domingo, 23 de febrero de 2020

El holding espía de la desinformación




Carlos Ibáñez, el hombre que controla desde Uruguay el holding de desinformación usado por el Barça


  • El administrador de I3 Venture, abrió en enero de 2019 una sociedad en Panamá para trabajar en la campaña del PDR
  • Otra de sus filiales pidió la demostración de un programa espía desvelado por Wikileaks y fabricado por hackers italianos
  • Sus empresas no presentan cuentas en los registros mercantiles españoles desde hace tres años

Su nombre es Carlos Rafael Ibáñez Constantino. Nacido el 11 de junio de 1961 en Uruguay. Divorciado, y sobre todo la persona detrás de la sociedad I3 Venture, la firma contratada con un millón de euros por el Fútbol Club Barcelona para controlar las redes sociales y en cuyos informes se refleja una presunta vinculación con una red de perfiles y portales destinados a atacar a rivales de la actual presidencia o incluso a jugadores del propio club. Algo que la propia compañía ha negado en un comunicado oficial y que ha puesto al presidente de la entidad, Josep María Bartomeu en el ojo del huracán.

En España, en nombre del empresario uruguayo aparece vinculado al de dos sociedades concretas. La primera es I3 Venture, abierta en abril de 2015 y que presentó sus últimas cuentas en el Registro Mercantil en 2017. El año en el que la empresa comenzó a trabajar para el Barcelona. A partir de ahí nada. No hay datos económicos, pese a que la legislación española obliga a declarar los rendimientos de cada ejercicio. Pese a ello. muchos empresarios prefieren omitir los datos, evitar así el riesgo de que sean conocidos por la competencia o publicados por la prensa, y pagar la multa que la Administración impone por ello solo en ocasiones. En el último ejercicio presentado, I3 Venture facturaba 1,5 millones de euros al año. Ahora es imposible saberlo.

Según ha podido conocer este diario, Ibáñez Constantino era conocido en el mercado de la información online por su "sistema de escucha" de la red, un software de análisis de noticias, portales y redes sociales capaz de identificar si la actividad de comunicación es positiva o negativa, en función de la palabra que se busque. "Este tipo de sistemas es capaz de enviar casi en tiempo real información sobre, por ejemplo, las diez personas, perfiles o páginas que peor hablan de una persona o institución, las diez que mejor lo hacen, analizar los resultados históricos, las noticias que más se comparten, quién lo hace y desde dónde... lo tienes todo". Un sistema de Big Data que parece pensado para instituciones como el F.C. Barcelona, incapaces de controlar todo lo que se publica sobre ellos. Una simple búsqueda de su nombre en Google arroja más de 73 millones de resultados.

Sin embargo, según denunció la Cadena Ser, los trabajos de I3 Venture fueron más allá, pasando presuntamente a la "generación activa de comentarios" por medio de una red de perfiles falsos. "Esta es una herramienta todavía más potente porque puedes decidir si quieres que se hable bien o mal de una persona en momentos clave, como por ejemplo intentar reducir el precio de un fichaje o de la renovación de uj jugador con comentarios negativos sobre su rendimiento en redes sociales", explica un experto en este tipo de campañas consultado por NIUS. En un comunicado público, la empresa ha negado relación alguna con los perfiles que publicaban informaciones intencionadas dentro de la red.

pic.twitter.com/MAHzvpAOdR — i3ventures.españa (@I3venturesE) February 17, 2020

La segunda empresa administrada por Ibáñez Constantino en España es NSG Social Science Ventures SL, abierta en Madrid el 12 de diciembre de 2018 según los datos aportados por la herramienta Insight View y que tampoco ha presentado cuentas en el Registro Mercantil. Las dos primeras siglas del nombre se corresponden con otra de las firmas comerciales abiertas por el empresario uruguayo en España, llamada NiceStream y que según su propia web tiene como clientes a firmas como Telefónica o Coca-Cola. Esta segunda marca es la que firma los informes de seguimiento en redes sociales publicados por la cadena Ser. Según la documentación registral, la empresa fue creada como un contenedor para la gestión de sociedades "no residentes en el territorio español". Y poco después, se creó una nueva compañía, esta vez en Panamá.

La empresa, llamada NSG Panamá, fue abierta en febrero de este año y tienen en su consejo de administración a dos figuras políticas del país: la viceministra de Presidencia hasta 2012 María Fabregas y la máxima responsable de campaña del Partido Revolucionario Democrático, Michelle Sitton. En esta ocasión, Ibáñez Constantino aparece como director y aporta para la inscripción un domicilio en su Uruguay natal.

>>> Espionaje en redes y perfiles anómalos


 En otro informe de Illuminati Lab se especifica cómo trabajan y a qué se dedican. Bajo el lema “Social Media Intelligence” (término que se repite en el informe sobre el Barcelona), la casa presenta sus estrategias para moderar la información, influenciar y desactivar con bots, lo que entraría en conflicto con las declaraciones del propio Ibáñez en Catalunya Ràdio, donde negaba trabajar con bots –perfiles falsos o robados– ni otro tipo de “usuarios anómalos”. En el citado informe se explica que uno de los servicios que ofrecen es el de Intervención Ciudadana. Consiste en el uso de lemmings –identidades múltiples– “que permiten intervenir en todo tipo de redes sociales ya sea emulando comportamientos ciudadanos o emitiendo opiniones sobre los tópicos”.



>>> El Barçagate



El Barça contrató a la empresa I3 Ventures que utilizaba cuentas falsas en las redes para criticar a jugadores y opositores


Continúa el escándalo del Barça por su posible implicación en la contratación de una empresa que difamaba a jugadores y opositores. Si ayer el club exigía a la Cadena SER una rectificación por difundir esa información, ahora la radio del Grupo Prisa ha publicado nuevas pruebas que demuestran que I3 Ventures está detrás de las cuentas no oficiales del Barça.

Aunque tanto el FC Barcelona como I3 Ventures nieguen cualquier implicación con las redes sociales que mejoran la imagen de la directiva y atacan a Jaume Roures, Víctor Font, Gerard Piqué, Xavi Hernández o Leo Messi; la Cadena SER ha tenido acceso a un dossier de 36 páginas firmado por Nicestream, propiedad del responsable de I3 Ventures, que supuestamente era enviado al club de forma periódica.

El dossier cuenta con datos a los que solo pueden tener acceso el administrador de las páginas

En este dossier aparecen datos a los que solo pueden tener acceso los administradores de las páginas. Muestran desglosados los impactos, alcance o impresiones en las redes sociales de las seis polémicas cuentas: Més que un club (66.000 seguidores), Respeto y Deporte (56.000), Alter Sports (27.000), Sport Leaks (21.000), Justicia y Diálogo en el Deporte (8.500) y Jaume, un film de terror (5.000).

Según la SER, este nuevo documento que dieron a conocer en El Larguero está reconocido por el propio FC Barcelona. En el comunicado de ayer del club azulgrana se especificaba que I3 Ventures “no tiene ningún vínculo con estas cuentas y si se demostrase cualquier relación, el club rescindiría inmediatamente su relación contractual y ejercería las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses”.



Este documento está reconocido por fuentes del propio Barça y está firmado por Nicestream, empresa cuyo director es el mismo de I3 Venture. Se trata de Carlos Ibáñez, con quien se reunió para diseñar la estrategia digital del Barça Jaume Masferrer, mano derecha del presidente Bartomeu. En un último documento se demuestra que el dominio respetodeporte.com pertenece a la empresa I3 Ventures.


>>> Política y futbol

Según el análisis hecho en Catalunya por Nicestream "las personas que daban apoyo al separatismo pero no estaban tan fervientemente asociadas a la causa eran más seguidores del Barça y de Messi que del separatismo". También explica que descubrieron que "había una relación directa entre la gente que defendía las carreras de toros y la gente que estaba en contra del separatismo catalán".

Nicestream tiene dos ramas. La del mismo nombre trabaja en campañas en las redes sociales, e Iluminati Lab es la consultoría de inteligencia en medios de comunicación. A través de Iluminati Lab hacen "campañas políticas, presidenciales o senatoriales, entre otros". Han trabajado en las campañas electorales de Sebastián Piñera, actual presidente de Chile; la de Rafael Correa, expresidente del Ecuador; o en Argentina con los Kirchner. Nicestream opera en la ejecución "de todo lo que es corporativo, marcas, y también causas y cuestiones; de la cura de la reputación o de crisis de reputación en América Latina y a España". Aquí entra el Barça.

>>> Operaciones "en red" uruguayas



Una fiesta que fue convocada a través de las redes sociales para realizarse en la rambla de Malvín el pasado lunes terminó con enfrentamientos entre jóvenes y la policía.

La fiesta llena de disturbios tuvo una importante visibilidad en las redes sociales. Al igual que hiciera con los debates presidenciales, la agencia Nicestream (sede en Uruguay de NS Group, comandada por Diego Barcia Montero) realizó un informe sobre la relación entre la seguridad ciudadana y las redes sociales, a raíz de este caso.

Entre las conclusiones a las que llega el informe se desprende que, desde 2018, el tema "seguridad ciudadana" despierta un alto interés en la ciudadanía y en las redes sociales también se ve reflejado desde diferentes enfoques. "La inseguridad para los usuarios es uno de los principales focos a atacar con la llegada de un nuevo gobierno demandando muestras tempranas de resultados relevantes", señala.

Con base en los comentarios, la educación es el foco de atención para estos cambios, sin dejar de lado la acción de los órganos competentes.

La agencia señala que el nivel de convocatoria sumado a los eventos registrados a fin de año en el Kibón, exige al gobierno nacional a que desarrolle estrategias con las cuales pueda prevenirse este tipo de disturbios o por lo menos una acción temprana que dé orden a los eventos espontáneos, generados en espacios públicos.

Aunque muchos usuarios critican la estigmatización de la pobreza como foco de violencia y delito, se consolida la idea de que ser joven en contexto de vulnerabilidad "son la principal explicación de la escalada delictiva en el país".

Finalmente, el informe señala que, aunque los gobiernos del Frente Amplio son criticados por su gestión en seguridad, "se aprecian cuentas públicamente identificadas con el gobierno que emiten contenidos que amplían la brecha entre clases sociales y que consolidan la sectorización de la ciudad según los estratos sociales".

A continuación, se puede leer el informe completo:


>>> Entre el debate de Martinez y Lacalle


El primer debate tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, terreno que también tiene su importancia para los partidos rumbo a las elecciones.

La agencia Nicestream (sede en Uruguay de la compañía Illuminati Lab, comandada por Diego Barcia Montero) realizó un interesante informe sobre la forma en que se percibió el debate en redes sociales y qué repercusiones tuvo. Luego de la segunda instancia, publicaremos también un informe con las repercusiones en redes sociales.

Por ejemplo, en sus conclusiones sobre el primer debate, Nicestream señala que Lacalle logró mayor visibilidad con un 6% más de menciones que Martínez, sin embargo su imagen se vio más afectada por comentarios negativos que porcentualmente superaron a los positivos.

"El inicio de Martínez fue criticado en redes. Dubitativo, inseguro y trastabillante en las palabras y las ideas iniciales, le valieron que frente a Lacalle Pou su capacidad de debate quedase por debajo del candidato nacionalista", prosigue. Sin embargo, la evolución del discurso de Martínez a un escenario de mayor confrontación, "permeó bien en la audiencia y generó reacciones positivas".

"La imagen más ridiculizada fue la de Lacalle Pou. En la red primó una visión de pocas propuestas y críticas constantes al FA. Si bien estas últimas pudieron trascender un poco más en la conversación, su uso exacerbado generó que los trolls frentistas atacaran directamente a su imagen", agrega el informe.

La imagen personal de Martínez se vio atacada por su gestión de ANCAP, la IM y el nombramiento de Gustavo Leal como futuro ministro.

"Lacalle sí recibió ataques viralizados a su imagen y los memes estuvieron en el centro de los contenidos. Su forma de llegar al gobierno, la viralización de una imagen poco sensible y alejada de las luchas sociales, sumado a una imagen de inexperiencia y desconocimiento de los logros gubernamentales, consolidaron su imagen negativa en la red", aclara Nicestream.

¿Quién ganó? "La victoria fue para ambos según sus usuarios seguidores, sin embargo quien en términos reales perdió fue la imagen de Talvi a quien ridiculizaron en la red por sus quejas al ser excluido del evento televisado. Aisladamente se apreció el apoyo de un sector que logró hacer trending hashtags asociados con la exclusión de Talvi donde destacó #sintalvinohaydebate", concluyó la agencia.

El resumen tiene muchísimos datos adicionales, como el resumen de temas con mayor presencia, la cantidad de menciones favorables y desfavorables, los tuits más destacados y los rumbos tomados por la discusión en redes antes, durante y después del debate. Pueden leer el informe a continuación.


>>> “Crear estrategias inteligentes, innovadoras e inspiradas para gobiernos y elecciones”
Tumbar páginas web

La página web de Illuminati Lab está sin actualizar desde 2016, pocos años después de verse envuelta en negocios controvertidos. Dedicada a “crear estrategias inteligentes, innovadoras e inspiradas para gobiernos y elecciones”, según la descripción de su propio sitio, fue la representante exclusiva de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador para la “demostración, evaluación y contratación de los servicios que presta la empresa Hacking Team”, una compañía tecnológica italiana denunciada por Wikileaks por vender a múltiples gobiernos y empresas el software de espionaje Da Vinci.

No fue esta la única relación laboral que tuvo Ibáñez con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, del que cobró supuestamente más de seis millones de euros –también presumió en su intervención radiofónica de haber asesorado a José Mujica, presidente de Uruguay–. A través de su marca Eye Watch trabajó para hackear páginas de internet que sustentaban contenido crítico con el gobierno de Correa, además se encargó de atacar la imagen de Galo Lara, el principal opositor del dirigente ecuatoriano. El gran éxito de Eye Watch, presentado en un informe similar a los que se han publicado recientemente con el sello del Barça, fue el de la denominada Operación Walkiria. Su objetivo era bloquear y hacer caer la página Bananaleaks, un azote para Correa, y sus cuentas asociadas. “El sitio fue tirado”, señala el dossier en cuestión.










sábado, 22 de febrero de 2020

Descendencias políticas y familiares



>>> Los delincuentes son siempre sus parientes
 
Siempre pega en el palo

Por Leandro Grille.
21 febrero 2020



Andrés Betingo Sanguinetti tenía a su cargo la cuenta de la Banca Privada d’Andorra con la que la constructora brasileña Odebrecht pagaba jugosas coimas a políticos de América Latina. Por ese caso estuvo detenido en Andorra y fue imputado por la Justicia colombiana. Pero no pasa nada porque Betingo es apenas hermano del senador electo y dos veces presidente Julio María Sanguinetti, no es Julio María.





Pedro Bordaberry es hijo de Juan María Bordaberry, el presidente que dio el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, procesado por la autoría intelectual de asesinatos y desapariciones, imputado por el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo, Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Luis Eduardo González, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, José Arpino Vega y Eduardo Pérez Silveira. Condenado a 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad por atentado a la Constitución en reiteración real, 9 desapariciones forzadas y 2 homicidios políticos. Pero no pasa nada, porque Pedro es hijo de Juan María, pero no es Juan María.


Julio María Sanguinetti y Pedro Bordaberry, llamando a votar por Francisco Sanabria, un tipop rocesado por  la Justicia.




Luis Lacalle Pou es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, cuyo gobierno fue señalado por propios y extraños como el más corrupto de la historia nacional y él, junto con su esposa Julia Pou, madre del presidente electo, fueron acusados de haber recibido la más frondosa coima desde la fundación de la patria, por el negociado del Banco Pan de Azúcar. El expresidente Lacalle zafó de la Justicia -no así sus más encumbrados colaboradores-, pese a la “embestida baguala”, como calificaba Lacalle a la inmensa cantidad de acusaciones de corrupción a su gobierno y a que su propio competidor en la interna, Juan Andrés Ramírez, repasó en televisión todas las propiedades que le pertenecían al expresidente y afirmó que este había hecho crecer su patrimonio en un millón de dólares en un solo año. Pero, bueno, no pasa nada. Porque Lacalle Pou es solamente el hijo de Lacalle Herrera y nadie es responsable por su ascendencia, aunque haya heredado la conducción del herrerismo.


Acá se informa a María Julia Pou que le corresponde 3,33% de las acciones del Banco Pan de Azúcar.




Juan Carlos Raffo fue senador del Partido Nacional y ministro de Transporte y Obras Públicas de Luis Alberto Lacalle. En la denuncia realizada por Teódilo Maciel, un expolicía de Tacuarembó que durante muchos años trabajó para el empresario Igor Svetogorzky, se establece el registro de 89 reuniones entre Svetogorzky y Juan Carlos Raffo, en las que el empresario les entregaba sobres con dinero que el mismo Maciel ensobraba. En la denuncia, Maciel sostiene que “mi empleador se dedicaba al tráfico de influencias políticas, haciendo pagos a diferentes personalidades del gobierno que desfilaban por la oficina de la empresa, a cambio de la ejecución de favores o, lisa y llanamente, la realización de actos indebidos”. Entre los visitantes habituales estaba Juan Carlos Raffo, lo cual estaba consignado en las agendas del empresario, cuyas fotocopias Maciel entregó a la Justicia. Pero no pasa nada, porque Laura Raffo es hija de Juan Carlos Raffo, pero no es su padre y nada tuvo que ver su padre ni la trayectoria política de su padre en que ella haya saltado de Canal 12 a la candidatura única a la Intendencia de Montevideo.




“No es justo que me juzguen a mí por Martín Gutiérrez”, protestó el designado ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cuando se conoció que el psiquiatra Martín Gutiérrez, médico torturador en la dictadura y conocido por nazi, había sido su socio en la Clínica EEG Electrodiagnóstico Médico. Salinas explicó que este médico torturador, que fue su socio, era el tío de su señora esposa. Y, nuevamente, no pasa nada, porque Salinas no tiene la culpa de que su esposa sea sobrina de Martín Gutiérrez y, seguramente, nada tiene que ver que su tío sea un torturador de la dictadura y que él termine de ministro de Salud Pública, propuesto por Cabildo Abierto, un partido predominantemente militar, cuyo líder todos los días se tiene que desentender de las expresiones nazis, negacionistas y hasta amenazantes de sus liderados.




Podríamos seguir bastante señalando la curiosa tendencia de los nuevos gobernantes a tener familiares sospechados de delitos, imputados por causas gravísimas e incluso condenados. Podríamos citar, por ejemplo, el reciente caso de la incautación de 4.500 kilogramos de cocaína en el Puerto de Montevideo, que provenían de una estancia donde se encontraron 1.500 kilos de droga más, por la cual están detenidos el dueño de la estancia y uno de sus hijos, padre y hermano, respectivamente, de un candidato a diputado por Cabildo Abierto. O hacer referencia a la curiosidad de que el padre de la próxima ministra de Vivienda, Irene Moreira, posea un campo del Instituto Nacional de Colonización, en el que no vive, para lo cual vendría en auxilio la próxima Ley de Urgente Consideración. Ella niega que su padre sea un colono, aunque Búsqueda afirma tener documentos que prueban lo contrario, pero, aunque los tuviera, no pasa nada porque Irene es la hija de Roque Moreira y no Roque, por lo cual no puede ser juzgada por los pecados de su padre, aunque su padre se haya convertido ahora en candidato a intendente de Artigas, lo que, probablemente, no tenga nada que ver con que su hija sea quien es, senadora electa, ministra designada y esposa de Guido Manini Ríos.





Lo que es notable de estos linajes genéticos es la bifurcación: o bien se convierten en próceres, ministros, presidentes, o bien terminan siendo reos, o al menos imputados en gravísimas causas. Ambas vertientes familiares coexisten, celebran juntos en las fiestas, pero no se mezclan. A la hora de la hora, los delincuentes no son los gobernantes, son los parientes. Ahora le pasó al ministro Pablo Da Silveira, cuya novia fue detenida en Colonia por Interpol, acusada de participar en el esquema de lavado de activos y corrupción de la megacausa Odebrecht. Nuevamente, no pasa nada, la detenida es la novia, Maya Cikurel, no Pablo de Silveira. El ministro apenas puede ser acusado de haber elegido a una mujer sobre la que pesa una alerta roja de Interpol y eso le puede pasar a cualquiera. Porque el amor nadie elige, como escribió Cortázar, es como un rayo que te deja estaqueado en la mitad del patio. Y vaya si da Silveira quedó estaqueado con su percanta.


Como vemos, la pelota siempre pega en el palo. Por ahora.

















viernes, 21 de febrero de 2020

Retrocesos




Un encubridor procaz

Luego que el Dr. Tabaré Vázquez lo destituyó como comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos realizó una amplia recorrida por diferentes medios de comunicación, radios y canales de televisión, al tiempo que anunciaba su postulación presidencial. Tal como lo puso de manifiesto el periodista y escritor Leonardo Haberkorn, en varias notas publicadas en El Observador, en dichas presentaciones, en ningún momento señaló haber informado a la Justicia acerca del testimonio incriminatorio brindado por José Nino Gavazzo sobre la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el cuartel de Artillería N°1, en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry.

Manini Ríos: ocultó información para favorecer la impunidad de Gavazzo En las diferentes entrevistas que concedió, explicó de manera reiterada, cuáles fueron las razones de no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus subordinados. Henchido de la soberbia propia de la impunidad, las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día Gente” de Canal 10 son un testimonio indudable de su reconocimiento público de sus omisiones, de su tránsito institucional al margen de la ley, aunque ahora se presente como una víctima perseguida del sistema.

Las leyes son claras

De acuerdo a las normas vigentes, todos los funcionarios estatales tienen la obligación de denunciar los hechos de apariencia delictiva de los cuales toman conocimiento mientras ejercen sus actividades oficiales. Los militares, desde el regreso a la institucionalidad democrática, no tienen, en términos legales, ningún privilegio al respecto. Deben cumplir con las disposiciones que son comunes a todos los ciudadanos.

Aunque la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 a octubre de 2009 les permitió eludir la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, en la actualidad, ya no gozan de ningún privilegio.

Las leyes son disposiciones destinadas a regular la convivencia social de una manera armoniosa y pacífica de las sociedades. Son aprobadas siguiendo procedimientos públicos y reglamentados, por un poder del Estado elegido cada cinco años, de manera democrática, a tales efectos.

Tal como lo establece el Código Penal uruguayo, los funcionarios que no informan al poder judicial cometen un delito y deben ser sancionados penal y administrativamente, de acuerdo a la gravedad de la falta, siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

Pruebas irrefutables

Las evidencias en contra de Guido Manini Ríos son abrumadoras. No existe ningún documento que acredite que haya cumplido con su obligación de informar al Poder Judicial como correspondía.

Manini Ríos entregó las actas del Tribunal de Honor a las jerarquías del Ministerio 10 meses después que José Nino Gavazzo realizó su primera confesión. Lo hizo, además, presentando un escrito propio que no aludía al asesinato de Gomensoro Josman y tampoco hacía mención al testimonio autoincriminatorio de Gavazzo ni a las declaraciones formuladas por Jorge “Pajarito” Silveira.

En su recorrida mediática del momento, además, Guido Manini Ríos explicó públicamente las razones del incumplimiento legal de sus obligaciones y las justificó, variando su relato, ante audiencias amplias y masivas. Por si fuera poco, tres generales en situación de retiro, que integraron los Tribunales de Honor, ya lo responsabilizaron en los estrados judiciales por las omisiones.

Un crimen de Lesa Humanidad

Como comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos sabía que José Nino Gavazzo había sido eximido de responsabilidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman, que la causa había sido archivada, siendo un crimen impune, al igual que el de Eduardo Pérez. Su ocultamiento deliberado de los testimonios de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira fue un acto de complicidad con los responsables de dos causas pendientes de resolución. El aplauso del Centro Militar a la conducta de Manini Ríos es el reconocimiento a su complicidad militante con los principales criminales estatales.

El Senado debe comprometerse con la Justicia

La Cámara de Senadores no puede estar integrada por personas con causas judiciales, con personas que violentaron las disposiciones legales vigentes y que, además, han encubierto a los responsables de crímenes de Lesa Humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose en cómplices de ellos. En democracia, somos todos iguales ante la ley: debe haber justicia. Los delincuentes deben ser juzgados y condenados.

En cuanto se instale el nuevo Parlamento, la Cámara de Senadores deberá abordar la solicitud de desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, imputado de ocultar información sobre un hecho delictivo, para encubrir a José Nino Gavazzo.

Para afirmar la institucionalidad republicana, el Senado debe votar su desafuero. Sobran evidencias en su contra. Todos los senadores deben asumir su responsabilidad y su obligación de contribuir con el Poder Judicial para aplicar las leyes vigentes. Votar el desafuero de Manini Ríos para que sea juzgado, como corresponde, es un compromiso con la legalidad democrática y de rechazo al terrorismo de Estado.

------- Opinando N° 3 – Año 9 – Miércoles 12 de febrero de 2020 

>>> También, no te olvides

El presidente Tabaré Vázquez decidió ayer desmontar la cúpula del Ministerio de Defensa, tras divulgarse el contenido de las actas del Tribunal de Honor Militar con las confesiones de José Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, que no fueron comunicadas al mando superior. El Tribunal estaba integrado, entre otros, por el comandante en Jefe del Ejército José González, a quien el presidente decidió también destituir, al igual que el resto de los generales implicados.
La decisión de remover al ministro Jorge Menéndez y al viceministro Daniel Montiel está vinculada con su responsabilidad jerárquica en el caso y con el hecho de que a Vázquez -que firmó la homologación de las actas del Tribunal- no se le comunicara su contenido.
Sin embargo, una información aportada hoy por el diario El País pone en entredicho la responsabilidad de Jorge Menéndez. De acuerdo al artículo de Pablo Fernández y Pablo Melgar, Menéndez leyó las actas del Tribunal de Honor y llamó a dos de los abogados que lo asesoran.
Juntó el material y acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira pidió audiencia con el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. Allí le entregaron los documentos, le comentaron sobre la confesión por José Gavazzo y le sugirieron presentar una denuncia penal, de acuerdo a varias fuentes consultadas por el matutino (del Partido Socialista, del Gobierno y del Ministerio de Defensa).
El material del Tribunal de Honor, de acuerdo a la información del matutino, estaba en manos de Presidencia desde la segunda quincena de febrero. Los dos abogados que acompañaron a Menéndez se excusaron de confirmar o desmentir la información, al ser llamados por El País.
Esta información dejaba una duda planteada. ¿La información que llegó a Toma fue transmitida al presidente Vázquez? Con esta interrogante en mente, los autores del artículo llamaron a Toma.
En la charla, que el matutino transcribe íntegramente, Toma no es claro al responder las preguntas que se le formulan, pero al ser consultado expresamente no desmiente  que se haya reunido con Menéndez por este caso y aclaró que a Presidencia llegó un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor. Sin embargo, asegura que no recibió "declaraciones de nadie", al ser consultado si Menéndez le habló de las confesiones de Gavazzo.
Cuando le preguntan si Menéndez le sugirió que se debía presentar la denuncia, replicó que "están diciendo cualquier disparate".





Uruguay quien es quien

Un nuevo presidente en Uruguay proveniente de la oligarquía nacional, integrante del Partido nacional quien integró la dictadura cívico Militar con varios integrantes y con un presidente de facto como fue Aparicio Méndez, por otro su padre quien fue presidente fue quien en democracia censuró a la prensa en aquel recordado 24 de agosto con heridos y muerte por las fuerzas represivas.

Como si esto fuese poco, la coalición del nuevo gobierno la integran otros grupos que también integraron la dictadura cívico militar como el Partido Colorado con Bordaberry quien dio dicho golpe y muchos más de sus integrantes, siempre que este gobierno estuvo en el gobierno fue represor y también genocida de la Raza Charrua o sea el genocidio de Salsipuedes.

Otro de los integrantes Cabildo Abierto esta integrado por militares golpistas vinculados y denunciados por violación a ddhh y su líder siendo investigado por ocultación de información. Otro es el Partido Independiente que se decía de centro izquierda y se alía por un ministerio con toda la derecha o sea demostrando lo que es en realidad.

Es lamentable algo que ya se veía que es el alineamiento a las políticas de EEUU en temas de Política Internacional.

Marcando cuál será el camino que es alinearse al Cartel de Lima, con el apoyo a Luis Almagro y sus políticas intervencionistas.

Desconociendo todos los protocolos internacionales, no invitando y haciendo ya perfilismo político contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Mostrando su doble moral política invita a la nazista boliviana Añez a la asuncion, siguiendo claramente los lineamientos de EEUU.

Realmente a invitados a los gobiernos represores de sus pueblos como Chile, Ecuador, Colombia etc.

Esta forma de actuar muestra que su accionar político será de por y para estar bien con su amo eeuu y sus políticas intervencionistas.

Ese no es el sentir del pueblo uruguayo y este señor no debe olvidar que ganó por apenas un punto de diferencia.

#LealesSiempreTraidoesNunca

#RedConaicop

Ruben Suarez
Secretaria Internacional
Febrero 2020

Manuel Cordero en el juzgado de Sant'Ana do Livramento. (archivo, octubre 2008)


La Justicia uruguaya no pudo completar el trámite de extradición de Manuel Cordero, que se encuentra preso en Argentina

20 de febrero de 2020



Para que el proceso sea concretado, es indispensable la autorización de Brasil.


Si bien en 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición desde Argentina del coronel retirado Manuel Cordero -preso en ese país por violaciones a los derechos humanos del Plan Cóndor-, la Justicia uruguaya no pudo completar el trámite para presentar la solicitud formal en los siguientes 30 días, como establece la normativa.




Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, el pedido de extradición realizado por el fiscal Ricardo Perciballe hizo que se dispusiera un arresto preventivo de Cordero (que de todas maneras se encuentra en prisión domiciliaria), pero en los 30 días posteriores la Justicia no logró continuar con el trámite, por lo que se debió levantar el arresto preventivo.

Perciballe sostuvo al semanario que el levantamiento del arresto preventivo no tuvo consecuencias graves debido a que Cordero se encuentra en prisión domiciliaria, lo que evita que exista riesgo de fuga. “La situación es de mayor preocupación si la persona requerida está libre. En este caso está sujeto a la Justicia argentina”, comentó.

El fiscal explicó que la extradición de Cordero también depende, en última instancia, de que Brasil la autorice: el militar retirado fue detenido en ese país y desde allí fue extraditado a Argentina.

Entonces, si un tercer país lo requiere, es el Estado que habilitó su traslado inicial quien debe aprobar la extradición. Perciballe informó que Uruguay no obtuvo aún la autorización de Brasil, por lo que no pudo enviar la autorización formal a tiempo.

A pesar de estas dificultades burocráticas, el fiscal aseguró que no haber presentado el pedido formal “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.

Perciballe busca investigar a Cordero por abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros de detención clandestina durante la Dictadura.








jueves, 20 de febrero de 2020

La novia en cana

Se le complicó al ministro que aún no asumió. Quedó en orsai...Corrupción al nivel dios.


Interpol detiene a la pareja del futuro ministro Pablo da Silveira, vinculada a la red de corrupción de Odebrecht

20 de febrero de 2020






La República   Interpol y la Policía de Colonia realizaron un operativo que terminó en la detención de una contadora de iniciales M. C. por su relación con una empresa «sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht  a un ex presidente panameño», según informó el periodista Ignacio Álvarez a través de las redes sociales.
La mujer es la actual pareja de Pablo Da Silveira, quien en cuestión de días asumirá como ministro de Educación y Cultura. Según le dijo a «El País», el nacionalista cree en la inocencia de su pareja, pero no hará declaraciones públicas para no influir en la justicia.
«La pareja del futuro Ministro Pablo Da Silveira, contadora M. C. fue detenida en Colonia por una alerta roja de Interpol vinculada a una empresa sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht  a un ex presidente panameño. Da Silveira es su pareja hace seis meses», dice el mensaje que Álvarez publicó en Twitter.
El caso Odebrecht sigue los pasos de una constructora brasilera, investigada por haber sobornado a presidentes y funcionarios de más de una decena de países para tener beneficios en licitaciones públicas. Aunque Uruguay no es uno de los países cuyos mandatarios fueron sobornados, nuestro país figura desde el principio en la causa por haber jugado un rol importante, creen los investigadores, en la estructura del lavado de activos.







La investigación sobre la rama argentina de Odebrecht develó que Uruguay se usó para armar varias sociedades para lavado de activos y evasión fiscal.
Hoy fueron allanadas las oficinas de la firma brasileña Odebrecht en Argentina por la causa que investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua en un contrato por 2.700 millones de pesos argentinos que ejecutaron los brasileños.
A propósito de Odebrecht veremos el papel de Uruguay en la red de coimas que se conoce en el conteniente.
El Gobierno argentino citó para este miércoles a los directivos de Odebrecht para que aporten información sobre los 35 millones de dólares que esta empresa reconoció haber pagado en coimas en la Argentina.
Odebrecht es la empresa constructora más grande de América Latina y con base en Brasil.
Tiene operaciones de ingeniería en 27 países del mundo y para ganar licitaciones, mantener contratos y ganar millones de dólares en proyectos realizó pagos (coimas) durante más de una década a funcionarios del gobierno y políticos.
La semana pasada, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos a través de un documento judicial donde explica el esquema del pago de sobornos en once países, tal como se puede ver.


Aparece Uruguay, y si bien no hay especificación de haber pagado alguna coima, el papel habría sido el de facilitar el pago de esas coimas a través sociedades anónimas, creadas en el país.
  • Klienfield Services Ltd., radicada en Antigua y Barbuda, era una de las empresas offshore la firma principal para el pago de sobornos en Republica Dominicana y Panamá. Desde allí se hicieron millonarias transferencias a otras cuentas de sociedades offshore. Uno de ellos fue a favor del exministro argentino-ahora preso por la Tragedia de Once- Ricardo Jaime, a través de otra firma con sede en Uruguay, Pribont Corporation, con cuenta en el First Carribbean International Bank, localizado en Curaçao. Desde esta firma se realizaban las transferencias recibidas desde Argentina vía Uruguay hacia otros países. A través de esa firma se le pagaron 80.000 dólares a Ricardo Jaime. La comisión de valores de los Estados Unidos investiga a Pribont Corporation Sociedad Anónima, creada el 28 de marzo de 2007 y que habría sido disuelta en 2015.
  • Vinicius Claret alias Juca Bala, brasileño residente en Montevideo. Uno de los operadores más activos del esquema de lavado. En su oficina en Montevideo operaba una casa de cambio. Está detenido a la espera de su extradición junto con su socio Claudio Fernando Barbosa.
  • Casu Trust & Management Service S.A. Firma con sede en Uruguay y Suiza con cuenta en el banco Meinl de Austria. A través de esta firma se habrían pagado sobornos para el millonario programa de submarinos nucleares brasileños.
  • Una ciudadana uruguaya, Maya Cikurel Spiller, está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.
Con respecto a la investigación en Argentina, aunque hay varios expedientes abiertos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya recibió información de la Justicia uruguaya sobre la empresa Pribont Corportation S.A.
La denunciante, la diputada Graciela Ocaña, en diálogo con Telemundo adelanto que en las próximas semanas puede haber novedades sobre este caso si prospera la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri.
Este esquema salpica también el ámbito del fútbol.

>>> Mitos





















Vuelta al terror de estado

Nos van a dar pa tabaco



¿Qué cambia con la ley de urgencia en inteligencia de Estado?

15 de febrero de 2020


Augusto Gregori, ex coordinador de Inteligencia, cuestiona que se avance hacia un “sistema piramidal”, sin oposición de intereses y focalizado en la seguridad interna. 


Los cambios en materia de inteligencia de Estado que propone la ley de urgente consideración (LUC) están incluidos en la sección II, más concretamente entre los artículos 95 y 101. La principal innovación es que la actual Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado deja de ser un órgano que coordina tareas entre las agencias de los cuatro ministerios involucrados (Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas) y asume directamente tareas operativas desde la órbita de Presidencia. Su dirección la ocupará Álvaro Garcé, uno de los principales asesores en seguridad de Luis Lacalle Pou.

La LUC crea además la figura de subdirector de la Secretaría y establece cambios en la Ley Marco de Defensa, entre ellos la participación del secretario de Inteligencia en el Consejo de Defensa Nacional (Codena).

Augusto Tito Gregori (ver recuadro) ocupó durante tres años el cargo de coordinador de los Servicios de Inteligencia, en la administración de José Mujica, y es crítico con estos cambios que impulsa la nueva administración. Desde el punto de vista conceptual, Gregori contrapone la noción de un “sistema de inteligencia” con la de “comunidad de inteligencia”. “La comunidad es transversal a todo el Estado y hay oposición de intereses, mientras que el sistema es piramidal, algo que es complicado para los controles”, opinó, consultado por la diaria.

En las tareas de inteligencia estatal, según Gregori, participan organismos de diversa índole, como Antel, Aduanas, el Banco Central o la sanidad pública, al punto de que podría decirse que la policial y la militar son una “parte chiquita” de la inteligencia del Estado. “El problema, y así lo están anunciando, es querer dirigir la inteligencia del Estado hacia la seguridad interna. La señal es que están buscando el enemigo adentro y con eso sonaste, porque ahí entramos todos en la órbita de la inteligencia preventiva”, advirtió.

En su opinión, al pasar todo a la órbita de la Torre Ejecutiva se habilita el uso de los fondos reservados de Presidencia, que son “importantes y cuantiosos”, y que en los últimos años se han destinado a fines como las excavaciones en los predios militares. “La Ley de Inteligencia habilita que se paguen informantes o infiltrados. Con el verso del combate al crimen organizado y el narcotráfico van a poner en marcha todo eso. Lo que no van a hacer es inteligencia de Estado”, señaló.
Gregori criticó que el propio Garcé haya reconocido, en una entrevista que publicó El País el 5 de enero, que Lacalle Pou le encomendó la tarea de focalizarse en la seguridad interna, y recordó que en esa misma nota el asesor de la Lista 71 y secretario general del Círculo Policial, Ernesto Carreras, menciona las tareas de “inteligencia sindical” que llevaron a cabo a partir de la reapertura democrática.

“Carreras habla de volver a averiguar quiénes arman las manifestaciones. Abrir ese abanico hasta el infinito es complicado. Pienso que buscar el enemigo interno se da de patadas con lo que debería ser la inteligencia de Estado, que debería servir para prever aquello que podría afectar los intereses de Uruguay. Esto es todo lo contrario: ellos analizan todo desde la amenaza y Uruguay hoy no tiene amenazas. En todo caso puede ser vulnerable, pero es un escalón muy menor a la amenaza”, manifestó.

Gregori advierte que estos cambios en inteligencia van a ser “funcionales” a una posible escalada represiva, ante protestas sociales “que ya no van a ser de diez o 15 como hasta ahora, porque cuando se metan con la Universidad o con Secundaria van a salir 10.000 o 15.000 a la calle”. “Y les van a dar para tabaco, porque tienen todo para hacerlo. Lo vienen anunciando ellos mismos: van a infiltrarse en las organizaciones. Te lo presentan como algo inocente, pero vamos a estar todos bajo pesquisa, incluso los políticos que van a avalar estos cambios”, alertó.

¿Por qué se habla tan poco de los temas de inteligencia?

Hay una idea instalada de que los temas de inteligencia son sólo para expertos y es todo lo contrario: es una cuestión política y civil. Además, expertos en inteligencia de Estado no hay: si un coronel de inteligencia militar con 30 o 40 años de experiencia viene y te dice que es experto en inteligencia de Estado está mintiendo. Será experto en inteligencia militar estratégica, quizás muy eficiente, y seguramente lo precises para muchas cosas, pero ellos no son expertos en inteligencia de Estado. Con la Policía es más complicado porque ellos generalmente confunden investigación con inteligencia, que son dos cosas bien distintas.

¿Cómo podrían reaccionar las chacras que ya existen ante estos cambios que propone la LUC?

Es que el mayor problema es que le van a dar vida a algo que debería estar muriendo. Van a revivir lo peor de la inteligencia policial y la inteligencia militar. Y me refiero a todo lo que hicieron en dictadura y también a las cosas que hicieron desde 1985 en adelante. No hay que olvidar que lo de [el químico chileno Eugenio] Berríos transcurrió en plena democracia, en un gobierno blanco. Lo secuestraron, el tipo se escapa y va a la comisaría a pedir protección, pero lo entregan de nuevo a sus captores. Vino el jefe de Policía de Canelones, arrancó la página en la que estaba la denuncia y el tipo aparece después enterrado.

¿Pero por qué estos cambios en la LUC implicarían volver a eso?

Porque están diciendo que la prioridad va a ser la seguridad interna. Si estás diciendo eso cuando te preguntan sobre la inteligencia de Estado, entonces no vas a hacer inteligencia de Estado, vas a hacer seguridad interna. Tan sencillo como eso. Lo dice Garcé y también [el futuro ministro de Defensa Nacional, Javier] García, que dice que el Ministerio de Defensa se va a convertir prácticamente en un ayudante del Ministerio del Interior, es un disparate total. Hace unos días García planteó, tratando de justificar la ley de derribos, que la pena de muerte ya existe en Uruguay, porque desde el momento que un narco ordena a un sicario está instalando la pena de muerte. Y lo dice así, con esa frescura, comparando a un narco con el Estado. Es como comparar un semirremolque con chinches. Es una cosa de locos, estamos perdiendo los puntos de referencia a un nivel muy jodido y peligroso.

¿Es mejorable lo que establece el anteproyecto?

Lo que estoy tratando de decir es que las modificaciones de la LUC agravan muchísimo los problemas que ya tenía la propia ley de inteligencia. Pero más peligrosas son las declaraciones de los actores políticos que se van a hacer cargo de estos cambios. Me preocupa porque son cosas que afectan directamente la calidad democrática, y todo sabemos lo que pasa en Uruguay cuando se jode la calidad democrática.

¿Quién podría ser el puño detrás de esas letras incluidas en la LUC?

Es una buena pregunta, pero el Comando Sur tiene un planteo de las guardas nacionales que lleva muchísimos años. Seguro que el Comando Sur estos cambios los ve con buenos ojos. Ahora ¿quién asesoró al equipo? No lo sé. Tengo, sí, la sospecha de que esto es algo regional. Y también sería bueno preguntarles a los coroneles que asesoran a [Guido] Manini si fueron consultados o si tuvieron algo que ver con el texto.

Para ir a lo concreto, si esto se aprueba como está ahora, ¿qué cosas tendrá Garcé que no tenía usted como coordinador?

Mucha mayor capacidad operativa. El coordinador no era operativo: establecía políticas y las controlaba. Y hacía oposición de intereses entre diferentes agencias operativas. Acá pasa a haber una agencia operativa que determina la política, los fines, que tiene gastos reservados y que ordena trabajos de inteligencia. Y no hay más oposición de intereses.

¿Y eso para el presidente qué significa? ¿Que va a tener Lacalle Pou que no tuvo Mujica?

Con estos cambios, el presidente va a tener a su lado una agencia operativa. Y es muy difícil para cualquier presidente resistir la tentación y no usarla. Ahora, también es mucho más fácil, si en algún momento actúa la Justicia, que vayan presos el presidente y el secretario de Inteligencia. Porque pueden quedar entreverados en cualquier tipo de operaciones, con los asesores con los que se va a rodear. Y una vez que esos asesores arranquen y se abra la caja de Pandora, es muy difícil ponerles el bozal. Es tan sencillo como eso.

¿Sería como una especie de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)?

Puede ser hasta más grosero que la SIDE, porque la SIDE operaba políticamente. Esto puede ser más grosero, porque la tradición que existe es la inteligencia militar y la inteligencia policial, que hacía investigaciones. Entonces puede ser hasta peor. Muchos dicen que en Uruguay no pueden pasar ciertas cosas. Hay que ver lo que pasó con Evo Morales hace poco, en diez días le cambió todo. Mirá esa frase que tengo allá [señala un cuadro] “neque lege sine armis, neque arma sine legibus”. Es una expresión de los romanos: “Ni leyes sin armas, ni armas sin leyes”.

Recién hablaba de los asesores de Manini y de lo que pasa cuando se abre la caja de Pandora. ¿Qué puede pasar?

¡Pero es que están todos! Estuvieron siempre ahí. Y además Manini tiene un halo divino, como dijo Domenech. Y siempre tuvo pretensiones políticas. En 1988 tuvo una cena en la parrillada Tío Pepe, en Jacinto Vera, con otros tres tenientes, algunos de inteligencia, en la que participó un político nacionalista, que hoy está en funciones. Y fueron sancionados en el Ejército por eso, porque eran tenientes. Manini entró a la Escuela Militar con un objetivo, la familia lo formó con ese objetivo. Y si mirás la tradición de los Manini te queda claro. Él se considera un tipo predestinado, a pesar de que como comandante en jefe violó todos sus juramentos de respetar la Constitución y las leyes, dejando claro que es un mentiroso contumaz.
Por otra parte, esta alianza con el Herrerismo ya se dio varias veces. Son los mismos que decían que el viejo Batlle y Ordóñez era un socialista, los mismos que después dan el golpe con Terra, ahí estaba su abuelo. En 1958 se repite con Chicotazo, en 1962 aparece Aguerrondo. La alianza del Herrerismo con lo peor del riverismo es histórica, porque siempre los unió lo mismo: la necesidad de llegar al poder, algo que por separado era más complicado. El problema es que si no aprendés de la historia cometés los mismos errores.

Augusto Gregori

Es salteño. De joven trabajó en una cooperativa de empleados de El Espinillar y cayó preso en 1969, ya como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Estuvo preso en el Penal de Libertad y allí se convirtió en aficionado al maquetismo de barcos. En la gestión de Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo (1990-1995) estuvo a cargo de la negociación con los vendedores callejeros. A partir de 2005, en la primera administración frenteamplista, trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional junto a Azucena Berruti y luego pasó a la Dirección Nacional de Aduanas, que estaba a cargo de Ricardo Prato. Asumió como coordinador de los Servicios de Inteligencia en marzo de 2010 y estuvo en ese cargo hasta 2013.















miércoles, 19 de febrero de 2020

A primera sangre...



 ROGER RODRIGUEZ·SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2020·

No morirá con el dedo en el gatillo como Prudencio Correa, ni tendrá el paso dolido del Chueco Maciel, ni los años de todos del fusilado de Carlos María Gutiérrez; no lo ejecutarán por sus ideas como a Julián Grimau, ni por su lucha libertaria como a Sacco y Vanzetti, o por reclamar sus derechos como a los mártires de Chicago; no será una certera bala perdida como la que encontró a Líber Arce, ni estará en la mira telescópica que apuntó a Heber Nieto, ni en la represión a mansalva que llevó a la agonía a Hugo De los Santos y a Susana Pintos, o por la cobarde patota que asesino a Santiago Rodríguez Muela, ni el escuadrón de la muerte que sacrificó a Abel Ayala, Íbero Gutiérrez, Manuel Ramos Filippini y Héctor Castagnetto. No existirá la excusa de un enfrentamiento social, como en el siglo pasado.

No morirá a golpes en la tortura como Luis Batalla, ni por un ataque al corazón después de la tortura como Nicanor Aldabalde, ni de tanta picana eléctrica como Gerardo Alter y Walter Arteche, ni ante los ojos de su esposa como Carlos Argenta, ni por hacer un paro ferroviario como Gilberto Coghlan, o porque le aceleraron una enfermedad como a Carlos Curuchaga, o por la mala praxis de las enseñanzas en la Escuela de las Américas como Oscar Fernández Mendieta, ni por un supuesto “síncope neurológico” como Ivo Fernández Nieves, ni acribilladas en una habitación como las pibas de abril: Diana Maidanick, Laura Raggio y Silvia Reyes, ni por haber sido policía como Pedro Lerena, ni por arrojarse de una escalera como Julián Basilicio López, ni en el “submarino” como Eduardo Mondello, ni en un “interrogatorio” como Iván Morales, ni por un balazo que se escapó como Oscar Olivera, ni por hacerle un mandado a una empresa norteamericana como Humberto Pascaretta, ni por hipertensión luego de una ducha de agua fría como Hugo Pereyra Cunha, ni por impedir que violen a una compañera como Aldo Perrini, ni por hacer finanzas como Silvina Saldaña Lapeira, ni por jugar al fútbol como Nuble Yic, ni por ayudar a otros a exiliarse como Julio Castro, o por ser sospechosamente ruso como Vladimir Roslik, o como otras tantas víctimas de la represión.

No existirá la excusa de la impunidad oficial, como en el pachecato o la dictadura.

No morirá en la Seccional 15 después de una razia como Guillermo Machado, ni en una vendetta como Rony Scarzella, ni por protestar contra la extradición de unos vascos como Fernando Morroni y Roberto Facal, ni por la locura del nazi Héctor Paladino como Enrique Delfino y Simón Lazovsky, ni diestramente “suicidado” como Villanueva Saravia, ni lo rodeará el misterio que mantienen el homicidio del contador Elías Cohen o las sospechas sobre la muerte del contador Eduardo Gómez Canon, ni será acribillado como el economista Saúl Feldman en su bunker, ni estallará con una bomba en su domicilio como Miriam Mazzeo en la calle Plutarco, ni por el loco celo sobre una propiedad como el grafitero Felipe “Flep” Cabral, ni electrocutado en el alambrado de un papero... No podrá caratularse de “ajustes de cuentas”, como definen a los crímenes sin resolución enmarcados en el ámbito del narcotráfico, de bandas vinculadas a la delincuencia, o de la conveniencia de siempre.

No existirá la excusa jurídica de la falta de pruebas. No será un caso más sin cerrar…

El asesino estará intencionalmente armado. Acechará con paciencia a su víctima hasta que ingrese al territorio de su propiedad privada, que es lo que defiende. Aguardará, con alevosía, que ponga un pie en “los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes y/o similares” o esperará a que se acerque al galpón de su establecimiento rural, particularmente si es de noche. Podrá tener como sicario a un policía o militar, incluso retirados. Y estará habilitado a disparar, como “legítima defensa” contra el supuesto intruso… Eso sí, deberá asegurarse de que haya muerto, para que no surja ninguna versión o testimonio que contradiga que estaba defendiendo su persona, sus derechos o los de otros, ante una agresión ilegítima, o porque tenía “la convicción objetivamente fundada” de ese riesgo. El propietario homicida será amparado como “legítima defensa” y la ejecución cometida por sus eventuales sicarios podrá registrarse como una “resistencia al arresto”, ya que, por su condición de uniformados, contarán con una “presunción de inocencia” que les habilitará el “gatillo fácil”.

Y será ante esa primera sangre, que quizás nadie vea ni huela, pero de la que se sabrá más temprano que tarde, que en nuestras conciencias quedará retumbando por siempre la descarga con la que se matará a un inocente, al clarear del alba, en una mañana luminosa, una tarde gris o una oscura noche… Porque será un crimen de Estado, amparado por un Poder Ejecutivo que envió una ley de urgencia, un Poder Legislativo que en forma mayoritaria pactó aprobarla y un Poder Judicial que tendrá que aplicarla. Y todos, toda la sociedad, habremos sido sus impunes asesinos.












Los "caballeros" de la soja T

El 21 de agosto de 2014 mientras un grupo de periodistas investigaban los abusos de Castilla por las fumigaciones tóxicas que afectaban a los vecinos de Paso Picón, el médico pasó en su camioneta frente a la casa de Adriana Pascual y los saludó con este gesto. Estas conductas violentas son habituales en él. (foto Radio Pedal)


Comunicado de prensa


Departamento de Canelones, Febrero 2020

Comienza este nuevo año con noticias que impactan y preocupan: ¡LAS PLANTACIONES DE SOJA-T EN ZONAS PROHIBIDAS CONTINÚAN!

El modelo del AGRONEGOCIO (claramente diferenciado con la producción familiar granjera muy típica de nuestro departamento), centralizado en la Soja-T, mantiene su expansión febril y avasallante. Es como un "VIRUS" (enfermedad muy propia de estos tiempos) que todo lo contamina y depreda por la enorme dósis de agrotóxicos y productos químicos que utiliza. En Paso Picón, zona rural sub urbana, muy próxima a la capital canaria, el Dr. M. Castilla; conocido empresario de la medicina privada y la actividad agropecuaria, nuevamente planta Soja-T. No le alcanzarón ni el escándalo mediático que sus prácticas antihumanas y antiambientales provocaron en los años 2012 y 2013, ni las multas que le puso la Junta Departamental, ni las denuncias judiciales de los propios vecinos...

Este "Caballero" de la Soja-T parecería no entrar en razones!

Fumiga escuelas, gente, casas (obviamente que no la suya), contamina aire, cursos de agua, tierra sin respetar ningún cartel de "PARE"!!

Pero no solo en Paso Picón se dan estos hechos. Algo similar ocurre en Rincón de Conde, zona cercana a San Ramón. A comienzos del pasado año 2019 nos reunimos en la escuela N° 96 de la ruta 63, lugareños e integrantes de la Comisión para denunciar ante autoridades nacionales y departamentales presentes, una plantación de Soja-T frente a la escuela que implicaba logicamente la violación de todas las normas vigentes. Y Oh!!! sorpresa allí mismo vuelve a plantarse Soja-T en este año 2020.

También en los alrededores de Sauce por ejemplo en Cuchilla de Rocha, ilustres apellidos como el de Fernández (CALPRYCA) han retrucado con nuevas plantaciones de Soja-T, aún a sabiendas de que serán parte de la "Zona 1"; zona prohibida para estas plantaciones, según lo estipula el Plan de Ordenamiento Territorial - Ruralidades Canarias recientemente aprobado. Pero como el Plan por el momento NO está reglamentado retrasándose su entrada en vigencia ... (!!) esto posibilita que el modelo siga implantántandose y sus protagonistas más conspicuos, los que designamos como "Caballeros de la Soja -T" mantengan su estilo distintivo, el de la absoluta impunidad y prepotencia.

Por este motivo nuestra Comisión en su primera reunión anual ha resuelto impulsar una fuerte CAMPAÑA DE PRENSA difundiendo estas graves noticias.

Apostando a que la información y la toma de conciencia (no solo de los canarios) nos aliente para movilizarnos ejerciendo un PODER CIUDADANO REAL que frene la vulneración de nuestros derechos y nos ponga en camino de nuevas conquistas.

Finalmente apelamos a la sensibilidad de los medios de comunicación (tanto locales como nacionales) para que esta campaña tenga su debida repercusión.











martes, 18 de febrero de 2020

Le pareció poco




Rivera Elgue, futuro subsecretario de Defensa: si las Fuerzas Armadas “hubiesen actuado mal” en dictadura, “tendría que haber muchos más desaparecidos”

15 de febrero de 2020




¿Van a seguir habilitando el ingreso a los batallones para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos?

Sí, ya está coordinado con el ministerio saliente y ya tuvimos una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ya hay estructuras aceitadas de coordinación que ellos nos manifestaron que funcionan bien y que estaban conformes con el trabajo que estaban realizando.

¿Cuál va a ser la política respecto de los archivos en dependencias militares?

La política va a ser darle trámite a los pedidos que vienen de la Justicia.

¿Va a haber una sintonía mayor de este ministerio con las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que usted forma parte de Cabildo Abierto [CA] y que este sector tiene una cercanía mayor con los militares que el Frente Amplio [FA]?

Creo que la relación con el Ministerio siempre es fluida. A veces es más fácil entender los problemas si uno los conoce, evidentemente. Hay problemas que no me van a sorprender; hay otras cosas sobre las que voy a aprender. Pero sin dudas hay un montón de cosas que van a facilitar [la relación]. Cuando se creó el FA, ¿cuántos militares tenía alrededor suyo [Liber] Seregni? El núcleo cercano a Seregni eran todos militares, y la política de defensa del FA se ha ido apartando del pensamiento de Seregni.

¿Por qué?

Es un tema ideológico, han primado otras posturas más ideologizadas.

¿En qué aspectos se ha apartado?

Yo creo que él tenía definiciones claras sobre las Fuerzas Armadas que queremos. En el FA hay posturas que apuntan a la eliminación de las Fuerzas Armadas, y Seregni no tenía dudas de que eso no era así. Incluso Seregni tampoco estuvo de acuerdo en cuanto al pedido de perdón. Dijo claramente que él entendía que [las Fuerzas Armadas] no tenían que pedir perdón.

¿Por lo que pasó en la dictadura?

Sí. Él entendía que no.

¿Y usted también entiende que las Fuerzas Armadas no tienen que pedir perdón?

Yo creo que estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con lo que pasó.

Pero me refiero a pedir perdón como institución, no las personas.

Sí, bueno, pero la institución es algo permanente, y durante los más de 200 años que tienen las Fuerzas Armadas han pasado un montón de hechos. Y cada uno se hizo responsable de lo que pasó en su momento, pero las Fuerzas Armadas en sí no tienen por qué pedir perdón.

Capaz que ese pedido de perdón sería un mensaje para las nuevas generaciones de militares.

Pero también sería un mensaje de que sólo hubo un culpable, y yo no creo que haya un solo responsable de todo lo que pasó.

Claro, pero uno se hace cargo y pide perdón por lo que le compete.

Bueno, pero ahí, como dijo Jorge Batlle, tiene que haber un estado del alma en conjunto, y que queramos pedir perdón, reconciliarnos, y mirar para adelante. Si sólo lo hace un actor y el resto no...

Y usted no percibe que exista ese estado del alma.

No, está claro que no.

¿Hay revanchismo?

Sí, creo que hay una postura permanente. Entiendo que no existe un estado del alma en el conjunto de la sociedad. Creo que mayoritariamente sí, pero hay un relato que ha permeado en una parte que evita mirar para adelante y llegar a ese estado del alma.

¿Y eso se ha reflejado en las políticas del FA hacia las Fuerzas Armadas?

Sí. Por ejemplo, hubo diferencias importantes entre el proyecto de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que mandó el Ministerio de Defensa del gobierno del FA y el proyecto que aprobó la bancada del FA; fueron modificaciones que se hicieron sin consultar y sin respetar el asesoramiento. Y también hay grupos que se alimentan de eso, viven de eso porque les da crédito: cuanto más radical contra las Fuerzas Armadas, hay un sector que encuentra respaldo. Y así fue descalificado [el ex ministro Eleuterio] Fernández Huidobro.

Más allá del pedido de perdón, no parece haber una condena clara de las Fuerzas Armadas a lo que pasó en dictadura, un reconocimiento de que lo que se hizo estuvo mal. De hecho, voceros de CA se refieren a lo sucedido sin condenarlo. ¿Usted considera que la institución actuó mal?

Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal. Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal.

Pero la institución, no.

No, si no no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay [esta cifra refiere exclusivamente a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no toma en cuenta las víctimas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor]. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay.

Más allá de lo que pasó dentro de las cárceles, la institución ocupó el poder y no había democracia.

En ese aspecto fue un deterioro del sentimiento democrático que había en toda la sociedad. De hecho, hay encuestas que muestran que en 1972 mucha gente no estaba de acuerdo con la clase política. Había un desprestigio importante, y eso generó un enfrentamiento entre cierta política –porque también había políticos que apoyaban a las Fuerzas Armadas- y la postura de las Fuerzas Armadas. Fue un degeneramiento, en parte porque no tuvimos una clase política que asumiera un rol preponderante en enfrentar a la subversión. Y lo tuvieron que asumir las Fuerzas Armadas. Si la clase política se hubiera enfrentado duramente y en primera línea contra la subversión, ahí capaz que no hubiese pasado el quiebre institucional. Tenemos que aprender de lo que pasó para que no vuelva a pasar, pero tenemos que hacer un aprendizaje completo, no parcial, porque si sólo entendemos que hubo algunas responsabilidades, vamos a entender que algunas cosas estuvieron bien. Y no estuvieron bien. No estaba bien que hubiera un movimiento subversivo que robara armas, que atacara, que secuestrara, que matara. No estaba bien eso. Tampoco estaba bien que en la Universidad de la República se fabricaran bombas. Yo he estado en algunas misiones de paz, y cuando vos ves que la vida no se respeta, después, el límite... no hay límite. Si la vida humana no tiene valor, a partir del momento en que decidimos quitar una vida, después el espiral es muy difícil que se contenga. Creo que en esa época los límites no se establecieron.


>>> Se acaba el recreo

Militares irrumpen en la política

Se le hacen el campo oregano y muestran su condición. No son casos aislados. Es su política: matar.
12 febrero 2020


El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo este miércoles que "comparte la actitud" del anteproyecto de Ley de urgente consideración en materia de seguridad, ya que hay que "reaccionar y proteger a la Policía", que hoy "está siendo agredida".
El actual senador electo y secretario general del Partido Colorado comentó esto en relación a los artículos de la LUC que tienen que ver con la legitima defensa del policía.
"Acá hay que reaccionar y salir a proteger a la Policía, que hoy está siendo agredida. Hay un fuerte intento de moralización de la policía. Me parece que es lo relevante. Acá hay una batalla muy tremenda, y como observador veo muy arecido a lo que pasó en Chile cuando se jaqueaba a los carabineros y se asaltaron 170 comisarias para que bajaran los brazos", comparó en declaraciones a la prensa recogidas por Radio Uruguay.
El ex mandatario dijo que en Uruguay "está ocurriendo eso": "La Policía no puede ni debe, el Estado ni la sociedad uruguaya organizada tampoco, bajar los brazos", enfatizó.
Sanguinetti subrayó que esa "necesidad" está "bien reflejada" en las normas de la presunta legítima defensa policial en el anteproyecto.
Montevideo Portal




Repuesta de Manini a los medios cuando estos le preguntaron sobre los dichos de Rivera Elgue. 
"La gente está harta de hablar de historia" 
Quizás para usted ya es historia, pero todo el pueblo somos familiares de los que faltan hoy








Militares candidatos a las intendencias 2020:


--  Maldondo: Gaspar Barrbino, CA y PC, Fèlix Riestra.
--  Soriano: Martìn Sandw, C y PC.
--  Paysandù: Nelson Gianoni, CA.
--  Rivera: Milton Machado PN.
--  Artigas: Roque Moreira, PN.



>>> Suegro de MANINI dice que las DESAPARICIONES son INEVITABLES