martes, 28 de enero de 2020

El agua que has de beber




Bayer se desploma tras fallo judicial que señala al glifosato como cancerígeno


La cotización de la multinacional alemana caía este miércoles en la Bolsa de Fráncfort después del revés judicial de su filial Monsanto en Estados Unidos, donde un jurado declaró una vez más que el herbicida Roundup es cancerígeno. 

Por estrategiaynegocios.net


Una segunda sentencia en EE.UU. que condena a Bayer por la presunta implicación de un herbicida en otro caso de cáncer provoca la desbandada de los inversores, que temen una oleada de denuncias. Bayer defiende que el glifosato "no provoca cáncer".


La cotización de Bayer agrava el descalabro sufrido en los últimos meses.  

Hace menos de un año, el pasado mes de junio, sus acciones se mantenían por encima de la barrera de los 100 euros. En la sesión de hoy ven peligrar incluso el nivel de los 60 euros, con un descalabro próximo al 40% en los nueve últimos meses.


Sólo en la sesión de hoy las acciones de Bayer se desploman hasta un 12%. Esta desbandada de los inversores provoca unas pérdidas en términos de capitalización bursátil de hasta 8.000 millones de euros.

La compra en 2016 de la estadounidense Monsanto podría salir muy cara a Bayer, y no sólo por los 66.000 millones de dólares pagados para hacerse con su control.

Bayer afronta un escenario en el que sus perspectivas económicas y financieras podrían verse eclipsadas por el impacto multimillonario de los litigios pendientes por el uso de herbicidas de Monsanto.
Las alertas se multiplican hoy al conocerse una segunda sentencia judicial en EEUU que condena a la empresa alemana a indemnizar a un afectado por cáncer por el uso de un herbicida elaborado a partir de glifosato.

Los analistas destacan que esta segunda sentencia abre la puerta a miles de condenas contra la compañía. En el primer caso, el pasado año un jurado de EE.UU- determinó que Monsanto no advirtió correctamente del riesgo para la salud que implicaba el uso del herbicida comercializado como Roundup, lo que consideró "un factor sustancial" en el cáncer que contrajo Dewayne Johnson, jardinero de profesión, por el uso continuado del glifosato durante años con motivo de su trabajo diario. La condena inicial contra la compañía, US$289 millones, se redujo después a US$78 millones.

El caso que desata el desplome sufrido hoy por Bayer amplía el alcance de la condena. A diferencia de Dewayne Johnson, Edwin Hardeman no estaba expuesto al glifosato por su actividad profesional. El veredicto publicado ayer en EE.UU-, el primero a nivel federal, considera que este herbicida fue un "factor sustancial" en el cáncer que contrajo Hardeman por su uso durante décadas para cuidar el jardín de su casa.

A la espera de conocer el veredicto final del juicio, y de la posible indemnización que podría afrontar Bayer, los inversores se apresuran a deshacer posiciones en el gigante químico alemán ante el temor a una avalancha de nuevas condenas.

Más de 11.000 denuncias

Hace menos de un mes, con motivo de la presentación de los resultados de Bayer correspondientes a 2018, la empresa alemana reconoció que a finales de febrero acumulaba unas 11.200 denuncias por los efectos del herbicida de Monsanto.


El consejero delegado de la compañía, Werner Baumann, reconoció que toda la polémica sobre el glifosato ha impacto de lleno en la cotización del grupo, hundida cerca de un 30% el pasado año, pero insistió en la defensa del glifosato.

Según afirmó Baumann a finales de febrero, "el glifosato es un producto seguro; continuaremos defendiéndonos vigorosamente en todos los procedimientos", y recordó que numerosos estudios científicos y autoridades regulatorias independientes nunca han detectado ningún problema en 40 años. "Recientemente el Ministerio de Sanidad de Canadá revisó el producto y su conclusión no deja lugar a dudas: no hay regulación en el mundo que considere glifosato como un riesgo de cáncer en humanos".


"No provoca cáncer"


La compañía ha reaccionado también hoy al desplome que sufre en Bolsa con un comunicado enviado a la CNMV en el que defiende el uso del glifosato. La compañía asegura en su hecho relevante que "los herbicidas basados en el glifosato no provocan cáncer".

Bayer añade en el comunicado enviado a la CNMV que el veredicto del jurado no es definitivo, que no comparte la tesis del jurado, y recuerda otros estudios científicos que niegan un efecto cancerígeno por el uso de estos herbicidas.

Los veredictos conocidos en EE.UU-, sin embargo, cuestionan estas tesis, y extreman los recelos de los inversores.



"A Monsanto no le importa particularmente si su producto causa cáncer o no, prefiriendo manipular a la opinión pública y desacreditar a cualquier persona que plantee inquietudes legítimas" sobre el tema, aseguraron.

"Estamos decepcionados" con este veredicto, respondió en tanto Bayer en un comunicado, que sufrió un segundo revés importante en unos pocos meses, un mal augurio para el grupo alemán que es objeto de miles de procedimientos similares solo en Estados Unidos. 

>>> El agua uruguaya también contaminada


Análisis confirma trazas de glifosato en agua potable de Mevir de Gallinal



Pese a la terminante negativa del presidente de OSE, Milton Eduardo Machado, a la probable existencia de contaminación por glifosato, el herbicida de amplio efecto, en viviendas de Gallinal, un análisis del agua, realizado de manera independiente por el Laboratorio Analítico Agro Industrial determinó que efectivamente el agua que se consume en el Mevir de la localidad de Gallinal está contaminada por este poderoso activo sospechado de producir cáncer en humanos y que mata las plantas, interfiriendo con la síntesis de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptófano.
Si bien se encuentra en cantidades ínfimas, que se consideran inocuas, queda claro que lo expresado por el presidente de OSE es inexacto. El análisis de referencia fue realizado en una vivienda de Mevir Gallinal, a 250 metros del vertedero donde fueron encontrados recipientes plásticos que aun contenían glifosato, según denunciara en EL TELEGRAFO Miguel Baccaro, dirigente de Espacio Abierto del Partido Colorado.
En el agua potable de consumo habitual se encontraron 8 microgramos por litro de glifosato, que si bien demuestra la presencia de este veneno, no debe preocupar a la población, en la medida que se considera segura para consumo humano hasta los 700 microgramos por litro.
No obstante, Miguel Baccaro subrayó que “lo que se demuestra es el potencial peligro. Actualmente la cantidad puede ser despreciable, insignificante, pero lo que sí tiene que tomarse en cuenta es que hay una contaminación de la capa freática” en la zona, a escasa distancia del vertedero. “La muestra evidencia que el peligroso agroquímico permea hacia el subsuelo, de donde se extrae el agua para consumo”, aclaró. También dijo Baccaro que “la intendencia tomó medidas, quemando el área” y al mismo tiempo subrayó que “los bidones de glifosato encontrados en modo alguno pueden vincularse con las empresas de la zona. Fueron allí arrojados, eso es claro. Pero no quiere decir que lo hagan las empresas que tienen emprendimientos alrededor”.
“Hay contaminación, es ínfima, pero la hay. Por lo tanto, hay que tomar precauciones, ahora que es posible y que lo encontrado no llama a preocupación”, subrayó.


NORMA INTERNA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE 



 Tolerancias






La calidad del agua potable es dudosa, debido a que OSE, al igual que los organismos con competencia sobre el agua, no cuentan ni brindan la información empírica para contrarrestar las críticas provenientes de los científicos. Así lo afirmó a El Observador el exrepresentante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Diego Martino, respecto a que el gobierno no divulga datos que garanticen que el agua hoy es inocua y que lo será para las próximas décadas para no generar alarma pública.


¿hay capacidad de control estatal?
Yo creo que no. No hay capacidad para llegar al microcontrol de lo que cada uno está fumigando en la cuenca. Un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le llevó a la Dinama y al MGAP cambiar la distancia de 50 metros a 500 metros para la fumigación alrededor de una escuela rural? Años. Que le haya costado años modificar de 50 metros a 500 metros para proteger la salud de los niños te da la pauta de lo que te encontrás cuando planteás temas ambientales.
¿Cuál puede ser entonces la solución?Es un tema de negociación. Hay que mirar la cuenca en su conjunto: ver las tomas de agua, donde están las fuentes de contaminación, qué cultivo hay en cada lugar, qué producto se está utilizando y decir: ‘Esta área es prioritaria para mantener la fuente de agua en determinadas ciudades’.

La Tv iraní alerta del daño que está haciendo en Uruguay el Glifosato. Incluso la corresponsal en nuestro país de esta televisora Eugenia Rodríguez fue hasta Paso Picón.



>>>  El introductor de Monsanto en Uruguay

Mujica y el dueño de Monsanto George Soros

Luego de que el presidente José Mujica se reuniera con el estadounidense George Soros, la empresa de la cual forma parte el empresario emitió un comunicado. Monsanto, la compañía vendedora de productos para la agricultura, manifestó que trabaja en Uruguay desde 1974, con productos para los cultivos de maíz, sorgo y soja, y que cumple con toda la reglamentación necesaria de los países donde se encuentra"


>>> Glifosato, soja y los números del cáncer 

 Informes publicados por el Ministerio de Salud de Santa Fe hablan de mayor frecuencia del diagnóstico de cáncer, mucho más en las localidades con actividad agrícola. Pero el problema no es sólo en la provincia; la Universidad de La Plata encontró agrotóxicos en productos de algodón. El oficialismo y la oposición, más preocupados por garantizar el negocio sojero que por la salud de la población.




>>> Glifosato: 17 países han prohibido o restringido el uso de este herbicida carcinógeno

 Austria aprobó prohibir totalmente el uso del glifosato en todo el territorio nacional, convirtiéndose así en el  primer país de la Unión Europea en frenar por completo este controvertido herbicida.

 Malawi (África), Vietnam y Sri Lanka, en Asia; Omán, Arabia Saudita,  Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Catar, en el Medio Oriente; Bermudas y San Vicente y las Granadinas, en Centro América; Francia, Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajosen, en Europa. han emitido declaraciones de intención para prohibir o restringir los herbicidas con base en glifosato.



OSE: Gremio denuncia estado “crítico” de la mayoría de las usinas potabilizadoras 


 FALTA DE PERSONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida esparte de este movimiento y REAFIRMA la falta de mecanismos de control, límites claros de usos y monitoreo.

Por esa razón, EXIGE YA la prohibición del uso de glifosato(declarado potencialmente cancerígeno por la OMS) y otros pesticidas contaminantes, frenar el avance de las plantaciones forestales, determinar un área de exclusión de las plantaciones de soja , realizar evaluaciones regulares y rigurosas del aporte de nutrientes y agrotóxicos por escorrentía a los cauces principales, generar las condiciones de recuperación del monte rivereño y la flora acuática, fomentar la agricultura agroecológica de alimentos, exigir el cumplimiento de los tratamientos terciaros de los efluentes de frigoríficos, tambos y aguas residuales de todas las ciudades, controlar eficientemente los vertederos de desechos urbanos tomando las medidas necesarias para minimizar o evitar que el lixiviado de los rellenos sanitarios drene hacia los tributarios, por cañadas y escorrentías del terreno.

Por otra parte, OSE tiene clara competencia en brindar el agua potable a la población,tiene el deber por Constitución de dar Agua Públicade calidad y en cantidad asegurada, No basta con que AUMENTEsus niveles de carbón activado en la producción del agua, ni que introduzca nuevas tecnologías, se deben salvaguardar las tomas de aguas y nuestras cuencas, para esto el Estado, debe tener la voluntad política de tocar interesesde empresarios del campo y la industria.










lunes, 27 de enero de 2020

Isaac Alfie y los vendepatrias

 A los dos lados del mostrador


>>> La nueva designación


>>> Aratirí quiere ganarle 3.000 millones al Estado  

El abogado que representa a la empresa india que hoy reclama 3.000 millones de dólares al Estado uruguayo es nada menos que Carlos Delpiazzo, exministro de Lacalle y exsenador del Partido Nacional.




>>> No pudo negar la "otra" designación

La Diaria  El 17 de enero, en un vuelo de American Airlines, el ex ministro de Economía y Finanzas de Jorge Batlle y futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, viajó a Estados Unidos con su esposa. Se tomó algunos días para resolver asuntos personales y luego se abocó a mantener reuniones con el estudio Ferrere, que asesora a la minera Aratirí en el juicio millonario que esta emprende contra el Estado uruguayo ante la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

Entre abril y junio de 2019, el economista Alfie fue contratado por el estudio Ferrere para redactar un informe en calidad de experto en asuntos vinculados a inversiones. Sobre ese informe declarará esta semana en Washington. Este domingo, mediante un comunicado público luego de que se conociera la noticia de su comparecencia, el futuro director de la OPP aseguró que esto no lo convierte en “actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo”. “No represento a parte alguna”, afirmó. Dijo que su participación en el litigio “se restringe” a la redacción de un informe técnico, “en carácter de experto, sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay a partir de 1974”, y que, en esa calidad, le “corresponde” informarle al tribunal sobre asuntos de su conocimiento. Argumentó, por otra parte, que el informe no se expide “sobre el fondo ni [sobre la] sustancia del caso, es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”.
En la noche de este domingo, en Twitter, Alfie fue más allá y escribió que estaba en Washington “a requerimiento del Estado uruguayo, que me ha citado para la audiencia”. El economista ratificó, en conversación con la diaria, su versión de que quien lo puso en la lista de declarantes para la audiencia fue “el gobierno uruguayo”. “No sólo [me puso] en la lista, sino que definió el orden en que van a declarar” las personas que comparecerán, aseguró.

Por su parte, el gobierno electo respaldó a Alfie. En un comunicado, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, aclaró que fue informado desde un primer momento de que Alfie se hacía cargo de una “asesoría técnico-profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. En el comunicado se reitera el argumento de Alfie de que su informe no se expide sobre el fondo de la controversia y se subraya que el gobierno electo “defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”. También se destacan las “sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público” que ha dado Alfie a lo largo de su trayectoria, y se reafirma la “confianza” que el gobierno electo deposita en él.

Más declarantes conocidos

Según supo la diaria, en la audiencia también comparecerá a declarar como experto Carlos Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991-1992), quien elaboró un informe para Aratirí, en su caso sobre aspectos jurídicos y algunas cláusulas del contrato.

La instancia de esta semana será la primera etapa de la audiencia arbitral; la segunda y última se llevará a cabo en febrero. A partir de entonces, las partes estiman un plazo de un año para que se conozca el dictamen de los tres árbitros actuantes.

Algo de historia

En agosto de 2010, cuando se anunció que Aratirí planeaba invertir 2.000 millones de dólares en la explotación de yacimientos mineros en el país, no había ningún indicio del desenlace que finalmente tuvo el proyecto. El entonces presidente José Mujica incluso llegó a expresarles a sus ministros el deseo de que Aratirí se convirtiera en una “causa nacional”, como lo había sido años antes la instalación de la primera planta de celulosa de UPM. No obstante, el respaldo político de la oposición nunca llegó, y, un año después, el proyecto de la empresa india Zamin Ferrous tenía varios frentes abiertos.

“No estamos de acuerdo en que se instale Aratirí, no por motivos económicos. No es sinónimo el capital de prosperidad. Están también la salud humana, el ecosistema, el cuidado del turismo”, manifestó el entonces diputado nacionalista Luis Lacalle Pou a Informativo Sarandí en agosto de 2011. Lacalle Pou fue uno de los legisladores que más cuestionaron la inversión. En 2011 y 2012 hubo manifestaciones de productores y de grupos ambientales en contra de la minera, en las que participaron legisladores nacionalistas.

La piedra de la discordia entre la empresa y el Estado uruguayo llegaría en 2013, con la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte. La norma fijó un régimen tributario especial para los proyectos que superaran las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos. Además, determinó que las inversiones por actividades mineras no pudieran ser objeto de regímenes promocionales que habilitaran exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y creó una tasa adicional progresiva de este impuesto, así como un canon de producción y un adicional al canon para los proyectos, que incluye una cláusula de estabilidad tributaria. Aratirí alega que esa norma la perjudica; se ampara en el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay mantiene con Gran Bretaña, que en el numeral 2 del artículo 2º establece que “a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada Parte Contratante se les concederá en toda ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante”. A su vez, el primer numeral del artículo 3º afirma que “ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de capital y rentas de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales”.

En paralelo a la aprobación de la norma, los precios del hierro comenzaron a bajar, y a pesar de algunos intentos de llegar a un acuerdo y de que Aratirí llevara a cabo un proyecto más modesto, que tuvieron lugar cuando se iniciaba el gobierno de Tabaré Vázquez, las negociaciones se dieron por concluidas en marzo de 2016. En 2017 se supo que la empresa iniciaría un juicio internacional contra el Estado uruguayo, y en agosto de 2018 se conoció el monto de la demanda entablada: 3.536 millones de dólares.

Fuentes del gobierno uruguayo negaron esta versión y remarcaron que se trata de una “mentira”. Señalaron que los expertos que fueron contratados por Ferrere fueron citados por el estudio y que, “obviamente”, declararán a favor de Aratirí. Además, añadieron que cada parte en el juicio se hace cargo de costear los gastos de transporte de los testigos y expertos que convoca a declarar. En el caso de Alfie, fue el estudio Ferrere el que le envió los pasajes a Washington, según confirmó el economista a la diaria. “A mí del estudio Ferrere me mandaron los pasajes”, declaró, aunque valoró que este detalle carece de importancia.

El economista también divulgó este domingo en Twitter una foto de un documento con “instrucciones” que el estudio le dio para elaborar el informe sobre el caso Aratirí. Se le solicitó a Alfie que describiera el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, que describiera los incentivos otorgados por la última ley de inversiones y sus sucesivas reglamentaciones, y que analizara si el proyecto Valentines calificaba para recibir beneficios fiscales. Alfie dijo a la diaria que sobre estos puntos versará su exposición en la audiencia, y que se limitará a exponer sobre estos temas. Además, aseguró que le dijeron que no se podía negar a presentarse a declarar. “Me comunicaron que fui citado para la audiencia. No me pude negar, porque las reglas son así”, señaló. “¿A usted le parece que me gusta estar acá, muriéndome de frío en Washington?”, inquirió.

Por su parte, el gobierno electo respaldó a Alfie. En un comunicado, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, aclaró que fue informado desde un primer momento de que Alfie se hacía cargo de una “asesoría técnico-profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. En el comunicado se reitera el argumento de Alfie de que su informe no se expide sobre el fondo de la controversia y se subraya que el gobierno electo “defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”. También se destacan las “sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público” que ha dado Alfie a lo largo de su trayectoria, y se reafirma la “confianza” que el gobierno electo deposita en él.

Más declarantes conocidos

Según supo la diaria, en la audiencia también comparecerá a declarar como experto Carlos Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991-1992), quien elaboró un informe para Aratirí, en su caso sobre aspectos jurídicos y algunas cláusulas del contrato.
La instancia de esta semana será la primera etapa de la audiencia arbitral; la segunda y última se llevará a cabo en febrero. A partir de entonces, las partes estiman un plazo de un año para que se conozca el dictamen de los tres árbitros actuantes.

Algo de historia

En agosto de 2010, cuando se anunció que Aratirí planeaba invertir 2.000 millones de dólares en la explotación de yacimientos mineros en el país, no había ningún indicio del desenlace que finalmente tuvo el proyecto. El entonces presidente José Mujica incluso llegó a expresarles a sus ministros el deseo de que Aratirí se convirtiera en una “causa nacional”, como lo había sido años antes la instalación de la primera planta de celulosa de UPM. No obstante, el respaldo político de la oposición nunca llegó, y, un año después, el proyecto de la empresa india Zamin Ferrous tenía varios frentes abiertos.

“No estamos de acuerdo en que se instale Aratirí, no por motivos económicos. No es sinónimo el capital de prosperidad. Están también la salud humana, el ecosistema, el cuidado del turismo”, manifestó el entonces diputado nacionalista Luis Lacalle Pou a Informativo Sarandí en agosto de 2011. Lacalle Pou fue uno de los legisladores que más cuestionaron la inversión. En 2011 y 2012 hubo manifestaciones de productores y de grupos ambientales en contra de la minera, en las que participaron legisladores nacionalistas.

La piedra de la discordia entre la empresa y el Estado uruguayo llegaría en 2013, con la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte. La norma fijó un régimen tributario especial para los proyectos que superaran las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos. Además, determinó que las inversiones por actividades mineras no pudieran ser objeto de regímenes promocionales que habilitaran exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y creó una tasa adicional progresiva de este impuesto, así como un canon de producción y un adicional al canon para los proyectos, que incluye una cláusula de estabilidad tributaria. Aratirí alega que esa norma la perjudica; se ampara en el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay mantiene con Gran Bretaña, que en el numeral 2 del artículo 2º establece que “a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada Parte Contratante se les concederá en toda ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante”. A su vez, el primer numeral del artículo 3º afirma que “ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de capital y rentas de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales”.

En paralelo a la aprobación de la norma, los precios del hierro comenzaron a bajar, y a pesar de algunos intentos de llegar a un acuerdo y de que Aratirí llevara a cabo un proyecto más modesto, que tuvieron lugar cuando se iniciaba el gobierno de Tabaré Vázquez, las negociaciones se dieron por concluidas en marzo de 2016. En 2017 se supo que la empresa iniciaría un juicio internacional contra el Estado uruguayo, y en agosto de 2018 se conoció el monto de la demanda entablada: 3.536 millones de dólares.


>>> Yo no fui

>>> El paquete de Mujica



Cuando trajeron a Aratiri , Mujica era presidente y Daniel Martinez Ministro de Industria . Ing.Puntigliano gerente general de Aratiri y fue asesor de Martinez en la IMM.

>>> Te lo dije














Ley de piquetes

Dale palo pa que aprenda. 


Transición de un neoliberalismo a otro


>>>Aguante la bronca sin perturbar




Ley de urgencia declara ilegítimos los piquetes que afecten la libre circulación y restringe las medidas de huelga 

22 de enero de 2020




El documento faculta al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes y habilita las detenciones “en casos de apariencia delictiva”


El gobierno electo dio a conocer este miércoles el anunciado anteproyecto de ley de urgente consideración, en el cual se establecen una serie de disposiciones que restringen las medidas de huelga y los piquetes realizados en espacios públicos.
En la Sección VII del documento, se establece que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa” y se dispone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”.

>>> Rumbo a un estado policial






21 marzo 2017


El Poder Ejecutivo emitió un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes tendientes a “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.
Interior podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con esos objetivos.
La medida se toma pocos días después de que se formara, según supo El País, un piquete frente a los accesos a las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata conformado por personas que pedían trabajar allí.
El segundo artículo del decreto indica que “la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
Las intervenciones que sean necesarias deberán ser informadas inmediatamente a la Justicia. En los considerandos de la medida se establece que es fundamental “establecer una normativa que ampare aquellas situaciones donde se vulnera el libre tránsito de las personas”.
El decreto establece que no se aplicará de una manera que vaya en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución que establece que la huelga es un derecho gremial.







>>> Es un derecho

Ocupación y piquetes como modalidad de la huelga y los intentos por limitar su ejercicio

Dr. Héctor Zapirain
Asesor Jurídico ICUDU (PIT-CNT)
Julio 2018
Hace un tiempo adquirió notoriedad periodística un fallo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de las Piedras de 3er Turno– con amplia repercusión en medios de prensa y en los operadores afines al empresariado uruguayo con entrevistas y algún artículo “académico” – en el cual se hacía lugar a la acción de amparo interpuesta por dos empresas del sector cárnico.
Un fallo aplaudido por estos actores, por cuanto disponía en forma preventiva y sin que se estuviera realizando ninguna medida de fuerza por parte del sindicato, es decir "por las dudas " la organización sindical y los trabajadores quedaban impedidos de adoptar y/o promover acciones que obstruyeran o entorpecieran el libre acceso al establecimiento y su explotación.
A diferencia de este fallo de primera instancia, el de segunda instancia careció de las mismas repercusiones y no fue objeto de mayores comentarios por la prensa. Y ello, sencillamente, porque la sentencia del tribunal de segunda instancia revocó por unanimidad el citado fallo.
Las dos sentencias merecen ser consideradas tanto en lo que hace a las decisiones en sí como en cuanto a los fundamentos expuestos, principalmente por el tribunal de primera instancia.
Hechos que motivaron la acción de amparo y el fallo de primera instancia.
Debe recordarse que la acción de amparo es un proceso de carácter excepcional, cuyo procedimiento es brevísimo, que tiene como objeto la protección de derechos y libertades fundamentales de rango constitucional amenazados o lesionados en forma actual o inminente por actos, omisión o hecho, tanto del Estado como de particulares. Un mecanismo de garantía para que el “ciudadano pueda ejercer en forma idónea la defensa de sus derechos”.
Los hechos que llevaron a que las empresas Broncelil S.A. y Frigorífico Ecocarnes S.A. promovieran la acción de amparo contra el Sindicato de Trabajadores de Broncelil S.A. y varios trabajadores en forma individual, estuvieron motivados por la realización por parte de los trabajadores de piquetes en la puerta de acceso al establecimiento, lo que impedía el ingreso de camiones y personas. Medidas que se habían realizado en abril y diciembre de 2016, julio, setiembre, octubre y noviembre de 2017 y que podían volverse a repetir.
Luego de realizar consideraciones sobre la finalidad, los alcances del proceso de amparo y la legitimidad de las partes, ingresa a los hechos para luego pasar considerar los derechos afectados.
Allí el tribunal, asumiendo una posición restrictiva del derecho de huelga, comienza por afirmar que los piquetes no integran el derecho de huelga, expresando que “…en cuantos se implica de dichos fenómenos o la limitación, y cuando no el cercenamiento de otros derechos tan caros al derecho constitucional como el primero nombrado, es decir la huelga”.
Señala que ello está de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, pero de la sentencia no surge la más mínima referencia a dicha doctrina y jurisprudencia.
Basta recordar, ya que se ha invocado la jurisprudencia internacional – suponiendo que el tribunal se está refiriendo a los pronunciamientos de los órganos de contralor de la OIT-, que tanto para el Comité de Libertad Sindical como para la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones el piquete y la ocupación de los lugares de trabajo son modalidades de la huelga. Y sólo dejan de ser reconocidas y por tanto protegidas cuando asumen un carácter violento, cosa que no era del caso en el conflicto planteado.
A partir de este razonamiento el tribunal supedita al derecho de huelga en estas modalidades y prioriza el derecho a la libre empresa y el cercenamientos de libertades individuales (léase derecho de propiedad, derecho a las ganancias).
En los fundamentos del tribunal queda expuesta una tendencia que viene produciéndose hace ya tiempo en un sector de la jurisprudencia nacional, que permeable a las opiniones contra el accionar de los sindicatos, han venido elaborando una serie de argumentos – muchas veces falaces – para restringir o minimizar el papel de los trabajadores organizados en la sociedad y sus legítimos derechos sindicales.
Cuando se dice que la medida causa daño, y que el derecho de huelga no ampara la producción del daño, el tribunal se olvida que toda huelga causa daño. No existe huelga sin daño. Una cosa es que deje de ser pacífica, que se incurra en violencia personal o material, y otra es el perjuicio que sufre la empresa por la pérdida de ganancia. Justamente este es el daño que el tribunal busca proteger desatendiendo a la parte más débil, en suma amparando al más poderoso. Implica ni más ni menos que el desconocimiento de todo el andamiaje protectorio creado por el Derecho Laboral Sindical.
Sentencia revocatoria y consideraciones finales.
La sentencia fue recurrida, pasando al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, quién por unanimidad resolvió revocarla, desestimando la demanda.
En sustancia el tribunal revoca la sentencia en mérito a que ésta al no revocar la medida provisional dispuesta por Decreto 1940/2017 de 19/12/2017, así lo entiende el tribunal de segunda instancia, vino a transformar el pronunciamiento provisorio y anticipada en definitivo.
Con el agravante que el fallo, mediante la orden concreta de no hacer limita el ejercicio del Derecho de huelga y además sin un límite temporal, pues – como destaca el tribunal de segunda instancia – no se establece ningún término al respecto.
Considerando el tribunal que la pretendida conducta antijurídica – piquetes y ocupaciones – había cesado dejó de configurarse el peligro actual e inminente reclamado por la norma legal para acoger el amparo. Entiende el tribunal que “Al no existir un hecho, acto u omisión que amenace, restrinja o altere los derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, de la actora, sino un mero temor o posibilidad no fundada de que la situación pueda volver a plantearse, no se justifica la adopción de la condena a futuro solicitada…”
En síntesis, siendo que para el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, no se da una situación actual en que se agreda el derecho al trabajo, a la libre empresa, a la propiedad, la sentencia de primera instancia es revocada.
Consideraciones finales.
Si bien la sentencia en cuestión fue revocada poniéndose así cierto límites a algunas interpretaciones que tienden alinearse con los vientos laborales restrictivos que existen en la región. Ya que de haberse confirmado se hubiera generado un peligroso antecedente, en tanto abría las puertas a que ante cada situación de conflicto pudiera recurrirse a esta vía como un mecanismo efectivo para neutralizar cualquier medida sindical. Bastando alegar temor o amenaza.
No obstante, puede observarse con preocupación que en ambas sentencias, principalmente en la primera, se da por sentado que el piquete y la ocupación no es huelga.
Que al tiempo que se restringe el concepto de huelga hay una especial preocupación por amparar derechos de claro orden patrimonial, como lo son el derecho de propiedad y el de la libre empresa. Sumado a que más recientemente se les ha agregado el argumento de la protección del “ derecho al trabajo”, cuyo reconocimiento rengo queda en evidencia cuando el empleador sigue conservando la potestad de contratar y despedir libremente.
En el ordenamiento constitucional uruguayo los derechos del trabajo y de los trabajadores son objeto de especial protección; pero además, como sostiene Ferrajoli, entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales existe una radical diferencia que los hace objeto de garantías que no son de la misma entidad ni de igual rango .
En definitiva, la sentencia de segunda instancia corrige un fallo a todas luces restrictivo en cuanto al ejercicio del derecho de huelga pero deja pendiente cuestiones que hacen al conflicto entre un derecho humano fundamental como lo es la huelga y otros derechos de rango constitucional.
[1] (Ver. Informe III (Parte 1B) ILC. 101/III/1B OIT; La Libertad Sindical, 5º edición (revisada) OIT).
[2] Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La Ley del más débil. Editorial Trotta, 5ª edición, 2006.

>>> Terminará torcido












viernes, 24 de enero de 2020

Ley de urgente consideración

El Far West



Difundieron el texto de la ley de urgente consideración

Se trata de "un proyecto de ley popular" porque "apela a las necesidades de los uruguayos"








>>> Apariencia delictiva

Cuídate si un miliquito te tiene ganas

Apariencia criminal y el gatillo fácil 


La Diaria
El gatillo fácil para limitar la huelga

El futuro gobierno multicolor no parece ceder a la tentación de reglamentar la huelga, un objetivo que el herrerismo había intentado infructuosamente en los primeros años del decenio de los 90 por impulso del presidente Luis Alberto Lacalle (padre) y que ahora ensaya nuevamente como si se tratara de saldar una antigua deuda familiar.
El asunto es llamativo porque lo esperable era que la iniciativa legislativa se encaminara a “superar” las observaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la ley de negociación colectiva 18.566, adoptada en 2009 para adaptar los Consejos de Salarios a la práctica habitual de los actores del mundo del trabajo y que fuera muy resistida desde su etapa misma de elaboración por las cámaras empresariales de cúpula y por la Organización Internacional de Empleadores, que emprendieron de consuno una queja ante el Comité de Libertad Sindical, el que terminó reconociendo parte de sus planteos.
O era de esperar, también, que cumpliendo con sus anuncios y compromisos preelectorales, el gobierno multicolor se dirigiera a derogar el decreto de 2006 que admite las ocupaciones de los lugares de trabajo como modalidades del ejercicio del derecho de huelga.
El anteproyecto de urgente consideración no presenta ninguno de esos atributos, transitando por una vía que no estaba prevista, como si se tratara de una “jugada de pizarrón” para sorprender y desacomodar mediante una estrategia de trasposición del lenguaje jurídico. La modificación de la ley de Consejo de Salarios para “cumplir” con la OIT y la prohibición de las ocupaciones para cumplir con los intereses comprometidos se difieren para más adelante.
Conviene por tanto discernir y leer sin preconceptos el texto del artículo 349 del anteproyecto, que en concreto expresa en su primer inciso que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”.
Lo peculiar de la redacción del dispositivo es que establece dos condiciones que remiten automáticamente no a la huelga como fenómeno general, sino esencialmente a la modalidad de ocupación de los lugares de trabajo. Aquí radica lo artificioso del texto propuesto por el gobierno electo.
Debemos recordar que la OIT ha admitido que la ocupación es una modalidad legítima de la huelga, junto a la paralización intempestiva, el trabajo a reglamento, la huelga de brazos caídos, las huelgas de celo, el trabajo a ritmo lento, etcétera (ver La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, número 784, 2018). Pero también ha dicho que la ocupación debe salvaguardar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho del titular del establecimiento a ingresar a la empresa, concepto que ha reiterado para el caso de la denuncia de los empleadores contra el gobierno uruguayo.
Esos parámetros pensados para la ocupación, ese lenguaje que habla de la libertad de trabajo y el derecho del titular del establecimiento, son extendidos en el artículo 349 del anteproyecto de urgente consideración a la totalidad del fenómeno de la huelga, lo que puede llevar a pensar –a mi juicio diáfana e ingenuamente– que el anteproyecto admite la ocupación como modalidad de la huelga, ya que lo que procura es simplemente regularla según las recomendaciones de la OIT.
Pero antes de entusiasmarse y festejar esa admisión de la ocupación en el dispositivo del artículo 349 hay que contextualizar, dar un paso atrás y recordar el compromiso previo y asumido por los multicolores de derogar el decreto 165/2006, norma que concibe la ocupación como una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Se trata de una medida que puede tomar el Poder Ejecutivo en cualquier momento. Una promesa que si olvida o no ejecuta rápidamente, va a encontrar muchas voces fuertes que se la van a recordar.
Mirado desde esta perspectiva, el proyectado artículo 349 muestra un costado que puede resultar oculto al lector desprevenido: está reglamentando la huelga sin decirlo con claridad, empleando un lenguaje propio de la reglamentación de las ocupaciones de los lugares de trabajo.
Es cierto que cualquier modalidad de huelga debe ser pacífica y en lo posible, armonizable con otros derechos.
Pero ante todo debe recordarse que la directiva constitucional es que cualquier reglamentación de la huelga debe asegurar su “efectividad” (artículo 57 de la Constitución), y una huelga de buenos modales no cumple los objetivos de presión y resistencia que están ínsitos en cualquier conflicto laboral. Dice la OIT que “las huelgas por naturaleza, ocasionan perturbaciones y costos y también requieren un sacrificio importante de los trabajadores que optan por ejercerla como último recurso y como medio de presión sobre el empleador a fin de corregir lo que consideran ser una injusticia” (Recopilación de decisiones citada, número 755). El término “perturbación” que emplea la OIT como connatural a la huelga tiene una connotación negativa en el artículo 349 del anteproyecto al asociarlo al “orden público”, noción esta muy difusa y sobre la que los juristas han escrito muchos libros sin ponerse totalmente de acuerdo con su alcance.
Pero este empleo algo confuso de los términos jurídicos (reglar la huelga con el lenguaje de la ocupación) no es lo más complejo de asumir.
Hay una inconstitucionalidad patente en la segunda parte del artículo proyectado, en tanto habilita al Poder Ejecutivo a “imponer restricciones” a la huelga cuando no se reúnan las condiciones preestablecidas. Tratándose de un derecho humano fundamental constitucional e internacionalmente reconocido, toda limitación debería ser prevista legalmente por razones de interés general, pero en este caso se opta por asignar una facultad amplísima al Poder Ejecutivo para imponer restricciones. Una especie de gatillo fácil, coherente con otras zonas del anteproyecto. Y no se podrá acusar al escriba de falta de claridad sintáctica por la urgencia de su tarea, porque “restringir” tiene el significado preciso de “reducir”, “constreñir”, “limitar”.
El problema es que de acuerdo a la OIT el derecho de huelga sólo puede limitarse o prohibirse en casos de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en casos de servicios esenciales cuya interrupción ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la persona en toda o parte de la población (Recopilación de decisiones citada, número 830), y aun en esos casos, debe la limitación o prohibición ir acompañada de mecanismos de conciliación y arbitraje voluntarios (ídem número 798).
Lo que en todo caso es vedado es que sea el Poder Ejecutivo el que tome la decisión de limitar o prohibir la huelga: “la suspensión de una huelga no debería corresponder al Gobierno, sino a un órgano independiente que cuente con la confianza de todas las partes interesadas” (Recopilación de decisiones citada, número 914).
La falta absoluta de garantías que comporta esta última parte del artículo 349 del proyecto posibilita, además, que el Poder Ejecutivo pueda comportarse como “juez y parte” si la huelga se desarrollara en el ámbito de la administración estatal, amén de que omite toda referencia a las consecuencias de considerar un eventual incumplimiento por los huelguistas.
En síntesis, el anteproyecto de ley de urgente consideración procura reglamentar la huelga de manera inopinada, con un lenguaje que propicia la confusión en su alcance y con un remate que deja el derecho de huelga en manos del Poder Ejecutivo. Propósitos que no parecen tener nada de urgente porque son más viejos que Maracaná.
Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.


>>> Derecho al olvido

Sobre la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura la Ley no habla



>>> CONTINUADO

El lunes, con la firma del presidente Tabaré Vázquez y todos sus ministros, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que establece que el Ministerio del Interior (MI) podrá tomar las medidas pertinentes “a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. La norma establece que el MI podrá pedir el auxilio de otros organismos públicos, para “garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”, y que debe dar cuenta a la Justicia inmediatamente. El decreto retoma como antecedente otro de 1999, que ya daba la facultad al MI de tomar acciones para impedir los cortes de rutas o caminos, pero añade que corresponde “incorporar al reglamento la facultad para el Ministerio del Interior de requerir el auxilio de otros organismos públicos para el cumplimiento de la tarea”.












miércoles, 22 de enero de 2020

Dardo Barrios libre

aunque con medidas cautelares FOTO: Gentileza de Daniela Mesón


Abogada del Centro Militar presentó recurso de inconstitucionalidad


Por Carlos Peláez


El capitán ( r) Dardo Barrios llegó al aeropuerto de Carrasco hoy a las 9.20 en un vuelo de Latam, proveniente de Paraguay, país que lo extraditó a solicitud del fiscal Ricardo Perciballe.
Venía acompañado por oficiales de Interpol que lo entregaron a sus pares en el mismo aeropuerto para ser trasladado inmediatamente a Maldonado donde a las 12.30 lo aguardaba la jueza Ana María Guzmán y el fiscal Luis Pacheco, quién subroga a Perciballe durante la Feria Judicial.
Eran las 11.30 cuando arribó. Pero la audiencia se postergó dos horas hasta que llegaran sus abogados defensores que serían la doctora Graciela Figueredo, abogada del Centro Militar y de todos los terroristas de Estado, junto al abogado Emilio Mikolic, quién defendiera entre otros a Gustavo Torena (a ) “El pato celeste”.


Los abogados que representaron a los denunciantes son la doctora María del Carmen Salazar ( caso Chocho) y los doctores Gonzalo Peloche y Leonardo Pereira (caso torturas)
Previamente la jueza y el fiscal mantuvieron una reunión. Y lo mismo hicieron los defensores con Barrios, para interiorizarse de su posición.
La audiencia se extendió por unas dos horas y apenas iniciada, la defensa del acusado presentó el ya habitual recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad.
En ese momento, la jueza resolvió otorgar la libertad a Barrios hasta que la Suprema Corte se expida por enésima vez contra el recurso, pero dictó medidas cautelares. Debió entregar todos sus documentos y esta misma tarde en la Jefatura de Maldonado se le otorgó uno provisorio para que pudiera circular por Montevideo, lugar que no puede abandonar sin permiso de la justicia. Y además a todos los efectos fijó su domicilio legal en el Centro Militar.
El fiscal Pacheco explicó luego a los medios que él no conocía los detalles de la causa, pero no podía solicitar prisión preventiva sin que existiera un fallo judicial.
Curiosamente hay antecedentes de personas con prisión preventiva sin procesamiento por una acordada de la Corte que se conoce como “ley Buñuelo” y que fue establecida para evitar que el conocido narcotraficante de San Carlos pudiera fugar. Y lo mismo ocurrió con el ex integrante del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofia.
En el caso de Barrios, estaba requerido pero esgrimió como argumento que “no lo sabía”. Y aunque fue la justicia quién lo requirió, solicitó su extradición y la obtuvo, la magistrada no tomó en cuenta la fuga como elemento para enviarlo a prisión preventiva mientras se sustancia la causa.

Extraditado por una sola causa

Si bien Barrios debe responder por varias causas, entre ellas dos asesinatos y una desaparición, la extradición sólo se otorgó por los delitos de torturas de 39 ciudadanos que lo acusaron en la sede penal.
La justicia de Paraguay aún no se expidió por los asesinatos del militante nacionalista Francisco Chocho y el del integrante del MLN, Eduardo Mondelo. Pero se descuenta que lo hará después que se cumplan pequeñas formalidades.


En otro juzgado de Montevideo se sigue la causa por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla.
Todas seguirán por separado una vez que la SCJ se expida sobre el recurso presentado hoy. O hasta que se presente otro, porque los defensores de los criminales hacen lo posible para evitar que se aplique justicia

Se cierra un círculo

La presencia del abogado Jorge Napoleone sorprendió a los periodistas que seguíamos el desarrollo de la audiencia, aunque fuera del recinto ya que corresponde al Código viejo y estas no son públicas.
El abogado se presentó como defensor del médico José Luis Braga, médico militar en el batallón 4 y sobre quién pesa un pedido de procesamiento. Aunque hoy este caso no estaba en consideración.
Muchos nos preguntamos cómo Dardo Barrios había llegado a ser Director de infraestructura deportiva en el Campus de Maldonado, durante el primer gobierno del nacionalista Domingo Burgueño (1990 – 95)
Hoy quedó claro. Lo recomendó Braga que lo conocía de sus “andanzas” conjuntas en el batallón 4.
Braga fue Director de Promoción Social del mismo gobierno y Napoleone Secretario General.

Demasiadas coincidencias blancas para defender a un criminal.



Barrios, la justicia y la impunidad

Las víctimas deben seguir esperando


Cuenta la historia que el déspota Federico el Grande de Prusia, le había echado el ojo a una preciosa finca de las afueras de Potsdam, a unos 30 kilómetros al oeste de Berlín, para hacerse construir su residencia, que sería el famoso palacio de Sanssouci. Sucedió que en ese lugar había desde siempre un molino, cuyo ruido no le era agradable al soberano. Al propietario se le dio orden de irse, pero lejos de amilanarse acudió a los tribunales. Y acabó derrotando al poderoso.
“Todavía hay jueces en Berlín” es un grito de alegría o al menos de alivio que se pronuncia para elogiar el valor de quien se juega su carrera contra el poder político, en defensa de la justicia.
En Uruguay no podemos gritar lo mismo.
La justicia además de ser justa, debe ser sensata y razonable. De nada valen las leyes si poderosos y criminales gozan de más derechos que las víctimas.
Desde el final de la dictadura todos los poderes se abroquelaron para proteger a los militares torturadores, que fueron su mano de obra para saquear al país.
Los jóvenes no saben que lo que tuvimos fue una dictadura cívico-militar. Y muchos jóvenes todavía creen que los Tupamaros fueron los que motivaron el golpe.
Los jóvenes no tienen la culpa. La culpa es de los que han ocultado la verdad.
Los viejos ya no me preocupan. Si se creyeron esa historieta es porque fueron cómplices de los dictadores. O se creyeron las mentiras tupamaras.
En ese “abroquelamiento” tiene un papel muy importante la Justicia uruguaya. Ella es la responsable del estado de impunidad . Impunidad construida por muchos
Desde hace años los terroristas de Estado cuentan con una estructura muy importante para su defensa, encabezada por el Centro Militar, una cueva de gorilas golpistas. Y si alguien duda, hoy quedó en evidencia.
Cuando Dardo Barrios llegó esta mañana a Uruguay, no sabía quién lo defendería. Tres horas después llegó a Maldonado la abogada Graciela Figueredo.
La abogada del Centro Militar, doctora Figueredo, es la encargada de impedir que se ejerza justicia presentando recursos de inconstitucionalidad que, mayoritariamente, han sido rechazados.
Hace apenas un año la Ministra de la SCJ Bernadette Minvielli dijo públicamente que “era hora que la Corte rechazara todos estos recursos porque se habían convertido en una forma de impedir el ejercicio de justicia”.
Los defensores de los criminales pretendieron enviarla a la hoguera y los defensores de las victimas permanecieron en silencio. Por las dudas.
Hoy volvió a ocurrir y un criminal que debe ser juzgado por torturar a decenas de personas, asesinar a dos y desaparecer a otra, seguramente a esta hora esté tomando un whisky en algún boliche montevideano para festejar su pírrica victoria.
Al final de la audiencia la fiscalía logró imponer medidas cautelares. Dardo Barrios debió entregar sus documentos , no puede salir de Montevideo y fijó su domicilio en el Centro Militar. No se sabe si cuentan con habitaciones habiltadas; si dormirá en un sillón o solo es una fachada para protegerlo.
Mientras tanto, las víctimas seguirán aguardando justicia.



Guillermo Odizzio: militante de izquierda, salvajemente torturado por Dardo Barrios en el batallón 4 y luego preso varios años en el cuartel de Melo.
"No nos anima la venganza , sólo justicia y saber la verdad . Fuimos torturados por denunciar a la Dictadura con volantes y pintadas , actos hoy legales, en esa época se reprimían . Saber lo que pasó con los compañeros muertos y desaparecidos es una obligación ética de los sobrevivientes ...."





La señora de la foto es la hija de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional asesinado en 1972 por el teniente Dardo Barrios en el batallón 4 de Laguna del Sauce.

Desde hace 48 años esperaba que Barrios fuera sometido a la Justicia.

Hoy lo vio irse, en libertad.




El militar retirado Dardo Barrios, encargado de las sesiones de tortura en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y agente de Inteligencia Militar (S2) entre 1972 y 1976, se presentó ayer ante la Justicia de Maldonado, tras ser extraditado desde Paraguay, donde se encontraba prófugo.

Sus abogados, habituales defensores de ex militares vinculados con delitos de lesa humanidad, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el represor quedó libre, aunque no puede salir del país. Por esa razón, fijó domicilio en el Círculo Militar.

El Zorro Barrios, denunciado por haber torturado a decenas de jóvenes durante la dictadura, está vinculado con los asesinatos del militante nacionalista Francisco Chocho, del integrante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, Eduardo Mondello, y sindicalista de la construcción y edil suplente comunista, Horacio Gelós Bonilla.

Sobre las primeras horas de la tarde salió del Juzgado de 10 ° Turno de Maldonado con aire compungido. Rodeado de custodias policiales, algunos de ellos encapuchados, el ex militar subió a la camioneta que lo condujo a la libertad. Había llegado al Centro de Justicia fernandino poco antes del mediodía, extraditado desde Paraguay a pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

El Zorro debía responder únicamente por las torturas que, en el marco de una convocatoria nacional realizada por la organización Crysol, denunciaron en 2011 casi 20 ex presas y ex presos detenidos en el Batallón de Ingenieros N° 4 de Maldonado, entre 1972 y 1976.

egún los testimonios y documentos recopilados por Perciballe, durante esos años Barrios se dedicó a infringir apremios físicos a decenas de jóvenes, casi todos de 18 a 25 años, militantes del Comité de Resistencia Antifascista (Craft), del Movimiento Marxista, la Unión de Juventudes Comunistas y el MLN, que hacían propaganda contra la dictadura mediante pintadas y volanteadas.

El Zorro apenas pasaba los 20 años de edad, pero ya contaba con un impresionante entrenamiento para ordenar o realizar sesiones de tortura (plantones, picanas, violaciones, submarinos) hasta que los médicos del batallón evaluaban las secuelas de los apremios y determinaban “si era posible seguir con los tormentos”.

El campito paraguayo y los pulmones

Ahora, el represor tiene 67 años y luce una imagen de paisano desaliñado. Quizás porque, según señaló en el juzgado, se dedica a “arreglar” los “1.600 metros de pasto”

que posee junto a su casa de Villa Florida, localidad del departamento paraguayo de Misiones, donde fue detenido el 4 de diciembre pasado.

Quizás pensando en la posibilidad de una prisión domiciliaria, El Zorro alegó ante la Justicia que es hipertenso y que, por ser fumador, sólo le funciona el 20% de los pulmones, según las actas judiciales a las que accedió Sudestada.

Barrios aseguró que su detención en Villa Florida le sorprendió. “No sabía por qué estaba requerido. Yo no estaba prófugo, y acepté que la extradición fuera rápida” , lanzó, aunque su pedido de captura internacional trascendió en mayo de 2018, cuando el fiscal Perciballe pidió procesar a seis oficiales y funcionarios del batallón por torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura cívico-militar.

Eso fue todo lo que Barrios declaró, gracias a la estrategia de la defensa a cargo de la abogada del Centro Militar, Graciela Figueredo, y de Emilio Mikolic, expertos en defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad.

Los dos abogados solicitaron la clausura y el archivo de la causa por prescripción. Cuando el fiscal Luis Pacheco -subrogante de Perciballe durante la feria judicial- les recordó que para la fiscalía tales delitos son imprescriptibles, Figueredo y Mikolic solicitaron una declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 (interpretativa de la ley de caducidad) y así obligaron a detener el proceso hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El máximo órgano judicial podría tardar unos seis meses en expedirse. Pero también puede acogerse al artículo del Código General del Proceso (CPP) que permite acelerar el trámite por “resolución anticipada” , cuando “ya existe jurisprudencia sobre otra acción de inconstitucionalidad similar a la que se evalúa, o cuando existe la convicción de que la defensa utilizó el recurso para postergar un fallo”.

En este caso, se trata de la misma estrategia dilatoria que han presentado otros indagados por crímenes de la dictadura, patrocinados por estos mismos abogados. Esta vez, el fiscal Pacheco resolvió aplicar por analogía una modificación del nuevo CPP que habilita a dictaminar medidas cautelares, antes de suspender el proceso por excepción de inconstitucionalidad. Como no existe un procesamiento, no pudo ejecutarse la medida cautelar de privación de libertad, explicó Pacheco en rueda de prensa.

No obstante, la jueza del caso, Ana María Guzmán, acogió su pedido e impuso a Barrios “el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del tribunal” , la “prohibición de ausentarse de Montevideo sin autorización” judicial, y “el cierre de fronteras con retención de los documentos de viaje” , que quedarán en custodia en la Jefatura de Policía de Maldonado.

Malestar entre los denunciantes

Para los doctores Gonzalo Peloche y Leonardo "Gino" Pereira, abogados de los denunciantes, la jornada judicial tuvo un desenlace previsible aunque no perdían esperanzas de lograr un procesamiento inmediato para el jubilado militar. En Crysol, organización de ex presos políticos que promovió la denuncia y que ayer convocó a una movilización frente al juzgado, reinaba un fuerte malestar y gran desazón, que se podía comprobar al escuchar algunos de los insultos que recibió el represor.

También mostraron su indignación los manifestantes del SUNCA que se concentraron para exigir verdad sobre el paradero de los restos de su dirigente Horacio Gelós Bonilla, asesinado tras haber sido torturado, en 1976. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!” , gritaron, en dos ocasiones: la primera, cuando la Policía les hizo creer que en un auto que circuló hacia la calle Michelini iba el represor.

La segunda, cuando lo vieron subir a una camioneta sin matrícula y escabullirse rumbo a la Jefatura de Maldonado, donde entregó sus documentos de viaje antes de quedar en libertad. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!” , insistieron.

Los abogados de siempre

El domicilio fijado por Barrios es el Círculo Militar, institución que además de facilitarle una dirección, le ofreció a su principal asesora jurídica como defensora. Graciela Figueredo, quien ayer se molestó cuando algún periodista le preguntó quién era y se mostró reacia a dar su nombre, figura en el staff jurídico del Círculo.

Junto a Rossana Gavazzo y Estela Arab, asumió la defensa de todos los ex militares implicados en el caso Gelman. Además, defendió a José Nino Gavazzo en el caso del Plan Cóndor y a Pedro Barneix en el caso del crimen de Aldo Perrini, y recusó a la ex jueza penal Mariana Mota, por su participación en una Marcha del Silencio.

A Mikolic se lo ubica como el abogado del Gustavo Torena, más conocido como el Pato Celeste, procesado por falsificar documentos para viajar indebidamente al exterior. Pero también fue el defensor de Miguel Dalmao en el caso que investiga la muerte de la militante de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Figueredo y Mikolic recibieron la visita de su colega Jorge Napoleone, secretario del intendente nacionalista Domingo Burgueño en la época en que Dardo Barrios trabajaba como jerarca del área municipal de Deportes.

Actualmente, Napoleone es abogado del médico José Luis Braga –otro ex funcionario de las intendencias blancas en Maldonado-, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por esta misma causa judicial. Aunque no estaba entre los citados, Napoleone estuvo toda la tarde en los pasillos del Centro de Justicia, aguardando el desenlace de la jornada.


>>> de Lucia Rezzano

"Yo acuso y denuncio por este medio al "zorro" Barrios y a todos los efectivos que trabajaron con el en el Batallón 4.
Los acuso de haber practicado salvajes torturas a decenas de ciudadanos entre ellos mis padres,mis tíos y mi abuelo.
Los acuso de haber perpetuado al menos tres asesinatos.
De haber violado todos los derechos y la dignidad humana.
Los acuso de secuestro,de privación de libertad.
Los acuso de ser cómplices,si no partícipes directos, de la muerte de mi abuela Amelia Lavagna de Tizze,quien fuera detenida en Manantiales y devuelta sin vida ,rotulando el caso como "suicidio"
Yo los acuso de haberme dejado sin pafre ni madre por un tiempo,el que se les antojó.
Los acuso también de haberme privado de alimento;ya que con 4 meses necesitaba tomar leche materna y por su capricho y crueldad no pude.

Finalmente acuso a Barrios(y de esto hay multiples testigos) de haberle dado una brutal paliza a mi abuelo cuando este se enteró de la muerte de su esposa.
Los acuso de haber roto cuerpos y almas.
No tienen perdón. Sois y seréis una basura , lo peor de esta socieda . Soy Lucía Rezzano Tizze.Y no me callo."