Las situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes atendidas por el Estado en 2021 aumentaron un 43% respecto al año anterior. Autoridades del Sipiav y del INAU
destacaron los avances en el sistema de detección, pero reconocieron
que se necesitan más recursos para atender la problemática.
https://www.inau.gub.uy/documentacion/download/7641/1494/16
En
el año 2021 se atendieron 7.035 situaciones de violencia a niños, niñas
y adolescentes (NNA), según el informe del Sistema Integral de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia
(Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se
presentó el pasado lunes. Esta cifra, que implica la intervención en 19
situaciones diarias, representa un aumento respecto a 2020 que se
intervino en 4.911 casos. Del total actual de casos, 2.882 corresponden a
nuevas situaciones ingresadas al sistema durante 2021.
Durante
la presentación de datos, el Sipiav explicó que el incremento de las
cifras no implica necesariamente un aumento de la violencia, sino que
refleja que “continúa aumentando, año a año, la capacidad de detección,
registro e intervención en casos de violencia”. Sobre este punto, la
directora y coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, le dijo a Caras y Caretas
que el tema de la violencia de género y generaciones “es un problema
que tiene Uruguay hace mucho tiempo”, pero que en los últimos años “se
mejoraron las técnicas de registro y se comenzó a tener más conciencia
de que el fenómeno existe”. Y añadió: “Al inicio se brindaban las cifras
de Montevideo, Canelones y San José, pero estos últimos años, al tener
dispositivos en todo el territorio nacional, tenemos una mayor detección
que nos posibilitó dar datos a nivel país”.
Sobre
el incremento de casos, la jerarca sostuvo que se explica por el fin de
la emergencia sanitaria y el retorno a la presencialidad, lo que
posibilitó que los equipos técnicos del sistema de respuesta volvieran
al territorio mejorando la detección de casos, a la vez que NNA también
recuperaron sus espacios de protección, como centros educativos y CAIF,
donde también se pueden detectar situaciones de violencia.
Mizrahi
reconoció que “la violencia se ha complejizado”, pero destacó como
aspecto positivo que “existe otra conciencia”. “En el caso de las niñas y
de la preadolescencia, se dio un proceso que permitió que puedan
plantear situaciones de violencia que en otros momentos no podían o
tenían la fuerza para hacerlo. Los grupos de pertenencia de las
adolescentes, donde se apoyan a sí mismas, colaboran a que puedan
verbalizar situaciones abusivas”. La jerarca recordó que cuando surgió
el Sipiav [2019] se enfrentaron a dificultades para reportar situaciones
de violencia, aspecto en el que se avanzó significativamente porque “la
adolescencia avanzó por sí misma al darse cuenta que la violencia hacia
ella no es admisible”.
Faltan recursos
Consultada
sobre los desafíos del Estado para atender la creciente problemática de
la violencia hacia NNA, Mizrahi expresó: “Debemos posibilitar que esas
niños, niñas y adolescentes tengan espacios donde denunciar. En esto
tiene un papel importante la sensibilización y capacitación de los
técnicos de todas las instituciones para que puedan ser receptivos y
escuchar lo que plantean las víctimas de una situación de violencia”. El
develamiento de estas historias de violencia, aseguró la experta, “no
es sencillo”, ya que las niñas y niños no se sientan y dicen que son
agredidos por su padre o madre. “Dicen cosas que nosotros tenemos
decodificar, observar cuáles son los síntomas en centros educativos, si
hay cambios en el comportamiento, en esa etapa los técnicos tienen un
rol de sostén fundamental”.
Actualmente el Sipiav cuenta con 32
comités de recepción en los cuales trabajan 605 técnicos y técnicas,
recursos humanos que ante el aumento de la violencia no son suficientes.
“Cada vez tenemos mayor exigencia, por lo cual deberíamos tener más
técnicos para dar mejor respuesta. El año pasado atendíamos 4900 casos
con 605 técnicos y ahora atendemos 7035 con la misma cantidad. Con este
panorama vamos a poder hacer el primer abordaje, pero seguiremos con
mucha debilidad en lo que es la detección, seguimiento y la reparación
de daños.”, reconoció la entrevistada. “Tenemos dos formas de detectar
situaciones, la denuncia -que se puede hacer en Fiscalía o a través de
la Línea Azul del INAU- y lo que llamamos ‘detección’, que para
trabajar la situación es mejor, ya que a partir de que se revela un
caso, el técnico puede armar la estrategia y buscar con qué referentes
adultos cuenta para apoyar a las víctimas. Estos aspectos son muy
importantes para abordar la situación, especialmente en situaciones de
violencia sexual, abuso o explotación, con todo lo que implica la
judialización de estos delitos graves. Se necesitan recursos humanos
para sostener a las niñas y niños en ese proceso. Para eso, mantenemos
una fuerte coordinación con la Unidad de Víctimas de Fiscalía y otros
organismos, buscando que el tránsito sea lo menos revictimizante
posible, que no es tarea fácil debido al impacto que generan estas
situaciones que, en la mayoría de los casos, tienen como agresores a
familiares directos. El impacto psicológico es enorme”.
A la
carencia de recursos humanos que trabajan específicamente en detectar
situaciones de violencia, se suma otro problema: el cierre de programas
sociales del Ministerio de Desarrollo que trabajaban en los barrios de
contexto crítico, directamente con las familias, como los Servicios de
Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) y los Equipos
Territoriales de Atención Familiar (ETAF), que colaboraban en la
detección de casos de violencia. Al preguntarle a la directora del
Sipiav cómo repercutía la falta de estas políticas sociales, expresó:
“Cualquier dispositivo que retire técnicos del territorio para nosotros
es una dificultad”.
Otra de las necesidades para enfrentar la
problemática de la violencia hacia NNA, según la jerarca, es la
realización de “grandes campañas de sensibilización”, que tienen un alto
costo. “El Parlamento votó una ley que mandata al Sipiav, pero no están
los recursos disponibles”. Más allá de las mejoras que pueden hacerse
sobre los servicios que atienden las situaciones de violencia, Mizrahi
aseguró que es necesario avanzar en cuestiones estructurales como las
formas de relacionamiento social. “Existen asimetrías de poder muy
fuertes en las que niñas, niños y mujeres sufren desigualdad. En esa
asimetría es donde se ejerce la violencia, y ese es un cambio cultural
que nos debemos replantear”.
Llegando tarde
La
directora por el Frente Amplio (FA) del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, opinó que el aumento
de casos de violencia en la infancia y la adolescencia no significa que
estemos ante “una pandemia de violencia”, sino frente a una problemática
estructural de la sociedad. “Lo que se está observando cada 25 de abril
es el avance en el trabajo realizado, en lo jurídico, político, en
derechos y a nivel de cada territorio, así como en la sensibilización de
los equipos y de las instituciones que trabajan para poder
desnaturalizar el problema. Es por eso que vemos el incremento de las
cifras”.
Para Argenzio es importante tener claro que las 7.035
situaciones de violencia reportadas recientemente no reflejan la
totalidad que existe, sino que fueron las atendidas por el sistema. A su
entender, “el problema es grave” y “debe responderse como política de
Estado”. Por otro lado, reconoció que Uruguay ha tenido muchos avances
en materia de derecho, pero aseguró que queda mucho por hacer, sobre
todo seguir trabajando para sensibilizar y desnaturalizar el problema.
“Una de las cifras más impresionantes del informe fue que el 65% de las
víctimas no se visualizan en la situación de violencia”.
Además
de las cifras difundidas recientemente por el Sipiav, Argenzio analizó
otros indicadores que muestran la vulneración de derechos hacia las
infancias y adolescencias y que dan cuenta de la necesidad de atender el
problema como política de Estado. “En la Segunda Encuesta Nacional de
Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones del 2019
observamos que más de 386.119 niñas, niños y adolescentes viven en
hogares donde se reportó alguna situación de violencia de género.
Además, en el 20% de estos hogares la violencia fue ejercida hacia
menores de edad. Otro indicador alarmante es el incremento de la
judicialización: en 2021 fueron tramitados 30.000 oficios del Poder
Judicial que se recibieron en las puertas de entrada del INAU, en todos
los departamentos”.
El aumento del 16% de las denuncias que
recibe la Línea Azul es, según la directora, otro indicador importante,
pero más aún “el aumento de la reiteración de denuncia”, ya que
significa que “no estamos llegando a tiempo”. “Esta situación nos tiene
que interpelar como Estado porque acá el problema no es la sociedad, es
el Estado que tiene que responder con políticas adecuadas. Y no se trata
solo de sensibilización, sino pasar a una prevención oportuna y cuando
se detecta una situación de violencia, proceder rápidamente para activar
la reparación del daño”, añadió.
Más violencia, igual presupuesto
Ante
el aumento elevado de los casos de violencia hacia NNA, señaló
Argenzio, el INAU mantuvo la misma asignación presupuestal de 98
millones para enfrentar el problema. “No aumentó el presupuesto para
violencia, no aumentó la cantidad de 550 cupos para dar respuesta a una
reparación del daño acorde a los modelos requeridos y los proyectos de
proximidad que se conforman con equipos multidisciplinarios. Con las
cifras actuales, 550 cupos representan un abordaje del 7% de las
denuncias”.
Según Argenzio existe “una triada” que complejiza la
situación: además del crecimiento de casos y el no aumento de
presupuesto, otra “gran preocupación” es que “por tercer año consecutivo
el INAU no ejecutó el 100% de su presupuesto, devolviendo a rentas
generales 766 millones de pesos en 2020 y 755 millones en 2021”. A esto
se suma, señaló la jerarca, que el aumento presupuestal anual de 5%
estuvo por debajo del aumento de la inflación, que fue de 7,95%.
“Mientras tanto, hay un aumento de la vulneración de derechos hacia
niñas, niños y adolescentes. Preocupa que pudiendo planificar una
estrategia paulatina para abordar la problemática, se decidió no
ejecutar parte de ese presupuesto”.
Argenzio enfatizó en que el
problema de la violencia hacia NNA rompe los ojos y necesita otro tipo
de respuesta. “Además de las cifras y los indicadores mencionados, lo
vemos en la sobredemanda que tienen los centros de 24 horas del INAU: el
41% está sobrepoblado. Pero el encierro no puede seguir siendo la
primera herramienta para dar respuesta a situaciones de desprotección y
vulneración. Se requiere la contratación de equipos -actualmente en las
puertas de entrada de INAU una dupla atiende 70 situaciones de diversa
índole de vulneración-, acciones continuas de prevención, especificidad
técnica, ratios de abordaje definidos. Las políticas de infancia y
adolescencia deben ser abordadas como largoplacistas y no con
intervenciones focalizadas”.
Para finalizar, la directora remarcó
que no debe pasarse por alto que hay una fuerte agudización de la
crisis económica y pérdida empleo que agrava la problemática. “Los
referentes de las puertas de entrada del interior cuentan que aumentó la
demanda de familias que piden soluciones de vivienda, empleo. Eso habla
de un Estado que no está presente con la integridad que requiere el
abordaje de estas situaciones. Cuando hay un caso de violencia el Estado
tiene que entrar a la familia, se requiere interinstitucionalidad,
acompañamiento real y articulación para combatir todas las aristas de
esta terrible problemática. Para cambiar esta realidad se necesita
inversión”.
Algunas cifras del Sipiav
De las 7035 situaciones de violencia registradas:
Un 55% corresponde a víctimas niñas y adolescentes de sexo femenino y un 45% a varones
Un 37%, se ubican en la franja etaria de 6 a 12 años y un 19 % en menores de cinco años.
Un
37% corresponden a casos de "maltrato emocional", 24% negligencia, 20%
abuso sexual, 17% maltrato físico y 2% explotación sexual.
En un 39 % de los casos los agresores fueron los padres de las víctimas y en un 23% las madres.
Se
registraron 1400 situaciones de abuso sexual, más de 3 casos por día.
De las situaciones atendidas, 3 de cada 4 fueron niñas o adolescentes
mujeres y el 45% tenían entre 13 y 17 años.
El 79% de los casos las personas que cometieron los abusos formaban parte de los vínculos cercanos de las víctimas.
Un 78 % de las situaciones de abuso se detectaron en su fase crónica,
lo que significa una exposición prolongada a la situación de violencia.
Se
intervino en 1196 casos de maltrato físico: golpes, tirones,
pellizcones y quemaduras. En el 54% de los casos, el agresor fue el
padre o pareja de la madre, en un 33% la madre, en un 9% otro familiar,
en un 2% un no familiar y en el 2% restante la pareja de la víctima.
El 65% de las víctimas no son conscientes de la violencia a las que están sometidas.
La directora del INAU por la oposición plantea que el organismo tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes; sugiere que la retirada del Estado de los territorios “impacta fuertemente” en esta población.
Natalia Argenzio es
licenciada en Enfermería, especialista en gestión y políticas de salud.
Es directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por
el Frente Amplio. En diálogo con la diaria, habló sobre la realidad del sistema de protección de 24 horas, el impacto de la pandemia y la pobreza, el reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) acerca de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro, y la violencia.
Internación, patologización y medicalización
“La primera opción del sistema de protección sigue siendo la
internación”, explicó Argenzio. En Uruguay, el promedio de internación
de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del INAU es
de 52 meses. Dos de cada tres niñas, niños y adolescentes que están en
amparo viven en hogares de este organismo. El resto vive en un contexto
familiar, bajo la modalidad de acogimiento familiar. Para Argenzio,
“invertir estos números significaría un salto cualitativo en la forma
que tenemos de proteger a las niñas, niños y adolescentes”.
El Poder Judicial forma parte de la decisión sobre estas
trayectorias: 75% de la población atendida en el sistema de protección
es resultado de una decisión judicial. “Los motivos de ingreso y
derivación al sistema son producto de la multicausalidad asociada a la
pobreza estructural: situaciones de violencias y abuso, situaciones de
calle, falta de vivienda, dificultades económicas de la familia,
enfermedades, problemas de salud mental, uso problemático de drogas de
la referencia adulta, etcétera”, explicó.
La mayoría (86%) de las niñas, niños y adolescentes que están en el
sistema de protección mantienen contacto con su familia. “Por eso se
requiere mayor abordaje del trabajo con la familia de origen, para poder
restituir la capacidad de cuidado”. Sólo 9% de las niñas, niños y
adolescentes tienen condición de adoptabilidad.
Para apostar a un modelo de desinternación y restituir el derecho a
vivir en familia, Argenzio plantea que “se debe apostar fuertemente a
modelos de base familiar y comunitaria”. Para eso, “es necesario evitar
que las familias pierdan la capacidad de cuidar; fortalecer las
capacidades de cuidado de la familia de origen, con énfasis en el
proceso de reintegración familiar; buscar otros referentes familiares si
la madre o el padre no pueden cuidar; promover el proceso de adopción
para aquellos que no tienen posibilidades de volver con sus familias”.
De los casi 25.000 oficios que recibió el instituto desde el Poder
Judicial en 2020, 1.108 terminaron en ingresos al sistema de protección
de 24 horas. 940 de estas solicitudes contaban con intervenciones
previas “que, sin dudas, fueron insuficientes”.
El impacto del encierro y el alejamiento familiar
“Hace una década, los estados consolidaron la idea de que la
internación en sistemas de protección no son una solución favorable para
atender a esta población, que pierde o ve interrumpido el cuidado
familiar. Hay evidencias que nos demuestran que hay grandes perjuicios
en su desarrollo neurológico, psicoemocional, afectivo y social”,
recordó Argenzio.
Los primeros años de vida son determinantes. “La internación produce
daños en todas las áreas. La primera infancia es una etapa crucial y por
tanto dejará marcas indelebles y profundas; por tal razón, es necesario
desalentar la internación en esta etapa hasta llegar a erradicarla”.
“Hoy sabemos que las herramientas para desarrollar políticas de
desinternación existen y podemos utilizarlas. Es un desafío complejo,
que implica un cambio en el paradigma de protección”. Para empezar,
cambiar la idea de los hogares por la de centros de atención al
fortalecimiento y el apoyo de las familias.
“El INAU tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.
Para Argenzio, el modelo de encierro alude “a una lógica preventiva”,
a “alejar a niñas, niños y adolescentes del delito”. “Esta es una
perspectiva de exclusión y discriminación que etiqueta como ‘potencial
delincuente’ y refuerza la idea de abandono”. Sugiere que las acciones
“deberían responder a políticas socioeducativas que promuevan la
inclusión y acompañen su autonomía progresiva para la inserción social”.
El encierro en hogares residenciales aleja a niñas, niños y
adolescentes del medio familiar, de su medio social habitual, y pasan
“de un momento a otro al encierro y todo lo que esto implica:
incertidumbre, miedo”. “El proceso de adaptación es complejo, y si el
ambiente social no acompaña, sus necesidades afectivas tendrán
consecuencias graves en la niñez y la adolescencia”, señaló Argenzio.
“Defendemos y trabajamos para garantizar el derecho a vivir en
familia, y lo que más anhelamos es vivir en un país donde las familias
no pierdan la capacidad de cuidar a sus hijos”. A su juicio, esto debe
ser “prioritario” y debe ser “el norte de las políticas de infancia”,
además de apostar a que “otras familias se involucren con el cuidado por
la vía del acogimiento familiar y la adopción”.
Clínicas psiquiátricas privadas ante falta de equipos
Según Argenzio, hay una “falta de abordaje psicoemocional oportuno”.
La medicalización de quienes están en el sistema de protección es muy
alta: un tercio de las niñas, niños y adolescentes recibe psicofármacos.
“Nos preocupan las derivaciones a las clínicas psiquiátricas que
muestran una inadecuada interpretación de las conductas llamadas
‘disruptivas’, que permitan reconocer las diferencias entre una crisis
circunstancial y una descompensación de problemas crónicos de salud
mental”, explicó la directora del INAU por la oposición. Según dijo, 45%
de las derivaciones a clínicas psiquiátricas por descompensaciones de
la salud mental están asociadas a un antecedente de uso problemático de
drogas y 41% tienen antecedentes de haber sido víctimas de violencia,
abuso y explotación sexual.
“La falta de un sistema de protección de 24 horas con suficientes
equipos multidisciplinarios y propuestas alternativas para dar
respuestas oportunas a estas situaciones hace que haya casos en que
niñas, niños y adolescentes permanezcan en las clínicas psiquiátricas
hasta cuatro meses luego de haber recibido el alta médica”, afirmó
Argenzio. “El costo diario de internación ronda en los 6.000 pesos”. El
Estado invierte en la prolongación de estas internaciones unos 720.000
pesos. La funcionaria considera que al mismo tiempo “se vulneran
derechos y se hace un mal uso de los dineros públicos”. Actualmente, hay
16 adolescentes ingresados en clínicas psiquiátricas que llevan más de
cuatro meses de internación, “lo que representa un gasto de casi tres
millones de pesos por mes invertidos en vulnerar derechos”.
Planteó que la investigación La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes,
realizada por la INDDHH con apoyo de Unicef, “arroja datos que
refuerzan la urgente necesidad de adecuar el sistema de protección hacia
bases familiares y comunitarias”.
De acuerdo con el informe, 10% de las niñas, niños y adolescentes
estaban internados en centros de salud mental de 24 horas del INAU. Son
316 casos. “Si bien la normativa indica que no deberían permanecer más
de 18 meses en centros de salud mental, uno de cada diez menores de 12
años y uno de cada cinco adolescentes han permanecido más de tres años”,
señaló Argenzio.
Niñas, niños y adolescentes pasan hasta cuatro meses luego
del alta médica en clínicas psiquiátricas privadas por falta de equipos
en el INAU.
“El descuido emocional, el trato humillante y amenazante y los malos
tratos físicos identifican a la mitad de estos centros”, consideró. Y
agregó: “La mayoría del personal carece de formación en trabajo
socioeducativo y plantea debilidades en el conocimiento de los derechos
humanos”.
Infancias y adolescencias pobres
De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza en 2020,
35.000 son niñas, niños y adolescentes. Para Argenzio, a las
“debilidades socioeconómicas” se suma una “interinstitucionalidad
realmente debilitada”: “El Estado se ha retirado de los territorios,
cerraron las escuelas, disminuyeron los espacios de abordaje de
políticas sociales en territorio”, consideró.
“Si bien el INAU mantiene los centros de tiempo parcial con guardias
para cubrir alimentación y situaciones de urgencia”, cada día tienen que
“cerrar más servicios” ante la detección de casos de covid-19. “Tenemos
equipos exigidos al límite para lograr las coberturas. Se ha contratado
trabajadores para cubrir los centros de 24 horas, pero esta emergencia
sanitaria no nos está permitiendo atender la emergencia social donde
niñas, niños y adolescentes son los más perjudicados”.
Argenzio sugiere que para paliar esta situación se debe pensar en
transferencias económicas a las familias de origen –“acompañadas de
políticas de fortalecimiento”–, adaptar las propuestas del INAU a las
necesidades actuales, “salir al territorio” para atender la demanda y
“ofrecer un sistema de protección oportuno que no abuse de la
internación”.
Faltan cupos para atender situaciones de violencia
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia
contra la Violencia reportó 4.911 situaciones de violencia hacia niñas,
niños y adolescentes en 2020. Sin embargo, Argenzio dijo que habrá cupos
“para atender 10% de los casos”. “El presupuesto del INAU para la
atención de la violencia este año es cero”, sentenció.
La Línea Azul es un número telefónico del INAU que recibe denuncias
de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes y
denuncias asociadas a la vulneración de sus derechos. En 2020, según
Argenzio, las llamadas recibidas por “reiteración de denuncias” tuvieron
un aumento de 88%. Las nuevas denuncias aumentaron 16%. Hubo 2.630
denuncias reiteradas y 3.561 denuncias nuevas.
Impacto pandémico y retirada del Estado
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de la
demanda en el ingreso al sistema de protección de 24 horas, que según
Argenzio “hoy presenta grandes debilidades en su capacidad de
respuesta”. En marzo de este año, “se llegó a 162 casos sin respuesta en
Montevideo”.
Esto genera “un gran impacto en los sectores más vulnerables y
pobres”. Esta vulneración se ve agravada por el cierre de distintos
programas del Ministerio de Desarrollo Social. “El cierre del Programa
de Cercanías dejó a 660 familias sin abordaje en territorio”,
puntualizó.
“La falta de técnicos (profesionales indispensables para llevar
adelante los proyectos socioeducativos y de restitución de derechos) en
el sistema de 24 horas es preocupante”, explicó. Argenzio planteó que la
situación es más compleja en el interior, “donde cada profesional tiene
mayor cantidad de población atendida”.
En los últimos años, el alto índice de certificaciones médicas
“genera una gran dificultad para la cobertura”, y estas “se agudizaron
en este período de emergencia sanitaria, siendo una alerta”.
Dijo que se suma además un “franco retroceso en los derechos en
cuanto a la mirada del abordaje de los centros, priorizándose una visión
tradicional, que no contempla la diversidad y que entiende el encierro
como la principal medida de protección”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en
niñas, niños y adolescentes”, apuntó. “La pandemia y la insuficiente y
abatida respuesta del Estado han pegado duramente en la pobreza infantil
y adolescente. Esto significa más niñas, niños y adolescentes en
situación de extrema vulnerabilidad”, afirmó. En este sentido, dijo que
“es urgente el fortalecimiento de las políticas y de los proyectos de
proximidad en territorio que realicen trabajos de cercanía, para que las
familias no pierdan la capacidad de cuidar”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en niñas, niños y adolescentes”.
Para mitigar los efectos de la pandemia, “los hogares más vulnerables
necesitan robustas y urgentes políticas sociales de impacto”. La
implementación de políticas públicas “debería redundar en la ruptura de
la reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Garantías para la infancia
Actualmente, hay un proyecto de ley en discusión en el Parlamento que
promueve garantías en el desarrollo, la atención y la protección para
la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Esta propuesta
fortalece la rectoría del INAU.
Para Argenzio, “hay que hacer algo superador, y es la idea de la
creación de garantías para la infancia, por medio de un presupuesto que
se articule, que trabaje sobre los problemas y las prioridades para un
país garantista de derechos, en el que se jerarquicen los asuntos de
infancia”.
Presupuesto “abatido” y sin cabida a las propuestas
“La falta de acciones concretas en lo que va de 2021 deriva de un
problema presupuestal”, dijo Argenzio. Sobre el presupuesto del INAU,
aseguró que “tiene un abatimiento de 6%”. “Si se considera la inflación,
hay una pérdida monetaria real de 1.140 millones de pesos anuales”.
“Tenemos una planificación que plantea un abordaje integral, con
todas las actividades que nos permitirían cambiar realidades y generar
oportunidades reales, pero a cuatro meses del segundo año de gestión
estas propuestas aún no cuentan con el aval de todo el directorio del
INAU”, explicó.
La directora agrega que “ni siquiera se puso en discusión
oficialmente en las sesiones”. “No aprobar esta planificación deja al
descubierto la falta de inversión en políticas de infancia”.
“El INAU no tiene un reflejo presupuestal para implementar acciones
para el abordaje de las situaciones de violencia, y no contempla nuevas
aperturas y ampliaciones en las distintas modalidades de atención en la
comunidad. Tampoco hay propuestas presupuestales para el abordaje de
proyectos dirigidos al embarazo adolescente, ni estrategias que apunten a
la ampliación necesaria de los programas de egreso adolescente que
fortalezcan la autonomía progresiva y la inclusión social”, dijo.
Respecto de la ampliación de coberturas para la atención de la
primera infancia con nuevas infraestructuras, “sólo se presentan los
planes de obras de los CAIF de 2020 a 2022, proyecciones heredadas de la
planificación de ampliaciones realizadas por la administración
anterior”. Señaló que “hay presupuesto para esas construcciones, pero no
para su puesta en funcionamiento”. Por esto es que “en 2020 se
finalizaron obras en 24 CAIF, pero hasta el momento sólo 11 están en
funcionamiento”.
Para Argenzio, muchas de las propuestas que se hacen “se irán
llevando adelante, aisladas y sin una mirada integral”, lo que redunda
en un menor impacto. “Se continúa postergando a las infancias y las
adolescencias”.
La directora del INAU por la oposición concluyó que la inversión en
infancia y adolescencia debe ser un “mandato ético del Estado” y “una
prioridad en tiempos de crisis”.
2.11.0.0
