Otra vez el llamado de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos llenó de gente la Plaza Libertad y 18 de julio hasta Yaguarón.
En ambas veredas de 18 separados a mos metros de distancia carteles con fotos de desaparecidos.
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“Para nosotros es un momento muy relevante”, dijo Elena Zaffaroni, integrante de Familiares. Aseguró que las actas dejan en evidencia que los mismos militares que al enfrentarse a la Justicia dijeron no saber nada habían participado en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Zaffaroni dijo que los mandos militares, a lo largo de varios períodos de gobierno mintieron al asegurar que “no encontraron ni tienen forma de encontrar nada”.
“Más grave que lo que dicen los militares, es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares, los generales en los Tribunales de Honor, no sólo oyen esas cosas, sino que tratan de evitar que consten en actas, no repreguntan”, aseguró Ignacio Errandonea, integrante de Familiares. “Estas actas nos revelan las mentiras de todos los mandos militares”, dijo, y aseguró que es una demostración de las Fuerzas Armadas (FFAA) que tenemos hoy. “Tenemos un ex comandante en jefe que está reivindicando el accionar de las FFAA durante el período de la dictadura, que se dedica sistemáticamente a atacar a la Justicia y es senador de la República”, dijo en referencia a Manini Ríos.
Errandonea contó que al final del período anterior de gobierno, Familiares pidió la información y la respuesta que recibieron fue que presentaran un pedido de acceso a la información. “Los tiempos no daban, porque ya iba a cambiar el gobierno, por lo tanto decidimos hacer la solicitud a este gobierno”, relató, y aclaró que las actas no están en el MDN sino en el Comando General del Ejército, por lo que aún falta material por entregar.
Zaffaroni enfatizó que es necesario que el Parlamento vote el desafuero de Manini, porque es este órgano el que “decide si puede comparecer o no ante la Justicia, como cualquier ciudadano”, también aclaró que todo el material fue entregado a Fiscalía y a todos los parlamentarios.
En tanto, Alba González agradeció el trabajo de las personas más jóvenes: “Las madres que vamos quedando estamos viejas y ellos trabajan y llevan adelante esto”, manifestó, y agregó que la búsqueda de la verdad es para Familiares y para la sociedad toda, “porque un país sin Justicia no puede avanzar”.
Nilo Patiño, otro de los integrantes de Familiares, expresó: “A todos los gobiernos hemos reclamado conocer la verdad porque sin verdad no hay Justicia, no se puede juzgar una cosa que no se conoce, lo que pasa hoy es que vamos conociendo parte de la verdad como un rompecabezas. Hemos criticado a los gobiernos anteriores por la opacidad en los procedimientos, no sólo de los Tribunales de Honor, sino de las Fuerzas Armadas. Hoy reclamamos lo mismo”.
>>> Tres notas de Samuel Blixen salieron en Brecha
Del coronel Vázquez al general Manini, una cadena de complicidadesAlto honor
Samuel Blixen
La difusión de las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez (el excoronel de inteligencia condenado por la comisión de 28 homicidios) fue calificada como una expresión de transparencia por voceros del gobierno y como una operación política por parte de la oposición. Es posible que ambas apreciaciones sean ciertas y convivan en una tumultuosa coyuntura signada por la disyuntiva de suspender –o no– los fueros parlamentarios al senador Guido Manini, con sus efectos en la ya frágil consistencia de la coalición, en la interna del partido militar y en la interna de la oficialidad del Ejército, en la cual mandos medios blancos se enfrentan a Tenientes de Artigas y cabildantes.
Hay quienes sostienen que la entrega del expediente del tribunal de honor a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que lo había solicitado mediante un pedido de acceso a la información– fue una carambola a tres bandas, en la que el taco golpea una bola, pero no se sabe si la tronera en la que cae es la que se había elegido.
Para despejar intenciones hay que reconstruir la secuencia. En junio pasado, Familiares cursó el pedido de acceso para obtener los expedientes de los tribunales de honor contra José Gavazzo, Ernesto Ramas, Luis Maurente, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez. Dos meses después, el 11 de agosto, el Ministerio de Defensa remitió dos expedientes, el de Gavazzo y el de Vázquez. ¿Fue inocente la elección? Dos semanas después, el viernes 28, Familiares difundió el contenido del tribunal de Vázquez, pero la tarde anterior fue entregada esa información en un pendrive a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y esa misma tarde el periodista Leonardo Haberkorn difundía las revelaciones más impactantes en una nota escrita para la edición web de El Observador.
Antes de que anocheciera, el senador blanco Gustavo Penadés anunciaba que impulsaría la discusión del contenido de las actas en la Comisión de Derechos Humanos (adonde sería citado el expresidente Tabaré Vázquez) y el ministro de Defensa, Javier García, ante los horrores de las confesiones de Vázquez, decidía remitir toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación.
El lunes 31, el ministro revelaba que una solicitud similar formulada por Familiares había sido cursada en mayo de 2019 al ministerio que encabezaba José Bayardi, quien no facilitó los expedientes (tampoco los facilitó cuando Betania Núñez, de Brecha, los solicitó en 2016).
En una nueva intervención a propósito de la entrega de nueva documentación a Familiares, García afirmaba que todo el expediente del tribunal estuvo en conocimiento de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y del presidente Vázquez. A partir de ese momento, la discusión política giró en torno a si la ministra accedió a todas las actuaciones o si sólo recibió un memorándum para la homologación del fallo, que evitó detallar las confesiones de crímenes cometidos por Gilberto Vázquez. Así, el peso de la responsabilidad derivó hacia el Frente Amplio, cuyos voceros denunciaron la operación política para desviar la atención del trámite del desafuero a Manini.
El hilo defensivo de la actuación del Frente Amplio (FA) en estos episodios de 2006 manejó diversos argumentos, algunos sólidos, otros menos, pero ninguno tan llamativo como el esgrimido por el presidente del FA, Javier Miranda, y luego también por Bayardi, que atribuyeron todo a una «operación de inteligencia militar». Cuesta creer que, para denostar al FA, la inteligencia militar estuviera dispuesta a poner en evidencia todos sus trapos sucios y a exponer a los mandos militares desde 1989 hasta 2005 por su responsabilidad en aquello que Gilberto Vázquez confesó, ya que, como explicó con cierta ingenuidad a los generales del tribunal: «Se los cuento porque esto no llega al Poder Ejecutivo». Más efectiva es la coartada del senador Manini: cuando los terroristas no son inocentes y confiesan, entonces están locos.
Porque de eso se trata, y es a lo que nadie, salvo Familiares, le ha hincado el diente hasta ahora: la responsabilidad de los mandos militares y la posibilidad de investigar a partir de las confesiones de Vázquez, que, hay que decirlo, permanecieron secretas desde 2006.
En primer lugar, la responsabilidad de los generales que integraron el tribunal de honor – Héctor R. Islas, Juan C. Couture y Juan J. Giorello–, que, empeñados en obtener del coronel Vázquez la admisión de que había faltado a su palabra de honor cuando se fugó del Hospital Militar (razón de la instalación del tribunal), no repreguntaron acerca de las confesiones de asesinatos y torturas; Vázquez explícitamente afirmó que había asesinado, desaparecido y torturado a prisioneros (episodios que habitualmente alteraban su sueño) y que lo había hecho cumpliendo órdenes. Pese a la confesión, estos generales omitieron suspender las actuaciones para dar cuenta de esas revelaciones que, según el artículo 77 de la ordenanza, merecían ser denunciadas ante la justicia penal. Cuando Vázquez afirmó que había operado durante dos años en Argentina, con conocimiento de sus superiores, que había estado en el centro clandestino de detención Automotores Orletti y que, salvo el traslado a Uruguay de María Claudia García de Gelman, había participado en todos los episodios contra uruguayos en aquel país (incluido el «segundo vuelo» en el que desaparecieron más de una veintena de prisioneros), los generales Islas, Couture y Giorello no reaccionaron en absoluto, aun cuando esa afirmación implicaba su conocimiento y eventual participación en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros.
Por consiguiente, también cabe señalar la responsabilidad del general Carlos Díaz, comandante del Ejército, a quien los generales del tribunal de alzada, Dardo Grossi, Daniel Castellá y Wile Purstcher, informaron sobre las confesiones (que Vázquez ratificó y amplió en su fundamentación de apelación), pese a lo cual, ordenó continuar las actuaciones sin dar información a la Justicia.
En su comparecencia ante el juez Luis Charles, en 2007, el general Díaz dijo, con total impunidad, desconocer los nombres de los oficiales que habían actuado en Argentina, cuando un año antes había recibido la confesión de Vázquez de que había operado durante dos años en el exterior y cuando fue él quien impulsó una negociación para que Jorge Silveira, Ernesto Ramas y el propio Vázquez asumieran la autoría por la desaparición de Adalberto Soba, precisamente secuestrado en Argentina y luego desaparecido (véase «El fallido plan de entrega»).
En el rosario de responsabilidades militares hay que sumar los nombres de los generales del Ejército que en 1989 integraban la Junta de Oficiales Generales y que, según contó Gilberto Vázquez, le propusieron organizar los asesinatos del dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo Hugo Cores, del dirigente comunista León Lev y del dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Eleuterio Fernández Huidobro (objetivos acordados con un general representante de la Junta), ante las versiones que indicaban que habría atentados por parte de la izquierda. Dichos atentados nunca ocurrieron, pero sí hubo ataques con bomba contra Cores, el estudio de Julio María Sanguinetti y la residencia del vicealmirante James Coates.
En sus declaraciones ante el tribunal de honor, Vázquez explicó que su intención, al fugarse en 2006 del Hospital Militar, era pasar a la clandestinidad para iniciar acciones armadas, incluido el asesinato del entonces presidente Vázquez. Esa intención expresa no impidió que, en diciembre de 2014, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abogara enfáticamente por la restitución de la totalidad de la jubilación a Gilberto Vázquez, en función de la buena conducta que había mantenido en prisión durante más de cinco años. Respondiendo a quienes lo criticaban, Fernández Huidobro argumentaba: «No se entiende qué es lo que reclaman: ¿el incumplimiento de la ley? ¿La incautación de los haberes jubilatorios de los presos? ¿Qué les peguemos? ¿Qué los torturemos? ¿Qué persigamos a sus familias? ¿Hasta qué generación? ¿Hasta qué lazo de consanguinidad?». Por su buena conducta, Vázquez obtuvo, además de la restitución de la jubilación íntegra, el beneficio de la prisión domiciliaria; vive actualmente en Rivera, sin cumplir el plan que se proponía tras la fuga. Si, como sostuvo el ministro Javier García, la presidencia en 2006 recibió las actuaciones completas del tribunal de honor, hay que asumir que Tabaré Vázquez estaba en conocimiento de las intenciones asesinas de su tocayo hacia su persona.
En su argumentación de apelación ante el tribunal de alzada, el coronel Vázquez afirma en una carta de puño y letra: «En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, creo que debería ser juzgado por la justicia militar, pero debo destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército, durante el Proceso y en democracia, hasta el año pasado inclusive». Toda su justificación en el tribunal de honor se apoya en la reafirmación de que, lo que hizo, lo hizo cumpliendo órdenes y con el conocimiento de sus superiores (tan responsables como él en las «ejecuciones, secuestros y apremios»), y que ese mismo Ejército que lo felicitaba, después lo traicionó.
Si algo vincula este episodio con el que protagonizó el general Manini es el mecanismo de ocultamiento de las confesiones y la nebulosa sobre las responsabilidades civiles: Manini optó por ocultar la desaparición de Roberto Gomensoro, ejecutada por Gavazzo; Carlos Díaz optó por ocultar las confesiones del coronel Vázquez. En ambos episodios, el honor militar se agravia, en un caso, por la falta de solidaridad de un oficial respecto de su camarada preso «injustamente», y, en otro, por incumplir su palabra y fugarse disfrazado con peluquín. Por extensión, los asesinatos y desapariciones admitidas son honorables cuando las cometen los militares acatando órdenes.
En las dos conferencias de prensa de Familiares hubo reiterados reclamos de que el poder político le suspendiera los fueros parlamentarios al senador Manini. Consultado sobre si cree que Manini realmente está dispuesto a comparecer ante la Justicia, Errandonea reflexionó: «Si él hubiera querido comparecer, habría comparecido y su abogado no habría puesto las trabas que puso. Eso es como cuando éramos chicos [y uno decía]: “Agarrame, que lo mato”. Manini Ríos manifiesta la misma cobardía que han manifestado todos los militares». Nilo Patiño, a propósito de los ataques de Manini a la Justicia por procesar a militares «inocentes», dijo: «Gilberto Vázquez es uno de los inocentes de Manini».
Derivaciones judiciales
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó que las declaraciones de Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor sean anexadas a nueve causas penales por crímenes de la dictadura. Según el fiscal, estas declaraciones no pueden considerarse como una confesión, pero representan un indicio para esclarecer diversos crímenes cometidos por agentes del Estado.
En este marco, Perciballe considera que las declaraciones de Vázquez sobre su actividad en Argentina son relevantes en investigaciones que tienen su epicentro en ese país, entre ellas las torturas contra Enrique Rodríguez Larreta y Antonio Viana Acosta, y el caso de los fusilados de Soca. Asimismo, solicitó anexarlas a la causa que investiga delitos sexuales contra ex presas políticas y a la que indaga la muerte del militante tupamaro Edison Marin en 1972.
Estas actas también podrían incorporarse al expediente por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en el que se solicitó el procesamiento de Vázquez y de otros cuatro represores. Sin embargo, el fiscal estudia el resto de la información recibida sobre los tribunales de honor para definir si puede agregarse en otros causas aún abiertas por delitos del terrorismo de Estado.
Samuel Blixen
4 septiembre, 2020
La fuga del coronel Gilberto Vázquez del Hospital Militar en junio de 2006 –que dio lugar a la formación del tribunal de honor– es una secuela de los intentos del entonces presidente, Tabaré Vázquez, y de su secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, de negociar con los terroristas de Estado la información que pudiera facilitar la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos. Así como no prosperó el pedido presidencial –formulado por intermedio de tres generales– para que los oficiales involucrados en delitos de la dictadura aportaran la información, también fracasó la intermediación «oficiosa» del secretario de Presidencia para que los que habían enterrado a los desaparecidos «entregaran algunos huesitos» a cambio de una solución jurídica. Igual resultado tuvieron las gestiones del excomandante del Ejército, Ángel Bertolotti, para identificar a cuatro responsables de la desaparición y asesinato de María Claudia García de Gelman, según el compromiso del presidente Vázquez con el presidente argentino Néstor Kirchner.
LAS NEGOCIACIONES EN LA MANSIÓN DE AGRACIADA
En mayo de 2006, la eventualidad de una extradición a Argentina por delitos cometidos en el marco del plan Cóndor impulsó al presidente Vázquez a aceptar la sugerencia de que los requeridos fueran procesados, sí o sí, por delitos cometidos en Uruguay, para evitar la entrega. Esa alternativa fue la que generó una nueva negociación, esta vez con los coroneles Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas.
El escenario fue la mansión de la avenida Agraciada, asiento de la comandancia de la División de Ejército I, donde los tres coroneles permanecían en «arresto administrativo» desde que la jueza Aida Barreto, a comienzos de mayo, los hubiera convocado al juzgado para preguntarles si aceptaban voluntariamente ser extraditados. Los tres dijeron que no, y el comandante del Ejército, Carlos Díaz, se comprometió ante la jueza para que los coroneles permanecieran en dependencias militares mientras durara la prisión administrativa (unos 18 meses), en lugar de ser alojados en Cárcel Central.
Con matices, la convicción de los coroneles era que el Ejército allanaría una solución similar a la de «los Berríos», el teniente coronel Tomás Casella y el capitán Eduardo Radaelli, que permanecieron en libertad en junio de 1993, cuando se supo que habían desaparecido al agente chileno Eugenio Berríos. En el momento de la citación judicial, Gilberto Vázquez resultó inubicable, hasta que el comandante Díaz le mandó decir que habría una «solución Berríos» y accedió a presentarse.
Durante dos semanas de reclusión en la División I el ambiente se fue tensando, porque la solución no llegaba, y el 22 de mayo creció la expectativa cuando se enteraron de que Díaz tenía planeado cenar con el presidente Vázquez al día siguiente; dedujeron, correctamente, que se discutiría su caso.
En realidad, de la cena participaron, además del presidente y el comandante del Ejército, los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, el jefe de la Casa Militar y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. No estuvo presente –quizás no fue invitada– la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.
El miércoles 24, al mediodía, el comandante del Ejército se hace presente en la sede de la División I. Díaz le informa al general Manuel Saavedra, jefe de la División, que quiere tener una conversación reservada, secreta, con los coroneles. Saavedra le advierte que es difícil mantener el secreto cuando son muchos. Díaz se sienta detrás de una mesa larga, flanqueado por el jefe de la División y el general Walter Díaz Tito, que estaba accidentalmente de visita. Del otro lado, Silveira, Vázquez y Ramas.1
—A ustedes los quieren ver presos sí o sí –dice sin preámbulos el comandante del Ejército–. O ustedes son extraditados o se meten en una causa acá.
—¿Yo extraditado? –dice Ramas–. Yo nunca trabajé en la Argentina, no tengo nada que ver con Argentina, no tengo nada que ver con el caso Gelman. ¿Por qué tengo que hacerme cargo?
—No es que tenga que hacerse cargo –dice Díaz–. No le veo otra solución. Los quieren presos para evitar la extradición. Yo no voy a permitir la extradición. La única forma de impedir la extradición es que ustedes sean juzgados aquí.
—Pero los plazos para la extradición, ¿seguimos pensando en dos años? –pregunta Vázquez.
—Dieciocho meses –responde Díaz.
—Una causa acá… ¿qué causa? –pregunta Ramas.
—Están abriendo la causa de un tal Soba –dice Díaz.
—Yo no tengo nada que ver con Soba –retruca Ramas.
—Yo no le exijo nada, mi coronel –dice Díaz–. Es como lo estoy viendo yo. Es mi percepción de la cosa.
—Yo no acepto la extradición –dice Ramas–. Mi teniente general, no me mande el helicóptero, no me voy a subir al helicóptero, y le pido que no me mande a arrestar por soldados.
—Si nos procesan, ¿qué significa? –pregunta Vázquez.
—Bueno, cierto tiempo; ocho años, si se quedan, para que podamos manejar la cosa –dice Díaz–. Estarían procesados 25 días en Coraceros y después irían al Interior, a diferentes dependencias del Ejército.
—Para mí, personalmente, que tengo 61 años –dice Vázquez–, es pasar el resto de mi vida útil en una cárcel. Es cadena perpetua.
—Usted sabe que soy inocente –dice Ramas– y pretende que me acusen de vuelta de algo que no hice. Me sanciona como un aspirante y me pone ocho años. Mejor firme mi certificado de defunción.
—Soy milico –dice Díaz– y digo las cosas de frente.
—Mi coronel, tranquilo –dice Saavedra–. Esta situación es hoy, 24 de mayo a las 14.30, sé que es cambiante.
—Dejalo hablar al coronel –dice el general Díaz Tito.
—¿Se puede llevar a la familia? –pregunta Vázquez.
—Voy a hacer lo imposible –responde Díaz–. Voy a tratar de acondicionar un par de casas, una, tal vez, en San José, otra en Florida.
—¿Se va a poder vivir con la familia en la casa? –dice Silveira.
—Van a pasar 20 o 30 días en Coraceros, para tapar la cosa un poquito, y después ustedes van a ir y van a poder recibir a la familia allá y todo lo demás –dice Díaz.
—Teniente general –dice Ramas–, usted no me puede dar garantías porque mañana renuncia o lo relevan, viene otro comandante y dice: ¿y estos que están haciendo acá? Estos que se vayan para Cárcel Central, para el Comcar. De ningún modo, yo no acepto.
El comandante Díaz dio por finalizada la conversación. Esa noche los tres coroneles discutieron la situación. El general Raúl Gloodtdofsky habló con el coronel Vázquez y le confirmó que el plan incluía cárcel por ocho años; le dijo que se lo había oído decir al secretario de la Presidencia. Tenían la convicción de que la propuesta había sido formulada por el presidente Vázquez en la cena con los comandantes. (El general Díaz Tito después lo confirmó cuando declaró ante el tribunal de alzada.)
Los tres coroneles tenían la sensación de que el Ejército los estaba entregando, cuando ellos sólo habían cumplido órdenes. Esa sensación se robusteció cuando supieron que el general Gregorio Álvarez, en el juzgado, dijo desconocer qué era el OCOA y que nunca había conocido a los oficiales implicados.
Vázquez anunció que se fugaría; Silveira aclaró que él no se fugaba, y Ramas confesó que pensaba en suicidarse.
1. Actas 10, 11, 14 y 19 del tribunal de honor.
Hoy, en plaza Libertad
Para reiterar la vigencia de sus consignas principales por verdad y justicia, para reclamar la investigación de los delitos admitidos por el coronel Gilberto Vázquez en un tribunal de honor militar y para demandar la necesidad de que el Parlamento suspenda los fueros del senador Guido Manini, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca para hoy, viernes, a la hora 18, a una concentración en la plaza Libertad.
4 septiembre, 2020
A 35 años de recuperada la democracia, los saldos de la lucha contra la impunidad son extremadamente flacos, en especial si tenemos en cuenta que hemos avanzado en el conocimiento de cómo ocurrieron las cosas, pero no de quiénes las cometieron. Sabemos que hay casi 200 desaparecidos, pero sólo se rescataron cinco restos en Uruguay. Hubo una treintena de procesados, la mayoría de los cuales disfrutan de prisión domiciliaria, de un total de cientos de oficiales que participaron de la guerra sucia. Hay más de cien causas penales activas, pero casi todas están paralizadas. Y aquellas que avanzaron y culminaron haciendo justicia, lo hicieron por el esfuerzo titánico de las víctimas, de sus familiares y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las estructuras institucionales poco aportaron y bastante entorpecieron: el Parlamento con su ley de caducidad, los ministros de Defensa ocultando la información e, incluso, el Poder Judicial, donde el esfuerzo de algunos jueces se estrellaba contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La excepción a la regla es la gestión que viene realizando desde hace poco la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
Hay un concepto para resumir esta situación: omertà, el pacto de silencio militar que funcionó y sigue funcionando porque no hay voluntad política para desmantelarlo. Se puede ir muy atrás en la responsabilidad política, desde los días en que el presidente Sanguinetti afirmaba que en Uruguay no había desaparecidos ni niños robados, pasando por la renuncia de Jorge Batlle a sancionar a los ejecutores del asesinato de María Claudia García de Gelman («Sé que fue Ricardo Medina»), hasta este actual episodio del desafuero del general Manini, que una mayoría de senadores está dispuesta a descartar.
Como sostuvieron los integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ningún gobierno estuvo dispuesto a romper esa omertà buscando en los recodos de las estructuras estatales las pruebas que harían que ese pacto fuera inoperante. La verdadera voluntad política impediría ese juego pueril de los terroristas de Estado que mienten descaradamente ante los jueces (y, por tanto, ante sus víctimas) y después confiesan ante sus superiores.
Cuando surgen esas confesiones –como la de Gavazzo contando cómo tiró a la laguna de Paso de los Toros el cadáver de Roberto Gomensoro por orden del general Esteban Cristi o la de Gilberto Vázquez reivindicando las desapariciones del «segundo vuelo» aprobadas por sus superiores– se produce un sentimiento de horror, pero no un sentimiento de indignación por la impunidad inherente a esas confesiones. Frente a esos horrores está la justificación del coronel Ernesto Ramas: «Si yo llevo una mochila pesada, él [Gilberto Vázquez] lleva una de 500 quilos».
Ahí está la explicación: los oficiales son víctimas de las órdenes de sus superiores y la superioridad es víctima de las tareas que les encomendaron los políticos. Por tanto, investigar a fondo es desnudarnos, castigarlos a ellos es castigarnos. Los gobiernos blanco y colorado fueron fieles a la concepción de sostener la impunidad. Los gobiernos del Frente Amplio (FA) tuvieron, en cambio, una actitud más ambigua, que permite tanto aplaudir como criticar. Queda claro, sin embargo, que el FA no tuvo la voluntad, la valentía, de enfrentar el poder militar. No lo hizo cuando Tabaré Vázquez le ordenó al general Ángel Bertolotti que ubicara los restos de algunos desaparecidos, pero que no quería nombres; no lo hizo cuando respaldó las negociaciones secretas del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, con los terroristas de Estado; no lo hizo cuando permitió que el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, ocultara información y operara políticamente para defender a los Tenientes de Artigas; no lo hizo cuando emitió una clara señal a los jueces cuando el presidente José Mujica expresamente saludó y abrazó al general en actividad, Miguel Dalmao, que acababa de ser procesado.
Mal que les pese a los incondicionales, el cuadro no es blanco y negro.
La columna de Carlos Peláez.
Tres notas del periodista Samuel Blixen publicadas hoy en el semanario Brecha aportan información para mejor entender los conflictos políticos y militares desatados a partir de la difusión de las actas del Tribunal de Honor al que fue sometido el coronel retirado Gilberto Vázquez y que nos parece interesante repasar.
“La difusión de las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez (el excoronel de inteligencia condenado por la comisión de 28 homicidios) fue calificada como una expresión de transparencia por voceros del gobierno y como una operación política por parte de la oposición. Es posible que ambas apreciaciones sean ciertas y convivan en una tumultuosa coyuntura signada por la disyuntiva de suspender –o no– los fueros parlamentarios al senador Guido Manini, con sus efectos en la ya frágil consistencia de la coalición, en la interna del partido militar y en la interna de la oficialidad del Ejército, en la cual mandos medios blancos se enfrentan a Tenientes de Artigas y cabildantes, dice Blixen.
Luego el periodista revela detalles de una reunión realizada en mayo del 2006 en la sede de la División I del Ejército, después de una cena de la que participaron , el presidente Tabaré Vazquez , el comandante del Ejército, Carlos Díaz, los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, el jefe de la Casa Militar y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. No estuvo presente –quizás no fue invitada– la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.
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