domingo, 21 de diciembre de 2014

A los fusilados de Soca en tiempos del afloje

Floreal García

20 diciembre 1974 - 20 diciembre 2014

por Cristina Carrera y Roberto Sasiaín. (que compartió celda con Floreal)



Elegí entre muchos modos,  ser más viejo que mi edad” (Carlos María Gutiérrez).
           
*Cecilia Gianarelli y Virginia Olivieri (caídas en combate)
*Alfredo Cultelli, Jorge Salerno,Ricardo Zabalza(caídos en combate luego de La toma de la Ciudad de Pando y fusilados desarmados luego de detenidos).
*Aida Sanz,embarazada, detenida desaparecida junto a su madre,(tuvo a su hija  en cautiverio y la bebé fue secuestrada, recuperada en 1998), *Elena Quinteros, secuestrada dentro de la embajada de Venezuela (detenida desaparecida)
*El “gallego” Antonio Más Más enloquecido por las torturas

 …. y todos nuestros compañeros muertos de mil formas,”que eligieron ser más viejos que su edad”.

 También en esa tortura“de baja intensidad” que es la cárcel, en celdas de castigo (la isla) como el caso del “gorila” Horacio Ramos.  O en una cama del Hospital Militar por omisión de asistencia, como Adolfo Wassen o nuestra propia hija Alejandra en su cuna recién nacida( considerada presa por ser hija de presos políticos).

            *Los estudiantes asesinados en manifestaciónes callejeras: Susana Pintos, Liber Arce, Hugo de los Santos.

Y LOS 5 FUSILADOS DE SOCA HOY RECORDADOS (muchos lo hacen por oportunismo político):

            *La “gorda” Graciela Estefanel
*El “cañito”Héctor Brum y su compañera Ma.de los Angeles Corbo(embarazada de 6 meses).
*Floreal García y su compañera Mirta Hernández (Amaral,de 3 años de edad, hijo de ambos, secuestrado en Argentina junto a sus padres, luego entregado a un policía para su crianza, y finalmente recuperado en 1985 a los 13 años de edad).

“Y sepan que sólo muero si ustedes van AFLOJANDO” (Carlos María Gutiérrez).

Y sólo estarán VIVOS por siempre en los que hoy mantienen sus banderas en alto, NUNCA  en aquellos que han impuesto  la CULTURA DEL AFLOJE, de bajarse los pantalones, de abrazarse con las multinacionales chupadoras de la plusvalía y la sangre de nuestros trabajadores.

Es matarlos cada día un poco más, el haber recibido a la embajadora yanqui con los brazos abiertos, rindiéndole homenajes, despidiéndola con un asado organizado por el propio presidente Mujica.  Esta señora embajadora del imperio (pero de origen dominicano) y -según sus propias palabras- colega de los del FBI,  PUDO IR Y ESTAR  sin que la abuchearan a nuestro escenario mayor del carnaval.  Estuvo allí sentada entre gente de pueblo(cambió mucho el carnaval uruguayo, pero todavía no asisten los “cuquis” allí) Y NO PASÓ NADA.

Esto parece la venganza de Dan Mitrione.



sábado, 20 de diciembre de 2014

Que no escape



por Roger Rodriguez

 

Tróccoli será juzgado en Roma, temen que se fugue
Preocupa que marino huya antes de audiencia del 12 de febrero.

EL CAPITÁN TRÓCCOLI SERÁ PROCESADO CON LOS
OTROS 31 MILITARES EN CAUSA CÓNDOR DE ITALIA

El prófugo criminal de lesa humanidad uruguayo, capitán de navío Jorge Tróccoli, será formalmente procesado junto a otros 31 militares latinoamericanos que fueron acusados por el fiscal Gianncarlo Capaldo como responsables de la desaparición de ciudadanos italianos en los años de la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América conocida como Plan Cóndor.
Tróccoli había fugado de Uruguay para evitar la cárcel en una causa por la que fueron condenados el dictador Gregorio Álvarez y el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, con quienes habría sido responsabilizado del secuestro, tortura, traslado ilegal y desaparición de medio centenar de uruguayo que fueron capturados en Buenos Aires a fines de 1977 y probablemente terminaron siendo ejecutados en Montevideo al año siguiente.
El proceso oral y público comenzará el 12 de febrero de 2015 en la sala búnker de la cárcel romana de Rebibbia, donde el Tribunal de Roma aplicará justicia internacional sobre once militares (Ricardo Arab, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Gregorio Álvarez, Juan Larcebeau y Jorge Tróccoli), un policía (Jorge Sande) y un civil (Juan Carlos Blanco) uruguayos, y otros represores latinoamericanos.
Estos 12 uruguayos imputados se agrega a otros cuatro: Iván Paulós, Ricardo Chávez Domínguez, Pedro Mato y Ricardo Medina, a quienes ya les habían iniciado el proceso en el mes de octubre. En total son 16 represores uruguayos los que comparecerán ante el Tribunal de Roma.

La información proporcionada por el Osservatorio Uruguay desde Roma indica:
Proceso Cóndor en Roma.
Audiencia del 19 de diciembre del 2014.-
Al comienzo el Dr. Fabio Galliani, representante del Estado de Uruguay,evocó la figura del recientemente fallecido embajador del Uruguay en Roma el Dr. Alberto Breccia, siendo observado posteriormente un minuto de silencio.
Se estableció que non existe "ne bis in idem" por ocho imputados uruguayos por los cuales se habían pedido tales verificas y se asume que el Ministro de la Justicia de Italia concedió el consentimiento a la continuación del proceso . Los imputados son: José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, José Horacio “Nino” Gavazzo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Vázquez Bissio.
Por os imputados Ernesto Soca, Gregorio Conrado Alvarez Armellino y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray luego de una búsqueda en las relativas sentencias uruguayas de 1° y 2° se estableció igualmente la no existencia de "ne bis in idem" tampoco para estos tres imputados.
Todos ellos fueron reenviados al proceso oral y publico que tendrá comienzo el día 12 de febrero de 2015 en la sala búnker del cárcel romano de Rebibbia.
No se ha logrado establecer en el día de hoy lo concerniente al imputado boliviano Luis García Meza Tejada, por el que se fija una audiencia especifica para el día 6 de febrero de 2015.
En orden a la primera audiencia previa por el imputado Jorge Nestor Troccoli se constituyeron como querellantes el Gobierno de Italia, el Partido Democrático y el Frente Amplio y los familiares de las víctimas uruguayas con ciudadanía italiana: Edmundo Dossetti, Ileana Garcia, Julio D’Elia, Yolanda Casco, Raúl Borreli y Raúl Gambaro.
Al mismo tiempo fueron admitidos como querellantes los familiares de víctimas sin ciudadanía italiana. La asociación de ddhh 24marzo onlus en condición de apoderada ha encargado al Dr. Andrea Speranzoni por el caso Guillermo Manuel Sobrino Berardi, al Dr. Arturo Salerni por el caso Miguel Ángel Río Casas, a las Dras. Marta Lucisano y Alicia Mejia en representación de los familiares de Aída Celia Sanz Fernández y los Dres. Mario Angeleli y Andrea Ramadori por los familiares de Elsa Haydee Fernández Lanzani de Saenz.
Jorge Nestor Troccoli fue reenviado junto a todos los demás imputados al proceso oral y publico a partir de la misma audiencia del 12 de febrero 2015
La asociación 24marzo onlus teme por el peligro de fuga del imputado Jorge Nestor Troccoli, quien ya se ha fugado precedentemente de la justicia en el Uruguay.


Tróccoli , que no compareció en el último interrogatorio judicial en Montevideo y fue requerido internacionalmente por el juez Luis Charles, tras su fuga con pasaporte italiano fue detenido en Italia en el 2007 acusado por la desaparición de uruguayos de origen italiano durante los años ‘70.
Fue liberado posteriormente por la falta de un tratado de extradición entre Italia y Uruguay pero ahora con la nueva investigación podría ser procesado en Italia.

Sábado 20 de Diciembre de 2014.
El juez italiano Alessandro Arturi resolvió iniciar proceso jurisdiccional contra doce militares y policías uruguayos, por el secuestro y desaparición de una veintena de personas de nacionalidad italiana, durante el accionar represivo del Plan Cóndor. Arturi anunció, este viernes, que el ministro de Justicia, Andrea Orlando, aceptaba enjuiciar a los represores uruguayos.
La resolución del magistrado recayó sobre el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y los integrantes de los servicios represivos de la dictadura Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, Lima José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau y Ernesto Soca, según informó la agencia EFE.
El pasado 14 de octubre, el juez Arturi había dispuesto el procesamiento del ex jefe del Servicio de Información y Defensa (SID), general (r) Iván Paulós, y el oficial Pedro Mato Narbondo, por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de varios ciudadanos italo-uruguayos, pero había dejado en suspenso la resolución en relación a los ahora imputados, en virtud de las imputaciones en su contra en Uruguay.
Tras recibir la autorización por parte del Ministerio de Justicia de Italia, el juez Arturi decidió que los militares sean sometidos a audiencia el próximo 12 de febrero en la Tercera Sección Penal del Tribunal romano junto Paulós y Mato Narbondo, informa la agencia.
Asimismo, el juez Arturi resolvió el envío a juicio del capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, imputado en Italia por la desaparición de seis ciudadanos italo-uruguayos. La Justicia italiana desestimó un pedido de extradición librado por su par uruguaya contra Tróccoli, al entender que el mismo fue presentado en forma extemporánea. Sin embargo, el fiscal Giancarlo Capaldo decidió imputarlo por los crímenes cometidos durante el Plan Cóndor, en un proceso penal donde el Estado uruguayo es parte querellante. Tróccoli también deberá comparecer el próximo 12 de febrero.


El abogado italiano Fabio Galiani, representante del Estado uruguayo en el juicio en Roma por los crímenes del Plan Cóndor. 


Piano se va lontano

Estado uruguayo se incorporó como parte en juicio en Italia para reparar “su imagen internacional” por crímenes del Plan Cóndor.
A 14 años de la radicación de la denuncia, el 11 de octubre se constituyó en Italia el inicio del proceso judicial por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Durante esa audiencia, el Estado uruguayo, representado por el abogado Fabio Galiani, fue admitido como “parte civil”. Galiani explicó a la diaria el alcance de este hecho, que es considerado histórico, y afirmó que buscará un reconocimiento del daño moral que sufrió el Estado luego de que militares y civiles en el poder actuaran en forma ilegítima en su nombre. El 22 de noviembre se celebrará la próxima audiencia.
El Código del Proceso Penal italiano se basa en el principio acusatorio. Esto significa que el fiscal lleva adelante toda la indagatoria y la investigación y decide cuándo lleva una causa a juicio. El expediente contra acusados uruguayos, chilenos, peruanos y bolivianos por crímenes cometidos durante la coordinación represiva del Plan Cóndor fue abierto a raíz de una denuncia radicada a fines de los 90. Este año, el fiscal Giancarlo Capaldo presentó toda la prueba recabada ante el juez en la denominada “audiencia preliminar”, que se celebró el 11 de octubre. En esa instancia, el juez hizo lugar al inicio de un proceso penal y aceptó la constitución del Estado uruguayo como “parte civil”.
El abogado Alberto Breccia, que entrará en funciones como embajador en Italia el 26 de noviembre, explicó la decisión del gobierno de que nuestro Estado sea “parte civil” del juicio entendiendo que durante la dictadura fue “perjudicado en cuanto a su imagen internacional a partir de la acción de quienes usurparon el poder”. Breccia añadió que se descartó la posibilidad de hacer partícipe al Estado en el juicio mediante la figura de “portador de intereses difusos” porque lo excluía, entre otras cosas, de la presentación de pruebas.
Galiani indicó a la diaria que Uruguay tendrá derecho a presentar pruebas y testigos, a interrogar a los testigos presentados por la otra parte, a proponer excepciones procesales y a resistirse a las que proponga la parte acusada. “Vamos a tratar de presentar documentos que obtuve gracias a un increíble trabajo intensivo del ‘grupo de trabajo’ coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de la Comisión para la Paz [en referencia a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia] y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con representantes de los familiares de las víctimas”, afirmó.
Breccia, por su parte, señaló que además del reconocimiento se busca el resarcimiento. En otras palabras, si la Justicia italiana determina la culpabilidad de los imputados uruguayos, el Estado podría solicitar una reparación económica, aunque Breccia agregó que el monto sería “simbólico”.
Para Galiani, la decisión del Estado uruguayo de constituirse como “parte civil” no sólo tiene como objetivo principal “estar cerca de las víctimas” sino también tomar “una posición clara de distancia y de firme condena” a lo ocurrido durante la dictadura. “La iniciativa del Estado uruguayo es necesaria para aclarar ante la historia y el propio pueblo que el Estado y el pueblo fueron los perjudicados y no los responsables de aquellas atrocidades”, resumió.

Dañados y dañinos

¿Cómo se entiende que el Estado se presente como “parte dañada” cuando éste tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor? “En la mayoría de los países del mundo asistimos a crisis de la política; los ciudadanos se alejan cada vez más de las instituciones públicas. A veces, esto nos permite olvidar que el Estado es la comunidad de los ciudadanos, que nosotros, el pueblo, somos el Estado. En este sentido, el Estado fue dañado en sus principios básicos, no responsable de la Operación Cóndor. Si vemos al Estado como un aparato burocrático -que es sólo el instrumento para cumplir con los fines de la comunidad-, es claro que la responsabilidad no fue del Estado, sino de personas que en ese momento estaban actuando en su nombre de forma ilegítima, en violación de normas fundamentales nacionales e internacionales”, explicó. Consultado sobre si esta conceptualización exime al Estado uruguayo de su responsabilidad, Galiani indicó: “Si un alcalde de una ciudad ordena a policías bajo su mando que torturen, la responsabilidad es de ese alcalde y de los policías que cumplan esas órdenes, no de la ciudad ni del conjunto de sus ciudadanos, que por el contrario son víctimas de un perjuicio, no sólo como individuos sino también como comunidad. Así que, sin duda, los responsables de las atrocidades son los que planearon, ordenaron y cometieron tales actos inhumanos”.

Nella sua casa

Galiani inició el vínculo con Uruguay a fines de 2007, cuando el ex militar Jorge Tróccoli fue capturado por las autoridades italianas. “El caso involucraba aspectos de Derecho Penal Internacional y en Italia no hay muchos especialistas en ese campo”, relató Galiani, quien participa en la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el comienzo y ha trabajado a nivel internacional.
En aquel momento, el Estado uruguayo decidió solicitar la extradición de Jorge Tróccoli, imputado en el expediente judicial que más tarde condenaría a Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau por las desapariciones de uruguayos en Argentina entre fines de 1977 y principios de 1978.
La detención se realizó a pedido de un tribunal de Roma, como medida cautelar por su calidad de indagado en el marco de la megacausa por el Plan Cóndor, en la que está acusado de los mismos crímenes por los que lo requirió Uruguay. Más tarde, el mismo tribunal dispuso su libertad al no contar con elementos suficientes para mantener la prisión preventiva, y desde entonces se encuentra libre en Italia.
La extradición nunca se hizo efectiva debido a la entrega fuera de plazo de la solicitud uruguaya, hecho que fue atribuido al entonces embajador Carlos Abín. Breccia, quien llegó a Italia a fines de 2008 para sucederlo en el mandato, presentó los recursos correspondientes con el fin de que Tróccoli fuera juzgado en su territorio.
En febrero de 2009, el Ministerio de Justicia italiano, entonces a cargo de Angelino Alfano [ahora viceprimer ministro y ministro del Interior], hizo lugar al petitorio cursado por la embajada uruguaya. En este punto, la fiscalía apartó el trámite administrativo de Tróccoli de la megacausa y por esta razón no aparece entre los indagados (ver recuadro). No obstante, el expediente para su juzgamiento sigue en curso y también está a cargo del fiscal Capaldo.

Otro frente

Durante la audiencia preliminar también se constituyó como “parte civil” el Frente Amplio, “en nombre de las víctimas”. En una carta fechada el 18 de octubre, los directores del Partido Democrático italiano señalan que es un hecho histórico y que “por primera vez dos partidos políticos de diferentes países cooperan de manera activa en la búsqueda de la verdad y de la justicia en el ámbito de un proceso penal internacional”. Ambos partidos, además, comparten abogado representante, Antonello Madeo.
Lourdes Rodríguez








Bien oscuro

El gorrito de Amodio 



POLÍTICA 
Militar uruguayo extraditado a Chile por caso Berríos visitó Uruguay 
Tomás Casella pudo viajar a Montevideo por gestiones directas de la Presidencia de Uruguay con su par de Chile.

16 DIC 2014 -

El militar uruguayo retirado, Tomás Casella, condenado a 15 años de prisión en Chile por el secuestro del químico Eugenio Berríos , visitó Uruguay en los primeros días de diciembre por primera vez desde que fue extraditado al país trasandino.

Berríos fue agente de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y fue visto con vida por última vez en 1992 en una comisaría de Parque del Plata. Fue entregado a un grupo de militares y su cuerpo apareció en 1995, enterrado en una playa con disparos en la cabeza.

Por el secuestro y crimen fueron extraditados en 2006 Casella, y otros dos militares: Wellington Sarli y Eduardo Radaelli.

El viaje que Casella realizó este mes a Uruguay se hizo posible gracias a gestiones que se hicieron desde la Presidencia de Uruguay, en contacto directo con el gobierno de Chile. Casella viajó especialmente para ver a su madre de 91 años.

El asesinato de Berríos por los servicios de inteligencia de Uruguay y Chile

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El Ñato y los militares que seguían asesinando en democracia
El coronel Eduardo Radaelli y el general retirado Tomás Casella procesados en Chile por el secuestro, asociación ilíciata y asesinato de Berríos en Uruguay.
Ver mas en La República:  http://www.republica.com.uy/militar-uruguayo-extraditado-en-chile-visito-montevideo/494293/ 

El coronel uruguayo Tomás Casella (derecha), junto a Pinochet, en Montevideo en 1993.

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Un Ñato fiel



Jueves, 30 de marzo, 2006

En este enredo ha quedado pringada mucha gente


Berríos
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (*)
Puede ser que los en aquel entonces capitán y mayor (Radaelli y Sarli respectivamente) hayan secuestrado y fusilado al genocida chileno Berríos. La Justicia debería investigarlo.
El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes "sin perjuicio" (puede volver a abrir sus fauces).
Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.
Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.
Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.
Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.
En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.
Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.
Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.
Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que "cantara" los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo... Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)
Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.
Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.
Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.
Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.
Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.
Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos...
Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?
La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!
Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.
Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.
En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.
Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos "perejiles" (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: "acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude".
Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo... O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.
Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.
Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?
¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?
Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.
No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en "Uruguayos Campiones", esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la "retirada", otro ataque a la soberanía desde un país hermano...
Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.
La "vindicta pública" será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.
Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar...
Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no "arreglar" sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos "giles".
Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden... *
(*) Senador de la República


Miércoles, 05 de abril, 2006
La extradición de militares uruguayos
Por cuestiones del momento

HUGO CORES

La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre los que vale la pena detenerse y opinar.

Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.

1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.

2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.

3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían "presos políticos".

4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.

5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.

Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la "razón" por la cual la extradición no se justifica.

6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción "desde abajo" y una intervención "justiciera".

El estilo es el de la denuncia ante "la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba".

Los oficiales serían "capitancitos", "perejiles", "víctimas" de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.

7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?

O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?

O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?

8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.

El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.

Durante años, congreso a congreso --el último fue el de diciembre de 2003-- se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.

9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.

Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.

Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.

La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura ¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?

A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.

Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.

10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.

En tren de "denuncias justicieras", asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.

Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.

11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.

Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.

Lo otro es alimentar confusiones. *
 

Wisky berreta y coherencia

19.12.2014

En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro se refirió a las críticas que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) realizó contra el gobierno por entender que no están aportando datos y además dificulta la investigación sobre violación a derechos humanos durante la última dictadura civico-militar. "Es una ONG financiada por las peores fundaciones imperiales", dijo y agregó: "Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información".


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viernes, 19 de diciembre de 2014

Repudio a las tropas uruguayas en Haití

Preparandose para la guerra en Haití

Concentrando para la República de Haití .
 


17.12.14 | Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado Nº 7


El Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado Nº 7 realizó un ejercicio en campaña en la Región General Lago Merín.

Los efectivos participan de la etapa de concentración del Personal del ámbito de la División de Ejército IV, que próximamente será desplegado en la República de Haití. Es entonces que, se efectuaron ejercicios de tiro, control de disturbios civiles, patrullas y apoyo logístico a las operaciones.
Tiro al blanco 

 ACTO DE REPUDIO A LOS 100 AÑOS DE COLONIALISMO NORTEAMERICANO EN HAITÍ, Y A LA PRESENCIA DE TROPAS OCUPANTES URUGUAYAS EN HAITÍ,
Con la presencia de Henry Boirolin del Comité Democrático Haitiano.
Organizó: Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
18 de Julio y Cuareim, esquina de la Cancillería
Montevideo - Uruguay 

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Entrevista a Henry Boirolin:
19 de dic. de 2014
Henry Boirolin del Comité Democrático Haitiano
Realizó la entrevista Fernando Moyano integrante de la Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití 

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Segunda parte .

Tercera parte: .

De  Pablo Marrero

Mientras se realizaba el acto por el pueblo de Haití y el pedido al gobierno -del Frente Amplio- del Uruguay de que quite inmediatamente las tropas militares de ocupación que tiene en Haití (como bien lo explica en el video Henry Boirolin el pueblo haitiano necesita la ayuda como les envió Cuba -que les mandó médicos- y Venezuela, y no milicos al servicio del Imperialismo Norteamericano), en paralelo el PIT-CNT oficialista cortaba la Av. 18 de julio a la altura de Cuareim -ahí mismo donde estábamos nosotros frente al edifico de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores-, porque el PIT-CNT prácticamente para la misma hora de ayer había convocado para celebrar la "apertura" de los EEUU a CUBA en plaza Libertad, es decir a una cuadra de nuestro acto. Pero aunque estuviéramos a 1 cuadra de distancia, al acto por Haití -que fue un acto que también denunció y repudió el proceder cipayo de los gobiernos del Frente Amplio- no se apareció ni un solo integrante de la burocracia sindical del PIT-CNT.

Mientras en el  Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado Nº 7 se preparan las tropas para ir a Haití





 

Ingerencia indebida

Estos "viejitos de Mujica" no son presos comunes , son asesinos multiples , violadores , desaparecedores de niños y terroristas de estado. Los delitos de Lesa Humanidad" no caducan. Ni tampoco se "pactan en secreto".


Mujica y los "viejitos presos" 
El presidente de Uruguay, José Mujica, ha vuelto a mostrarse favorable a la prisión domiciliaria para los reos mayores de 70 años, lo que incluiría a los militares condenados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985). A menos de cuatro meses de entregar la banda presidencial a un sucesor, que será elegido en segunda vuelta el 30 de noviembre, Mujica —electo Senador el pasado 26 de octubre— tiene la intención de pedirle a la Corte Suprema que acepte la liberación de los presos de edad avanzada. Actualmente, la ley contempla esa medida de clemencia con la excepción de los crímenes "especialmente agravados", como las violaciones de los derechos humanos.
"No quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo el exguerrillero recientemente. A inicios de año, llegó a declarar: "No peleé para tener ancianos presos".


jue dic 18 2014
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux, calificó de "injerencia indebida" la reunión que el secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero, tuvo con un juez al que le solicitó que se dé prisión domiciliaria a los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena.

"El relacionamiento de un un poder del Estado con un magistrado no se debe hacer directamente sino que debe pasar por el jerarca del servicio, el relacionamiento directo es inadecuado y compromete su independencia y su imparcialidad", agregó Larrieux en una conferencia de prensa esta mañana.

Según publica el semanario Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió ayer una carta al presidente José Mujica y al secretario de Presidencia, Homero Guerrero, expresando su disconformidad acerca del pedido del gobierno al juez penal de Ejecución, Martín Gesto, para que se establezca prisión domiciliaria a militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena.

Laurriex dijo a El País que la SCJ no recibió respuesta de la carta de parte del Poder Ejecutivo, pero que tampoco la esperan porque la intención de la Corte era únicamente manifestar su disconformidad con la situación.

En la carta, firmada por los cuatro ministros del máximo organismo (Jorge Larrieux, Jorge Ruibal, Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique), piden a Guerrero " como profesional del derecho, reflexione sobre la inconveniencia de actitudes como la expuesta, que comprometen al necesario respeto institucional en el sistema democrático que, formalmente, requiere que pretensiones o comentarios del tipo, se canalicen a través de los órganos correspondientes".

"Como usted bien sabe, esta corporación ha estado -y estará- abierta a todo tipo de inquietudes  que contribuyan al mejor relacionamiento entre los poderes del Estado, pero al mismo tiempo entiende que el relacionamiento directo de otro poder con los magistrados, sobre cuestiones que están o pudieran estar en su órbita de conocimiento es inadecuada, inconveniente y roza su independencia e imparcialidad", dice la carta.

Esta situación comenzó la semana pasada cuando el juez Gesto recibió la llamada telefónica de Guerrero, quien lo citó en la Torre Ejecutiva. Gesto respondió que en ese momento no podía asistir, pero el secretario de Presidencia insistió en enviarle un auto oficial. Finalmente Gesto fue por sus propios medios y allí recibió el pedido.

Esta mañana, Jorge Chediak, uno de los ministros que firmó la carta, confirmó a radio Carve el envío de la misiva: "es absolutamente cierto, la Corte envío en el día de ayer la nota haciendo caudal de que el correcto relacionamiento de los poderes indica que la cabeza del Poder Ejecutivo tiene que comunicarse a través de la cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, por cualquier tema de su interés y no hacerlo directamente con ningún juez letrado o ministro del Tribunal de apelaciones".

"Desde el retorno a la democracia no recordamos que desde Presidencia de la República se haya hecho una comunicación directa a un juez de ninguna materia en el Uruguay. Estos hechos sí habían ocurrido durante la dictadura militar", concluyó Chediak.

El secretario de la Presidencia Homero Guerrero

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) expresó su malestar por la actitud del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, de llamar a un juez para solicitarle que se conceda la prisión domiciliario a algunos militares imputados por graves violaciones a los derechos humanos. Los ministros de Corte enviaron una nota a Guerrero, con copia al presidente José Mujica, donde le manifestaron la “inconveniencia” de esa actitud.

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Carta publicada en 2005
¿Para qué diablos sobrevivimos,  Ñato?
Carta de Jorge Zabalza a E. Fernández Huidobro


Decía el Che Guevara que en una revolución, cuando es verdadera, se  triunfa o se  muere. ¡Y vaya si la tupamara fue verdadera! ¡Vaya si se daba la vida  entera!  Pero nosotros ni triunfamos ni morimos, sobrevivimos a gatas y eso, en  algunos  casos, ha sido una lástima, porque se podía haber quedado como recuerdo  entrañable y en cambio, al seguir viviendo, siempre se está a tiempo de  mandarse  alguna gran macana.

Hay viejos tupas, ustedes entre ellos, que ya no hacen política  tupamara, esto  es, política con un horizonte insurreccional, como el que alumbraron los  soles  de los 60, pero también las lunas primaverales a la salida de la  dictadura.Clandestina o en la legalidad, con armas o sin ellas, en los 70 o en los  90,  juntos hicimos política en serio, política para transformarnos en  mujeres y  hombres con valores e ideas revolucionarias, para transformar la  sociedad actual  en otra, sin clases y sin Estado.

Después, al perder el horizonte revolucionario, ustedes se han vuelto  "operadores políticos". Hacen política sin horizonte transformador,  política  para medrar en el sistema. Aceptan como algo inevitable ?"es lo que hay,  Valor"?  la dominación de clases y la explotación capitalista. Aceptan  vergonzosamente,  la dependencia del imperio en lo económico y militar.

¿Para qué sobrevivimos, entonces? ¿Para hacer política virtual en la  televisión?  Política mediática que ni siquiera roza la estructura del poder  económico. Es la  política de "como te digo una cosa, te digo la otra". Como aseguro en un  99,99  por ciento que es cierto que los restos de María Claudia están en el 14,  a los  pocos días afirmo que esos informes, a cuya veracidad me jugué, no son  los  definitivos y me vuelco, iracundo, contra los informantes, a quienes  debía haber  supuesto mentirosos.

Mentían cuando negaban que en Uruguay hubiera presos políticos y  desaparecidos.  Mintieron en el asesinato del chileno Berríos. Mienten y siguen impunes  los  asesinos de Morroni y Facal. Mintieron en la Comisión para la Paz y  mientras  sigan encontrando crédulos bobalicones... ¿por qué habrían de dejar de  mentir  ahora?

Política virtual y mediática donde viejos revolucionarios tupamaros  aparecen  como garantía de las viejas instituciones del sistema sin percibir que,  al ser  incapaz, no digo de eliminar, sino al menos achicar, la brecha de  desigualdad e  injusticia sociales, esta democracia se va agotando por sí misma. De  puro  inoperante, nomás.

Y ustedes le están saliendo de garantía a eso, a una democracia chueca,  sin  contenido de pueblo asalariado, que sólo es instrumento para profundizar  la  dependencia de los organismos financieros internacionales.

El FMI y los acreedores definen la política económica, el presupuesto  nacional  y, en definitiva, hasta el proyecto de país que lleva adelante el  gobierno  progresista. El mismo modelo que todo un pueblo rechazó el 31 de octubre  de  2004. No sólo en el tema del agua están desconociendo la voluntad  popular. ¿Qué  clase de democracia es ésta?

¿Soberanía nacional? ¿Uruguay productivo? ¿Por qué no han tenido  voluntad  suficiente para impulsar el proyecto de independencia económica y  política? Por  lo menos algo parecido a lo de Venezuela. Déjense de prometer cosas que  no van a  cumplir y de hacer demagogia al peor estilo del Uruguay Batllista del  siglo XX.  Están haciendo exactamente lo mismo que hacían aquellos políticos  burgueses, los  que despertaron la indignación de Raúl Sendic y los tupamaros  primigenios.

En materia de derechos humanos, los tantos van quedando claros y también  el  papel tuyo en la jugada. El Pepe se abraza con el botón que lo baleó, y  eso es  grave, pero es peor aún lo tuyo y lo del Ratón Rosadilla al abrir los  brazos a  cuanto uniforme se les cruza, se están abrazando, seguramente, con  algunos de  los asesinos de compañeros y compañeras.

En lugar de avanzar hacia la justicia se dan pasos que consolidan la  impunidad.  Se votan ascensos, como el de Dalmao, que no se consentían antes, cuando  se era  oposición parlamentaria. Se mantiene en los mandos policiales a gente  como Rolán  y Navas. Se soporta que Moller, un fiscal comprometido con la impunidad,  frene  impunemente las investigaciones en marcha. Hay que destituirlo, como a  Bonelli  del comando de la fuerza aérea, confeso culpable de ser copiloto en el  primer  vuelo de Orletti y sospechoso de haber piloteado algún otro vuelo de la  muerte.

Hay que anular la ley de caducidad para que la investigación se realice  de forma  independiente, bajo control de las organizaciones que luchan por los  derechos  humanos o, por la vía de los hechos se está consintiendo la instalación  de una  nueva mentira, que "sobrevuela o subyace" al jueguito de la mosqueta que  la  gente está siguiendo por la televisión.Mientras se continúe investigando en el marco de la ley de impunidad y  en base a  las mentiras de los criminales, descubrir la verdad sería otra que un  milagro.  La confianza en que los culpables contribuirán en el proceso de  investigación...  sólo puede ser producto de una ingenuidad mayúscula o de una maldad  imperdonable. No es cuestión de perdonar, Ñato. ¿Quién puede ser tan  temerario  de arrogarse la potestad de perdonar desapariciones forzosas,  violaciones y  torturas?

Tampoco es cuestión de desligarse de toda responsabilidad y hacer caer  sobre las  endebles espaldas de los familiares de desaparecidos el peso de la lucha  por  verdad y justicia. Hay que ser muy caradura para pasarles a los  familiares  semejante tarea. Caradura y tener el corazón ganado por la impunidad.  Caradura y  tener la voluntad quebrada por el temor. Sería la salida más pragmática y   facilonga para dejar todo como está.

Simplemente es cuestión de justicia. Y nada más que justicia. Cada día  más,  mentira a mentira, crece la necesidad de castigo. Claro que inválido,  castrado y  amarillo, el Poder Judicial administra la impunidad de los militares en  lugar de  hacer justicia. Pero vos bien sabés, Ñato, que los pueblos oprimidos no  olvidan  ni perdonan. Que la historia enseña como, a la corta o a larga, habrá  justicia  para todos, sea de la manera que fuere, porque no hay punto final en una   sociedad de clases y la página que se quiere cerrar, más tarde o más  temprano,  siempre volverá a abrirse.

Consintiendo la impunidad... ¿en qué filosofía política están educando a  la  juventud?, ¿En creer que la mentira es un ingrediente natural de la vida   política y social?, ¿en la lógica de la existencia de dos justicias, una  para la  guardia pretoriana y otra para los plebeyos? Dejar a hijos y nietos un  Uruguay  santuario de criminales, es traspasarles la responsabilidad de dar la  batalla  que no estás dando y es, además, una cobardía mayúscula que reniega de  la  historia heroica de las compañeras y compañeros. Es peor que la  maldición de  Malinche.

Además, vos sabés que el obvio objetivo que sustenta la Impunidad, es  mantener  el brazo armado en condiciones de amedrentar y disuadir. Al consentirlo  hay  viejos guerrilleros que están contribuyendo a crear esa subjetividad de  temores  que abre las puertas a la tutela, nuevos desmanes militares y la  dictadura.

No olvidar que, ayer como hoy, la doctrina de guerra de las FFAA no es  la  defensa del territorio nacional a las órdenes del presidente de la  república. Su  verdadero comandante en jefe es el Pentágono, que las emplea para la  estrategia  de dominación mundial, destinándolas al Congo y Haití para liberar los  "marines"  que necesita en Afganistán e Irak.

A no equivocarse. A no repetir la película de Salvador Allende pidiendo  apoyo a  Pinochet para derrotar el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas aquí, y  donde  sea, siguen siendo la columna vertebral del poder económico y político  de los  dueños del capital y del imperialismo. Son tan ajenas al pueblo  asalariado como  lo fueron en los años setenta, cuando secuestraban niños y desaparecían  gente.

¡Cómo quebraste la vieja fraternidad, Ñato!... Pensar que en aquellos  años no  fuiste tan pragmático como en los actuales, que sabías de concepciones y   estrategias revolucionarias; que, vos y los otros viejos nos convocaron a  dar  vuelta la tortilla, no a esta miseria política que hoy protagonizás. ¿Te  acordás  cómo te escribiste los documentos históricos del MLN, los que inflamaban   corazones e impulsaban a emprender grandes hazañas? ¿Te acordás cuando  hiciste  el Plan Cacao? ¿Y el Satán? ¡Cuántos estábamos dispuestos a dar la vida  para  preservar la tuya y la de los viejos!

¿Se dan cuenta del montón de los convocados, que tomaron los fierros  para  ofrendar la vida? ¿Olvidaron a Carlitos Rodríguez Ducós?, ¿al Percherón  Clavijo?, ¿y al Hugo Candán y al Caudillo Lerena? ¿y a los caídos en  Pando?  ¿Ustedes creen que se jugaron para que el pueblo uruguayo recibiera los  mendrugos que quedan después de pagar los servicios de la Deuda Externa?

Podrán convencer a los televidentes de la política que este Uruguay  progresista  tiene algo que ver con aquella patria para todos o para nadie de los  tupamaros.  Pero a nosotros, no. Los viejos testigos de los años tupamaros, los que  no  perdimos el horizonte insurreccional, seguimos sintiendo la  responsabilidad de  continuar aquella lucha por un poder revolucionario del pueblo, por una  producción gestionada por los productores libremente asociados y un país   independiente de toda dependencia. Algún día, estoy seguro compañeros,  ¡habrá  patria para todos o para nadie!
 Jorge Zabalza (Tambero)



Confirman nuevos casos de desaparecidos durante la dictadura


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Carta de Adolfo Pèrez Esquivel a Mujica







jueves, 18 de diciembre de 2014

Hoy 18 hs Plaza Independencia por Haití




COMUNICADO DE PRENSA
de la COORDINACIÓN POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITÍ.




La crisis política en Haití refleja el cíclico enfrentamiento entre el imperio y sus acólitos en Haití y el pueblo oprimido, que no tiene nada para perder y todo para conquistar, después de convertirse en el peor enemigo de los tres imperios que derrotó consagrando la única  revolución de esclavos triunfante en la historia de la humanidad en 1804.
100 años de colonialismo norteamericano,  saqueos, masacres, explotación extrema,  racismo, introducción de enfermedades como el cólera,con lo que ya han asesinado a 9.000 haitianos y enfermado a 750.000.
100 años de ser tratados peor que animales, sin prestaciones de servicios básicos como electricidad, agua potable, salud, vivienda, educación, ES DEMASIADO.

La inestabilidad social ha sido profundizada por  el presidente Martelly, ejecutando la decisión de la embajadora estadounidense en Haití, Pamela White, al no organizar elecciones desde hace tres años. Determinación política que rompe con un espacio de cierta participación de la oposición, y rompe todos los códigos. Además, el gobierno Martelly/Lamothe rebajó el salario mínimo para el 1° de mayo, mandó presos a numerosos referentes sociales y políticos. Así, desapareció  el contrato social más elemental, gobernando cada vez más por fuera de la ley y la Constitución nacional.


No hay Estado fallido,  hay un estado  para salvaguardar los privilegios y necesidades de apenas una élite nacional y extranjera.
Por fuera quedan mas de 9 millones de  seres humanos, que  molestan  y mucho , cuando se ponen a reivindicar derechos.
A lo largo del siglo, y hace meses ya, que esas mayorías  se han lanzado a las calles de todo el territorio haitiano exigiendo servicios, derechos, y el fin del sometimiento por la fuerza bruta de que han sido objeto, siempre y desde hace diez años, por la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití) que las FF.AA uruguayas integran.
¿Qué exigen?
1)      Renuncia no sólo del Primer ministro, Laurent Lamothe, sino también la del obsceno presidente Martelly, electo por la llamada comunidad internacional al servicio de las trasnacionales y los intereses del patrón EE.UU. y la oligarquía haitiana.
2)      Retiro de  las tropas extranjeras exigido por el propio SENADO HAITIANO que ya  lo votó 2 veces por unanimidad.
3)      Elecciones generales organizadas por los haitianos sin injerencia extranjera. Esas son, entre varias otras, las principales consignas de las multitudinarias manifestaciones que se desarrollan cada día con más amplitud. El saldo de los últimos días es  de 15 heridos de bala, 4 muertos incluyendo a un bebe de 3 meses intoxicado por gases lacrimógenos lanzados en su vecindario.
Según encuestas realizadas en el país, el 89% de la población haitiana quiere ver a los ocupantes partir cuanto antes, y a esta elite chupasangre lejos, muy lejos del poder, ya que los haitianos saben que dichos ocupantes están dispuestos a ejercer sobre el pueblo, toda la violencia necesaria para asegurar la continuidad  del sistema colonial.  En este contexto, queda claro que el temor sobre "el día después", sólo está presente en la cabeza de los poderosos custodiados por la Minustah.

POR TODO ELLO, LA COORDINACIÓN POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITI   REITERA SU EXIGENCIA DE RETIRO TOTAL, INMEDIATO E INCONDICIONAL DE LAS TROPAS DE HAITÍ.


NO CREEMOS QUE  EXISTA JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA QUE URUGUAY DEBA CONTINUAR   REPRIMIENDO PUEBLOS.

POR EL CONTRARIO, deberá con el retiro rápido empezar al mismo tiempo a indemnizar al pueblo haitiano y sus víctimas, de todos los daños causados, aún los más irreparables.
Hace ya un año y meses de que el Presidente Mujica anunciara : “Nos vamos de Haití , si no hay elecciones, si no hay democracia...  Una cosa es ayudar y otra convertirse en guardia pretoriana de una dictadura”.
A pesar de ello, aún las FF.AA  uruguayas  siguen al servicio del imperio más guerrerista y racista, OPRIMIENDO AL PUEBLO HAITIANO.

Por ello, exigimos el retiro total, incondicional e inmediato de las tropas en Haiti, vergüenza para todos los estados latinoamericanos que colaboran en la represion, en las antipodas de Cuba y Venezuela. En vez de enviar militares , respetemos la autodeterminación y la soberanía del pueblo haitiano , el estado uruguayo debiera ponerse a disposición de lo que la sociedad haitiana  le demande como cooperación solidaria.


Convocamos a UN ACTO DE REPUDIO A LOS 100 AÑOS DE COLONIALISMO NORTEAMERICANO EN HAITÍ, Y A LA PRESENCIA DE TROPAS OCUPANTES URUGUAYAS EN HAITÍ, el JUEVES 18 de DICIEMBRE a las 18hs. Frente a PRESIDENCIA, PLAZA INDEPENDENCIA, con la presencia de Henry Boirolin del Comité Democrático Haitiano.