jueves, 23 de marzo de 2017

Ordenamiento rural de Canelones





  Jueves 23 • Marzo • 2017
Plan de ordenamiento rural de Canelones deberá determinar qué tipo de producción se puede hacer


La Intendencia de Canelones (IC) inició un proceso de trabajo para tener, en marzo de 2018, un Plan de Ordenamiento Rural que permita gestionar los conflictos de interés que se dan en el ámbito rural canario. El departamento concentra casi 30% de la población rural del país y buena parte de los productores familiares, pero a la vez, en el territorio hay proyectos de agronegocio y un buen número de habitantes que no son productores pero que eligen el departamento para vivir, buscando un entorno más tranquilo que la capital del país. Los conflictos y las presiones son crecientes; basta mencionar los sonados casos de Paso Picón, Laguna del Cisne y La Armonía, donde emprendimientos del agronegocio han dañado el ambiente y la salud de los vecinos. “Se intenta ordenar el conflicto”, explicó el intendente canario, Yamandú Orsi, al presentar ayer el plan, en la ciudad de Canelones, ante funcionarios departamentales, municipales, ediles, parlamentarios -el senador Daniel Garín y el diputado Nelson Larzábal, ambos del Frente Amplio-, agrónomos y un buen número de productores. Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, saludó la concurrencia y expresó que “es un tema que despierta interés, preocupación, alegría, es una expresión de muchas situaciones”, y dijo que corresponde que los distintos intereses tengan su espacio en el proceso de elaboración del plan.
Un equipo interdisciplinario elaboró el resumen que se presentó ayer, que describe el departamento y los objetivos del plan; desde ahora hasta mayo se inicia un proceso de consulta, y para eso se harán jornadas de trabajo con productores, talleres con las fuerzas vivas, un seminario académico, y se agendarán entrevistas. Desde julio a setiembre se elaborará un borrador del plan que se presentará en octubre en una audiencia pública; en diciembre se entregará el documento resultante a las direcciones nacionales de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente, y en febrero de 2018 se enviará a la Junta Departamental de Canelones. Como varias comisiones de la junta ya están participando, se espera que en marzo pueda aprobarse.
El plan busca “que el conflicto no sea la norma sino la excepción”, resumió Carámbula. El objetivo general del plan es “promover un modelo de desarrollo rural apropiado para nuestro departamento a través de un proceso de integración y sostenibilidad del suelo rural, el cual será complementario e integrado al modelo nacional”. Buscará determinar modos y sistemas de producción, contribuir a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje rural, definir zonas reconociendo identidades, establecer una complementariedad entre ámbitos urbanos y rurales canarios, fortalecer el sistema vial rural, fomentar los espacios públicos necesarios para la integración e “identificar unidades diferenciadas en el suelo rural de las formas de ‘habitar’ el suelo rural canario”.
Carámbula reafirmó el “lugar estratégico de Canelones en la soberanía alimentaria”, puesto que la mayor parte de los alimentos que se consumen en el país proceden de ese departamento. Comentó que la producción familiar, además de producir alimentos, genera trabajo, cultura, una distribución más justa de la riqueza y no es tan sensible como el agronegocio a las oscilaciones del mercado, porque “un productor familiar no deja de ser productor porque un año fue malo el precio”.
Orsi comentó que “tenemos algunos agujeros negros, algunas debilidades que vamos a intentar resolver” con el plan. “No hacemos esto para dejar a todo el mundo contento, las tensiones existen”, reconoció. Consultado por la diaria sobre esos “agujeros negros”, Orsi dijo: “Cómo hacer convivir un Canelones chacarero, de producción familiar, de pequeña y mediana extensión, hortícola, granjero, con el agronegocio, cómo convive eso, si puede convivir, y, si es posible que convivan esos dos Canelones, cómo delimitamos los espacios y los alcances de cada uno”. Agregó que “hay disposiciones de carácter nacional y departamental que no han logrado el objetivo de minimizar los efectos de, por ejemplo, los procesos que implica la producción extensiva, como la fumigación, la utilización de agroquímicos”. Orsi aclaró que la intención “es no descuidar la productividad” y que los químicos se seguirán usando, “el tema es el cómo”.
La producción de carne es el principal rubro del departamento (35%). Eso era algo impensable hace 15 o 20 años, dijo Carámbula. Los feed lots -engorde a corral- no son la mayoría, pero cada vez presionan más. Hay alrededor de seis, pero los pedidos son crecientes. Carámbula contó a la diaria que hace un mes la IC resolvió negar la instalación de un feed lot que quería ubicarse en los alrededores de Suárez, que en época de zafra preveía tener un movimiento de 300 camiones. Cerca de 30 productores rurales pidieron apoyo al municipio para que no se instalara, y la IC terminó aceptando el reclamo, por el impacto que generaría en la zona. Cuando exista el plan será “mucho más claro qué sistema de producción puede desarrollarse o no, y en caso de que pueda desarrollarse, en qué condiciones, en qué regiones”.
Dejaron en claro que el agua para consumo humano será una prioridad, así como la habitabilidad del medio rural.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Prohibido protestar

El miedo a que se pudra todo



El País 

 

PODER EJECUTIVO

Tabaré Vázquez firmó un decreto que prohíbe los piquetes en calles y rutas
El decreto faculta al Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias frente a los casos en que se obstaculicen las rutas, calles o caminos.


mar mar 21 2017 20:10
El Poder Ejecutivo emitió un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes tendientes a “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.

Interior podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con esos objetivos.

La medida se toma pocos días después de que se formara, según supo El País, un piquete frente a los accesos a las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata conformado por personas que pedían trabajar allí.

El segundo artículo del decreto indica que “la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.

Las intervenciones que sean necesarias deberán ser informadas inmediatamente a la Justicia. En los considerandos de la medida se establece que es fundamental “establecer una normativa que ampare aquellas situaciones donde se vulnera el libre tránsito de las personas”.

El decreto establece que no se aplicará de una manera que vaya en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución que establece que la huelga es un derecho gremial.



>>> Decreto presidencial






>>> Comunicado a la opinión pública ante decreto del Poder Ejecutivo sobre facultades policiales en manifestaciones sociales



>>> Hoy en Conchillas
El Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) se manifestaba en Conchillas, en el ingreso a la planta de Montes del Plata, cuando la Policía detuvo a un camionero. Los trabajadores afirman que el tránsito no estaba cortado y rechazan el accionar policial. Más información aquí http://bit.ly/2ngEF8A








martes, 21 de marzo de 2017

El señor Almagro lo sabe






Embajadora venezolana irrumpió en rueda de prensa de Almagro y esposas de opositores

En un nuevo capítulo de la pugna entre el uruguayo y el gobierno venezolano la representante del país en la OEA lo llamó "proselitista"

La representante de Venezuela irrumpió este lunes en una rueda de prensa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro con esposas de opositores detenidos, para denunciar el acto como proselitismo político en el ente regional.
"Venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El señor Almagro sabe que esto es violatorio de toda normativa de la organización: no se pueden hacer actos proselitistas", dijo la embajadora Carmen Velásquez poco antes de la conferencia.
Velásquez leyó una carta que Venezuela presentó al Consejo Permanente de la OEA, acusando al secretario general de conducir una "provocadora campaña político mediática contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela".
"Al denunciar estos hechos, solicitamos al presidente del Consejo Permanente que se inicien las consultas con los Estados Miembros a los fines de velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General", añadió.
Lea también: Almagro exige elecciones en Venezuela
Tras la interrupción, la conferencia prosiguió y Almagro criticó que del gobierno venezolano lo único que se escuchan "son amenazas e insultos".
La intervención de la diplomática "me ha convalecido aún más profundamente que ese esquema de persecución que sufren venezolanos y venezolanas, los siguen a todas partes", dijo el secretario general de la OEA.
La conferencia de prensa surge después de que el martes pasado se publicara un informe realizado por Almagro, en el que pide la activación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Venezuela de la OEA si el país no realiza elecciones generales en breve.
"Es urgente la aplicación de la Carta Democrática", dijo Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López.








La estafa del plan de viviendas sindical

La cagada que se mandó


>>> Plan de vivienda sindical del PIT-CNT: la denuncia de Gustavo Salle




>>> Juan Castillo y su visión sobre el plan de vivienda sindical del PIT-CNT



El País Gonzalo Terra
El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt, coordinado por el sindicato de los metalúrgicos, agrupa a 320 cooperativas que representan unas 15.000 familias. El negocio global supera los 500 millones de dólares.
En febrero de este año, una empresaria recibió un ofrecimiento para construir 1.000 viviendas para cooperativas de Maldonado, San Carlos, Atlántida y Minas. Firmó un contrato con M.D. y R.Ch, quienes le aseguraron que tenían los terrenos y el visto bueno del Pit-Cnt. El primero es un excomunista y el segundo, según fuentes consultadas, fue socio de Jorge Burgos, hermano de Eduardo, el responsable del Plan de Viviendas de la central obrera.
M.D. y R.Ch. le pidieron una "donación" a cuenta de las utilidades del negocio. Se calculó que la empresaria ganaría US$ 3 millones por la construcción de las mil viviendas, por lo que le pidieron más de una decena de cheques por un total de 300.000 dólares que, según figura en el contrato, serían utilizados "exclusivamente y con el único fin" de comprar terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Meses después, la empresaria fue demandada en la órbita civil por un prestamista que intentó cobrar el primero de los cheques por US$ 25.000 y que había entregado a los dos gestores. En la contestación de la demanda, la abogada de la empresaria afirmó que su clienta fue estafada y que los cheques debían destinarse a la compra de terrenos. Según indicó en el escrito presentado, M.D. y R.Ch. no podían descontar el cheque y menos utilizar el dinero en beneficio propio.
En la contestación de la demanda aparece una relación de hechos que señala que hubo reuniones para negociar el contrato en la sede del Pit-Cnt.
El juez fijó una audiencia para el mes de febrero y la denunciada solicitó que sean citados ambos gestores y también los responsables del plan de vivienda y dirigentes sindicales del Pit-Cnt. Uno de los citados es Eduardo Burgos, el principal responsable del Plan de Vivienda Sindical.
Las fuentes consultadas por El País indicaron que en este caso no es posible involucrar al Pit-Cnt directamente, aunque señalaron que la empresaria recurrió a dirigentes de la central para plantearles su situación y que estos intentaron persuadirla "por todos los medios" de no recurrir a la Justicia.
En la misma situación se encuentran otros empresarios. Según supo El País, a un constructor de Salto y a una empresa extranjera, en este caso por 2.500 viviendas, los mismos gestores les ofrecieron contratos a cambio de dinero por adelantado.
El coordinador del Pit-Cnt y máximo dirigente de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Marcelo Abdala, dijo a El País que M.D. y R.Ch. no forman parte del Pit-Cnt ni integran el Plan de Vivienda Sindical. "No ocupan ningún lugar en nuestra estructura. Un día vinieron en representación de empresas que ofrecían determinados modos constructivos, pero nunca estuvieron dentro de la central. Acá viene mucha gente a ofrecerse pero nosotros, antes de hacer nada, les pedimos un Documento de Aptitud Técnica que concede la Facultad de Arquitectura. Sin eso no pueden construir, y ellos, que ofrecieron muchas cosas, no lo tenían. Les dijimos `vayan a sacar ese documento y después vemos`. No volvieron y no pueden hacer una sola casa", explicó Abdala.
Dijo que no le "consta" que el Plan de Vivienda Sindical tenga contratos firmados con empresas constructoras. "Nos representamos a nosotros mismos. No necesitamos de intermediarios", afirmó.
Abdala dijo que tampoco conoce la existencia de demandas judiciales ni de las "donaciones" pedidas por ambos gestores a las empresas constructoras. "Si hicieron algo que es ilícito tendrán que responder ante la Justicia, está bien que así sea. Nosotros estamos tranquilos, no nos preocupa porque no tenemos nada que ver con ellos", dijo.
Abdala también afirmó que no conoce a M.D. de su militancia en el Partido Comunista, y cree que Burgos tampoco lo conocía antes de que se presentara como representante de empresas españolas.
Sobre la selección de las empresas que participarán del negocio, Abdala dijo que tendrán un "lucro" razonables porque el Pit-Cnt se encarga de controlar el costo, y que se eligen en función de la calidad, entrega en plazo y costo, lo cual está regulado por el Plan.
También señaló que es necesario contar con una canasta de modos constructivos, al menos seis, para que en cada situación se pueda optar por el sistema que más se adapta a las características del terreno, etc.
Es por esa razón que fue convocada a trabajar en el Plan la metalúrgica Umissa, del empresario Alejandro Lagrenade. Umissa estuvo vinculada en 2007 a un negocio fallido con la exportación de viviendas a Venezuela, un caso que terminó en la Justicia Penal.
Por otra parte, el Plan de Vivienda implica que exista un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que se encarga de asesorar a las cooperativas. Cada cooperativa debe adelantar por concepto de costos de tramitación unas 500 UR en cuotas, más de US$ 5 millones.
Al frente del Instituto fue puesto en 2010 Sergio Lindner, otro exmilitante del Partido Comunista que integró la dirección del sindicato de Ancap. A comienzos de octubre, el semanario Búsqueda informó que Lindner se dedica a asesorar en la formación de cooperativas. "Los negocios de Lindner funcionaron muy bien, al menos para él. A diferencia de la mayoría de sus colegas, pasó a tener un elevado nivel de vida y con el tiempo logró mudarse de una cooperativa a una casa en Punta Gorda y luego a otra en Malvín, adquirió una propiedad en Portezuelo y realizó múltiples viajes al exterior", publicó Búsqueda. El semanario informó que Lindner tiene abierto un expediente en el Ministerio de Vivienda por "emplear las normas del cooperativismo pero en realidad actuar como promotor privado usando el sistema de ayuda mutua y haciendo fraude al BPS".
El País intentó ayer contactar a Lindner en sus oficinas de la calle Río Negro pero respondió que no estaba dispuesto a atender.
Sin embargo, Abdala dijo que se le pidió a Lindner que se alejara del IAT y "bajara el perfil". "Lindner es un compañero con mucha experiencia pero en estos momentos está fuera del Instituto. Tuvo algunas dificultades hace algunos años, en momentos de la crisis, cuando quebró el Banco Hipotecario y algunos préstamos de cooperativas no se pudieron efectuar. Pero son dificultades vinculadas al quiebre del BHU. Es un compañero que aportó muchas ideas para este plan de vivienda. Como tenía algunos cuestionamientos preferimos que bajara el perfil de su participación", dijo a El País. Donde funcionan las oficinas de Lindner también está ubicado el Plan de Vivienda Social.

El País GONZALO TERRA22 may 2016
Burgos les dio a ambos varios contratos para negociar casas por casi 800 millones de dólares. También intercedió ante ellos para recuperar cheques de una empresaria que denunció. Tres años después de que las denuncias tomaran estado público, Burgos rompió el silencio y habló con El País para explicar lo ocurrido. Habla de la presunta estafa, del dinero para la campaña de Juan Castillo, de la participación de Marcelo Abdala y el futuro del plan de vivienda.
—¿Cómo nació el Plan de Vivienda Sindical?
—Nació en el sindicato metalúrgico. Yo era trabajador de Umissa cuando se exportaban casas a Venezuela. Se nos ocurrió que esos sistemas de casas serían una solución acá. Formamos cooperativas, el Secretariado del Pit-Cnt avaló extender el plan que era del sindicato y creamos un Instituto de Asistencia Técnica para las cooperativas. En 2008 se creó una comisión de vivienda en el Pit-Cnt con dirigentes de la metalurgia, el comercio, el transporte y el Puerto. En 2010 ya teníamos 15.000 familias inscriptas.
—En 2011 el Pit-Cnt firma un convenio con el Hipotecario.
—Necesitábamos de un banco que financiara la compra. El gobierno tenía 6.000 subsidios de crédito hipotecario para dar.
—Algunos contratos que usted firmó dicen que había apoyo explícito del gobierno al plan sindical de viviendas.
—Había voluntad del Banco Hipotecario. Nos decían: "si ustedes consiguen la inversión, los terrenos y el desarrollador, nosotros le damos el crédito a los trabajadores que envíe el Pit-Cnt". Veían con muy buenos ojos el plan y nos ayudaron a canalizarlo.
—¿Cómo se vinculó el Pit-Cnt con las empresas privadas?
—Queríamos sistemas constructivos alternativos. Además de Umissa aparecieron Crupe, Emmedue, Knox, etc. Empresas que ofrecen kits de viviendas muy buenos y económicos. Hablamos con constructoras grandes pero no les servían los precios. Las casas debían ser accesibles para los trabajadores.
—¿Cómo se contactaron con el Pit-Cnt los dos particulares denunciados en cuatro causas penales por presuntas estafas por cientos de miles de dólares invocando el plan de vivienda?
—Llegó primero M.D. y ofreció terrenos en El Pinar, Peñarol y algún otro en el interior. Tenía una constructora pero no tenía vínculos con las empresas que ofrecen los sistemas constructivos.
—¿Ya conocía a M.D. por su pasado como militante en el Partido Comunista?
—No. No lo conocía.
—¿Cómo llegó R.CH. al Pit-Cnt?
—Vino semanas después que M.D. Mi hermano era cónsul en España, se conocieron allí y mi hermano le comentó que estábamos con este plan. R.CH. representaba empresas que tenían sistemas constructivos como los que necesitábamos. R.CH. vino y nos dejó folletos de las casas.
—¿Cómo se vincularon luego entre ellos?
—Yo los puse en contacto. Semanas después vinieron ambos al Pit-Cnt integrando Vivamax Sociedad Anónima. Trajeron a doce empresarios españoles. Comimos un asado y nos hicieron una presentación técnica. Luego hicimos un acto en 18 de Julio y Marcelo Abdala dijo que teníamos financiamiento para 10.000 viviendas. Al día siguiente hubo una conferencia de prensa en el Pit-Cnt. Fue gente del gobierno. Todo iba muy bien.
—El 16 de enero de 2012 usted firmó en el Pit-Cnt un contrato con Vivamax para que hicieran 3.400 viviendas. El costo de cada kit era por 26.000 dólares. ¿Usted presentó un poder para firmar en nombre del Pit-Cnt?
—Sí claro, yo tenía un aval de Juan Castillo y Abdala para firmar con los privados. Ese aval decía que yo era responsable del Plan de Vivienda Sindical. Ellos me reconocieron como presidente y a Hugo Monza, que también firmaba, como secretario del plan.
—¿Por qué el Secretariado del Pit-Cnt dijo, cuando se dieron a conocer las denuncias, que usted no tenía poder para firmar en representación de la Central?
—Los compañeros entendieron que esto se tendría que haber votado en el Secretariado y no haber sido autorizado por Abdala y Castillo. En aquel momento Castillo era coordinador y Abdala secretario de organización. Los compañeros entendieron que todo esto debió haber pasado por ahí, constado en actas, etc. Hubo informalidades que hoy, a tres años...
—¿Usted se manejaba solo?
—No, nadie puede negar que yo era miembro del Pit-Cnt. A mí me reconoce la gente como miembro del Pit-Cnt y dirigente de mi sindicato.
—Con ese contrato que usted firmó y el convenio entre el Pit-Cnt y el Banco Hipotecario, Vivamax salió a buscar financiación.
—Antes se presentaron los sistemas constructivos ante la Facultad de Arquitectura para conseguir los Documentos de Aptitud Técnica (DAT) que los habilitarían. Nosotros enviamos a la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, una carta para que le pusiera el ojo a esos permisos porque de ellos dependía el plan. Luego siempre faltaba algún papel y no se terminaban de certificar los sistemas constructivos. Había cierta corriente que quería matar esos sistemas constructivos.
—¿Por qué el 25 de abril de 2012, cuatro meses después de firmar aquel primer contrato con Vivamax, suscribe otro por 4.000 viviendas con R.CH., aunque esta vez aparece como director de la sociedad anónima Balmey?
—Porque era por otro sistema constructivo. Ahí es donde entra Walltech (N.de R. Empresa ecuatoriana que también denuncia estafa) con su sistema y un empresario de Tacuarembó que iba a financiar todo. Pero siempre los negocios los traían R.CH. y M.D.
—En ese momento R.CH. y M.D. ya tenían una lujosa sede en el Prado a la que llamaron Nexo. ¿Ese contrato se firmó ahí?
—No recuerdo, creo que sí.
—¿Cuándo se enteró que Balmey fue demandada porque pidió a un privado 1,8 millones de dólares para construir viviendas y no cumplió?
—Me enteré después que se armó ese lío. Hablé con el financista, vimos terrenos en Tacuarembó para hacer otros negocios, pero luego desistió.
—Diez meses después, el 15 de febrero de 2013, vuelve a firmar otro contrato con Vivamax por 3.000 viviendas. ¿Por qué?
—También era por otro sistema constructivo, esta vez Emmedue. Había un proyecto ya encaminado con líneas de crédito bancarias por US$ 15 millones.
—¿Por qué seguía firmando contratos con R.CH. y M.D. si habían incumplido el primer acuerdo de enero de 2012 que los obligaba a entregar 1.720 viviendas antes del 31 de diciembre de ese año?
—La verdad es que ni yo me acordaba de ese incumplimiento. Esos convenios seguían latentes y nosotros continuábamos viendo terrenos. El DAT no salía y eso trababa todos los negocios.
—¿A esa altura ya sabía que estaban pidiendo por adelantado decenas de miles de dólares a los inversores?
—No, yo recién me enteré cuando llegó a mí una empresaria de Rocha a reclamar un cheque.
—El 23 de abril de 2013 Vivamax firmó con Dintesol un acuerdo para financiar viviendas, y la gente de Dintesol exigió que alguien del Pit-Cnt estuviera presente.
—Sí, me llamaron y fui a la sede de Nexo. Les expliqué el plan y el rol del Pit-Cnt. Les dije que nosotros poníamos la cartera de clientes para las casas.
—En ese mismo acto Dintesol entregó a Vivamax 13 cheques por US$ 300.000. ¿No los vio?
—No, eso fue antes o después, mientras yo estuve, que fueron veinte minutos, eso no pasó.
—En total entregó poderes a R.CH. y M.D. para negociar diez mil viviendas, un negocio que ronda los US$ 800 millones.
—Ellos tenían que conseguir lo más difícil, que era la inversión. Nunca fui consciente de los millones de dólares. No lo vi desde ese punto de vista, nosotros queríamos solucionar el tema de la vivienda para mucha gente.
—¿A usted lo estafaron?
—A mí no me sacaron un peso. Siento que jugaron..., que engañaron. La última parte de ellos fue jodida si se comprueba que andaban en esa lógica de los cheques. Pero en un momento laburamos. Había sintonía para buscar terrenos y solucionar los problemas. Me calenté, pero cuando que hubo que rescindir el acuerdo no hubo problema.
—¿Usted recibió dinero?
—No, nunca me dieron ni pedí dinero. El que diga eso miente.
—Fuentes que estuvieron en el negocio dicen que se le entregó un cheque por US$ 45.000.
—Jamás. Que lo demuestren. Sé que lo están diciendo. Mienten.
—R.CH. hizo una declaración voluntaria y dijo que M.D. era "representante encubierto" del Pit-Cnt. Empresarios aseguran que siempre decía hablar en nombre del Pit-Cnt cuando pedía dinero.
—No era miembro del Pit-Cnt ni tampoco un gestor, era un empresario. No tenía derecho a hablar en nombre del Pit-Cnt.
—R.CH. dijo: "El acuerdo era 40% de las ganancias para el Pit-Cnt, 40% para él y 20% para M.D."
—Es otra mentira. La prueba es que se desdijo ante la jueza cuando le tomó declaración. Dijo que yo no recibía ningún beneficio en ese negocio. Esa es la verdad y él también la dijo
—Pero también dijo que usted era parte de la sociedad.
—Mentira, que lo pruebe.
—M.D. pidió a un empresario vinculado al plan US$ 30 mil para pagar la publicidad en televisión de la campaña de Juan Castillo para la presidencia del Frente Amplio. Otro empresario, también vinculado al plan, le cedió minutos de radio para la campaña. ¿Lo sabía?
—No, no sabemos quién apoya las campañas.
—¿Lo niega o no lo sabe?
—No lo sé. Juan es mi compañero en el Partido Comunista, pero yo no estaba en el comando de campaña.
—R.CH. también habló de los apoyos a la campaña de Castillo.
—R.CH. me quiso embretar con eso, me dijo que puso plata para la campaña de Juan, me lo recriminó cuando estábamos rompiendo el contrato.
—Esa vinculación entre el plan y la campaña deja muchas dudas.
—Eso contamina... ellos pudieron haber puesto plata o no, pero si pusieron ¿eso les permitía pedir dinero a nombre del plan de vivienda como hicieron? No.
—¿La plata para la campaña de Castillo era la misma que pedían por adelantado a los empresarios por las viviendas?
—No, eso nunca lo supe. Él me recriminó que habían apoyado la campaña de Juan y nosotros lo habíamos dejado tirado. Le dije "son cosas distintas, si pusiste plata eso no te libra de que nos hayas metido en un lío".
—Participó con Abdala de una reunión con un empresario del plan en Tacuarembó.
—Sí, fuimos a buscar terrenos.
—¿Abdala tenía un papel activo?
—No, fue esa vez y también participó de la comida con los empresarios españoles.
—¿El argentino Carlos Molinari, que se interesó en Pluna y fue investigado por lavado en su país, le pagó un viaje a China?
—Sí, lo autorizó el Secretariado. Él quería invertir en el plan, iba a poner una fábrica de contenedores en Pando. Luego eso cayó.
—¿En la sede de Nexo, propiedad de Vivamax, iba a funcionar una financiera de su hermano?
—Los trabajadores en el Clearing no podían acceder a la vivienda. Mi hermano vino de España con gente que sabía de cooperativismo. Formó una cooperativa financiera para dar préstamos para salir del Clearing. Iba a funcionar en Nexo pero después eso no caminó.
—¿Se hizo algo de ese plan de viviendas que usted gestionó?
—De la línea de trabajo con el BHU se cayó todo. La otra línea con el Ministerio de Vivienda está en marcha.

"La mujer de Rocha nos utilizó, me hizo bolsa".

Susana Nicodella fue la primera en denunciar ante la Justicia al plan de vivienda sindical. Entregó cheques por US$ 300.000 y no los recuperó. Recurrió a Burgos para que intercediera ante quienes se lo habían pedido. "Ella vino al Pit-Cnt con el marido. Me dijo lo de los cheques, le dije que R.CH. y M.D. no podían pedir dinero. Llamé a M.D. y le dije que en este lío no podía caer el Pit-Cnt, que devolviera los cheques. Le pedí a la gente de Rocha que fuera a hablar con ellos y volviera, pero que esto se tenía que arreglar. Después fui a Rocha y seguimos en contacto, incluso se postularon para un trabajo de movimiento de tierra pero cotizaron muy alto y nos quisieron presionar para que se lo diéramos. Hubo una mala intención de Nicodella, involucró al Pit-Cnt, me involucró a mí cuando siempre estuve a su disposición. Nos utilizó. A mí me hicieron bolsa, me culpó y sabe que no tuve nada que ver".

"El plan de viviendas sigue y es un orgullo".

Burgos destaca que "siempre" el Plan de Vivienda Sindical apuntó a darle una solución a los trabajadores. Hoy, la línea de trabajo con el Banco Hipotecario se cayó, pero sigue en marcha la iniciada con el Ministerio de Vivienda. "El Plan hoy tiene básicamente el monopolio del reglamento 2011 y la mitad de los préstamos del reglamento 2008. Cada seis meses se sortean 500 viviendas, en el último ganamos más de 250 viviendas. A pesar de todos los golpes que hemos tenido hoy hay 4.000 familias que ya tienen sus préstamos otorgados. Hay muchos retrasos porque el plan no se armó para la realidad constructiva. La casa se arma en dos semanas, pero las habilitaciones demoran mucho más. Esa burocracia nos ha perjudicado, y también aumentan los costos fijos de las cooperativas. Pero seguimos adelante, ya hay gente viviendo en las primeras viviendas y es un orgullo para nosotros".









sábado, 18 de marzo de 2017

Placa en la cárcel de Cabildo




>>> Buscando palomas y estrellas

Colocación de una placa recordatoria de la ex presas políticas en la ex cárcel “Cabildo” (ubicada en Miguelete y Cabildo).
Dicho local fue utilizado como centro de detención antes y durante los primeros años de la dictadura cívico-militar (1973-1984).






>>> Operación Estrella: Fuga de 38 mujeres presas de Cabildo