo –según el agente– que "el Frente Juvenil del Mln está tratando de revivir el Fer 68 para oponerse a Asceep-Feuu". Fueran totalmente ciertas o no las apreciaciones de los informantes recogidas en centros de militancia, esa era la materia informativa con la que trabajaba la inteligencia militar; a veces, ciertas afirmaciones extremas eran puestas en duda por los manipuladores en sus comentarios a sus superiores.
La red de informantes del Pcu incluía, entre otros, al agente 58, que operaba en el Seccional Balbi; al agente 93, que describía las actividades de la Ujc y que se explayó sobre un campamento en Solymar; al agente 56, que no podía ofrecer mayor información a la "agencia" dado que "no tenía un funcionamiento orgánico al comienzo del año por la falta de los secretarios" en la agrupación Bleier, pese a lo cual seguía recibiendo viáticos por gastos; al agente 33, que trabajaba en la Central Batlle y militaba en Aute (solía hacer relevamientos ideológicos de los funcionarios del ente y de los militantes del sindicato, y se asombraba de la participación de Wladimir Turiansky en una asamblea en la que votó con la dirección pese a sus críticas habituales); o al agente 25, quien desde Fray Bentos coincidía con el agente 35 sobre las dificultades financieras del partido (los secretarios rentados de los zonales y seccionales tenían atrasos en sus sueldos) y daba cuenta del "informe de la secretaria de finanzas, Anabela Damasco, sobre la deuda de 80 mil pesos de la estructura de Fray Bentos", o "las dificultades en La Hora, en El Popular, e incluso en la editorial Pueblos Unidos". Tales alarmas presupuestales llevaron a los analistas de la "agencia" a concluir que "la delicada situación financiera del Partido Comunista está estrechamente vinculada a la baja militancia y por ende a las escasas cotizaciones que se obtienen". Al recibir correspondencia con las listas de Democracia Avanzada por el departamento de Río Negro, el manipulador consignó que "la fuente figura como primer titular a la Junta Electoral del Departamento".
Al momento de informar que "las remuneraciones de los rentados del partido son: Arismendi, 60 mil, Comité Central, 55 mil, rentados de los seccionales, 35 mil, conserjes 25 mil" y que, "en el acto del aniversario del Pcu en el Cilindro Municipal, Javier Tassino le informó a la fuente que seguían las purgas de antiguos rentados por nuevos cuadros", el agente 35 daba cuenta de los roces entre el Pcu y el Mln en La Teja y el Cerro: "A raíz de los actos del 7 y 8, Miguel Curto, del Seccional Mendiola, informó a la fuente que Jorge Zabalza y Manera Lluveras concurrieron a los seccionales 14 y Cerro del Pcu para alertar que si se tapaban las pegatinas del Mln tomarían represalias y que iban a estar armados". El agente agregaba que "el regional 3 informó al Comité Central y León Lev ordenó que saliera la mayor cantidad de gente a pegatinar, pero sin realizar provocaciones. Si había problemas tenían que retirarse porque tenían gente que se iba a encargar". En 1989 el agente 35 era convocado periódicamente para hacer guardia nocturna en el local del Comité Central.
EL CARÁCTER COMUNISTA DE UN ESPÍA.
Pero el agente 86 bien pudo ganar el título de súper agente. En enero de 1987 daba a conocer a la "agencia" el informe del Comité Ejecutivo del Pcu sobre el referéndum. "La línea es no embanderar la junta de firmas. Se hablará con un millón de personas. Es algo nuevo para el Pcu. Hay que demostrar que el plebiscito no es del Mln. (…) Valenti bajó línea a los secretarios regionales y comisiones departamentales sobre nuevos criterios de propaganda." En mayo del 88 fue convocado al local central. Su manipulador escribió que "conversó con Berrutti, secretario del Seccional Chávez Sosa, (quien) le comentó las negociaciones para formar acuerdos dentro del FA. Entre el Pcu, el grupo del diputado Pita, Rodríguez Camusso y Araújo. Berrutti le dijo que se adeudan dos meses del local del Departamental Montevideo y un mes a los funcionarios rentados".
El agente 86 –cuyo encuadre en la estructura del partido no surge de la documentación– informaba a mediados de 1988: "A Ramón Cáceres, secretario general del Sindicato de la Aguja y miembro del CC, se lo podría separar e incluso expulsar del partido por no ajustarse a la línea y hacer peligrar el dominio comunista dentro del sindicato".
Sin embargo, poco después, fue citado al local central. "Víctor Vila le dijo que el partido le había dado conocimientos de propaganda, pero que no estaban conformes con su trabajo." El agente se hizo una convincente autocrítica: "No valoró al partido en lo que le podía dar. Vila dijo que no habían perdido la confianza en él como comunista, pero que debía trabajar mucho".
Aunque Javier Tassino, secretario político del regional 4, lo pasó a la agrupación Julia Arévalo y le dijo que "había pensado en incorporarlo a la salud porque el Mln está trabajando bien en esa área", el agente 86 aportó la lista de afiliados al Pcu del Seccional Mendiola, con direcciones; informó que un gerente de Phuasa era cotizante del Pcu; e identificó a los miembros de seguridad del partido que hicieron vigilancia durante un acto del 9 de julio en 18. Por tanto, el informante fue ascendido a responsable de propaganda del seccional 17 (dentro de la Comisión de Propaganda del partido); fue elegido secretario de propaganda de la Coordinadora O del FA; fue elegido como delegado al congreso del FA y, finalmente, como primer miembro alterno, cuyo titular era Errol Gonella (Pcu).
La "agencia" no sólo obtenía información; también elaboraba planes para intervenir activamente en operaciones. El agente 32-G informaba el 18 de abril de 1989 que en un edificio de la calle Felipe Sanguine­tti "podrían estar ocultas cuatro o cinco personas escapadas de Argentina. El apartamento sería de un tal Pablo, Pcu, de la parte internacional porque viaja a menudo". El tal Pablo resultó ser Pablo Farías, identificado como participante en el secuestro de un industrial dueño de Championes Seral, que huyó a la Argentina, donde habría participado en otro secuestro. El manipulador y sus superiores decidieron "hacer una inspección de Ose en los 42 apartamentos del edificio". Confirmaron la presencia de cuatro argentinos que tenían armas poderosas, pero no los ubicaron porque no pudieron acceder a 20 apartamentos en los que no había nadie al momento de la inspección.
De la misma manera, la obsesión por vigilar más estrechamente a la Dirección del Pcu llevó a la "agencia" a impulsar a un agente reclutado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a concretar un acuerdo con el dueño de un apartamento lindero con el local del Comité Central del Pcu. El agente 48-C había recibido la orden del subdirector de la Dnii, Panizzolo, de retomar el contacto con el dueño del apartamento, que pedía, en sustitución, que le alquilaran una casa en un balneario. El agente explicó a la "agencia" que "quedó todo parado hasta después del referéndum. La fuente dice que el que mandó realizar la gestión fue Panizzolo, pero estima que el verdadero interesado es la Cia".
A CUALQUIER COSTO.
Sin embargo, un objetivo perseguido pertinazmente era infiltrar las direcciones máximas de los organismos espiados. La oportunidad de penetrar en el Comité Central del Pcu surgió cuando la "agencia" evaluó conectar a uno de los miembros de un estudio de profesionales, que la inteligencia ubicaba como miembros del Partido Comunista. Tal objetivo surgió mientras los oficiales seguían al coronel retirado Pedro Montañez, preso político junto con el general Liber Seregni y mentor de la logia 1815, que operó en las Fuerzas Armadas en los años sesenta. Montañez había visitado el estudio de los profesionales, lo que avivó el interés de los espías.
Tras una discreta vigilancia, la "agencia" identificó a los profesionales y decidió abordar a uno de ellos, esposo de un miembro del Comité Central del Partido, aun sin saber cuál podía ser la reacción. Sorpresivamente, quien fuera apodado Juan Carlos, agente 02-E, aceptó conversar. En marzo de 1989, un documento de la "agencia" daba cuenta de una entrevista en la que "la fuente, vinculada a altos dirigentes del Partido", dio sus opiniones sobre el referéndum para derogar la ley de caducidad.
Aunque no había sido reclutado, Juan Carlos accedió a comentar: "El Pcu considerará un triunfo si se da una buena votación, aunque no se gane. En cualquier opción, deberá haber una solución política. Para prevenir provocaciones contra los militares acusados, habría que tomar medidas como darles licencia a los oficiales. Piensa que pueden surgir desestabilizaciones".
En un segundo encuentro, Juan Carlos se mostró reticente a una conversación fluida; dijo que por su trabajo en Punta del Este no estaba al tanto de las cosas. El manipulador pensaba que sí, y proponía presionarlo. Juan Carlos contó que había informado a Edgardo Lanza que "estaba manteniendo conversaciones con militares por el referéndum". Y comentó: "El partido no es tan cuco como lo pintan".
El manipulador consignó, escribiendo en tercera persona de sí mismo: "Existe una posibilidad remota de que Juan Carlos intente reclutarlo. Es importante tratar de determinar de qué forma se le hizo la comunicación al partido y qué importancia se le atribuye al hecho; el partido tendría que mostrarse interesado en tener a un integrante manteniendo contactos con el principal órgano de inteligencia del país y más si éste fue enganchado por el organismo de inteligencia".
Al regreso de Juan Carlos de un viaje al exterior, la "agencia" retomó el contacto. Interrogado, Juan Carlos admitió que "le ocultó al 'Chumbo' Lanza que se trataba de un servicio de inteligencia. Lanza le dijo que si los militares tenían interés de conversar con el Pcu, que lo hicieran por los canales oficiales". El manipulador propuso que "si en algún momento se toma esa medida, Juan Carlos debería ser el intermediario" (para comprometerlo). Y planteó "hacer un repaso de las actividades desarrolladas por Juan Carlos en el pasado".
"La fuente se muestra muy frágil de memoria, probablemente porque no está interesado en colaborar", comentó el manipulador. "Pero está presionado y no tiene otra cosa que hacer. Se considera que hay que seguirlo presionando y continuar con su historia pasada hasta nuestros días para tratar de evaluar su real ubicación y conexión dentro del PC."
En sucesivas entrevistas Juan Carlos fue amenazado: "Tiene que informar sobre las actividades de sus socios en el estudio para no verse envuelto en problemas. Niega mantener contactos con cubanos". Los encuentros fueron cada vez más agresivos, y las transcripciones de las conversaciones revelan verdaderos interrogatorios: "Dice no saber quién es el coronel Montañez. Admite conocer a Luis Echave, 'el Colorado'. Dice que no está afiliado y no cotiza".
La "agencia" decidió seguir presionando y mantener una estrecha vigilancia de sus movimientos, a la espera de que surgieran los elementos que explicasen la ambigua conducta de Juan Carlos, que no se rebela frente al acoso, pero que mantiene los contactos. La búsqueda apuntaba a ubicar "algo oscuro" en el pasado de Juan Carlos, más allá de su colaboración durante su detención en la dictadura.
El episodio –cuyo desenlace no se conoce– alecciona sobre los métodos utilizados, una forma más de violencia.

De pura raza

En marzo de 1989, la agente 41-G elevó ciertos reclamos para seguir funcionando. El manipulador, "Mauro", apuntó: "1. Tener un trabajo efectivo en esta agencia (ingresar). 2. Tener cobertura cuando se realicen ciertas operaciones. 3. Viáticos y gastos de representación aparte del sueldo, cuando correspondan".
El manipulador estampó el siguiente comentario: "Es una 'currera', podría poner en peligro cualquier misión asignada si no se le 'da con el precio'". Propuso no aceptar su ingreso: "No hay que olvidar que el agente es de raza y religión judía y sus principios van primero que los nuestros".

Diego el telefonista, la Momia y un agente doble

La oficina tenía (¿tiene?) una línea telefónica (81.97.22) que nadie, salvo los expresamente autorizados, podía utilizar. El teléfono descansaba en el escritorio, y cuando sonaba, el que respondía bajo ningún concepto debía identificarse como operador del Departamento III.
Junto al teléfono, en el escritorio, un oficial que para sus "fuentes" decía llamarse "Diego" tecleaba la máquina con cierta aprensión. Acababa de escribir el título: "Relación de César Rodríguez con esta agencia y posibles operaciones a realizar". Diego había conocido a Rodríguez, a través de su esposa, en 1987. Nunca hablaron de política, y el oficial dejó de verlo cuando aquel consiguió un trabajo en el supermercado Disco de Pocitos.
"A fines de abril de 1989, este manipulador se encontró en forma casual con Rodríguez, que trabajaba como mozo en un bar de Juanicó y Comercio. Rodríguez le manifiesta su interés de ingresar a la Policía", y se lo planteó porque sabía que Diego era militar, aunque desconocía su rol en la Inteligencia. "Este manipulador mantuvo una charla con el Oficial Alem Castro y lo consultó si había la posibilidad de ingreso a la Policía, contestándole que en la Dnii había, y que él era el encargado de la parte de los ingresos." (El policía Alem Castro era conocido también como La Momia, Colina, Oscar 4, en el Ocoa, y su nombre real sería Abayubá Centeno). En mayo, Rodríguez tomó contacto con Alem Castro, quien lo presentó en la Dnii; ambos ocultaron el vínculo con el manipulador.
En una charla con Rodríguez, el manipulador le explicaba la actividad de inteligencia "y Rodríguez manifiesta que en el año 85 se había afiliado y militado en la Ujc". De la "profundización" de ese detalle del pasado de Rodríguez, Diego supo que, en un baile, dos muchachas de la Juventud Comunista reclutaron a aquel pibe de 15 años. "Fue a fines del 85, me invitaron a un baile unos muchachos de la barra de la esquina, y como yo estaba para hacer esquina y romper los cocos, fui", explicó quien a partir de ese momento sería "César" y aparecería en los formularios como agente 17-C.
El manipulador supo que César militó en el Círculo Bantroi y a principios de 1986 llegó a ser secretario de propaganda; que realizó la escuela elemental y la escuela vespertina; que reclutó a su madre para el partido, y a sus dos hermanas y a un primo para la Ujc, aunque ninguno de ellos llegó a militar. Cuando regresó al Círculo, por discrepancias con el funcionamiento, se alejó definitivamente.
Para Diego era altamente improbable –y así lo escribió en su informe– que César continuara siendo miembro del partido; descartaba la hipótesis de que fuera un agente del Pcu intentando infiltrarse en la inteligencia, por dos razones: "Que no fue él quien ubicó a este manipulador para pedirle trabajo sino que fue un encuentro casual; y que Rodríguez no tuvo nunca conocimiento de que este manipulador trabajara en un organismo de inteligencia, sabiendo sólo que su destino era el Comando General del Ejército".
A esta altura, Diego llegaba al punto crucial de su informe. ¿Qué operaciones realizar con Rodríguez? Por un lado, el manipulador "estima que no hay inconveniente en que en esta etapa informe de las actividades de la Dnii". Pero, además, "el hecho de que C Rodríguez haya militado en la Ujc permite la posibilidad de que la Juventud Comunista lo utilice como infiltrado dentro de la Dnii".
La creación de un doble agente era, para Diego, una "operación delicada y riesgosa" que "requiere un máximo de compartimentación". Después de una conversación con el oficial Alem Castro, se decidió no comunicar la operación a los superiores de la Dnii "porque no ofrecen garantías de compartimentación", de modo que "en una primera etapa sería conveniente mantenerlo en secreto para la Dnii".
Para el oficial de inteligencia, la transformación de César en un agente doble suponía la concreción de dos objetivos importantes: "Se tiene conocimiento fehaciente de que dentro de la Dnii hay un infiltrado (de nivel no detectado) perteneciente al Pcu. En la medida que C Rodríguez pueda desarrollar su papel de agente infiltrado del Pcu le puede posibilitar que tome conocimiento (de) quién es esa otra persona".
Y el segundo objetivo: "Detectar cuáles son los intereses que tiene el Pcu en base a las solicitudes de averiguación que se le hagan a C Rodríguez, así como también la forma en que está operando el aparato de inteligencia del Pcu".
Al terminar de teclear, el informe de Diego era como esos espejos enfrentados que reproducen una imagen hasta el infinito. Estaba tan absorto en las posibilidades de aquel juego a tres bandas que mecánicamente atendió la llamada del 81.97.22. Era la madre de "Lucía": "Dejen de molestar a mi hija". Lucía era la antigua agente 84, cuyo contacto se había debilitado y, a instancias de "Guillermo", jerarca de la "agencia", varias funcionarias habían llamado a su domicilio, sin suerte, para reengancharla. Lucía había dejado de espiar porque tenía un novio celoso. La madre había advertido: "Si siguen llamando, voy a pedir a Antel que intervenga mi teléfono".
Había agentes y agentes, seguramente concluyó Diego.