lunes, 28 de agosto de 2023

Platitas electorales



Financiamiento de partidos: proyecto está empantanado en comisión y va camino a naufragar


El avance del narcotráfico en la región, y en especial en la política, mostró su cara en las elecciones primarias de Ecuador, que terminó con un candidato presidencial asesinado por una organización criminal y unos comicios con candidatos yendo a sufragar con chalecos antibalas. La idea de aprobar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos se plasmó en un proyecto en la pasada legislatura; si bien el Frente Amplio tenía las mayorías para aprobarla, el por entonces diputado frenteamplista –hoy en el Partido Nacional–, Darío Pérez, no dio los votos y de esa forma naufragó hasta este período, en el que la coalición gobernante se comprometió a cambiar algunos puntos. El politólogo Daniel Chasquetti expresó que al no aprobarse esta norma «decepciona un poco» porque, en el fondo, cree que «no están entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo» en referencia al avance del crimen organizado.
 

Darío Pérez se acercó a uno de los costados del hemiciclo y con su parsimonia habitual largó seis palabras que quedarían resonando en la sala. “La voy a clavar al ángulo”, dijo y se fue.
Era jueves 20 de diciembre de 2018, y la ausencia del legislador de San Carlos impediría al Frente Amplio tener las mayorías necesarias para levantar el receso parlamentario y votar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Casi cinco años después, en una muestra de circularidad, Pérez retornó a su primer amor, el Partido Nacional, pero ese día sigue siendo el momento en que el sistema político estuvo más cerca de sancionar una normativa que transparentara la forma en que los partidos reciben dinero para sus campañas.
Porque si bien todo el sistema se comprometió a discutir una nueva ley, ese proyecto está empantanado y va camino a naufragar dadas las distancias existentes.

 Sin legislación  que asegure mecanismos de control, la chance de que fondos vinculados al nacrotráfico financien actividades proselitistas es real, sobre todo en años de elecciones.

Nueva ley de financiamiento de partidos políticos: ni el oficialismo ni la oposición han tenido interés en promoverla

En el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) militantes barriales del oeste del Movimiento de Participación Popular (MPP) advirtieron a sus líderes políticos que un grupo de personas con vínculos con narcotraficantes de la zona estaban haciendo pintadas en defensa de la normativa aludiendo ser integrantes de una lista del Partido Nacional. El tema fue motivo de conversación entre importantes dirigentes de la coalición de izquierda y la advertencia llegó a ser trasladada en reserva a algunos blancos. 

Así como la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo un tono “crudo”, fue “brutalmente sincera” y no “autocondescendiente”, expertos en prevención de estos delitos profundizaron en ese mismo nivel, sobre las amenazas y debilidades que tiene el sistema antilavado uruguayo, y dieron adelantos de la Estrategia Nacional, que se está comenzando a desarrollar.


Chasquetti: Es muy grave, en el contexto de escándalos por narcotráfico y lavado de activos, que no haya una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.

 Mucha gente le pide al Parlamento que apure la ley de financiamiento. Pero debe saberse que la Comisión Especial de la CRR se encamina hacia un fracaso. Es muy probable que no haya nueva ley y que debamos seguir con la de 2009, que como todos saben, es un saludo a la bandera.

Luego de recoger opiniones de jerarcas y expertos, la mayoría oficialista de la Comisión nunca presentó un proyecto alternativo. El 8/12/2022 se reconoció la imposibilidad de hacerlo y desde entonces el organismo sólo se reunió en dos ocasiones.

Además, una de las claves era la definición del organismo encargado de auditar las declaraciones juradas de los partidos. Había acuerdo en que fuera la Corte Electoral pero se dejó pasar la rendición de cuentas sin votar partidas especiales para fortalecer al organismo.

Como ya se vio en la anterior legislatura, los tiempos electorales vuelven difícil legislar sobre un tema tan sensible. Es triste constatar que después de tres años (28 reuniones) no se haya logrado discutir un articulado pese a los esfuerzos de algunos de sus integrantes.

Para los interesados en este complicado proceso, aquí dejo una línea de tiempo con el recorrido del proyecto y el trabajo de la mencionada Comisión.

https://parlamentodata.com/2023/08/21/proyecto-de-modificacion-a-la-ley-de-partidos/ 

 

 


Julio Guarteche siempre decía que el punto de partida para combatir al narcotráfico era tener una visión compartida de la amenaza. Con esto quería decir que debe existir —dentro de la sociedad y de los partidos políticos— una percepción real de que estamos ante un verdadero problema, ante una amenaza que jamás puede ser subestimada.

En el inicio de este siglo —y con el marco de una grave crisis económica— se desnudan las vulnerabilidades locales cuando se produce una explosión de la oferta de drogas (mundial, regional y nacional), con el agravante que en estos dos últimos ámbitos se comienza a comercializar un derivado del proceso de obtención de cocaína, con alta toxicidad: pasta base.

En forma concomitante las organizaciones criminales internacionales crecieron y se extendieron por todos los continentes. Así, el inspector Guarteche, entonces director de la Brigada Antidrogas, comienza a insistir sobre la gravedad de lo que se avecinaba, llamando al compromiso de todos los actores e instituciones del Estado para que le otorguen prioridad. Lo demás, es historia conocida, y los uruguayos lo viven diariamente cada vez que presencian crímenes gravísimos vinculados al narcotráfico.

Lamentablemente, no tenemos la certeza de que exista esa visión compartida, ya que asistimos a una fuerte inacción por parte del Gobierno. A partir de 2020 comienza la desarticulación de la Brigada Antidrogas, entre otras unidades policiales estratégicas, donde se colocaron personas en lugares relevantes que no estaban capacitadas para los desafíos que se venían.

Uruguay ha venido rezagado respecto de los problemas que han sufrido otros países latinoamericanos, pero lamentablemente todo llega, por eso nos preguntamos: ¿Cuánto falta para que el narcotráfico y el crimen organizado terminen financiando políticos? ¿Cuánto falta para que el narcotráfico termine enquistado en el sistema político.

Cuando este Gobierno era oposición, se dio el lujo de rechazar una ley de financiamiento de partidos políticos. Hay que hablar de lo que sucede porque —sin atribuir intenciones— podríamos estar ante la antesala del enquistamiento del narcotráfico dentro del Estado.

Lo que ocurrió en 2022 con el narco uruguayo Sebastián Marset, fugándose de su reclusión en Emiratos Árabes Unidos luego de que la Cancillería le otorgara un pasaporte, sigue dando que hablar. Hace unas semanas, un senador paraguayo denunció frente a Fiscalía que un diputado le solicitó US$ 500.000 para liberar a Marset, que había sido detenido en Dubái.

A este hecho, se suma el testimonio de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, confirmando que tanto Luis Alberto Heber como Francisco Bustillo, ministro del Interior y canciller respectivamente, faltaron a la verdad en el Parlamento durante la interpelación por el caso Marset. Se confirmó que todo el Gobierno sabía quién era Marset pero no hicieron nada al respecto, solo a mentir en el Parlamento.

No queremos ser insistentes, pero deberán rendir cuentas sobre estos hechos, porque no podemos permitir que se le falte el respeto al Parlamento Nacional. No podemos permitir que se venga a faltar a la verdad, a no asumir los errores y a justificar las cientos de omisiones cometidas. ¿Cómo pudo el ministro Bustillo afirmar que no sabía quién era Marset cuando Ache lo sabía de primera mano por los mensajes recibidos por el subsecretario del Interior, Maciel?

Las responsabilidades políticas son evidentes y deben asumirlas para poder construir una política de Estado que sirva para estar a la altura de este flagelo. Ya no vale poner excusas, es hora de que el sistema político se ponga de acuerdo y actúe en consecuencia. Debemos pensar políticas de Estado porque los problemas en la entrada y salida de droga en el Uruguay, así como la falta de controles al lavado de activo, vienen incrementándose de forma sostenida.

Hoy, lamentablemente vemos como las fronteras, el espacio aéreo, marítimo, puertos, aeropuertos vuelven a estar en máximo riesgo. En marzo de 2023 se publicó el Reporte Global sobre Cocaína 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Este documento muestra cómo ha cambiado la ruta de la cocaína en el Cono Sur, convirtiéndose nuestro país y los países de la cuenca del Plata, a través del Río Uruguay y el Paraná, en uno de los principales puntos de partida con destino a Europa.

Las rutas de tráfico han evolucionado, Colombia perdió influencia y la cocaína de los países sin salida al mar se transporta cada vez más a través de Paraguay y la vía fluvial Paraná-Paraguay, hasta Buenos Aires y Montevideo, para luego llegar a Europa. Haciendo hincapié en el protagonismo mundial que ha tomado Uruguay para el trasiego, stockeo y exportación, a través de sus puertos.

Esto se da en un momento donde las incautaciones marítimas documentadas en la Plataforma de Vigilancia de Drogas de la UNODC alcanzaron un 89% en 2021. Esto muestra que en América del Sur, las vías fluviales y sus puertos tienen un rol cada vez más importante en el movimiento y transbordo de cocaína en su camino a un puerto marítimo. Es un hecho preocupante y que debe llamarnos a la acción: hoy el Río de la Plata está siendo utilizado para traficar cocaína en contenedores.

El Reporte Global sobre Cocaína 2023 UNODC hace referencia a los cargamentos de soja y lana utilizados en Uruguay para ocultar la cocaína, también describe que la cocaína se puede ocultar en la estructura de un contenedor (piso, paredes o una unidad de refrigeración).

Hace un tiempo, el doctor Alejandro Montesdeoca —a pedido de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)— realizó un informe donde señaló que el principal delito precedente de lavado de activos en el Uruguay es el tráfico ilícito de estupefacientes. Confirmando, además, que ya no somos un país de tránsito sino que existe una producción nacional de drogas sintéticas y un claro aumento en el consumo de drogas como la cocaína y metanfetaminas. En dicho informe, también se afirma que no hay evidencia que vincule a los circuitos de acopio y exportación de drogas con los de distribución para el consumo interno, ya que están en manos de grupos pequeños, de naturaleza familiar y barrial, pero existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país.

Otro de los problemas recae en el sector inmobiliario. En Uruguay ya se ha constatado la presencia de inversiones inmobiliarias en la mayoría de los casos de lavado de activos. Asimismo, se evidencia el ingreso de capitales extranjeros mediante la inversión inmobiliaria, en muchos casos utilizando estructuras societarias, donde no se distingue entre los actores que operan en el sector (promotores, constructores, inmobiliarias, escribanos, etc.) para poder desarrollar medidas de mitigación. Un verdadero problema de dimensiones mayúsculas.

Existen cientos de vulnerabilidades que debemos asumir de una vez por todas. Hay problemas de control, que no solo quedan en evidencia a raíz de las incautaciones, sino a través de la denuncia de varios de los integrantes del sector. Muchos funcionarios de Aduanas han manifestado que, a raíz de la operativa de la empresa Block Tracker en los controles aduaneros, se ha restringido su calidad técnica y de reserva. Esto representa un verdadero problema en un contexto donde nos hemos vuelto un eslabón más en el contexto del narcotráfico internacional.

La SENACLAFT no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, todo esto considerando el extenso número de sujetos obligados para analizar. El hecho de no tener la más mínima capacidad para enfrentar los problemas vinculados al lavado de activos la vuelve una dependencia meramente decorativa, que poco aporta a solucionar la problemática que debería atender.

Todos los expertos señalan que el próximo Gobierno deberá realizar cambios radicales en materia de lavado de activos y represión al narcotráfico. Solo la conformación de una política de Estado podrá permitir que aparezcan las soluciones.

Hoy, más que nunca, tener una visión compartida de la amenaza se vuelve fundamental para transitar dicho camino. Insistimos, resulta ineludible una ley de financiamiento de los partidos políticos, una política tendiente al fortalecimiento de los controles de las vías del narcotráfico, una política de combate al lavado de activos, ante todo: una política de estado. Y, en especial, que la seguridad pública deje de ser un botín político.

Como decía Guarteche, la visión compartida de la amenaza vuelve a ser un mandato ineludible.

 

 

 

viernes, 25 de agosto de 2023

29 años de la masacre del Filtro




Se conmemoró un nuevo aniversario de la "masacre del Filtro" a 29 años del trágico suceso del 24 de agosto de 1994, durante el gobierno de Lacalle Herrera y bajo las órdenes del actual jefe de policía de Maldonado, Erode Ruiz.  

En medio de la tensión, la jornada dejó una huella dolorosa: Fernando Morroni, de 24 años, cayó víctima de 12 disparos mortales. El fotógrafo de la Udelar, Roberto Facal fue apuñalado y desaparecida su cámara fotográfica.


Norma, madre de Fernando Morroni: "un año más pidiendo la justicia que nunca llega".


 Este jueves 24 de agosto se cumplieron 29 años de los incidentes del hospital Filtro y se realizará una nueva marcha para reclamar justicia, por lo que fue uno de los incidentes de represión policial más grave desde el retorno de la democracia en 1985.

Los hechos de violencia tuvieron lugar el 24 de agosto de 1994 durante una movilización en rechazo a la extradicción a España de Mikel Ibáñez, Luis Mari Lizarralde y Josu Goitía, ciudadanos vascos que habían sido acusados de pertenecer a la organización ETA y se encontraban desarrollando una huelga de hambre.
Cuando las fuerzas de seguridad iniciaron el operativo policial para el traslado de los tres hombres al aeropuerto de Carrasco, inició la violencia que dejó como saldo la muerte de los jóvenes Fernando Morroni y Roberto Facal y cientos de heridos.

Cómo hace 29 años, una vez más marchamos desde las 18 horas del Obelisco al ex Hospital Filtro. Más de 25 organizaciones, sociales, sindicales y colectivos culturales convocan y adhieren a la movilización", anuncia la convocatoria a la actividad.


Y agrega: "Para que la masacre de Jacinto Vera no se olvide, para que la muerte de Roberto Facal y Fernando Morroni no quede impune, para decir que Waldemar Rosas Ruiz fue quien disparó contra Fernando, que Luis A. Lacalle tiene sus manos manchadas con sangre".
Además, informaron que también marcharán y participarán de la oratoria representantes internacionales, de la Brigada Internacionalista vasca “Askapena” y de la Asamblea Autoconvocada de Estudiantes de Jujuy que desde hace días vienen participando de distintas actividades donde intercambiamos sobre las realidades, las luchas y objetivos que nos unen.


Los responsables siguen impunes. 

 

 

 

 

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jueves, 24 de agosto de 2023

El principio del coronel Arquímedes

 


 

El coronel Arquimedes fue asesor del Ñato y el MLN actual en temas militares. De la logíaTenientes de Artigas.  Fue al menos en 2006 asesor del CADESIC del MPP.

 

Comunicado a los Camaradas de la Agrupación de Desfile de Retirados Militares
 

Por este mensaje les hacemos llegar nuestro apoyo al Coronel Arquimides "Quito" Cabrera, y acompañamos su pedido de no desfilar el 25 de agosto, para rendirle honores a este Ministro Javier Garcia  y a este Gobierno débil,  que ha claudicado y se ha puesto de rodillas ante los colectivos marxistas que impulsan los "izquierdos humanos", junto con el juez tupamaro Perciaballe, llevando a viejos soldados presos  sin pruebas y los  recluyen en condiciones infrahumanas en Domingo Arena. Cárcel donde nuestros prisioneros políticos están hacinados, por que el ahora retirado General Gerardo Fregossi, se rehusó a mejorar las instalaciones,  siendo genuflexo al pedido del Ministro Garcia. También queremos señalar la conducta indecorosa y poco honorable del Coronel Capi el cual por su afán de protagonismo y ego, esta llamando a  desfilar  a varios retirados militares, haciéndose cómplice de este gobierno traidor y vendiéndose  al bajo precio de la necesidad. Igualmente camarada les pedimos concurrir al desfile para hacer acto de presencia en contra de este gobierno entregista y pedir que se vaya este nefasto ministro. A todos les pedimos difundir este mensaje y un fuerte abrazo. " En la patria de los libres no hay lugar para los debiles". Grupo Viejos Camaradas. 

Instan a reservistas militares a no desfilar
 

25 de Agosto: "Libere a nuestros prisioneros políticos "
 

Se suman las resistencias de diversos sectores militares a no desfilar ante el palco oficial del 25 de agosto en Florida.


 Por Ricardo Pose


En la jornada de ayer informamos que el grupo de retirados militares Honor y Dignidad pedía junto con la renuncia del MInistro de Defensa Javier García a no desfilar en el acto oficial del 25 de Agosto en Florida.


En el mismo sentido pero en un lenguaje menos virulento, el Coronel Retirado Arquimedes Cabrera insta a los Reservistas a no formar parte del desfile.

En un audio que circula en grupos de militares retirados y en actividad por éstas horas el militar ultranacionalista Cabrera sostiene que "Desde el año 2016 hemos impulsado la convocatoria del espíritu militar y el valor de nuestros veteranos a través de la figura no muy bien definida desde el punto de vista del marco legal de la Reserva de las Fuerzas Armadas. Hemos alentado a la unidad y al orgullo de portar el uniforme, hasta un memorial a nuestras reservas en el medio de las sierras, es testimonio de ese renovado espíritu que muestra a quien quiera verlo que la moral del soldado sigue latente y en alto. A partir de ese año, con la Reserva de los Pumas de Minas y del Quinto Querido de Soriano representamos orgullosamente a esos veteranos comandando agrupaciones en desfiles en diferentes actos patrios en el interior del país. Sin embargo, este año rechacé terminantemente la invitación que se me hizo llegar a través del Centro Militar para el desfile del día de hoy en conmemoración al Día de la Patria en la Ciudad de Florida. Para mí sería vergonzoso rendir honores a un palco a donde quienes tienen en sus manos las soluciones políticas para ese reencuentro final, ese reencuentro que estamos reclamando, la reconciliación y la restauración del Estado de Derecho han demostrado terminantemente su indiferencia".

El coronel (R) Arquimedes Cabrera junto a la escritora Mercedes Vigil habían generado la agrupación "AZul y Blanco" que instaba a votar en blanco en el referéndum sobre la LUC, realizando varias críticas al gobierno del Presdiente Luis Lacalle.

La principal crítica esta vinculada a la condición de "prisioneros políticos" de los terroristas de estado que purgan condena en la Cárcel de Domingo Arena.

En el mensaje difundido a través del audio exige claramente al Presidente Lacalle: "seguiremos repitiendo, detenga a la Inquisición, presidente, restaure el Estado de Derecho y libere a nuestros prisioneros políticos que también son parte de las reservas. Nosotros lo seguiremos haciendo humildemente desde esta trinchera, sin ningún fuero, sin ningún privilegio, sin recursos, pero con el orgullo de ser soldados de Artigas y soldados somos todos, sin distinción de jerarquía, de situación de revista o de arma".


Sus palabras fueron respaldadas en otro mensaje por whatsApp de un grupo denominados Viejos Camaradas: "Por este mensaje les hacemos llegar nuestro apoyo al Coronel Arquímedes "Quito" Cabrera, y acompañamos su pedido de no desfilar el 25 de agosto, para rendirle honores a este Ministro Javier Garcia y a este Gobierno débil, que ha claudicado y se ha puesto de rodillas ante los colectivos marxistas que impulsan los "izquierdos humanos", junto con el juez tupamaro Perciaballe, llevando a viejos soldados presos sin pruebas y los recluyen en condiciones infrahumanas en Domingo Arena. Cárcel donde nuestros prisioneros políticos están hacinados, por que el ahora retirado General Gerardo Fregossi, se rehusó a mejorar las instalaciones, siendo genuflexo al pedido del Ministro Garcia. También queremos señalar la conducta indecorosa y poco honorable del Coronel Capi el cual por su afán de protagonismo y ego, esta llamando a desfilar a varios retirados militares, haciéndose cómplice de este gobierno traidor y vendiéndose al bajo precio de la necesidad. Igualmente camarada les pedimos concurrir al desfile para hacer acto de presencia en contra de este gobierno entreguista y pedir que se vaya este nefasto ministro. A todos les pedimos difundir este mensaje y un fuerte abrazo. " En la patria de los libres no hay lugar para los débiles"

12 de noviembre de 2020

Lo que Huidobro nos dejó

(Clic para ver)

 


8 de noviembre de 2009

El coronel (r) Arquímedes Cabrera, asesor de Lacalle, agravia a Wilson

En la ciudad de Ginebra, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el entonces embajador de la dictadura uruguaya ante ese organismo internacional, se refirió al líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate como «el requerido 1177, cobarde prófugo de la Justicia del Uruguay».

Jorge Azar Gómez es el mismo que también injurió en Nueva York al «Toba» Gutiérrez Ruiz y a Zelmar Michelini y quien solicitó al secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, la expulsión de Wilson Ferreira, Diego Achard, Julián Murguía, Fernando González, Juan Pedro Eyherachar y Juan Raúl Ferreira, como observadores de la Asamblea General en la década del ochenta.

El coronel retirado Arquímedes Cabrera, asesor de Luis A. Lacalle, difunde actualmente a través de Internet, comentarios del ex embajador de la dictadura, Jorge Azar Gómez, sobre el caso Feldman al cual califica como «los sucesos que hace pocos días conmovieron a la opinión pública y sobre los cuales las autoridades mantienen un silencio impenetrable y posiblemente cómplice».

Azar Gómez, embajador de la dictadura cívico militar en las Naciones Unidas, afirma que «no buscamos obtener réditos electorales del episodio. Pretendemos que todos nuestros compatriotas, cualquiera sea su ideología o filiación política, tomen conciencia de la importancia del voto que van a emitir el domingo 29 de noviembre. Porque la violencia, una vez desatada, nos afectará ­como hace pocos años­ a todos.

Azar Gómez insiste destacando las interrogantes planteadas por el Dr. Jorge Batlle en Búsqueda y sostiene que «en Uruguay se sabe dónde hay armas, dónde hay más arsenales, así como se sabe dónde hay drogas». Agrega que «la sospecha es que no sólo ese armamento existe en esa zona. Puede haber más arsenales ocultos. Las autoridades deben, por tanto, intensificar la búsqueda de estos para evitar un mar de sangre».

Finalmente, Azar Gómez, difundido por el coronel retirado Arquímedes Cabrera, concluye que «aunque no se ha dado a conocer públicamente quiénes estuvieron tras la matanza de Feldman, hay versiones soterradas en la opinión pública sobre la participación de prominentes personajes que ordenaron la matanza. Cumplieron su objetivo y quedaron en total impunidad. ¿Quién puede asegurarnos que no hay un complot para nuevamente desestabilizar las instituciones?»

 

«Admiradores de la falange lacallista»

El senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo a LA REPUBLICA el pasado jueves 12 de noviembre que «si usted me preguntara, esto tiene un tufillo a derecha, a ultraderecha para hacerlo muy definido. Grupos fascistas, grupos nazis. Hace poco el Partido Nacional expulsó a uno de su seno a instancias de la protesta de la comunidad judía de nuestro país. El herrerismo tenía un grupo en su seno y ahora tiene dos: el que dirige Arquímedes Cabrera, tiene su blog, que no tiene desperdicio y otro que conduce el coronel retirado Silva. Son admiradores de Primo de Rivera y uno de ellos se llama «Falange Lacallista». Hay otros que no se dedican a la política, más reservados, se visten como nazis en sus ceremonias litúrgicas, coleccionan armas, puñales».

El 13 de noviembre pasado el coronel retirado Arquímedes Cabrera dijo al diario Ultimas Noticias que con Fernández Huidobro se conocían muy bien. El militar que ingresó al ejército en 1972 como alférez, con 21 años, fue encargado durante unos meses de «cuidar» los celdarios en una unidad militar donde se encontraban Huidobro, José Mujica y Mauricio Rosencof. Dijo que recordaba haberle llevado cigarrillos negros al tupamaro y haber tenido con él y los otros reclusos «charlas muy amenas», pero Huidobro dijo no tener recuerdos de aquellos episodios. «No me acuerdo pero puede ser cierto. Yo estuve mucho tiempo en los cuarteles ¡si habrán pasado oficiales!», comentó.

Cabrera dijo que tenía «un buen concepto» de Fernández Huidobro. «Tenía cierto respeto por él porque pensaba que estaba llevando con dignidad algunas cosas del pasado, pero me ha defraudado con estas afirmaciones políticas. Yo creí que se habían superado cosas del pasado», sostuvo.

Eleuterio Fernández Huidobro dijo que Cabrera lidera una agrupación «nazi» en referencia a la Unión de Ciudadanos Nacionalistas (UCN), sector que adhiere a la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Tal calificación despertó la inmediata reacción del militar retirado que evalúa llevar el caso ante la Justicia al sentirse injuriado.

El senador Fernández Huidobro justificó sus comentarios realizados en el programa «Código País» de Canal 12 en la necesidad de marcar que también hay agrupaciones de extrema derecha dentro del Partido Nacional y la encabezada por Cabrera es una de ellas.

«Los partidos tradicionales andan tuertos y cuando hablan de posibles organizaciones subversivas y extremistas sólo miran para la izquierda, miren que hay de derecha también», afirmó Fernández Huidobro.

Sin embargo, Fernández Huidobro reiteró términos elogiosos hacia Cabrera en su ejercicio militar. «Tuvo un brillante desempeño en delicadas misiones de paz, atravesó situaciones muy peligrosas y salió de esos compromisos con éxito. Hay que reconocerlo y ya está», dijo.

El 17 de mayo de este año, el coronel retirado Arquímedes Cabrera, titular de una agrupación política que respalda a Luis Alberto Lacalle, difundió una carta abierta dirigida a la comunidad militar en la que reconoce que su aparición en la política partidaria es para «enfrentar» a quienes han sido sus «enemigos del pasado en el terreno militar» y que hoy «persiguen los mismos objetivos de entonces utilizando la democracia».

Cabrera anunció que les dará «lucha sin cuartel» y «hasta el último aliento». «Esta será la batalla final, dentro del estado de derecho, por la existencia de nuestra nación».

El militar retirado sostuvo que desde el gobierno, «dominado por una anacrónica filosofía marxista», se ha impulsado «la destrucción» de la familia, la fe y las Fuerzas Armadas.

«Su materialismo ateo, utiliza como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, las miserias humanas y la ignorancia para demoler la civilización occidental y cristiana que nos dio origen.

Desde una monumental operación de propaganda, utilizando los derechos humanos en beneficio de sus objetivos estratégicos, hasta arteros golpes, como el decreto entre gallos y medianoche para la inclusión de la homosexualidad en las Escuelas de formación de oficiales, todas sus prédicas han marchado en una dirección concreta: la disolución de la nación y sus instituciones», dijo en su misiva.

El militar retirado aseguró que como los integrantes del gobierno «lo manifiestan cínicamente, precisan otro período de gobierno para continuar «avanzando» en su proyecto socialista, o lo que es lo mismo: la disolución de las instituciones y el colapso de nuestra sociedad como las conocemos», por lo cual sostuvo que llegó «la hora de decir basta».

Cabrera, que preside la agrupación política Unión de Ciudadanos Nacionalistas (UCN), exhortó a los integrantes de la familia militar a participar en el acto de conmemoración de los soldados caídos en 1972, mientras vigilaban la residencia del entonces jefe del Ejército, en la esquina de Avenida Italia y Abacú.

El 6 de mayo de este año, el candidato presidencial Luis A. Lacalle realizó un seminario bajo el título «Seguridad Ciudadana y Defensa de la Sociedad» organizado por la Unión de Ciudadanos Nacionalistas (Lista 1412) que conduce el coronel (r) Arquímedes Cabrera.

Entre los asistentes se encontraban el ex comandante del Ejército, teniente coronel (r), Daniel García, el mayor (r) Enrique Mangini quien meses atrás presentó una demanda contra el diario LA REPUBLICA, por la investigación sobre el asesinato de Santiago Rodríguez Muela, el 11 de agosto de 1972, durante un «asalto» de miembros de la JUP al Liceo Nº 8, y el ex ministro de Trabajo, Ricardo Reilly.

En ese seminario sobre seguridad, que org
anizó la agrupación del coronel Arquímedes Cabrera, el precandidato blanco Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) pidió al Poder Judicial y fiscales que «reaccionen», porque tienen que tener «actitudes de defensa de la ley más firmes que las que están teniendo».

Tanto el anfitrión, Arquímedes Cabrera, como el primero de los disertantes, Jorge Roqueta, criticaron la idea del entonces precandidato blanco Jorge Larrañaga, de crear una «guardia nacional». «Esa idea que escuchamos de algún candidato, de crear una guardia nacional, es un disparate, inapropiado, inaplicable, sería crear un híbrido que obviamente no funcionaría, porque la función militar no tiene nada que ver con la policial», dijo Roqueta. Cabrera, por su parte no nombró a Larrañaga, pero pidió «terminar con la improvisación, con querer crear guardias nacionales cuando tenemos cuerpos ya creados para eso».

El 19 de enero de este año el coronel (r) Arquímedes Cabrera, coordinador del grupo Centinela Alerta de Solymar sur, declaró a radio El Espectador que esta agrupación no busca «sustituir la actividad de la Policía», ni «tiene fines de lucro ni ningún tipo de objetivo político», sino que busca «actuar de forma más alerta, más proactiva, más solidaria» en el tema de la seguridad. Explicó que a los integrantes se les «recomiendan medidas de seguridad pasivas y medidas de seguridad activas» pero en ningún caso han «actuado en procedimientos policiales».

«Hemos tratado de organizarnos de acuerdo a las propias directivas del Ministerio del Interior», afirmó.

 

Brecha

Un jinete cabalga en esta Banda Oriental del siglo XXI. ¿Es Artigas? ¿O es Latorre? No. Es el general Guido Manini Ríos, saludado a su paso por algunos insignes representantes de la izquierda. Uruguay necesita un conductor, y él avanza hacia su destino.

 “Decía mi abuelita vasca: soñaba el ciego que veía, soñaba lo que quería.” Asírespondió el general Liber Seregni1 a los compañeros del Pcu que detectaban un supuesto peruanismo en los militares que dos días antes, el 9 de febrero de 1973, habían emitido los comunicados 4 y 7 que dieron comienzo al golpe de Estado. “Los conozco a todos. Fueron mis alumnos en la Escuela de Guerra. No son peruanistas. No hay peruanismo. El peruanismo no es doctrina. La doctrina es anticomunismo.” Otro tanto les podría decir la abuelita vasca de Seregni a los compañeros del Mpp que ven hoy en el general Guido Manini Ríos un nacionalismo habilitante de alianzas políticas y electorales.

Las posiciones de referentes del Mpp sobre el polémico ex comandante del Ejército y actual candidato presidencial por Cabildo Abierto surgieron tras las afirmaciones de la integrante de la fórmula presidencial frentista, Graciela Villar, que calificó a Manini de “bolsonarista” y de “Hitler”. Como respuesta, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, declaró que Manini “puede ser un eventual aliado en ciertos temas” porque, entre otras cosas, tiene un discurso “antioligárquico”. Para José Mujica, Manini tiene “cabeza independiente” y “un pensamiento muy americanista y nacionalista”. La vicepresidenta Lucía Topolansky aseguró también que negociaría con Cabildo Abierto en el caso de que este partido llegara al Parlamento.

De hecho, en estas apreciaciones abundan tantos condicionales, que cuestionan el categórico anuncio mediático de “insospechadas alianzas”. Pero tienen un trasfondo que revela un entresijo ideológico de los aparatos políticos herederos del Mln respecto del papel de los militares en la sociedad; un amasijo con raíces en la historia reciente, que va más allá de coyunturas electorales y juegos de tronos. Se percibe, cada vez más claramente, el legado de Eleuterio Fernández Huidobro.

El conductor que faltaba. Dicen que Manini Ríos llegó sietemesino a la comandancia del Ejército por la astucia del coronel (r) Arquímedes Cabrera, asesor personal de Fernández Huidobro. Habrá que poner entre paréntesis esa influencia, pero lo cierto es que Cabrera, connotado teniente de Artigas, había conocido al Ñato y a Mujica cuando oficiaba de carcelero en una unidad del Interior donde permanecían los rehenes de la dictadura. Y Cabrera llegó a asesor personal del ministro, por más que el senador Fernández Huidobro, unos años antes, lo hubiera calificado de “nazi”, como miembro de una agrupación ultranacionalista en el Partido Nacional. Ni este antecedente ni el otro, haber sido repatriado desde El Congo por “inconducta”, impidieron su aterrizaje en el despacho ministerial.

Sea como sea, el equipo de “asesores” indujo al Ñato a sugerirle al Pepe (por entonces, en el último tramo de su presidencia) la designación de Manini como comandante del Ejército, salteándose la derecha y en contra del deseo de Tabaré Vázquez (a punto de asumir la segunda presidencia), cuyo candidato era el general Nelson Pintos. Las consecuencias las vivió Vázquez, que debió enfrentarse a la reiterada indisciplina del comandante y a su desafío al poder civil: en apreciaciones políticas, en insultos a integrantes del gobierno y en la manera en que asumió su oposición a la reforma de la Caja Militar, y en el desacato a los ministros Ernesto Murro, Danilo Astori y Jorge Menéndez.

Si ya entonces se le adjudicaba una intención de protagonismo político, la carta que Manini escribió a propósito del tribunal de honor contra José Gavazzo y el encubrimiento de la confesión de la desaparición de un prisionero fueron las maniobras perfectas para provocar su pase a retiro: a las 24 horas, tal como había sido planificado, era consagrado candidato presidencial por Cabildo Abierto.

Repudiado por algunos sectores políticos y halagado por otros, Manini utilizó tanto las críticas como las propuestas de alianzas para definir su perfil: de su entrevista en Buenos días, Uruguay, de Canal 4, se puede inferir, sin una pizca de exageración, que se ve a sí mismo como la reencarnación del protector de los pueblos libres y asume la continuación del ideario artiguista en el siglo XXI. Véase: “Artigas también tuvo enemigos que se llamaban revolucionarios y que detentaban el poder hasta que él irrumpió, y que le hicieron la vida imposible. Hoy nosotros también tenemos enemigos claros, que buscan de todas las formas posibles debilitarnos ante la opinión pública”.

La economía de gestos no logra, empero, ocultar un impulso difícil de administrar (“vivimos una cultura del no trabajo, del no respeto”, “estamos en un tobogán de no retorno”, “estamos africanizándonos aceleradamente”), que desemboca en una oferta programática con un tufo inconfundible a febrero de 1973: “vamos a combatir a rajatabla a los corruptos”; “vamos a llevar a los corruptos a la cárcel”; “vamos a llevar a la justicia a los responsables del mal manejo de los fondos públicos”; “vamos a poner orden”.

¿Es una debilidad política su condición de militar? “Creo que ese rol que he cumplido durante cuatro años como titular de la fuerza, más que una debilidad, es un fortaleza, porque me da a mí la experiencia necesaria para gestionar, para conducir un proceso de reconstrucción del país. El Uruguay hoy es un barco que se está hundiendo. Lo que está necesitando es alguien que lleve a Uruguay a un buen puerto, lo que está necesitando es un hombre con experiencia. Lo que Uruguay elige en octubre es un conductor apropiado en esta épocas turbulentas.”

Los tenientes del Ñato. La designación de Manini coronó una gestión del Ñato empeñada en la defensa y la promoción de los tenientes de Artigas, que, por efecto reculier, y quizás como reacción a las críticas, exhibió aristas agresivas contra militantes de derechos humanos, abogados y magistrados. Salvo una decisión adoptada poco antes de fallecer (el ingreso al archivo de Fusna), su postura
–evidenciada cuando renunció a su banca de senador tras votar, por disciplina partidaria, a favor de la anulación de tres artículos de la ley de caducidad– invariablemente desestimulaba la búsqueda de la verdad y entorpecía los mecanismos legales de castigo. Así, a modo de muestra: durante su gestión (2011‑2016) el Ministerio de Defensa no instaló ningún tribunal de honor que juzgara la conducta de oficiales implicados en delitos de lesa humanidad; intervino activamente para liberar al coronel Juan Carlos Gómez (implicado en la desaparición de Roberto Gomensoro Josman); declaró la inocencia del general Miguel Dalmao cuando este fue procesado por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray; consideró “presos políticos” a los tenientes de Artigas Washington Sarli, Eduardo Radaelli y Tomás Casella, los tres oficiales de la contrainformación condenados en Chile por el asesinato y la desaparición de Eugenio Berríos; impulsó un fallo de un tribunal de honor, homologado por el presidente Mujica, para restituirle al ex coronel Gilberto Vázquez, coautor de 28 asesinatos, el 100 por ciento de su jubilación, que otro tribunal había confiscado al pasarlo a reforma por su fuga del Hospital Militar.

El legado 4 y 7. Se habló de un “síndrome de Estocolmo”, de una insana camaradería de combatientes, para explicar estas conductas. La explicación lleva a hipótesis más profundas. En abril de 1972, el Ñato había escrito el borrador del documento 5 del Mln, que nunca llegaría a ser aprobado: “Las fuerzas armadas de algunos países han demostrado que frente al atraso de las masas y a la inexistencia de un fuerte proletariado pueden asumir el rol de vanguardia y de partido (por ser el sector más poderoso, moderno, templado, coherente y disciplinado), desempeñando un buen papel en la defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo”. Esta visión se fortaleció después en las negociaciones entre tupamaros presos y oficiales, en el cuartel del Batallón Florida. Algunos dirigentes actuales del Mpp reproducen ese legado.

Como decía Seregni, “en la izquierda, y fundamentalmente entre los grupos marxistas, había un deseo de que las Fuerzas Armadas se plegaran a un programa nacional”. En febrero y marzo de 1973, para Seregni “el dilema era confundir la contradicción principal del momento. No era civilismo‑militarismo, sino oligarquía‑pueblo”.Para entonces, estaba convencido de que el Ejército, mayoritariamente legalista, de tradición democrática, que él había dejado en 1969, ya no existía cuatro años después. Anotaba las causas: “Primero, la depuración, la separación de todos los elementos civilistas, constitucionalistas, legalistas; segundo, la implantación de la doctrina de la seguridad nacional, que lleva a considerar al civil como un enemigo; tercero, la táctica de la ‘complicidad masiva’, obligando a ejercer la tortura como medio de ‘obtener información’ y socializando la responsabilidad”.

No hay peruanismo, no hay nacionalismo; sólo “seguridad en el desarrollo”, es decir, doctrina de la seguridad nacional que desemboca, inevitablemente, en el terrorismo de Estado. Pero el sueño del ciego, el deseo de lo que no es, pervivirá a lo largo de la dictadura. Se seguirán buscando peruanistas en medio de la represión más sangrienta, se intentarán alianzas con los Álvarez y los Queirolo, y el sueño reaparecerá mucho después adivinando nacionalistas donde sólo hay tenientes de Artigas. De la misma forma, la doctrina no cambia con la nueva democracia. Acaso se disfraza, inteligentemente, con cantos de sirena, en ese perseverante objetivo estratégico de reconquistar las viejas posiciones de poder, atendiendo a las tácticas que dictan las coyunturas; como la actual, de elecciones entreveradas.

1.   Esta y todas las citas de Seregni en la nota fueron extraídas del libro Seregni. La mañana siguiente, Samuel Blixen, Ediciones de Brecha, 1997.

 

 

 

 

Bombas de humo

 

 

 

El proyecto Neptuno-Arazatí cuyo costo máximo previsto por el gobierno era de 210 millones de dólares, acaba de ser adjudicado por 890 millones de dólares

Bomba de humo en OSE, presentarán denuncia penal
Desde el sindicato de OSE aseguran que la denuncia penal es para desviar la atención de la crisis del agua.

El miércoles 23/8 integrantes del secretariado de FFOSE fueron citados a declarar en fiscalía por la movilización del 13 de junio en rechazo al proyecto Neptuno.

La misma Fossati que protegió a Lacalle en el tema Astesiano y permitió no acceder a los chats de Lacalle con su jefe de custodia ahora pedirá la imputación del presidente del sindicato de OSE por tirar una bomba de humo…


 
El "más profundo rechazo" al pedido de la fiscal Gabriela Fossati de formalizar al presidente del sindicato.

Pedido de imputación es un ataque a libertad sindical
El sindicato de OSE criticó el pedido de imputación que hizo la fiscal Gabriela Fossati contra el presidente de FFOSE por atentado especialmente agravado por una bomba de humo lanzada en el organismo.

Tras formalización de investigación contra presidente del sindicato por bomba de humo en edificio de OSE. "Creemos que esto es un ataque a libertades sindicales que provienen del gobierno y del directorio".

 

 Fossati realizó el pedido de formalización por un delito de atentado especialmente agravado. El Código Penal señala el atentado como uno de los delitos que se pueden cometer contra la administración pública y lo define como la utilización de violencia o amenaza contra el funcionario público. Y dice que el delito se castiga con una pena que va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

 

"Lo grave para nosotros es que se va a judicializar la acción sindical. Es un ataque a las libertades sindicales", dijo Kreimerman.


Este miércoles, la fiscal Gabriela Fossati tomó la decisión de solicitar la imputación del presidente del sindicato de OSE (Federación de Funcionarios de OSE - FFOSE), Federico Kreimerman. El motivo de esta solicitud radica en un incidente relacionado con una bomba de humo que fue lanzada en las oficinas de la empresa. Cabe destacar que esta formalización no conlleva la detención del acusado, y el Poder Judicial tiene un plazo de hasta 20 días para establecer la fecha de la audiencia.
Según información proporcionada por el director de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, la fiscal considera que, a pesar de que el incidente ocurrió en el contexto de una movilización, hubo un exceso con la intención de obstruir un acto licitatorio que estaba en curso. La fiscal enfatizó que Kreimerman admitió su intención de interrumpir el acto y de hecho activó la bomba de humo.
Fossati hizo hincapié en que esta es una cuestión que debe ser resuelta en el ámbito judicial, por lo que considera que es apropiado llevar a cabo la audiencia de formalización.
La controversia comenzó cuando, en julio pasado, OSE anunció que llevaría a cabo una investigación administrativa después de que el programa de televisión "Santo y Seña" presentara un informe sobre la bomba de humo lanzada en las oficinas del organismo estatal, vinculando a este incidente al sindicato.
En el mencionado programa, se exhibieron imágenes del momento en que la bomba de humo fue arrojada en las oficinas públicas, y se apuntó hacia Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, como el presunto responsable.
El incidente con la bomba de humo ocurrió durante una protesta convocada por el sindicato en la entrada del edificio central de OSE en el marco de la apertura de la licitación del proyecto Arazatí.
Ante estas acusaciones, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ha cuestionado firmemente la implicación del sindicato en el incidente de la bomba de humo. Han sostenido que estas acusaciones parecen destinadas a desviar la atención de la preocupante cuestión de la falta de agua potable, que debería ser el enfoque central.

Rechazo Pit Cnt por formalización en la Justicia del dirigente sindical de OSE

 

Ose acaba de adjudicar el proyecto Neptuno-Arazatí a un consorcio privado.



El Proyecto Neptuno-Arazatí cuyo costo máximo anunciado por el gobierno era de 210 millones de dólares, acaba de ser adjudicado por más de 800 millones de dólares

>>> NEPTUNO no es solución, es parte del problema

La adjudicación ayer por mayoría del Directorio de OSE del proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo es un error estratégico, una mala alternativa técnica, una inconveniente decisión económica y una opción ambientalmente muy comprometida.


Las características del proyecto aprobado no cumplen con las condiciones recomendadas por las asesorías internacionales para garantizar el suministro de agua a Montevideo y la zona metropolitana.


No es lógico que sin reparar el sistema de distribución, que se reconoce pierde al menos el 50% del agua que toma del río, se agregue agua al sistema para perder la mitad. En tal sentido, la reparación de la red para reducir las pérdidas del 50 a 20%, un valor aceptado internacionalmente, permitiría ahorrar más agua que la que podría aportar la toma desde el Río de la Plata.


En relación a la toma en Arazatí, ni la OSE ni las empresas proponentes, ahora adjudicatarias, tienen un solo estudio que justifique la ubicación de la toma de agua allí, existiendo múltiples estudios independientes, en especial de la Universidad de la República que muestran la inconveniencia por factores ambientales de la zona de Arazatí como fuente de agua para potabilizar.


En lo económico, no existe justificación para que se pague por el proyecto el monto adjudicado, (más de 800 millones de dólares) que supera largamente el costo de las obras, su mantenimiento y los costos financieros involucrados (258 millones), aun considerando una financiación local mucho más cara que la internacional a la que podría acceder OSE y a la que, con la garantía del contrato, accederán las empresas adjudicatarias. (1) Son esas empresas las únicas ganadoras en este proceso que compromete por muchos años los recursos del Estado limitando la capacidad de realizar otras obras indispensables y con mayor impacto positivo en el suministro de agua de calidad a la población, en cumplimiento del mandato constitucional.


La profunda crisis hídrica que afectó al servicio de agua potable de Montevideo, generada a partir de una fuerte sequía que aún no ha terminado, puso de manifiesto la necesidad de mejorar el sistema de agua potable en el país y en tal sentido desde el MOVUS hemos presentado la propuesta de un diálogo nacional y la necesidad de encarar una serie de obra que son por su orden:


1. Reparación y renovación de la red de distribución
2. Generación de reservas de agua con visión ambiental
3. Estudio de las posibilidades de fuentes de agua dulce en el territorio
4. Implementación de abastecimiento alternativo de agua dulce
(1) https://usuariofinanciero.bcu.gub.uy/Paginas/Calculo-Cuotas.aspx
 

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
24 de agosto 2023
Contactos:
Raúl Viñas: 099648685
Ana Filippini: 098407572





miércoles, 23 de agosto de 2023

Contra el modelo de la desigualdad

 

Orden basado en las reglas

 

BASTA DE HUMO 

Luchamos contra el modelo de la desigualdad

El gobierno nacional ha profundizado la desigualdad. A pesar del crecimiento del PIB en años recientes, los salarios se han reducido y la pobreza ha aumentado. Esto es inaceptable en un país rico como Uruguay.

Las reglas del Uruguay

Trabajo, Consejos de Salarios y Sindicatos 

Garantía de derechos, libertad y democracia


En el marco del paro nacional parcial que desarrolló este martes 22 el PIT-CNT, el presidente de la central sindical se refirió a la realidad nacional, respaldó a los sindicatos en conflicto, sostuvo que no hay reforma educativa posible si no se piensa e instrumenta con las y los trabajadores, familias y alumnos, y también se refirió al plebiscito contra la reforma jubilatoria.
Tal como estaba previsto, desde muy temprano fueron llegando militantes de distintos sindicatos, en autos, motos, ómnibus, bicicletas, camiones y por supuesto, a pie, para sumarse a la convocatoria de la concentración de trabajadoras y trabajadores en la explanada de la Universidad de la República.
La lluvia había sido impiadosa en las últimas horas, particularmente en la madrugada, pero a la hora de comienzo del paro y concentración, apenas quedaban rastros de agua en el asfalto y en las veredas.
Cuando se acercaba la hora 10 de la mañana, miles de manifestantes comenzaron a marchar rumbo a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, donde estaba ubicado el estrado del acto central, contra el modelo de la desigualdad.



Paro General parcial convocado por la central de trabajadores de Uruguay @PITCNT1 "contra el modelo de la desigualdad". Enrique Méndez, de la industria láctea, explica las razones de la movilización.

Durante la reciente huelga promovida por el Pit-Cnt, su presidente, Marcelo Abdala, reiteró su llamado a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Esta iniciativa fue presentada por primera vez en el evento del 1º de mayo organizado por el Pit-Cnt y busca implementar una semana laboral de 40 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores. Abdala nuevamente planteó esta solicitud ante la comisión parlamentaria encargada de considerar este tema.
Abdala subrayó la importancia de un debate público exhaustivo para que la población comprenda a fondo lo que consideran como la ley laboral más relevante a ser aprobada en un futuro próximo. Destacó que esta medida no solo beneficia a los trabajadores, sino que también representa un paso hacia una mejor calidad de vida para el pueblo.
En contraposición, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, calificó el proyecto de ley presentado por los senadores del Frente Amplio, que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, como "demagogia preelectoral". Mieres argumentó que este proyecto establece un aumento del salario real, fijado por ley y no a través de negociaciones colectivas, del 20% para todos los trabajadores en un período de cuatro años. Afirmó que esta propuesta carece de fundamentos realistas.





lunes, 21 de agosto de 2023

Narco herrerista preso en Bolivia


 

La policía boliviana capturó al narcotraficante Julio Luis Deal Barrios, imputado por delitos de organización criminal y asociación para delinquir. En sus redes, Deal se muestra como seguidor del Partido Nacional, aunque hace años está instalado en Bolivia.

Militante fervoroso


Análisis de Gabriel Pereyra: Otro uruguayo en la ruta del narco
Fue detenido en Bolivia el narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Barrios, investigado por presuntos delitos de «organización criminal, asociación delictuosa, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado», entre otros.
 





El uruguayo Julio Luis Deal Barrios, detenido en las últimas horas en Bolivia por presuntos delitos de narcotráfico, no es un novato en la materia. En julio del año 2001 Deal Barrios fue detenido en el departamento de Lavalleja como cabecilla de una «narcobanada». Junto a él cayeron tres ciudadanos paraguayos, cómplices en dicha agrupación. Sumamente activo en redes sociales, Deal hizo publicaciones hasta pocos días antes de ser detenido. En Sus posteos en Facebook y Twitter muestra una fervorosa adhesión por el político libertario argentino Javier Milei y por el presidente Lacalle Pou. Según consignara Informativo Sarandí, años atrás Deal habría integrado una lista del Partido Nacional.

 


 

>>> Imagine

En la web hay más cosas de este señor, además de lo que cuenta este hilo, que ya es bastante (relacionado por todos lados con el herrerismo a pesar o debido a sus antecedentes por narco desde el 98, odio a Delgado, odio al Frente Amplio, saludos a Domenech, Heber, presidente , Penades, Bianchi y hasta a Paola Fiege, la esposa del gran lavador argento Balcedo)
Además de eso:
- su verdadero apellido sería Deal-Smith
- en Lynkedin aparece una empresa de ingeniería civil, es ingeniero (ahí seguro que salen más contactos)
- el BCU le bloqueó cuentas desde el 2001 hasta el 2003 al menos, supongo que fue porque fue detenido por pertenecer a una narcobanda en Lavalleja
- estuvo preso en Argentina por documentación falsa
- en 2013 sacó una srl llamada vía Francolano 167, que es un restaurante italiano en Pocitos pero es interesante que la srl además de restaurante también podría importar y exportar productos alimenticios y afines
Imaginen los afines!!
- y lo que capaz que promete más es que hay un tal Ricardo Deal-Smith que es dueño de la empresa Candysur SA
Y esa empresa opera dónde?
Charachachaannnn
Siiiii, es la empresa que provee todo tipo de servicios en el aeropuerto de Montevideo!!!
Desde limpieza hasta los vehículos qué transportan pasajeros, empleados, valijas, etc (imagine, decía john lennon) hasta los aviones.

>>> Narcoasociación para delinquir
LaRed21, 06 de julio de 2001 

Los elementos de prueba reunidos por los investigadores permitieron que el juez a cargo de la causa procesara a varios de los integrantes de la narcobanda detectada en Lavalleja, no sólo por delitos de drogas, sino por «asociación para delinquir».
El cabecilla uruguayo del grupo, identificado como Julio Luis Deal Smith Barrios –con antecedentes de narco en 1998– y tres paraguayos fueron procesados con prisión por «asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 14.294″. Otro guaraní fue remitido por estar asociado y por infracción al artículo 31 de la citada ley, y un quinto paraguayo por «asociación para delinquir fuera de la concurrencia, con el delito previsto en el artículo 31 de la Ley 14.294″.
Hubo otros tres procesamientos, en este caso de mujeres brasileñas, sin prisión, y por el delito de «encubrimiento».
Como se informara ampliamente en la pasada edición, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) detectó la conformación de un banda internacional que tenía como misión la comercialización de droga en Uruguay y usar de base este país para envíos al exterior. Tras realizar vigilancias en un establecimientos de Aguas Blancas, departamento de Lavalleja, y ante el dato de la llegada de una carga, la dirección pidió apoyo de la jefatura local y allanó ese establecimiento e inspeccionó una finca en Punta del Este. Allí se incautó casi 16 kilos de droga entre marihuana y cocaína, dos camionetas paraguayas y tres vehículos uruguayos.* 
 

Publicaciones en redes de narco uruguayo detenido en Bolivia en apoyo a Milei y a Lacalle Pou: advierten que integró una lista blanca 

M24

21 de Agosto de 2023

Se trata de Julio Luis Deal Barrios, detenido recientemente en Bolivia por presuntos delitos de narcotráfico, con antecedentes en este delito.

La República consigna que en julio del año 2001 Deal Barrios fue detenido en Lavalleja como líder de una “narcobanada”, y que junto con él cayeron tres ciudadanos paraguayos cómplices.

En aquel entonces fue puesto bajo vigilancia en un establecimiento de Aguas Blancas, en Lavalleja, y en ese marco se allanó el lugar y una finca en Punta del Este, donde se incautaron alrededor de 16 kilos de droga entre marihuana y cocaína, dos camionetas paraguayas y tres vehículos uruguayos. En 1998 Deal ya contaba con antecedentes, apresado también por narcotráfico.

Poco antes de su detención estuvo activos en redes sociales, en los que posteaba tanto en Facebook como en Twitter, su adhesión por Javier Milei y por el presidente Lacalle Pou.

De acuerdo a Informativo Sarandí, Deal habría integrado una lista del Partido Nacional, publica este lunes Montevideo Portal.

Actualmente Deal, de 62 años, permanece en prisión preventiva en Bolivia, imputado por “presunto delito de organización criminal, asociación delictuosa, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado”.

 


 

 








domingo, 20 de agosto de 2023

(In) Transparencia

Se oculta el delito
 

>>> Los chats no aparecen

Policía Científica no pudo recuperar la totalidad de los chats entre Astesiano y Lacalle


 

>>> Chats de Astesiano complican a Lacalle

5/12, Fossati dijo que no se incluyeron antes por “mala comunicación” (nota TNU)

 

El excustodio en sus primeras declaraciones ante la justicia había advertido que entregó su teléfono y en aquel entonces la fiscal de la causa, Gabriela Fossati, le preguntó por la ausencia de los chats con el mandatario, y Astesiano se lo atribuyó a que Correa los había eliminado.
El periodista Eduardo Preve aseguró en la columna “La Tapadita” de Nada Que Perder de M24 que de acuerdo al informe de Policía Científica no hay chats eliminados entre el presidente de la República y el exjefe de la custodia presidencial.
“Llama la atención que por lo menos cinco o seis capturas de pantallas, que tenemos de chats entre Astesiano y otros integrantes de su grupo, por ejemplo quien era en su momento el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Berriel, donde Astesiano le manda una captura de pantalla entre el presidente y él, pidiéndole información vinculada al viaje… sí aparece en los chats recuperados entre Astesiano y Berriel, pero esa conversación no aparece en el chat original entre Lacalle Pou y Astesiano”, detalló.
Y agregó: “Quiere decir que en la recuperación de los chats entre Astesiano y el presidente de la República hay conversaciones que sí se realizaron, pero que no aparecen. Eso es la información que le envió Policía Científica a Fiscalía. En esa información este chat no está”.
Cuando la fiscal nueva, Sabrina Flores, comienza a trabajar en el tema, detecta que algunas de las conversaciones que en su momento envió Astesiano – como captura de pantalla; eso no quiere decir que la conversación existió – no están en los chats entre Lacalle y Astesiano.
Policía Científica informó que (textual) “si bien no existe registro de chats eliminados entre el Sr: Presidente L.L.P y A.A., si se registran chats eliminados con gran parte de sus conversaciones con otros usuarios. Existen varias posibilidades que podrian explicar la ausencia de comunicaciones entre ambos usuarios como ser; que las comunicaciones nunca se consumaron, que fueran eliminadas y el sistema UFED no pudo recuperarlas, etc, todo esto indemostrable de forma empírica dado que no se cuenta con registros que convaliden ninguna de las teorias vo la inexistencia de un análisis previo a una posible eliminación de información, lo que permitiría la comparación con el contenido presente”.

A pedido de la fiscal del caso, Gabriela Fossati, el juez de feria, Marcelo Souto, dispuso la reserva de los chats entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su antiguo custodio personal, Alejandro Astesiano, por un período de seis meses, entendiendo que sin esta medida se podrían divulgar detalles de la vida privada del jefe de Estado, así como comprometer su propia seguridad y la de su familia.
Anteriormente, el juez titular del caso, Alejandro Asteggiante, dispuso reserva por 40 días desde el 23 de diciembre del año pasado. No obstante esto, Fossati comunicó al juez Souto, que dicho plazo no iba a ser suficiente recopilar y resumir toda la información, con motivo de la feria judicial entre el 24 de diciembre y el 1° de febrero de este año. Durante estos lapsos, ni la Justicia, ni la Fiscalía General de la Nación avanzan en sus casos, a no ser que estos representen una urgencia.

El juez recordó las diversas filtraciones de chats que se han producido en el Caso Astesiano
La resolución del juez Souto, del pasado 23 de enero, expresa que “se desprende de la argumentación realizada, procesar y analizar toda la información obtenida sin dudas llevará su tiempo y la publicidad que se pueda realizar de parte de la información podría comprometer su normal desarrollo y por consiguiente la investigación”, señalando que son de público conocimiento “las filtraciones que se han realizado a terceros de la evidencia recabada”.
Además, la reserva se fundamenta en que "tratándose de información que puede contener aspectos privados de un tercero como lo es el Sr. Presidente de la República y cuestiones relativas a su seguridad y la de su familia, considera ajustado a derecho se disponga la reserva de esas actuaciones por el máximo legal esto es seis meses".


 

 

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