Le cebaba el mate al Cnel Calcagno?

Doña Lucía sale a destruir la historia revelada de la dictadura y ataca los testimonios de los torturados que lograron sobrevivir al infierno.

La exsenadora Lucía Topolansky dijo que conoce a militantes de izquierda que mintieron ante la Justicia para condenar a exmilitares en causas que investigan delitos de lesa humanidad. "Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones", afirmó.


 

Las y los denunciantes no mintieron

Por Gastón Grisoni – 18 de diciembre de 2024

El coraje de decenas de víctimas de la tortura, muchas de ellas víctimas de abusos sexuales y violaciones, permitió que más de un centenar de represores fuera condenado. Lucía Topolansky, en una entrevista televisiva, emitió opiniones desacertadas.

Salvo la causa de Los Vagones que fue promovida por el gobierno canario cuando el Intendente era el actual presidente electo, todas, absolutamente todas las causas judiciales contra los represores de la dictadura, fueron iniciadas, y promovidas, haciendo de tripas corazón por las propias víctimas o sus familiares directos.
Debieron superar sus dolores, sus angustias, sus sufrimientos. Tuvieron que soportar, incluso, la actuación de jueces insolentes, las prepotencias de los abogados defensores de los militares en los recintos judiciales, y una cultura de la impunidad vigente hasta el día de hoy. Debieron hacerlo en el marco del asedio constante de los dueños del poder y su sistema mediático.

Derribar la muralla de la impunidad
La dictadura y el terrorismo de Estado fueron una calamidad en múltiples planos. Como colectivo organizado de víctimas directas del terrorismo de Estado, desde Crysol luchamos para acabar con la Ley de Caducidad que protegía a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 estableció la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y la Sentencia Gelman de la Corte IDH estableció su nulidad fáctica, al amparo de la Ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado, promovimos las denuncias judiciales para investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que han sido comprobadas y verificadas una y otra vez.
La causa de Boiso Lanza, con el patrocinio legal del Dr. Oscar López Goldaracena, fue la primera, en el año 2010.

La justicia es clave para afirmar la democracia
La investigación, el esclarecimiento y el castigo penal de las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito básico y esencial para lograr la paz social, para asegurar la justicia, afirmar el Estado de Derecho y cercenar las posibilidades de que las mismas puedan volver a ocurrir.
La vida ha demostrado que las Fuerzas Armadas han mentido una y otra vez. Hasta el día de hoy mantienen secuestrada la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Los militares involucrados han mentido sistemáticamente y mantienen un silencio colectivo. Hasta el momento no han colaborado con la justicia ni han dado muestras de colaboración ni de arrepentimiento. A lo sumo, en algunos casos, han confesado sus delitos, quitándole gravedad a su participación.

Una golondrina no hace verano
No podemos descartar que, entre los centenares de testigos que se presentaron, alguno haya mentido. Incluso que haya habido quien incitó a otros a mentir. Hubo miles de prisioneros políticos. Hubo colaboradores de la dictadura, hubo colaboradores de los militares en los penales, hubo infiltrados en plena democracia.
En un colectivo muy numeroso de sobrevivientes del terrorismo de Estado, existen decenas de compañeras y compañeros que arrastran secuelas de por vida, fruto de las torturas vividas, de la larga reclusión en condiciones diseñadas para la destrucción. Tienen trastornos físicos y también secuelas mentales. Algunos hasta terminan renegando de sus convicciones pasadas, de su trayectoria de vida y hasta terminan diciendo cualquier cosa.

Las garantías del debido proceso
Todos los militares que han sido procesados y/o formalizados por la justicia han tenido todas las garantías del debido proceso y hasta en exceso, se les toleraron todas las artimañas dilatorias. Ninguno declaró estando encapuchado ni esposado. Ninguno fue torturado, ni siquiera amenazado. Siempre declararon con sus abogados defensores presentes. Todos han sido procesados en base a pruebas documentales incontrovertibles, en base a documentos generados por el propio ejército. En algún caso hubo errores judiciales que fueron subsanados en instancias posteriores en el marco del sistema judicial garantista de nuestro país.

Las y los denunciantes: un papel decisivo para la justicia
La prisión masiva y prolongada, asociada a la tortura, fue la característica diferencial de la represión política en el Uruguay respecto a otros procesos de violación a los derechos humanos similares ocurridos en el Cono Sur. Fue la modalidad deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a sus enemigos (Serpaj – Uruguay nunca Más – 1989).
Las víctimas de las torturas que presentaron denuncias judiciales al retornar a la institucionalidad democrática desempeñaron un papel decisivo para que en este país más de un centenar de represores haya sido juzgado y condenado. La
sociedad uruguaya les debe mucho a todas y a todos ellos. Han sido ejemplo de vida. Las declaraciones de Lucía son lamentables. Allá ella y sus demonios internos.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

 

Carlos Calcagno fue procesado con prisión en 2010 por la causa judicial 2-21152/2007 sobre la desaparición forzada de Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Cursó una parte de su pena en la prisión especial de Domingo Arena y posteriormente se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Fallece en 2013 en su domicilio en el departamento de Canelones.

Calcagno integró el Servicio de Inteligencia “S2” a partir del año 1972 y en 1980 asumió como segundo jefe del Batallón de Infantería Nº1, donde permaneció hasta 1982. Entonces ascendió al grado de coronel y pasó a cumplir funciones en la Escuela de Inteligencia del Ejército. El 2 de mayo de 1996 pasó a retiro.

A Lucía  Topolansky de Paula Laborde, ex presa

  A veces uno debiera ser capaz de retirarse en silencio,  con más dignidad.       Ayer se conoció una nota de telenoche donde se leen textualmente opiniones volcadas en un libro de reciente aparición. El dolor y la indignación todavía  me sacuden el cuerpo. 

           Cuál es el motivo o el pacto con los represores que la llevan a injuriar, a poner en tela de juicio, a desacreditar a sus hermanas que fueron presas y torturadas, a sus compañeros y compañeras que pasaron por lo mismo, a los familiares que buscan sus desaparecidos,  a agraviar a la justicia poniéndola como que no sabe distinguir entre un testimonio real y una mentira. Si sabe de casos que mintieron debiera acudir a la justicia y denunciar, debiera ser una ciudadana responsable.  

  Cuando habla al barrer, no lo hace ingenuamente, sabe muy bien que cuando se instala un relato queda como Verdad aunque sea Mentira .  

         Hemos sido miles los que pasamos por las torturas, por violaciones y condiciones degradantes . La mayoría no tuvimos  nada que ver con la lucha armada, ni con enfrentamientos. La dictadura arrasó con las instituciones,  los gremios, los sindicatos y persiguió a quienes pensaran distinto. Torturó,  desapareció,  encarcelo' compatriotas.  Quienes hemos denunciado  a los torturadores no lo hicimos con ánimo de revancha o livianamente. Cada vez que uno testifica revive en su cuerpo lo que le pasó. Aparece cada sensación de ahogo y desesperación   del submarino, el dolor dela electricidad de la picana en los senos, los golpes en los oídos y la boca del estómago,  los plantones, el estar días defecada, vomitada, orinada encima, de sentirse una piltrafa humana, de sentir el miedo de que viene después. Algunos de ellos como el pájaro  Silveira, nos sacaba la capucha y se presentaba impune para hacer cualquier cosa. Pasaron muchos años hasta que la justicia empezó a actuar. Quienes fueron procesados lo hicieron con todas las garantías del estado de derecho, fueron procesados porque los testimonios y las pruebas eran contundentes.  

Es grave poner en tela de juicio el honor y la credibilidad de las personas y es doloroso, cuando se hace para justificar a un puñado de torturadores,  violadores, secuestradores de niños y responsables de la desaparición de personas.  

   No se explica, no se entiende, no se justifica.

"Que haga la denuncia": reacción de Perciballe a dichos de Topolansky sobre declaraciones por la dictadura

El fiscal de delitos de lesa humanidad dijo que "no se ha constatado en absoluto" lo que esgrimió la exvicepresidenta en un libro, acerca de que hay "gente que miente en las declaraciones".

Redacción El País
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, reaccionó a los dichos de la exvicepresidenta Lucía Topolansky en un libro, asegurando que hay "gente que miente en las declaraciones" sobre crímenes ocurridos en dictadura.

El magistrado encargado de la mayor parte de las investigaciones referidas a la última dictadura cívico militar declaró a El País que su labor no es responder a políticos, pero que "en las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado en un libro (Los indomables, de Pablo Cohen)".

 

"No tenemos ninguna constancia, y de tenerla haríamos la denuncia correspondiente", explicó. Señaló que "cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito, necesariamente tiene que denunciarlo", y que si hubiese estado en conocimiento de una situación como la que acusó Topolansky, él "estaría en omisión" porque trabaja en el Estado.

También dijo que "una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio", un delito.

Entonces, sobre los dichos de Topolansky, consideró que "es la opinión de una persona y nada más". "No sé en qué se basó para decir eso; si tiene los elementos, que haga la denuncia", sentenció.

Dichos de Topolansky despiertan polémica

Cohen entrevistó a Topolansky, junto a José Mujica, para el libro Los indomables, y recogió palabras de la exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) sobre cómo han avanzado las investigaciones sobre los crímenes cometidos por militares en dictadura, con críticas a militantes de otros sectores de la izquierda.

Topolansky recordó, por ejemplo, que en el congreso del Frente Amplio antes de las elecciones del 2004, que le dieron su primera victoria a nivel nacional, "se discutió qué hacer con la ley de caducidad" y que "fue una discusión realmente encarnizada", y finalmente se optó por no derogarla. Pero "en su lugar" se "prefirió utilizar al mango el artículo cuarto de la ley, que era el que mandaba a investigar".

"A lo largo de quince años se fue desarrollando, como se pudo, una investigación. Una investigación gracias a la cual empezaron a ir los primeros milicos presos, a pesar de que tuvo que lidiar con un pacto de silencio. Pero también hubo milicos que se boletearon: por lo menos tres, cuando fueron a detenerlos, no quisieron hablar y prefirieron matarse", afirmó Topolansky.

"En paralelo, fueron apareciendo niños uruguayos, pero en Argentina y en Chile, es decir otras dictaduras", añadió la exvicepresidenta, que entonces indicó que "la dictadura uruguaya es distinta, por ejemplo, a la argentina".

"Cuando discutían en el marco del Plan Cóndor —y nosotros lo oímos, porque venían los milicos argentinos a la cárcel de Punta de Rieles— preguntaban: '¿Estas por qué están vivas?'. Los uruguayos preferían ir por el lado de enloquecerte y de que salieras hecha un trapo de ahí, y no de desaparecerte. En cambio, los argentinos y los chilenos evitaron las cárceles", expresó y luego agregó: "Acá, si hubieran desaparecido a todos los que estuvimos presos, el volumen hubiera sido otro".

En otro tramo, Topolansky recordó que la dictadura provocó que hubiera presos políticos y exiliados, además de "desaparecidos en Uruguay, que son un puñadito chico".

"Hay muertos en Uruguay, pero niños desaparecidos en Uruguay no hay ninguno: son todos en Argentina o en Chile. Así que está bien reclamarle al Cóndor, porque el Cóndor no supo de fronteras", agregó.

Topolansky dijo que hay "gente que miente en las declaraciones" sobre crímenes de la dictadura

En este contexto, Topolansky dijo que hay "gente que miente en las declaraciones" sobre crímenes ocurridos en dictadura: "A un compañero nuestro vinieron a decirle —no importa de qué sector político—: 'Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Y él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos".

"Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir", expresó, y ante la repregunta del periodista, ella retrucó: "Porque no somos traidores ni botones".

Asimismo, consideró que "el asunto es muy, muy delicado", y explicó: "Por ejemplo, yo soy testigo en una causa de uno al que nunca vi. Pero, por una cantidad de síntomas, con tres compañeras más supimos que a ese lo habían liquidado en el lugar donde estábamos nosotras. Por lo tanto, dimos testimonio y dijimos lo que oímos". Topolansky aseguró que "a ese tipo lo mataron en su calabozo, porque le tiraron una granada de gas, él era asmático y murió". No obstante, "para la jueza" la declaración "no fue prueba suficiente".

"Sacaron el cuerpo y no sé dónde lo metieron. Después conocimos bien el cuartel y le mostramos el lugar a la jueza. Lo que pasa es que ellos blanquearon la celda, vinieron los jefes del cuartel celda por celda, y nos fueron diciendo: 'Tengan claro que aquí no murió nadie. Y ahora los vamos a trasladar'. Esa era la constatación de que habían matado a uno. Ahora, ¿qué declarás vos?: 'No, yo lo vi por el agujerito de una cerradura y fue Juan Pérez'. ¡No! Sin embargo, los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas. Pero no podés, porque vos no sos como ellos".

Cohen se refirió al "conflicto cultural, ideológico, casi identitario, entre el MPP y el PCU"

En entrevista con el programa 8AM (Canal 4), el autor del libro, Cohen, dijo este miércoles que "lo que en las últimas horas ha despertado polémica", en referencia a estas declaraciones, "ha sido algo de sentido común" y que refleja "bastante honestidad intelectual de Topolansky".

Parafraseando a Topolansky, Cohen detalló: "Un asmático que murió al lado mío, yo sé que murió, fue asesinado, ahora, no sé si lo asesinó Pablo, Gimena, Viviana o Gabriel porque no lo vi, entonces no lo puedo decir, sin embargo hay gente en la izquierda que vino y a compañeros nuestros les dijo 'decí tal cosa, mentí para incriminar a militares'".

Para el autor, "lo que subyace" de estos dichos de Topolansky, y otros que aparecen en el libro, es "un conflicto cultural, ideológico, casi identitario, entre el MPP y el Partido Comunista del Uruguay (PCU)".

"En el libro dice cosas mucho más fuertes del PCU, muy despectivas", apuntó.

 

 

 

 

 

 

Justicia para Héctor Castagnetto

Suprema Corte de Justicia de Uruguay confirmó la sentencia a 17 años de cárcel al integrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía por el asesinato de Héctor Castagnetto ocurrido en agosto de 1971

Fue condenado a 17 años de penitenciaría por el homicidio de Héctor Castagnetto.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la sentencia de condena al empresario Miguel Sofía, integrante del Escuadrón de la Muerte, por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castagnetto, ocurrido en agosto de 1971.

En diciembre de 2022 la jueza Silvia Urioste condenó a Sofía a 25 años de penitenciaría por un delito de homicidio y un delito de asociación para delinquir. Esa sentencia fue confirmada en febrero de 2024 por el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, pero con una rebaja de la pena a 17 años por considerar que no se daban las circunstancias agravantes para el delito de asociación para delinquir.

Confirmada la sentencia de condena en segunda instancia, la defensa de Sofía recurrió el fallo ante la SCJ. Su argumento principal fue que la condena se basaba en declaraciones de otro integrante del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio, que derivan de las declaraciones tomadas en la Cárcel del Pueblo, cuando estaba secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

En concreto, la Justicia consideró en la causa las declaraciones de Bardesio en el colegio Seminario, luego de ser liberado por el MLN, en una entrevista que mantuvo con Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira y Carlos Julio Pereyra, donde ratificó lo que había declarado en cautiverio. En esas declaraciones, Bardesio reconoce la existencia de grupos parapoliciales y su responsabilidad en la muerte de los tupamaros Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini, Íbero Gutiérrez y Abel Ayala, y vincula a Miguel Sofía, alias José, con el homicidio de Castagnetto. Bardesio dijo que Sofía era un hombre de confianza del subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara y que fue responsable, junto con el médico Ángel Pedro Crosas, de la muerte de Castagnetto.

La defensa de Sofía alegó que Bardesio es el único que menciona a Sofía como autor del homicidio de Castagnetto y agregó que “la presencia o compañía imputada a Sofía no es una actuación principal, de las que acarrean pena completa, sino que, por el contrario, corresponde una pena menor, correspondiente a la categoría de cómplice”.

Sobre ese punto, la corte señala que “el imputado Sofía realizó aportes necesarios para llevar adelante los hechos delictivos”. “Quedó probado que el acusado intervino luego de que la víctima fue trasladada a la casa de la calle Araucana del barrio Carrasco donde participó del interrogatorio y custodia del detenido. Finalmente integró el grupo que trasladó a Castagnetto hasta el Puerto de Montevideo donde fue arrojado a aguas del Río de la Plata como forma de ocultar los delitos cometidos. La actuación del imputado Sofía, bajo tal encuadre fáctico, no puede ser calificada de otro modo que en grado de autoría”, agrega el fallo.

En la sentencia los ministros de la SCJ señalaron que Bardesio, temoroso de sufrir represalias por la información que brindó al grupo guerrillero, “reconoció ante el diputado Gutiérrez Ruiz y Juan Raúl Ferreira que lo manifestado en las actas que redactó para los tupamaros era cierto”. “Ello se dio por sobreentendido entre los restantes partícipes de la reunión, dado que Bardesio pidió encarecidamente protección, no ser entregado a la Policía y que se coordinara su traslado a una embajada para poder salvar su vida, ya que temía represalias por haber detallado las actividades y miembros del grupo parapolicial”, agregó.

La SCJ también rechazó el cuestionamiento por la prescripción de los delitos, por considerar que existe cosa juzgada en la causa en cuanto a ese punto, dado que se expresaron en contra de la prescripción tanto la jueza Urioste como los integrantes del Tribunal de Apelaciones, quienes señalaron que los plazos de prescripción se vieron interrumpidos en función de la vigencia de la ley de caducidad.

En la sentencia los ministros desestimaron el pedido de nulidad del proceso, que la defensa de Sofía reclamó por cuestionar la validez de la declaración de Bardesio. Los ministros señalaron que en la causa no hubo “ninguna vulneración al debido proceso” que justifique la nulidad, más allá de una discrepancia de la defensa de Sofía, con la valoración de la prueba de la Justicia en las instancias anteriores.

Los ministros Elena Martínez, John Pérez, Alicia Álvarez –que integró la Corte ante la inhibición de Bernadette Minvielle– y Doris Morales tampoco aceptaron los puntos vinculados a la valoración de la prueba por entender que la función de la SCJ ante un recurso de casación se limita a “reexaminar si la calificación jurídica es o no apropiada a los hechos que fueron tenidos por probados”.

En tanto, el ministro Tabaré Sosa desestimó el planteo sobre la valoración de la prueba porque la defensa reiteró ante la SCJ lo mismo que había presentado ante el Tribunal de Apelaciones. “La carga de la debida alegación no se cumple con reiterar en forma textual escritos anteriores”, señala el fallo.

Castagnetto fue detenido por integrantes del Escuadrón de la Muerte el 17 de agosto de 1971 y trasladado a una casa abandonada en El Pinar, que había pertenecido al MLN. Luego fue trasladado a una casa en Carrasco, ubicada en la calle Araucana y la rambla, donde fue interrogado y torturado. Al día siguiente, el joven de 19 años fue llevado al puerto de Montevideo y, con la autorización del capitán de Marina Jorge Nelson Nader, fue arrojado al mar.

 

 

 

 

 

 

A 50 Años de Los Fusilados de Soca

Se realizó un acto en homenaje a los 50 años de los Fusilados de Soca, en la Ruta 70 Camino de los Fusilados, ubicado a 300 m de la Ruta 9, en la localidad de Capilla de Cella. La actividad fue organizada por la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, y cuentó con el apoyo de Crysol y la Intendencia de Canelones.

En esta jornada, la Junta de Canelones entregó una placa en reconocimiento a los 50 años de este hecho que marcó gran parte de la historia de nuestro país.
La iniciativa fue votada por todo el plenario del legislativo departamental, y a su vez las/os ediles otorgaron a familiares de detenidos desaparecidos una placa homenaje

En este contexto y de cara a la transición de gobierno, el intendente de Canelones, M Metediera, estuvo presente en el acto por los Fusilados de Soca y consideró que “sería buena cosa” que el presidente electo, OrsiYamandu, dé una orden directa a las fuerzas armadas para que brinden información concreta sobre los desaparecidos.

 

Los Fusilados de Soca es el nombre con el cual se conoce al asesinato de cinco personas integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros llevado a cabo por las Fuerzas Conjuntas de Uruguay. Las personas fueron secuestradas en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974, trasladadas en forma clandestina a Uruguay en el marco de la operativa represiva del Plan Cóndor y fueron fusilados el 20 de diciembre de ese año en la localidad de Soca, ubicada a 50 km de Montevideo, en el departamento de Canelones. El hijo de una de las parejas, secuestrado en este operativo, fue apropiado y entregado a una familia de policías en Argentina.

Secuestro

En la década de 1970 se estableció un plan de coordinación entre las dictaduras del cono sur de América, con apoyo de Estados Unidos, conocido como Plan Cóndor. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología».2​ Dentro de este marco, se secuestró en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, a los militantes uruguayos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Graciela Estefanell Guidali, Héctor Brum Cornelius y su esposa María de los Ángeles Corbo Aguirregaray (embarazada de seis meses y medio), Floreal García Larrosa con su esposa Mirtha Yolanda Hernández. Julio Abreu, quien estaba participando de un cumpleaños junto a dichas personas, también es detenido.1​ El hijo pequeño de Floreal García y Mirtha Yolanda, Amaral García, de tres años de edad, fue secuestrado junto a sus padres y posteriormente apropiado por una pareja de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia argentina, quienes lo inscribieron con otro nombre. Es recuperado en 1985.

Vuelo cero

El único sobreviviente adulto de los asesinatos, Julio Abreu, narró 30 años después de haber sido dejado en libertad, que luego del secuestro, fueron trasladados a tres lugares distintos, donde pasaron varios días, para luego ser drogados y llevados a Uruguay en un vuelo clandestino, denominado actualmente como "Vuelo cero". Este nombre se le dio debido a que sucedió con anterioridad a los traslados clandestinos de lo que se conoce como "Primer vuelo", por el cual trasladaron a los 24 secuestrados el 5 de octubre de 1976 del MLN-T y el PVP, que fueron encarcelados en distintos centros clandestinos de detención y torturas de Montevideo como la Casona de Punta Gorda y el Servicio de Información de Defensa (SID).

Asesinatos

Luego de llegar a Uruguay, permanecen secuestrados en la Casona de Punta Gorda donde los tupamaros son sometidos a continuas torturas hasta el día en que los trasladan a las inmediaciones de la ciudad de Soca, ubicada en el Departamento de Canelones,5​ donde fueron fusilados el 20 de diciembre de 1974 en un campo cercano a la ruta 70 (llamada "Camino de los fusilados" desde el año 2013).6​ Cuatro días más tarde de los asesinatos, Julio Abreu fue liberado en la localidad balnearia de Neptunia, donde vivía su madrina, bajo amenaza de asesinarlo si revelaba el incidente.

Trámite judicial

El 28 de Noviembre de 2023, 49 años después de este crimen, un juzgado penal dictaminó el procesamiento con prisión domiciliaria de José Ricardo Arab bajo la imputación prima facie de cinco delitos de homicidio muy especialmente agravados, dos delitos de privación de libertad, uno de ellos en reiteración real con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos, un delito de supresión y suposición de estado civil, todos ellos en reiteración real, en calidad de coautor.7​ Este exmilitar ya había sido condenado por otros crímenes de lesa humanidad.

Víctimas

 Graciela Estefanell Guidali: Nacida en Paysandú el 7 de abril de 1940, ingresó como estudiante a la Facultad de Agronomía. Participó de la organización estudiantil Centro Único de Estudiantes Sanduceros y de la Asociación de Estudiantes de Agronomía. También integró un colectivo llamado "Cultura y Trabajo" y organizó actividades de propaganda de izquierda y a favor de la revolución cubana. El 18 de febrero de 1971 fue encarcelada debido a su participación en el MLN-Tupamaros, tipificándosele el delito de "Encubrimiento". El 2 de julio de ese año es detenida nuevamente en el marco de la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad e internada en la ex Escuela Naval. En diciembre de 1971 viaja a Santiago de Chile y posteriormente a Córdoba y Buenos Aires. El 8 de noviembre de 1974 fue detenida en su domicilio, en el barrio Once de Buenos Aires, luego de un tiroteo por el cual intenta evitar su secuestro.

 Héctor Brum Cornelius: Nacido en Artigas el 3 de enero de 1946, era estudiante de Arquitectura y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Secuestrado el 8 de noviembre de 1974 en Argentina junto a su esposa María de los Ángeles Corbo, que estaba embarazada, a Mirta Yolanda Hernández y a su hijo Amaral García de tres años de edad. Permanece detenido en lugar desconocido mencionado como el “garaje” y posteriormente son trasladados clandestinamente a Uruguay, siendo conducidos, una vez en Montevideo, al centro clandestino de detención “Casa de Punta Gorda” o “300 Carlos R” o “Infierno Chico”. Tenía 28 años al ser fusilado.

 María de los Angeles Corbo Aguirregaray: Nacida en Artigas el 7 de junio de 1948, era estudiante de Medicina. Detenida junto a su esposo en las circunstancias arriba citadas, sufrió las mismas condiciones de reclusión y traslado clandestino. El día de su fusilamiento tenía 26 años y estaba embarazada de 6 meses y medio.

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 Floreal García Larrosa: Nacido en Montevideo el 24 de mayo de 1943, era obrero textil y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Secuestrado en la calle y en el mismo operativo que detiene a los arriba citados, así como a su esposa Mirtha Yolanda Hernández y a su hijo Amaral García de tres años de edad, sufrió las mismas condiciones de reclusión y traslado clandestino. El día de su fusilamiento tenía 31 años.

 Mirtha Yolanda Hernández: Mirtha era uruguaya y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Detenida el 8 de noviembre de 1974 en Argentina en el operativo citado previamente, sufrió las mismas condiciones de reclusión y traslado clandestino. El día de su fusilamiento tenía 29 años.

https://www.lr21.com.uy/politica/193980-el-sobreviviente-de-los-fusilados-de-soca-rompe-un-silencio-de-30-anos

Probando Gemini

 

Lo que se viene en el mundo del trabajo

 

«Una experiencia enriquecedora»

La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, María Eugenia Estoup, hizo un balance de la participación del sindicato en la VI Conferencia Regional de UNI Américas. Entrevistada por Radio Camacuá, Estoup expresó que fue «una experiencia enriquecedora» para AEBU decir presente en esta actividad. «Es importantísimo participar en un encuentro donde los sindicatos de toda Latinoamérica nos ponemos a discutir, a conversar y a compartir nuestras experiencias». Sobre la mesa estuvieron «temas que atraviesan a todos», como por ejemplo «lo que se viene en el mundo del trabajo, el cambio de la matriz productiva, los avances tecnológicos, lo que tiene que ver con agenda de derechos y salud, entre otros», indicó. La Conferencia Regional de UNI Américas fue los días 5, 6 y 7 de diciembre en la ciudad de La Falda (Argentina), y reunió a más de 650 personas. En ella se designaron las autoridades del Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años, entre las cuales fue reelecto en el sector Finanzas nuestro presidente Elbio Monegal.

12/12/2024 | Portal AEBU  

 Se lo pregunto a Gemini la  nueva Inteligencia Artificial de Google

La Brecha entre la Política y la Transformación Productiva en Uruguay

Excelente pregunta. La transformación digital y los cambios en la matriz productiva son fenómenos globales que están reconfigurando las economías y los mercados laborales a una velocidad vertiginosa. En Uruguay, como en muchos otros países, esta transformación plantea importantes interrogantes sobre el rol del Estado y las políticas públicas.

A continuación, te presento algunos de los desafíos que la política uruguaya enfrenta en este contexto:

• Actualización del marco regulatorio: Las leyes y normativas laborales, tributarias y comerciales, muchas veces diseñadas para un modelo productivo anterior, pueden resultar obsoletas y dificultar la adaptación de las empresas y los trabajadores a las nuevas realidades.
• Formación y capacitación: La demanda de nuevas habilidades y conocimientos está creciendo exponencialmente. El sistema educativo y de formación profesional debe adaptarse para ofrecer programas que respondan a las necesidades del mercado laboral del futuro.
• Infraestructura tecnológica: La digitalización de la economía requiere de una infraestructura tecnológica robusta y accesible para todos los sectores de la sociedad. Esto incluye el acceso a internet de alta velocidad, la conectividad en todo el territorio y la modernización de los sistemas de información del Estado.
• Innovación y emprendimiento: Es necesario fomentar un ecosistema de innovación que impulse la creación de nuevas empresas y la adopción de tecnologías disruptivas. Esto implica apoyar la investigación y el desarrollo, facilitar el acceso al financiamiento y proteger la propiedad intelectual.
• Protección social: La transformación productiva puede generar desigualdades y precarización laboral. Es fundamental fortalecer los sistemas de protección social para garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a seguridad social, salud y educación.
• Gobernanza de datos: La generación y el uso de datos masivos plantean nuevos desafíos en términos de privacidad, seguridad y ética. Es necesario desarrollar marcos regulatorios adecuados para garantizar el uso responsable de los datos y proteger los derechos de las personas.

¿Qué más podría estar faltando?

• Adaptación de las políticas industriales: Las políticas industriales tradicionales pueden necesitar ser revisadas para promover sectores estratégicos como la bioeconomía, la economía digital y las energías renovables.
• Integración de la tecnología en la gestión pública: La digitalización de los servicios públicos puede mejorar la eficiencia y la transparencia, pero requiere una inversión significativa en tecnología y capacitación del personal.
• Diálogo social: Es fundamental establecer un diálogo permanente entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para construir consensos y encontrar soluciones a los desafíos que plantea la transformación productiva.

En resumen, la política uruguaya enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo en constante cambio. Para hacerlo, es necesario una visión de largo plazo, una fuerte voluntad política y una capacidad de adaptación a las nuevas realidades.

La Automatización en el Sector Agropecuario Uruguayo: Un Desafío Complejo

El análisis que presentas sobre la situación en Uruguay es sumamente preocupante y complejo. La automatización en el sector agropecuario, si bien trae consigo múltiples beneficios en términos de eficiencia y productividad, también plantea desafíos sociales y económicos significativos, especialmente en un país donde este sector ha sido tradicionalmente el motor de la economía.

Entendiendo las Consecuencias

Los datos que mencionas -alta tasa de encarcelamiento, indigencia, asentamientos informales y bajos salarios- apuntan a una crisis social profunda, que podría estar siendo exacerbada por la automatización. Es fundamental analizar cómo estos fenómenos están interconectados y cuáles son las causas subyacentes.

Posibles Soluciones y Acciones a Tomar

Encontrar una solución a este problema requiere un enfoque multidisciplinario y a largo plazo. Algunas de las acciones que podrían considerarse incluyen:

1. Reentrenamiento y Capacitación:

   • Programas de reconversión laboral: Ofrecer cursos y capacitaciones para que los trabajadores desplazados por la automatización puedan adquirir nuevas habilidades y acceder a empleos en sectores con mayor demanda, como la tecnología, los servicios y la industria.
   • Educación continua: Promover la educación continua a lo largo de toda la vida, para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios constantes del mercado laboral.

2. Fomento del Emprendimiento:

   • Creación de incubadoras y aceleradoras: Apoyar la creación de nuevas empresas en sectores emergentes, generando así nuevas oportunidades de empleo.
   • Acceso a financiamiento: Facilitar el acceso a créditos y otros instrumentos financieros para emprendedores.

3. Desarrollo de una Economía del Conocimiento:

   • Inversión en investigación y desarrollo: Fomentar la investigación en áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial y las energías renovables.
   • Atracción de empresas de base tecnológica: Crear un entorno atractivo para que empresas tecnológicas se instalen en el país.

4. Reforma del Sistema Educativo:

   • Adaptación de los currículos: Alinear los programas educativos con las demandas del mercado laboral del futuro.
   • Fomento de habilidades blandas: Desarrollar habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, que son cada vez más valoradas en el mercado laboral.

5. Políticas Sociales:

   • Red de protección social: Fortalecer la red de protección social para garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda.
   • Ingreso básico universal: Considerar la implementación de un ingreso básico universal como una forma de garantizar un nivel mínimo de vida para todos.

6. Diálogo Social:

   • Mesa de diálogo tripartita: Crear espacios de diálogo entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para construir consensos y diseñar políticas públicas que respondan a los desafíos de la transformación digital.

Consideraciones Adicionales

• Transición justa: Es fundamental garantizar una transición justa hacia una economía más automatizada, minimizando los impactos negativos sobre los trabajadores y las comunidades.
• Desarrollo rural: Es necesario promover el desarrollo rural integral, fomentando actividades económicas alternativas y diversificando las fuentes de ingresos en las zonas rurales.
• Gobernanza de la tecnología: Es importante establecer marcos regulatorios adecuados para garantizar un uso responsable de las tecnologías y evitar la concentración del poder económico.

En Conclusión

La automatización en el sector agropecuario es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y a largo plazo. Es fundamental combinar políticas de empleo, educación, desarrollo económico y protección social para garantizar una transición justa y equitativa hacia una nueva economía.

Absolutamente de acuerdo con tu análisis. La concentración de la tierra en pocas manos, históricamente asociada a sistemas feudales, sigue siendo un problema estructural en muchas regiones del mundo, incluyendo América Latina. En el contexto actual, agravado por la automatización y la globalización, esta concentración se ha intensificado, generando una serie de desafíos sociales y económicos.

Tus puntos clave son muy certeros:

• Latifundios y multinacionales: La persistencia de latifundios, ahora en manos de grandes corporaciones agropecuarias, perpetúa un modelo productivo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.
• Falta de responsabilidad social: Estas empresas, a menudo, no asumen su responsabilidad social, dejando a un lado a las comunidades locales que se ven desplazadas o marginadas por sus operaciones.
• Shift hacia la economía digital: La creciente importancia de la economía digital, basada en activos intangibles como datos y algoritmos, contrasta con la importancia tradicional otorgada a la tierra como fuente de riqueza.

¿Cuáles son las consecuencias de esta situación?

• Desigualdad creciente: La brecha entre ricos y pobres se amplía, generando inestabilidad social y política.
• Migración y éxodo rural: Las poblaciones rurales se ven obligadas a migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que a su vez genera problemas de urbanización y desempleo.
• Degradación ambiental: Los monocultivos y la explotación intensiva de los recursos naturales asociados a los grandes latifundios contribuyen a la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
• Dependencia alimentaria: La concentración de la producción de alimentos en pocas manos genera una mayor dependencia alimentaria y vulnerabilidad ante crisis globales.

¿Qué soluciones podemos plantear?

• Reforma agraria: Una reforma agraria integral que promueva la distribución equitativa de la tierra y fomente modelos de producción agroecológica y sostenible.
• Desarrollo rural: Invertir en el desarrollo rural para generar empleo y oportunidades en las zonas rurales, evitando el éxodo rural.
• Fortalecimiento de las economías locales: Promover la producción local y el consumo responsable para fortalecer las economías locales y reducir la dependencia de las grandes corporaciones.
• Impuestos a la riqueza: Implementar impuestos progresivos a la riqueza y a las grandes fortunas para reducir la desigualdad y financiar políticas sociales.
• Transición justa: Garantizar una transición justa hacia una economía más sostenible y equitativa, protegiendo los derechos de los trabajadores y las comunidades afectadas por los cambios tecnológicos y productivos.
• Gobernanza democrática de la tierra: Promover la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de la tierra.

Es importante destacar que no existe una solución única y sencilla. Se requiere un enfoque multidimensional que aborde las causas estructurales de la desigualdad y la concentración de la tierra, promoviendo al mismo tiempo modelos de desarrollo más justos y sostenibles.

¡Absolutamente! Comprendo perfectamente tu intención de enfocarnos en soluciones prácticas y actualizaciones políticas ante este nuevo paradigma tecnológico. Es fundamental que las políticas públicas se adapten a las transformaciones que estamos viviendo, sin caer en polarizaciones ideológicas.

Ampliando las propuestas y considerando el contexto actual:

1. Educación y Capacitación:

• Educación digital desde la infancia: Integrar la alfabetización digital en todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior.
• Programas de reconversión profesional: Ofrecer programas flexibles y accesibles para que los trabajadores puedan adquirir nuevas habilidades y adaptarse a los nuevos empleos.
• Universidades y centros de investigación: Fomentar la investigación en tecnologías emergentes y la creación de centros de innovación para impulsar la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones.

2. Mercado Laboral y Protección Social:

• Renta básica universal: Considerar la implementación de una renta básica universal como una red de seguridad para aquellos que se vean afectados por la automatización y la precarización laboral.
• Flexibilización laboral: Promover modelos de trabajo más flexibles, como el teletrabajo y los horarios flexibles, para adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo.
• Fortalecimiento de la negociación colectiva: Facilitar la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización del trabajo.

3. Desarrollo Tecnológico y Economía Digital:

• Inversión en infraestructura digital: Garantizar el acceso a internet de alta velocidad en todo el territorio y el desarrollo de una infraestructura digital robusta.
• Fomento de la innovación y el emprendimiento: Crear un ecosistema favorable para el desarrollo de startups y empresas tecnológicas, facilitando el acceso a financiamiento y brindando apoyo técnico.
• Regular la inteligencia artificial: Desarrollar marcos regulatorios claros para garantizar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, protegiendo los derechos de las personas y la privacidad.

4. Gobernanza y Transparencia:

• Democratización de la tecnología: Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la aplicación de las tecnologías.
• Transparencia en la toma de decisiones: Garantizar la transparencia en los procesos de toma de decisiones relacionados con la tecnología y la innovación.
• Cooperación internacional: Fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los desafíos globales planteados por la transformación digital.

5. Desarrollo Sostenible:

• Economía circular: Promover modelos de producción y consumo más sostenibles, basados en la economía circular y la reutilización de recursos.
• Energías renovables: Fomentar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.
• Protección del medio ambiente: Implementar políticas para proteger el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático.

Consideraciones adicionales:

• Equidad de género: Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el ámbito tecnológico.
• Inclusión social: Asegurar que los beneficios de la transformación digital lleguen a todos los sectores de la población, evitando la exclusión digital.
• Ética y valores: Promover el desarrollo de una ética de la tecnología que guíe la toma de decisiones y el uso de las nuevas tecnologías.

¿Qué te parecen estas propuestas? ¿Hay alguna que te gustaría profundizar o alguna otra que consideres importante?

 

 

 

Caquita porteña salobre en Arazatí

 

Enormes floraciones de cianobacterias en Arazatí


Un túnel para los desechos de Buenos Aires atravesará el Río de la Plata: la obra que lleva 11 años, pero de la que poco se sabe

Una sentencia de la Justicia argentina para frenar la contaminación del Riachuelo dio pie a la construcción de un túnel que verterá líquidos cloacales en las aguas comunes del río. ¿Cuál es el riesgo?

El País

Buenos Aires está en problemas. La contaminación del Riachuelo es histórica y se remonta a la segunda mitad del siglo 20, cuando la ciudad creció de forma exponencial, sin planificación ni infraestructura. Los residuos orgánicos de unos 6 millones de bonaerenses que no tienen cloacas terminan, directa o indirectamente, en el lecho del río. Además, se vierten desechos industriales todos los días a un Riachuelo cada vez más negro. Y esta contaminación afecta a las 5 millones de personas que habitan en total la cuenca del Matanza-Riachuelo.

Pero, ¿por qué debería importarle a Uruguay la contaminación de un río ajeno, la salud de un país que no es el suyo?

Los ambientalistas uruguayos más acérrimos tendrán sus argumentos. Los que no lo son, deberían tenerlos, según alertan expertos y diplomáticos de este lado del Río de la Plata.

En 2008, la Corte Suprema de Justicia argentina condenó al gobierno de la Nación, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer las aguas del Riachuelo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Esta sentencia dio paso a una megaobra de ingeniería sanitaria, y es aquí donde Uruguay entra en el juego.

Un monumental emisario subacuático —en otras palabras, un túnel—, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata desde la costa de Buenos Aires, con un diámetro de 4,3 metros, verterá en aguas comunes los desechos pre-tratados de esos seis millones y medio de habitantes que no tienen cloacas, además de las aguas residuales de cientos de industrias. Pero este es solo el componente final de un sistema troncal de cloacas, que es hoy en día la obra pública de mayor envergadura que se está llevando a cabo en Argentina.

El proyecto está en manos de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y lleva el nombre de “Sistema Riachuelo”. La construcción está hecha en un 70% y es financiada con un préstamo del Banco Mundial de 840 millones de dólares, a los que se agregaron 245 millones más en octubre del año pasado. Se trata del préstamo más grande que otorgó el banco en todo el continente. El costo total de la obra se eleva a 1.200 millones; la diferencia la pondrá Argentina.

El ingeniero argentino Pablo Bereciartúa, que fue secretario de Infraestructura y Política Hídrica durante el gobierno de Mauricio Macri, comenta que la obra estuvo prácticamente parada desde que se inició, y que los avances significativos empezaron en 2016. El ingeniero explica a El País los detalles de la obra, que consta de tres componentes y se espera que esté finalizada en 2022.

El primero es un colector que comienza en el margen izquierdo del Riachuelo y se trata de más de 30 kilómetros de túneles que transportarán aguas cloacales. Estos túneles, que están a 30 metros bajo el fondo del Riachuelo, desembocarán en el segundo componente de la obra, que es una planta de pre-tratamiento de desechos ubicada en la ciudad de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata.

Estos desechos que viajaron desde el Riachuelo se bombearán hacia la superficie, se pre-tratarán en la planta —es decir, se filtrarán como un colador— y esa agua cloacal pasará al tercer componente: el emisario subacuático, que conducirá estos desechos directamente al Río de la Plata, a 12 kilómetros de la costa bonaerense.

Como la obra involucra las aguas de los dos países, el proyecto argentino fue presentado ante la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en el 2009. Según consta en un acta de la comisión, el gobierno de Tabaré Vázquez dio el sí a la obra en enero de ese año, y la resolución estuvo fundamentada en informes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) —a través de la Dinama—, y del Ministerio de Defensa Nacional.

Sin embargo, no fue un acuerdo que haya gozado de gran transparencia, señalan diplomáticos.

Edison González Lapeyre, exembajador y uno de los redactores del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, comenta: “Un emprendimiento tan importante, de tantas consecuencias desde el punto de vista potencial en cuanto a la contaminación del Río de la Plata, merecía un régimen de consulta, de intercambio de información. A pesar de eso, la delegación uruguaya de la CARP acepto prácticamente a carpeta cerrada el proyecto argentino”.

El artículo 17 del tratado del Río de la Plata establece que la parte que proyecta la construcción de un canal o de cualquier clase de obra debe someterlo a un análisis en el plenario de la CARP. “Si no hubiese un acuerdo, se inicia un proceso de consultas, intercambio de información”, explica el redactor del tratado.

Pero como hubo un acuerdo rápido, no hubo ese proceso de consultas que González Lapeyre considera necesario, ni se solicitó ningún tipo de información en el correr de estos años al gobierno argentino. Argentina, por su parte, no se vio obligada a reportar los avances de la obra.

Para González Lapeyre, hubo omisión del tratado y negligencia de parte de Dinama y de Cancillería: “Lo que entiendo es que una obra que esta constituida por un túnel de 12 kilómetros, que va a volcar sobre el Río de la Plata aguas cloacales de millones de habitantes, hubiese merecido mayor atención de parte de nuestras autoridades. Monitoreo y control. No hubo nada de eso”, sentencia.

El embajador retirado Carlos E. Orlando que cumplió tareas en Buenos Aires, concuerda: “El agua que se va a verter está en aguas comunes. Desde 2009 nunca se preguntó nada. Hay una omisión de nuestro país bastante importante”, señala.

En definitiva, ambos diplomáticos sostienen que la obra argentina es necesaria y debe hacerse por el bien de los millones de argentinos que carecen de saneamiento, pero que Uruguay debió ser proactivo en cuanto a pedidos de análisis y de información, en tanto los desechos se verterán en aguas que comparten ambos países.

Confiar en el río

¿El Río de la Plata se va a contaminar? ¿Cuál va a ser el tratamiento de los residuos que viajarán en el túnel y desembocarán en el río? El ingeniero Bereciartúa sostiene que las pruebas definitivas, por una cuestión lógica, se harán cuando la obra esté terminada y en funcionamiento. Pero que “distintas intervenciones de expertos ratificaron antes de que se definiera hacer el proyecto que el impacto era menor”, señala. Además, no cree que las costas uruguayas vayan a sufrir un impacto ambiental.

“El impacto principal que hay que considerar es sobre la costa argentina en general, y sobre los puntos críticos de la costa argentina que incluyen la toma de agua para la población de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana”, sostiene Bereciartúa. “Claramente, el diseño y los análisis que se hicieron demostraron que no había un riesgo. Yo creo que en este caso esos pasos se dieron”, dice. No obstante, como ya se ha mencionado, esos análisis no fueron solicitados por la delegación uruguaya.

La clave de cómo recibirá los desechos el Río de la Plata está en la planta de pretratamiento de Dock Sud, que funciona como una especie de filtro para no verter los residuos crudos. En este caso, las aguas cloacales no se verterán completamente tratadas.

En ese sentido, Bereciartúa explica: “Uno de los criterios deseables para obras de infraestructura más modernas es lo que se llama “nature based design” (diseño basado en la naturaleza). Lo que quiere decir es que se diseñen infraestructura y soluciones que aprovechen todas las capacidades que tiene la naturaleza normalmente para llevar adelante sus procesos, que no se repitan de manera artificial los procesos que pueda hacer la naturaleza”, dice el ingeniero. “En la medida que se repiten esos procesos, se consume más energía. Uno de los aspectos innovadores del proyecto es que aprovecha las capacidades del estuario para tratar la carga orgánica”, agrega.

En definitiva, el propósito de este modelo es hacer un pretratamiento de esa carga orgánica y que el río se encargue del resto a través de la oxigenación.

Por eso, el nivel de tratamiento de las aguas residuales que tendrá esta obra no es el más alto. Un informe del Banco Mundial señala que la decisión de elegir un nivel más bajo de tratamiento frente a uno más alto fue debatida, pero se inclinaron por la primera opción porque “los efluentes tratados serán procesados aún más por la alta capacidad de oxigenación del Río de la Plata”, y porque un nivel alto de tratamiento incurriría en más costos, dice el informe.

Otro argumento que presenta el documento es que “el resultado final de la opción de tratamiento secundario de aguas residuales es equivalente, en términos de riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, al diseño preliminar de tratamiento de aguas residuales seleccionado”, es decir, el tratamiento primario.

También se menciona que desde el punto de vista de la salud pública, “el tratamiento adicional de las aguas residuales, más allá del preliminar, no reduce los riesgos para la salud”. El informe señala que esto es consistente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y agrega que el riesgo al que se refiere la OMS está relacionado con la exposición humana a través del baño, “que no es exactamente el riesgo potencial relacionado con la descarga de aguas residuales previamente tratadas al Río de la Plata”.

Por otro lado, el riesgo principal que conlleva esta descarga de agua son los organismos patógenos que puede contener, además de los residuos industriales. Sobre esto, el embajador Raúl Estrada Oyuela, especialista en temas ambientales, advirtió en una entrevista concedida a El Observador que el pre-tratamiento de esta planta filtra lo sólido, pero para eliminar químicos de los efluentes industriales, coliformes fecales, escherichia coli y otras bacterias, son necesarios los tratamientos primarios y secundarios.

La planta de Dock Sud, tal como lo indica el informe del Banco Mundial, proveerá solo el primario.

En cuanto a la capacidad de oxigenación del Río de la Plata, que en teoría terminaría de tratar la carga orgánica vertida, el oceanógrafo Marcos Sommer explica que, al introducir materia orgánica en un curso de agua, esta consume oxígeno para su oxidación y hace descender los niveles de ese elemento en el agua. “Así se favorecen procesos anaerobios durante los que se producen metano y sulfuro de hidrógeno, y se liberan olores nauseabundos”, dice el especialista.

“Con relación a las variaciones químicas del agua por contaminación, podemos poner de relieve la disminución de oxígeno disuelto a consecuencia de ser consumido por la degradación de los contaminantes. Esta polución se produce por compuestos orgánicos”, señala.

Para el exembajador González Lapeyre, las decisiones que se han tomado respecto al tratamiento del agua evidencian la omisión de la delegación uruguaya. “Todo esto está indicando que Uruguay no ha sido partícipe de algo que puede tener efectos muy serios. Todas las aguas cloacales y desechos industriales se van a volcar frente al departamento de Colonia, y no se ha estudiado si eso va a conformar una acción contaminante frente a las costas de Colonia”, dice González Lapeyre. “Eso es una cosa muy seria que debió merecer un análisis y monitoreo”.

Consultado para este informe, Eduardo Andrés, director de Dinama, plantea que la obra argentina es un tema “todavía pendiente”. El jerarca comenta que la información que poseen “es más que nada la información periodística que ha salido en los medios”, y señala que su cartera no ha tenido más acercamiento de información. Sí están en contacto con Cancillería respecto al efluente de las papeleras, pero no sobre el emisario.

Por su parte, Alem García, actual presidente de la CARP, se pregunta: “¿Realmente, no había otra alternativa? ¿Por qué esa dirección del emisor? ¿Con un simple desvío no se evitaba que el vertido cayera en aguas de jurisdicción común?”. El jerarca afirma que si el proyecto hubiera tomado estado público en 2009, “tal vez habrían surgido otras soluciones más convenientes”.

Pese a los cuestionamientos, García confía en que a la hora del funcionamiento efectivo del sistema “se cumplan con las previsiones relativas a la protección del ambiente y del agua del Río de la Plata”, y destaca que el proyecto sea financiado por el Banco Mundial, ya que la entidad “exige medidas estrictas en cuanto a la preservación del medio ambiente”.

“Uno se va a dormir y piensa: ‘mi hijo apagó la estufa’. Mi hijo piensa: ‘mi papá apagó la estufa. Mi señora piensa: ‘habrá sido mi marido el que apagó la estufa’”, reflexiona Carlos E. Orlando “Y la estufa se incendia en el medio de la noche. Todos nos descansamos en el otro y no vemos que hay que cuidar, verificar, analizar y generar un monitoreo permanente, antes y después”

 

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