Preocupa la señal política

Madres y Familiares sobre la unificación
de las Secretarías de Derechos Humanos:
 

“Preocupa profundamente la señal
política”

La asociación advierte que “se suprimen algunos
cometidos y se modifica la formulación y el alcance de
otros, lo que podría traducirse en una fragmentación,
dilución o pérdida de competencias institucionales”.

la diaria13 de julio de 2026
La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se pronunció este lunes
sobre la decisión del Poder Ejecutivo de unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, ambas dependientes de
Presidencia. El proceso de unificación coincide con el cese de Collette Spinetti como
titular de la primera secretaría, cargo que será ocupado por Iliana da Silva, quien hasta
ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia.

A través de un comunicado, Madres y Familiares reafirmó que “lo que falta es la decisión
política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y justicia”. En ese
sentido, se señala que “continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la
República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y
permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos”.

La asociación remarca que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven
mediante cambios de organigrama”, ya que “no son las nuevas estructuras administrativas
las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas”, sino “la voluntad política
–tantas veces ausente– capaz de materializar los compromisos nacionales e internacionales
asumidos por el Estado”. “Esa es la voluntad que continuamos reclamando”.

Con respecto a la resolución –plasmada en un decreto– que dispone el pasaje de la
estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado
Reciente a la Secretaría de Derechos Humanos, la asociación manifestó: “Sin perjuicio de
las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que
considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios
de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad vinculada al
pasado reciente”.
El anuncio lo realizó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el pasado viernes, en su
cuenta oficial de X. El jerarca dijo que “motivaron dicha decisión razones de mejor
servicio y la búsqueda de una mejor gestión”, y mencionó que “la mayoría de las
competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya habían
sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco
razonable mantener dos estructuras”. “Unificarlas permite racionalizar y optimizar los
recursos humanos y materiales asignados”, argumentó Díaz.

Para Madres y Familiares, “una decisión que afecta la forma en que el Estado aborda sus
obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación no debería adoptarse sin
un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que
desde hace décadas trabajan en esta materia”.

Sin abordar los “aspectos meramente administrativos” de la resolución, la asociación
manifestó que “preocupa profundamente la señal política que transmite esta
reorganización”, dado que “la integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el
Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de
su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas
públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas”.

Asimismo, se advierte que con el cambio “se suprimen algunos cometidos y se modifica la
formulación y el alcance de otros, lo que podría traducirse en una fragmentación, dilución
o pérdida de competencias institucionales”.

Por estos motivos, Madres y Familiares le solicita al Poder Ejecutivo que “informe
públicamente cuál será la estructura orgánica y funcional resultante”, así como “qué
recursos presupuestales, técnicos y humanos serán asignados, cuál será la situación del
funcionariado y de los equipos especializados, cómo se garantizará la continuidad de todas
las líneas de trabajo y qué mecanismos de participación y diálogo se establecerán con las
víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos”.

“La institucionalidad dedicada al pasado reciente no puede debilitarse, diluirse ni quedar
sujeta a formulaciones ambiguas. El Estado uruguayo debe fortalecerla y asegurar que
cuente con la jerarquía, la autonomía, las capacidades y los recursos necesarios para
avanzar efectivamente en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no
repetición”, concluye el comunicado.