viernes, 9 de marzo de 2018

En el fondo del placar







Samuel Blixen
8 marzo, 2018

El gatopardismo en la política sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura ha hecho estragos a diferentes niveles. Un supuesto compromiso con las orientaciones oficiales ha justificado prácticas de ocultamiento de información, compartidas incluso por militantes de organizaciones de derechos humanos. Los afectados son la verdad y la justicia.

La primera denuncia judicial contra militares uruguayos fue formulada en los estertores de la dictadura por Enrique Rodríguez Larreta el 12 de abril de 1984, por los delitos de tortura, muerte, secuestro y desaparición forzada. Los denunciados eran los miembros de la patota que operó en Automotores Orletti, la base clandestina del Cóndor en Buenos Aires, encabezada por José Gavazzo. Esta causa inicial fue, naturalmente, archivada por orden del presidente Julio María Sanguinetti en aplicación de la ley de caducidad. Después de largos vericuetos, los denunciados fueron finalmente procesados por el juez penal Luis Charles en setiembre de 2006.
De modo que, por delitos cometidos 30 años antes, en 1976, los primeros militares encarcelados fueron castigados 22 años después de haber sido denunciados ante la justicia. Es necesario hacer notar que la derrota del voto verde en el referéndum de 1989 implantó un bajón paralizante en la lucha por verdad y justicia, que afectó, en primer lugar, a la propia justicia. Recién en 1996 la lucha contra la impunidad recobró un trascendental impulso con la primera marcha del silencio convocada por la familia Michelini y apoyada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que en lo sucesivo se hizo de la convocatoria.
Ese impulso, que centraba sus esfuerzos contra la impunidad, se vio sometido a la ley de acción y reacción, y provocó lo que podría llamarse el gatopardismo en los derechos humanos, cuya primera expresión fue la instalación de la Comisión para la Paz, una iniciativa del entonces presidente Jorge Batlle. La Comisión para la Paz actuó en régimen de estricta reserva, recabando testimonios que, en lo que tiene que ver con los militares, se mantuvieron en total secreto. Su informe final recopiló una abundante información sobre las víctimas, pero sobre los victimarios se limitó a consignar versiones que dio por ciertas –sin identificar a sus autores– y que después resultaron falsas, como fueron las afirmaciones de que los restos de los detenidos desparecidos fueron exhumados –operación Zanahoria– cremados y sus cenizas arrojadas al mar. La versión de la cremación de restos y la dispersión de cenizas en el mar tuvieron como objetivo instalar un ambiguo punto final, una solución que muy prestamente “compró” el sistema político, con honrosas salvedades.
La instalación de la izquierda en el gobierno ahondó ese gatopardismo: ordenó desarchivar los expedientes judiciales, pero se abstuvo de aportar a la justicia los elementos que permitirían investigar los delitos; propuso la derogación de la ley de impunidad, pero se abstuvo de utilizar sus mayorías parlamentarias para anularla directamente; mantuvo una actitud prescindente cuando sus ministros de Defensa obstaculizaban la acción de los magistrados.
Esa actitud soterrada que emitía invariables mensajes de que la investigación de los delitos y el castigo de los culpables no era una prioridad del Estado, operó sobre los jueces, sobre los políticos, sobre los partidos y también sobre algunos destacados militantes de organizaciones de derechos humanos atrapados en ese discurso gatopardista. No es casualidad que el principal vocero de Familiares, el abogado Javier Miranda, compartió el criterio de modificar la consigna de las marchas de silencio, eliminando la referencia al castigo para los culpables. Para cuando Familiares retomó los conceptos históricos de sus consignas, Javier Miranda ya había abandonado la organización para incorporarse a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura. Y cuando la Secretaría se independizó del ministerio y se instaló en Presidencia, los derechos humanos sufrieron una particular mitosis: aquellos derechos humanos violados por el terrorismo de Estado pasaron a ser materia específica de una Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Hoy Miranda es presidente del Frente Amplio.
ENCAJONADOS. Ese “aggiornamiento” de algunos militantes de derechos humanos a los enfoques oficiales implicó que Familiares sufriera “amputaciones” atribuibles a la irresistible fuerza concéntrica del poder –y el ejercicio del poder, por más parcial y minúsculo que sea– lo que no significó una alteración del rol que cumple ni un menoscabo de su imagen intachable, de lo cual es otra muestra la reciente decisión de retirarse del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia debido a la ausencia de resultados.
Esas ambigüedades del vínculo con el poder implican en representantes independientes, a veces, cruzar la línea. Por invitación de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, Familiares destinó a una de sus integrantes, María del Carmen Martínez, a formar parte del equipo que, dirigido por Jorge Tiscornia e integrado también por Jaime Vázquez, se encargaría de procesar el escaneado de los rollos de microfilmaciones incautados en una unidad militar y que hoy se conocen como el archivo Berrutti. Aunque oficialmente esa documentación recién hace unos meses fue liberada para su consulta, Martínez operó con dicho material en la que antes se llamó Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Allí, Martínez aplicó un criterio personal inspirado en la convicción de que el conocimiento amplio de aquel contenido podría tener efectos políticos desestabilizadores, lo que sintonizaba con la inclinación oficial a mantener reserva sobre los materiales referidos a la dictadura. De hecho, una copia de los materiales del archivo Berrutti fue entregada a Presidencia en 2009, y allí quedó impoluta. Nadie advirtió que, por ejemplo, en aquellos rollos estaba documentado el descarado espionaje militar en democracia a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
Martínez había tenido ocasión de ensayar su criterio personal sobre qué cosas difundir y qué cosas no, cuando en 2002 entabló contacto con miembros de la Comisión para la Paz. Por esas fechas Martínez accedió a un documento del Fusna (Fusileros Navales) que recopilaba la experiencia de una oficina llamada Computadora donde, a semejanza de La Pecera en la Esma argentina, algunos prisioneros colaboraban con el S2 (inteligencia) en el análisis sobre la veracidad de las respuestas en los interrogatorios a que eran sometidos, mediante tortura, el resto de los detenidos. La Computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas.
Ese documento nunca llegó a la justicia, y su existencia fue ignorada por los organismos de derechos humanos hasta que el vicealmirante Tabaré Daners lo incorporó en el conjunto de documentos que entregó al presidente Tabaré Vázquez en octubre de 2005. Tampoco llegaron a la justicia los testimonios de antiguos prisioneros del Fusna que colaboraron en la Computadora y que fueron entrevistados por Martínez. Esa tanda de entrevistas fue realizada entre 2002 y 2005, y continuó después con las entrevistas a los oficiales Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau (véase nota aparte).
La importancia de tales entrevistas (al parecer privadas y destinadas en especial a establecer detalles de la experiencia de militantes de los Grupos de Acción Unificadora (Gau) en el Fusna) radica en el cúmulo de informaciones que hubiera permitido impulsar investigaciones judiciales sobre las desapariciones de uruguayos en Argentina y sobre la Compañía de Contrainformaciones, en episodios comprendidos entre 1977 y 1982. Particularmente las entrevistas del 7 de febrero y 1 de marzo de 2002 a Eduardo Fleming –un militante del Partido Comunista que inauguró La Computadora–, revelaba datos desconocidos, como la participación en los interrogatorios y torturas del segundo jefe del S2, el entonces alférez de navío Néstor Olivera, que en momentos de la entrevista era edecán del entonces ministro de Defensa; que, estando detenido, fue trasladado a Buenos Aires (no especifica la fecha) donde Tróccoli lo llevó a almorzar al casino de la Esma; que en la Computadora manejó las actas de interrogatorios de los desaparecidos en Buenos Aires, y que dichas actas eran trasladadas al Fusna por un coronel del ejército que integraba el Sid; que personal del Sid llevó a cabo los interrogatorios en Argentina “por el tipo de fichas que eran las que manejaba en Uruguay el Ejército”; que al Fusna asistían habitualmente los oficiales de Ocoa Manuel Cordero, Jorge Silveira, Ricardo Arab y Antranig Ohannessian; que Juan Carlos Larcebeau, segundo jefe del S2, fue quien viajó a Buenos Aires, en diciembre de 1977, “para buscar a los presos”.
Según este testimonio recabado por Martínez, algunos prisioneros colaboradores propusieron un “plan sindical” que “Larcebeau compró”, que la Armada apoyó y que contó con la aprobación de Iván Paulós, responsable del Sid. Fleming y otro preso, “Marcos”, fueron liberados presumiblemente a comienzos de 1980 y “lograron reorganizar distintos sindicatos como tabacaleros, aguja, textiles, Sunca, pero no tuvieron ninguna suerte con bancarios”. El “plan sindical” naufragó cuando Fleming y “Marcos” fueron detenidos por la policía, que incautó en sus casas “materiales que ellos habían guardado del Fusna”. Fueron recluidos en la Compañía de Contrainformaciones, donde permanecieron dos años. Según Fleming, a un suboficial, Tabaré Yanone, hermano del coronel Glauco Yanone, partícipe en el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, “le gustaba hablar y comentaba sobre los chilenos enterrados allí en la unidad”.
Que se sepa, esta es la primera mención a desaparecidos chilenos en nuestro país. La justicia no tuvo oportunidad de investigar la veracidad de esa versión, porque Fleming no lo denunció y tampoco lo hizo Martínez. Ese testimonio, como otros, permanecieron secretos hasta hoy.

El teniente y la militante

En mayo y junio de 2007, la entonces fiscal penal de segundo turno, Mirtha Guianze, se sumergía en la montaña de documentos que le permitirían elaborar la pormenorizada acusación contra el general Gregorio Álvarez, el teniente de navío Jorge Tróccoli y el alférez de navío Juan Carlos Larcebeau por el secuestro y tortura en Argentina de 36 uruguayos y dos argentinos, todos desaparecidos, muchos de los cuales fueron previamente trasladados a nuestro país.
En 1996, al publicar La ira del Leviatán, una edulcorada y milimétricamente ambigua reflexión sobre su condición de marino y su experiencia como oficial de inteligencia, Tróccoli admitía su participación en torturas en el Fusna, el cuerpo de Fusileros Navales creado expresamente para la lucha contra la sedición. Tróccoli argüía que, después de todo, era inevitable la tortura, pero negaba cualquier vinculación con las desapariciones de los refugiados uruguayos en Argentina, en la represión que se desató a partir de mediados de 1977; de hecho, se vino a enterar del asunto muchos años después, argumentaba descaradamente.
Sobre ese aspecto concreto, la fiscal Guianze tenía en su escritorio el legajo personal de Tróccoli, que despejaba cualquier duda y confirmaba que el testimonio de La ira del Leviatán y las entrevistas concedidas tras la publicación, eran un puntilloso entretejido de verdades a medias y mentiras totales. El legajo lo situaba en Argentina, en comisión, entre el 29 de junio y el 7 de julio de 1977, inmediatamente después de la detención de José Enrique Michelena y Graciela Susana de Gouveia, militantes de los Gau ambos desaparecidos. Jorge Jaunsolo, comandante del Fusna, por entonces capitán de corbeta, consignaba en octubre de 1977 en el legajo de Tróccoli: “Este comando ha recibido varias delegaciones de la Armada argentina en visitas con el fin de intercambio de información concerniente a la lucha contra la sedición. Destaco la importancia del nexo que esta unidad ha establecido con la Armada argentina, y el nivel de entendimiento que la misma ha alcanzado, debido fundamentalmente a este oficial”.
Ese nivel de entendimiento, reforzado por su “trabajo de inteligencia operativa” tras la detención en noviembre del montonero Oscar de Gregorio, facilitó la presencia de Larcebeau en Buenos Aires durante todo el período de redadas contra exiliados uruguayos y, probablemente, la presencia puntual de Tróccoli en los interrogatorios.
La fiscal sospechaba que Tró­ccoli había enviado al Fusna las actas de interrogatorios de muchos de los detenidos desaparecidos, cuando Larcebeau lo sustituyó en la jefatura de la inteligencia de la unidad, actas que el comandante de la Armada, Tabaré Daners, aseguró no saber cómo habían llegado al Fusna, cuando entregó al presidente Tabaré Vázquez un informe sobre desaparecidos, en octubre de 2005.
El 9 de enero de 1978 Tróccoli viajó a Buenos Aires para usufructuar de una beca que lo mantendría en Argentina hasta fines de 1979. Así como Larcebeau –tal como se infiere de su legajo y de los testimonios de prisioneros– participó en Buenos Aires de las detenciones, Tróccoli habría participado de los interrogatorios, que se prolongaron hasta mediados de mayo, cuando se concretaron traslados masivos a Uruguay.
No cabe duda de que Tróccoli, a diferencia de lo que sugería en su libro, puso todo su empeño en ser eficiente como terrorista de Estado. En su legajo aparecen anotaciones de oficiales argentinos, connotados represores y asesinos: el capitán de fragata Luis D’Imperio, jefe del grupo de tareas de la Esma, afirmaba que (Tróccoli) desarrolló con marcado acierto tareas de inteligencia y operaciones de inteligencia”, aunque no se describen cuáles fueron esas operaciones. El contralmirante José Antonio Su­ppicich, jefe de la Esma (procesado, como D’Imperio, por delitos de lesa humanidad) consignaba: “La imagen dejada (por Tróccoli) en el Grupo de Tareas ha sido óptima. Me ha resultado particularmente grato tenerlo como subordinado”; el Grupo de Tareas 3.3.2 era el equipo encargado de las detenciones, interrogatorios, torturas, y de los “vuelos de la muerte”. Y el agregado naval uruguayo en la embajada en Buenos Aires, capitán de navío Francisco Moliterni, dio testimonio de la opinión de oficiales superiores de la Armada argentina: “pude constatar el aprecio que se le tiene a este oficial, no sólo en Puerto Belgrano, sino también en la base de Mar del Plata y en la Escuela de Mecánica de la Armada, lugares donde este oficial ha actuado”.
Por todo esto resultan hasta cierto punto sorprendentes las apreciaciones contenidas en dos informes elaborados por María del Carmen Martínez, actual funcionaria contratada de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, fechados en mayo de 2007 cuando tenía una participación activa en Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que refieren a dos entrevistas que, junto con Juan Manuel Rodríguez, antiguo detenido en el Fusna por su militancia en los Gau, realizó a los oficiales Tróccoli y Larcebeau. Fuentes de Familiares indicaron a Brecha que hasta hace poco se desconoció la existencia de tales informes, así como de otros que se mencionan en la nota principal.
El encuentro con Tróccoli se produjo en una casa de Lagomar, el 25 de mayo de 2007. El texto, que sintetiza la conversación de dos horas, es, según se establece en el título, “versión Mara”, apodo de Martínez. De acuerdo con el texto de Martínez, Tróccoli, “en tono de queja y de impotencia dejó claro que entendía que estábamos allí porque no le creíamos. Él había querido explicar lo vivido a través del libro y sin embargo había sido mal interpretado y no comprendido, a tal punto que hasta el día de hoy se le seguía pidiendo explicaciones y no se le creía”.
Tróccoli se adscribió al recurso de la “memoria débil”: “Dijo no recordar qué hizo él a mediados de diciembre, porque tiene la sensación de que él no andaba mucho por la Unidad en esos días”. Pero fue tajante al afirmar que “jamás el Fusna trasladó detenidos para asesinarlos. Que el comandante de la Unidad jamás lo hubiese permitido, que nadie murió en el lugar y que jamás se violó a una mujer; por el contrario, que los detenidos eran tratados como prisioneros de guerra”. Llegado a este punto Martínez consigna que “lo interrumpimos para hacerle ver que no podíamos entender sus argumentos cuando se torturaba de la manera que se hacía”.
Según el texto, un tramo importante de la entrevista lo ocupó el interés de Tróccoli por descargar responsabilidades en el Ejército y en el Sid (Servicio de Información de Defensa): “Niega haber estado ‘operando’ en Buenos Aires. (…) Repite que el Ejército jamás hubiese aceptado que una unidad de la Marina pudiese operar fuera del país (…) Que los únicos que tenían presupuesto y logística para hacerlo eran los del Sid”.
La frutilla de ese merengue fue la afirmación de que “se enteró de la existencia de los desaparecidos de los Gau muchos años después, cuando se vino a desayunar que estaba siendo acusado por desapariciones de uruguayos en Argentina. Que la única explicación que le encuentra a las desapariciones es que en el Fusna hubo gente del Sid casi permanentemente”. Cuando se le pidió nombres del Sid, “nos dijo que ese era su límite. Que nombres no daba”.
Tróccoli dijo que lo que más le preocupaba eran los juicios y que “sabía que iba a terminar preso”. Fue entonces que Martínez aseguró: “le explicamos que los juicios ya estaban en marcha y que nosotros no éramos impulsores de éstos. Que por más que pudiésemos llegar a las familias que estaban haciendo juicios, era muy difícil trasmitir este tipo de conversación y dejar conforme a personas que durante tantos años habían estado creyendo algo”.
Tróccoli les preguntó entonces si le creían. Y Martínez respondió: “Le dije que sí, que le estaba creyendo en cuanto a que él posiblemente no estuvo en las detenciones de Buenos Aires”. Tróccoli entonces se dirigió a Juan Manuel Rodríguez y le pidió perdón “por las torturas aplicadas, a él y a sus compañeros”. Martínez anotó que “se le sintió sincero y emocionado”.
Aunque no fuera impulsor de los juicios, tal como afirmaba Martínez, Juan Manuel Rodríguez declaró en la causa y aportó elementos sobre las entrevistas con Larcebeau y Tróccoli. Como se sabe, previendo que la fiscal solicitaría su procesamiento, Tró­ccoli decidió fugarse en setiembre de 2007, tres meses después de la entrevista reseñada. Fue ubicado en Italia donde logró eludir, primero, el pedido de extradición uruguayo, y luego un juicio que finalmente lo dejó en libertad. En las instancias de ese juicio en Roma estuvo presente Martínez; también Guianze, testigo de cómo los jueces italianos dejaban de lado las pruebas acumuladas en el centenar de folios de su acusación que finalmente llevó a la cárcel a Larcebeau y a Gregorio Álvarez.



El periodista Samuel Blixen denunció hoy en Brecha que María del Carmen Martínez, que fuera representante de Familiares en una comisión que desclasificó los archivos Berrutti “operó con dicho material aplicando un criterio personal inspirado en la convicción de que el conocimiento amplio de aquel contenido podría tener efectos políticos desestabilizadores”.

Blixen agrega que entonces “nadie advirtió que en aquellos rollos estaba documentado el descarado espionaje militar en democracia a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales”.

Por invitación de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, Familiares destinó a una de sus integrantes, María del Carmen Martínez, a formar parte del equipo que, dirigido por Jorge Tiscornia e integrado también por Jaime Vázquez, se encargaría de procesar el escaneado de los rollos de microfilmaciones incautados en una unidad militar y que hoy se conocen como el archivo Berrutti, informa Brecha.

La nota publicada hoy afirma que por esas fechas Martínez accedió a un documento del Fusna (Fusileros Navales) que “recopilaba la experiencia de una oficina llamada Computadora donde, a semejanza de La Pecera en la Esma argentina, algunos prisioneros colaboraban con el S2 (inteligencia) en el análisis sobre la veracidad de las respuestas en los interrogatorios a que eran sometidos, mediante tortura, el resto de los detenidos. La Computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas”.

La existencia de “la Computadora” había sido mencionada por primera vez en el número 85 de la revista Posdata publicado el 26 de abril de 1996.

Pero Martínez no fue la única persona que manipuló y escondió documentos. Otros nombres y circunstancias están incluidos en el siguiente informe.







1 comentario:

  1. A VER: CUANDO YO DIJE QUE HABÍA GENTE QUE ESTABA MANIPULANDO INFORMACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS , HUBO FAMILIARES QUE NO LES GUSTARON LA OPINIÓN ,MÍA Y DE MI FAMILIA Y NO LE GUSTO, LOS HORRORES QUE VIO DANYEL REY PIUMA DENTRO DEL D.I.P.R.E Y EL E.S.M.A. SUCEDE QUE TENÍAMOS INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO, CON LO QUE HICIMOS CON DANYEL, PERO SUCEDE QUE HAY MUCHOS LAME CULOS DE PORTA APELLIDOS Y BURÓCRATAS QUE SIGUIERON ASESINANDO A SUS FAMILIARES. EL FAMILIAR NO ES EL MILITANTE , YO SOY FAMILIAR Y COMBATIENTE , Y A MI Y A MI FAMILIA NINGÚN MILICOS ,(RAZAS DE ASESINOS Y COBARDES QUE SON MUY MACHOS CUANDO ESTÁN DENTRO DE LA FUERZA Y HOY SE ESCONDEN DETRÁS DE NUESTROS MUERTOS), HAY MUCHOS/CHAS QUE SALIERON A OPINAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA. Y COMPRARON TODAS LAS MENTIRAS DE LOS MILICOS ASESINOS. Y ENCIMA ESTOS PORTA APELLIDOS A DANYEL NO SOLO NUNCA LE DIERON BOLA, QUE SI NO LO TRATARON PARA EL CULO Y OTRA QUE NO ES MALA ,PERO SI MUY BOLUDA QUE NO SABE NI HABLAR , DEJO DE DARLE BOLA A MI SOBRINA NACIDA EN UN CHUPADERO , CON UNA MADRE QUE LE SOBRARON LO QUE A MUCHOS CULOS ROTOS QUE LOS TIENEN DE ADORNO , PORQUE LES CANTABA LA VERDAD Y ESTA ESTÚPIDA CON TAL DE SER DIPUTADA SE BAJO LOS CALZONES Y MATO A LOS PADRES , QUE YO CONOCÍ EN LA MILITANCIA EN LA R.O.E. Y A MI ME SOBRAN BIEN LOS HUEVOS PARA DECÍRSELO EN LA CARA COMO YA SE LO DIJE A MAS DE UNO, HIPÓCRITA CAGON QUE NO TUVO LOS HUEVOS DE DECÍRMELO EN LA CARA

    ResponderEliminar