Este Viernes, 24 de Agosto, a 24 años de la represión del Filtro y de los Asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal.La movilización partirá desde el Obelisco a las 18hrs, rumbo a las inmediaciones de donde se ubica el Hospital Filtro
24 de agosto de 1994 Masacre del Filtro, en Montevideo, Uruguay. Ese
día estaba previsto la extradición de los etarras Jesús María Goitia,
Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride.
Para evitar ser
extraditados, los vascos acusados de ser miembros de ETA, Euskadi Ta
Askatasuna, comenzaron una huelga de hambre y posteriormente de sed, que
provocó que fueran trasladados de la cárcel al Hospital Filtro, ubicado
en Cufré, próximo a Bvar. Artigas y Luis Alberto de Herrera.
Miles de personas se manifestaban en contra de la extradición a España
de los ciudadanos vascos que se encontraban realizando una huelga de
hambre en protesta por la extradición.
Los responsables de la
masacre fueron el presidente Alberto Lacalle, del Partido Nacional y su
Ministro del Interior Gianola, siendo la represión más violenta en
democracia. El operativo represivo estuvo a cargo del Inspector Nacional
José Dávia y el Inspector General Pablo Gerjiulo que dependían de la
orden directa del Ministro del Interior.
Son asesinados por las
fuerzas represivas Roberto Facal y Fernando Morroni, además de un
centenar de heridos, la mayoría a causa de disparos con arma de fuego. La represión de clase del Filtro la sufrió todo el pueblo frenteamplista.
El 15 de mayo de 1992 se puso en marcha el "Operativo Duque",
encabezado por el inspector principal Saúl Clavería, que detuvo en
Uruguay a unas 30 personas. Fue el mayor golpe asestado a la
organización fuera de España y Francia.
De los 30 detenidos
fueron procesados trece, de los cuales el Estado español pidió prisión
para diez, y finalmente, al amparo del tratado firmado con Uruguay el 11
de noviembre de 1885, demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel
Ibañez, Luis Mari Lizarralde, Jesús Goitia, Amaia Arakistain, Juan José
Urrutia, Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz. Jesús Goitia,
Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde fueron acusados de falsificación de
documento público.
Puesto que la extradición no podía concretarse
mientras hubiera un juicio abierto en Uruguay, el fiscal Juan José
Pumarega pidió la absolución de los encausados, pese a las evidencias
que habían permitido el procesamiento. Uruguay sólo accedió a entregarle
a España a estos tres ciudadanos, que permanecieron detenidos en la
Cárcel Central de Montevideo a la espera del trámite final de la
extradición
El 21 de agosto la Mesa Política del Frente Amplio
resolvió apoyar a los presuntos etarras y convocar a los
frenteamplistas, organizaciones gremiales, sociales y barriales a
participar y a apoyar una manifestación a iniciarse al día siguiente en
la Plaza del Entrevero para recorrer toda la ciudad hasta llegar al
Hospital Filtro "en defensa de la vida y el derecho de asilo". El
operativo represivo estuvo a cargo del Inspector Nacional José Dávia y
el Inspector General Pablo Gerjiulo que dependían de la orden directa
del Ministro del Interior
Una anécdota sobre Clavería. Federico
Fasano director del diario La República de Montevideo, de 49 años de
edad, fue retado a duelo a muerte por Saúl Clavería, un subjefe de
policía que fue identificado por el periódico como propietario de unos
vehículos utilizados en el narcotráfico y, humillado por la noticia,
retó a duelo al director de La República. Clavería le mandó a sus
padrinos, un militar y un inspector de policía. Fasano escogió como
padrinos a una mujer, la diputada Matilde Rodríguez, y a un anciano de
90 años, Rodolfo Tálice, presidente del Partido Verde.
La opinión
pública acorraló a los opositores que se retiraron. Con ironía Fasano
"le propuso incluso solucionar esta afrenta jugando una partida de
ajedrez o de tenis". Posteriormente, un ex oficial de policía retó
de nuevo a Fasano, pero esta vez el Ministerio del Interior, del
Gobierno de Lacalle, no permitió el duelo.
Grupos de izquierda
organizaron una manifestación masiva en las inmediaciones del Hospital
Filtro. A través de la onda de CX 44 Radio Panamericana, del MLN, se
convocó a asistir a la zona. Posteriormente, desde el mismo medio se
alentó a resistir la acción de las fuerzas policiales. En la noche del
24 de agosto la zona adyacente al Hospital Filtro se convirtió en el
escenario de hechos de violencia.
En la noche, la Policía montó
un operativo represivo combinado en el que participaron el cuerpo de
Radio Patrulla, la Guardia Metropolitana, la Guardia Republicana y
efectivos de varias seccionales cercanas a la zona.
Pocas veces
en la historia se desplegó tal saña represiva contra una manifestación
de masas y -justo es decirlo- pocas veces los manifestantes exhibieron
tanto nivel de combatividad contra una fuerza armada notoriamente
superior.
En el cruce de las avenidas frente al Edificio Libertad
decenas de manifestantes corrían, procurando evadir la acción policial o
para guarecerse de los disparos que comenzaron a sentirse después de
las 20 horas, seguidos de una intensa pedrea. A través de la televisión,
en directo, la población seguía aquel enfrentamiento, observándose la
acción del cuerpo de Coraceros con sus caballos persiguiendo a los
manifestantes, y una caravana de vehículos policiales tirando tiros a
mansalva, así como refriegas de todo tipo.
Esteban Massa, un
enfermero que intentó socorrer a una de las víctimas, recibió cuatro
disparos por la espalda. A las 20 horas Fernando Morroni, un joven de 24
años, murió al ser alcanzado por tres disparos. Carlos Alejandro Font,
de 18 años, fue ingresado con pérdida de masa encefálica por herida de
bala. A las 21 horas se apagaron las luces del alumbrado público de la
zona y se cortó la telefonía durante 6 horas.
A las 22.20 horas
en tres ambulancias con una fuerte custodia de patrulleros y motos y un
médico forense en cada una de ellas, los ciudadanos vascos fueron
retirados del Hospital Filtro por la calle Gualeguay, con destino a la
base militar aérea de Carrasco. Dentro del Filtro, algunos funcionarios
despidieron a los etarras entonando estrofas del Himno Nacional
uruguayo. A las 23.45 horas, el Boeing 707 de la Fuerza Aérea de España
despegó con destino a Madrid.
De acuerdo a cifras oficiales hubo
un fallecido, más de 100 civiles heridos graves (15 de ellos de bala) e
incontables heridos leves, entre ellos 44 policías.
El 25 de
agosto fue expulsado de Uruguay el diputado Jon Idígoras, por sus
declaraciones hechas nombrando el caso de Bélgica, país que se oponía a
la extradición. A la portavoz de los vascos, Agurtzane Delgado Iriondo,
se le concedieron 6 horas para dejar el país, por incitar a la
violencia. Se suspendieron las emisiones de las radios CX36 y CX44,
acusadas de "propalar información falsa e incitar a la violencia".
Finalmente CX44 Radio Panamericana fue clausurada.
El 26 de
agosto marcharon durante 4 horas decenas de miles de personas
acompañando silenciosamente al féretro de Fernando Morroni. Su madre
declara: "no le voy echar la culpa a los vascos, esos que reprimieron
son de acá, fueron los uruguayos que reprimieron de la peor manera,
matando a jóvenes como a mi hijo, desapareciendo a otros, con todas las
armas habidas y por haber pero en las manos de ellos". Ese día el
PIT-CNT decretó una huelga general de 24 horas en repudio a la
represión.
El 29 de agosto la Federación Uruguaya de la Salud
realizó un acto y concentración frente a la Asociación Española donde
estaba internado el enfermero Esteban Massa. El 7 de setiembre se llevó a
cabo una interpelación parlamentaria al ministro Gianola en la Cámara
de Diputados. Gianola fue respaldado por el gobierno y la interpelación
aparejó consecuencias políticas. El 15 de setiembre, una marcha
estudiantil "contra la represión y el terrorismo de estado" paralizó la
avenida principal de Montevideo.
Mientras en Uruguay el PIT-CNT
convocaba a un paro general contra la "brutal represión", la prensa
española reaccionó sorprendida ante las demostraciones de solidaridad en
Uruguay hacia los vascos extraditados y las atribuyeron a la falta de
información sobre la organización terrorista ETA y a la prédica de los
grupos radicales de izquierda.
Diario 16 calificó de
"extravagante" la reacción de "algunos líderes de la izquierda uruguaya
apoyando a los refugiados vascos". El periódico El Mundo editorializó
señalando que "lamentablemente muchos uruguayos han identificado a estos
miembros de ETA con una idea romántica, viendo en ellos jóvenes
idealistas que luchan por la libertad de un pueblo oprimido y
asociándoles con el mito de la guerrilla urbana de los años 70, que
todavía ejerce una cierta fascinación en Uruguay". Por su parte, ABC de
Madrid calificó de "esperpento uruguayo" las demostraciones de
solidaridad con los vascos y señaló a los "sangrientos tupamaros" como
los principales promotores de las movilizaciones.
Un año después
de los acontecimientos del Filtro se realizó la primera marcha de
recuerdo y repudio. Nunca se ha dejado de manifestar cada 24 de agosto
desde 1995.
Así está el centro de Montevideo ahora, se nota el paro general de 24 horas que fue convocado por el PIT-CNT. El móvil de hoy en @TodoPasaOceano. pic.twitter.com/b3cL5Pf6rO
Así está el centro de Montevideo ahora, se nota el paro general de 24 horas que fue convocado por el PIT-CNT. El móvil de hoy en @TodoPasaOceano. pic.twitter.com/b3cL5Pf6rO
El represor Enrique Uyterhoeven Foto: Martha Passeggi
El Juzgado Penal ; en la calle Uruguay y Convención, cerca de las
14 y 30 horas, compareció uno solo de los represores;- Enrique
Uyterhoeven - los otros citados por delitos de torturas y asesinatos
eran Jorge Gundelzoph, Taramasco (fallecido) Terra y Grau, que al
parecer objetaron la no comparecencia por haber tenido un acv. Es una causa colectiva de víctimas prisioneras
políticas bajo el Terrorismo de Estado-en el siniestro centro
clandestino de detención y tortura, La Tablada, ( camino Melilla 6227,
entre Eduardo Pérez y Antonio Rubio). En ese lugar operó la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Permanecen muchos compañeros desaparecidos aún.
Este único represor-genocida Enrique Uyterhoeven, fue a su salida del
juzgado seguido hasta la esquina por la hija de Miguel Angel Mato
Fagián, y militantes. La hija de Miguel Angel Mato Fagián le dijo
que él era el único que podía decir dónde estaba su padre a lo cual este
respondió- " que no lo recuerda"- Al momento del secuestro Miguel
Angel tenía 39 años, casado, padre de una hija, estudiante de derecho,
empleado de Funsa y militaba en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Fue secuestrado el 29 de enero de 1982 luego de una reunión con una compañera en un bar. Ni olvido Ni perdón!!!
>>> Solo Enrique Uyterhoeven se presentó en el juzgado
>>> Jorge Gundelzoph, el “Charleta” no se presentó
Hay que preguntarle al pelado si lo vió
>>> Ruego al represor
>>> La hija de Miguel Angel Mato
Tras 36 años de la desaparición de su padre, siguió a un militar y
le dijo que su abuela, de 97 años, necesitaba saber de su hijo.
Verónica Mato recuerda que tenía cinco años cuando vio por última vez a
su padre en el verano de 1982. El 29 de enero Miguel Mato desapareció,
tenía 28 años. Como de costumbre, ese día, sobre las seis de la mañana,
salió de su casa en el barrio Conciliación a trabajar pero no llegó a
destino, posiblemente porque se dio cuenta que lo estaban siguiendo. A
las cinco de la tarde, se encontró con una compañera de militancia de la
Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y le advirtió que lo estaban
buscando, que la cosa estaba difícil y se fue. Desde entonces, no se
supo más nada de él.
Más de 36 años después, Verónica está en la
puerta del juzgado ubicado en Uruguay y Convención. Es martes 21 de
agosto y junto a ella hay unas diez personas más. Son alrededor de las
14.30 y de allí sale Enrique Uyterhoeven, alias Ulises, quien fue citado
a declarar por delitos de tortura en La Tablada en la última dictadura
cívico-militar que sufrió el país.
El hombre está junto a su
abogada, comienza a caminar y detrás suyo lo sigue Verónica, sin
pensarlo, por instinto. Camina una cuadra, lo intercepta y lo mira. Él
también la mira. Le pide que de su testimonio que "es muy importante"
para encontrar los restos de su padre; también le dice que su abuela, la
madre de su padre, tiene 97 años, está muy viejita y necesita saber
dónde está su hijo.
Uyterhoeven no se detiene en su caminata y
le responde que no lo conoce. Ella está segura que es para zafar. Pero
aún tiene esperanzas de que se pueda hacer justicia por su padre y por
todos los demás que fueron desaparecidos, torturados y asesinados.
Quizás, es porque es más joven y no recibió tantos cachetazos como las
víctimas que también luchan como ella por verdad y justicia.
Uyterhoeven
es señalado como capitán del Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA) y reconocido por las víctimas en La Tablada,
centro de tortura y reclusión de desaparecidos durante la dictadura.
Allí se los torturaba para poder obtener información. En general, no
estaban más de cinco meses en el lugar. Todos estaban encapuchadas y
distribuidos en celdas individuales, pese a ello tenían formas de
reconocerse y saber quienes estaban en el centro. Miguel Mato estuvo en
La Tablada, según sus propios compañeros.
Para ese día, también
estaban citados en el juzgado penal de 25º turno, a cargo de la jueza
María Noel Tonarelli, Jorge "El Charleta" Guldenzoph, Jorge Grau
Olaizola y Robert Terra Do Campo, pero ninguno se presentó. Este último,
envió documentación alegando que no podía concurrir a la audiencia como
consecuencia de un episodio de ACV. Uyterhoeven fue el único que llegó a
las 14 horas como estaba pactado. Le pidió a la jueza Tonarelli que
cerrara la causa por prescripción y se negó a declarar.
Cuenta
Ivonne Klinger que en enero de 1982 caminaba por la calle cuando la
detuvo Uyterhoeven y Jorge Grau Olaizola. Era estudiante de medicina y
había participado en la ocupación de ese centro de estudios, también era
militante de la UJC. Ella pudo verle la cara a ambos antes de que la
encapucharan, luego estuvo en La Tablada y allí fue torturada. Por ello,
presentó una denuncia. Ahora el fiscal especializado en Crímenes de
Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, logró unificar todas las denuncias
por torturas en La Tablada que van desde el 1977 hasta el 1983. Las
víctimas estiman que por ese centro pasaron más de 200 personas.
Están previstas más citaciones para el próximo jueves y viernes por esta misma causa.
>>> Miguel Angel Mato desaparecido en La Tablada
>>> Miguel Mato, tenía 28 años cuando desapareció.
Salió de su domicilio a la hora 06.10 para su trabajo en la fábrica FUNSA pero nunca llegó. Hizo un contacto militante con una compañera en un café de 8 de Octubre y Larravide, a quien le manifiesta que una camioneta lo venía siguiendo. Ella se asusta y Mato le dice “tú quedate, yo me voy” para tratar, así, de salir de la situación. A las 15.30 horas parte en dirección al Hospital Pasteur siendo seguido por una camioneta Volkswagen de color blanco.
Testimonio de Brenda Fagián de Mato ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: “(...) Un día él me dijo: “Mamá, están desapareciendo compañeros; no sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus que pase y te vayas de aquí”. Esto sucedió el día antes de su desaparición. Yo le respondí: “Soy vieja; si te llegan a agarrar y te hacen cualquier cosa, yo no me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de tí, no te preocupes. Si no tenés nada que decir, no lo digas, porque yo ya viví mi vida”. Esto me lo dijo el 28 de enero de 1982, mientras tomábamos mate juntos. El viernes desapareció.”
>>> Dr Pablo Chargonia a la salida del juzgado
Este martes se reactivaron dos casos de violación a los derechos humanos en dictadura:
una causa colectiva por torturas en La Tablada y otra de la detención
ilegal de militantes comunistas en Treinta y Tres en 1975.
En
el primer caso estaban citados Jorge "El Charleta" Guldenzoph, Enrique
Uyterhoeven Castiglioni (conocido como Ulises), Jorge Grau Olaizola
(alías Gonzalo), Robert Terra Do Campo (Gonzalo).
El único que se presentó a declarar fue Uyterhoeven, y su abogado pidió archivar el caso.
Terra envió un certificado médico en el que dice haber tenido un accidente cerebral, por lo que no puede presentarse a declarar.
Guldenzoph y Grau directamente no fueron y la Justicia ordenará su búsqueda y detención.
En
los próximos días continuarán las citaciones por este y otro caso
recientemente abierto por el fiscal especializado Ricardo Perciballe.
La república
Un testigo reveló cómo era La Tablada durante la dictadura.
"Los
gritos que venían de La Tablada, eran desgarradores". "Se oían desde la
calle cuando uno pasaba de noche"."Pude ver la cama donde hacían las
torturas, y el lugar donde desde unas argollas colgaban a los detenidos.
Las vi ensangrentadas. Colgaban desde una pared, donde estaba el signo
del Ejército".
"Conozco
el sótano, al que bajé varias veces, era grande y frío, y ocupaba gran
parte del edificio". "No sé quién le puso Base Roberto, para nosotros
ese lugar siempre se conoció como el infierno de La Tablada".
MARIO DELGADO GEREZ
Así
relató a LA REPUBLICA uno de los tantos vecinos que conoció desde
adentro La Tablada. Antes de ser centro de detención, cuando lo era y
después de dejar de serlo.
Quien se prestó a dialogar con LA REPUBLICA es conocedor del lugar, ya que nació en el barrio.
Este
lugareño, que prefirió mantener el anonimato, dijo: "Conozco bien el
lugar porque íbamos ahí. Antes era solamente el edificio, después le
pusieron el alambrado que tiene ahora y los galpones".
"La
calle, que era entonces Camino de las Tropas, rodeaba el edificio, y no
como ahora que el tránsito sigue hacia Lezica. Lo demás era todo campo.
"Pero
como lo vi desde adentro, le puedo decir que cuando los militares lo
entregaron, estaba todo cambiado. No era el mismo edificio que yo
conocí". "Las celdas que habían construido no estaban".
"Recuerdo
muy bien lo que era aquello. Le puedo decir que cuando el Ejército se
hizo cargo de lo que fue el ex hotel de La Tablada, los soldados que
había era toda muchachada joven. Venía desde San Ramón, los cambiaban
dos por tres".
"Ellos
se mezclaban con el vecindario. Jugaban al fútbol, con la misma ropa de
fajina y recuerdo muy bien que dos por tres rompían los vidrios de los
ventanales, que al otro día ya los reponían. "Había una cosa muy
singular.
En
la entrada de La Tablada habían puesto una campana que hacían sonar
cada vez que venía Cristi, el que fue general, que en esa época no sé
qué grado tendría. Como La Tablada está en la altura, desde ahí se veía
cuando venía el auto. Entonces los milicos hacían sonar la campana, como
aviso para que nosotros nos fuéramos, al grito de "viene Cristi, viene
Cristi". Una vez casi nos agarra adentro de La Tablada. Estaba prohibido
que entraran civiles al lugar.
"Después todo cambió. Vino gente más madura y se nos prohibió entrar.
Seguramente fue cuando empezaron a traer a los detenidos".
"Eran gritos desgarradores".
"No
creo que nadie que viviera cerca de La Tablada y que viva todavía,
pueda olvidar los gritos que se escuchaban de noche. Eran desgarradores,
se escuchaban desde la calle, cuando uno pasaba por allí. Era atroz
aquello", relata nuestro entrevistado.
"No sé quién le puso la Base Roberto a eso, para nosotros siempre fue 'el infierno de La Tablada'".
"Cuando los milicos se retiraron entró la gente del Ministerio de Transporte a arreglar el edificio.
Ahí
pude ver la cama donde hacían las torturas, que era una cama muy
especial, y vi también las argollas que estaban clavadas, colgando de
una pared que tenía de fondo el signo del Ejército.
La
vi con sangre. Seguramente era el lugar donde colgaban a los detenidos y
los torturaban. Eso duró pocos días, porque después la sacaron al
toque. No sé cómo dejaron eso ahí".
La Tablada es clave.
Para
nuestro entrevistado el edificio de La Tablada y su entorno es clave en
la búsqueda de los restos de los detenidos-desaparecidos.
"Eso
está todo cambiado. En esa época era todo tierra greda. Los animales se
enterraban en el suelo y ahora hay tierra seca. Hay que pensar que lo
sucedido aconteció hace 30 años, Para mí el edificio de La Tablada es
clave. En ese sótano puede haber de todo.
Antes
de irse los milicos, sacaron camiones y camiones de escombros: se ve
que rompieron todo lo que habían construido, porque eso no quedó como yo
lo conocí".
Ahora
no sé cómo van a hacer para buscar adentro. Ese sótano era grandísimo y
la única manera de trabajar tranquilo ahí es sacar a los presos, no
queda otra. La verdad que no se cómo harán".
"Ojalá
que encuentren algo donde están excavando, pero es medio raro que
enterraran a los detenidos tan cerca de donde pasaba toda la gente.
Fíjese
que donde buscan ahora está prácticamente encima de lo que era entonces
Camino de las Tropas, el camino principal que unía La Tablada con la
zona del puerto".
LA REPUBLICA PAG.. 9
Al menos 9 desaparecidos.
Luis Arigón fue detenido por la OCOA el 14 de junio de 1977. Muere en la tortura el 15 de junio de 1977 en La Tablada.
Oscar Tassino: detenido por la OCOA el 14 de julio de 1977. Muere durante la tortura en La Tablada el 21 de julio de 1977.
Serían
nueve las personas detenidas en Uruguay que fueron muertas por tortura
en La Tablada cuando el lugar era utilizado por el Organismo Coordinador
de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí, en algún lugar, podrían
estar enterrados los restos de: Amelia Sanjurjo (fecha de detención:
1977), Julio Castro Pérez (1977) , Luis Eduardo Arigón (1977), Oscar
José Baliñas (1977), Oscar Tassino (1977) , Ricardo Valiente (1978) ,
Félix Ortiz (1981), Antonio Omar Paitta (1981) y Miguel Angel Matto
(1982). A ellos se podrían agregar los cuerpos de otros cuarenta
uruguayos secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país, en el
denominado "tercer traslado".
>>> Entrevista canal 10 Arriba Gente al Dr Chargoñia
Brecha El fiscal Ricardo Perciballe se propuso terminar, en un lapso de tres años, con el letargo y la incertidumbre que fueron apilando más de doscientos expedientes que denuncian crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En sus primeros seis meses a cargo de la fiscalía especializada solicitó el procesamiento de 25 militares, policías y civiles en ocho causas y archivó otras ocho. Además, aceleró la búsqueda de restos de desaparecidos: esta semana se ingresó al Batallón número 14 y en los próximos días se comenzará a excavar en un predio de Neptunia, en el cual nunca se trabajó.
Buscar restos de detenidos de-saparecidos y darles un cierre a todas las causas en trámite son los objetivos de la altisonante fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, que comenzó a funcionar hace exactamente seis meses. Para cumplir con esa tarea, el fiscal Ricardo Perciballe se impuso “un lapso prudencial”: tres años.
Desde su designación en febrero, Perciballe se reunió con decenas de personas vinculadas con las investigaciones judiciales referidas al período 1968‑1985. La lista incluye a víctimas, testigos, representantes de colectivos de víctimas y abogados denunciantes, y también a militares y a sus abogados. A esto hay que sumarle los encuentros periódicos con integrantes de organismos estatales que pueden coadyuvar en la investigación: la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la unidad especial de investigación del Ministerio del Interior –que funciona bajo la órbita de la Dirección de Asuntos Internos–, el Archivo General de la Nación, la Cátedra de Medicina Legal de la Udelar y el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi).
El cruzamiento de datos entre expedientes judiciales y los archivos oficiales permitió avanzar en una investigación global sobre estos crímenes, detectar nombres que se repiten en las decenas de miles de páginas analizadas y confirmar el modus operandi de la represión dictatorial en Uruguay. Detención, capucha, apremios físicos y pase a la justicia militar. “Eso es una constante en el mayor porcentaje de los casos, salvo en aquellos en los que hubo muertos o desapariciones forzadas”, explicó el fiscal a Brecha.
La siembra le permitió a la fiscalía concretar el pedido de procesamiento de 25 personas, entre militares, policías y civiles, en ocho causas distintas, y la indagatoria de decenas de efectivos cuyos nombres aparecen vinculados con la represión dictatorial. Sin embargo, también solicitó el archivo de otras ocho causas al considerar que los hechos denunciados –la mayoría ocurridos en el Interior– no están probados o que no representan crímenes de lesa humanidad.
Los testimonios recopilados permitieron definir algunos sitios de interés para la búsqueda de restos. En efecto, las autoridades ingresaron esta semana al Batallón de Infantería número 14 y en los próximos días iniciarán las excavaciones en un predio ubicado en Canelones que hasta ahora no había sido explorado. Paralelamente, está en etapa de corroboración una nueva información sobre enterramientos clandestinos en un tercer sitio para determinar si se concreta la búsqueda.
EN LA TIERRA. El martes 21, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) de Uruguay ingresaron al Batallón número 14 en busca de restos de desaparecidos. El trabajo se concentró en una edificación identificada como “la enfermería y los galpones aledaños”, a los fondos del predio, a partir de una publicación del periodista Marcelo Falca que indica que debajo de los cimientos de esa edificación podría haber enterramientos (La República, 12-V-18).
La investigación periodística se basó, a su vez, en diversos testimonios y en los datos aportados por el Comando General del Ejército en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. De acuerdo a dicha investigación se concluyó que esas edificaciones fueron construidas entre 1983 y 1987, y se contrastaron los datos con fotografías aéreas de 1981 y 1986 obtenidas por los arqueólogos José María López Mazz y Octavio Nadal, que permiten establecer que esas construcciones se hicieron sobre el final de la dictadura, en una zona de interés para la búsqueda. Los trabajos se realizaron con georradar (Ground Penetrating Radar, Gpr), una técnica geofísica no destructiva que permite detectar indicios de posibles movimientos de tierra o cavidades en el subsuelo. La información obtenida será analizada por el Eaaf, a partir de lo cual se definirá si comienzan o no las excavaciones en el predio.
En los próximos días, integrantes del Giaf ingresarán a un predio ubicado en el balneario Neptunia (Canelones) para realizar trabajos prospectivos, es decir, excavaciones. Según pudo confirmar Brecha, se trata de un predio que “desde hace muchos años” los vecinos señalan como un posible lugar de enterramientos, y que hoy pertenece a una empresa privada. El cruzamiento de algunos testimonios con información oficial permitió establecer que se trata de un área de interés para la búsqueda. Los trabajos en el predio se harán sin orden judicial, ya que los propietarios de la empresa autorizaron el ingreso del Giaf y las excavaciones. El tercer sitio se trata de un lugar en el que ya se trabajó, pero en el cual podría ampliarse el radio de búsqueda.
IDAS Y VUELTAS. En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia (Scj) retomó su postura de declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. La posición pareció implicar un freno a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, un retorno a la tesis de “la muralla”. Sin embargo, Perciballe explicó que si bien la postura de la Corte “es muy clara”, aún no existe un pronunciamiento respecto a la prescripción de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, por lo que ninguna causa fue archivada por estos fallos. “En estos momentos no hay ningún impedimento para que las causas avancen y se resuelvan”, resumió Perciballe a Brecha.
Más allá de esto, esta norma aprobada en 2011 representa un obstáculo para el avance de las causas, ya que cada vez que un juez o un tribunal de apelaciones la invocan en un fallo se abre paso a los pedidos de inconstitucionalidad y el proceso se paraliza. Perciballe dijo que esto es parte de una estrategia válida de defensa, pero señaló que en otros casos se constata cierto abuso de las vías procesales: “Hemos visto todo tipo de chicanas –como le decimos en el mundo jurídico– interpuestas por las defensas, y lamentablemente eso sí ha entorpecido las actuaciones”. Como consecuencia, se adoptaron varias medidas para evitar estas dilatorias, entre ellas pedir que los eventuales recursos de prescripción o de inconstitucionalidad se tramiten en piezas separadas, como forma de evitar que una causa quede meses paralizada por los recursos “en cascada” de los indagados.
La actuación de la fiscalía también recibió algunas críticas. Una de ellas refiere a la no tipificación del delito de tortura para juzgar los crímenes cometidos dentro de las unidades militares. Para Perciballe, utilizar el delito de tortura vulneraría el principio constitucional de legalidad: “Si a uno le aplican submarino, picana eléctrica, caballete, colgamientos, quemaduras de cigarrillos, etcétera, etcétera, es clarísimo que estamos hablando de torturas. Pero más allá de que efectivamente lo que acontecieron fueron torturas en el sentido técnico de la palabra y en el que le da la ley 18.026 (de 2006), en el momento en que acaecieron los hechos este delito no estaba previsto, y no puedo aplicar una figura que no existía en ese momento”, argumentó. En su lugar, la fiscalía utiliza el delito de apremio físico contra los detenidos.
IMPUTADOS. Óscar Fernández Mendieta era militante del Partido Comunista Revolucionarios (Pcr). Tenía 26 años y estaba casado –su esposa estaba embarazada–; en 1973, pocas semanas antes del golpe de Estado, fue detenido por oficiales del Regimiento de Caballería Blindada número 2 de Durazno y torturado; falleció el mismo día que ingresó al regimiento, mientras era interrogado. La autopsia oficial decía que la muerte se había producido por un infarto, pero un médico allegado a la familia constató que tenía lesiones provocadas, quemaduras de cigarrillos y “un gran hematoma” en el cráneo.
En abril de 2018, casi cuarenta y cinco años después del hecho, el fiscal Perciballe ratificó la postura de la fiscal Ana María Tellechea y solicitó el procesamiento con prisión de cuatro militares por el homicidio muy especialmente agravado de Fernández Mendieta. Los imputados fueron los oficiales Daniel Blanco, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino –hijo del general homónimo– y Líber Molinelli, jefe del S2 (inteligencia) de Durazno. Fue la primera imputación que realizó la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
A esta le siguieron otras. Una de ellas fue el pedido de procesamiento con prisión de seis personas por las torturas cometidas contra presos políticos en las entrañas del Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976 (Brecha, 25-V-18). Este recayó en los oficiales Artigas Rivera Bianchi –ex jefe del batallón–, Víctor Stocco –jefe del S2–, Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín, el juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico militar José Luis Braga. En esta causa se libró un pedido de captura internacional contra el que fuera también jefe del S2, Dardo Barrios, y se pidió la citación de dos oficiales, entre ellos, un juez sumariante.
La indagatoria sobre los delitos cometidos en el Grupo de Artillería número 1 y durante la Operación Morgan (operativo militar contra militantes del Pcu y la Ujc) derivó en la imputación de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Ramas –los tres condenados por crímenes de la dictadura–, y la citación de varios oficiales en calidad de indagados. Gavazzo y Silveira volvieron a ser imputados por las torturas ocurridas en el 300 Carlos, centro clandestino de detención ubicado en el Batallón número 13. En esta causa también se pidió el procesamiento de los militares Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola y Homero González.
Otras dos causas con pedidos de procesamiento recientes fueron el secuestro en Brasil y traslado clandestino a Uruguay del matrimonio de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y el homicidio de Nelson Berreta. En el primer caso fueron imputados tres militares (Glauco Gianone, José Bassani y Carlos Rosell); por el segundo, el oficial Leonardo Vidal Antúnez.
Asimismo, ratificó dos pedidos de procesamiento aún pendientes. Por un lado solicitó –como lo hiciera la fiscal Mariela Luzi– procesar al policía José Lemos Pintos y a Jorge Guldenzoph, alias “Charleta”, por los ilícitos cometidos en la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace –hoy Dnii–. Guldenzoph, ex militante del Pcu devenido empresario, fue denunciado como activo colaborador en la represión dictatorial. Por esta causa también se pidió la captura internacional de Ariel Ricci, otro ex militante comunista acusado de colaborador, y se citó a una decena de ex policías. El otro caso fue por las torturas perpetradas en el Grupo de Artillería número 2 en Flores. Se pidió enjuiciar al coronel Mario Simón y al médico militar Nelson Fornos, en línea con los argumentos utilizados por la fiscal Gabriela Rusiñol. Ninguno de estos ocho dictámenes fue resuelto por la justicia.
Seis de las ocho causas archivadas refieren a hechos ocurridos en Tacuarembó. En cinco se estableció que no existían indicios de tratarse de crímenes de lesa humanidad; en la otra, referente a un militante del Mln que se suicidó antes de ser detenido, no se pudo establecer un nexo causal entre la muerte y el operativo represivo. Otro caso archivado fue la muerte de Roberto Barbeito Felippone, en el penal de Libertad en 1978, y el último, un caso ocurrido en Carmelo. La investigación determinó que en 1980 en la subprefectura de Nueva Palmira (Colonia) se mantuvo diez días privado de libertad a un hombre, que era indagado por varios delitos comunes. Perciballe entendió que esta persona sufrió una violación de sus derechos como parte de un proceder ilegítimo y arbitrario de las autoridades, pero los hechos “no encartan en las condiciones requeridas para ser considerados de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”. En su análisis, esto demuestra que la investigación “no está flechada”: “Se solicitaron tantos archivos como pedidos de procesamiento. Si bien desde la fiscalía hay un compromiso muy grande con este tema, a los fiscales nos rigen los principios de objetividad y de legalidad. En ese marco, en las causas en las que no esté probado lo que se denuncia o no se constate que estamos frente a delitos de lesa humanidad, vamos a solicitar el archivo”.
En1975 el Ejército detuvo a treinta y nueve niños y jóvenes que tenían
entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería
número 10. El caso es uno de los episodios más graves por la edad de las
víctimas y la magnitud de los derechos violados
Perciballe pide que se conduzca a cuatro militares citados a declarar hace un año: que tengan el mismo tratamiento que cualquier ciudadano
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe pidió nuevas medidas probatorias y de procedimiento en la causa de Treinta y Tres que patrocina el Observatorio Luz Ibarburu.
En abril de 1975 el Ejército detuvo a treinta y nueve niños y jóvenes militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería número 10.El caso es uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la edad de las víctimas y la magnitud de los derechos violados.
El 31 de octubre de 2011 las víctimas presentaron una denuncia penal y en abril del año siguiente ratificaron la declaración en el juzgado donde dieron el nombre de los militares responsables. Sin embargo, como observa Perciballe en el escrito que presentó a la actual jueza del caso Patricia Techera, en “siete años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la Sede Judicial”. En efecto, como parte de la estrategia de obstrucción de la justicia, la defensa de los militares retirados Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Alvez García y Mohacir Leite Urioste pidió el archivo del expediente alegando la prescripción de los delitos. A su vez el médico Hugo Díaz Agrelo (ahora fallecido) pidió una excepción de inconstitucionalidad que paralizó la causa entre junio de 2012 y julio de 2014. Con estos recursos los indagados lograron detener la instrucción con cuestiones de procedimiento ajenas al centro del caso. “De los siete años de instrucción, cuatro se consumieron en resolver incidentes que debieron sustanciarse en piezas aparte”, concluye Perciballe.
El escrito ratifica la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación del Estado de cumplir con las obligaciones que surgen de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman en el sentido de que no puede haber normas que obstaculicen la investigación y sanción de los delitos por graves violaciones a los derechos humanos.
Perciballe solicitó una serie de medidas, entre las que pidióse proceda a conducir a cuatro militares que hace más de un año fueron citados a declarar y no se presentaron: “Cuando son citados policía y/o militares a declarar sobre temas vinculados al pasado reciente, no se presentan a la Sede y solo comparecen sus defensas (mediante escrito) a interponer la excepción de prescripción. Hecho constatable en el presente y que no se corresponde con lo que hacen los restantes ciudadanos del paísque cumplen con su obligación de concurrir ante la citación de un Magistrado. Razón por la cual, solicita que se dé igual tratamiento a los citados en el presente que a los restantes indagados en las innumerables causas existentes en la Sede”.
Perciballe también solicitó una inspección ocular en el Batallón, que se oficie al Equipo Especial Auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado del Ministerio del Interior para identificar y citar a otros siete militares señalados por las víctimas como responsables de la tortura, y que se libre exhorto a Chile para pedir la extradición del militar retirado Wellington SarliPosse. Entre las medidas probatorias pidió que se oficie al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina para que haga un informe sobre las posibles consecuencias provocadas por el tipo de tortura que los jóvenes y las muchachas sufrieron en el cuartel.
Chargoñia sobre los denunciantes de Treinta y Tres: “Les destrozaron la vida”
Militantes de la Unión de Juventudes Comunistas fueron abusados y torturados en 1975
http://radiouruguay.uy Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, destacó la importancia
de la actitud del fiscal de Derechos Humanos Ricardo Perciballe de
pedir que la Policía traslade hasta el Juzgado a cuatro militares de
Treinta y Tres, en el marco de una causa que investiga torturas a
militantes de la Unión de Juventudes Comunistas en 1975.
En Puntos de vista, Chargoñia recordó que
la denuncia fue presentada en 2011 y repasó que las víctimas “eran
chicos muy jóvenes que fueron torturados y abusados”. “Les destrozaron
la vida. (Porque además del abuso y torturas) la dictadura elaboró una
versión difamatoria y dos tuvieron que irse de Treinta y Tres”.
En 2011, después de muchos años, veinte de estas personas presentaron
la denuncia y declararon ante el juzgado señalando quiénes fueron los
victimarios. Lo que Percibale argumenta para pedir que la Policía
traslade a los militares (que no han concurrido a declarar pese a haber
sido citados) es que no se está dando una respuesta adecuada a las
personas que denunciaron, apuntó Chargoñia.
El abogado cuestionó además el estancamiento de las causas y dijo que
las “secuelas del horror” de la dictadura se trasladan a las próximas
generaciones. En ese sentido contó que una de las víctimas le dijo que
de alguna manera ha intentado que sus hijos eviten el compromiso
político. “Aquella obra nefasta alteró el perfil de la sociedad a unos
extremos que todavía es difícil de definir”.
DGI denunció a Blás por defraudación y el sector atribuye intencionalidad política
La Dirección General Impostiva (DGI)
denunció al edil y candidato blanco a la intendencia, Rodrigo Blás,
(Unión y Cambio) por presunta defraudación tributaria en la venta de
terrenos del fraccionamiento Valle Di Saronno. La información, divulgada
este viernes por el semanario Brecha, fue atribuida por el edil
Federico Casaretto a una maniobra política. El abogado de Javipark SA,
Álvaro Villegas, presume que la DGI violó el Código Tributario. Por su
parte, Luis Lacalle Pou dijo que aguardará el fallo judicial.
(actualizado 18.00 hs)
Según el semanario capitalino, Blás y otras seis personas (entre
estas otro edil y tres escribanos) fueron denunciados ante la justicia
del Crimen Organizado por maniobras para evadir al fisco. La presunta
defraudación tributaria se habría producido cuando Blás Propiedades
escrituró terrenos que vendía para Javipark SA en el Valle Di Saronno,
por montos inferiores acordados con los compradores.
De acuerdo a la publicación, los escribanos eran aportados por la
inmobiliaria e inducían a los clientes a declarar montos inferiores
mediante engaños. Con esto, según los cálculos de la DGI, se habría
defraudado al Estado por unos 6,7 millones de pesos (poco más de 300.000
dólares).
El semanario también indica que la causa judicial está en manos del
fiscal nacional Juan Bautista Gómez, quien ya dio las primeras
instrucciones para la investigación.
VIOLACIÓN A LAS NORMAS
El abogado de Javipark SA, Álvaro Villegas, manifestó este viernes en FM
Gente su molestia porque el expediente de la denuncia “se filtró” a la
prensa sin que los denunciados hayan sido notificados ni tuvieran
conocimiento de las acciones de la DGI. A su juicio, tal acción vulnera
el derecho al secreto tributario, por lo cual anunció que presentarán un
escrito ante el organismo estatal “para intentar aclarar esta
situación”.
El defensor dijo que a la empresa Javipark SA, de la que Blás es
apoderado, “no le consta” esa información. “Las actuaciones
administrativas en el ámbito de la DGI están enmarcadas en el secreto
tributario y si es que se les hizo una denuncia en el juzgado, hay una
reserva presumarial”, enfatizó. Añadió que la presunta violación del
secreto tributario había sido advertida por Javipark SA mediante la
presentación de un escrito, el 11 de setiembre pasado.
A su juicio, que la prensa se haya enterado antes que los involucrados
“es revelador de que estamos ante una situación más política que
jurídica”, insistió Villegas, ya que los involucrados no fueron
notificados ni han podido realizar “descargos mediante el otorgamiento
de una vista” al expediente.
Villegas evitó dar detalles del caso ni expedirse sobre la denuncia. “Si
el tema llega a estar en la órbita judicial, se estará ante un Poder
independiente, con todas la garantías, para exponer los elementos que se
cuentan”, se limitó a expresar. “Enfatizó que Blás no es accionista de
Javipark, es un intermediario, y estamos ansiosos de acceder al
contenido de ese expediente”, remarcó.
“Es grave la filtración de una serie de actuaciones que tienen carácter
reservado para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a defensa y a
la intimidad. Si se elevaron los antecedentes a la justicia habrá que
ver si el fiscal efectuará o no una acusación y habrá que estar a lo que
resuelva la Justicia”, concluyó.
INTENCIONALIDAD POLÍTICA
El edil Federico Casaretto atribuyó una “intencionalidad política
manifiesta” a la denuncia, que “aparece sin conocimiento de los
denunciantes y a diez días de la elección”, además “patrocinada por un
operador político del Frente Amplio que incluso aparece en spots de la
campaña”.
Añadió que “estas cosas no sorprenden en Maldonado” porque la política
se judicializa “sistemáticamente en las campañas electorales”. “Haga
memoria de cuál denuncia de una archivó. Esto lo enmarco dentro de la
campaña de denuncias a Botana de Cerro Largo, a Zimmer de Colina, a
Coutinho en Salto, a Castingdebat en Flores. En Maldonado la figura
exitosa en los últimos tiempos ha sido Blás, el Partido Nacional es
quien disputa el gobierno al Frente Amplio”, indicó.
También dijo que la DGI le genera “una desconfianza tremenda”,
recordando que meses atrás “el Presidente le archivó una denuncia a Paco
Casal por un monto de 10 millones de dólares” y miles de
irregularidades en declaraciones juradas. A su juicio, ese hecho no da
garantías sobre la denuncia de la DGI. Puso en duda, además, que la
justicia penal exista y consideró que esto “no hace más que fortalecer”
al sector Unión y Cambio.
Opinó que esta es una reacción del Frente Amplio que está “molesto,
preocupado y nervioso” por la fortaleza del Partido Nacional en
Maldonado.
"HACE MESES QUE SE VENÍA MANEJANDO"
También el ex intendente y candidato a la diputación Enrique Antía fue
consultado sobre el caso. Reconoció que lo sigue “atentamente desde hace
meses” y deslindó vínculos de su agrupación política, Lista 22, con los
dirigentes denunciados, que pertenecen a la Lista 23.
“Yo creo en la justicia de mi país y esto está en manos de la Justicia.
Los temas de la vida personal y del manejo empresarial de cada uno poco
tiene que ver con la política, la gente es la que después sacará sus
conclusiones”, se limitó a señalar, al ser entrevistado por otros temas
en FM Gente.
UN TEMA DEL AMBITO PRIVADO
Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en
declaraciones al diario El País, dijo que esperará a conocer el fallo
judicial para tomar una resolución al respecto.
“Es un tema del ámbito privado, no es en ejercicio de la política”, argumentó el candidato nacionalista.
Explicó que Blas no es candidato a diputado y que, formalmente, tampoco
es candidato a Intendente puesto que aún no se ha celebrado la
Convención Departamental Nacionalista que proclamará a quienes
participen en la elección de mayo de 2015 como postulantes a Intendente.
De cualquier forma, Lacalle Pou advirtió que “si hay fallo, es otra
cosa”. Agregó que “vamos a ser siempre implacables con aquel que actúa
mal. Si somos severos con los ajenos, debemos serlo aún más con los
propios” .
Mónica Robaina
17 agosto, 2018
La estructura comercial de
la inmobiliaria de Rodrigo Blás fue clave para diseñar y ejecutar un
aparato formal ilícito para enriquecimiento indebido / Foto: Leónidas
Martínez
El edil herrerista Rodrigo Blás, máximo
dirigente de Luis Lacalle Pou en el departamento costero, no fue el
único, el organismo de contralor impositivo también sancionó a cinco
personas que colaboraron en la maniobra, entre éstas otro edil blanco y
un ex jerarca de la antigua Junta Anticorrupción. Paralelamente, el caso
está en la justicia penal de crimen organizado desde 2014.
Dos semanas antes de que Rodrigo Blás dejara la presidencia de la
Junta Departamental, al cabo de dos períodos de gestión (2016-2018), la
Dirección de Rentas confirmó que el político utilizó su inmobiliaria
(Blás Propiedades) para evadir parte de los impuestos correspondientes a
la venta de terrenos del fraccionamiento fernandino Valle di Saronno,
propiedad de la empresa Javipark SA. El 6 de julio el director de
Rentas, Joaquín Serra, firmó la resolución –a la que accedió Brecha– que declara a Blás “responsable
solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su
actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las
acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de
57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares). En este caso la multa por
defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos
defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario
argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark SA,
empresa de la que Blás admitió públicamente ser apoderado.
Por otra parte, la Dgi entiende que tres escribanos que trabajan para
Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el
gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento”
y deberán responder personalmente por defraudación, con multas de
7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente.
Aunque los profesionales alegaron que no están vinculados a Javipark SA y
que por eso no se les puede imputar defraudación, la Dgi fundamentó que
“faltaron a su deber de depositarios de la fe pública y
falsificaron ideológicamente un documento público, lo cual es de
trascendencia para que se concretara el engaño”. También se
consideró que la participación del edil herrerista Darwin Correa, a
cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades, fue “indispensable”
para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a
la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con 14.389.110 pesos de
multa.
Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas
desde setiembre de 2014, y además fueron denunciados por la Dgi en la
justicia penal especializada en crimen organizado. Hasta ahora los
múltiples recursos que presentaron ante la Dgi y la justicia han sido
rechazados. En el ámbito judicial su estrategia de interponer recursos
logró dilatar las citaciones de testigos durante meses. No obstante,
fuentes del caso adelantaron a Brecha que es inminente el reinicio de las actuaciones a cargo de la sede especializada de segundo turno.
LA MANIOBRA. La Dgi basó su resolución en “exhaustivos informes de la División Fiscalización”, que incluyeron “múltiples declaraciones testimoniales y documentación respaldante”.
Así estableció que Javipark SA utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás
para vender inmuebles y operar de la siguiente manera: primero se emitía
un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado
entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del
otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del
precio, hasta completar aproximadamente el 40 por ciento; el saldo del
60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba
como precio en la escritura. “De esta manera, el ingreso o renta
bruta consignado documentalmente era significativamente menor al
realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores
las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la citada resolución.
La Dgi también constató que cuando un comprador objetaba la
diferencia entre el precio real y el que figuraba en las escrituras se
le proponía un acuerdo extrajudicial en el que obtenía beneficios a
cambio de guardar reserva sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi, en caso de ser citado. “Con
la participación de diversos sujetos y sirviéndose de la estructura
comercial de la inmobiliaria de Blás, se diseñó y ejecutó un aparato
formal destinado a la obtención ilícita de un enriquecimiento indebido, a
expensas de los derechos del fisco”, enfatiza la resolución. Y agrega: “El
engaño estaba pergeñado para generar una apariencia de verdad
susceptible de error a los funcionarios del fisco. Tan así, que sólo
pudo ser expuesto al descubierto por el desarrollo de una exhaustiva y
eficaz labor inspectiva, que requirió la colaboración de terceros y una
ardua tarea de investigación”. Para esto los investigadores
contaron con testimonios de compradores, de escribanos que se negaron a
participar de la maniobra, y diversa documentación. Entre esta fueron
determinantes varias cuadernolas incautadas en la sucursal fernandina de
la inmobiliaria –a cargo del edil Correa–, donde estaban registrados
los precios declarados y los verdaderamente cobrados. “El engaño habría tenido total éxito de no haberse presentado la denuncia” por parte de un particular.
Las maniobras confirmadas por los inspectores se registraron entre
2011 y 2014, lapso en el que Blás era edil por la lista 23. En 2014
asumió la presidencia de la Comisión Departamental Nacionalista (cargo
que aún ocupa) y trabajó activamente por la candidatura del
presidenciable Luis Lacalle Pou. Luego fue candidato de la agrupación
Unión y Cambio a la Intendencia de Maldonado, y su caudal electoral
resultó determinante para el triunfo de Enrique Antía, en mayo de 2015.
Por su poder económico, Blás sigue siendo el máximo aliado en Maldonado
para las aspiraciones electorales de Lacalle Pou.
En tanto presidente de la Junta Departamental, se erigió como el
principal defensor de los intereses del intendente, sobre todo en la
aprobación de excepciones a la normativa para habilitar grandes
proyectos edilicios. El empresario inmobiliario, que es edil desde la
década del 90, siempre integró la Comisión de Obras del legislativo y
varios de sus empleados en la inmobiliaria han sido ediles o concejales
del Partido Nacional. Inicialmente su abogado fue el actual
prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas. Luego el
caso pasó a manos de la socia de éste, Susana Sotto, e intervino también
en la defensa el ex fiscal Enrique Moller, contratado por la
Intendencia para llevar adelante denuncias penales contra la pasada
administración frenteamplista.
La resolución administrativa de la Dgi (independiente de la
investigación judicial) es recurrible ante el propio organismo (en tal
caso, la decisión definitiva pasaría al Ministerio de Economía) y ante
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los gráficos de "Saracho"
COSECHANDO AMIGOS - ROMPKBZAS Rodrigo Blás, la punta del iceberg
Mientras el edil herrerista de Maldonado, Rodrigo Blás esbozó un
intento de defensa en su muro de Facebook después que Brecha informara
que la DGI lo multó a él y varios asociados en casi dos millones de
dólares, la Comisión de Ética del Partido Nacional lo convocó a dar
explicaciones. “Estoy tranquilo de
que el final de este camino va a demostrar que tenemos la razón, el
tiempo pondrá las cosas en su lugar .Recién ahora empieza una etapa
donde uno puede defenderse. No hay ningún fallo judicial ni resolución
firme de la DGI. La DGI hizo y deshizo como quiso durante 4 años.
Quedan etapas por cumplir y donde deberán demostrar y comprobar lo que
dicen”, escribió Blás. Es cierto que aún no hay resolución judicial
porque una posible sentencia se ha dilatado en el tiempo a causa de la
enorme cantidad de recursos presentados por los acusados. Que son
además del mencionado, 3 escribanos, uno de ellos ex miembro de la
Junta Anticorrupción en el gobierno de Batlle y otras dos funcionarias
municipales: también la esposa de Rodrigo Blás y el también edil
herrerista, Darwin Correa, funcionario de la inmobiliaria de Blás.
La DGI probó que hubo una estructura organizada para evadir el pago de
impuestos. Y lo hizo no sólo con testimonios, sino con grabaciones y
profusa documentación incautada en la referida inmobiliaria, entre ellos
tres cuadernos donde se llevaba la contabilidad en negro. La
abogada defensora de Blás ha negado cualquier vínculo entre la
inmobiliaria y la empresa propietaria de los terrenos en el
fraccionamiento Valle Di Saronno. Pero un documento en nuestro poder
prueba que sí hay vínculos. Un recibo fechado en abril de este año, en
papel común sólo con el logo y el nombre de la empresa propietaria, está
firmado por Alejandro Lussich “por Javipark S.A:”. Lussich era edil
herrerista cuando se aprobó el fraccionamiento, es funcionario de la
inmobiliaria Blás y actual Director de Vivienda de la Intendencia de
Maldonado. En todo este trámite ha quedado claro algo muy
importante y sobre lo que seguramente debería expedirse la Comisión de
Ética del Partido Nacional. Blás votó como edil la aprobación del
fraccionamiento; enseguida pasó a ser apoderado de Javipark S.A., según
él mismo lo reconoció. Y finalmente, su inmobiliaria fue la vendedora de
los lotes. Pero esto no es la primera vez que ocurre. En el 2004
el entonces gobierno nacionalista aprobó importantes excepciones a las
normas de construcción para “grandes emprendimientos”. Ediles que
votaron ese cambio de normas fueron luego constructores de los edificios
y otros, a través de sus inmobiliarias, vendieron las propiedades.
Incluso un edil, también escribano, fue por única vez a la Junta
Departamental a dar su voto afirmativo a un proyecto en el que estaba
directamente involucrado.
