martes, 22 de enero de 2019

Protesta en la DINAMA contra UPM






Hoy otra vez nos encontramos con la cerca policial y un desproporcionado numero policial en la puerta de la DINAMA. Donde el colectivo de vecinos Por el costado de la vía, le entregó a los jerarcas una carta. La Dinama esta para cuidar el medio ambiente o esta al servicio de la multinacional? El proyecto esta en marcha y en la medida que la gente se va aggiornando de los por menores, crece la preocupación. No hubieron incidentes. Pero la demostración de fuerza policial otra vez marcó que UPM es un gigante con pies de barro.




En la mañana de ayer, integrantes del grupo de vecinos y vecinas 'Por el costado de la vía', entregaron a las autoridades de la DINAMA un documento en el que enumeran las irregularidades del proceso de evaluación ambiental relacionado con el proyecto ferroviario para la planta de celulosa de UPM en Durazno, cuya autorización se anuncia como inminente.
Los vecinos fueron acompañados por una centena de manifestantes que desplegaron carteles y repartieron folletos con información sobre el proyecto ferroviario y el Contrato firmado por el gobierno con la multinacional finlandesa. Llamó la atención el fuerte despliegue policial dispuesto en el lugar, con una larga valla, patrulleros y motocicletas.
El proyecto ferroviario fue catalogado como categoría “C” por la Dinama, esto significa que es una obra cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos. Sin embargo, el proceso de evaluación emprendido por la Dinama adolece de graves carencias desde las insuficiencias del estudio de impacto ambiental (EIA) hasta las dificultades del público para acceder a las informaciones y participar en las consultas requeridas.
Por otra parte, mientras se encuentra pendiente la Autorización Ambiental Previa, se realizó una licitación internacional y se adjudicaron las obras al Grupo Vía Central, al mismo tiempo que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anuncian el comienzo de las obras en este mes de enero.
Ante las presiones sobre esta decisión, ejemplificadas en la urgencia de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, suspendiendo las licencias de funcionarios para acelerar el análisis de dicha habilitación, la Dinama terminó presentando en las audiencias públicas un Informe Ambiental Resumen (IAR) que no cumple con sus propios Términos de Referencia.
Quedaron pendientes planes de prevención, de evaluación de viviendas linderas a la vía previos a la construcción, medidas de contingencia ante accidentes por el transporte de productos químicos peligrosos o desperfectos en la traza y la inexistencia de medidas sanitarias concretas ante ruidos, vibraciones y emanaciones de gases.
Fue publicado el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental con posterioridad al Informe Ambiental Resumen, violando disposiciones del Reglamento de Evaluaciones de Impacto Ambiental, plan que no estuvo a consideración de las audiencias públicas y del que se desprende que las contingencias y mitigaciones quedan a cargo del Grupo Vía Central.
Este Grupo Vía Central está integrado en forma mayoritaria (40% delas acciones) por la constructora española SACYR, una empresa con múltiples denuncias internacionales por defectos en sus obras y sobreprecios. En suma, SACYR y el operador ferroviario deUPM quedarían a cargo de las obras y todas las contingencias que surjan.
En efecto, el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental se limita a prometer futuras recolecciones de datos, inspecciones visuales, sin acciones concretas que garanticen evitar accidentes físicos ni de contaminación. A los vecinos se les ha dicho que la empresa constructora posee seguro, como si esto fuera una garantía.




Colectivos contrarios a UPM protestan en la Dinama: “Le firmamos una rendición incondicional a UPM, pero todavía estamos a tiempo de rescindir el contrato”



"No puede ser que el país se ponga al servicio de una empresa", afirman.
El colectivo “Por el costado de la vía” se concentra hoy en las puertas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en rechazo a la instalación de una segunda planta de UPM y de todas las obras que implica. La pregunta y consigna que eligió el colectivo para esta jornada es: “¿La Dinama es del Estado o es de UPM?”.


Abordamos el tema junto a Raúl Viñas, integrante del “Movimiento por un Uruguay Sustentable”.


Le firmamos una rendición incondicional a UPM. Como parte de eso, Uruguay se comprometió a hacerle un tren a UPM, con un uso prácticamente exclusivo para la empresa. El tren costará 2.200 millones de dólares.
Es muchísimo de infraestructura a la que si no se le hacen más arreglos será solo para UPM. UPM utilizará 14 frecuencias por día: seis con celulosa y una con productos químicos muy contaminantes y tóxicos, de ida y vuelta.
Además de los problemas ambientales, tenemos problemas de ruido, de vibraciones, de estabilidad de estructuras. En el apuro, en el tratar de sacar todo, ya se hicieron varias audiencias públicas en Montevideo y Florida.
No puede ser que el país se ponga al servicio de una empresa. Nos queda solo una opción, que es rescindir el contrato con UPM. Tenemos que liberarnos. Al quedar liberados, tenemos que empezar a trabajar de nuevo, porque puede que sirva una nueva planta de celulosa, pero no en estas condiciones. El contrato es rescindible son consecuencias para el país porque así lo dice el propio contrato.
Hoy por hoy estamos a tiempo. Al momento que se empiece a construir el ferrocarril, ya vamos 2.200 millones abajo. Uruguay ha sido demasiado generoso con UPM.
>>> Video de SUMA TV







Rossi sobre el Ferrocarril Central: Falta la habilitación ambiental pero DINAMA tiene independencia
HOY MARTES , LA DINAMA, EL SR. NARIO, NO RECIBIÓ A LOS VECINOS...PRIBABLEMENTE PORQUE NO TENÍA NADA PA4A INFORMARLES....¿DE QUÉ TRABAJO CONJUNTO NOS HABLA? QUIENES SON LOS 600 EXPROPIABLES? NOSOTROS NO LO SABEMOS...EXPERTO EN FALSAS DECLARACIONES, ROSSI


>>> Los miserables

La Diaria 3 de enero de 2019 | Escribe: Valeria España


Ferrocarril Central.

En estos tiempos de turbulencia, la palabra “resistencia” aparece como reacción inevitable. Estos tiempos merecen reflexión y sobre todo la atención de los movimientos políticos de izquierda que repiten los errores (horrores) que en otros territorios los han hecho comer polvo y poner en riesgo la vida de millones de personas en manos de una derecha oportunista y depredadora.

En nombre del progreso, dos trenes de la muerte se proyectan en nuestro continente. El tren “maya” en el sureste mexicano, afectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. El otro, el “ferrocarril central”, conocido como el tren de UPM, busca partir en dos nuestro pequeño país, atravesando los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo para transportar madera, celulosa y químicos. Si bien todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre la empresa finlandesa y Uruguay, ya se han vulnerado derechos fundamentales y se ha puesto en evidencia la debilidad institucional.

Desde que empezaron las negociaciones con UPM Uruguay ha desconocido sistemáticamente su obligación de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto ambiental,1 como es el caso de la planta de celulosa y, en particular, el proyecto ferroviario que la hace viable.

Las disposiciones relativas al proyecto ferroviario se encuentran en las cláusulas 3.3 y 3.4 del proyecto contractual firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM.

Vecinas y vecinos organizados, por el costado de la vía, han denunciado en diversos medios de prensa y por distintas instancias institucionales las profundas, graves e irreparables consecuencias que tendría desarrollar un proyecto ferroviario nacional de alta complejidad a lo largo de 273 kilómetros, sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales, sin garantizar la participación ciudadana ni la intervención académica, sin previsiones e ignorando a la ciudadanía en un acontecimiento grave para el país.

Los espacios de participación y consulta no han sido respetados. Si bien en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) en los últimos días de 2018 se llevaron adelante dos audiencias públicas, estas fueron instancias que no garantizaron efectivamente la participación, la información, la consulta, el diálogo genuino y de buena fe en un proyecto que involucra a 35.750 habitantes de cinco departamentos.

Mucho se criticó el enojo y la tensión que se vivieron en las dos “audiencias públicas” impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero poco se habló de la gravísima falta en la que incurrió el Estado con el despliegue teatral de un dispositivo que buscaba legitimar un proceso que no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía y que está plagado de vicios, discrecionalidad e incertidumbre.2  

Pareciera que se instrumentó en dichos encuentros algo que Mauricio García Villegas explica como la estrategia política de la cultura de incumplimiento: “Crear instituciones para obtener los beneficios de legitimación política de la legislación adoptada sin que ello implique aceptar los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento”.

En una entrevista reciente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tildó de miserables a los integrantes del grupo de vecinas y vecinos que, ante el drama que están viviendo, resisten con coraje el desprecio institucional. Ese repudio a la ciudadanía parece tan inexplicable como la predilección del ministro por las empresas que integran el consorcio Vía Central, encargado de llevar adelante el proyecto del tren y su gestión: ¿cómo es que “el proyecto de infraestructura más importante del quinquenio” tiene una sola propuesta aprobada para participar es la licitación?; ¿es razonable que para un proyecto de esta envergadura exista una sola propuesta que aplique cualitativamente, dejando al país entero dependiendo de una sola alternativa que cuenta, además, con antecedentes de incumplimiento y violación de derechos?3

Hay muchas otras preguntas que sistemáticamente se ha negado a responder el gobierno nacional en nombre de la confidencialidad y la protección de los inversores.

Más allá de las valoraciones que cada cual haga sobre las consecuencias del modelo forestal celulósico y la presión socioambiental en el territorio que implica esta tercera planta, lo que este proceso ha puesto en evidencia es la inconsistencia de un gobierno que recientemente asumió diversos compromisos de transparencia en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, la insuficiencia de los mecanismos de control y protección de la ciudadanía y el medioambiente, el déficit institucional y el cínico manoseo a nuestro estado de derecho.

Tendríamos que aprender de los efectos devastadores que tiene desatender el grito de los pueblos, de esos miserables que no están dispuestos a permitir el avasallamiento de sus territorios. En Ecuador el marco regulatorio de las consultas públicas enfrentó al correísmo con el movimiento indígena, así como el Brasil de Lula y Dilma se convulsionó ante la imposición de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, o lo sucedido en Bolivia con el sueño del TIPNIS de Evo Morales y sus efectos en su base social y política.

El tren de UPM no va por buen camino. Tenemos que trazar una vía que no le dé la espalda a la población, que no niegue un proyecto país cuya base sea la justicia social y ambiental. Necesitamos transitar un camino que no sea funcional a los intereses corporativos, uno que sea capaz de resistir la nueva cartografía planetaria que ha impuesto la extrema derecha.

Valeria España es abogada, docente y consultora en derechos humanos y migración.


  1. El 27 de setiembre del 2018 Uruguay firmó en la ciudad de Nueva York el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Sí, justo esos tres temas. En la página de la Dinama la noticia se considera un hito y una muestra del liderazgo del país: “Un compromiso más asumido, en concordancia con la convicción [de] que los asuntos ambientales nos competen a todos, y [de] que vivir en un ambiente sano es un derecho y una responsabilidad compartida. El Acuerdo es un hito ambiental para la región, al ser el primer tratado de estas características para América Latina y el Caribe. Busca garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Ofrece a los Estados y sociedades una plataforma para avanzar en términos de acceso a la información, participación y justicia ambiental”. 
  2. La consulta es un derecho de los pueblos reconocido en instrumentos internacionales que aún no han sido ratificados por Uruguay. La consulta debe ser previa a la toma de decisiones que los pueden afectar; libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo; informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible; y debe realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo. 
  3. Una de las empresas del consorcio es Sacyr, una empresa vinculada a incumplimientos contractuales y graves violaciones de derechos humanos en países como Panamá, España o Chile. Ver resumen.cl/articulos/sacyr-el-prontuario-de-la-transnacional-espanola-que-provoco-el-desborde-del-mapocho









lunes, 21 de enero de 2019

Todos somos familiares

La justicia al revés



>>> Zuluaga le inició un juicio por difamación
Si tocan a uno, nos tocan a todos




Richard Mariani: "Prefiero ir preso que retractarme"




Richard Mariani (29) combina la militancia política y social con el fútbol. En estos dos ámbitos vivió los momentos de mayor felicidad pero también los más duros. Hace dos años recibió, durante un partido en Argentina, un balazo de goma de la policía y perdió la visión en un ojo. También, en un “acto de rebeldía” contra la dirigencia esquivó la seguridad del Estadio Centenario y se metió a la cancha para demostrarle a Antonio Pacheco que la hinchada lo bancaba.

Luego de ser el vocero de la campaña que exigía la destitución del responsable de la seguridad de la selección uruguaya, Miguel Zuluaga, éste le inició un juicio penal. Asegura que en caso de que la Justicia le pida que se retracte prefiere ir a la cárcel. Fue la cara visible de la campaña que pedía que se desvinculara al integrante de la selección, por estar acusado de torturas durante la última dictadura cívica militar que sufrió el país.

Nació en democracia. No tiene familiares ni amigos desaparecidos pero lo que pasó durante esos 12 años es un tema que siempre le preocupó. "Quiero que se sepa la verdad y haya justicia", asegura.

En la concentración en el memorial de detenidos desaparecidos en el Cerro en repudio al atentado que sufrió en 2018

Si bien la iniciativa denominada "Hagámosle un gol a la impunidad" fue apoyada por distintas organizaciones sociales, como el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la inquietud fue planteada por un grupo de jóvenes de una asociación civil que lleva el nombre de Rebeldía Organizada de la que Mariani también forma parte.

Pese a que sabía que esta decisión podía traerle consecuencias en el futuro, y de hecho le trajo, decidió ser el vocero y ponerse la campaña al hombro.
Así, Mariani fue fundamental para que, luego de varias entrevistas con distintos medios de comunicación, el tema se instalara en la opinión pública y, finalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) les concedió una reunión que duró más de una hora.

Luego de escucharlos, los representantes de la AUF les comunicaron que debían hablar con Tabárez y con los jugadores referentes del equipo, para darles una respuesta. Unos días después, Zuluaga se quedaba sin Mundial, tras 18 años de trabajar con la selección.

Pero la historia no terminó allí. En noviembre, recibió una llamada de la comisaría de su barrio. Un agente policial le informaba que debía notificarse y, al otro día, debió presentarse en la Fiscalía para responder por una denuncia penal que Zuluaga presentó contra él por difamación e injurias. "Es un método que utilizan los represores para defenderse", sostiene el joven sin sorpresa.

"Ahora hay dos caminos, uno de los dos vamos a terminar presos", adelanta con tranquilidad. Si bien Mariani afirma que no hubo difamación e injurias porque las pruebas que utilizaron para acusarlo son públicas, admite que la Justicia lo puede ver de otra forma y pedirle que se retracte públicamente. "Pero no lo voy a hacer", sostiene. Asegura que prefiere ir a la cárcel que darle la razón -sin tenerla- a los militares.

De militar a recibir la propuesta de ser alcalde

Mariani nació en el barrio Palermo, pero cuando tenía 11 años el divorcio de sus padres trajo como consecuencia la mudanza a la casa de su abuela en Delta del Tigre junto a sus hermanos más chicos.

La familia compuesta por seis hermanos -él es uno de los del medio- quedó partida. Su padre falleció en 2003 y ahora Mariani vive con su madre que es oxígeno dependiente. Desde que la enfermedad de su madre empeoró asumió la responsabilidad de cuidarla y ser el sustento del hogar en el que viven también sus hermanas más pequeñas, de 15 y 17 años.

Pese a que empezó a trabajar con 14 años en la construcción, estudió hasta quinto de liceo. Desde 2015, es funcionario de Secundaria: cumple tareas como auxiliar de servicio del liceo de Delta del Tigre. Pero el trabajo en la construcción, que viene de familia y se lo enseñaron sus tíos que eran albañiles cuando era solo un adolescente, lo sigue conservando; siempre que puede hace alguna que otra changa.

En 1997, cuando era niño, su padre cobró una herencia que sumaba una importante suma de dinero que duró hasta 2001 cuando la familia terminó enfrentada por un juicio, luego de que los tíos de Mariani los estafaran, según cuenta.

“Cuando agarramos esa cantidad de plata, que era mucha en aquel tiempo, mi madre siempre nos trasmitió que si comía uno teníamos que comer todos. Cuando organizábamos una merienda en la rambla iban todos nuestros amigos de la cuadra, sino no se hacía”, relata.

Esos valores son los que hicieron que Mariani se preguntara desde chico cómo podía ayudar a los demás y ya de más grande sus convicciones lo llevaran a militar dentro del MPP.


En la demolición de la casa de una mamá jefa de hogar que sufrió un incendio a causa de violencia doméstica. Le están construyendo su casa a través del Plan Juntos

Hace unos ocho años, estaba con unos amigos charlando y consiguieron un poster del Che Guevara que planteaba la idea de aprender el valor de la organización, enseñar el valor de la rebeldía para así obtener por rebeldía organizada. De estas dos últimas palabras surgió el nombre, que unos años después, pondrían al espacio que conformaron dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP). “Siempre fui un militante a pie”, sostiene.

Durante esos años de fuerte militancia, a Mariani le ofrecieron en 2015, cuando tenía 25 años postularse como alcalde de Ciudad del Plata. Pero prefirió dar un paso al costado por su corta edad y porque consideró que había otros compañeros que podían cumplir mejor la tarea.

Mariani y sus compañeros de militancia sentían que a quienes vivían en Delta del Tigre les hacía falta estar organizados para enfrentar algunas problemáticas que habían en el barrio y así también dar respuestas a los propios vecinos. “En ese momento, nosotros decidimos que teníamos que continuar con Rebeldía pero separándolo totalmente de la política partidaria”, señala.

Pintando un muro del barrio que invitaba a los niños a una actividad de Reyes Magos organizada con Rebeldía Organizada.

Pero, igualmente, muchos continuaron militando dentro del MPP, cambiándole el nombre al espacio, esta vez con un nombre que hace referencia a Eduardo Galeano: Los nadies.

Si bien Mariani cuenta que ahora está “un poco” alejado de la política partidaria por la cantidad de tiempo que le demandan todas las actividades que lleva adelante con Rebeldía Organizada, admite que teniendo en cuenta que es año de campaña electoral, también se hará un lugar para militar por el Frente Amplio.

Fútbol

Pero hay una faceta de Mariani que no es tan conocida y que alterna con su militancia. “Soy hincha de Peñarol desde que tengo uso de razón”, dice entre risas. Siempre está detrás del arco alentando al cuadro de sus amores, antes en la tribuna Ámsterdam ahora en la Washington Cataldi del Campeón del Siglo.

Uno de los momentos más difíciles que le tocó afrontar en su vida lo vivió en el fútbol. En 2016, Mariani viajó a Buenos Aires a ver el partido entre Peñarol y Huracán por la Copa Libertados. “Allá la policía es mucho más violenta”, recuerda. “Cuando vas de visitante todo el tiempo los hinchas locales te tiran piedras, y yo pensé que había sido una piedra”. Así comienza el relato Mariani de un episodio de violencia dentro del fútbol en el que perdió la vista en su ojo derecho.

Mariani recibió un balazo de goma por parte de la policía. “Se te apaga todo y es como volver a empezar”, cuenta todavía afectado por lo que sucedió. La policía, que no lo dejaba salir del Estadio, lo tuvo más de media hora tirado en el piso hasta que por fin llegó una ambulancia.

Cuando fue trasladado al hospital los médicos lo consolaban diciéndole que tuvo suerte, le recordaban que hacía unos años un hincha de Estudiantes había muerto luego de recibir un balazo de goma. “Era como el consuelo del pobre”, dice. Lo cierto es que le habían pegado en la frente, en el pecho y en el ojo. Producto de ese disparo tuvo un estallido ocular.

“No veo nada de ese ojo, un 3%, me rompieron la retina que no tiene reparación, pero mantengo el globo ocular no sé hasta cuándo. Ahora, por el resto de mi vida, cada seis horas, me tengo que poner una gotita”, explica.
Debió pasar tres meses acostado en una cama esperando que le bajara un coágulo de sangre del ojo para ver si lo podían operar, algo que finalmente no sucedió.

Recibió una indemnización de 12 mil dólares, luego que videos de ese día probaran que la policía le disparó sin ninguna razón. Con ese dinero se pudo comprar una camioneta que utiliza para trasladar a su madre al hospital y también para trabajar.

Pero ese no fue el único episodio que protagonizó. En 2011, Mariani, eludió a la seguridad del Estadio Centenario y en un acto de “rebeldía contra la dirigencia” se tiró dentro de la cancha y corrió hasta Antonio Pacheco “el último ídolo de Peñarol” para regalarle una remera de cuando este jugaba en Wanderers. “Desde ahí quedó una relación con el Tony de amistad, de agradecimiento por su calidad humana”, dice.

Con Antonio Pacheco en 2013 cuando entró a la cancha para regalarle una remera y mostrarle su apoyo

En el fútbol Mariani también busca ayudar a los que más lo necesitan y luchar por una sociedad más justa. Recuerda que cuando Hernán Fioritto, estaba internado luego de haber sido baleado por hinchas de Nacional, fue a verlo y se puso a disposición de la familia.

Hernán le contó que su ídolo era Pacheco y antes que su situación se agravara, Mariani se comunicó con el futbolista –con quien ya tenía un vínculo– para pedirle si podía ir a verlo.

Al otro día el Tony estaba ahí, dándole fuerzas a Hernán para que se recupere. Y Mariani hasta el día de hoy mantiene el vínculo con la familia Fioritto, a quienes describió como "gente muy buena y laburante".

Richard también fue uno de los impulsores de la campaña que pedía “precios populares” para ir a ver a Peñarol y el encargado de que durante la última Marcha del Silencio, en la tribuna de los aurinegros flameara una bandera en la que se leía “Para que no se repita más, verdad, memoria y justicia”.











domingo, 20 de enero de 2019

Que la historia se conozca

Memorial a la familia Jacina Leiva de la colonia San Javier




>>> Son los comunistas!!!

PN de Río Negro rechaza memorial por familia de colonos debido a que tiene “simbología del Partido Comunista”

18 enero 2019

Desde el grupo de vecinos que impulsó el monumento señalaron que la interpretación depende del “cristal con que se mire”

Un monumento levantado en San Javier, localidad de Río Negro, que se iba a inaugurar mañana generó polémica. Se trata de un memorial dedicado a la familia del colono Carlos Alberto Jacina Leiva, a la que, durante la dictadura, los militares le quitaron las tierras –las expropiaron y no las pagaron–. El monumento se construyó por iniciativa de un grupo de vecinos.
La Comisión Departamental de Río Negro del Partido Nacional (PN) emitió un comunicado en el que señaló que comparte “el espíritu del reconocimiento” a la familia de Jacina Leiva, “que fue desalojado en forma violenta mientras estaba preso por la dictadura militar”. Además, afirmó que, como el monumento se emplazó en un predio del Instituto Nacional de Colonización (INC) que está en régimen de comodato con la Intendencia de Río Negro, y que, por lo tanto, “siendo un espacio de uso público”, su ubicación allí debe contar con la aprobación de tres quintos de los integrantes de la Junta Departamental, “instancia que nunca se cumplió”. Por otro lado, en el comunicado del PN también se indicó que rechazan la escultura porque “tiene una similitud más que exacta con la simbología del Partido Comunista”.
A su vez, fuentes del INC señalaron a la diaria que ese organismo no tiene relación alguna con el monumento, cuya realización fue impulsada por vecinos en el marco de la Ley de Sitios de Memoria (19.641), en relación con la cual tiene competencia el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Por último, Miguel Sevrukov Jacina, integrante del grupo pro memorial a la familia Jacina –y familiar directo de esta–, confirmó a la diaria que hicieron el trámite correspondiente ante el MEC, acompañado por casi 300 firmas de vecinos. Además, dijo que la obra fue encargada al escultor Wilson Bueno, de Paysandú, al que le señalaron que querían construir un memorial a una familia de colonos “campesinos, comunistas, que fueron perseguidos y despojados” de sus bienes. Agregó que la familia Jacina estuvo vinculada “toda la vida” al Partido Comunista, y en cuanto a la crítica del PN, señaló que “corre de acuerdo al cristal con que se mire”. “Respetamos la opinión del PN, pero no la compartimos”, finalizó Sevrukov.




>>> Desde otros tiempos oscuros hoy vigentes

Partido Nacional rechaza memorial por familia de colonos en San Javier debido a que tiene simbología del Partido Comunista 


Habiendo tomado conocimiento de la inauguración en Puerto viejo ( San Javier ) de un memorial que se realizara en homenaje a la Familia Jacina Leiva, en donde se invita (entre otros) la Intendencia de Río Negro y al Instituto Nacional de Colonización ; el Partido Nacional de Río Negro desea expresar a la opinión pública del Departamento lo siguiente:
1. Que comparte el espíritu del reconocimiento a realizar a la Familia Jacina Leiva que fue desalojado en forma violenta mientras estaba preso por la dictadura militar,
2. Que por los principios que nuestro partido históricamente a defendido expresar que no compartirá nunca los desalojos violentos de cualquier tipo sucedan en gobiernos dictatoriales o no;
2. Que el monumento a erigir será instalado en un predio del INC que está en comodato a la IDRN y que por lo tanto y siendo un espacio de uso público debe tener aprobación de la Junta Departamental por3/5 de sus integrantes ; instancia que nunca se cumplió ante el órgano Legislativo Dptal .
3. Por otro lado rechazamos la figura del monumento que tiene una similitud más que exacta con la simbología del Partido Comunista .
4. Comunicamos además que hemos puesto en conocimiento de ésta situación al Instituto Nacional de Colonización a través de su Director Rodrigo Herrero.






01/08/2018

>>> Observatorio Luz Ibarburu pidió desarchivo del asesinato de Roslik

El OLI pidió el desarchivo de la denuncia por el homicidio del médico Vladimir Roslik, ocurrido el 16 de abril de 1984, en el Batallón de Infantería No. 9 de Fray Bentos.



El pedido se realizó en representación de María Cristina Zabalkin, viuda de Roslik, y de su hijo Valery, y aporta nuevos hechos y pruebas a la causa original, además de aportar datos sobre la persecución a toda la comunidad de San Javier, localidad del departamento de Río Negro donde vivía la familia.

Según un comunicado del OLI, “el asesinato de Roslik se inscribe en una serie continuada y sostenida de operaciones represivas contra la colonia que tuvieron como objetivo vincular el origen ruso de sus pobladores con la subversión marxista. Para ello la dictadura elaboró información falsa que pretendía presentar a sus vecinos como agentes soviéticos o integrantes de una célula comunista armada”.

El pedido de desarchivo señala que “Los vecinos torturados, que como Roslik no eran ni agentes extranjeros ni militantes armados, jamás han visto ningún atisbo de justicia. Ni ellos, ni sus familias, ni San Javier, ni la sociedad uruguaya han sido amparados judicialmente. Las graves violaciones a los derechos humanos permanecen impunes”.

El escrito reseña que la persecución contra San Javier se intensificó después del golpe de Estado y continuó hasta el fin de la dictadura. “Hubo detenciones en 1973 y 1976 hasta que en vísperas del Primero de Mayo de 1980 el Ejército invadió la colonia. La operación fue largamente preparada y en ella participaron la División de Investigaciones e Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (DIPRE), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y las Jefaturas de Policía de Río Negro y de Paysandú” , agrega.

El pedido del Observatorio se basa en que la tortura y la muerte por torturas constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales no prescriben. Como establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, la justicia debe adoptar “todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay”, dice el escrito.


>>>  Persecución, tortura y muerte

El OLI recuerda que según el testimonio del marino desertor de la Dirección de Inteligencia de Prefectura (DIPRE) Daniel Rey Piuma en el libro Un marino acusa publicado en 1988 esta repartición de la Armada envió agentes a la colonia para infiltrarse y hacer espionaje.

Por otro lado, el observatorio destaca la existencia de documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que “prueban que en vísperas del operativo, a pedido del Jefe de Policía de Río Negro coronel Walter Tito, el comisario Homero Vaz Bresque y los sargentos Roberto Rivero y Walter Vivone de aquella Dirección policial viajaron a San Javier para apoyar la acción represiva y que el jefe de Policía de Paysandú coronel Rubén González colaboró en tareas de inteligencia”.

“Según oficio de Vaz Bresque, en archivo de la DNII, el 30 de abril de 1980 el Jefe del Batallón de Infantería No. 9 coronel Oscar Roca asumió la dirección del operativo que terminó con veinticinco detenidos” , agrega el OLI.

“La tortura comenzó en la comisaría, donde los primeros detenidos fueron interrogados por el policía Adán Mendieta y el teniente Ivo Dardo Morales. Luego de que el Batallón de Infantería entró a la colonia y copó el Centro Cultural Máximo Gorki, los presos fueron trasladados a Fray Bentos. Los detenidos identificaron a los tenientes Morales y Julio Danzov Jlakin y al médico Eduardo Sáiz Pedrini como los principales responsables de las torturas que sufrieron en la unidad militar” , dice la denuncia del observatorio.

Según la reseña, el 21 de junio de 1980 la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) de la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informaba de las acciones realizadas en San Javier y de la supuesta desarticulación de un “brazo armado” de la subversión. “Once de los detenidos, entre ellos Vladimir Roslik, fueron procesados por la justicia militar y cumplieron condenas de uno a cuatro años en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (Penal de Libertad)”.

En abril de 1984, relata el documento, se preparó un nuevo operativo contra San Javier. “El 10 de abril detuvieron a un ciudadano brasileño que había vivido allí, de nombre Antonio Pires Da Silva. Lo llevaron a Fray Bentos donde el mayor Sergio Caubarrere lo torturó para que confesara que escondía armas. La noche del 15 el capitán Daniel Castellá y el teniente Rodolfo Costas detuvieron a Roslik en su casa. Se lo llevaron encapuchado al cuartel. Esa noche también hubo otras detenciones, entre ellas la del profesor del liceo de la colonia Román Klivzov. A todos los mandaron al cuartel de Fray Bentos”.

Según el comunicado del observatorio, “los presos recuerdan particularmente las torturas que esa noche sufrió Roslik, y sus gritos hasta que la voz se apagó. Cuando Sáiz Pedrini llegó al cuartel el detenido estaba muerto. Inmediatamente se fraguó un acta de defunción que atribuyó la muerte a una causa natural”.

La perseverancia de Mary Zabalkin, el apoyo del gremio médico y la investigación de los periodistas lograron demostrar la falsedad del documento oficial, destaca el OLI. Finalmente Caubarrere y el jefe del Batallón teniente coronel Mario Olivera fueron relevados de sus cargos.

















sábado, 19 de enero de 2019

Chau consulta

Como renos de Finlandia








Finlandia ordena terminar vacaciones a jerarcas uruguayos para firmar entrega del país


 FUNDAVIDA: Después de hacerse los estrechos durante un par de años para seguir obteniendo prebendas y concesiones absurdas, a los finlandese les ha entrado la deseperación por firmar el contrato con el Frente Amplio para consumar el desastre de UPM2.

 El convenio, a todas luces ilegal e inconstitucional, no resiste el menor análisis jurídico, sin embargo al resto de las divisas políticas representadas en el parlamento, salvo honrosas excepciones, estan todas atrapadas por esta dialéctica perversa inaugurada por Tabaré Vázquez y el resto de la ‘banda’ que ha copado la alianza que supo construir el progresismo en Uruguay.

Primero se hacían los duros pero ante la realidad de un creciente esclarecimiento popular y la consecuente resistencia a esta escándalosa entrega del país al saqueo lo apuraron a Tabaré Vázquez y éste, sumiso hasta la obsecuencia como siempre, ordenó a su tropa terminar las vacaciones anticipadamente para concretar el magnicidio.


El País La primera llamada no la atendió. Estaba en la playa aprovechando uno de los pocos días de sol que tuvieron sus cortas vacaciones, y no escuchó el sonido del teléfono. “La ministra pide que vuelvas con urgencia al trabajo”, le dijo la funcionaria de personal del Ministerio de Vivienda. El pedido le sorprendió ya que había iniciado su licencia pocos días antes y le quedaba más de la mitad. Cuando pidió explicaciones la respuesta se limitó a: “Son ordenes de la ministra”.

Este funcionario al igual que otros diez colegas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se vio obligado a cortar las vacaciones programadas con su familia para retomar las tareas con urgencia.

Es que la ministra de Vivienda, Eneida De León, quiere acelerar el análisis de la habilitación ambiental para las obras del “tren de UPM”; obra indispensable para la construcción de la segunda planta de celulosa de la finlandesa.

La jerarca de gobierno quiere que el trámite sea concluido antes del 31 de enero. Por eso, confeccionó una lista de funcionarios a los que se les había autorizado la licencia para que retomen de inmediato sus actividades, explicaron a El País dos fuentes de ese ministerio y otra del Ejecutivo.

Un jerarca de Presidencia dijo que la solicitud se fundamentó bajo el pedido de “razones de servicio” e “interés especial del ministerio”.

La decisión sorprendió a los trabajadores por lo inusual. Sin embargo, no recibieron mayores detalles del pedido, y ante la duda se consultaron entre si vía chat de WhatsApp. Algunos de los alertados, incluso, no había sido aún notificados del pedido y cuando recibieron la llamada del ministerio demoraron en atender la llamada.

Uno de los contactados aclaró que estaba en el exterior y le informó a la funcionaria de personal del ministerio que no podía volver porque recordó que estaba “de misión oficial”.

La presidenta del sindicato de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Rossana Berrini, explicó a El País que el tema los tomó por sorpresa. “Hicimos las consultas pertinentes a COFE (confederación que agrupa a todos los sindicatos de funcionarios estatales) para ver si esto corresponde y cómo debemos actuar”, indicó la gremialista. Berrini dijo que la decisión no es habitual.

Uno de los convocados a retomar sus tareas en la Dinama fue el director de calidad ambiental, Luis Reolón. “Se nos solicitó reintegrarnos de las licencias en la que estamos varios funcionarios, no está muy esgrimida la razón. Estamos averiguando eso”, explicó el funcionario a El País. Aclaró que en su caso está trabajando en la documentación presentada para otorgar la habilitación ambiental para las obras del tren de UPM.

Reolón explicó que las situaciones son muy diferentes dependiendo de los funcionarios. “Había algunos que les quedaba un día de licencia, otros que se les terminaba en un par de días. Y otros comenzaban recién. La información que hay es que por lo menos hasta fin de mes o nuevo aviso no se reprogramarán”, puntualizó.

Otro de los funcionarios exhortados a cortar sus vacaciones dijo que son plenamente conscientes que hay urgencia en “todo lo que hace al tema UPM”. Pero indicó que esa urgencia también existía en el momento que se les otorgaron las licencias. Sin embargo, todas las solicitudes de vacaciones fueron igualmente habilitadas por las autoridades del ministerio. “Eso llama aun más la atención”, puntualizó la fuente.

El Director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, fue uno de los que se le solicitó retomar sus tareas antes de finalizar la licencia programada. El País intentó contactarse con el jerarca para que explique la situación, pero no logró hacerlo.

Tampoco con la ministra. La jerarca de gobierno había solicitado licencia a partir del 8 de enero de este año, por lo que su cargo fue ocupado interinamente por el subsecretario de la cartera, Jorge Rucks. El director general de Vivienda, Homero Guerrero se excusó de atender a la prensa. Su secretaria explicó que tenía un día cargado de agenda: “Está reunido con la delegación de UPM y ahora no puede atender”, aclaró una secretaria a El País.

El ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) espera la documentación que habilita el inicio de las obras. La inversión es vital para la confirmación de la segunda planta de UPM en el país. La firma finlandesa intenta acelerar los plazos; premura que también hay en parte del gobierno. Sin embargo, el ministro Rossi aseguró que no harán un solo movimiento de tierra sin la habilitación. “No podemos mover una piedra hasta que no se concrete la documentación ambiental correspondiente”, dijo.


>>> Firmaron el decreto


Primero dijeron que consultarían al pueblo, pero ahora como los colonizadoress finlandeses les ordenaron firmar cuanto antes el contrato, Tabaré Vázquez ordena ejecutar la expulsión de los pobladores que se verán afectados por las expropiaciones para elevar la cota de la represa de Rincón del Bonete para disponer el fabuloso volumen de agua que el gobierno uruguayo garantizó a UPM para que ésta la use y contamine en su proceso industrial.


Dos decretos del Poder Ejecutivo avalan el plan de UTE. Ministra Cosse había conformado un equipo para estudiar su impacto.


Dos decretos firmados la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez habilitaron la expropiación de dos padrones , con “urgente toma de posesión”, en el departamento de Durazno destinados a la ampliación del embalse de la Represa Gabriel Terra.

El Poder Ejecutivo accedió así a la gestiones realizadas por UTE, para poder “brindar el servicio de electrificación con mayor eficacia y seguridad, dado que el lago de la represa, por sus características, constituye la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual asociados a los importantes cambios operados en la matriz eléctrica en los últimos años”.

Las expropiaciones fueron avaladas por la Dirección Nacional de Energía y por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria.

Uno de los padrones fue tasado en 105912 unidades indexadas, unos 426136 pesos,y posee poco más de cuatro hectáreas.

El otro tiene un valor de 228.118 unidades indexadas, equivalentes según la actual cotización a 917832 pesos, y se extiende por algo más de nueve hectáreas.

Las autoridades parecen así ratificar su intención de avanzar en los planes de subir el nivel del embalse de Rincón del Bonete, luego que el mes pasado la ministra Carolina Cosse afirmara que, hasta no tener un estudio profundo sobre el impacto que tendrían, no se autorizarían las expropiaciones.

“Más allá del proceso que haya realizado UTE, desde el ministerio entendemos que es necesario un estudio más profundo que considere varios aspectos desde una perspectiva país” había afirmado la ministra el 4 de diciembre en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, había anunciado la conformación de un “equipo multidisciplinario” con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la sociedad civil, UTE y las intendencias, para realizar tal estudio.

“Hasta no tener esos resultados no le daremos curso a los procesos de expropiación” había asegurado Cosse.

La convocatoria fue efectuada personalmente por Cosse a todos los involucrados a través de un correo electrónico oficial al que accedió ECOS.

El plan, en que UTE iría a invertir hasta 40 millones de dólares en expropiar total o parcialmente unos 750 padrones para elevar el nivel del embalse de Rincón del Bonete, se topó con fuerte oposición a nivel social y ambiental.

Los productores de la zona alegan que las obras terminarán por anegar zonas productivas de la región y hasta hacer desaparecer la playa de San Gregorio de Polanco.

Movimientos ambientalistas contrarios a la instalación eventual de UPM en el río Negro sostienen por su parte que el plan responde a la necesidad de la pastera de contar con mayores reservas hidráulicas para disolver mejor los efluentes de la nueva planta.



Obras previstas por AFE apuran el traslado de Feria Permanete
Eduardo Castro — 18 enero, 2019



Los puestos de ventas que forman parte del popular espacio comercial pedrense sobre calle Francisco Espínola, deberán ser trasladados hacia otro punto de la ciudad.

El pedido surge ahora de la empresa encargada de las obras prevista por el MTOP y AFE que implicará modificaciones importantes en el entorno de la Estación de Trenes de Las Piedras.

Reunión

Según pudo saber CC Portal, en diciembre hubo una reunión convocada por el Alcalde Gustavo González y representantes de los puestos de venta de la Feria Permanente. En ese encuentro el jerarca del gobierno local comunicó que la empresa adjudicataria de las obras prevista para el ferrocarril, habría solicitado que el espacio que ocupan lo puestos callejeros sobre el costado del muro lindero de la estación debería ser liberado para la operativa de las obras.
En tal sentido, desde el Municipio de Las Piedras, y según contó a CC Portal Nelson Castro uno de los voceros de los comerciantes de la Feria Permanente, se están buscando posibilidades alternativas de lugares dentro de la ciudad hacia donde podría ser traslado este espacio de venta con 52 puestos.

Por más detalles

Castro dijo que ahora buscan contactarse con la empresa y conocer detalles del motivo por el cual requieren del espacio donde está ubicada la feria hace más de 20 años. También para conocer fechas y plazos concretos, que en principio tras el dialogo con el alcalde sería hasta el mes de febrero próximo.
Más allá de que los comerciantes estaban en conocimiento en cuanto a las obras anunciadas por el gobierno y que en Las Piedras ser haría una modificación importante en el entorno de la Estación de Trenes, ahora esto aumenta la incertidumbre y nerviosismo de quienes integran la Feria Permanente. Conocer el futuro lugar de destino que les darán, que aún no está definido por las autoridades locales y en qué condiciones se instalarán en el mismo, son parte de las interrogantes planteadas. E.C


Ecos Portal  Tres jerarcas del gobierno serán convocados a responder por cuestionamientos legales y constitucionales al acuerdo suscrito con la empresa.
El Poder Ejecutivo hizo silencio y, en los hechos, rechazó un planteo ciudadano que, con más de 7000 firmas, pedía a fines del año pasado la anulación del acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.

De todas formas, a nivel parlamentario encontró eco la iniciativa presentada por esos mismos ciudadanos, para que el Legislativo “enjuicie” al gobierno por haber suscrito un contrato que consideran irreconciliable con la normativa vigente y violatorio de la Constitución.

El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, serán convocados a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Se trata de los jerarcas que representaron al gobierno en las negociaciones con la multinacional.

La citación la hará efectiva el 6 de febrero, cuando la comisión reanude sus sesiones, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que consideró muy atendible y fundamentado el planteo presentado por el grupo de ciudadanos.

En diálogo con ECOS, el legislador sostuvo que el Parlamento no debería quedad omiso y considerar la petición, pese a que no está obligado.

Luego de un análisis de la petición, Abdala señaló que el contrato está “plagado de irregularidades”, por lo que exigirá que los jerarcas fundamenten las razones de por qué se suscribió.

“El Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden en asuntos que deberían ser determinados por ley”, afirmó. Entre otros aspectos, señaló que el gobierno asume compromisos en el acuerdo que pertenecen a la órbita departamental, por lo que se estaría violando la autonomía de las intendencias afectadas por el proyecto.

Como ejemplo, citó la exigencia de UPM en cuanto a que se le asegure un flujo mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo, y así no agravar la contaminación del río Negro.

Según Abdala, podría ser violatoria del artículo 47 de la Constitución.

Allí se establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”. También que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.

Así, los jerarcas convocados deberán responder sobre los cuestionamientos legales y constitucionales al contrato con UPM. Lo que Abdala no ve tan claro es la posibilidad de enjuiciarlos políticamente por haberlo firmado.

Es que el artículo 93, que regula el mecanismo de juicio político, prevé la posibilidad de que sea entablado contra el presidente, ministros, legisladores y otros jerarcas del Estado por violación a la Constitución y delitos graves.

Abdala explicó que el planteo ciudadano no individualiza a los gobernantes contra quienes se pide accionar.

Por otra parte, remarcó que la decisión final será política. “Hay que ser realistas, el Frente Amplio tiene mayorías y la oposición, por sí misma, no tiene los votos para hacerlo prosperar”, dijo.

El grupo de ciudadanos que promovió el planteo, nucleados en el Movimiento UPM2 NO, envió correos electrónicos a los legisladores remarcándoles la necesidad de atender la petición presentada.

Entre otros aspectos, consideran que el acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.

>>>  Sarandí Grande defendiendo la Soberanía Nacional













jueves, 17 de enero de 2019

Balneario Las Cañas contaminado

Lleno de mierda



FRAY BENTOS---El mejor Balneario de aguas dulces del interior "Las Cañas",CLAUSURADO POR CONTAMINACION . Lleno de turistas argentinos!! VERGÜENZA!!
Eso y además, todas las calles deshechas, cortadas, inundado



Se han percibidos olores de UPM en las cañas se percibe el olor en toda la semana no se dijo nada en algunos medios.
Antes se iba en bicicleta hasta Las Cañas con una panoramica espetacular. Ahora no hay quien lo aguante. Entre UPM y OSE a ver quién contamina mejor.