miércoles, 26 de abril de 2017

Apología del delito

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25/04/2017

"Insólita, grotesca y palmaria justificación del tormento"

El diputado Luis Puig y Sandro Soba presentaron una denuncia penal por apología del delito de torturas y amenazas a la justicia contra el general (r) Raúl Mermot. Lee la denuncia completa.

Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico”, dijo Mermot en una conferencia de prensa tras finalizar el acto del 14 de abril, el “Día de los Caídos”. Militares y policías retirados, junto a civiles que apoyan sus reclamos, resolvieron no realizar un acto con oratoria ese día en el entendido que el gobierno no atiende sus demandas.

El excomandante en jefe del Ejército recordó algunos de los fallos judiciales por los que sus “camaradas de armas” están presos en la cárcel de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos, y en especial, al coronel Rodolfo Álvarez, sobrino del fallecido exdictador Gregorio Álvarez, procesado sin prisión por torturas cometidas durante la dictadura cívico-militar.


“Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del excomandante en jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas, a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija, en el 72”, dijo Mermot en referencia a la mañana del 25 de junio de 1972, cuando poco después de salir de su casa en Punta Gorda fue ultimado por un comando tupamaro.


Estos y otros comentarios motivaron que el diputado Puig y Sandro Soba -hijo del militante desaparecido Adalberto Soba- presentaran este lunes 24 ante el Juzgado Penal de 9° Turno una denuncia que señala que el 14 de abril el militar retirado
“emitió declaraciones públicas que son merecedoras, en nuestra opinión, de reproche penal. Varios medios de prensa las reprodujeron total o parcialmente, dándole a las palabras del Gral. (r) Raúl Mermot la nota de hecho público y notorio”.


El militar retirado justifica notoriamente el trato inhumano y cruel al decir que
“se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar (…) La insólita, grotesca y palmaria justificación del tormento nos debería eximir de mayor comentario”, señala la denuncia a la que accedió
Sudestada.


“Es inadmisible que la sociedad tenga que soportar que se reivindiquen los crímenes y los tratos humanos y degradantes que sufrieron miles de uruguayos”,
señaló Puig.


Por otra parte, la denuncia establece que
“las amenazas y los ataques contra jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos tienen generalmente por objetivo amedrentar y ejercer presión para afectar la imparcialidad e independencia de sus actuaciones” que
“suelen incrementarse cuando tienen a su cargo casos que son de gran relevancia nacional e involucran graves violaciones a derechos humanos”.

De esta forma se refiere al autodenominado “Comando Barneix” que a través de correo electrónico amenazó de muerte a 13 personas vinculadas a los derechos humanos. Este comando asegura que por cada nuevo suicidio de un militar acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura serán asesinados tres personas de esta lista: el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la ex fiscal Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirschke, y el jurista francés Louis Joinet.


La denuncia señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condena las amenazas contra operadores de la Justicia en Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores judiciales.


video


>>> Colorado y hombre fuerte de la dictadura
Durante la dictadura cívico-militar Mermot fue intendente interventor del departamento de Rivera. Luego fue jefe de Policía de Artigas y, sobre el final de la dictadura, se desempeñó como jefe de Policía de Montevideo en 1984. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle fue comandante en jefe del Ejército (1996 a 1998) y se retiró con el grado de teniente general. En 2006 el gobierno argentino solicitó, sin éxito, a la Justicia uruguaya que ordenara su extradición por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur. Siempre vinculado al Partido Colorado fundó la agrupación Identidad Oriental (Lista 811) junto con el entonces diputado colorado Daniel García Pintos, que apoyó la precandidatura de José Amorín Batlle para las elecciones internas de 2009 .

>>> La denuncia completa
La denuncia  merece una lectura completa.
Suma: denuncia penal (art. 29 de la Ley 18,026, art. 290 del Código Penal)
Denunciado: Raúl Mermot. – domicilio Av. 18 de Julio 2143 (Montevideo)
Denunciantes: Luis Puig (C.I. 1.392.730-4) – domicilio Palacio Legislativo – Anexo (Despacho 213) (Montevideo)
Sandro Soba (C. I. 1.728.680-3) – domicilio Pedro Giralt 5037
SEÑOR JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE   9º TURNO.
Luis Puig (C.I. 1.392.730-4) y Sandro Soba (C. I. 1.728.680-3), constituyendo domicilio en el Palacio Legislativo – Anexo (Despacho 2013) y domicilio electrónico 3602715@poderjudicial.gub.uy  al Sr. Juez nos presentamos y DECIMOS:
Venimos a promover denuncia penal (art. 105 del Código del Proceso Penal) contra el Sr. Raúl Mermot (con domicilio en Av. 18 de Julio 2143 –Circulo Militar-), en mérito a las  siguientes consideraciones.
1
Con fecha 14 de abril de 2017 el denunciado emitió declaraciones públicas que son merecedoras, en nuestra opinión, de reproche penal.  Varios medios de prensa las reprodujeron total o parcialmente, dándole a las palabras del Gral. (r) Raúl Mermot la nota de hecho público y notorio.
En nuestro país se respeta la libertad de expresión del pensamiento, reconocida y respaldada por la Constitución de la República y por instrumentos jurídicos internacionales. Pero esa libertad, es sabido, encuentra determinados límites. El art. 29 de nuestra Carta Magna reconoce la libertad de comunicación de pensamiento pero ordena que el autor o emisor sea responsable “con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.
En igual sentido el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que  toda persona tiene libertad de expresión y que tal ejercicio no estará sujeto a censura previa “sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Las exprsiones del Gral. (r) Raúl Mermot deben ser analizadas penalmente a los efectos de determinar si en el ejercicio de expresión del pensamiento, el autor incurrió en uno o más delitos de los que se lo debe responsabilizar.
2
Adjuntamos a la presente algunas de las tantas reseñas que dan cuenta del discurso de marras.  En ella se expresa que el pasado viernes 14 de abril de 2017, el denunciado, en el marco del tradicional acto en homenaje “a los caídos en defensa de las instituciones democráticas” y en rueda de prensa posterior se prononució claramente sobre las torturas infligidas sistemática y masivamente durante la pasada dictadura (1973-1985). En esa ocasión Mermot reconoció que “hubo excesos” y luego agregó:
Pero me consta en lo personal que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”.
            Esta declaración se enmarca en una referencia inmediata dada por el reciente auto de procesamiento dictado por el Sr. Juez Letrado en lo Penal de 5. turno Dr. José María Gómez. Mediante dicho pronunciamiento judicial de fecha 6/4/2017 (en autos IUE 102-115/2012 se dispuso el procesamiento con prisión de Rodolfo Gragorio Álvarez Nieto bajo la imputación de un crimen de tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos -publicado en http://poderjudicial.gub.uy/-).
Tan presente está esta referencia que el autor de la declaración dijo que “ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron co prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del ex comandante en jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas, a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija, en el 72”.
Luego calificó el mencionado pronunciamiento judicial como infame y defendió la conducta del ahora procesado porque, en opinión del autor de la declaracón, un juez militar sumariante, en aquella época “que hace un acta para hacer constar lo que dice un detenido no puede ser cómplice, coautor ni nada”.
Concluyó que ese y otros procesamientos de sus camaradas se explican por la retaliación, mediante las siguientes palabras: “algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional”.
Por lo tanto, es evidente que el denunciado se refiere a episodios concretos, históricos y de cuya notoriedad y verdad ni él mismo puede dudar (ya que admite la existencia de lo que califica banalmente como “excesos”): el trato inhumano, cruel y degradante que soportaron miles de hombres y mujeres a los que el regimen cívico-militar había calificado como sus “enemigos”.
3
En nuestro derecho la tortura es calificada como crimen de lesa humanidad por el art. 22 de la Ley 18.026, norma de fuente nacional que complementa el conjunto de instrumentos jurídicos  ratificados por nuestro país que aluden al tormento provocado por agentes estateles aprehensores.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (ONU, 1984) establece que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción.  Igual a lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA, 1985):  “No se invocará como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como el estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.
Aunque la categoría de crímenes de lesa humanidad proviene de una larga evolución histórica (ya se menciona en 1915 ante la masacre del pueblo armenio y aparece por primera vez en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg), la protección de los bienes jurídicos que estos crímenes vulneran, ya formaban parte de las normas imperativas del derecho internacional general o consuetudinario.  Y las infracciones internacionales que revisten este carácter de jus cogens constituyen obligaciones erga omnes e inderogables para los Estados. Esto implica el deber de procesar o extraditar, la exclusión de toda inmunidad, la improcedencia del argumento de la obediencia debida, la aplicación universal de estas obligaciones en tiempo de paz y en tiempo de guerra, su no derogación bajo los estados de excepción y la jurisdicción universal. (M.Cherif Bassiouni, “International Crimes: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes).
A su vez, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) establece que “Nadie será sometido a tortura o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Y el  Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, 1998), por su parte, en su artículo 5 enumera los crímenes de lesa humanidad que quedan bajo competencia de la Corte con el objetivo de “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes (…)”.
Se expresa en la resolución judicial que el propio denunciado critica:
“En Comunicación No. 330/1988, presentada por A. B. contra el Estado parte Jamaica (Fecha de la comunicación: 6 de mayo de 1988), en cuanto a la reclamación en virtud del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, recuerda que toda persona tiene derecho “a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”, lo que ha de interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras no ejercerán presión alguna ni directa ni indirecta, física o psicológica sobre el acusado a fin de hacerle confesar su culpabilidad. La prevención efectiva de la tortura y los malos tratos exige que cualquier incentivo que favorezca la utilización de este tipo de abusos para contribuir a las investigaciones sea eliminado. Por tanto la admisibilidad de declaraciones realizadas bajo ese trato, que en todo caso son inherentemente poco confiables, debe ser prohibidas”.
Apartándose radicalmente de estas consideraciones, el Gral. (r) Raúl Mermot justifica notoriamente el trato inhumano y cruel al decir que “se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar”.
            La insólita, grotesca y palmaria justificación del tormento nos debería eximir de mayor comentario.
El autor de la declaración justifica lo que califica de “apremio físico” y que forzosamente debe encuadrarse en el concepto legal de tortura, por cuanto el art. 22 de la Ley 18.026 expresa que se entenderá por tal: a) todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales; b) el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degrdantes; c) todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el art. 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación.
La práctica habitual durante la dictadura cívico-militar, denunciada en numerosas ocasiones antes los tribunales locales y extranjeros, incluían el plantón (mantener al aprehendido de pié sin permitirle descansar), aplicación de descargas eléctricas (picana), inmersión del detenido hasta el límite de la asfixia (submarino seco o mojado), desnudez, violencia sexual, golpizas, colgadas, caballete (mantener al detenido sentado o encabalgado sobre una delgada vara), amenazas, simulacro de fusilamiento. En los tribunales penales nacionales se acumulan por centenares los testimonios que dan cuenta de esta práctica masiva que los agentes estatales de la dictadura aplicaron en la época. Se calcula, tomando como base el número de personas sometidas la justicia militar, en un número cercano a 7.000 las víctimas, hombres y mujeres, de los tormentos aplicados en cuarteles, prisiones, dependencias policiales y centros “clandestinos” de detención (una primera aproximación a estos dramáticos hechos se puede ver en el informe de Serpaj “Nunca Más”, 1989).
Lo que Raúl Mermot llama “apremios físicos” tiene un nombre en nuestro derecho, tal como acabamos de demostrar: tortura.
Por más que el emisor de la declaración intente establecer una diferenciación entre lo que él califica -sin describir o definir- como “tortura” y lo que califica -describiendo esta vez- como “apremio físico”, y por más que diga que él no vio torturas ni las cometió, la descripción de una decisión de un agente estatal de “cansar” a un detenido con la finalidad de que “pueda hablar”, encuadra sin esfuerzo en el concepto de tortura, como trato inhumano, cruel y degradante que es. El Gral. (r) Raúl Mermot describió y justificó la tortura.
4
El art. 29 de la Ley 18.026 tipifica el delito de Apología de hechos pasados:
El que hiciere, públicamente, la apología de hechos anteriores a la entrada en vivgencia de la presente ley, que hubiera calificado como crímenes o delitos de haber estado vigente la misma, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
            Es atribución constitucional y legal del Ministerio Público y del Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, la calificación jurídica del hecho denunciado. No obstante, como denunciantes advertimos que las declaraciones citadas poseen las notas requeridas por el tipo penal referido: a) fueron hechas públicamente; b) fueron declaraciones apologéticas; c) se refirireron a crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado.
Respecto de la última nota, ya nos referimos ut supra: el Gral. (r) Mermot se refirió, sin duda alguna, a hechos ocurridos en el país, durante la dictadura y que se pueden calificar como crímenes (o que hubieran sido calificados como tales de haber estado vigente la Ley 18026 en la época del gobierno de facto). Se refirió concretamente a la tortura que fuera aplicada por los agentes estatales aprehensores en forma masiva y metódica contra los detenidos. Al respecto dice el Dr. Oscar López Goldaracena que el tipo penal “no se aplica hacia el pasado porque se castiga la apología presente, aunque la misma se refiera a hechos pasados” (Genocidio, Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad, FCU, 2008, p. 90). Desde luego: la apología de un crimen implica la ocurrencia (pasada) de ese injusto, con la excepción del caso de la desaparición forzada, reato que, por ser permanente, no deja de consumarse sino hasta la localización de la víctima.
Sobre el caracter público no es necesario abundar, las expresiones fueron vertidas en rueda de prensa convocada en un acto público por el propio autor y demás organizadores del evento. Las manifestaciones fueron ampliamente cubiertas por diversos medios de comunicación, hecho notorio y público pero que, además, puede verse en la documentación adjunta.
Nos detendremos en el numeral siguiente en el caracter apologético de la manifestación.
5
Ensalzar, enaltecer, justificar o loar algo es hacer la apología de ello. Cuando lo que se ensalza, enaltece, justifica o loa es un crimen de lesa humanidad, el autor debe ser  responsabilizado penalmente. El bien tutelado es el propio sistema de protección y garantía de los derechos humanos que se resiente cuando se legitima el acto aberrante.  Cuando se elogia una conducta crimal gravísima, se estimula la violación presente o futura de los derechos humanos, por lo que ejercer el control penal sobre tales discursos aparece como social y culturalmente necesario tal como lo advirtió el legislador en 2006 al sancionar este delito.
El autor no dijo que lamentaba la comisión de “apremios ilegles”, ni siquiera se limitó a constatar su existencia pasada. Dijo otra cosa: dijo que “se puede” adoptar esa conducta por parte de los agentes aprehesores. Ese giro, en tiempo presente, da cuenta de una clara connotación favorable que el emisor le adjudica a la conducta atormentadora. “Se puede” tratar cruelmente a un detenido con una determinada finalidad que el propio denunciado aclara: que se canse y “pueda hablar”. Se busca, mediante el trato cruel, el desfallecimiento, el agotamiento físico y moral de la persona detenida para que ésta produzca una declaración. El contenido de esa declaración seguramente es el que el aprehensor pretende. Mermot está describiendo una conducta aberrante, contraria a los derechos humanos, una práctica lamentablemente aún persistente en muchos países y que derivan en declaraciones inválidas de indagados torturados. Invalidez proclamada jurídicamente en defensa del derecho de los detenidos y del sistema de grantías propios del debido proceso pero que Mermot no atiende pues opta concientemente por justificar ese procedimiento.
Al justificar la aberrración concreta y específica de la tortura aplicada masivamente durante la dictadura (1973-1985), hace apología indiscutiblemente.
Es decir, se verifican todas los elementos típicos que habilitan el enjuiciamiento y condena. El autor de la comunicación debe hacerse responsable por lo que emitió.
Aquí no estamos en presencia de un puro pensamiento autoritario o de la expresión de una ideología liberticida e irrespetuosa de las grantías de los estados republicanos-democráticos. Se trata de otra cosa: la apología de un comportamiento criminal precisamente detallado. Es ese preciso detalle y su justificación inequívoca lo que transforma la comunicación en un acto reprochable penalmente. Pero además, ese comportamiento ilícito del torturador, no es una mera hipótesis sino que está indiscutiblemente referida a hechos ocurridos, reales, históricos. El propio denunciado refiere a ellos al admitir la existencia de “excesos” y al referirse críticamente al mencionado procesamiento por torturas de uno de sus camaradas.
El Gral (r) Raúl Mermot fue comandante en jefe del Ejército (1996-1998) y manejó la rueda de prensa sin presiones ilícitas de ningún tipo. No puede decirse que no menejó las palabras con autonomía. Lo que dijo lo dijo con conciencia de lo que afirmaba. Y afirmó que “se puede” torturar a un detenido para que se canse y declare. En esas palabras emitidas hay una precisión, un detalle, una (nefasta) convicción, que caracterizan a su declaración, además de intencional, como peligrosamente persuasiva.
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El tema de esta denuncia ha merecido profundas discusiones en el ámbito europeo a partir de los horrores del nazismo y el fascismo. Esa discusión ha debido reactualizarse, lamentablemente, a partir de rebrotes de autoritarismo y xenofobia en los últimos tiempos.
El Código Penal alemán castiga la propaganda de organizaciones anticonstitucionales (entre las que hay las de carácter neonazi) y la exhibición de símbolos de esas organizaciones. En Alemania es un delito salir a la calle con una bandera nazi o realizar en público el conocido saludo con el brazo levantado. El Código Penal francés prohíbe explícitamente la “muestra o exhibición de cualquier uniforme, insignia o emblema” de organizaciones declaradas como criminales con base al Estatuto del Tribunal Militar Internacional, entre las cuales se incluye el partido nazi NSDAP. En el Derecho penal italiano: el artículo 4 de la Legge 20 giugno 1952 prevé pena de prisión y multa para aquellos que hagan “apología del fascismo”, entendido como enaltecimiento o propaganda del fascismo o sus objetivos antidemocráticos (http://www.eljurista.eu/2014/07/24/la-apologia-al-fascismo-entre-el-delito-y-la-libertad-de-expresion/).
De los diversos ejemplos europeos de control penal del discurso nazi o fascista, nos detendremos sólo en un par de ejemplos de Francia.  El tribunal de apelación de París condenó en 2012 a tres meses de prisión exentos de cumplimiento y a 10.000 euros de multa al fundador del partido ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, por declarar que la ocupación nazi de Francia no fue ‘especialmente inhumana’. La sentencia confirma la condena que pronunció el Tribunal Correccional de París en 2008 con relación a las declaraciones de Le Pen en una entrevista en 2005. Entonces, el todavía líder del FN, aseguró en una entrevista de prensa que ‘en Francia, la ocupación alemana no fue particularmente inhumana, pese a que hubo algunos atropellos, inevitables en un país de 550.000 kilómetros cuadrados‘. Le Pen afirmó en la misma entrevista que la Gestapo tuvo algún papel positivo, como cuando, según su relato, detuvo la matanza del pueblo de Villeneuve d’Ascq, perpetrada en la noche del 1 de abril de 1944 por un oficial germano, furioso porque uno de sus escuadrones había sufrido un atentado (http://www.publico.es/internacional/condena-le-pen-minimizar-ocupacion.html).        En 2013 el gobierno francés denunció penalmente al diputado y alcalde de Cholet, Gilles Bourdouleix, por un presunto delito de apología de crímenes contra la humanidad después de que éste asegurara que «quizá Hitler no mató a suficientes gitanos» (http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/francia-denuncia-alcalde-por-hacer-apologia-del-nazismo-2527049).
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En suma: la declaración del Gral (r) Raúl Mermot encaja en el tipo penal previsto en el art. 29 de la ley 18.026 al hacer pública apología de la tortura practicada por sus camaradas durante la dictadura militar (1973-1985). No se trató solamente de la reivindicación de la tortura, en términos generales, sino del elogio y justificación de una práctica ocurrida y padecida durante el período en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, caracterizado legalmente como terrorismo de estado y que también ocurrieron en el período inmediatamente anterior entre el año 1968 y el golpe de estado de 1973 (Ley 18.596).
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No es la primera vez que se escuchan voces contrarias a los pronunciamientos judiciales relacionados con graves violaciones de los derechos humanos de nuestro trágico pasado reciente. En  muchos casos se trata de ex integrantes del Ejército, militares que, finalizada su carrera activa, se vinculan a clubes de retirados. En ejercicio de su derecho a expresar su pensamiento, se expiden con frecuencia, en términos críticos hacia jueces y fiscales, solidarizándose con aquellos camaradas a los que consideran injustamente procesados o condenados.
Una vez más decimos con toda claridad: nada puede reprocharse cuando se trata del ejercicio legítimo de la expresión del pensamiento, aún si se estuviera radicalmente en contra de la opinión vertida. Sin embargo, en ocasiones la expresión incluye amenazas. Tal el caso de la carta redactada por el Gral. (r) Wile Purtscher. La Jueza Letrada en lo Penal de 4. turno condenó al militar por el delito de amenza (art. 290 del Código Penal) mediante la sentencia N. 26/2015 (confirmada por el TAP 1 mediante sentencia 189/2015 de 28/10/2015, en IUE 106-20/2015). Wile Purtscher fustigó, en una misiva publicada en el semanario Búsqueda, la actuación de la ex fiscal Dra. Mirtha Guianze y del juez Dr. Rolando Vomero en torno al procesamiento y posterior condena del general Dalmao, por el homicidio de Sabalsagaray, y afirmó: “Ahora soy yo el que quiero venganza. Y esta llegará por algún medio. También sabremos esperar, también seguiremos esperando para demostrar el prevaricato que han cometido en el juicio al general (Dalmao) (…) Mi amigo descansa ahora en paz, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del general, al igual que ustedes lo hicieron, persiguiéndolos estaremos” (www.carasycaretas.com.uy/purtscher-culpable-de-amenazas/)
Por otro lado, ha sido pública la amenaza de muerte dirigida por un presunto “Comando Barneix” contra el Ministro de Defensa, el Fiscal de Corte y juristas y académicos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Los autores de la amenaza (que refiere también a “procesamientos injustos”) aún no han sido identificados (Juzgao Penal de 16 turno, presumario IUE 89-121/2017) .
Estos no son más que antecedentes, pero resultan útiles para ilustrar otra parte de la declaración del Gral. (r) Raúl Mermot que también debería analizarse desde la perspectiva penal. Concretamente me refiero a que luego de calificar de infame y vengativa la decisión del Juez Dr. José María Gómez, el autor afirma: “tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”.
Una vez más, al igual que su camarada Wile Purtscher, el denunciado habla de una “venganza” como única causa de los procesamientos y desliza que “esto” (las decisiones del Poder Judicial ) no deberán ser, no deberían ocurrir más. Y para excluir la declaración del puro ámbito de la libertad de pensamiento, es necesario reparar en la afirmación del militar retirado que da una pista: “No olvidemos quién tiró el primer disparo quién incitó las acciones en un gobierno democrático: los tupamaros, muchos de los cuales están dirigiendo el país”.
            Por lo tanto, si el denunciado entiende que las decisiones del Poder Judicial son actos de venganzas y están influenciadas directamente por la autoridad democrática actual (los que “están dirigendo el país”), “la forma de que esto no siga siendo así”, no parece una hipótesis con respaldo constitucional o legal, sino más bien alguna decisión fáctica de algún tipo que se deja sobrevolar ambiguamente.
También ambiguo fue Wile Purtscher cuando dijo querer la venganza “por algún medio”. Pero esa ambigüedad, para quien interprete adecuadamente el discurso de los militares retirados que elogian la tortura, no excluye la determinación de un anuncio de algún mal. Una “amenaza velada”, es una amenaza. Tanto Mermot como Purtscher y otros militares retirados repiten discursos tan ambiguos como amenazantes. Porque precisamente en ese carácter semántico difuso se agazapa un anuncio nefasto, claramente identificable por cualquiera que conozca nuestra historia reciente de crímenes cometidos por agentes del estado. Las víctimas directas de las amenazas son jueces, fiscales, abogados, víctimas de crímenes de lesa humanidad denunciantes, testigos. Pero es la sociedad toda la que resulta lesionada, toda vez que el desarrollo del debido proceso penal, con todas las garantías que la ley establece, se erige en un dique de contención a intenciones autoritarias y criminales. Ha dicho recientemente la Comisión Interamericana a raíz de una de estas amenazas:
“En el informe “Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia”, la CIDH señaló que las amenazas y los ataques contra jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos tienen generalmente por objetivo amedrentar y ejercer presión para afectar la imparcialidad e independencia de sus actuaciones. Las amenazas y los ataques contra las y los operadores de justicia suelen incrementarse cuando tienen a su cargo casos que son de gran relevancia nacional e involucran graves violaciones a derechos humanos. Estas amenazas revisten una especial gravedad, por el hecho mismo en contra de la persona pero también por el efecto intimidador y amedrentador que estos actos pueden tener sobre la víctima de la agresión y sobre otros operadores de justicia. Este efecto amedrentador puede aumentar el riesgo de que queden en la impunidad casos relacionados con violaciones de derechos humanos y, en general, menoscaba la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia. En este sentido, la CIDH condena las amenazas contra operadores de justicia en Uruguay y urge al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de proteger a las y los operadores de justicia. La CIDH toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva. Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura” (www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/021.asp).
Volviendo a la declaración del Gral. (r) Raúl Mermot: en el delito de amenaza previsto en el art. 290 del Código Penal lo que se perturba es la paz de ánimo (Salvagno Campos).  Aunque no asuste ni intimide, las víctimas se ven lesionadas en su derecho a la tranquilidad (Bayardo) (citados por Milton Cairoli en Curso de Derecho Penal 2, tomo tomo IV, p. 40). El sentido de alarma o amedrentamiento está presente en el discurso de Mermot y se expresa en el caracter intencionadamente fantasmal de la amenaza: “esto” tiene que parar de algún modo, sea como sea. Parar “esto”, es decir, el inicio de juicios penales garantistas por la comisión de crímenes aberrantes en protección de la víctima (que trasciende a la víctima directa de la tortura ya que la humanidad toda es la lesionada), constituye el daño injusto. Conforme enseña Maggiore, daño es todo detrimento o menoscabo efectivo o potencial de un bien jurídico patrimonial o personal (Cairoli, ob.cit., p. 41).
No constituye amenaza una simple predicción de un mal futuro que dependa del orden natural de las cosas. Tampoco hay amenaza si el daño anunciado debiera ocurrir por razones estrafalarias, sortilegios o magia. La amenaza debe ser seria. Esa seriedad estará medida por las condiciones psíquicas del paciente pues “no todos son iguales ni reaccionan igual ante una misma amenaza” (Cairoli, ob.cit., p. 42). En tanto este delito es subsidiario del delito de violencia privada (art. 288 CP) la amenaza “es más abstracta y se realiza con el solo ánimo de amedrentar” (Cairoli, ob.cit., p. 44). “Esto” (el acto judicial) no debe seguir ocurriendo, el emisor pretende que “no siga siendo así” (que no se dicten más procesamientos por tortura) y para eso “tendrá que verse la forma” (no importa si es una forma u otra, lícito o ilícito). En esa amplitud de las “formas” se agazapa la amenaza: pues lo que Mermot afirma es que, por una forma o por otra, alguien o algo deberá impedir los procesamientos. No puede interpretarse que el emisor sólo se refiriera a las vías procesales previstas en el CPP. No dice el Gral (r) Raúl Mermot que los militares retirados se esforzarán en la defensa procesal. Fácil habría sido decir, como es habitual en estos casos, que se apelará la resolución del Dr. Gómez. Pero Mermot no va por ahí, no tiene ningún interés en decir eso. No lo dice. Dice otra cosa bien distinta y que refiere a todos los procesamientos de militares, los que ocurrieron en el pasado y los que puedan ocurrir en el futuro. He ahí la amenaza.
9
Conforme el art. 19 de la ley 16.099 constituye delito de comunicación la comisión, a través de un medio de comunicación, de un hecho calificado como delito por el Código Penal o por leyes especiales.
El proceso que corresponde en caso de delitos de comunicación se rige por la ley mencionada, con las penas previstas en el Código Penal o en la ley especial respectiva.
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EN SÍNTESIS: el autor de una comunicación debe ser responsabilizado penalmente si en sus expresiones se advierten, como en este caso, elogios inequívocos a crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado (art. 29 de la Ley 18.026) y amenazas a operadores judiciales y víctimas denunicantes de tales crímenes (art. 290 del CP).
11
Se adjuntan copias de publicaciones que recogen las declaraciones públicas del denunciado.

Por lo expuesto y fundado en los arts. 83 y 105 a 109 del Código del Proceso Penal al Señor Juez PEDIMOS:




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lunes, 24 de abril de 2017

"El Tambero" Zabalza sobre el libro de Marichu Urruzola

Sin desperdicio...









Rompkbzas

Huidobro, Mujica, Bonomi, Topolansky: hasta las manos

El expresidente José Mujica, el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro fueron los ideólogos de los robos durante la década de los 90 para financiar al Movimiento de Participación Popular (MPP), según denunció Jorge Zabalza en Rompkbzas. Dijo también que es cierto que Lucía Topolansky estuvo cinco años suspendida del MPP por traicionar a su esposo, José Mujica, que la perdonó luego de salir de la cárcel.


El exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y Movimiento de Participación Popular comenzó la entrevista tomando distancia del vicepresidente Sendic. "No quiero que me pase lo de 'Raulito', no soy fundador del MLN. Me sumé rápidamente", dijo aclarando su relación de pertenencia al movimiento político.

Para Zabalza, el libro de María Urruzola 'Eleuterio Fernández Huidobro. Sin Remordimientos', es fiel a la realidad y está bien documentado. "Está muy bien escrito. Es interesante. Lo primero es la seriedad. Está todo documentado. No dice nada nuevo. Todo ese tema de las 'finanzas alternativas’ ya se sabe desde el 2006 desde que el Fito Garcé sacó 'Dónde hubo fuego', cuando el Pepe salió presidente ya se sabía", agregó.

El exguerrillero defendió el trabajo de la periodista y fustigó a quienes la critican. "No entiendo por qué la caza de brujas que se la ha hecho a Marixu (María Urruzola). Cuando se supo nadie le prestó atención o le prestó muy poca. Lo que hacen es desvirtuar el libro y descentrarlo. Se van hacia un solo capítulo. Es más que una biografía, es una semblanza. Lo que hace Marixu es conectar todos los Ñatos entre sí, que lo que da es un gran mentiroso", indicó.

Zabalza dijo, en diálogo con Daniel Figares, que es cierto que los Tupamaros robaron bancos en plena Democracia y hasta 1998 para financiar su movimiento político. "Yo digo que se decidieron hacer finanzas. El Beto dice las cosas como fueron. Me llama la atención el monto. Con los 20 millones de dólares comprábamos esta radio. En este país a los asalariados lo roban todo los días, al país lo rapiñan todos los días. Este país está hecho para que lo roben. La expropiación es la revolución. El pueblo expropiando a los dueños de todos. Yo tuve que decidir que se hiciera, para financiar una revolución. Yo no puedo condenar a Ricardo Perdomo. Él tomó una decisión, junto con Mujica, de hacer un asalto que fue donde se le cayó la cédula. Yo no digo que hayan sido delincuenciales. Son delincuenciales para las leyes y el estado de derecho para los que todos los días nos roban", sentenció.
Zabalza dijo que la idea de "hacer finanzas" robando bancos, es del expresidente José Mujica: "Él llevaba esa área". Desde 1985, "la democracia pendía de un hilo, por eso nosotros tomamos medidas de autodefensa. Cuando el voto verde pasamos a la clandestinidad. El Bebe (Raúl) Sendic estaba al tanto. Yo fui a declarar por esto por el libro de Garcé y luego acusado por el Ñato y por el Pepe cuando el libro de Leicht".

El exintegrante del MLN también vinculó -ante una pregunta de Daniel Figares- al actual ministro del Interior: "Bonomi participó de las decisiones. ¿No te produce un escalofrío cuando vez a Bonomi que tiene helicópteros, el guardián, la guardia republicana? ¿No puede convertirse esa fuerza policial adoctrinada, en el partido que sustituya a las Fuerzas Armadas? A mí me produce escalofríos".

También sostuvo que la principal dirigencia del MLN traicionó a sus subalternos tal como se documenta en el libro de Urruzola. "Yo creo que hubo colaboración del Ñato, de Rosencof. Lucía Topolansky traicionó a Mujica. Lo abrazó no dejándolo sacar la ametralladora de debajo del sacón que llevaba tipo los de los guardas de Cutcsa" y ahí cayó, dijo. Zabalza agregó que Topolansky sabía que iba a caer y que con ese movimiento lo hizo caer preso también a Mujica.

Señaló que hubiera comprendido las delaciones si se hubieran confesado con sus compañeros, pero consideró inaceptable que se les mintiera. "Me siento un cornudo. Yo estuve un año con él (Huidobro) en la celda después de ser rehenes. Yo le conté que vinieron a interrogarnos. Él no me dijo nada, no me informó. Nunca tuvo la mínima lealtad. Nunca me dijo 'mirá tambero bajo máquina, hablé'. Muchísimos lo dijeron: 'yo fui responsable de esto'. La vida continúa, es lo más humano que te pase una cosa de esas", reconoció.

Amodio Pérez señalado como 'el traidor' del movimiento tupamaro y que fuera procesado por sus delaciones que derivaron en cárcel y tortura de decenas de personas reclamó a Zabalza que admita su responsabilidad. "¿Qué quiere Amodio? ¿Que vaya y diga que yo asalté tal banco? Tengo el orgullo que después de haberme peleado con el Pepe y el Ñato, Rosencof o Lucía, nunca pudieron decir nada de mí, no hay un archivo. Tenía una gran ayuda que era la memoria de mi hermano. En los momentos de debilidad la memoria de mi hermano me fortalecía. Nadie pudo decir nada. Algunos secretos me los voy a llevar a la tumba", aseveró.

"Los archivos Berrutti llegaron por parte de dos militares", señaló Zabalza. "Todos los documentos que salieron yo los llamo 'carne podrida' porque salen cuando quieren y como quieren", dijo.

"A esta altura de mi vida no me voy a callar, son colaboradores. Colaboraron con los terroristas de Estados. Acá están todos. Las puntas de los ovillos (Mujica, Topolansky, Rosencof y Huidobro). Yo me siento un cornudo. Me siento un gil. (Huidobro) nos mintió cuando nos llamó a dar la vida por la revolución. Estábamos dispuestos a dar la vida por él. Nos mintió en los 2000 y cuando escribía en Mate Amargo", aseguró.
Fernández Huidobro "fue al batallón Florida y le propuso la rendición del MLN a los tres comandantes en jefe de las FF.AA. Pero obtuvo la negativa de sus compañeros como Mujica, entre otros. Pero el Ñato siguió. Durante los años que estuvimos de rehenes, hubo compañeros que decían que él "salía y venía con olor a grapa", cuando lo sacaban del calabozo y lo regresaban. Esas relaciones espurias continuaban en el calabozo. Ver toda la colaboración junta de Huidobro, de Rosencof, espanta", remató el "tambero".

>>> Desayunos Informales







La amenaza

Acá es una pavada 



 La amenaza del Comando Barneix fue enviada desde el exterior


LA RULETA RUSA


Captura de pantalla del correo enviado por el Comando Barneix


Se logró individualizar la computadora desde la que fue enviado el correo electrónico del “Comando Pedro Barneix”, según informó la fiscal Mónica Ferrero a Sala de Redacción. Descubrir este ordenador, que está alojado en el exterior, no fue tarea sencilla dado que se utilizaron las plataformas TOR y Guerrilla mail, programas que hacen muy complejo rastrear la IP original.

En el correo podía leerse “Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista” y se amenazaba a trece personas vinculadas a los derechos humanos: el ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, el ex juez Federico Álvarez Petraglia, la ex fiscal y directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Óscar López Goldaracena y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasilero Jair Kirschke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

De esta lista se les envió el mensaje solo a tres personas: al fiscal de Corte, a Álvarez Petraglia y a Chargoñia, quien expresó: “Se ve que el comando no tiene un buen servicio de inteligencia porque me mandaron a un correo institucional de ANEP donde yo no trabajo hace años. Ese correo está bloqueado y nunca lo abrí. A Federico Álvarez Petraglia se lo mandaron en las mismas condiciones, a un correo viejo. Tampoco lo abrió, de modo tal que si nosotros dos hubiéramos sido los únicos destinatarios, no nos habríamos enterado nunca“. El correo también lo recibieron el comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos y el diario La República. Fue el fiscal de Corte quien realizó la denuncia. El caso está en manos de la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero.

Chargoñia y Errandonea aseguraron a SdR que desconocían los avances en las averiguaciones judiciales. Por ello, Errandonea manifestó que le resulta increíble que inteligencia policial y militar desconozcan de dónde salió este correo. Y agregó: “También es cierto que como la amenaza estaba supeditada a que hubiera procesamientos y/o algún suicidio, en la medida que esto no ha sucedido, se pretende que esto quede por acá“.

Guianze, que tampoco tiene este dato, espera la respuesta a un escrito que envió a Staricco en acuerdo con María Simón, decana de Facultad de Ingeniería, en el que solicitó que esta facultad realizara una investigación paralela a la que lleva a cabo el Departamento de Delitos Informáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo. Como la jueza aún no ha dispuesto nada, la investigación por esta vía se encuentra estancada ya que esta casa de estudios solo cuenta con dos de los emails originales. Según Guianze, el o los autores de este delito contaban con conocimientos técnicos avanzados, ya que fueron contemplados todos los detalles para que el origen no pudiera ser rastreado.

UNA LISTA CURIOSA

Si bien todos los amenazados tienen algún vínculo con la defensa de los derechos humanos u ocupan algún cargo relacionado a la temática, es sorprendente la ausencia de la jueza Beatriz Larrieu y la fiscal Ana María Telechea, quienes en 2015 llevaron adelante la causa que terminó con el procesamiento de Pedro Barneix.

“Es cierto que todos estamos vinculados al tema de los derechos humanos, tal vez con la excepción del ministro de Defensa Nacional. Por otro lado hay abogados que ya no actúan en estas causas. Así que con qué criterio se confeccionó esa curiosa lista, no lo sé”, dijo Chargoñia, quien agregó que puede “que estén involucradas otras cuestiones ajenas estrictamente al tema de los derechos humanos y los procesamientos, como cuotas de poder dentro de la interna militar o preocupaciones por la reforma de la Caja Militar. Eso podría especularse sobre todo cuando se amenaza al ministro de Defensa”.

En consonancia con esta idea, Errandonea declaró: “me da la sensación de que también hay un tema interno, porque por algo ponen al ministro de Defensa cuando no tiene nada que ver con el resto del grupo. Mi interpretación es que todo esto es para debilitar al ministro, y no en concreto contra nosotros”.

Tanto Guianze como Errandonea resaltan que es posible que el ministro figure porque su postura frente a las investigaciones sobre el pasado reciente dista mucho de la del anterior ministro, Eleuterio Fernández Huidobro.

¿UNA PIEDRA EN EL CAMINO?

“La posibilidad de cumplir la promesa de la amenaza es muy remota. Matar, como dicen ellos, ¿”azarosamente”? ¿ir a matar a alguien a París? ¿a Louis Joinet? ¿a San Pablo a Jair Kirschke? Entonces estamos hablando de la KGB y si es así se equivocaron en mi correo. Me da la impresión de que el objetivo de la amenaza es en sí mismo amenazar, anunciar un mal inminente, no efectivamente cumplirlo, y perturbar de alguna manera el trabajo”, analizó Chargoñia.

A Lessa, que tiene la intención de continuar su investigación sobre el Plan Cóndor, tanto la Universidad de Oxford como la embajada de Italia le impiden el ingreso a Uruguay, pues no pueden brindarle seguridad ante esta amenaza. Lessa trabaja hace años en el tema e incluso cuenta con documentos de peso, como el que demuestra que Jorge Tróccoli revistaba en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) hasta 1979. En palabras de Guianze, la prohibición que cae sobre Lessa tiene sentido pues “en cualquier parte del mundo, una amenaza de muerte es una amenaza de muerte y acá es una pavada”.

Por su parte, Joinet escribió una carta en respuesta al Comando Barneix en la que reivindica su labor y se dirige a los “Señores militares”. También comparte una hipótesis: “Su presencia en aquella sala de interrogatorios da que pensar, sin poder aportar pruebas por el momento, que son probablemente esos ex oficiales superiores -José Puigvert y José Bodean- quienes por espíritu de venganza y para presionar a la justicia, se esconden, con otros cómplices, detrás de este Comando Barneix”.

Para Chargoñia, la mejor manera de enfrentar estas situaciones “es trabajando más y mejor. Hay que ser muy firmes y exigir al Estado que proteja a los defensores de los derechos humanos -en los mismos términos que lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, porque todo el sistema resulta afectado si son perturbados con amenazas”.

Sofía Kortysz

>>> Louis Joinet, magistrado francés






viernes, 21 de abril de 2017

Hermano Almagro

El secretario general de la OEA Luis Almagro este jueves durante la reunión de la masonería interamericana. Foto: Twitter.




20/04/2017  
Luis Almagro es la principal atracción de la reunión anual de la masonería regional
El secretario general de la OEA disertará mañana viernes 20 en II Asamblea Extraordinaria de la Confederación Masónica Interamericana. Hay representantes de 24 países, incluido Uruguay



Desde el miércoles 19 y hasta el sábado 22 de abril se realiza en Paraguay una cumbre para celebrar los 70 años de la Confederación Masónica Interamericana (CMI). La sede del encuentro es el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que funciona en Luque, en las afueras de Asunción.


El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es la principal atracción de los cuatro días de sesiones de los masones de 24 países. El diplomático disertará el viernes 20 sobre "los valores de la libertad en América Latina", dijo Edgar Sánchez, gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.


Por Uruguay participan los miembros de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. La CMI está integrada por las grandes logias masónicas latinoamericanas del "rito escocés antiguo y aceptado".


Almagro visita la capital paraguaya en medio de la conmoción política causada por el reciente asesinato de un militante del Partido Liberal Radical Auténtico a manos de un funcionario policial. El incidente se produjo luego de las protestas sociales realizadas contra una propuesta de enmienda constitucional para promover la reelección presidencial.


En este marco el secretario general de la OEA se reunió este jueves 20 con el canciller paraguayo Eladio Loizaga, a quien le trasmitió su satisfacción por el anuncio del presidente Horacio Cartes, quien el último fin de semana descartó que esté intentando postularse nuevamente en las elecciones del próximo año.


Según la información oficial entre los 500 participantes del encuentro habrá 55 grandes maestros de 77 grandes logias pertenecientes a la CMI, con representantes de países latinoamericanos y miembros de logias de Italia, Francia, Rumanía, España, Portugal y Estados Unidos.


El evento comenzó el miércoles 19 con la inauguración del nuevo Palacio Masónico en Asunción, una edificación en el centro de la ciudad del arquitecto paraguayo Solano Benítez que costó dos millones de dólares.


“Esta confederación que aglutina estas potencias se reúne anualmente, para intercambiar experiencias, opiniones o evaluar la situación país de cada uno de los miembros de la confederación”, dijo a la agencia española de noticias EFE Edgar Sánchez, gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.


Basándose en las presentaciones de todos los exponentes se elaborará un documento conjunto que se dará a conocer como la “Carta de Asunción”.



La nueva sede de la masonería paraguaya
"servirá como un aporte cultural de la masonería porque tendrá un auditorio que podrá utilizarse para actividades diversas. Las puertas de ese templo están abiertas para cualquier actividad que se desee", comentó Sánchez.

El gran maestro de la masonería paraguaya denunció además que el gobierno de Venezuela impidió la salida del país de los miembros de la Gran Logia de la República de Venezuela que iban a participar de la cumbre.


Según Sánchez, el gobierno de Nicolás Maduro puso “todos los obstáculos” para impedir para que la delegación venezolana pudiera viajar al Paraguay desde el momento en el que se enteró que Almagro iba a tomar parte de la asamblea masónica.


La primera asamblea de la Confederación Masónica Interamericana fue el 14 de abril de 1947 luego de un acuerdo firmado entre los grandes masones de Argentina, Chile y Uruguay.


Wed, 19/04/2017

Denuncian que Venezuela impidió viaje de masones a acto en que estará Almagro 
El titular de la masonería paraguaya, Edgar Sánchez, informó hoy que el Gobierno venezolano obstaculizó la salida de masones de ese país hacia Asunción, donde se realiza la asamblea interamericana masónica, a la que asistirá el secretario de la OEA, Luis Almagro.
"El Gobierno se encargó de poner todos los obstáculos desde el momento en que se enteraron que Almagro iba a estar en la reunión", dijo a Efe Sánchez, gran maestro de la gran logia simbólica del Paraguay, en relación a la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Masónica Interamericana (CMI),
Añadió que el Gobierno caribeño obstaculizó el viaje de los participantes venezolanos al negarles las divisas que monopoliza bajo un control de cambio.
Sánchez explicó que esa ausencia no impedirá que en la CMI, que se celebrará en Asunción desde hoy hasta el sábado, se hable de la situación política que atraviesa Venezuela.
"Venezuela no se queda muda en esta conferencia, de ninguna manera, vamos a tomar la voz de los ausentes reclamando el imperio de la ley y la libertad en Venezuela", dijo.
Agregó que en Venezuela "no hay independencia del Poder Judicial, y el pueblo pasa hambre siendo uno de los países más ricos por su reserva de petróleo".
Para este viernes está previsto en la asamblea masónica interamericana la intervención de Almagro, quien expondrá en una conferencia aspectos relacionados con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Almagro, que desde la OEA promueve la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, dijo hoy en Miami (EE.UU.) que el país caribeño "es una democracia que se ha deteriorado a una completa dictadura".
La CMI agrupa a organizaciones masónicas de 24 países y congrega a más de 350.000 masones. EFE


>>> El otro hermano.

Temple, aplomo, discreción. Saber escuchar y valorar los silencios. Mandar. Estas características del presidente Tabaré Vázquez son también arquetípicas del buen “hermano masón”.
Cuando fue electo presidente de la República por primera vez, en 2004, hacía ya tiempo que solo pagaba la cuota mensual y no concurría a los “trabajos” semanales de su logia General Artigas, pero Vázquez, en efecto, parece haber hecho suyas algunas de las características más sobresalientes de los “hermanos” que buscan el “perfeccionamiento filosófico” junto a “la acción esforzada y responsable”.
Cuando en la década de 1980 comenzó su camino como “aprendiz” —el primer grado de esta escuela iniciática a la que se ingresa por invitación y luego de un proceso riguroso y pautado— ya era un destacado profesor de medicina y trabajaba en la mutualista Asociación Española, cuyo gerente era el fallecido “hermano masón” y ex diputado colorado Oscar Magurno.

·Uno de la casa. Vázquez, como los demás integrantes de la orden, había jurado sobre una Biblia, una escuadra y un compás y declarado creer, si no en Dios, al menos en el “gran arquitecto del universo”.
Años después, su llegada al Edificio Libertad —entonces sede de la Presidencia—, como antes al cargo de Intendente de Montevideo, fueron buenas noticias para la hermandad, aunque a decir verdad casi ninguno de los grado 33 (máxima jerarquía dentro de una orden tan vertical como un ejército; su número provendría de la edad de Cristo y del número de vértebras del cuerpo humano) simpatizara con la izquierda, algo que tampoco ocurre ahora, cuando el ex gerente bancario Noé dos Santos, el director de Ancap y convencional colorado José Garchitorena,  y el escribano Jorge Caillabet son las máximas autoridades. Este último, supremo gran comendador, es el grado 33 elegido por sus 33 pares más destacados.
No obstante la distancia en el “mundo profano” (como los masones llaman al resto de la sociedad), las razones para esta satisfacción hay que buscarlas en el hecho de que habían pasado muchos años desde que uno de los hermanos llegara a ocupar un cargo tan importante, explica el politólogo y diputado colorado Fernando Amado en el libro “La Masonería uruguaya. El fin de la discreción”.
Aunque algunos presidentes como José Batlle y Ordoñez y Julio Sanguine­tti tuvieron un entorno masónico, antes que Vázquez Uruguay tuvo nueve jefes de Estado que integraron la orden: Manuel Oribe, Juan Francisco Giró y Atanasio Aguirre (blancos), y Gabriel Pereira, Francisco Vidal, Feliciano Viera, Gabriel Terra y Tomás Berreta (colorados).
El 13 de julio de 2005, el entonces venerable gran maestro Carlos Bolaña y su vice, Mario Risso, un empresario y un marino militar respectivamente, pudieron recibir a Vázquez en el templo de Mario Casinoni 1481 con honores y ritual.
El presidente Vázquez, que había sido electo por el Frente Amplio, continuó así con la tradición de sus antecesores —Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle— pero, a diferencia de estos, quien llegaba como primer mandatario a dar una conferencia sobre laicidad era uno de la casa.
En 2010, el presidente José Mujica rompió con la tradición: recibió al venerable gran maestro de manera discreta en la Torre Ejecutiva y prometió una visita al templo que hasta ahora no hizo.

· Eslabones de la cadena. Según la investigación de Amado, durante el gobierno de Vázquez la Masonería duplicó el número de sus integrantes. Entre 2005 y 2011 se crearon 21 nuevas logias (se llegó a 92 en todo el país), mientras que el número de masones pasó de 3.100 a unos 6.000, lo que desató un debate interno acerca de cuántos de los que ingresaban buscaban apenas ascender en sus carreras, en lugar de superación personal y servicio a la sociedad.
No todos los masones, sin embargo, fueron motivo de orgullo: el ex comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio, y otros tres oficiales “hermanos” fueron condenados por fraude. Miguel Dalmao, un oficial masón del Ejército ascendido a general por Vázquez, fue condenado por coautoría en la muerte por torturas de una militante comunista durante la dictadura. No solo se trató de un presidente masón que ascendió a un “hermano”. El juez que condenó a Dalmao también es masón, en un fallo confirmado por un Tribunal de Apelaciones. “Yo no la maté” reiteró el general promovido por Vázquez, pero durante el juicio se estableció que, aunque era apenas alférez (el grado más bajo de la oficialidad), estaba a cargo ese día y le correspondió responsabilidad funcional. El juez de primera instancia, Rolando Vomero, y el acusado no eran los únicos masones involucrados en el juicio “profano”: también el abogado defensor, Miguel Langón, es parte de la orden, así como el médico que años atrás había certificado los hematomas en el cuerpo de la militante fallecida, el luego intendente de Canelones, Marcos Carámbula.
A pesar de esos serios tropiezos —que, por otra parte, desmienten que los masones se protegen entre sí bajo cualquier circunstancia— la Masonería siguió de moda durante el primer gobierno de Vázquez.
Sin embargo, no habrá tantos “hermanos” en los primeros planos del gobierno que se instalará el 1º de marzo de 2015.
Dos de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, más el coordinador de Inteligencia, José Bonilla, si no es relevado, lo son.
El nuevo comandante de la Armada, Leonardo Alonso, y el de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, que continúa en el cargo, integran una logia masónica. Sin embargo, a pesar de que los dos últimos comandantes del Ejército también fueron masones (Pedro Aguerre y el actual Juan Villagrán), así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) saliente, Milton Ituarte, el nuevo jefe de la fuerza de tierra, Guido Manini, que proviene de una familia con fuerte impronta riverista y es profesor de historia militar, no solo no tiene carné de la, Masonería sino que está cerca de los Tenientes de Artigas, una logia militar que, en teoría, está en las antípodas.
Alonso y Martínez fueron edecanes de Vázquez durante su primer gobierno (2005-2010), mientras que el entonces edecán de la fuerza de tierra y ahora general Nelson Pintos, sin identificación directa con ninguno de los dos “bandos” y nacido en una familia humilde del Cerro, fue designado a partir de febrero al frente del Esmade.
Entre los ministros designados por Vázquez no hay masones, pero sí en el círculo más estrecho de asesores: Álvaro Vázquez, uno de sus hijos, y Juan Salgado, amigo personal y presidente de Cutcsa, son masones. A su vez, Miguel Ángel Toma, designado como próximo secretario de la Presidencia, es “sensible al pensamiento masónico”, según fuentes de la orden.
Álvaro Vázquez, médico como su padre, recibió formación como seminarista y es uno de los atípicos casos de un católico masón, algo tolerado por la orden pero prohibido por la Iglesia desde 1738.
En junio de 2005, durante una tenida en la calle Cassinoni, Álvaro Vázquez defendió en su logia Ariel una posición contraria al aborto, mientras participaba como aprendiz. Luego de que el hecho fuera informado por “El Observador”, se produjo una crisis a causa de la ruptura de la discreción, y el “taller” (como también se les llama a las logias) quedó dividido en dos: Ariel y Tel Ariel.

· Juan, el “vazquista”. Juan Salgado es un empresario multifacético que se formó junto a Oscar Magurno. El presidente de Cutcsa desde hace 18 años es el primer suplente del presidente del club Peñarol, Juan Pedro Damiani, construyó un gran centro comercial donde estaba la planta industrial de Cutcsa y preside la Comisión Honoraria del estatal Patronato del Encarcelado y el Liberado, entre otras actividades.
“Yo no tengo por qué decirlo. Creo que no es un tema para conversar” respondió sobre su pertenencia a la Masonería, durante una entrevista publicada en marzo pasado por la revista “Seisgrados”.
Con Vázquez está relacionado desde hace años por varias vías: además de integrar la Masonería, dirige la compañía transportista que tiene el 65% del mercado en Montevideo, donde Vázquez fue intendente, y también es directivo de la Asociación Española, la mutualista donde el presidente electo trabajó hasta ahora como oncólogo. Ambos construyeron una amistad que incluye a las familias, excursiones de pesca y paseos al balneario La Paloma, en Rocha.
Durante la campaña electoral, Salgado se convirtió en una persona con peso decisivo en el comando que funcionó en el primer piso del hotel Four Points, que se obtuvo gracias a su gestión. El empresario puso un micro y automóviles al servicio de la fórmula Vázquez-Sendic para recorrer el país, ofreció variado apoyo logístico y hasta la colaboración directa de varios de los principales gerentes de la empresa.
El estrado desde el cual Vázquez habló en varios actos de la campaña pertenece a Cutcsa; Salgado no solo aportó medios sino que ayudó en la recolección de fondos y actuó como operador en algunos contactos políticos bajo orden directa de Vázquez y por fuera de la estructura del Frente Amplio, algo que creó tensiones al interior del partido de gobierno, ya que reemplazó a la fuerza política.
Aunque aumentó la frecuencia en los últimos meses, las apariciones de Salgado junto al ahora presidente electo no son nuevas. En junio de 2012, por ejemplo, transportó a su amigo hasta Florida en una camioneta 4X4 para el acto en el que la senadora socialista Mónica Xavier asumió la Presidencia del Frente Amplio en reemplazo de Jorge Brovetto.
El empresario advirtió que no aceptaría cargos, pero tampoco lo descartó y se proclamó “vazquista”, por primera vez el 29 de setiembre pasado, en declaraciones a El Observador TV.
“Simplemente le doy mi opinión. No siento que soy su asesor. No estoy dentro del plano político ni de la arena política”, indicó durante esa entrevista.
Toma, por su parte, es un abogado de origen colorado que adhiere al pensamiento masónico. En ocasiones ha sido puente con “hermanos” para resolver problemas. Se relacionó con Vázquez después de que, en calidad de director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública, firmó un dictamen que descartó cualquier responsabilidad del ahora presidente electo en la compra de un programa informático de una empresa integrada por su hijo Ignacio. Vázquez, que cuando se produjo la compra era director del Instituto de Oncología (Indo), luego elogió la independencia técnica que observó en Toma, durante un proceso que estuvo muy politizado. Durante el primer gobierno del Frente Amplio, Toma fue director de la Oficina del Servicio Civil y también secretario de la Presidencia, pero mantiene bajo perfil.
Otros connotados masones que se sumaron a Vázquez durante la campaña electoral de este año son los ex dirigentes colorados Alberto Scavarelli y Daniel Borrelli.
“Le puedo decir que yo soy masón. Y soy masón por convencimiento desde hace muchos años; 25 años. No le puedo decir quién otro es masón. Pero le puedo decir claramente que quien viene a la masonería para acomodarse, para buscar un cargo, o para estar mejor en su trabajo, está muy equivocado y así como entra tiene que salir. (...) Soy un masón convencido y admiro la masonería. Me ha dado una filosofía de vida que es lo más importante. Lo tengo de mi abuelo italiano que llegó allá por el 1800 y pico. Él me fue dando determinados principios de la Masonería. Allí puede encontrar —tal vez— el porqué de que yo esté acá. Porque tengo libre pensamiento. No me ato a dogmas; la Masonería me enseñó a tener libre pensamiento, si no, no sería un buen masón”, dijo Borrelli acerca de su pertenencia a la hermandad (Búsqueda Nº 1.779).
Además, el primer diputado electo por el Partido Colorado, Guillermo Facello —también masón— visitó a Vázquez en su cuartel general de la calle Ejido, antes del balotaje del 30 de noviembre pero después de que el líder de ese partido, Pedro Bordaberry, anunciara el apoyo a Lacalle Pou para esa instancia.

· Masones twitteros. Aunque son de los más conservadores y cerrados del mundo, los masones uruguayos se han modernizado en algunos aspectos. Por ejemplo, emplean un carné digital para ingresar al templo.
La apertura llegó también al Partido Socialista (PS), porque si bien el ex presidente de Chile, Salvador Allende, fue un caso emblemático, los socialistas uruguayos perseguían a los masones en sus filas.
El senador socialista Daniel Martínez integra, precisamente, la logia Salvador Allende de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay.
Aprendiz desde 2014 en la misma logia es el ex secretario general del PS y ex presidente del sindicato bancario AEBU, Eduardo Fernández, aunque mantiene la discreción.
Aunque no forma parte del círculo de Vázquez, quien renunció al PS siendo presidente, Martínez es uno los candidatos del Frente Amplio para suceder a la comunista Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo. Olivera y Salgado se enfrentaron, entre otros temas, por el corredor Garzón, una discusión que terminó ganando el transportista, ya que quedó evidenciado que los ingenieros de la Intendencia habían realizado mal los cálculos geométricos.
A fines de la semana pasada, cuando fue proclamado candidato, Martínez recibió un mensaje por la red social Twitter de otro hermano, el diputado frenteamplista canario Horacio Yanes, quien, rompiendo con la cultura y las normas de discreción, se puso “de pie y a la orden” de Martínez utilizando un término clásico del lenguaje masónico. Consultado por Búsqueda, Martínez prefirió no hacer comentarios.







La conexión uruguaya de la corrupción española





Cosechando amigos  jueves 20 de abril del 2017 
Ayer fue detenido el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por estar vinculado al esquema de coimas con el que se financió el Partido Popular de España. Hoy la Guardia Civil realizó varios allanamientos, entre ellos a la sede de la consultora PricewaterhouseCooper, buscando documentos sobre desvíos de fondos de diferentes empresas.


Hoy el sitio web Sudestada publica información que revela que el estudio uruguayo Algorta & Asociados, está vinculado al caso. “Cuando todavía se investiga en Montevideo la participación del estudio Algorta y Asociados en el caso de corrupción brasileño Lava Jato, en España se tramita una denuncia en su contra presentada por tres integrantes de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”, dice Sudestada.

Según la denuncia presentada el pasado 6 de marzo, a la que los colegas tuvieron acceso “ el estudio Algorta y Asociados jugó un rol fundamental en la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construcao por parte de la principal empresa pública madrileña de agua, Canal de Isabel II. A primera vista, resulta inexplicable que una empresa pública española tenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil, invirtiendo decenas de millones de euros”.
El asunto fue objeto de una investigación parlamentaria que duró tres años y que llegó a la Justicia a instancias de los partidos de oposición al anterior gobierno de Madrid, en manos del derechista Partido Popular. La denuncia fue firmada por los diputados Mercedes Gallizo Llamas (PSOE), Eduardo Gutiérrez Benito (Podemos) y Juan Rubio Ruiz (Ciudadanos).
Al igual que en el caso de Lava Jato (la investigación de corrupción en torno a la petrolera brasileña Petrobras) el papel del estudio jurídico del abogado Oscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar en el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa “Soluciones Andinas de Agua”, una SRL que tuvo su sede en su estudio jurídico de la Ciudad Vieja pero en la que aparecen involucradas otras sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, Colombia y las ex Antillas Holandesas.

En ese complejo mapa intercontinental fue que se perdieron millones de euros de la empresa Canal de Isabel II, la principal empresa hídrica de la capital española. Y en la ingeniería de ese entramado fue que tuvo un papel fundamental el abogado uruguayo Oscar Algorta y dos integrantes de su estudio: su hijo José Miguel Algorta Garicoits y una de sus secretarias, María Esther Campa Solares, sostiene Sudestada.

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19/04/2017
Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

La conexión uruguaya de un millonario caso de corrupción en España

El bufete del abogado Oscar Algorta, el mismo del caso Lava Jato, fue denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Desaparecieron más de 36 millones de euros. Hay una docena de encarcelados
Cuando todavía se investiga en Montevideo la participación del estudio Algorta y Asociados en el caso de corrupción brasileño Lava Jato, en España se tramita una denuncia en su contra presentada por tres integrantes de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.


Según la denuncia presentada el pasado 6 de marzo, a la que tuvo acceso
Sudestada, el estudio Algorta y Asociados jugó un rol fundamental en la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construcao por parte de la principal empresa pública madrileña, el Canal de Isabel II. A primera vista, resulta inexplicable que una empresa pública españolatenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil, invirtiendo decenas de millones de euros.

El asunto fue objeto de una investigación parlamentaria que duró tres años y que llegó a la Justicia a instancias de los partidos de oposición al anterior gobierno de Madrid, en manos del derechista Partido Popular. La denuncia fue firmada por los diputados Mercedes Gallizo Llamas (PSOE), Eduardo Gutiérrez Benito (Podemos) y Juan Rubio Ruiz (Ciudadanos).




El caso derivó este martes 18 en la
detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien aparece como uno de los principales imputados en la trama junto con una docena de antiguas autoridades de la empresa pública madrileña.


Al igual que en el caso de Lava Jato (la investigación de corrupción en torno a la petrolera brasileña Petrobras) el papel del estudio jurídico del abogado Oscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar en el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa “Soluciones Andinas de Agua”, una SRL que tuvo su sede en su estudio jurídico de la Ciudad Vieja pero en la que aparecen involucradas otras sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, Colombia y las ex Antillas Holandesas.


>>> Compleja ingeniería para desaparecer millones

En estos casos, cuando los “asesores” jurídicos o contables –como es el estudio Algorta en esta ocasión– son pescados “in fraganti”, suelen decir que su tarea se limitó a dar algunos consejos, recomendar buenas prácticas para la formación de sociedades y quizás prestar algún nombre (testaferro) para alcanzar el número mínimo de integrantes del directorio.


Sin embargo, esta eventual explicación no cierra para la tarea que desempeñó este poderoso grupo de abogados uruguayo, que funciona en la oficina 401del edificio de la Ciudad Vieja que se ubica en el 1393 de la calle Ituzaingó, esquina Rincón, frente a la plaza Matriz. Más si se tiene en cuenta que, en ese pasamanos, se perdieron más de 36 millones de euros del erario español.


El caso tiene ribetes de una película de espionaje internacional, donde se pueden rastrear los indicios de la corrupción en España (Madrid), Panamá, Colombia (Barranquilla), República Dominicana, las ex Antillas Holandesas (Curazao), Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay.


En ese complejo mapa intercontinental fue que se perdieron millones de euros de la empresa Canal de Isabel II, la principal empresa hídrica de la capital española. Y en la ingeniería de ese entramado fue que tuvo un papel fundamental el abogado uruguayo Oscar Algorta y dos integrantes de su estudio: su hijo José Miguel Algorta Garicoits y una de sus secretarias, María Esther Campa Solares.


>>> Malabares empresariales

El cambio de nombre de las empresas y el permanente traspaso de la cuotaparte de las sociedades entre diferentes directivos es una práctica corriente en esta historia de malversación de fondos públicos.

Línea de tiempo: hacé click en la imagen para ver cómo se construyó la trama




La sociedad de responsabilidad limitada Turman Investments fue constituida el 25 de setiembre de 2008 y registrada cuatro días después en Montevideo, con un capital de 150 mil pesos uruguayos, por un plazo de 30 años. Fijó como domicilio el apartamento 501 del edificio ubicado en Obligado 1256, en Pocitos.


Su objeto declarado era el de
“Realizar todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos de cualquier clase en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros; participar en sociedades comerciales en Uruguay, y/o en el extranjero (Art. 47, Ley 16.060, y Art. 100 Ley 18.083, respetando las prohibiciones legales en vigencia”.


Allí aparecía como socia administradora, con el 1 por ciento de las acciones, María Esther Campa Solares, una funcionaria del estudio Algorta, y
José Miguel Algorta Garicoits, hijo de Oscar Algorta, con el 99 por ciento restante.



Abogado José Miguel Algorta Garicoits, integrante del estudio de su padre Oscar Algorta.

El 4 de marzo de 2009 Campa Solares cedió su participación a la empresa panameña Yavango Investment Inc, que fijó su domicilio en el estudio Algorta y además quedó como administradora de la sociedad.


Mientras tanto, Algorta Garicoits hizo lo propio con su parte de la SRL y se la cedió a la Fundación Privada Himalaya, una sociedad creada en Curaçao, una de las ex Antillas Holandesas, que también fijó el estudio Algorta como su domicilio.

ede del estudio Algorta & Asociados, en Ituzaingó y Rincón, en la Ciudad Vieja. Allí funcionó la empresa Soluciones Andinas de Agua SRL.
El 27 de mayo de aquel año hubo otro pase de manos. La Fundación Privada Himalaya cedió una parte de su participación en Turman al ciudadano venezolano Daniel José Herrera Oropeza, quien mantuvo el mismo domicilio y se hizo cargo de la administración.


El 9 de noviembre de 2011 el español Ignasi Maestre Casanovas, director del estudio contable Igmasa (con sede central en Andorra y sucursal en Montevideo), entró a la directiva de la empresa panameña Yavango Investment. Inc. El 25 de enero de 2015 el estudio Mossack & Fonseca, principal afectado por el escándalo “Panamá Papers”, se hizo cargo de la administración de la empresa.


La febril actividad de transferencia de acciones de Turman Investments se calmó por unos años, hasta abril de 2012. El 13 de aquel mes el venezolano Herrera Oropeza cedió su participación en Turman a la sociedad anónima uruguaya Tana Investment Company, que resolvió fijar su domicilio en la oficina 201 de la calle Juan Carlos Gómez 1388.


En ese escritoio de la Ciudad Vieja, al lado de la sede del Partido Nacional, funcionan dos estudios contables vinculados con numerosas maniobras en los Papeles de Panamá: Igmasa Management Uruguay SRL y Scafell Sociedad Anónima. Su titular es el español Ignasi Maestre.


También dejó su parte la Fundación Privada Himalaya, propiciando el regreso de la sociedad panameña Yavango Investments Inc, que ahora se había mudado al estudio contable de la calle Juan Carlos Gómez.


Al año siguiente, el 8 de marzo de 2013, se produjo la primera movida que involucra a esta sociedad uruguaya de nula actividad con la corrupción en España. Es que Turman Investments pasó a llamarse Soluciones Andinas de Agua SRL y con ese cambio se abrió la puerta para el ingreso a la empresa dueña de la hídrica española.


Canal Extensia SA es una sociedad creada en 2001 por la empresa pública española Canal de Isabel II a fin de promover sus inversiones en América Latina. Con ese objetivo Canal Extensia compró en 2006 la mayor parte de la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (INASSA), con sede en la ciudad de Barranquilla. Y fueron estas dos empresas (Canal Extensia e INASSA) las que el 20 de junio de 2013 adquirieron la recién bautizada Soluciones Andinas de Agua SRL (ex Turman Investments). La SRL cambió de dueños pero no de domicilio, ya que permaneció en Juan Carlos Gómez 1388 oficina 201.


Cinco meses después, el 14 de noviembre de aquel año, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua adquirió el 75 por ciento de la empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção y pagó 21,5 millones de euros. En diciembre, un mes después de la compra, la empresa brasileña aparece por primera vez en los balances de Canal Extensia con un valor de 10.269.000 euros. Es decir que en 30 días perdió 10 millones de euros.


Continuando la caída vertiginosa, el balance presentado por Canal Extensia un año más tarde (en diciembre de 2014) le atribuía a la brasileña Emissão Engenharia e Construção un valor patrimonial neto de 5.186.000 euros, la cuarta parte de lo que había pagado por ella en 2013 la uruguaya Soluciones Andinas de Agua SRL. Sin embargo, el balance del año publicado por la empresa Emissao en la prensa brasileña decía que el patrimonio superaba los 119 millones de reales, el equivalente a 37 millones de euros al cambio de la época.


Pero la debacle financiera no acabó allí. En diciembre de 2015 la empresa pública española valoró negativamente a la brasileña Emissão, por un total de 5.545.000 euros. También detalló como pérdidas su participación en la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, por un total de 10.528.000 euros. Pero por si esto resultara poco, en su balance de aquel año se decía que para 2016 se proyectaba “restablecer la situación patrimonial” de la empresa brasileña “mediante un anticipo futuro de capitalización de préstamos de su accionista Soluciones Andinas de Agua SRL”.


Así las cosas, si se suman los euros que desaparecieron entre el inicio de las operaciones en 2013 y finales de 2015, la empresa pública madrileña “perdió” más de 36 millones de euros. Y la gestión del estudio jurídico uruguayo está en el centro de las sospechas de los legisladores y los magistrados españoles.


Todo este turbio proceso tuvo este miércoles 19 un nuevo episodio con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de la operación Lezo, que según informó el
sitio web Eldiario.es“se centra en la corrupción de la empresa pública Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos”. González también fue presidente de la empresa Canal de Isabel II hasta el año 2014, es decir en pleno proceso de compra de la empresa uruguaya Soluciones Andinas de Agua y la posterior adquisición de la brasileña Emissão Engenharia e Construção.