lunes, 19 de marzo de 2018

Amenazados por el Comando Barneix

El general Pedro Barneix

>>> ¿Quien era Pedro Barneix?

En 2005, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez había nombrado al general Pedro Barneix, quien formaba parte de la inteligencia militar, a cargo de un grupo para investigar específicamente el destino de detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya.
En septiembre de 2015, la policía se presentó en la casa de Barneix para llevarlo a la cárcel; había sido procesado por el homicidio político en 1974 de Aldo Perrini que murió debido a las torturas sufridas en el Batallón de Infantería Número 4 de Colonia. Nunca llegó a la cárcel, el general Barneix se suicidó en su casa.
 
>>> La amenaza
El 28 enero de 2017 Jorge Díaz, Fiscal de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, recibió un email por parte de un autodenominado “Comando Gral. Pedro Barneix”. El mail decía:


Las personas amenazadas en esa lista incluían el ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos del Uruguay, Mirtha Guianze -quien como fiscal presentó un recurso contra la ley de amnistía por un homicidio perpetrado durante la dictadura; Juan Errandonea, abogado defensor en ese proceso; Óscar López Goldaracena, abogado defensor de una causa penal por otro homicidio político de la dictadura; Federico Álvarez Petraglia, quien presentó denuncias de 28 mujeres por abuso sexual mientras estaban bajo detención ilegal en un batallón del Ejército; Juan Fagúndez, abogado defensor en una causa judicial contra decenas de militares por torturas; Hebe Martínez Burlé, quien presentó ante la justicia el caso por el cual fue sentenciado a la cárcel el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry; y cinco personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu que da seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura: el abogado Pablo Chargoñia, el magistrado francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la ex canciller Belela Herrera; así como la investigadora italiana Francesca Lessa.

Si amenazan a uno, amenazan a todos

>>> Carta abierta a Tabaré Vázquez
Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez,
Autoridades políticas y judiciales de la República Oriental del Uruguay
Nos dirigimos a Ustedes en nuestra calidad de defensores/as de derechos humanos que hace exactamente un año recibieron amenazas de muerte por parte del autodenominado Comando General Pedro Barneix.
Como es de público conocimiento, a través de varios correos electrónicos que fueron enviados entre fines de enero y comienzo de febrero de 2017, dicho Comando amenazó de muerte a 13 personas, tanto uruguayas como extranjeras, de destacada trayectoria y compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura en Uruguay.
Los correos afirmaban que no se iba aceptar ningún suicidio más “por injustos procesamientos” y que “por cada suicidio de ahora en más” se iban a matar a tres “elegidos azarosamente” de la lista de 13 personas. La carta terminaba diciendo que además tenían varias personas más en la mira, “cuyos domicilios y hábitos” ya tenían relevados.
La amenaza de muerte ha sido condenada por innumerables organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Observatorio Luz Ibarburu, los Fiscales Generales del MERCOSUR, el Colegio de Abogados de Uruguay, Amnistía Internacional Uruguay , France Amerique Latine, Dónde Están Uruguay, la Asociación de ex preso políticos chilenos en Francia, the Washington Office on Latin America (WOLA), the Center for Justice and International Law (CEJIL), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que hasta este momento ningún representante del Estado uruguayo ha condenado y/o rechazado esta amenaza de forma pública y contundente. Tampoco ningún representante estatal apareció frente a la CIDH en fecha 25 de mayo de 2017, en una audiencia convocada por la Comisión para tratar específicamente la situación de la amenaza y de la justicia en Uruguay. La ausencia de Uruguay fue calificada por la misma CIDH como “preocupante”.

Cuando se cumple un año de tan lamentable acontecimiento, escribimos esta carta abierta para denunciar la falta, hasta la fecha, de cualquier avance satisfactorio en la investigación de los hechos y la identificación de los responsables. La investigación judicial, en nuestra opinión, ha sido insuficiente y limitada, y no ha arrojado ningún avance significativo que pudiera aportar resultados concretos. Resaltamos además que tampoco se ha tomado ninguna medida efectiva de protección en favor de las personas amenazadas.
En los casos específicos de los amenazados de nacionalidad extranjera, subrayamos cómo su posibilidad de viajar al Uruguay ha sido directamente restringida. La investigadora Francesca Lessa, en particular, quien estaba llevando adelante un proyecto de investigación académica en Uruguay, tuvo que abandonar el país, ya que tanto la Universidad de Oxford como la Embajada Italiana consideraban que no se daban las condiciones de seguridad e integridad física para continuar con su trabajo ahí.
Lamentablemente, esta amenaza no es un hecho aislado sino ya es parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Recordamos, por ejemplo, como durante la Semana de Turismo de 2016, el Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República fue víctima de un robo en su laboratorio, junto con amenazas en contra de sus integrantes.
Posteriormente, en octubre de 2017, ocurrieron por lo menos dos intentos de robo y el ingreso de personas no autorizadas a predios donde los antropólogos estaban realizando excavaciones en búsqueda de los cuerpos de detenidos desaparecidos, en el Batallón 13 y el Grupo de Artillería Antiaérea N°1.
Finalmente recordamos como el Fiscal Jorge Díaz, ya amenazado por el Comando Barneix, fue nuevamente amenazado de muerte el 18 de noviembre de 2017, por un llamado telefónico de un llamado Comando de Restauración Nacional, quien afirmó que el Fiscal iba “a morir en la calle”.
Todos estos hechos siguen aún impunes.

Exigimos que el Estado uruguayo, y específicamente el Poder Judicial, realicen de una vez una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables, que se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc.
Sabemos que se usaron diferentes procedimientos en cada uno de los emails (tres) a los que nosotros tuvimos acceso, demostrando la sofisticación y complejidad de la amenaza. Pero, a esa sofisticación y complejidad, la investigación judicial responde con lo que vemos como falta de adecuada estrategia.
El año 2017 estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura: solo hubo un nuevo procesamiento -cuando en realidad existen más de 35 pedidos de procesamiento- y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún no entró en funciones a muchos meses de su creación.
Estamos sumamente preocupados con esta situación de impunidad en el Uruguay que ya no abarca solamente los delitos del pasado reciente, sino también los del presente: amenazar de muerte constituye un delito bajo el Código Penal uruguayo.
La Corte Interamericana ha resaltado en muchas oportunidades como los estados tienen “la obligación de combatir” la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos” (Caso Bulacio Vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003).
Parece propicio, señor Presidente, Autoridades políticas y judiciales de la República Oriental del Uruguay, reflexionar seriamente sobre las palabras del sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre, fundador de SERPAJ Uruguay:


Con nuestros mayores respetos,
Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Mirtha Guianze, Belela Herrera, Louis Joinet, Jair Krischke y Francesca Lessa.

Las firmas en apoyo a la carta abierta



>>> Nadie sabe
Ayer la jueza penal Julia Staricco citó a las personas amenazadas por el “Comando Pedro Barneix” para informarles del estado actual de la investigación. En la audiencia también estuvieron presentes la fiscal de cuarto turno Silvia Porteiroy funcionarios policiales afectados al caso. Según la magistrada hasta la fecha no se ha podido identificar el IP de quienes el 25 de enero de 2017 enviaron el correo electrónico con amenazas de muerte a un grupo de trece personas elegidas entre funcionarios públicos y personalidades nacionales y extranjeras vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Staricco explicó que las indagaciones se encaminaron a establecer la “trazabilidad” del mensaje con el fin de llegar a la identificación de los autores a través del origen del correo pero queel trabajo hecho con la colaboración de la Facultad de Ingeniería y el FBIno logró romper la codificación de las plataformas electrónicas desde las que fueron enviadas. Otras pericias forenses, como el análisis semántico del texto de la amenaza, tampoco aportaron información relevante.

 Al fin de la audiencia, la abogada del Observatorio Luz Ibarburu, Florencia Retamosa, enfatizó en la importancia de no circunscribir la investigación a los aspectos tecnológicos y la necesidad de ampliar el campo de investigación vinculando esta amenaza a otros hechos como el robo al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en marzo de 2016 en la Facultad de Humanidades o la amenaza al Fiscal de Corte en noviembre pasado. A los hechos señalados por Retamosa hay que agregar las amenazas e intimidaciones también impunes que sufrió el periodista Roger Rodríguez y el coordinador ejecutivo del Observatorio Raúl Olivera, casos todos en los que el Estado no ha logrado establecer responsabilidades.


http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2018/02/15.02.18-LESSA-REUNION.mp3?_=1



>>> La condena del Frente
>>> Justicia e Inteligencia


>>> “A mí me pareció que no había un deseo fuerte de investigar”, dijo Krischke

http://donde-estan.com/wp-content/uploads/2017/08/10a12_170831_krischke_jair.mp3

>>> El ministro de defensa también amenazado

Inteligencia policial e Inteligencia militar no trabajan juntos. No se sabe.










1 comentario:

  1. Che, Bicho...anda a devolver ese Guardian y que te devuelvan la guita que pagastes... O enronces pone a tus buchones a laburar en serio...

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