Dictadura y fraude bancario
1967, 1973, 2002
Por Carlos Peláez
En estos días los uruguayos
recordaremos dos acontecimientos trágicos: 49 años del golpe de
estado y 20 años del fraude bancario de los Peirano. Ambos hechos
están estrechamente vinculados no solo por sus protagonistas sino
también porque la impunidad permitió que desde fines de los años
60 las mismas familias saquearan al país a sangre y fuego.
Los Peirano
A fines de 1967 asumió como presidente
el colorado Jorge Pacheco Areco, elegido como vicepresidente para el
gobierno del general (r ) Oscar Gestido, quién había asumido el 1°
de marzo y murió el 6 de diciembre de ese año
Todos sus ministros o subsecretarios
eran dueños o accionistas de importantes empresas y Bancos. Jorge
Peirano Facio, vinculado al Mercantil, fue nombrado subsecretario del
Ministerio de Industria y Comercio que estaba a cargo de Horacio
Abaddie Santos, vinculado al Banco de Crédito. En Trabajo y
Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Véscovi,
vinculado a la Caja Obrera y al Mercantil, quién a mediados de los
90 como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este denunció que
la construcción del nuevo aeropuerto del balneario, cuyo
concesionario principal era el Grupo Peirano, afectaba al medio
ambiente, hasta que Peirano lo contrató como asesor legal de sus
empresas.
César Charlone, ex director del Banco
Internacional y vinculado a la Sociedad de Bancos, asumió como
ministro de Economía y Finanzas. Jorge Echevarría Leunda, vinculado
al banco de Cobranzas, se desempeñó como subsecretario y luego pasó
a presidir la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cuando comenzó
su construcción. .
El ministerio de Obras Publicas quedó
a cargo de Walter Pintos Risso, propietario de la constructora que
llevaba su nombre y vicepresidente de Horacio Torrendell S.A.
importadora de los aviones Cessna.y de varias marcas de vehículos.
La OPP quedó a cargo de Alejandro Vegh
Villegas, ex director de la Caja Obrera. Y como presidente del Banco
Central asumió Carlos Sanguinetti, vinculado al Banco Mercantil.
En el mismo tiempo los Peirano Facio,
Jorge y Juan, eran poseedores de 38.000 acciones del Banco Comercial.
Por allí se vinculaban al grupo Braga Salvañac, uno de cuyos más
conspicuos integrantes era Enrique Braga, ex Ministro de Economía
durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Mercantil,
Peirano era socio del denominado Grupo Sanguinetti, cuyas cabezas
principales eran Juan Carlos y Jorge Sanguinetti. Jorge vinculado a
la lista 15 de Jorge Batlle y Juan Carlos, presidente entonces, del
Banco Central del Uruguay. No se cuidaban mucho las formas.
Ministro de Ganadería era el ganadero
Juan María Bordaberry, padre de Pedro ex ministro y ex senador ,
quién luego se convirtió en dictador. Pedro llegó a ser abogado
del matutino El Observador, propiedad de un hijo de Juan Peirano
Facio, que no se vinculó a la estafa de sus sobrinos. Por
supuesto que ya entonces aparecía el abogado Ramón Díaz, quién en
sucesivos altos cargos oficiales vinculados a la política económica,
también representaba los intereses de la Banca estadounidense.
En el Ministerio de Comunicaciones y
Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno de los más
importantes accionistas y director de la Sociedad Televisora
Larrañaga S.A., propietaria de Canal 12 hasta principios del 2000
cuando la adquiere el grupo Cardoso, cabeza de supermercados Disco.
Adolfo Cardoso Guani, fundador y padre
de los continuadores de Disco, fue el segundo ministro de Industria
y Comercio de la dictadura.
.
Primer asalto: Bancos fundidos,
banqueros enriquecidos
En 1965 quebró el Banco Transatlántico
y como efecto dominó, provocó el quiebre de 34 de los 38 Bancos que
funcionaban entonces.
En aquellos años no existía la banca
"offshore";, sin embargo los banqueros habían encontrado
en las "financieras"; una forma de evadir impuestos y fugar
capitales. Vivian Trías, autor del libro “Imperialismo y rosca
bancaria en el Uruguay”, relata que en enero de 1970 el senador
Wilson Ferreira Aldunate, denunció en el Parlamento al Directorio
del Banco Central por la autorización precaria para el
funcionamiento de la Financiera Velox en Punta del Este. Al frente de
Velox figuraba el hijo del Presidente del BCU, a la sazón, Carlos
Sanguinetti y el yerno de uno de sus vocales, Daniel Rodríguez
Larreta, director del diario El País, hasta su fallecimiento. .
Las financieras eran sociedades que se
dedicaban al negocio bancario, pero sin las cargas fiscales ni los
impedimentos legales que tenían los Bancos. Luego de la crisis del
65, provocada por el Transatlántico, se crearon más de 500
financieras en todo el país. Trías las definió como “el
verdadero motor de la especulación y la inflación”.
El 2 de abril del 71, el Estado
intervino al Mercantil. En una memorable jornada parlamentaria
desarrollada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, Wilson (otra
vez) puso al desnudo ·”no sólo los entretelones de una estafa
gigantesca y de una inmoralidad impúdica en la conducción de la
cosa pública, sino también los cimientos carcomidos,
putrefactos, caducos de todo el sistema que asfixiaba al país".
En el Parlamento se demostró que Jorge
Peirano Facio desde el ministerio de Industria, apoyó al Banco
Mercantil presidido por su hermano Juan, ya que el 18 por ciento del
total de las exportaciones del país pasaron por ese Banco.
Trías afirmó que "el Mercantil
se movía monopolizando negocios a la vez que realizaba operaciones
especulativas. Por orden de Carlos Sanguinetti el Banco no fue
inspeccionado ni una sola vez desde el final de la huelga bancaria de
1969 hasta su liquidación en 1971. En cambio lo asistió con algo
más de 2.900 millones de pesos de la época, cuando el capital y las
reservas del Mercantil apenas alcanzaban los 700 millones de pesos.
Las garantías que presentó eran
incobrables. Por ejemplo uno de los documentos pertenecía a la
arrocera Arrozal 33, cuyos propietarios Carlos y Eduardo Sanguinetti,
eran también accionistas del Mercantil.
Cuando lo intervino el
Estado la deuda llegaba a 3.176.500.000 pesos de la época y a sus
corresponsales en el exterior les debía 18 millones de dólares, es
decir, el 20 por ciento de la deuda de la banca privada con los no
residentes. Uruguay tenía como reserva un total de 98 millones de
dólares
Entonces los Peirano Facio habían creado la “Mercantile
River Plate Trust Ltd”, una financiera radicada en Canadá pero
con sede en Panamá, para fugar millones de dólares al exterior.
Los 60 fueron años conflictivos porque
mientras los ricos eran cada vez más ricos, los trabajadores sufrían
desempleo, carestía, desabastecimiento y represión.
Treinta años después, los hijos de
Jorge usaron el mismo procedimiento ahora con el “Trade and Comerce
Bank” (TCB) con sede en las Islas Caymán para saquear a los
depositantes del Banco Montevideo y usar ese dinero para fortalecer a
sus propias empresas.
Hay un increíble paralelismo de hechos
y cifras con la estafa cometida en el año 2002 por el mismo Grupo:
Hace 20 años también debían – porque fugaron o desviaron a sus
empresas – aproximadamente el 20 por ciento de las reservas con que
contaba el país en diciembre del 2001.
Segundo asalto: latifundistas y
empresarios usaron a los militares para saquear a los trabajadores
La dictadura uruguaya tuvo una
característica que la diferencia de todas las que asolaban América
del Sur: fue la única cívico-militar.
Se trató de un plan político que
perseguía redistribuir la riqueza en beneficio de los sectores más
ricos del país. Y se impuso a sangre y fuego porque el saqueo y
pérdidas de derechos ocasionado a los trabajadores, así lo exigía.
La Asociación de Bancos del Uruguay,
la Cámara de Comercio e Industria y la Asociación Rural emitieron
comunicados de apoyo al golpe de Estado el mismo día 27 de junio de
1973.
Combatiendo a una guerrilla derrotada
un año antes y a caballo del anticomunismo y sus “socios”, entre
los que se incluyó a los blancos wilsonistas, los militares
ensuciaban de sangre sus manos mientras algunas poderosas familias
hacían negocios para fortalecer sus patrimonios.
Casualmente casi las mismas familias
que ya habían asaltado al país desde principios de los 60.
En todo ese tiempo hay nombres de
empresarios y políticos que se repiten: Zerbino, Pascale, Davrieux,
Bensión, Strauch, Rocca Couture, Aznárez, Ferrés, Raffo, Soler,
Manini Ríos, Otegui, Vargas Garmendia, Ortolani, Peirano. También
nombres de militares; Gregorio Alvarez, Hugo Márquez, Luis Vicente
Queirolo, Yamandú Trinidad. Y dos mafias internacionales: la logia
masónica PDUE y la Secta Moon.
Importantes grupos familiares y
empresariales no vacilaron en vaciar bancos, asociarse a mafias
internacionales, saquear empresas y lavar dinero producto del
desfalco en otro país.
Bancos vaciados y vendidos a 1 peso más
IVA; devaluaciones orquestadas; compra de carteras de deudores
incobrables; estafas organizadas con el BHU; sobrefacturaciones en
obras estatales y hasta la creación de holdings para lavar dinero
fugado desde Argentina, son un pequeño sumario delictivo de la
época.
Por ejemplo:
-Sólo un grupo de estafadores
argentinos que pagaron coimas suculentas en Maldonado y Montevideo,
se llevaron 30 millones de dólares del BHU.
-La represa de Palmar, presupuestada en
230 millones de dólares terminó costando casi 1.200 millones de
dólares. Y nunca se investigó el verdadero costo de Salto Grande,
dado su carácter binacional.
- Cinco bancos de primera línea
fueron vaciados por sus dueños. Primero los usaron para fortalecer a
sus empresas y luego pasaron toda la cartera incobrable (la de sus
dueños entre otros) al BCU. La compra de carteras incobrables por
parte del BCU costó unos 800 millones de dólares.
- La Armada Nacional ganó decenas de
millones de dólares vendiéndole fletes de petróleo a Ancap y ese
dinero lo ocultó en el Riggs Bank, el mismo banco que usó Pinochet.
- La logia PDue asociada a los ex
dueños de Bafisud crearon un holding de inmobiliarias y
constructoras en Punta del Este (SAFEMA) que se dedicaron a invertir
en el balneario la “plata dulce” fugada desde Argentina.
Los más duros opositores a esa
política económica y sus negociados desde fines de los años 60
fueron Wilson Ferreira Aldunate y luego, desde su fundación en 1971,
el Frente Amplio.
Ambos sectores coordinaron acciones
después del golpe y hasta 1983.
Desde el 27 de junio de 1973 se
pintaron paredes con la leyenda “Abajo la dictadura” firmadas por
el PN y el FA.
De acuerdo a un estudio realizado por
el economista Daniel Olesker “el resultado de la política
económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al
capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era
aproximadamente el valor del PBI al finalizar el período dictatorial
y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los
trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a
la deuda externa uruguaya”.
Para realizar ese saqueo se usó a las
Fuerzas Armadas y la Policía.
En el libro “El negocio del
terrorismo de Estado”, el periodista Fabián Werner recuerda que
“en abril de 1985, exactamente con una semana de diferencia, los
senadores Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) y José Germán
Araújo (Frente Amplio) presentaron pruebas ante sus colegas de la
Cámara Alta de delitos económicos cometidos por militares y civiles
durante la dictadura y pidieron la conformación de comisiones
investigadoras además del envío de antecedentes a la justicia
penal. El destino de esas acusaciones, profusamente documentadas, fue
el olvido”.
En febrero de 1973 el juez Héctor
Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio, presidente del
entonces Banco Mercantil. Pero en junio la dictadura acusó al
magistrado de “prestar asistencia a la sedición”. Tuvo que
exiliarse en Barcelona donde falleció años después.
En su momento Amilivia llegó a
compilar todos los documentos contables que fueron necesarios para
probar los delitos cometidos por integrantes del “clan” Peirano.
Todas las firmas colaterales, prohibidas por la normativa vigente en
aquellos tiempos, estaban presididas por Juan Carlos Peirano Facio,
quien resultaría procesado. Jorge, su hermano, había presidido el
Banco Mercantil, pero, para entonces, había sido designado ministro
de Industrias.
Peirano Facio fue liberado días
después de la disolución del Parlamento. Los abogados del banquero
eran Ramón Díaz y Adela Reta.
En 1990 el presidente Luis Lacalle
Herrera designó a Díaz presidente del Banco Central y en tal
condición fue uno de los artífices del proceso de reperfilamiento
de deuda externa del Uruguay en esos años.
Tercer asalto: banqueros y políticos
en el mismo lodo
La tragedia financiera del 2002, que
estuvo a punto de provocar la caída del gobierno, tuvo causas
exógenas y endógenas. Pero siempre a los banqueros como puntales
del fraude.
Como todo en la vida hay varias
versiones sobre el origen de la crisis. La historia oficial relatada
por los economistas Ernesto Talvi y Carlos Steneri la adjudica a
“accidentes financieros ocurridos en mercados lejanos”, según
escribió el también economista Carlos Luppi en el libro “2002-
2012 La historia No Oficial de la Crisis y una lección pendiente”.
Para Luppi la crisis de 2002 “tuvo
causas endógenas, originadas en malas decisiones de los gobiernos
uruguayos entre 1985 y 2005: sobrevaluación de la moneda (o atraso
cambiario, que disminuye las exportaciones y aumenta las
importaciones), apertura unilateral de la economía (que eliminó
decenas de miles de puestos de trabajo en industrias como la textil y
el calzado, echando semillas de la marginalidad, la violencia y la
delincuencia), y el privilegio absoluto al sistema financiero,
obviamente sobre el sector productivo. Estas tres políticas llevaron
al Uruguay a la postración”.
Agrega que “Uruguay sufría atraso
cambiario, desde 1989. Sobrevaluar la moneda nacional con relación
al dólar ha sido comparado con la pasta base: provoca euforia al
principio, y destrucción al final. Con un dólar barato aumenta el
PBI (que se mide en dólares, y crece más si éste es barato), se
pagan menos intereses, la población compra más bienes importados y
puede viajar por el mundo. Los bancos y los importadores,
contentísimos. Esto debilita la producción nacional y disminuye la
competitividad, fomenta las importaciones y disminuye las
exportaciones, aumenta el déficit, la deuda y el desempleo, hasta
que estalla”.
Otra visión combina ese análisis con
las fallas en los controles del BCU y las complicidades entre
gobernantes y banqueros.
En 1990 el gobierno de Luis Lacalle
Herrera vendió el Banco Comercial a los hermanos Carlos y José
Rohm. Pero en lugar de recibir dinero, el Estado tuvo que pagar dos
millones de dólares, según denunció el contador Ricardo Lombardo,
representante del Partido Colorado en el BCU.
El entonces diputado Jorge Machiñena,
fundador del Consejo Nacional Herrerista, calificó la venta como “un
fraude contra el Estado” y acusó a los Rohm como “ladrones”.
Coincidía con el senador frenteamplista Danilo Astori.
A partir de allí Machiñena rompió
con el herrerismo y con Lacalle padre, de quién había sido suplente
en el Senado, y se convirtió en un duro crítico de la gestión.
Lo que ocurrió en el 2002 le dio plena
razón. El 23 de enero, Carlos Rohm, vicepresidente del Banco
Comercial, fue detenido por la Justicia argentina. Su hermano Carlos,
director del mismo Banco, logró fugar. Los hermanos se acusaron
mutuamente de haber robado 250 millones de dólares de sus
depositantes.
Los socios extranjeros del Comercial
anunciaron que “no se iban a hacer cargo y lo dejarían caer”.
Entonces el gobierno de Jorge Batlle lo
capitalizó en 118 millones de dólares, lo que evitó “corridas”
y escraches contra los Rohm.
Pero los primeros días de febrero de
ese año comenzó en Punta del Este una “corrida” en el Banco
Galicia, que sólo tenía depósitos de no residentes
fundamentalmente argentinos. Batlle decretó su intervención y eso
se tomó como el traslado del corralito, vigente en Argentina, hacia
Uruguay.
Alli comenzó la tragedia cuando
argentinos, que entonces eran un porcentaje muy importante de
depositantes en nuestro país, y uruguayos pretendieron recuperar
su dinero.
Al mismo tiempo y a través de una
pequeña oficina ubicada en Zonaamérica, los hermanos Juan, José,
Jorge y Dante, comenzaron a desviar los depósitos de sus clientes
bancarios para fortalecer a sus otras empresas.
Según el inforrne de Jonathan Kahlberg
, coliquilador del TCB, “La familia Peirano retiró los depósitos
realizados por los clientes del Trade & Commerce Bank con
el fin de financiar al Grupo Velox y sus estilos de vida”.
En Uruguay, además de los Bancos
Montevideo y Caja Obrera, eran propietarios de Indumex Casa de
Cambio, Cambio Libertad, Capital AFAP, Terminal Tres
Cruces (Gralado S.A.), Compañía Oriental de Transporte
S.A. (COT)., Establecimiento Juanicó., Aeropuerto Internacional
de Laguna del Sauce, Sociedad Comercial Estancia Santa Elena.
Balmoral Plaza Hotel y Mtg Urzatron.
En tanto en el extranjero eran
propietarios del Banco Alemán de Paraguay (desde 1989),
Financiera Parapití (Paraguay), Shopping del Sol (Paraguay),
Banco Velox (Argentina, desde 1983), Supermercados Disco (Argentina),
Estancias Los Chorrillos y Los Quinqués (Argentina), Supermercados
Santa Isabel (en Chile y Perú), Finambras
Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliarios (Brasil).y el
Trade & Commerce Bank (Islas Caimán, desde 1988)
Además eran accionistas de Techint y
Siderar (Argentina).
El 15 de mayo venció el plazo otorgado
al Grupo Peirano para capitalizar a sus bancos con 45 millones de
dólares.
El 21 de junio el gobierno decidió la
intervención de los Bancos Montevideo y Caja Obrera. Miles de
personas perdieron sus ahorros.
Poco después Batlle tuvo que decretar
un “corralito” a la espera de una “gentileza” del presidente
de EE.UU George Bush padre, quién prestó dos mil millones de
dólares a Uruguay para sostener al sistema financiero.
El 8 de agosto de 2002, fueron
detenidos Jorge Peirano Facio, Jorge, José y Dante Peirano Basso,
así como los ex integrantes del directorio y gerentes Mario San
Cristóbal, Juan Domingo Ratti y Marcelo Guadalupe. .
Juan Peirano Basso logró fugarse pero
fue detenido en EE.UU en el 2006 y extraditado a Uruguay en el 2008.
En el marco del proceso iniciado el 8
de agosto de 2002, Dante, José y Jorge Peirano Basso fueron
condenados por el delito de insolvencia societaria
fraudulenta en 2013. Este delito es conocido
popularmente como «vaciamiento de empresa».En 2007 los tres
hermanos recuperaron su libertad luego de más de cinco años presos.
Para ello debieron presentar una fianza de 250 mil dólares cada
uno; la resolución tuvo lugar tras una serie de peticiones y un
informe final el No. 35/07, Caso 12 553 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 1 de mayo de
2007. En 2008 Juan Peirano Basso fue procesado por la jueza
Graciela Gatti, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.
En 2010 un Tribunal de Apelaciones
clausuró el proceso después de que el Parlamento
Uruguayo derogara el Artículo 76 de la Ley 2.230, que preveía
penas para quienes cometen fraudes en sociedades anónimas, y por el
cual habían sido procesados los banqueros Peirano.
El 29 de mayo de 2011 el primero de los
tres excarcelados por la jueza Graciela Gatti fue Dante Peirano
Basso.En 2011, los tres hermanos fueron puestos en libertad por
la prisión preventiva que habían cumplido, estuvieron
cerca de cinco años y cuatro meses en prisión.
Jorge Peirano Faccio, padre de los
cuatro, falleció en prisión en abril del 2003.
Según explicó el periodista Victor
Carrato en Caras y Caretas “el 1º de diciembre del
2018, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió su sentencia, ya
inapelable, sobre el juicio del Banco Central del Uruguay (BCU)
contra los responsables del Banco Montevideo y Caja Obrera. El
litigio fue entablado en el año 2004. El objeto era el cobro del
crédito en defensa del interés del sistema financiero y de los
ahorristas del Banco Montevideo (BM) y Caja Obrera (BCO). La demanda
civil era contra 46 demandados”.
Agrega que “La demanda del BCU
alcanzaba los 340 millones de dólares. No obstante, el monto de la
deuda debe determinarse por un juicio de liquidación que permita
establecer los montos exactos a reintegrar a los ahorristas. La
historia continúa y llevará tiempo. Pero aún después de
establecer los montos exactos, es probable que no haya a quién
cobrarle por insolvencia declarada, aunque no real”.
En el año 2002 el grupo Peirano estafó
a sus depositantes en una cifra aproximada a los mil millones de
dólares, vaciando su colateral offshore llamada TCB de Islas Caymán.
Desde entonces unos 500 depositantes
uruguayos vienen peregrinando para intentar recuperar su dinero
depositado, en la mayoría de los casos, en el Banco Montevideo y a
plazo fijo según la documentación en su poder.
Algunos de los hermanos Peirano tienen
pedidos de extradición desde Argentina y Paraguay, para responder
sobre el fraude cometido también en esos países.
En setiembre del año 2018 este
cronista informó en el programa Rompkbzas de radio El
Espectador, que la familia de Juan Peirano tiene una empresa que se
llama Seriway SA, de la cual su hijo Juan Salustiano Peirano es la
cara visible, pero su madre, Letizia Vejo, exesposa de Juan Peirano,
es la que firma todos los documentos.
Solo en Paysandú, Young y Río
Negro, tienen las estancias Santa Eufemia, Pilares, El Churrinche, El
Farol, Ruiz, Gaten, Bretaña, Santa Eusebia y La Pacífica. Al grupo
argentino El Tejar le arrendaban casi 11.000 hectáreas agrícolas, a
las que habría que sumarles otras 4.000 o 5.000 ganaderas. También
tienen estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó. En tierras y
mejoras estas propiedades alcanzarían un valor aproximado a 150
millones de dólares.
Juan Salustiano Peirano es dueño
de La Pacífica, en Paysandú, donde se dedica a la cría de caballos
criollos.
En tanto, también en el año
2018, el periodista Carrato informó en Caras y Caretas
que los Peirano poseen una estancia en Taubaté, Brasil, pegadito a
San Pablo, que vale US$ 6 millones.
La dueño es Island Point SA, Brasil.
Cuando se consulta el registro en Brasil el accionista es Island
Point View Ltd de Islas Vírgenes Británicas. Y cuando se consulta
el registro de accionistas en Islas Vírgenes el dueño es Tarbet
Trading SA de Uruguay, cuyo dueño es Álvaro Lecueder. El socio,
amigo y gerente general de varias empresas de este tipo. Así
funciona el esquema.
Carrato dice que la propiedad fue
hallada por el abogado paraguayo Mariano Moyano en 2010, el mismo que
contrató a un ex agente del FBI que ubicó a Juan Peirano en EE.UU.
Este letrado defiende los intereses de los depositantes de Uruguay,
Argentina y Paraguay, a quienes les desapareció dinero en el TCB de
Gran Caymán. Según los datos a los que pudo acceder Caras
y Caretas, este campo continúa siendo propiedad de la
familia Peirano y no habría sido vendido.
La familia también es propietaria del
loteo en la ciudad de San Pablo, cuya estancia se llama San Félix de
Caraguatá y que jamás fue hipotecada ni embargada.
En Brasil, los Peirano eran
propietarios de la financiera Banlatin y Finambras, las cuales
tampoco fueron embargadas.
Finalmente la empresa uruguaya Imusol
Trading SA, a la que los Peirano están vinculados tiene un capital
de 500 millones de dólares que, se presume, están depositados en
Hong Kong.
Las cifras no son el único paralelismo
entre el fraude de 1971 y el del 2002. Entonces gobernaban los
colorados, igual que en el 2002 ; el poder de decisión estaba en
manos de la 15, igual que en el 2002; un hombre de ese sector
vinculado a negocios pocos claros presidía el BCU, igual que quién
lo presidía hasta mediados del 2002.
Cesar Rodriguez Batlle, desde su cargo
de Presidente del BCU no controló a los bancos de los Peirano. Pero
como presidente del Cantegril Country Club de Punta del Este recibía
de ellos mucho dinero por diferentes auspicios.
El cuarto Banco cerrado con esta crisis
fue el de Crédito, propiedad de la Secta Moon desde 1981. En el año
2004 el ex vicepresidente de la institución Elizeu Christiano Netto,
dijo al periodista Daniel Figares en el programa Ciudad Oculta de
Canal 12 que “dentro del BDC hubo dos grandes crisis, aparte de la
que terminó con su cierre. Los años 1990 y 1991 y 1995 y 1996
fueron quizás los más difíciles con importantes pérdidas. Estas
pérdidas siempre fueron consecuencia del año preelectoral” dijo
el banquero .
Agregó que “las consecuencias de
esas crisis fueron: en la primera, una pérdida de U$S 15 millones de
créditos incobrables y en la segunda de U$S 30 millones. Los
préstamos fueron para empresas vinculadas a los partidos Nacional y
Colorado. Los préstamos no se dieron a personas sino a empresas
vinculadas a dirigentes políticos de esos partidos, empresas que
después de las elecciones cerraron”.
Según Netto “el Banco siempre dio
pérdidas porque se le usó como instrumento político. Primero los
militares y luego blancos y colorados”.
La siguiente crisis sobrevino cuando se
obligó al BDC a absorber al ya quebrado Banco de Pan de Azúcar. “Y
eso se hizo para evitar que el Frente Amplio ganara las elecciones de
1999. Si cerraban el BPA con las investigaciones judiciales que tenia
y las denuncias sobre la presunta propiedad de acciones de Julia Pou
de Lacalle, hubiera sido un escándalo de proporciones. Y ni a Moon
ni a Sanguinetti le servía que ganara el FA”, dijo Netto.
Con la crisis del 2002 el BDC fue uno
de los menos afectados. “Tuvo pocos retiros y fue el que recibió
menos asistencia”. Según Netto "lo
que queda claro es que en todo ese proceso el Banco Central quería
cerrar el banco. Y en especial lo quería hacer el Foro Batllista,
porque se venía un año electoral y se daban las mismas
características que en las dos elecciones pasadas. Miguel Vieytes
(director forista) fue quien liquidó el BDC".
La oligarquía uruguaya
Desde hace más de 60 años la
oligarquía uruguaya se ha enriquecido defraudando al Estado.
Hoy los hijos y nietos son inmensamente
ricos y ocupan lugares de decisión gracias a la actividad
fraudulenta de sus padres y abuelos.
En Uruguay hay miles de estudios que
nos permiten conocer desde el origen de la pobreza hasta cuanto
calzan los pobres.
Pero se cuentan con los dedos de una
mano los estudios que permitan conocer el origen de la riqueza.
La oligarquía uruguaya es endogámica,
tal como lo revelan en el tiempo las páginas de sociales de El País
y más acá la revista Galerías. Se nuclean en los mismos barrios,
concurren a los mismos clubes sociales y deportivos. Reparten su
tiempo con actividades gremiales en la Asociación y la Federación
Rural y en la Cámara de Comercio y de Industrias. También en la
Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), organización
creada en el 2005 que sustituyó a la Asociación de Bancos (ABU). O
en los exclusivos clubes que construyen para ellos, como el “piso
40” o “el rancho de pescadores” frente a las canteras del
Parque Rodó.
En el libro “Los de arriba, estudio
sobre la riqueza en Uruguay”, coordinado por Juan Geymonat y del
que participa entre otros el economista uruguayo Mauricio De Rosa,
integrante del equipo que lidera el economista francés Thomas
Piketty, se afirma que “el 1% de la población tiene el 30% de la
riqueza del país. Todos los participantes de este libro son
integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas (UDELAR) .
Surge entonces una pregunta que muy
pocos se hacen: ¿cuántas de las fortunas actuales tienen origen en
los delitos económicos cometidos en dictadura?
Las vinculaciones económicas,
políticas y familiares, son un dato importante para entender como
las situaciones se reproducen. No por méritos sino por relaciones
sociales, políticas y empresariales.
2.11.0.0
