viernes, 22 de diciembre de 2017

Solidaridad con el pueblo argentino




Uruguay se solidarizó hoy con el pueblo argentino; por la represión sufrida ante el ajuste impuesto por el gobierno represor de Macri.
La Embajada argentina estaba fuertemente vallada, eso no impidió que la concentración se realizara igual. Fue convocada por la FEUU (Federación de Estudiantes de Uruguay- Coordinación feminista- Comité Palestina Libre-Uruguay- Plenaria Memoria y Justicia. Partido de los trabajadores- PCR-

>>> El miedo a la protesta



Vino el sr policia que me está mirando, me hizo la venia y me dijo que no podia filmar policias, 
- y porqué esta todo cercado? le pregunté. 
-Por la manifestación- me dice. 
-¿Que manifestación? - 
-Una que viene-
 kkkuuuuaaakkk!

 >>> Desafiaron el cordón policial
FRENTE a la embajada ARGENTINA en MONTEVIDEO se puso de manifiesto la solidaridad del pueblo uruguayo como buenos herman@s de la banda oriental.
Organizaciones estudiantiles , sindicales, partidos políticos y de derechos humanos se hicieron presente manifestando su rechazo a los marcos represivos que fija el macrismo en función de militarizar la protesta social, una coyuntura liberal que a un empresario como macri lo tiene como sujeto protagonista en un contexto regional desfavorable para los sectores populares en función de sus conquistas, pero importante en lo que refiere a construir una nueva subjetividad que tenga como protagonista a los sectores que dan pelea.
La reforma jubilatoria previsional genero un punto de inflexión en el pueblo argentino, si bien la ley salió y tuvo quórum suficiente en el recinto del congreso, el gobierno tuvo necesariamente que desplegar toda su logística, se vio esforzado por la situación en un abanico desfavorable.
Inexorablemente el pueblo argentino tiende a insureccionalisarce…. Lo describía así y muy bien Mario Roberto santucho, paquetes de reformas antipopulares están logrando acabar con una luna de miel que el gobierno creía tenerla rendida a sus manos, la clase dominante va por todo pero comete el error nuevamente de subestimar a un pueblo que siempre lo tiene de protagonista su carácter combativo.
Fotos Hernan Omar Daffonchio

Fotos Martha Passeggi












El país de la joda




La Comisión Investigadora que estudia el financiamiento de los partidos políticos y su vínculo con las empresas Cambio Nelson, Aire Fresco, Fripur, Cutcsa y La 10 definió agregar a los hogares Beraca, el empresario Gustavo Torena (Pato Celeste) y la empresa Tenfield, según informó a Montevideo Portal el presidente de la Comisión, Alejo Umpiérrez.

Umpiérrez explicó que también se resolvió suspender la actividad durante el mes de enero y duplicar las sesiones en febrero. Cuando se termine la indagatoria sobre las empresas que dieron surgimiento a la Comisión-aún quedan actuaciones en tres de ellas- se comenzará con Tendfield y Beraca.

Si bien aún no están definidas las personas que serán citadas, se buscará el testimonio del ex presidente de Nacional, Ricardo Alarcón y el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, dado que ambos realizaron declaraciones públicas sobre presiones por parte del gobierno a favor de la empresa.

La propuesta de investigar a Tenfield fue realizada por el secretario general del Partido Colorado Adrían Peña, y entre los puntos a investigar se encuentra un vuelo charter a Venezuela pagado por Tenfield y en el que viajaron Raúl Sendic, José Mujica y el ex presidente de la Mutual de futbolistas, Enrique Saravia.

Otro de los puntos a analizar es la condonación de una deuda de 11 millones de dólares que Presidencia de la república otorgó a la empresa con la posición contraria de la Dirección General de Impositiva y el Ministerio del Economía.

Los hogares Beraca y la Iglesia Dios es Amor

Por otra parte también quedó aprobada la investigación propuesta por el legislador Oscar Groba, sobre los hogares Beraca y la Iglesia Dios es Amor. Para el legislador emepepista, hay una “clara ilegalidad” en el financiamiento de la Iglesia Dios es Amor a partidos políticos. Hasta ahora, se conoce el caso de la senadora Verónica Alonso que admitió que recibió financiamiento de esa organización.

También se incluirá a los Hogares Beraca, que tiene varios convenios con organismos del Estado, a través de otras empresas, como una constructora, que está en Delta del Tigre, una empresa de catering, alojada en el Cerro, que vende servicio de fiestas y otros pequeños emprendimientos.

Los hogares Beraca también son acusados de utilizar a la población con la que trabajan a través de esos convenios estatales para repartir listas a favor del diputado Álvaro Dastugue.

Dueños de Aire Fresco se negaron a declarar

El diputado Umpiérrez informó a Montevideo Portal que los dueños de la empresa Aire Fresco, Carlos Decia y Omar Alaniz, decidieron no concurrir a la Comisión Investigadora, señalando que mientras el caso esté en manos de la justicia no aportarán información al ámbito parlamentario.

Pese a ello, la Comisión decidió seguir con su investigación y llamó a empresarios que tuvieron vínculos comerciales con la empresa Aire Fresco, investigada por su rol como mediadora entre el comercio entre el Venezuela y Uruguay.

Umpiérrez se excusó de dar los nombres de los citados para 2018 por este tema, señalando que no tienen ninguna vinculación con las maniobras que se investigan, pero se los llama para que den cuenta de la actividad de la empresa investigada.

Montevideo Portal



Todos salpicados: los partidos políticos enfrentaron un año para el olvido







Las estaciones de servicio de Bascou

El intendente de Soriano

La Junta de Soriano no reunió el quórum necesario para tratar el informe de la Junta de Ética y Transparencia Pública –Jutep- sobre el intendente Agustín Bascou, por vender combustible a la comuna en estaciones de servicio de su propiedad.

La bancada blanca se dividió porque los ediles Andrés Juri, Luciano Andriolo, Máximo Mesa, Marco Morosini y Emanuel Borges querían dar quórum al igual que los siete frenteamplistas.
La bancada nacionalista se dividió porque cinco de sus ediles querían dar el quórum. El edil del Partido Nacional, Marco Morosini, dijo que lo ocurrido es "lamentable, un atentado a la democracia" y muestra "falta de madurez y de humildad" de los ediles alineados con Bascou que no quieren admitir que el intendente actuó de manera equivocada.
Fuente: El País


Obtuvo beneficios económicos por la compra de combustible del gobierno departamental a estaciones de servicio que eran de su propiedad.

Tres estaciones

El informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública asegura que el intendente fue copropietario de tres estaciones de servicio en el departamento de Soriano. Además de las dos ya conocidas en Mercedes, que eran propiedad a través de la sociedad Radial Mercedes Ltda., existe una tercera estación ubicada en Dolores que hasta ahora no había sido mencionada.

Según detalla el informe, el cinco de noviembre de 2014 Bascou y su cónyuge adquirieron cada uno el 25% de los títulos de acciones de Ilanir S.A que es propietaria de una estación de servicio de Ancap en Dolores que también integra el Sisconve, sistema por el que el gobierno departamental le compra combustible a las estaciones. Las tres estaciones fueron vendidas en febrero de 2017.

"Adicionalmente, cabe señalar que la participación del Sr. Bascou en el capital social de Ilanir S.A. propietaria de la estación Ancap de Dolores, no aparece mencionada en los medios de prensa que se han ocupado profusamente del tema ni en documentos partidarios difundidos recientemente. Esto reafirma la necesidad de que estas situaciones sean declaradas formalmente, tal como lo exige la normativa, sin descansar en el difuso concepto del "público conocimiento", apunta el informe





La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) considera que el intendente de Soriano, Agustín Bascou, violó varias normas establecidas en el decreto que define las normas de la función pública y obtuvo beneficios económicos por la compra de combustible del gobierno departamental a estaciones de servicio que eran de su propiedad.

Entre las normas violadas por el intendente está la probidad ya que, según establece el decreto, el funcionario público debe observar una conducta "honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza".

La Jutep entiende también que Bascou no adoptó todas las medidas "a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de intereses en el desempeño de sus funciones" además de que violó la prohibición de contratar a un organismo al que pertenece.

"Este directorio no comparte la afirmación de que no existe vínculo alguno de la Intendencia de Soriano y ninguna estación de servicio en particular", dice el fallo y explica que cuando un vehículo de la intendencia carga combustible en una estación propiedad del intendente "está generando" un pago que por esa "compra recibirá la estación" propiedad de Bascou.

Para el organismo Bascou también violó normas vinculadas a la legalidad, la transparencia, prohibición de relaciones con actividad vinculada y declaración jurada de implicancias. Además, establece que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la situación del intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra, consultado por Bascou, no es un antecedente "aplicable" para esta situación.

"No se comparte la afirmación del Sr. Bascou en el sentido de que su actuación en el tema analizado fue ajustada a derecho en el período en el que ejerciendo en el cargo de intendente de Soriano, participó del capital social de Radial Mercedes Ltda. E Ilanir SA", dice la resolución del organismo publicada en su página web.

La Jutep entiende que si bien no existió "daño patrimonial" para el Estado sí hubo un "beneficio económico" para Bascou, su cónyuge y sus socios.

"A diferencia de lo que sostiene el Sr. Bascou este directorio entiende que efectivamente en su carácter de intendente adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba", asegura.








jueves, 21 de diciembre de 2017

ADEOM sin respuesta



No se sabe de donde viene, pero la politica es privatizar, tercerizar, llamar pasantes. Se sabe de donde viene, viene de las politicas neoliberales, esto crea conflicto con los trabajadores. TAmbien la Intendencia montevideana tiene la misma politica y esto lleva a estar en conflicto permanente. Un par de centenas de municipales se agruparon hoy en la explanada municipal y le preguntamos el porqué de estar movilizados y en paro que habian comenzado a las 14,30 de hoy.











miércoles, 20 de diciembre de 2017

Lo inexorable

Astori en el Parlamento por reestructura en el BROU.


“Inexorable” (según la Rae: “que no se deja vencer con ruegos”)


Samuel Blixen
15 diciembre 2017

Reiterar que la reestructura del Banco República “no tiene marcha atrás” y que el proceso es “inexorable” tiene un alto costo político, como reveló la asistencia del ministro de Economía y del directorio del banco a la comisión de Diputados.

En menos de 24 horas el poder político debió inclinarse dos veces ante el criterio del ministro de Economía, pero en ambas el triunfo suena algo pírrico. La solución a la cuestión de los cincuentones –que se analiza en estas páginas– tuvo un alto costo: Astori debió ceder a la mitad de sus pretensiones después de amenazar con la renuncia de todo el equipo económico si no se aceptaba el 100 por ciento de su reclamo. Y en la cuestión del desguace del Banco República –que lo es, por más que lo vistan de seda– el ministro utilizó un adjetivo desafortunado para arrear con el poncho: la reestructura del banco es “inexorable” (según la Rae: “que no se deja vencer con ruegos”) y eso porque, antes que nada –explicó–, es una “cuestión política”; no aclaró qué objetivo político concreto está detrás de la reestructura del Brou.
A partir de esos dos conceptos, la reunión de la Cámara de Diputados, en régimen de comisión general, fue un festival para la oposición. Y si bien la actitud del oficialismo reveló que la coherencia se entiende como acatamiento, el costo para el gobierno y para el eventual candidato a presidente fue altísimo. Por una vez –y hay que saludarlo como un hecho memorable– el recinto parlamentario fue la caja de resonancia de la gente, en este caso la gente más ignorada, los vecinos de los pequeños pueblos, en su mayoría del Interior profundo: Tranqueras, Conchillas, Quebracho, Palmitas, La Paz (Colonia), Corrales, Guichón, Juan Lacaze, Constitución, Vichadero, Baltasar Brum, Vergara…
Los relatos de los diputados del Interior que se erigieron en voceros de los vecinos se sumaron como cuentas de un rosario a lo largo de seis horas de debate. La reiteración de anécdotas y situaciones vividas desmenuzó las miserias evitables de pobladores que se quedan sin cajero automático (porque se rompe o no tiene dinero), que tienen que viajar 30 quilómetros para hacer un depósito, que no encuentran un gerente que autorice determinados trámites, que deben esperar días para que reabra el banco. Los frenteamplistas que siguieron el debate en las barras o por televisión asistieron horrorizados a las intervenciones de algunos diputados oficialistas que apelaron a la retórica cantinflesca para decir que no pero que sí, o que apelaron a “velar por el bien superior”, o que no tuvieron mejor recurso que recordar los viejos escándalos de los bancos fundidos para justificar este desguace, como si, en esencia, aquellos “salvatajes” blancos y colorados y estas “modernizaciones” frenteamplistas no tuvieran una misma raíz privatizadora.
Frente a la reiteración de los testimonios y vivencias de los pobladores del Interior afectados por la “reestructura” –que implica cierres parciales de sucursales, cierres a secas o la degradación a la condición de “microbanca”–, el ministro y el presidente del Banco República, Jorge Polgar, se aferraron a un discurso que los alejaba más de la gente, para beneplácito de los diputados del Interior, principalmente blancos, a los que se les hacía el campo orégano. El ministro, por ejemplo, contrarrestó las críticas afirmando que las finanzas del banco crecían, a modo de bálsamo espiritual para los que sufren la reestructura en los pequeños poblados del Interior. Polgar, por su parte, atajó las críticas diciendo que la tecnología va más rápido que la historia y, al parecer, la sumisión a la tecnología es también inexorable. Un diputado nacionalista que prefirió no enfrentar el credo tecnológico planteó, no obstante, que había que ver si parte de esa tecnología no se podía desarrollar en casa. De ninguna manera: el nuevo core bancario que está en proceso, y que Polgar describió como el nirvana tecnológico, es algo que sólo pueden encarar los más grandes; de todas formas, apuntó la oposición, eso es en los hechos privatizar aspectos esenciales de la operativa bancaria. El ministro descartó el concepto de privatización y explicó someramente que el costado político tiene que ver con la inclusión financiera, otro dogma inexorable.



Entre paréntesis, todos aquellos aspectos no vinculados al cierre parcial de sucursales fueron abordados muy tangencialmente por la oposición, y sólo se señaló, en una especie de nota al pie, que el pase a privados de la tarea de análisis de créditos era como “trabajar de los dos lados del mostrador”; o bien se señaló que la mención al desvío de ciertas tareas a “corresponsales” (que el banco utiliza desde hace años, aclaró Polgar, como si el pecado se convirtiera en virtud por el mero paso del tiempo) era admitir otra forma de privatización. Y el papel de los corresponsales, a los que se les paga un millón y medio de dólares mensuales, revela la inconsistencia del argumento según el cual los cierres parciales de sucursales obedecen a la poca operativa en ciertos lugares o la supresión de ventanillas de caja. “¿Por qué el privado se instala en un lugar donde no hay negocios?”, apuntaron representantes de la oposición, pero la pregunta quedó como retórica parlamentaria.
Sólo algunos diputados señalaron el hecho de que el conjunto de las medidas de “estrategia 20 20” –como definió Polgar– terminan beneficiando al sector financiero privado. Ni el ministro ni Polgar explicaron por qué el Banco República resignó el negocio de la financiación hipotecaria o la financiación de la compra de vehículos, como reclamó un legislador; y tampoco respondieron a las demandas de una diputada coloniense, quien cuestionó la base de la “buena salud” financiera del banco recordando que la mayor parte de los ingresos provienen de préstamos sociales, utilizados por trabajadores y jubilados que pagan un interés del 30 por ciento cuando la inflación es del 10 por ciento.
Los cuestionamientos de la oposición a la reestructura bancaria quedarán como alimento del canibalismo electoral; no parece haber fuerza parlamentaria para frenarla. Por eso un diputado oficialista señaló, como al pasar, que el problema será resuelto en ese mecanismo “ejemplar a nivel latinoamericano”: la negociación tripartita, en este caso el gobierno, el directorio del Brou y los trabajadores bancarios. Lo que no mencionó el legislador son los esfuerzos conjuntos de Aebu y de la bancada frenteamplista para desplazar el eje de la conducción del conflicto sindical. Este conflicto, protagonizado por los bancarios del Brou, que recrudeció en los últimos meses con ocupaciones de sucursales, enfrentó también la oposición de la mayoría de los dirigentes de Aebu Central y del Consejo de Banca Privada, que insólitamente defendieron a rajatabla al directorio del banco. La consecuencia fue que, en medio del conflicto, los llamados “sectores radicales” conquistaron la mayoría, en elecciones, del Consejo de Banca Oficial. Fue por ello que, para establecer nuevas estrategias, los dirigentes sindicales “frenteamplistas” se reunieron con la bancada oficialista, analizando alternativas; no fueron invitados los dirigentes que se oponen a la reestructura.
El llamado a comisión general transcurrió bajo el paraguas de buenas maneras casi versallescas: el ministro agradeció efusivamente haber sido invitado a exponer, y no hubo diputado que no iniciara su intervención agradeciendo la presencia de los representantes del Ejecutivo. Hubo sólo un timbre discordante, un falsete de mal gusto: un diputado oficialista, el único que se manifestó explícitamente en contra de la reestructura, denunció que uno de los directores del Banco República integra una empresa que había acordado licitaciones con el banco. El ministro dijo “sentirse obligado” a rechazar “de la forma más tajante y enérgica” cualquier insinuación en ese sentido. Y ahí quedó la cosa.
A cierta altura del debate varios diputados de la oposición pidieron, rogaron, al equipo económico que detuviera la reestructura, al menos para el Interior de la República. El ministro volvió a declarar que la reestructura “no tiene marcha atrás”, que es “inexorable”: los legisladores no tenían presente que la inexorabilidad es a prueba de ruegos.