MIDES EN EL PARLAMENTO Ana Olivera señaló que no hay "nuevas personas" durmiendo en la calle Autoridades del Mides defendieron en Diputados el trabajo interinstitucional realizado.
Las
autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comparecieron
ayer ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de
Representantes para informar sobre la situación de personas que viven
en la calle. Al salir, la ministra Marina Arismendi explicó, en
conferencia de prensa, que su ministerio dispone de 48 refugios y de
equipos que están trabajando continuamente para que las personas que
viven a la intemperie accedan a alojarse en esos lugares. También señaló
que actualmente los refugios están "a tope" y que el Mides prevé abrir
centros de contingencia, ya que "da la pelea" para "que la gente entre
[a ellos], no para que no vengan".
El fracaso de las políticas asistenciales. (Es el neoliberalismo...doña!) En Cuba no pasa.
El último censo del Mides,
realizado en 2016, indicó que había 556 personas durmiendo en las calles
de la capital. Sin embargo, la directora nacional de Protección
Integral en Situaciones de Vulneración del ministerio, Eleonora Bianchi,
reconoció el 7 de mayo, en una entrevista con el programa radial En
perspectiva, que el panorama actual es otro: "Vemos más gente", dijo, y
comentó que no sabía si el número del censo de 2016 que se estaba
manejando era "absolutamente preciso", porque "en el ínterin vamos
alimentando el censo con nuevas informaciones, y lo que estamos viendo
desde hace un tiempo es que hay población que viene de otros lugares",
distintos de aquellos "de los que habitualmente provenía la gente en
situación de calle".
El Mides no tiene refugios; solo hay uno de la Intendencia.
Una docena de personas se refugian en la ex estación de ferrocarril de la ciudad de Salto.
Bianchi explicó en aquella ocasión que antes se
podía ver que "la gente en situación de calle tenía adicciones, tenía
problemas vinculados con la vivienda, con la ruptura del entramado
social propio", y que ahora, en cambio, se constataba la presencia de
"gente que sale de la cárcel y va a vivir en la calle; hay otras
personas que han estado institucionalizadas por muchos años, por
ejemplo, jóvenes que han tenido tránsitos largos en el INAU y también
los encontramos en la calle". Y concluyó: "Todo esto es a lo que
llamamos "formas nuevas": nueva gente que llega a la calle".
Olivera
dijo a La Diaria que no hay "nuevas personas" durmiendo en la calle. "Si
tú mirás en el censo, las personas que se encuentran durmiendo a la
intemperie son mayoritariamente gente joven, y seis de cada diez vienen
de un proceso de institucionalización o de un proceso de privación de
libertad. No es que sean nuevas personas".
Ana Olivera, Subsecretaria MIDES: "Hay una nueva forma de estar en la calle".
Olivera dijo que “la
interinstitucionalidad se viene fortaleciendo", y no sólo se trata de
"actuar juntos", sino de "pensar en común", dijo. Eso, aseguró, es lo
que está pasando con el abordaje de la "nueva modalidad" de personas que
viven en la calle y montan "campamentos". "Lo trabajamos con la
Intendencia de Montevideo, que es la que tiene la obligación de liberar
el espacio ocupado junto con el Ministerio del Interior, que es el que
actúa en función de la Ley de Faltas, al mismo tiempo que nosotros
recogemos los datos que nos permiten saber de quiénes se trata".
Franklin Rodríguez, actor: Mujica es el gran actor del Uruguay, a su lado, Alberto Candeau no existe.
Mujica en el Estadio Azteca
>>> ¿Qué te dolió más de Mujica?
Es el gran actor del Uruguay. Alberto Candeau no existe al lado de
él. Y lo digo con propiedad, porque fuera del país decís algo de él y te
masacran. Hablé de él en Viena y para qué… Dije que era un actor, un
gran mentiroso, alguien que habla mal en Uruguay y muy bien afuera.
Afuera habla perfecto. Pero no se le puede negar lo que ha logrado; ha
llenado el Estadio Azteca con un discurso. ¿Quién mierda lo hace eso? Es
maravilloso. Es un gran vivo.
Dice que no va a ir a las elecciones,
pero está coqueteando. Le da para adelante a Astori. Pobre desgraciado,
Astori, que no emboca una; es como Rampla Juniors, nunca entra en nada,
pobrecito. Siempre ahí, con su lentitud. Me lo imagino a Mujica dándole
manija, para que se tire y después tirarse él atrás.
Es genial lo que
hace el viejo. “Ahora se murió Manuela, no tengo tiempo, estoy con las
lechugas, andá Daniel”, eso le debe decir. “Constanza, no te quedes
atrás, vos tenés que ir, sos la esperanza de la mujer.” Los manijea a
todos y atrás va a él.
Es lo mismo que Sanguinetti, que lo mandan de
vuelta. ¡Llegó Sanguinetti! ¡Supercan! ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo
(…) aparece Sanguinetti de nuevo? Y pasa lo mismo con Mujica, un tipo
que ha logrado la adhesión, con los disparates más grandes que ha dicho.
Fue un gobierno divertido, ni lo dudes. Mucho más que el de Batlle.
“Traigan a los de Guantánamo, traigan a los de Siria.” ¿No se te ocurrió
pensar que estás trayendo gente que reza cinco veces por día y le pega a
la mujer? ¿Cómo los vas a meter por la fuerza acá? ¿No se le ocurrió
pensar eso, por un momento? El de Guantánamo dijo que prefería estar en
el medio de la guerra en Siria antes que estar acá. ¿Se acuerdan de eso?
?????? Tienen nefastos antecedentes... Una embajadora de la CIA con un ex JUPo hoy diputado por el FA. Combustible... fotos de US embasy
>>> El origen de los escuadrones de la muerte
Justicia por mano propia
Vecinos salen a combatir el crimen
Un
grupo de vecinos salió a patrullar, detener e interrogar a presuntos
delincuentes en Toledo. Abogados penalistas advierten que se pueden
meter en problemas. Entre Montevideo y Canelones hay unas 70.000
personas en grupos de alerta vecinal. Sus métodos difieren; su objetivo,
no.
CARLOS TAPIA
domingo, 17 junio 2018
Patrullaje: los habitantes de Toledo se lanzaron a la calle.
Son
las tres y media de la mañana. El frío lo atraviesa todo. Solo se oye
el silbido del viento y los pasos de un joven que va caminando por
la calle con una garrafa al hombro.
No hay dudas: es un chorro.
Así
piensan los vecinos de Toledo que adoptaron la seguridad por mano
propia. Los que están decididos a hacer lo que aseguran que las
autoridades no hacen. Una comisaría diezmada, sin efectivos, sin
patrullero, sostienen. Una ola de robos violentos: la semana pasada
asaltaron un supermercado y un local de cobranzas, hubo tiros, un
cliente y un guardia heridos. Esta semana también balearon a un
pistero de una estación de servicio que intentó resistirse a un robo.
"¡Qué
más remedio!", se justifica Alfredo Silva, edil colorado y líder de los
vecinos que salen a vigilar las calles cada madrugada.
En
Toledo son 62 los que dejaron la protesta de lado y pasaron a la acción.
Patrullan en turnos las casi 50 villas de esta ciudad, de 40
kilómetros cuadrados y 38.000 habitantes. Salen tres cuadrillas: una de
seis de la tarde a 10 de la noche, otra de 10 a dos, y otra de dos a
seis de la mañana. Se mueven en 12 autos. Van equipados con gas
pimienta, chalecos antibalas y precintos para atar a los maleantes, a
quienes prometen entregar sanos a la Policía. También tienen cámaras con
los que dicen filmarán cada operativo.
Sus
prácticas, sin embargo, son cuestionadas por otros grupos de vecinos,
que están organizados desde hace mucho más tiempo, y que tienen a la no
violencia como regla inviolable. Abogados penalistas, en tanto,
sostienen que se pueden meter en problemas legales.
Silva
dice que el grupo, en el que hay "mucho retirado militar y policial", no
tiene colores políticos. No obstante, él es conocido por ser un
crítico acérrimo de los gobiernos del Frente Amplio. Advierte que fue el
intendente Yamandú Orsi el que dio "la señal" de que los ciudadanos
debían tomar las riendas de la seguridad. "Él dijo que ellos o nosotros.
Ante estas declaraciones y a la luz de los últimos acontecimientos que
sucedieron en Toledo, no quedó otra: hubo que salir a la calle",
explica.
El
jefe comunal canario escribió esto en Twitter tras el reciente asesinato
de una mujer en Neptunia: "Confieso que me cuesta ser del todo racional
en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro:
acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe".
Hace
una semana que los vecinos de Toledo se lanzaron a la guerra contra la
delincuencia. Hasta ahora solo agarraron al muchacho de la garrafa. Lo
pararon y, según Silva, fueron a "dialogar" con él.
—¿Lo detuvieron?
—Dialogamos.
Lo vimos, lo paramos, le preguntamos dónde había comprado una garrafa a
las tres y media de la mañana, y nos dijo que se había quedado sin gas,
que tenía un bebé, y que había ido hasta lo de la madre para que se la
prestara.
—¿Y le creyeron?
—Le preguntamos dónde vivía la madre, nos dijo que a una cuadra. Fuimos con él hasta ahí y comprobamos que era verdad.
—Entonces lo detuvieron hasta comprobar que decía la verdad.
—Le pedimos y el muchacho bien, accedió, nos llevó a lo de la madre.
—¿Y qué pasaba si el muchacho se negaba a ir a lo de la madre?
—No, pero bien. Colaboró.
—¿Y si no colaboraba?
—Llamábamos al 911.
—¿Y qué hacían mientras llegaba el 911? ¿Lo dejaban ir o lo detenían?
—No, no lo íbamos a dejar ir.
—Pero eso es ilegal.
—No, el arresto ciudadano no es ilegal. No hubo violencia.
—Pero no lo agarraron haciendo nada. Hicieron un arresto ciudadano sin saber si el muchacho era culpable.
—Pero él colaboró.
—Insisto, ¿y si no colaboraba?
—Le poníamos el precinto y esperábamos a la Policía.
—¿Pero y si el muchacho era —como lo fue— inocente?
—¿Y qué tiene?
—Alguien
podría achacarles que detuvieron ilegalmente a una persona. Y que esa
persona, además, no había cometido ningún delito.
—Nosotros
estamos decididos a enfrentar a la Justicia. Si cometemos un error
vamos a enfrentar a la Justicia. Pero a las tres de la mañana, con una
garrafa al hombro… ¿qué podés pensar?
Abogados
penalistas sostienen que los vecinos de Toledo —presos, claro, de la
desesperación por una violenta ola de inseguridad—, se pueden meter en
problemas. Privaron de su libertad de caminar por la calle a una persona
con una garrafa que le pertenecía.
"Es
absolutamente ilegal lo que están haciendo. Tanto el Código del Proceso
Penal nuevo como el viejo hablan de flagrancia, es decir que tienen que
agarrar a la persona en el momento que está delinquiendo. Podrían estar
cometiendo un delito de privación de libertad, que prevé penas que van
de un año de prisión a nueve años de penitenciaría. Se pueden meter en
un problema grave", dice el abogado penalista Martín Sbrocca, de Ielsur.
Su
colega, Juan Raúl Williman, a cargo del Consultorio Jurídico de
Asistencia a las Víctimas del Delito de la Facultad de Derecho de
UdelaR, añade en el mismo sentido que el arresto ciudadano está
previsto para casos en que el delincuente es atrapado en el mismo
momento que comete el delito. "Eso es una cosa, otra es hacer una suerte
de control de espacios abiertos, bloquear la libertad personal en
lugares de tránsito público, preguntarle a una persona por qué lleva tal
o cual bien. Así se pone en juego la libertad ambulatoria. Los propios
policías tienen limitaciones en este sentido", plantea.
Esta
semana, en declaraciones a Subrayado, el ministro Eduardo Bonomi se
dirigió a los vecinos de Toledo y les dijo que era "peligroso" lo que
estaban haciendo. Les pidió que suspendieran los patrullajes y les
advirtió que les podrían traer más problemas que beneficios.
Silva
dice que cada día recibe la llamada de un nuevo vecino dispuesto a
colaborar. Y que los patrullajes no van a cesar hasta que no haya menos
violencia. "Esto no para. Hace poco coparon una chacra en Camino las
Chivas, pegándole cuatro tiros al propietario, que estuvo agonizando 29
días en un CTI hasta que falleció. No nos podemos quedar quietos. Hace
dos años que venimos así. Nosotros vamos a seguir saliendo", dice
desafiante.
Barrios alerta.
Que
vecinos se junten para cuidar de la seguridad de los barrios en que
viven no es algo nuevo. Hay diferentes grupos. El más organizado es la
Coordinadora de Montevideo y Canelones. Según Diego del Valle, quien
maneja la parte canaria del movimiento, el grupo une a unas 70.000
personas en ambos departamentos que se mantienen comunicadas a través de
grupos de WhatsApp.
En
Montevideo están en barrios como Prado, Parque Batlle, Buceo, Malvín, La
Mondiola, Punta Carretas, entre otros. En Canelones están en Atlántida,
Parque del Plata, Neptunia, Sauce, Santa Rosa (ver mapa en página A4).
Aparte hay otros grupos, como el de Ciudades Unidas, que nuclea a
vecinos de San Ramón, Fray Marcos, San Jacinto, Las Piedras y Toledo.
Alejandro
Ruiz, de Ciudades Unidas en Toledo, dice que no está de acuerdo con
las patrullas vecinales que dirige Silva. "Alfredo vive a dos cuadras de
mi casa, somos amigos, pero nosotros cero violencia. Nosotros somos
pacíficos", advierte.
Miembros
de cada uno de los movimientos han mantenido reuniones con
representantes del Ministerio del Interior, casi siempre pidiendo más
efectivos y patrulleros; con las intendencias, por más alumbrado
público; y con distintos legisladores. El próximo 3 de julio, cuatro
representantes de estos grupos irán a la Comisión de Seguridad Pública y
Convivencia del Senado, donde presentarán una larga lista de quejas y
pedidos. Del Valle señala que uno de los reclamos tiene que ver con un
presunto crecimiento del narcotráfico en Canelones, a su entender por un
corrimiento del delito desde Montevideo.
"Están
apareciendo cada vez más lugares de venta de droga, con gente que
viene de los barrios complicados. Casos de familias que llegan, por
ejemplo, a San Ramón, y vienen del 40 Semanas. Después empiezan a
aparecer las barritas, el distribuidor, la competencia, y ahí ya se
generan los conflictos. Ya en Joaquín Suárez hubo un enfrentamiento
entre narcos", advierte Del Valle.
Según
la zona, los vecinos dicen saber cuáles son los delitos que más
ocurren. En San Ramón padecen también el abigeato. En Suárez hay muchos
robos de casas y vehículos. En Neptunia, narcotráfico. En Punta Carretas
también alertan sobre el robo de autos y las rapiñas. En el Prado el
mayor dolor de cabeza lo traen los motoqueros asaltantes.
Los referentes de cada grupo tratan de evitar que los vecinos salgan a la caza de los delincuentes, como en Toledo.
"No
vamos a salir a pelear con los delincuentes, esa es una tarea que
entendemos que tiene que hacer la Policía. No queremos lo de Toledo. Eso
se lo decimos siempre a la gente. Lo que sí hicimos, luego de reclamar
al ministerio y a la intendencia, y de no obtener respuestas, es hacer
colectas para mejorar la seguridad. Lo que hicimos fue comprar
lámparas led solares y las pusimos en varios lugares. También compramos
cámaras de vigilancia. Y ahora estamos organizándonos para contratar
un sereno que salga a recorrer la zona todas las noches", dice Leonel
Martínez, representante de los vecinos del Prado.
Los
grupos se dividen por cuadras (a veces por manzanas, pero casi siempre
por cuadras). Cada una tiene un referente, que es el que administra el
grupo de WhatsApp. Este responde a otro referente zonal, y ese a uno
departamental. Cada mensaje es considerado una alerta. Si algún usuario
envía algo que no tenga que ver con una alerta de seguridad (los
ejemplos que dan ellos son: chistes, fotos de bebés, chicanas
futbolísticas, chicanas políticas), es dos veces advertido y luego
expulsado. Hay grupos, como el del Prado, que funcionan desde el año
2005 (antes lo hacían por mensaje de texto); y otros, como el de La
Mondiola, que están hace menos de dos años.
"La
idea es advertir cuando hay una situación de riesgo que se está
detectando, pero no queremos sustituir a la Policía. También usamos el
grupo para que los reclamos tengan más fuerza. Entregamos 500 firmas a
la Seccional 10 para que esta zona se cubra con cámaras de vigilancia,
tenga más iluminación y mejor patrullaje", dice el referente de La
Mondiola (también conocido como Pocitos Nuevo), Enrique Conde. La
protesta aún no consiguió resultados.
Algunos
de los grupos, como los de Punta Carretas y Neptunia, también usan
silbatos. "Si veo una actitud sospechosa, lo que hago es sacar la cabeza
por la ventana y tocar el pito. El vecino de al lado escucha y hace
lo mismo, y así sucesivamente", señala Alicia Leyton, referente entre
los vecinos de Neptunia sur. Este es el único de los grupos que, pese a
estar entre los que pregonan una actitud más pacífica que el de Toledo,
ya manejan la posibilidad de hacer una colecta para comprar gas
pimienta. "A chalecos antibalas todavía no llegamos, pero hay gente que
sale a las cinco de la mañana a trabajar… Ya nos estamos reuniendo para
ver cómo implementamos lo del gas pimienta", dice.
Sergio
Riveiro, a cargo de la comisión de seguridad de Salinas, que nuclea a
unas 3.000 personas, está, como la mayoría, en contra de todo lo que sea
violencia. "Es verdad que estamos en una situación cada vez más brava.
Acá en Salinas venimos hace ya tres años hablándole al ministro. Tenemos
una ciudad de 66 kilómetros cuadrados, que tiene además una parte
suburbana, con una Seccional con solo 15 efectivos. Somos una ciudad
olvidada. No tenemos ambulancias, entonces los patrulleros tienen que
hacer de ambulancia", asegura Riveiro. "Entiendo que la gente se ponga
radical, que quiera patrullar, usar gas, cortar la ruta... Pero no es lo
que recomendamos. Lo que queremos es que la gente se organice para que
cuando pase algo o vea a algún sospechoso, llame a la Policía".
Arrestos ciudadanos.
Aunque
la mayoría de los vecinos organizados rechazan los arrestos ciudadanos y
advierten que prefieren no tener que enfrentarse a los delincuentes, ha
habido casos luego de atender a la alerta de un vecino por WhatsApp.
Hay quienes proponen linchar a los ladrones una vez que se logre
atraparlos.
"Los
vecinos atraparon a uno que estaba robando un auto en la calle La
Gaceta. Lo vieron, avisaron por el grupo, fueron unos cuantos y lo
detuvieron. Somos conscientes de los riesgos que tienen los arrestos
ciudadanos: que puede herirte el delincuente, que te pueden enjuiciar",
admite Conde, de La Mondiola.
"En
Zorrilla de San Martín y García Cortinas se hizo un arresto ciudadano.
Estaban robando a una mujer, lo vieron y fueron. Ayudaron obreros de la
construcción que estaban trabajando ahí. También ayudamos tres veces a
la Policía a atrapar delincuentes que estaban huyendo por las azoteas",
dice Leslie Crawford, del grupo de Punta Carretas.
"La
última alerta importante fue hace 15 días, en la calle 4, que robaron a
una muchacha", cuenta Riveiro, de Salinas. "Alguien lo vio, saltó la
alerta, y los vecinos empezaron a perseguirlo. Cuando llegó el 911 ya
todos sabían dónde estaba escondido y se lo llevaron. Hay quienes
quieren lincharlos, pero lo primero que hace la Policía es llevarlo al
forense. Si les pegamos, perdemos nosotros".
El 33% de los que viven en Punta Carretas fueron robados
Los
vecinos de la comisión de seguridad de Punta Carretas, aprovechando que
en el grupo hay varios recibidos de la Facultad de Ciencias Sociales,
decidieron hacer un sondeo para medir cómo estaba la delincuencia en el
barrio. El estudio, que se hizo el año pasado, develó que el 33% de las
personas que viven en Punta Carretas fueron robadas alguna vez desde
enero de 2015 a mayo de 2017: el 25% dentro del barrio y el 8% en otras
zonas de Montevideo o del interior, según los datos brindados a El País
por el referente de la comisión, Leslie Crawford. El 19% de los que no
fueron robados sufrieron un intento de robo. Las calles con más cantidad
de robos son Luis de la Torre, Joaquín Núñez, Montero, Ellauri, Coronel
Mora, Bvar. Artigas y Gregorio Suárez. El 36% de los robos no se
denuncian. El 52% no lo hace por creer que "no vale la pena" y por no
confiar en que la Policía logre recuperar lo perdido.
El arresto ciudadano existe, pero con límites
Arresto ciudadano. El artículo 220 del Código del Proceso Penal
establece que "cualquier particular podrá proceder a la detención" de
una persona "que sea sorprendida en flagrancia delictual". Este tendrá
la obligación de "entregar inmediatamente al detenido a la autoridad".
Condiciones para el arresto. Es
el artículo 219 del mismo Código del Proceso Penal el que establece
cuándo es que hay flagrancia delictual. Los casos posibles son tres:
cuando una persona es sorprendida mientras está cometiendo un delito;
cuando lo atrapan inmediatamente después de cometer el delito, en caso
de que sea sorprendido huyendo u ocultándose; o en caso de que luego de
cometerse un delito la persona fuese hallada con efectos y objetos
procedentes de este, con armas, o "presente rastros o señales que hagan
presumir firmemente que acaba de cometer un delito".
No se puede interrogar. Abogados
penalistas, en tanto, coinciden en que parar a una persona por la calle
e interrogarla sobre algo que lleve consigo (como el caso del joven que
fue detenido por los vecinos de Toledo por caminar por la calle con una
garrafa de 13 kilos a las tres y media de la mañana, que finalmente era
de su madre), no es algo que contemple la ley. "Tiene que haber una
relación con un hecho cometido, no es que cualquiera va por la calle, ve
a otro, entiende que lo que lleva es el fruto de un delito, y lo
detiene. La ley penal prohíbe hacer este tipo de investigaciones",
señala el abogado Martín Sbrocca. "No es que lo agarraron en un
domicilio ajeno; lo pararon por tener una garrafa e hicieron
averiguaciones. Esto que están haciendo es muy delicado. Para empezar
podrían estar cometiendo el delito de privación de libertad", agrega su
colega Juan Raúl Williman.
Privación de libertad. "Nadie puede
ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a
lo dispuesto en las normas constitucionales y legales", señala en tanto
el artículo 218. La ley establece que "el que, de cualquier manera,
privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de
prisión a nueve años de penitenciaría". "Para empezar, privación de
libertad —señala Williman, en referencia a los vecinos de Toledo—, pero
también pueden estar incurriendo en algún tipo de violencia privada".
Dentro de la ley todo, pero... Alfredo
Silva, el edil del Partido Colorado que está a cargo de los vecinos
justicieros de Toledo, parafrasea al presidente Tabaré Vázquez y dice:
"Dentro de la ley todo; por fuera, nada". Para él procedieron bien
parando en la calle al joven que iba con la garrafa, y entiende que,
pese a lo que advierten abogados penalistas, no incumplieron ninguna
ley. "El arresto ciudadano existe. Nosotros lo que queremos es cooperar.
Y si por algo nos tenemos que enfrentar a la Justicia, lo vamos a
hacer. No nos creemos héroes ni nada por el estilo, no representamos a
ningún partido político, queremos que se involucren todos. Estamos
independientes de todo. Se puede estar de acuerdo o no con esta
iniciativa, pero nosotros no nos metemos con otros grupos, hacemos lo
que entendemos que tenemos que hacer". Hay otro grupo en Toledo,
Ciudadanos Unidos, que de hecho no están de acuerdo con el proceder del
grupo de Silva. Alejandro Ruiz, su referente, dice "respetar" a quienes
decidieron salir a las calles, pero se distancia advirtiendo que ellos
prefieren las alertas por WhatsApp, intentar dialogar con el Ministerio
del Interior y hacer protestas en rutas.
La SCJ emitió nuevas resoluciones en casos de asesinatos por tortura durante la dictadura
16 de junio de 2018 | Política | Foto: Ramiro Alonso
Desestimó dos recursos de casación.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de José Nino
Gavazzo en el caso del asesinato por torturas de Eduardo Pérez Silvera,
militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN),
detenido en mayo de 1974 y torturado hasta morir en el Batallón de
Artillería Nº 1. Según informó el Observatorio Luz Ibarburu en un
comunicado, “la persistente acción de bloqueo” por parte de la defensa
de Gavazzo comenzó en 2016, cuando pidió al juzgado que se clausurara el
caso porque “el delito había prescripto”. Luego de pasar por todas las
instancias judiciales para impedir el avance del caso, la defensa
presentó el recurso de casación ante la SCJ, pero este fue desestimado
por ser considerado “inadmisible”. La misma medida fue tomada por la SCJ
ante el recurso presentado por la defensa de uno de los indagados por
el asesinato de Nelson Simón Berreta, militante del MLN asesinado en
setiembre de 1972, mientras corría intentando escaparse de custodias
militares.
Por otro lado, la SCJ emitió una sentencia, con el voto en contra de
Bernadette Minvielle y Felipe Hounie, en la que declara
“inconstitucionales e inaplicables” los artículos 2º y 3º de la Ley
18.831, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad, para el caso de la muerte del militante del MLN Walter Hugo
Arteche, asesinado en agosto de 1973 durante una sesión de tortura en el
Batallón Florida. Según dice la sentencia del 16 de mayo, existe
“jurisprudencia al respecto”, refiriéndose a la sentencia de setiembre
de 2017 para el caso presentado por Gloria Izquierdo, quien fue
secuestrada en 1972 en Tacuarembó.
Sobre este caso, Raúl Olivera, integrante del Observatorio, aseguró
que va en contra de los compromisos asumidos en materia internacional y
viola lo dispuesto por la sentencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Este tipo de sentencia no
sólo es “funcional a los intereses de los militares”, sino que
contribuye a la “consolidación de la impunidad”, concluyó.
La persistente acción de bloqueo de la acción judicial por parte de
la defensa de José Nino Gavazzo en el caso del asesinato por torturas de
Eduardo Pérez Silvera comenzó en 2016 cuando pidieron al juzgado penal
la clausura de la causa en la que debía comparecer como indagado
argumentado que el delito había prescripto. El juzgado rechazó el
pedido. El expediente pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de
Segundo Turno, que confirmó la sentencia del Juzgado de primera
instancia. Entonces la defensa presentó un recurso de casación ante la
Suprema Corte de Justicia. El 17 de mayo pasado la SCJ lo desestimó
declarándolo inadmisible. Eduardo Pérez Silvera, conocido como el gordo
Marcos, era salteño y militante del MLN. Detenido el 5 de mayo de 1974
fue torturado hasta la muerte en el Batallón de Artillería número 1 (La
Paloma, Montevideo). Murió en el Hospital Militar pero las Fuerzas
Armadas nunca entregaron el cuerpo. Causa: PÉREZ SILVEIRA Eduardo
La SCJ también desestimó el recurso presentado con la misma intención
por la defensa de uno de los indagados por el asesinato del militante
del MLN Nelson Simón Berreta, detenido en la calle el 14 de julio de
1972. Causa: BERRETA Nelson Simón
El 16 de mayo, con el voto discorde de Bernadette Minvielle y Felipe
Hounie, la SCJ hizo lugar al pedido de la defensa de los indagados por
la muerte de Walter Hugo Arteche para que declarara inconstitucional e
inaplicable en ese caso los artículos 2 y 3 de la ley 18.831. Arteche
era militante del MLN. Lo detuvieron en la calle el 19 de agosto de 1973
y lo llevaron al Batallón de Infantería número 1, Florida (Montevideo)
donde fue torturado, según testimonio de un militante detenido con él,
hasta la muerte. Causa: ARTECHE Hugo
CAMILA BELLO
16 junio 2018
La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la
calidad del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni
teléfonos pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que
los resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión
está intacta.
Uruguay
alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las personas
no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien enseguida
lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del
Frente Amplio: "Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas
adelante para atender a la población más necesitada", dijo. Al igual
que todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que
tres delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos
fueron en mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y
activaron las alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría
estar en riesgo?
La celebración de Vazquez
Los
trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por
ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les
permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó
un poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda
sobre los datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares,
de la que se desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron
que la sección que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona
hace más de un año, por lo que sus integrantes fueron reubicados en
otras áreas: "Eso nos preocupa porque está vinculado con la calidad de
los índices que emite el instituto", dijo uno de ellos.
La
división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal
tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares
seleccionada, con la intención de chequear los datos obtenidos en
primera instancia por los encuestadores. Ante la consulta de El País, un
grupo de técnicos del INE contestó, por escrito, que la sección fue
clausurada a raíz de los avances tecnológicos, que hicieron que "algunos
procedimientos (que utilizaban) quedaran obsoletos". A su vez,
entendieron que "no era apropiado visitar nuevamente los hogares" ya que
generaba "molestia y agotamiento" en los entrevistados. Si bien
aseguraron que la calidad de los datos presentados en 2017 no estuvo en
peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad empezará a
funcionar a principios del próximo año.
La
Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula,
entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en
elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y
servicios (alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden
elementales para garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza
es el umbral que determina el ingreso necesario para adquirir esa
canasta, que se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumo
(IPC). Según cifras de abril de 2018, las personas que perciben más de $
13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el interior urbano y más de $
5.701 en el interior rural están por encima de esa línea. El 7,9% de
los uruguayos que no logran alcanzarla son considerados pobres.
Por otra
parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria, que
incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales
para satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras
de abril de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo,
menos de $ 3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior
rural están bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se
encuentra en esta situación.
Los
datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya
que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando.
Una forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos
electrónicos que permiten chequear y cruzar la información en tiempo
real. Esta tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de
extrema inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los
nuevos aparatos se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un
celular y cuentan con "reglas de crítica". Esta herramienta habilita a
los técnicos a controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que
encuentra las inconsistencias que puedan responder los entrevistados:
por ejemplo, notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18
años de educación.
Antes de
que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían
prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los
relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del
cuestionario, algo que insumía no solo el tiempo, sino también la
paciencia del encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento
y tenían que volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se
escribían en papel y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la
oficina del instituto, por lo que había riesgo de perderlos en el
camino. El uso de la tecnología les ahorró tiempo, dinero y errores en
las encuestas.
Hoy los
datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene
lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y
elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos
móviles, que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares
seleccionados. Los datos recabados vuelven a relevamiento, que los
revisa antes de entregárselos a la división crítica, que chequea una vez
más la coherencia de la información y elabora un listado de encuestas
en las que se declararon ingresos por fuera de lo esperable para las
condiciones observadas. Esos hogares vuelven a ser entrevistados con el
objetivo de controlar las respuestas originales. Un equipo técnico
recibe la base de datos elaborada a partir de todos los cuestionarios y
genera los índices, que deben ser aprobados por la dirección del
instituto. Finalmente, el departamento de normalización y difusión arma
el comunicado en el que se publican los hallazgos.
Entonces,
¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace tantos
controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta
Continua de Hogares "se está repensando" para ajustarla a la realidad
actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los
datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán
distintos a los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de
los hogares seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no
precisaron en su respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez
que reestructuren esa área.
La
directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el
Parlamento que reabrir la sección de calidad "es importante". La jerarca
afirmó que la reestructura de la división está en manos de la
dirección de la Encuesta Continua de Hogares: "La idea es que en unos
meses me hagan una propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que
para principios del año que viene ya esté funcionado con los nuevos
estándares. Hay que tener en cuenta que así como estamos repensando
esto, las oficinas de estadística nos tenemos que estar repensando
continuamente con este uso de la tecnología", agregó.
La otra campana.
En el
sindicato del INE consideran que las condiciones laborales "deberían
estar en el centro de la discusión" vinculada a la calidad de los datos.
Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la
Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que
afectan el instituto se resuelven "con más presupuesto y voluntad de
negociación". El gremio mantuvo reuniones con la dirección del
instituto, pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección
General del Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.
Una de
sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de su
sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del
sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos.
Uno de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores
tienen que ir "varias veces" a los hogares para encontrar a los
encuestados, por lo que un solo cuestionario puede insumir hasta ocho
boletos de ómnibus. "Para declarar una encuesta desierta tenemos que ir
cuatro veces y una de esas veces tiene que ser en fin de semana.
Imaginate eso en zonas rurales de Montevideo como Punta Espinillo, o en
el interior rural. Son miles de pesos al mes para trabajar", agregó.
El INE
tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que de
forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si
tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles
que servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y
no fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales,
los funcionarios terminan dejando una carta con su número personal
cuando no encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo
compañeras suyas que fueron acosadas por teléfono por este motivo.
También
hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE
están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso
depende de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago
determina que los trabajadores de campo del interior, que se desempeñan
en zonas rurales y por ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El
instituto paga $ 408 por cada formulario elaborado en áreas urbanas,
mientras que en el ámbito rural cobran $ 612. El salario supeditado a la
productividad, según el sindicato, genera inequidades entre los
funcionarios, ya que no todos acceden a los mismos beneficios. Las
garantías de alquiler a través de la Contaduría General de la Nación
(CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya que muchos de
los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de los
cuestionarios que les encomienda el INE.
La
dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver
"con la naturaleza del trabajo" de los encuestadores. Las autoridades
aseguraron que "la asociación de destajo y precariedad no es correcta",
sobre todo porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían
contratos eventuales de pocos meses de duración. Los expertos
consideraron que todos los funcionarios del INE "gozan de los
mismos derechos" que los demás empleados públicos.
El
gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas
vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron
cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas
situaciones se dan "debido a procesos administrativos propios del
Estado", por lo que "no es posible" reemplazarlas de inmediato. "El
instituto está tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre
en el marco de la reglamentación vigente, con las limitaciones que esto
implica", respondieron.
Los
robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al
sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las
jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un
seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están
certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos.
Esa póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el
funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE
dijo en el Parlamento que harán un "esfuerzo presupuestal" y empezarán a
otorgar un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.
El
gremio está convencido de que la "precariedad laboral" genera impacto en
los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo
que la calidad de la información no debería ser puesta en duda porque
los trabajadores "asumen la carga" y se sobreexigen para que no se note.
Pero ese estrés al que están expuestos, sumado a "los sueldos
sumergidos", terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.
"Esto
es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo
tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los
implementos que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de
perros, los boletos pagos...", concluyó. "Hacemos lo que podemos".
Ser pobre en Montevideo no es igual al interior
El ingreso necesario para estar por encima de la línea de la pobreza es
muy distinto dependiendo del lugar donde viva la persona. En Montevideo,
alguien que percibe más de $ 13.019 ya no es considerado pobre,
mientras que en el interior rural la cifra desciende a $ 5.701. ¿Por qué
tanta diferencia? En el INE explicaron que la Canasta Básica Total se
ajusta de acuerdo con los precios vigentes en cada región. Los bienes y
servicios son más caros en la capital, lo que genera aumentos en el
ingreso a percibir para tener las necesidades básicas satisfechas. Lo
mismo ocurre con la línea de indigencia. A su vez, en el interior rural
no se tiene en cuenta el costo de la vivienda para hacer el cálculo, ya
que hay trabajos que la tienen incluida.
Trabajadores del INE se manifestaron en reclamo por atrasos de pagos, deudas y condiciones laborales y de seguridad
La Diaria 13 de abril de 2018 | Foto:
Pablo Vignali
Movilización de trabajadores del Instituto de Estadística y Censo, en la Torre Ejecutiva
Ayer fue el primer día de concentración de los sindicalistas en
la puerta del edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE) en
la Torre Ejecutiva Norte. Los trabajadores del INE encargados de relevar
y procesar los datos de las estadísticas oficiales resolvieron por
unanimidad en una asamblea, el martes 10, declararse en preconflicto
teniendo en cuenta las “múltiples” situaciones a las que se consideran
expuestos y por las que no han obtenido respuesta del directorio de la
institución.
Entre otras, se refieren al atraso y las deudas en los pagos,
“inequidades horarias y salariales” al interior de la plantilla, los
“pedidos no respondidos” de investigación administrativa, la falta de
respuesta de la directiva ante el proyecto presentado sobre un protocolo
de seguridad y salud para los trabajadores que hacen trabajo de campo,
así como “necesidades presupuestales” tanto de los trabajadores como del
instituto en sí.
Los sindicalistas afiliados a la Asociación de Empleados de
Estadística y Censo defienden su rol en un comunicado de prensa en el
que expresan que su trabajo “no sólo es un insumo fundamental para la
elaboración e instrumentación de las políticas públicas, sino que
también es utilizado tanto en el ámbito científico y académico de
nuestro país e internacional, así como para las estadísticas comparadas a
nivel mundial”. “Este producto es construido a partir del compromiso y
el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del INE –alrededor de un
tercio destajistas–, quienes no siempre contamos con el apoyo
institucional necesario y suficiente para realizarlo”, agregan.
También declaran haberles planteado la situación “repetidas veces” a
las autoridades de la institución en un ámbito bipartito, pero sostienen
que las situaciones descriptas “vuelven a repetirse”.
Esas situaciones, dicen, han ocurrido “frecuentemente”, algo que “no
es justificable bajo ningún concepto”, menos aun cuando “se nos exigen
parámetros de calidad y plazos que cumplimos en condiciones laborales
que distan de ser las deseables y que implican un sobresfuerzo por parte
de los trabajadores y trabajadoras, no sólo desde el punto de vista de
la salud, sino también económico”.
Bajo este entendido y habiendo solicitado una audiencia a la
Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, pretenden seguir concentrando todos los martes, de 9.00 a 10.00,
y los jueves, de 16.00 a 17.00, al menos hasta que se oficialice el
pago adeudado del módulo turismo interno de la Encuesta Continua de
Hogares.
Los trabajadores agrupados en la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado del PIT-CNT decidieron no hacer declaraciones a
la prensa, salvo las comunicaciones institucionales que difunden por
correo electrónico. Por otro lado, la directora del instituto, Laura
Nalbarte, por intermedio de la secretaría, dijo que no hará
declaraciones por el momento.
