Secretos en reunión
Se conocieron las actas del Tribunal de Honor al ex comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti
El plan de Vázquez era “no tocar” la ley de Caducidad
Antes de asumir funciones como comandante en Jefe del Ejército en febrero de 2005, el entonces general Ángel Bertolotti mantuvo una serie de “reuniones de conocimiento” con Tabaré Vázquez, que un mes después asumiría como presidente de la República. También con el que sería secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
El motivo fue que se juzgó necesario provocar una “transición normal” entre un gobierno de un partido tradicional y uno nuevo, y así aclarar “procedimientos, doctrina y operativa” que el primer mandatario del Frente Amplio pensaba aplicar.
Tiempo y después y ya en su cargo, Bertolotti fue citado junto a los demás comandantes a una reunión en la clínica médica privada de Vázquez. Allí el presidente les habló de su plan: “no tocar la ley de caducidad” y aplicar el artículo 4 en algunos casos, como los de María Claudia García de Gelman, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
“La orden que existía era la de no comprometerme con dar nombres ni responsables, y que todo estaba dentro de lo que había estudiado la Comisión para la Paz”, señaló Bertolotti.
Así lo indica la declaración que hizo el ex comandante el 11 de junio de 2007, ante el Juzgado Penal 19 de Montevideo, en el marco de la “megacausa” que investigaba diversos casos de delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura. Su testimonio está incluido en el voluminoso expediente del Tribunal de Honor militar que se le siguió a varios represores, entre ellos José Gavazzo, entregado este martes por el gobierno a la Comisión de Defensa del Senado.
“Nunca me dieron una orden concreta, lo que hice fue comenzar a investigar dentro del Ejército”, expresó Bertolotti. Lo hizo, apuntando a facilitar información y demostrar la disponibilidad de la fuerza de aclarar hechos y sucesos, en las condiciones que marcó el presidente: “sin nombres”.
En el informe, dijo Bertolotti, se incluyó todo lo que coyunturalmente “podría ser”, ya que “nadie tiene la verdad exacta porque no hay confesión escrita, no hay nada”.
Un tribunal de honor al excomandante en jefe del Ejército general Ángel Bertolotti, de 2006, hasta ahora no divulgado, revela los pormenores de la crisis que el entonces flamante presidente Tabaré Vázquez debió enfrentar en su intento de «solucionar» la cuestión de los derechos humanos.Los seis primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez en 2005
enfrentaron una grave crisis militar –quizás mayor que la de 1986– con
desacatos, amenazas de golpe de Estado, insubordinaciones y
desconocimiento del mando, supuestos planes para el asesinato del
presidente y proyectos de secuestros, todo en medio de un operativo
reservado impulsado por Presidencia para superar la cuestión de los
derechos humanos.
Los detalles de los entretelones de esa crisis,
que en su momento se había conocido a través de trascendidos de prensa,
surgen del expediente del tribunal de honor que juzgó la conducta del
excomandante del Ejército, teniente general Ángel Bertolotti, en
setiembre de 2006, y al que accedió Brecha. El
tribunal, integrado por los tenientes generales Fernán Amado, Juan
Geymonat y Carlos Daners, propuso sancionar a Bertolotti por «falta
grave, pero sin prohibición de usar el uniforme», por su actuación en el
proceso que derivó, tras arduas negociaciones, en la detención de seis
represores sobre los que pendía un pedido de extradición desde Argentina
por su participación en el Plan Cóndor. La ministra de Defensa Nacional
de aquel período, Azucena Berrutti, resolvió no homologar el fallo,
defendiendo la actuación de Bertolotti y cuestionando la intención de
los tres tenientes generales en situación de retiro de convertir el
tribunal de honor en una plataforma de cuestionamiento de la política
oficial de derechos humanos.
El motivo que dio pie a la
instalación del tribunal de honor fue un episodio ocurrido en julio de
2006, cuando el presidente del Círculo Militar, el general retirado
Ricardo Galarza, destrató públicamente al teniente general Bertolotti al
negarse a estrecharle la mano tendida: «No tengo interés en saludarlo»,
dijo delante de otros altos oficiales. Galarza después explicaría que
su comportamiento estaba dictado por la convicción de que el teniente
general Bertolotti era «un traidor, un mentiroso y un comunista».
Pero
el verdadero origen de la crisis data de febrero de 2005, cuando el
electo presidente, Tabaré Vázquez, mantuvo una reunión con el general
Bertolotti –recién designado comandante en jefe del Ejército por el
presidente Jorge Batlle– en el despacho de su clínica médica. Vázquez le
adelantó al teniente general lo que después reiteraría en una reunión
con los oficiales generales del Ejército: su gobierno quería resolver
definitivamente la cuestión de los derechos humanos violados durante la
dictadura completando la labor de la Comisión para la Paz, instalada por
Batlle e integrada por Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia
de Vázquez. Según Bertolotti, Vázquez le aseguró que solo quedarían
fuera de la ley de caducidad los casos de María Claudia García de Gelman
y de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Planteó que, de
encontrarse el lugar de enterramiento de María Claudia, él, Vázquez, no
quería nombres. Bertolotti, según explicó ante la Justicia y en el
tribunal de honor, interpretó que el presidente no quería identificar a
los responsables, y eso lo tomó como una orden del mando superior.
«CAMINATA ÓSEA»
Con
la asunción de Vázquez el 1 de marzo, Bertolotti puso en ejecución la
estrategia presidencial, que suponía, además, la instalación de una
comisión de dos generales para recabar la información que reclamaba el
presidente. De acuerdo a lo que relató a los miembros del tribunal de
honor, Bertolotti informó a la Junta de Oficiales Generales que el mando
superior no quería que ningún oficial fuera preso. «Si se aclaran los
casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y Gelman, está todo arreglado, nadie irá
preso», dijo, y ello fue ratificado por otros oficiales citados como
testigos, entre ellos, el coronel Juan Pomoli y el general Juan Córdoba.
Simultáneamente, el prosecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández,
mantenía reuniones paralelas con generales (que el comandante
desconocía) y con algunos de los oficiales más comprometidos en los
delitos de la dictadura. El general Juan Córdoba, por entonces
comandante de la División de Ejército 1, reveló que había mantenido una
reunión con Fernández, y con la presencia del abogado Carlos Curbelo, en
la que el prosecretario explicó «que no iba a ir nadie preso y que no
era idea del gobierno atacar al Ejército». Sobre el compromiso
del propio Vázquez, el general Córdoba detalló la reunión que el
presidente mantuvo en el Comando General del Ejército con los generales:
después de una exposición de Bertolotti «bastante vergonzosa, el
presidente manifestó que lo que él quería era terminar el tema, lograr
hacer un libro con la Comisión para la Paz; que él no pretendía tomar
medidas con militares, solamente en el caso de la nuera de Gelman y de
Gutiérrez Ruiz, y si aparecía el cadáver de la nuera de Gelman, el tema
pasaba a estar incluido dentro de la ley de caducidad. Al preguntarle si
no iba a haber detenciones y si el tema iba a ser tratado en suma
reserva, contestó que sí». Con el compromiso del presidente, los
generales debatieron la propuesta y coincidieron en que el comandante
debía nombrar una comisión para obtener la información; debía ser
integrada por los generales más antiguos, más próximos a pasar a retiro.
Pero Bertolotti decidió nombrar a los generales Barneix y Carlos Díaz.
En el expediente del tribunal aparecen los testimonios de varios
declarantes en el sentido de que Bertolotti se reunió con algunos de los
oficiales directamente involucrados y que, por lo menos en dos
ocasiones, según relató el general Córdoba, el comandante en jefe
intentó presionar al mayor en situación de reforma José Arab para que
identificara el lugar donde había sido enterrada María Claudia García de
Gelman. En el informe que Bertolotti entregó a Vázquez sobre los
resultados de las gestiones de los generales Barneix y Díaz, se señalaba
el lugar donde María Claudia supuestamente había sido enterrada. El
general Ricardo Galarza calificó como «caminata ósea» el trayecto que
Bertolotti hizo junto con Macarena Gelman, la hija de María Claudia, y
el secretario de derechos humanos del gobierno argentino en los predios
del Batallón 14 de Infantería. El mayor Arab desmintió que él hubiera
señalado el lugar. Nunca se supo quién había engañado a Bertolotti y al
presidente Vázquez.
CUATRO CABEZAS
En su
testimonio ante el tribunal, Bertolotti explicó que la situación
política era cambiante y que su intención consistía en negociar con el
Poder Ejecutivo, con prescindencia de la Justicia, para dilatar las
definiciones. Dijo que su situación era absolutamente inusual porque, a
diferencia de otros comandantes en jefe en gobiernos que actuaban «a
rajatabla» con la doctrina del Ejército, él estuvo obligado a obedecer
al mando superior, aun en contra de su propio criterio. Sin embargo, la
situación cambió radicalmente cuando Interpol pretendió detener a los
coroneles Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira para ejecutar
un pedido de extradición de la Justicia argentina. Gonzalo Fernández
explicó al general Córdoba que se trataba de una decisión judicial.
Córdoba le dijo a Fernández: «Nosotros no queríamos, y yo personalmente
no quería, un golpe de Estado», sugiriendo que el peligro era latente.
Bertolotti
explicó que hizo gestiones para evitar la detención y logró que los
requeridos fueran alojados en la sede de la División de Ejército 1. Pero
sus explicaciones ante la Junta de Oficiales Generales fueron recibidas
como una «traición a la doctrina». «No hay opción, serán
citados por la Justicia», comunicó Bertolotti a los directamente
interesados. En ese caso, serían enviados a Argentina, «donde las
condiciones en las cárceles son terribles». A menos que se aceptara la
postura del gobierno de obtener «cuatro cabezas»; en ese caso, serían
procesados en Uruguay y pasarían ocho años en una cárcel especial. El
general Córdoba manifestó su total desacuerdo: «Si [las detenciones] son
por temas de la lucha antisubversiva, yo les voy a dar protección».
Córdoba explicó en el tribunal: «Yo no transmitiría esa orden a mis
subordinados y no la iba a cumplir, y si él [Bertolotti] mantenía la
orden, yo dejaba el cargo o él me relevaba». Así fue. Córdoba agregó que
«durante esos dichos no hubo ninguna manifestación de parte de sus
pares». Sin embargo, manifestó que «los oficiales generales no
compartían la actitud asumida por el Poder Ejecutivo, y así se lo
plantearon al comandante en jefe».
Tanto
el general Galarza como el coronel Pomoli y su hermano, el general
Santiago Pomoli, consideraron que la actitud de Bertolotti implicaba una
«traición» por «haber violado el secreto militar en que estaban
comprendidos los involucrados en operaciones antisubversivas, y por las
presiones sobre ellos». Los hermanos Pomoli y Galarza
sustentaron la acusación de que Bertolotti era «comunista» por las
reiteradas reuniones, supuestamente reservadas, que mantuvo con la
ministra Marina Arismendi, acusación que Bertolotti negó enfáticamente.
SECUESTROS Y ATENTADOS
El
expediente del tribunal de honor consigna la revelación del coronel
Pomoli sobre un plan para secuestrar al mayor Arab, considerado como el
oficial que conocía la ubicación del enterramiento de los restos de
María Claudia García. Según un relato del coronel Jorge Silveira en otro
tribunal de honor, el teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti,
el mayor Arab y el policía Ricardo Medina fueron quienes condujeron a
María Claudia hasta el Batallón 14 de Infantería. De acuerdo con la
síntesis del tribunal sobre las declaraciones del coronel Pomoli,
ocurrió «la planificación de un posible secuestro al [sic] ex Mayor Arab
con la anuencia del Tte. Gral. Bertolotti, el que casualmente habría
sido suspendido alrededor de la fecha de las manifestaciones que el
Coronel [Pomoli] hiciera sobre la condición de “traidor, mentiroso y
comunista” del Tte. Gral. Bertolotti». A tales efectos se había obtenido
un automóvil en Rivera. Los generales miembros del tribunal simplemente
consignan la revelación. Otra afirmación de Pomoli se refiere a que «el
general Pírez le había comentado telefónicamente que tenía conocimiento
de la vigilancia a algunos [oficiales] retirados, y un plan del Comando
General del Ejército para detenerlos».
En cambio, el operativo de inteligencia sobre la chacra que era
propiedad del general Raúl Villar, en Canelón Grande, Canelones,
intensificó el malestar de los generales hacia el comandante en jefe. El
operativo fue supervisado por el coronel Raúl Gloodtdofsky, jefe del
Estado Mayor Personal de Bertolotti, a partir de una denuncia de un
exsoldado. Dicha denuncia establecía «que se estaría planificando
atentar contra la vida del Señor Presidente». El exsoldado
afirmaba que, en esa chacra, su dueño «hacía reuniones, tenía un campo
de entrenamiento, se juntaba con militares e iba a atentar contra el
Presidente, con una moto cargada de explosivos, y, por si fallaba,
tendrían un avión con explosivos». Ni el teniente general Bertolotti, ni
el coronel Gloodtdofsky, ni el capitán Neves [no consta en el documento
su nombre de pila], de inteligencia, consideraron descabellada la
versión y decidieron instalar una vigilancia sobre el predio rural.
Finalmente, se estableció que la chacra pertenecía al general Raúl
Villar. El general Carlos Díaz, que estaba presente cuando el coronel
Gloodtdofsky informó a Bertolotti las novedades, le advirtió al
comandante que si no informaba al general Villar sobre el operativo,
entonces él, Díaz, lo haría. Recién entonces se suspendió la operación
de inteligencia y Bertolotti pidió excusas a Villar en una reunión con
generales. El ex comandante en jefe había convocado en 2005 a una
conferencia de prensa en la que había relativizado la existencia de un
operativo de vigilancia sobre la chacra, aunque el punto no pareció
quedar del todo esclarecido, y en los hechos volvió a aflorar en el
tribunal.
Para Bertolotti, la situación era tan crítica que no se
podían descartar tales episodios. De hecho, las reuniones «paralelas» de
mandos militares se multiplicaron cuando la Justicia inició el juicio
sobre la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Buenos Aires en
1976. Un año después, Bertolotti argumentaría que fue el gobierno de
Vázquez el que modificó «la doctrina» cuando, a fines de 2005, debió
trasladarse al exterior para ser operado. Dijo en el tribunal de honor:
«Hasta 2004 se respetó en un todo la ley de caducidad y, cuando algún
juez buscó soluciones alternativas, se crearon situaciones conflictivas
que siempre el Poder Ejecutivo las solucionó a pedido de los comandos,
previendo preservar la vigencia de compromisos tácitos asumidos, que
siempre estuvieron sintetizados en aquella expresión, que fueron temas
no tratados directamente, pero que estuvieron siempre sobrevolando y
subyacentes».
El problema lo heredó el general Carlos Díaz cuando,
en febrero de 2006, fue designado como comandante en jefe. Duró hasta
octubre de ese año, cuando fue relevado y pasado a retiro porque el
coronel Gilberto Vázquez, recluido en el comando de la División de
Ejército 1, urdió una enfermedad y logró ser trasladado al Hospital
Militar, de donde se fugó.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad incorporará las actas del tribunal de honor al ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, a la indagatoria por los crímenes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En tanto, la Fiscalía General analizará si los hechos reseñados en las actas ameritan el inicio de una investigación penal.El ex secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández y el entonces comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti en el Batallón de Infantería 13 en diciembre de 2005
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Las revelaciones de un tribunal de honor del Ejército –cuyo contenido fue difundido por Brecha–
generaron repercusiones. La Fiscalía General de la Nación analizará el
contenido de las actas del tribunal de honor contra el ex comandante en
jefe del Ejército, general Ángel Bertolotti, para definir si inicia una
indagatoria penal sobre los hechos.
El tribunal al que se sometió
al ex comandante en jefe durante el primer período de gobierno del
Frente Amplio comenzó en 2006 tras el pedido de detención de seis
militares librado por la justicia argentina, en el marco de una
investigación por crímenes del Plan Cóndor. La medida generó la reacción
de integrantes de la cúpula militar, que acusaron a Bertolotti de
“traidor, mentiroso y comunista”, por no rebelarse frente a la política
de derechos humanos del gobierno que viró desde la búsqueda de restos de
desaparecidos hacia el apoyo a actuaciones de la justicia tanto
uruguaya como argentina.
El proceso incluyó la declaración de
varios integrantes de la cúpula del Ejército, entre ellos, los generales
Juan Córdoba y Ricardo Galarza y el coronel Santiago Pomoli. Como
resultado, el tribunal propuso sancionar a Bertolotti por “falta grave,
pero sin prohibición de usar el uniforme”. De todos modos, el
Ministerio de Defensa decidió no homologar el fallo, en señal de
respaldo al ex comandante.
Sin embargo, las actas del tribunal
revelan las tensiones en la interna militar al comienzo del primer
gobierno del Frente Amplio, con acusaciones cruzadas referidas a un
intento de secuestro del mayor Ricardo Arab, desacatos,
insubordinaciones, amenazas de golpe de Estado y hasta supuestos planes
para el asesinato del presidente Tabaré Vázquez, en relación al cambio
en la política sobre los crímenes de la dictadura (Véase Gorilas en la niebla, Brecha, 9-IX-2022).
El
ministro de Defensa Nacional, Javier García, fue consultado este
viernes, en rueda de prensa, sobre el contenido de las actas. El jerarca
alegó que se trata de información que salió desde esa secretaría de
Estado, como parte de una respuesta a un pedido de acceso a la
información pública.
“Es un dato bien confirmatorio de la actitud del Ministerio de
Defensa Nacional desde hace dos años y medio a esta parte – hemos sido,
objetivamente, el período histórico que más información en materia del
pasado reciente y derechos humanos dio a organismos de la sociedad
civil, periodistas, Justicia, familiares, organismos académicos”, afirmó
García.
El jerarca destacó que en este período recibieron entre
230 y 240 pedidos de acceso a la información pública, la mayoría de los
cuales fueron respondidos. Con todo, uno de los pedidos que no fue
concedido fue la solicitud del tribunal de honor contra el coronel
Armando Méndez sobre los entretelones de la Operación Conserva, un
negociado entre militares y empresarios, en el que estuvo involucrado el
dictador Gregorio “Goyo” Álvarez. En esa instancia, García argumentó
que el tribunal de honor de Méndez no estaba relacionado con «cuestiones
de derechos humanos, porque se refiere a un tema comercial con
elementos personales» (Veáse La marca indeleble del poder, Brecha, 29-X-2021)
En
este contexto, García aseguró que las actas del tribunal serán
remitidas a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Según fuentes judiciales, el fiscal Ricardo Perciballe ya pidió
incorporar las actas en la indagatoria penal por la decena de asesinatos
cometidos por los servicios represivos uruguayos en Argentina, entre
ellos, los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
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