Discrepancias con la dirección

>>> El PIT-CNT y UPM

Hay temas que no se discuten



La postergación reiterada de un balance sobre la campaña contra la ley de riego llevó a la Coordinación de Sindicatos a hacer públicas sus discrepancias con la conducción del Pit-Cnt

“Es hora de que las preocupaciones dejen de quedar encerradas entre cuatro paredes, presas de la sordera y el menosprecio político.” Bajo esta bandera, algunos sindicatos pertenecientes a la orgánica del Pit-Cnt hicieron pública una denuncia contra el funcionamiento “antiestatutario” de la línea política mayoritaria y de filiación frenteamplista, alegando “falta de democracia interna” y la “sobrerrepresentación” ejercida por parte del Secretariado Ejecutivo.

El Pit-Cnt no es una central sindical. Al menos, no lo sugiere así su historia ni sus documentos fundacionales. La palabra “central”, de hecho, no es mencionada ni una sola vez en el estatuto vigente, piedra angular de la organización desde 1966. Manejado y finalmente descartado en las discusiones germinales de la entonces Cnt, el término fue sustituido por “convención”, a impulso de quienes se resistían a actuar bajo la égida de una estructura orgánica vertical, vanguardizada por dirigentes omnipotentes, y, en cambio, propugnaban un tipo de organización de corte federado, auspiciosa de las diferencias ideológicas en la interna y con respeto a la autonomía de sus componentes. Este último modelo consensuado de convención –no un simple mote lingüístico– resultó ser una condición casi sagrada para la unidad estratégica del conjunto de los trabajadores en una sola organización. No obstante, la vieja pugna de sentidos entre centralistas y federalistas (comunistas y anarquistas, entonces) continúa insistiendo, casi sesenta años después, a la luz de un nuevo contexto.

Desde el último congreso, en mayo de 2018, el plenario sindical quedó partido en tres. Las discusiones llevaron a la confluencia política de bloques diferenciados: la corriente Gerardo Cuesta (integrada por sectores afines al oficialismo, con predominio del Partido Comunista), En Lucha (impulsada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado –Cofe–, de Joselo López y la Federación de la Bebida) y el llamado Grupo de los Ocho, que ocupa un lugar minoritario y en el que convergen sindicatos que expresan con mayor énfasis la independencia del Poder
Ejecutivo.¹ Con más de la mitad de los votos, la resolución del congreso recogió el documento presentado por la primera corriente y –además de refrendar a Fernando Pereira en la Presidencia y a Marcelo Abdala en la Secretaría General– aprobó uno de los aspectos más discutidos internamente:

“En Uruguay asistimos a la agudización de la lucha entre dos proyectos de país: de un lado, el proyecto de restauración conservadora (…); del otro lado, el proyecto de cambios profundos de la clase trabajadora organizada y su sistema de alianzas”, quedó expresado en el texto de balance.
Los sindicatos pertenecientes al tercer grupo decidieron emitir una carta abierta dirigida a los afiliados de la organización, haciendo públicas denuncias contra la conducción llevada adelante por las corrientes mayoritarias –encarnadas en la figura de su presidente y su secretario general–, que a su juicio representan comportamientos contrarios al estatuto de la organización. La causa inmediata de esta decisión tiene su origen en la reunión de la última Mesa Representativa del mes de febrero, en la que –según la carta– la línea mayoritaria decidió postergar una vez más el balance político de la campaña contra la ley de riego. El posicionamiento a favor de la derogación de la norma había sido consensuado orgánicamente; no obstante, de acuerdo a lo expresado en el documento, fue eludido por los sindicatos mayoritarios, que ahora se resisten a realizar una evaluación de la fallida campaña. Lo que puede aparecer como un mero episodio de discordancia política es presentado por la Coordinación de Sindicatos o Grupo de los Ocho como un “conjunto de prácticas” que forman parte de un modelo de funcionamiento que carece de “democracia interna” y atenta contra los estatutos.

“Parte del problema es no entender que, más allá de legítimas mayorías y minorías, el Pit-Cnt no es una central, sino una convención”, afirman, destacando que se trata de una diferencia “conceptual, política y estatutaria”. “Actuar como central, cuando en realidad se trata de una convención de sindicatos, es llevar las tensiones normales de las diferencias políticas a extremos insalubres para la unidad”, valoran. En este sentido, se enfatiza como síntoma fundamental del supuesto viraje centralista la “sobrevaloración” del Secretariado Ejecutivo en detrimento de la Mesa Representativa, principal instancia de conducción política de la organización, y se señala que “la mesa no es ni un mero receptor de informes, ni un mecanismo para legitimar posiciones previamente establecidas por fuera”. Por otra parte, se critica el “constante ejercicio de sobrerrepresentación” llevado adelante por la Presidencia y la Secretaría General, al tiempo que se cuestiona la ausencia de informes acerca de la actuación de trabajadores en los organismos públicos y la falta de legitimidad en la participación en eventos internacionales.

LA UNIDAD. Mientras algunos representantes de la línea mayoritaria desmerecen el comunicado y consideran que se trata de una expresión minoritaria, los dirigentes de la corriente liderada por Cofe no se han manifestado. No obstante, el presidente del sindicato de la bebida, Fernando Ferreira, admitió a Brecha que “algunas resoluciones que deberían ser avaladas por la Mesa Representativa no están pasando por ahí. El estatuto es claro. Y a veces nos enteramos por las redes sociales de que algún compañero anda por ahí representando al Pit”. Además, manifestó que “el comportamiento de la corriente mayoritaria hace que algunas comisiones no tengan la apertura que deberían tener”, y que “la mesa ha perdido su importancia como ámbito de discusión máximo y su carácter de conducción política. Está muy desgastado o venido a menos”. Sin embargo, rehuyó imputar “intencionalidades” en el secretariado.

El alegato del Grupo de los Ocho ataca dos frentes. Por un lado, señala problemas de funcionamiento interno de la organización. Y, por otro, vuelve públicas las tensiones políticas que prometen agudizarse en el transcurso del año electoral. En este sentido, manifestaron que pretenden posicionar al movimiento sindical con respecto a la instalación de Upm, otra discusión que a su entender ha sido eludida por la conducción mayoritaria. “Desde hace varios años, hay mucha evidencia de que existen una cantidad de temas que ya no se discuten”, dijeron a Brecha representantes de la Coordinación de Sindicatos. “Hay desdén y menosprecio político o directamente una forma de entender la conducción del Pit-Cnt que, en los hechos, subvalora a la mesa, un órgano que tiene signos de decadencia en sus procesos de discusión que son alarmantes. Y las reuniones, que tendrían que ser mensuales, hasta hace poco se hacían tres o cuatro veces al año. Entonces, los temas no se discuten o se discuten tarde. ¡Y, sin embargo, el Pit-Cnt parece que siempre tiene posición sobre todo! ¿De dónde salen? De un ejercicio de sobrerrepresentación”, manifestaron.

Echando mano del estatuto, sostienen que el Secretariado Ejecutivo debería ser un brazo ejecutor de las políticas discutidas por el congreso y la mesa. No obstante, aseveran que este último ámbito está siempre abocado a discutir “paros y medidas”. “Como consecuencia, si la mesa tiene un rol de instrumentalización y el secretariado, un rol de conducción, eso es claramente invertir lo que establece el estatuto”, afirman desde la Coordinación de Sindicatos. “No somos ‘pieletristas’, ¡se trata del documento fundacional!, la garantía para la unidad. En el movimiento sindical, convergen distintas corrientes históricas (no sólo distintas realidades sectoriales del mundo del trabajo) que requieren espacios de diversidad. Si el movimiento sindical no conserva la estructura de convención para contener esa diversidad, se desborda y se rompe. De hecho, es preocupante porque ya hay muchos sindicatos y federaciones que se están dividiendo por esta causa. La unidad por la base se está quebrando. Y hay indiferencia respecto a eso.”

Sobre las vinculaciones internacionales del Pit, afirman: “Para nosotros, no hay que discutir nada. Hay que respetar el estatuto. Allí se establece claramente, sin doble lectura ni ambivalencia, que la representación en el exterior tiene que ser aprobada por la mesa. Entonces, cuando se va a la Oit (Organización Internacional del Trabajo), a Venezuela, a Israel, a Brasil (¡o se viaja en el mismo avión que el gobierno a buscar mercados!) y la mesa no se entera, no sólo se está cometiendo un error político, sino que se está violando el estatuto. Y pasa algo peor: se va al exterior sin pedir permiso, pero, además, no se rinden cuentas. ¡Entonces, nadie sabe nada! No es un tema de confianza, es un problema de procedimientos. En el movimiento sindical, nunca se hizo el balance de si había que haber ido o no a Israel. Nunca se discutió. Se adoptan comportamientos y modalidades de funcionamiento que responden a una central y no a una convención, que es lo que somos. Seguir ese camino puede llevar no sólo a aplastar minorías, sino a debilitar la unidad”.

1.   Integrado por la educación privada (Sintep), funcionarios de Ute (Aute), de Codicen (Ufc), gastronómicos (Sughu), postales (Afpu), ferroviarios (UF), funcionarios de la Udelar (Affur) y artes gráficas (Sag).

La coordinación criminal de la OCOA

El rol operativo del OCOA en la represión

Samuel Blixen

UN MODELO DE GUERRA SUCIA by Alberto Cabrera on Scribd

El nuevo jefe

General del Ejército José Ariel González


>>> Gracias Tabaré Vazquez!
El FA no sólo mantuvo la impunidad y dejó intacto el aparato represivo, sino que puso al frente del Ejército a un defensor de la dictadura, pro Bolsonaro. Son incapaces de hacer frente al golpismo porque cogobernaron con ellos.

Ta seguro, compañero?


>>>El nuevo comandante en jefe integró el Tribunal de Honor que consideró que no había pruebas para culpar a Silveira, Gavazzo y Maurente

Walter Pernas / Fabián Werner / Sudestada 
14 marzo 2019


Nuevo jefe del Ejército integró tribunal militar que amparó conducta de represores

Vázquez destituyó a Manini Ríos, pero nombró a José A. González quien también niega que haya pruebas contra Gavazzo y Silveira, condenados por 28 asesinatos



El presidente de la República, Tabaré Vázquez, adoptó una resolución que pareció mostrar firmeza contra la conducta de un jefe del Ejército que desde hace tiempo coquetea con la política partidaria a fuerza de extralimitarse en sus declaraciones para cuestionar al gobierno frenteamplista. También lo ha hecho para marcar su perfil de derecha en defensa de la llamada “familia militar” asociada a la aquiescencia o respaldo de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de terrorismo de Estado.

Pero si destituir a Guido Manini Ríos como comandante del Ejército pudo reposicionar al Poder Ejecutivo como autoridad política efectiva sobre las Fuerzas Armadas, sustituirlo con un general que mantiene la filosofía de amparo, salvaguarda administrativa, y en los hechos defensa de graves violadores a los derechos humanos, echa todo por la borda.

De acuerdo a la resolución D/1322 de Presidencia de la República / Ministerio de Defensa, fechada el 12 de marzo, el Tribunal de Honor que entendió en el expediente de los militares sobre los que pesa sentencia de condena firme por 28 casos de homicidio muy especialmente agravado
“consideró que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción (de)
que los oficiales faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios”.


El órgano militar entendió –según el documento– que una de las razones para no sancionar, por los homicidios, a los sentenciados en la justicia penal es la
“imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos”. El Tribunal de Honor decidió sancionar a Gavazzo y Silveira porque, como oficiales del Grupo de Artillería Nº 1, dependencia militar involucrada en la detención en 1973 de Roberto Gomensoro,
“no le comunicaron a la justicia penal ordinaria” que el coronel Juan Carlos Gómez (recluido tres años y medio en esta causa), era
“inocente” de ese asesinato.


Tanto el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, como la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron que la prueba para condenar a estos militares por los 28 homicidios es
“francamente agobiante en su capacidad incriminatoria compartiéndose íntegramente la valoración efectuada, tanto por el Ministerio Público al acusar como por el señor juez al sentenciar”, y subrayaron que la
“participación y responsabilidad… siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas”.

El caso fue revisado en todas las instancias de alzada posibles de acuerdo al Derecho: sentencia de la sede de primera instancia, fallo del Tribunal Penal, y decisión de la SCJ. Al menos diez magistrados analizaron el expediente, valoraron la prueba, y en consecuencia dictaron condena. Pero los militares que integraron el Tribunal del Ejército –quiénes no tienen la formación jurídica que le permita juzgar técnicamente la prueba de un expediente penal– se despachan contra la apreciación de elementos probatorios y los fallos condenatorios del Poder Judicial.


Ese Tribunal militar está integrado –de acuerdo a la resolución del Ministerio de Defensa que obtuvo
Sudestada– por el ahora comandante en jefe del Ejército, José Ariel González.

Por resolución 71259 de 1 de setiembre de 2017, el Ministerio de Defensa resolvió
“integrar el Tribunal Especial de Honor para oficiales superiores del Ejército Nacional, a efectos de entender en el caso correspondiente a los señores coroneles en situación de retito don Jorge Silveira, don Ernesto Rama(s)
, don Gilberto Vázquez, don Luis Maurente y teniente coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, con los señores oficiales generales que a continuación se mencionan: Titulares: generales don Gustavo Fajardo, don José A. González y don Alfredo Erramún”, señala el documento.




Desde el Ministerio de Defensa se confirmó a
Sudestada que, efectivamente, el nuevo comandante en jefe del Ejército, actuó en el Tribunal de Honor, así como el nuevo jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún (quien apenas fue designado por el Poder Ejecutivo reveló su intención de
promover una amnistía al estilo sudafricano para los represores uruguayos).


El Poder Ejecutivo / Ministerio de Defensa tiene, naturalmente, la potestad de cesar en la función a quienes cometan errores inexcusables en la aplicación del Derecho, de las leyes que regulan los procedimientos sancionatorios para los militares.


No se trata de una simple mirada diversa sobre un asunto, sino que a todas luces se esgrimen las omisiones –más por intención deliberada que por negligencia o ineptitud– en la aplicación de las reglas de la sana crítica, por las cuales si bien existe cierto margen de variabilidad en la apreciación de una prueba, la valoración no puede ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional.


Resulta anacrónico que a 34 años del final de la dictadura, el poder político permita que los tribunales militares tomen decisiones por “libre convicción”, yendo contra un cúmulo innegable de pruebas incriminatorias.


Es un hecho que en estas tres décadas el Frente Amplio no ha logrado modificar la filosofía reinante en las Fuerzas Armadas, que se opone abiertamente a que se haga justicia y se sancione al personal superior y subalterno de las tres armas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos bajo Terrorismo de Estado.


Posturas como las de este Tribunal de honor integrado por el actual comandante en jefe del Ejército, no solo dañan la imagen institucional de las Fuerzas Armadas –las que luego reclaman mayor empatía con la sociedad– y del Ministerio de Defensa (de todo el gobierno), sino que muestran sin ambages que los nuevos jerarcas militares –aunque no hayan actuado, por razones de edad, durante la dictadura– están dispuestos a perpetuar la negación de la barbarie, de la ignominia que representan los responsables de las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas.








çç

Manini basura...vos sos la dictadura

>>> Desapareció el video

No obstante, poco después de ser subido, el video fue bajado de las cuentas del Ejercito.

https://wwwn.ejercito.mil.uy/defensa/guia-de-autoridades/es




>>> Aqui el video desaparecido

>>> La jugada completa

Fantasmas

Entre fantasmas no se pisan la sábana


>>>  El peligroso y grave escenario que hay detrás de la destitución de Manini Ríos...



Roger Rodriguez
12 marzo 2019

La destitución del Comandante en Jefe del Ejército, General Guido Marini Ríos era previsible dado su comportamiento político desde que asumió el cargo. Las razones objetivas de su salida transaparenta un escenario peligroso....

Es grave: los Tribunales de Honor Militares consideraron que el coronel Maurente (quien operó en el "pozo" de Orletti) no cometió faltas al honor y el Poder Ejecutivo no homologó su fallo.
Es más grave: Los Tribunales de Honor descalificaron por falta al honor a Gavazzo y Silveira, pero no por la violación de derechos humanos (abuso sexual, torturas, asesinatos, extorsión, robo, apropiación de niños y desaparición de adultos) sino por no defender al coronel Juan Carlos Gómez, quien inicialmente había sido condenado por el homicidio de Gomensoro Jossman y luego (tras un sospechoso y político cambio de fiscal y juez) fue sobreseido.

Pero más grave aún es que el Poder Ejecutivo haya homologado este último fallo. La consecuencia es que Maurente preso por la justicia civil por crimenes de lesa humanidad seguirá cobrando su jubilación, mientras Gavazzo y Silveira (uno en prisión domiciliaria y el otro en Domingo Arena) podrían sufrir rebajas en sus pasividades si les aplican el "Inciso G" del artículo 192 de la Ley Nº 14.157 (el mismo con el que sancionaron económicamente a Seregni durante la dictadura) o directamente les hacen perder su condición de militares (quedarían sin sanidad militar)... 

Sería muy importante saber quiénes fueron los integrantes de esos Tribunales Militares que llegaron a firmar esos fallos. En ese nido hay huevos de serpiente.

(Lea las Resoluciones 1 y 2 del Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa al pie de la nota de Presidencia).

Comunicado

Ejecutivo cesó en el día de la fecha al Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos

El Presidente de la República, dispuso en el día de hoy el cese del Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos, quien al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor en referencia a militares sometidos a los mismos, efectuó graves cuestionamientos al Poder Judicial, estimando que “La Justicia Uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo.”

También sostuvo que “el militar que es citado como indagado por la Justicia, muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso, y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas.”

Asimismo, entiende que existe convicción de los integrantes de la Fuerza “de que la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares.”
Finalmente, argumenta que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.

El Poder Ejecutivo se ha expedido previamente, en referencia a los fallos emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1, sin compartir los fundamentos, habida cuenta que en un Estado Constitucional de Derecho deben respetarse los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social.

En un Estado de Derecho, con un sistema republicano democrático de gobierno en el que hay, por tanto, separación de poderes, el respeto a las decisiones de la Justicia Penal por parte del Poder Ejecutivo y de sus integrantes, debe ser una premisa fundamental.

Consecuentemente, la actitud asumida por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, de cuestionar al Poder Judicial como lo ha hecho, resulta absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose.

Por tanto, al resultar grave la acusación al sistema de Justicia de nuestra República, la determinación fue el cese inmediato en las funciones encomendadas.

Resolución 1

Resolución 2

Resolución 3

Resolución 4

>>> Quien lo trajo?

Manini Ríos fue destituido por cuestionar a la Justicia a raíz de las condenas a Gavazzo, Silveira y Maurente 

13 de marzo de 2019 | Política | Foto: Santiago Mazzarovich

El sucesor será el general José González, uno de los integrantes del Tribunal de Honor que falló sobre la conducta de esos tres represores. 

Ayer, en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez recibió al entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien había solicitado una reunión de “rutina” con el mandatario para hablar de temas “internos” de la fuerza, según informó el lunes El Observador. En el encuentro, Vázquez le comunicó al general algo que lo tomó por sorpresa: había decidido removerlo del cargo.
El motivo del cese de funciones fueron los duros cuestionamientos que hizo Manini Rios al Poder Judicial, cuando remitió al Poder Ejecutivo los fallos del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1, sobre la conducta de Luis Maurente, Jorge Silveira y José Nino Gavazzo, condenados por múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado (ver recuadro). En ese informe, entre otras consideraciones, el comandante había escrito que entre los integrantes del Ejército existe la convicción de que “la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo”, según informó ayer el portal de Presidencia.
Manini Ríos también sostuvo en ese escrito que los militares indagados muchas veces son considerados culpables antes de ser juzgados, sin las “garantías del debido proceso”, y condenados de acuerdo a “conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas”. Por lo tanto, opinó que “no ha habido juicios imparciales” a los uniformados, y que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas”.
El Poder Ejecutivo argumentó, al explicar la remoción, que en un sistema “republicano democrático de gobierno” existe “separación de poderes”, y el “respeto” a las decisiones debe ser “una premisa fundamental”, por lo cual la actitud de Manini Ríos resultó “absolutamente incompatible” con el cargo que desempeñaba. En consecuencia, dispuso su pase a retiro obligatorio, según la resolución dada a conocer ayer.

Sustituirá a Manini Ríos José Ariel González Spalatto, nacido el 18 de agosto de 1962 en Rocha, casado y con un hijo varón, que desde enero de este año es el comandante de la División de Ejército III, con sede en Tacuarembó. Ingresó a la Escuela Militar el 1º de marzo de 1980. Fue ascendido a general del Ejército en febrero de 2015, y con ese grado pasó a dirigir la Dirección Nacional de los Servicios de las Fuerzas Armadas, que depende del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y se encarga de la sanidad y la seguridad social de todas las fuerzas, entre otros cometidos. Luego, González pasó a ser director de la Escuela Militar, y posteriormente a dirigir el Instituto Militar de las Armas y Especialidades. El año pasado, cuando era director de la Escuela Militar, fue designado junto con los generales Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún para integrar el Tribunal de Honor que falló sobre las conductas de Silveira, Maurente, Gavazzo, Ernesto Rama y Gilberto Vázquez.
Según dijeron a la diaria fuentes del MDN, el nuevo comandante en jefe continuará en ese cargo por lo menos hasta febrero del año que viene, cuando el gobierno saliente podrá acordar con el entrante quién ocupará la jefatura del Ejército. De todos modos, acotaron, también puede ocurrir que él y los demás comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) continúen ocupando sus cargos, ya que se trata de una “decisión política”.

Un protagonismo meditado

Manini Ríos dijo este lunes, en una entrevista en el programa Todo pasa, de Océano FM, que no descartaba dedicarse a la actividad política si era el único camino que encontraba para “hacer justicia” con el Ejército. De hecho, no tiene ningún impedimento para hacerlo: el artículo 63 de la Ley Orgánica Militar sostiene que el “estado militar es incompatible con el ejercicio de actividades políticas”, por lo que el militar “que desee postularse para cargos electivos deberá cesar o renunciar a su cargo con tres meses de antelación al acto electoral, como mínimo”. Además, la Constitución, que prevalece sobre esa ley y todas las demás, sólo les prohíbe la actividad política (con excepción del voto) a los militares en actividad.
El politólogo Julián González Guyer, especializado en temas de defensa, dijo a la diaria que Manini Ríos caminó por la “cuerda floja” por un buen período de tiempo, en el límite de lo que legalmente podía hacer (ver la cronología), y que sus dichos sobre la Justicia fueron la gota que desbordó el vaso. A juicio del especialista, el ex comandante en jefe del Ejército se hizo eco de una opinión muy extendida en esa fuerza: la de quienes “entienden que la Justicia es parcial, que quienes cometieron violaciones a los derechos humanos estaban operando orgánicamente”. “Eso se apoya en otro fenómeno y es que hasta 1973 había un Parlamento que estableció el estado de guerra interno, aprobó la Ley de Seguridad del Estado, y luego admitió lo que hicieron las Fuerzas Armadas en ese marco. Eso genera un especie de área gris, en la que se apoya la corporación militar para fundamentar la legalidad y la pertinencia de lo que sucedió, y Manini Ríos funciona como un portavoz de esas ideas”, explicó.
Sobre lo que implicará la destitución, González Guyer comentó que primero habría que saber hasta qué punto la persistencia de Manini Ríos en asumir un perfil político y convertirse en un “personaje público” es bien vista por sus pares. “¿A los demás generales les parece bien este tipo de protagonismo?”, se preguntó. En su opinión, el general se posicionó como adalid de los intereses del Ejército y, en una institución con un espíritu tan corporativo como las Fuerzas Armadas, cuando habla el comandante, está representando a la institución.
Según el experto, Manini Ríos optó por un nivel de exposición que no condice con la tradición militar uruguaya. “Hay cierto recato que tradicionalmente han mantenido los militares en relación con lo político, que mucho tiene que ver con la tradición francesa. En Francia, a las Fuerzas Armadas se las llama la grande muette, la gran muda. Él rompe con esa tradición y se asocia más a la estadounidense, de jerarcas militares con protagonismo político”, señaló. Sobre el eventual futuro del general en la política, González Guyer advirtió que Manini Ríos era consciente de que ponía “otra vez” la “cabeza en el picadero” y que “los militares siempre actúan estratégicamente, no actúan sin tomar en cuenta las consecuencias”. De hecho, el grupo Cabildo Abierto, antes denominado Movimiento Social Artiguista y ya inscripto como partido en la Corte Electoral, le propondrá mañana formalmente a Manini Ríos que sea su candidato presidencial, y realizará con tal motivo una conferencia de prensa en el hotel Ibis de Montevideo, informó ayer El Observador.

Fallos fallidos

El presidente Tabaré Vázquez resolvió no homologar el fallo del Tribunal de Honor del Ejército que juzgó la conducta del coronel retirado Luis Alfredo Maurente. No comparte que el tribunal haya entendido que los hechos por los que la Justicia condenó a Maurente (28 delitos de homicidio muy especialmente agravados determinados por “tres sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada”) “no están lo suficientemente aclarados, al existir imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos, cerrando el caso sin elementos que fundamenten la convicción que los oficiales sometidos al Tribunal faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y del suyo propio”.

Por otro lado, en referencia al “cuestionamiento genérico” realizado al Poder Judicial en “los instrumentos agregados en el expediente”, el Poder Ejecutivo entiende que “no se compadece con las apreciaciones incluidas en los mismos con referencia a ciertos casos, donde la actuación de la Justicia permitió el esclarecimiento de hechos, a satisfacción de quien escribe lo contrario”, y que por consiguiente “tal razonamiento es contradictorio, va contra las reglas de la lógica, intenta socavar el prestigio de nuestro Poder Judicial y es injusto”.

Para el Poder Ejecutivo, la conducta de Maurente “desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representa y el suyo propio”, y por lo tanto no homologó el fallo.

Por su parte, los fallos acerca de la conducta de Jorge Silveira y José Nino Gavazzo sí fueron homologados por el presidente, ya que si bien en general tienen el mismo contenido que el fallo sobre Maurente en cuanto a los delitos por los que fueron condenados (incluyendo los mismos 28 homicidios), el tribunal sí entendió que “existió falta contra el honor, porque los militares juzgados, teniendo conocimiento de la condena con prisión del coronel Juan Carlos Gómez (quien estuvo privado de libertad durante tres años y medio) por el fallecimiento de Roberto Gomensoro en el Grupo de Artillería Nº 1, cuyo cuerpo apareciera en aguas del Río Negro no le comunicaron a la Justicia Penal ordinaria que el condenado era inocente”.

El Ejecutivo afirma que la conducta de Gavazzo y Silveira, como la de Maurente, “desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representa y el suyo propio”, y señala que homologa los fallos debido a los actos que ya juzgó el Poder Judicial, “y no sólo por los motivos restringidos” expuestos por el Tribunal de Honor.

Los mensajes partidarios

Las reacciones en la arena política fueron variadas. Desde el Partido Nacional, varios dirigentes saludaron a Manini Ríos y se refirieron a él como un “gran” comandante. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou (Todos) escribió en su cuenta de Twitter que la destitución del comandante en jefe es un “resorte institucional” del presidente, pero también opinó que el general desempeñó su “cargo con lealtad institucional” y con “apego a las normas”, para concluir que “fue un digno comandante”.

El senador nacionalista Álvaro Delgado, integrante de Todos, fue más allá que su líder y consideró que el cese es una “mala noticia para el Uruguay y para el Ejército”. “Cesan a un gran comandante en jefe. Tendrán que explicar las razones, pero es obvio que la presión fue del Frente Amplio [FA]”, afirmó. En la misma línea opinó el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien sostuvo en redes sociales que “tal vez” las últimas declaraciones de Manini Ríos “sirvieran de motivo o excusa”, pero que era “el final largamente buscado por los sectores radicales del FA”. Por su parte, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga dijo que Manini Ríos: “Cruzó una línea que no debía”.
El precandidato colorado Ernesto Talvi aprovechó la oportunidad para abordar un tema de fondo: “La destitución del Manini no admite dos opiniones: el presidente ejerció su autoridad y se acata sin chistar. Pero hay que hablar de lo que medio país cuchichea: ¿tiene sentido con nuestro tamaño y en este tiempo tener Fuerzas Armadas convencionales teóricamente preparadas para la guerra?”, deslizó en Twitter.
Desde filas frenteamplistas, los precandidatos expresaron su apoyo a la decisión de Vázquez. Óscar Andrade manifestó en Facebook su “respaldo” y calificó de “justa” e “irreprochable” la destitución. Mario Bergara cuestionó en Twitter la actitud de Manini Ríos de “intentar censurar” al Poder Judicial y calificó de “oportuna y acertada” la resolución de Vázquez. Daniel Martínez sostuvo, también en Twitter, que el presidente adoptó “una decisión que honra la Constitución y protege el rol de las instituciones”. Carolina Cosse manifestó que el gobierno del FAo “vuelve a ser una garantía”, e hizo referencia a una frase utilizada por Vázquez en varias oportunidades: “Dentro de la Constitución todo y nada fuera de ella”.

Dichos y actuaciones de Manini Ríos

• 3 de febrero de 2016. “Seguir pidiéndole cuentas al Ejército por lo que pasó hace 40 años [...] es casi lo mismo que pedir cuentas por lo que hicimos en la Guerra de Paraguay”.
  
• 18 de mayo de 2016. Manini Ríos participó con su uniforme militar en una misa en la catedral de Montevideo por el Día del Ejército. Volvería a hacerlo.
  
• 18 de mayo de 2017. En su discurso por el Día del Ejército agregó frases que no estaban en el texto entregado previamente al ministro de Defensa Nacional. “[Los militares] tienen el privilegio de llevar su pobreza con dignidad y lucir orgullosos el uniforme que para ellos representa su vida”.
  
• 29 de junio de 2017. “A la gente de Bella Unión, Salto y Paysandú les importa un comino lo que pasó hace 44 años”.
  
• 30 de noviembre de 2017. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció que Manini Ríos brindó información falsa sobre la ubicación de restos.
  
• 1º de diciembre de 2017. “El principal interesado en la aparición de los cuerpos [de desaparecidos] es el Ejército”.
  
• 18 de mayo de 2018. “[Al Ejército] nada ni nadie lo pondrá nunca de rodillas”. “Gracias soldados por no reaccionar ante la provocación de aquellos que respondiendo a intereses inconfesables viven de la confrontación”.
  
• 25 de junio de 2018. En referencia al homicidio de Artigas Álvarez, hermano de Gregorio Goyo Álvarez, cometido por el MLN- Tupamaros: “¡Que su sacrificio no haya sido en vano!”.
  
• 22 de agosto de 2018. “Cuando la patria esté en peligro no hay derechos para nadie, sino deberes”.
  
• 5 de setiembre de 2018. “No le puedo atribuir al ministro [de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto] Murro de ninguna manera mala fe”, ni que “mienta a sabiendas” sobre la reforma de la llamada Caja Militar.
  
• 29 de diciembre de 2018. “Saludo al soldado que se esfuerza por cumplir la misión asignada de la mejor forma, a pesar de las dificultades [...] y de la acción de los mercaderes del odio y del enfrentamiento entre orientales”.
  
• 4 de febrero de 2019. “El Ejército ha hecho, hace y continuará haciendo lo posible por esclarecer los hechos y dar respuestas” sobre delitos cometidos en dictadura.
  
• 7 de febrero de 2019. “Noto un ambiente muy favorable a una mayor participación del Ejército en la seguridad”.
  
• 28 de febrero de 2019. “Gritos de Asencio, en la historia de los pueblos, ha habido y habrá muchos”.
  

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(*) Una primera versión de esta nota, especialmente en su titulación, dejaba la sensación de que la resolución de la Presidencia de la República ante el fallo del Tribunal de Honor tenía un sentido opuesto al que tuvo realmente. En caso de haber generado confusión al respecto, pedimos disculpas a los involucrados y a los lectores.

La remoción del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dejó al descubierto la postura del presidente, Tabaré Vázquez, sobre algunos fallos de un Tribunal de Honor militar relacionados con la actuación de varios altos oficiales que cometieron infinidad de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.

El comunicado oficial que explica el cese de Manini Ríos se produjo luego que “al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor en referencia a militares sometidos a los mismos, efectuó graves cuestionamientos al Poder Judicial”

El documento hace referencia a la homologación de los fallos del Tribunal Especial de Honor que juzgaron al coronel (R) Jorge “Pajarito” Silveira Quesada,  el teniente coronel (R) José Nino Gavazzo y el coronel (R) Luis Alfredo Maurente Mata, acusado en varios casos penales por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1985.

Silveira y Gavazzo  fueron condenados por la Justicia penal como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real.

Sin embargo, en el caso de Maurente el Tribunal lo había eximido porque consideraba que los hechos "no están lo suficientemente aclarados (...) al existir la imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años". 

Sin embargo, la resolución de Presidencia de la República señala que “el Poder Ejecutivo no comparte los fundamentos del Tribunal, en cuanto entendió que los hechos no están lo suficientemente aclarados, al existir la imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años, que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos, cerrando el caso sin elementos que fundamenten la convicción que lo oficiales sometidos al Tribunal faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y del suyo propio”.

Por esta y otras razones, el presidente resuelve “no homologar el fallo del 15 de setiembre de 2018” emitido “por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército Nacional que juzgó la conducta del señor coronel en situación de retiro Luis Alfredo Maurente Mata”.

Resolución 1

En el punto IV se detallan algunas expresiones de Manini Ríos:  “En los antecedentes administrativos remitidos al Poder Ejecutivo solicitando la homologación del fallo del Tribunal de Honor, el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Guido Manini Ríos efectúa graves cuestionamientos a la Justicia penal, considerando que un militar citado como indagado por la Justicia ´no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes... fraguadas o inventadas”.

El Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército juzgó la conducta de Gavazzo, Silveira y Maurente “en relación a su sentencia por un delito especialmente agravado de veintiocho homicidios en reiteración real”.

Gavazzo, ex jefe operativo del Servicio de Información de Defensa durante la última dictadura, preso desde 2006 por violaciones a los derechos humanos y actualmente en reclusión domiciliaria en atención a su edad, fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por el homicidio especialmente agravado en reiteración real de 28 personas en la casa del llamado “segundo vuelo”. El juez de ese caso fue Luis Charles y la fiscal fue Guianze.

En tanto, el coronel retirado Luis Maurente y los ex policías Ricardo “Conejo” Medina y José Sande Lima recibieron una sentencia de 20 años de prisión en marzo de 2009.

Hace pocas semana, el fiscal letrado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento de Gavazzo, Arab, Silveira, Maurente y Gilberto Vázquez y la extradición de Manuel Cordero, por el secuestro en 1976 de Anatole y Victoria Julien, quienes entonces eran niños.

Los hermanos fueron secuestrados en Buenos Aires, junto a sus padres, el 26 de setiembre de 1976. Según sostiene el fiscal en el dictamen se comprobó que fueron trasladados de Argentina a Chile por oficiales uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Los padres de Anatole y Victoria continúan desaparecidos.