Acto 18 de mayo en Las Piedras
18 de mayo, Plaza Primero de Mayo en Montevideo. Visitas. Por suerte la memoria habla en estas decenas de voces. No hubo sables ni rituales vacíos, la plaza fue memoria y lucha, con la manito de una niña que señalaba una línea imaginaria para separar las voces graves de las agudas. En memoria de las luchas de un pueblo, Nunca más, eso dijeron, eso siguen cantando
Plaza Luisa Cuesta. Presente! Nunca más Terrorismo de Estado
Detenidos desaparecidos: la crueldad, barbarie y traición de los golpistas
18 mayo 2024 La Diaria
Escribe Miguel Aguirre Bayley
Así como el “Obeliscazo” del 27 de noviembre de 1983 rubricó un hecho
de enorme trascendencia en el camino por la reconquista de la
democracia, cada 20 de mayo la Marcha del Silencio se ha convertido
desde 1996 en una multitudinaria y emblemática movilización impulsada
por Madres y Familiares para conocer la verdad sobre el destino de los
detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya. En su gran mayoría
fueron secuestrados en Argentina y también en Uruguay, Chile y Paraguay,
en el marco del Plan Cóndor instaurado por Estados Unidos y su
ideólogo, el alemán-estadounidense Henry Kissinger, con agentes del
Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, según surge de los
archivos desclasificados.
Uno de los hechos más infames y deshonrosos de la historia de Uruguay
fue la consolidación del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Con
apenas el 21,97% de los votos en la elección, el presidente Juan María
Bordaberry, del Partido Colorado, exsenador del Partido Nacional, fue
corresponsable principalísimo del quiebre institucional que derivó en
una dictadura civil y militar en un país ocupado durante 12 años por las
Fuerzas Armadas.
El 1º de febrero previo, el senador colorado Amílcar Vasconcellos
cerraba su mensaje por radio con estas palabras: “Que nadie se haga
ilusiones: [Lorenzo] Latorre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que
ir; los ‘latorritos’ que tratan de llegar –aunque puedan lograrlo
mediante la ayuda de cobardes y traidores– que no olviden la lección
histórica”. Tres civiles y un militar ocuparon la máxima magistratura
usurpada al poder legítimo en ese período de oscurantismo: Juan María
Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez.
Pertenecían al Partido Colorado y al Partido Nacional.
Secuestros, torturas, homicidios, robo de niños, saqueo y corrupción
fueron características de la dictadura neofascista en Uruguay. Las
Fuerzas Armadas se inventaron para sí la condición de combatientes y no
vacilaron en traicionar el juramento de fidelidad a la Constitución y
las leyes para convertirse en verdugos del pueblo indefenso y sin armas.
Con los varios miles de “rinocerontes”, civiles blancos y colorados
funcionales a la dictadura, la felonía arrasó con los valores de la
democracia republicana en un Estado de Derecho.
Pero no todos los militares fueron gorilas. Más de 60 oficiales y
unos 300 integrantes del personal subalterno sufrieron prisión, tortura y
pérdida de grado por su lealtad al régimen legalmente constituido.
Con su protervia condenable, a través de sus actos institucionales
viciados de nulidad, destruyeron el orden jurídico de Uruguay. El
Parlamento fue reemplazado por un Consejo de Estado designado por la
cúpula de facto. Ni el imperio romano fue capaz de tanta indignidad. El
Poder Judicial pasó a ser una figura decorativa, la Suprema Corte de
Justicia perdió su rango y se llamó Corte de Justicia. Miles de familias
fueron destruidas y su injusto corolario fue la diáspora en el exilio
de varias decenas de miles de personas. Los cimientos de la educación y
la formación cultural fueron arrancados desde la raíz con la aplicación
de la Ley 14.101 de Julio María Sanguinetti, promulgada el 4 de enero de
1973. En las antípodas del legado de la reforma de José Pedro Varela,
parecía una ley de corte penal y no de enseñanza.
Ausencia con presunción de fallecimiento
“La desaparición bajo regímenes dictatoriales es principalmente la
consecuencia de un método represivo ilegal que consiste en el secuestro
de las personas, ejecutadas luego sin proceso en centros de detención
clandestinos, por lo que también se denomina desaparición forzada de
personas, y a las víctimas, detenidos desaparecidos. Esta metodología de
represión fue utilizada por las dictaduras latinoamericanas como parte
de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional” (Torcuato S Di
Tella, Diccionario de ciencias sociales y políticas. Puntosur, 1989).
Sobre este tema, causa indignación la hipocresía del dictador Jorge
Rafael Videla en su calidad de presidente de la Junta Militar que el dio
golpe de Estado en Argentina en 1976: “Frente al desaparecido en tanto
esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá
un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su
fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea un
desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una
incógnita, desaparecido que no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo,
está desaparecido”.
En América Latina se estima en alrededor de 90.000 el número de
desapariciones forzadas de personas. Un fenómeno particular es el de los
niños desaparecidos, quienes en muchos casos fueron entregados a
terceros adulterando su filiación. El sistema de desaparición forzada de
las personas fue ejercido por los nazis a partir del decreto Noche y
Niebla de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.
Fuerzas Armadas traidoras al ideario artiguista
“La Defensa Nacional, tal como se ha encarado en el país, no ha sido
nacional, ni antiimperialista, al haberse subordinado a la estrategia de
seguridad de Estados Unidos, en tanto el elemento militar de la defensa
se ha empleado siempre como instrumento de presión o, directamente, de
represión contra las aspiraciones populares y como protección de los
intereses de los sectores dominantes. [...] No son pocos los
compatriotas que preguntando para qué sirve el ejército, proponen su
eliminación. Es que más allá del lamentable desempeño que ha tenido
contra su propio pueblo, el ciudadano común no le ve otras aptitudes, y
para cumplir tareas de utilidad social o en oportunidad de calamidades
como puede ser una inundación, lo considera un organismo
sobredimensionado y caro”, ha señalado el general retirado Juan Antonio
Rodríguez.
Secuestros, torturas, homicidios, robo de niños, saqueo y corrupción
fueron características de la dictadura neofascista en Uruguay.
Cuando la seguridad de sus compatriotas o la defensa de los ideales
revolucionarios no estuvieron en jaque, Artigas defendió la vigencia del
derecho a la vida. Uno de los hechos más elocuentes al respecto fue el
caso de “los siete jefes engrillados” que le fueron enviados para que
los fusilase y el Jefe de los Orientales se negó a hacerlo. “Yo no
firmaré su exterminio, pero tampoco consentiré [que] obstruyan los pasos
para realizar la libertad porque tan dignamente se sacrifican los
pueblos que la aman y veneran. El que sea enemigo, declárese y sabremos
contrarrestar armas con armas y hombres con hombres, pero no que a
fuerza de intrigas e intereses quieran oscurecer nuestra virtud y hacer
que triunfe la iniquidad”.
Terrorismo de Estado
El terrorismo de la dictadura en nuestro país empleó en forma
sistemática la violencia a través del aparato estatal con fines de
intimidación, lo que afectó a la población, sacrificando víctimas
inocentes. En el derecho internacional se ha avanzado en la tipificación
de los delitos de terrorismo, tanto estatal como de oposición. Los
primeros abarcan el genocidio, los crímenes contra la paz, de guerra y
de lesa humanidad, la tortura, el apartheid y la desaparición
forzada de personas. La resolución 3034 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, por mayoría, condenó el terrorismo
de los regímenes coloniales, racistas y de dominación extranjera, y
reafirmó la legitimidad de la lucha de los movimientos de liberación
contra esos regímenes.
En el velatorio de Eduardo Bleier en el Paraninfo de la Universidad
el 14 de octubre de 2019, Felipe Michelini expresó: “Es necesario
recordar que el régimen del terrorismo de Estado en nuestro país
avasalló las instituciones democráticas, sometió a un férreo control
social y represivo a nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática,
la violación y el abuso sexual de los detenidos, la prisión prolongada,
las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, dentro y
fuera de fronteras [...] Los responsables de secuestros, torturas,
desapariciones y muertes fueron muy valientes en el momento de torturar a
víctimas indefensas; por el contrario, han demostrado una cobardía sin
límites a la hora de enfrentar sus responsabilidades”.
Entrevistado por el periodista César di Candia para el semanario Búsqueda
el 7 de marzo de 1991, el general Hugo Medina afirmó que “el recelo del
golpe de Estado estuvo orientado unilateralmente y no por toda la
población, sino por una parte: los sediciosos y el Partido Comunista.
Con el resto no hubo problemas”. Afirmó que el rechazo de la población
hacia las Fuerzas Armadas se dio en la “etapa final” de la dictadura, y
que “al principio no daban abasto las manos para aplaudir”. “En los años
finales sí, sentimos fuertemente el rechazo [...] En el 80 estábamos
tan seguros [de] que ganábamos que desdeñamos el voto militar y el de la
policía”.
En este diálogo, el general Medina incurrió en dos omisiones
selectivas. Por un lado, no dijo que la dictadura en su acto
institucional Nº 2, de fecha 12 de junio de 1976, disponía en su
artículo 9º que “los militares y el personal policial en actividad, sin
distinción de grados, tienen suspendido el ejercicio de todos los
derechos políticos, incluido el voto”. Tampoco, obvio es señalarlo, hizo
referencia a que –como afirmó Carlos Quijano desde el exilio en México–
“en condiciones normales, sin exilios, sin proscripciones, sin censura,
sin intimidación, sin amenazas, sin presos políticos, sin torturas, sin
el dominio monopólico de los medios de comunicación, sin clausura del
Parlamento y de las organizaciones políticas y sindicales, ¿cuántos
votos habrían obtenido? Para sobrevivir deben reprimir. Y aun así,
pierden”.
El 25 de mayo de 1988, en el programa televisivo En vivo y en directo,
Medina defendió como un mérito de los militares “que no hayan
desaparecido en nuestro país más de 20 personas” ya que “si fueron 5.000
los presos podrían haber sido 4.000 los muertos”.
En octubre de 2009, Luis Alberto Lacalle participó en uno de los
almuerzos del programa de Mirtha Legrand. Allí afirmó que
“increíblemente murieron más soldados y policías que integrantes de la
subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos, o una
docena de desaparecidos”.
Estas declaraciones contrastan con las cifras confirmadas que manejan
los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de
la represión y la Universidad de la República. La nómina de compatriotas
detenidos desaparecidos en dictadura es cercana a 200 personas.
En su primer gobierno, Sanguinetti impulsó el Pacto de Anchorena y su
concreción con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado. No sorprende, entonces, que el general Medina, militar represor
de la dictadura y miembro de la logia de los tenientes de Artigas, fuera
su ministro de Defensa Nacional desde noviembre de 1987 hasta el final
de su mandato. Carlos Pirán, vinculado al escuadrón de la muerte según
testimonio de uno de sus integrantes, el fotógrafo Nelson Bardesio, fue
su ministro de Industria y Energía. Desde el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Colorado, Pirán había apoyado el proyecto de reforma
constitucional impulsado por la dictadura en el plebiscito de 1980.
Tras el referéndum de 1989, el 24 de abril el presidente Sanguinetti
envió carta al presidente del Círculo Militar, general Iván Paulós, en
“reconocimiento a la Institución por su cooperación en este difícil
debate. Fue necesario realizar una labor de esclarecimiento pero, a la
vez, impedir que muchos sentimientos de reacción frente a injusticias o
agravios no afloraran descontroladamente y cooperaran, sin quererlo, con
los adversarios de la ley de la pacificación y de las Fuerzas Armadas”.
Paulós participó en la fundación de la logia Tenientes de Artigas el 25
de agosto de 1965. En 1988, obtenidas las firmas para el referéndum de
la “ley de caducidad”, declaró en la revista Punto y Aparte que
no tenía “la menor duda de que ha habido errores, cientos de errores”,
pero consideró que “cuando hablamos de decenas de desaparecidos o de
muertos, es una insignificancia para lo que se logró”. Indagado por la
Justicia italiana por su presunta participación en el asesinato de
ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor a manos de las
dictaduras del Cono Sur, murió sin ser juzgado cuando la Justicia de
Italia evaluaba su procesamiento.
En Uruguay, la omertá corporativa de los mandos militares y
civiles involucrados en los crímenes de lesa humanidad mantiene el
secreto de los lugares donde están enterradas las víctimas.
Este 20 de mayo es la fecha que nos recuerda el centenario del
nacimiento del entrañable Zelmar Michelini. Más tarde o más temprano, el
tiempo, gentilhombre que menos nos miente, pondrá las cosas en su justo
lugar. En honor y homenaje a todos los desaparecidos, ¡a redoblar!
