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Invitado: Gonzalo Scotti, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Supergas (SUTS)
Voceros de Riogas sostuvieron ayer que no se despidió
a 11 trabajadores sino a tres, que fueron desvinculados por manipular,
en horario de trabajo y en varias ocasiones, un rifle en un puesto de
venta de supergás (esto ocurrió en Maldonado).
"Los restantes trabajadores a los que hace referencia
el sindicato, corresponden a contratos zafrales, que la empresa decidió
no renovar, como consecuencia de la finalización de la zafra, la
difícil situación económica y financiera por la que atraviesa luego de
más de 20 días de no producir por las medidas sindicales (que se suman a
muchos otros días de no producción por otros conflictos previos), y las
enormes e irreparables pérdidas económicas ocasionadas", sostiene
Riogas.
"Desde el día 6 de septiembre y hasta el día 17 (en
que comienza la detención absoluta de actividades), el sindicato decidió
sorpresivamente que no se trabajara más de dos horas por cada turno
diario, desconociendo la opinión técnica (...) que entendía que estaban
dadas las condiciones de salud y seguridad para trabajar con normalidad
las jornadas completas".
"El sindicato argumentó que al no alcanzarse una
cantidad de operarios mínima (que fijó arbitrariamente y pretende
imponer a la empresa) los operarios tenían derecho a trabajar tan solo
dos horas ese turno y a permanecer luego sin desempeñar tarea alguna,
pretendiendo cobrar igualmente el jornal. Esto resulta técnicamente
inaceptable, ya que Riogas cumple con la normativa y regulación
aplicables en materia de salud y seguridad, manteniendo la rotación
en el frente de carga (que es donde se realiza el esfuerzo físico) y
los puestos de trabajo clave. Es la empresa la que debe establecer la
organización del trabajo. El sindicato confunde roles, y pretende
controlar indebidamente y cada vez en mayor medida la operativa de la
empresa", sostiene.
Riogas entiende que, una vez terminada la zafra,
puede envasar suficientes garrafas en un turno de trabajo, sin por ello
afectar el abastecimiento a sus clientes. La firma de capitales
argentinos asegura que, en sus 40 años de historia, nunca se había
enfrentado a una medida de protesta "tan radical y desproporcionada" que
incluye medidas de presión "indebidas" y "desmedidas".
"Los recibos de sueldo exhibidos por el sindicato
corresponden a distribuidores (que son empresas independientes), y no a
operarios y choferes de la Planta de Envasado de Riogas, que son
notoriamente más elevados. De la misma forma, los "laudos" que constan
en actas del MTSS y que fueron presentados por el sindicato, no son otra
cosa que los mínimos salariales legales del sector, que nada
representan en la medida en que las empresas del supergás pagan
remuneraciones muy superiores", advierte Riogas.
Viernes 30 • Septiembre • 2016
Sindicato denuncia que Riogas se niega a negociar
El Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) flexibilizó ayer el paro general por tiempo indeterminado que comenzó el martes y resolvió que mantiene la medida sólo en la empresa Riogas. Ayer a las 14.00, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a una instancia de negociación tripartita con Riogas y el SUTS, a la que concurrieron también representantes del PIT-CNT y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La instancia era para solucionar el conflicto que mantienen los trabajadores, que reclaman el reintegro de 11 operarios de la planta de envasado de Riogas que fueron despedidos el 17 de setiembre.
Según explicó el dirigente del SUTS, Gonzalo Scotti, esa medida implicó “decapitar el segundo turno de la planta”, porque se despidió a la totalidad de los trabajadores del turno. El dirigente explicó que con ambos turnos y horas extra se envasan 50.000 garrafas por día, lo que “no alcanza para cubrir la demanda que hay”, por lo que la eliminación del turno modifica la operativa.
Tanto el MTSS como el sindicato planteaban el levantamiento de las medidas sindicales y el reintegro de los trabajadores, pero, según informó Scotti, en la reunión de ayer dos representantes de Riogas “dijeron que iban a seguir igual, como estaban”. En la mañana, el SUTS resolvió flexibilizar su medida y retomó el trabajo para las empresas Megal, Acodike y Ducsa, pero mantuvo el paro en Riogas. La flexibilización se tomó “entendiendo la situación que atravesaba la población, apostando al diálogo, al acercamiento”, pero la empresa “no se sienta a negociar”, por lo que los trabajadores de Riogas permanecerán en asamblea permanente.
Ayer, el titular del MTSS, Ernesto Murro, dijo que la posibilidad de decretar la esencialidad para los trabajadores del sector se evaluó en el Poder Ejecutivo, pero la flexibilización del paro dispuesta por el SUTS fue “un paso adelante”, que “evita que tengamos que apelar a este instrumento”. A su vez, rechazó la acusación, por parte de Riogas, de que el MTSS tuvo una actitud “omisa”. Remarcó el buen relacionamiento con el resto de las empresas distribuidoras de supergás, pero dijo que el actual conflicto no es por reclamos salariales (lo que implicaría la activación de la cláusula de paz, porque los salarios fueron ya acordados), sino por despidos, lo que supera lo establecido en el convenio.
“Las propuestas que el Ministerio de Trabajo ha hecho, que lamentablemente no han sido aceptadas por la empresa Riogas, apuntaban a la suspensión de las medidas por ambas partes para reiniciar la negociación. Lamentablemente, esto no fue aceptado por la empresa Riogas en ningún momento”, dijo Murro, y remarcó: “No estamos teniendo dificultades con Acodike, Megal ni con Ducsa. Insistimos en esto porque no es un hecho menor [...]; creo que la población se pregunta por qué tenemos conflicto con una empresa y no con otras”.
Por su parte, la empresa Riogas emitió de mañana un comunicado en el que aseguraba que los 11 trabajadores que ocasionaron el conflicto no son empleados fijos de la empresa, sino contratados de forma zafral a los que la empresa decidió no renovarles los contratos por la haber finalizado la zafra. El comunicado recuerda que sí se despidió a tres trabajadores de Maldonado por “manipular durante una jornada laboral y en varias ocasiones un arma de fuego -rifle- en un puesto de venta de supergás”. De todas formas, Scotti aseguró que los 11 trabajadores de la planta de envasado despedidos no son zafrales, sino empleados, y que el despido de los tres trabajadores de Maldonado “no está arriba de la mesa” ahora, sino para otra negociación.
En revisión
En el mediodía de ayer, antes de la reunión de la tarde, Murro y la titular del MIEM, Carolina Cosse, anunciaron una propuesta para mejorar la regulación del sector de distribución de supergás. Cosse aseguró que el conflicto sindical preocupa al gobierno y manifestó que es necesario reestructurar el sistema. Anunció la creación de un Sistema Nacional de Trazabilidad para las garrafas, que monitoreará la calidad del servicio y aportará información. Por otra parte, se cuestionó qué rol cumple Gasur, una empresa que se creó en 1997, integrada 40% por ANCAP, 30% por Riogas y 30% por Acodike, por medio de la cual ANCAP arrienda a Riogas y a Acodike sus dos plantas de envasado. “Nos preguntamos qué rol cumple; creemos que es algo que hay que revisar, y le hemos propuesto a ANCAP que lleve adelante esa revisión en conjunto con sus socios Acodike y Riogas”, anunció la ministra.
Walter Pernas, dijo que los gobiernos conocen desde 2007 las actividades
de espionaje, ya en democracia, a políticos y otros actores sociales de
militares y exmilitares vinculados a la dictadura.
Las
actividades que se confirman tras la incautación y análisis del los
archivos del exmilitar Elmar Castiglioni eran conocidas por la ministra
de Defensa del primer gobierno del FA, Azucena Berruti, dijo el analista
y afirmó que la secretaria de estado había informado al presidente
sobre el tema.
Pernas sostuvo que el manejo de los gobiernos del
Frente Amplio del tema de los archivos de inteligencia de la dictadura
fue “erróneo”.
La historiadora y docente del Área de Investigación Histórica del
Archivo General de la Universidad de la República, Isabel Wschebor, dijo
en Rompkbzas que el material recopilado en los llamados "Archivos
Castiglioni" ocupan 65 cajas y si se desplegaran ocuparían unos 500
metros lineales.
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El 3 de octubre de 2015, la Justicia allanó el domicilio del fallecido
coronel retirado Elmar Castiglioni. Allí se incautaron decenas de cajas
con documentos, siendo una parte sustantiva del archivo militar del
período de dictadura que hasta ahora había sido inubicable.
El
coronel Castiglioni, exoficial de inteligencia, exdocente del Calen,
murió el 19 de setiembre del año pasado. Esta incautación se suma a otra
realizada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez por orden de la
entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, quien en una unidad
militar ubicó algo más de 1.000 rollos de microfilmaciones con archivos
de la dictadura.
Wschebor dijo que el trabajo realizado con estos
archivos "fueron para la jueza (penal Beatriz Larrieu), y quedó en
manos de ella. Trabajamos en la máxima reserva posible".
"En
principio por el que nos llamaron fue para investigar los crímenes de
lesa humanidad en dictadura. Existen dudas sobre dónde está esa
información", dijo Wschebor.
De los documentos incautados surge
que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre
personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta,
por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos
criterios de la dictadura.
El Ejército admitió que el coronel
Elmar Castiglioni pudo haber acumulado "mucha información" por su pasaje
por la Dinacie, pero si actuó como espía y en democracia es un hecho
"grave" aunque sin relación alguna con el Ejército.
Altas fuentes
militares aseguraron en su momento a La República que Castiglioni,
vocero del Foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar
información pero dudan que fuera capaz de montar "un servicio de
inteligencia paralelo".
La investigadora comentó que desde "hace
10 años atrás estaba naturalizada entre los investigadores la idea de
que había que tomar fuentes orales porque no existían archivos. En la
última década se han detectado numerosos documentos que fueron
archivados por el estado y que dan cuenta de las cosas investigadas por
el estado durante la dictadura".
De los documentos que analizó
del período dictatorial, "han aparecido documentos donde se decía que no
se organizaron marchas contra la dictadura. En la clandestinidad hubo
manifestaciones que fueron requisadas y censuradas por las fuerzas del
orden. Evidencian aspectos que eran imposibles de estudiar. Esta
documentación detectada a lo largo de los años demuestra cómo el estado
persiguió a las personas. Estas investigaciones siguieron pese a que el
régimen se terminó", indicó.
Finalmente, Wschebor dijo que "los
archivos son unos 500 metros, problemas que pueden tener solución. En
otros países, esto no es nada. En Francia ponían fuertes militares para
guardar 4 o 5 kilómetros de fotos y documentos".
Documentos en poder de Brecha revelan detalles del espionaje desplegado por la inteligencia militar en democracia contra políticos y sindicatos. Sus métodos, los objetivos, el reclutamiento de agentes, el dinero invertido y las presiones para obligar a personas a colaborar con lo que llamaban “la agencia”.
Militares por Ombú.
Por razones que pueden ser entendibles, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dio argumentos deliberadamente confusos en las explicaciones que ofreció a una comisión del Senado sobre el contenido del llamado "archivo paralelo de inteligencia", que fue incautado en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni.
Y es entendible porque una eventual comisión investigadora parlamentaria –cuya instalación está a consideración de la bancada de diputados del Frente Amplio– podría revelar hasta dónde la secular autonomía militar está fuera del control civil.
Sea como sea, el ministro afirmó que el coronel retirado "no tenía nada que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, como tampoco el archivo que se encontró en su casa luego de su fallecimiento.
Tenemos la certeza de que no existen archivos de inteligencia". Tal explicación induce a pensar que el coronel Castiglioni elaboró los documentos incautados después que pasó a situación de retiro.
También el ministro afirmó: "Hace tiempo, no sólo en este gobierno, también en los anteriores, que Defensa no realiza inteligencia con personas u organismos".
Las dos afirmaciones son temerarias: los documentos en poder de Castiglioni son fotocopias de originales producidos en reparticiones de la inteligencia militar; son, por tanto, documentos oficiales que están archivados, y esos documentos se refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración de agentes en partidos políticos, sindicatos y empresas del Estado, en operativos realizados en democracia que abarcan a todos los períodos de gobierno.
Estas afirmaciones están sustentadas en la documentación que está en poder de Brecha y cuyo análisis arroja conclusiones sorprendentes sobre los criterios aplicados, las estrategias de espionaje, los "objetivos" priorizados, los métodos de reclutamiento de informantes, la infraestructura y recursos humanos aplicados al espionaje, y hasta la contabilidad de los "sueldos" que se pagaban a los soplones.
En sucesivas publicaciones, Brecha brindará detalles del espionaje a que fueron sometidos los "objetivos" de la inteligencia militar, por un criterio de transparencia, y porque los espiados tienen derecho a manejar la información que permita identificar a los espías, que en todos los casos eran miembros de las organizaciones espiadas. Tienen, también, el derecho de reclamar al gobierno el acceso a esa información.
"LA AGENCIA."
Durante el período en que las actividades de inteligencia militar funcionaron en la órbita de la Dirección Nacional de Información de Defensa (sucesora del Servicio de Información de Defensa y antecesora de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado), el Departamento III gustaba llamarse a sí mismo como "la agencia", en un remake local de la famosa Cia, precisamente porque contaba con un verdadero ejército de espías.
Así, en los formularios donde se transcriben los informes, se consignan los detalles, se adosan comentarios y se estampan directivas, los responsables suelen escribir: "A la agencia no le sirve la información aportada", o: "Parece que el agente quiere desvincularse de la agencia".
Por lo que se desprende de los documentos, el Departamento III (que podría ser de contrainteligencia) mantenía una estricta compartimentación y un sistema de claves: el agente era designado con un número, pero en la transcripción de las entrevistas en ocasiones se lo identificaba con un seudónimo, "Salvador", "Martín", etcétera.
Cada agente tenía un "manipulador", un militar de inteligencia, presuntamente oficial, también identificado con un seudónimo ("Mauro", "Solari", "Diego"), cuyo responsable monitoreaba las entrevistas que se realizaban frecuentemente en las calles y ocasionalmente en la "base" y la "base II", aunque no hay referencias de su ubicación.
El formulario tiene casilleros para la ubicación y fecha del encuentro, la hora y la duración; ocasionalmente, además del número del agente y el seudónimo del manipulador, se consigna el nombre femenino de quien realizaba la transcripción de las conversaciones grabadas.
Se identifica el vehículo utilizado y, cuando es propiedad del informante, el gasto de nafta; también el consumo cuando el encuentro es en un bar.
En cada encuentro se establecía el próximo contacto, pero en ocasiones el infiltrado recibía una llamada telefónica convocándolo para una reunión. Hay una cierta rutina en la elección de los lugares de encuentro, que sugiere la zona donde vive o trabaja el agente.
Pese a los rigurosos criterios de compartimentación, en muchos casos el registro de la relación entre agente y manipula
dor dejaba al descubierto pistas para la identificación del espía. Así ocurría con un "agente" que sacaba información de la Corte Electoral en el período de verificación de firmas para el plebiscito, atendiendo a los pedidos sobre nombres y direcciones; en la transcripción de los informes se indican los horarios y la extensión telefónica para contactarlo.
Un fotógrafo que durante dos años espió los movimientos, escuchó conversaciones en Mate Amargo, el quincenario del Mln, y entregó fotografías de actos y manifestaciones ("que no saque panorámicas", indicó a mano el supervisor), aportó tanta información sobre personas, colegas y actividades, que su identificación sería tarea fácil.
O el caso de un manipulador que pretendió retomar el contacto con una joven, llamándola a su casa por teléfono, sin ubicarla; insistió tanto que el padre de la joven llamó a uno de los teléfonos de la "agencia", advirtiendo que no molestaran más a su hija.
El manipulador pudo confirmar después que el padre obtuvo el número buscando en la agenda de su hija.
Un informante del Partido Colorado dio tantas referencias personales para explicar por qué había abandonado el contacto, que su identidad real no sería un problema. Una "fuente" consignó la razón de haber accedido a cierta información: "Yo soy mozo del bar Roma".
El agente que trabajaba para la "agencia" en la Intendencia obtuvo planos de casas y edificios de apartamentos, lo que sugiere no solamente vigilancia sino también allanamiento oculto, como le ocurrió al ministro del Interior del primer gobierno frenteamplista.
La "agencia" procuraba que el agente no sólo obtuviera información o documentos a su alcance; también pretendía que se involucrara en actividades de seguimiento y de relevamiento.
El agente 17-G realizó un relevamiento en la finca de San Nicolás 1408 para establecer si allí residían personas llegadas desde Argentina.
"Intervinieron la fuente y la señora."
El mismo agente 17-G relevó el fondo, el garage y la planta baja de la finca de Pilcomayo 4776. Se establecieron los nombres de los que vivían allí y la inspección ocular de libros de izquierda, fotos del Che Guevara, balconera del voto verde y bandera del Frente Amplio.
No se especificó qué "cobertura" utilizaron los agentes; en cambio, la inspección en una farmacia del Cerro y los apartamentos del edificio pudo ser efectuada haciéndose pasar los "agentes" como empleados de Ose.
Del otro lado, los nombres de los funcionarios de inteligencia y de los militares que cumplían trabajos de campo como manipuladores están muy resguardados.
En la documentación a la que accedió Brecha, sólo aparece un nombre (con visos de ser el real) en unos "partes de informe" del jefe del Departamento III, capitán Robert Terra, sobre "Mln-T", sobre "Evaluación situación actual del Pcu", sobre "Relevo de Rodney Arismendi".
LOS MÉTODOS DE LA AGENCIA.
Los documentos permiten establecer los métodos de relacionamiento con los "agentes". En general establecen vínculos que fomentan la confianza y son permisivos con las "faltas" del informante cuando no concurre a un contacto o cuando da excusas para explicar por qué no obtuvo determinado documento, sea éste el nombre del propietario de un vehículo que otro agente ubicó en las cercanías de un zonal del Partido Comunista o de un cantón del Mln, el texto de una comunicación interna en Aute, o la veracidad de las informaciones brindadas por un espía de la Alianza Nacional, un grupo de extrema derecha con vínculos entre los partidarios de Aldo Rico y la derecha peronista en Argentina.
Los manipuladores también están dispuestos a resolver, en alguna medida, los problemas económicos de los informantes, pero en todos los casos la entrega de dinero –se indica expresamente– es a cambio de resultados.
Los "sueldos" que aportan, y que quedan estampados en los formularios, varían según la intensidad de la actividad o la calidad de la información: en un encuentro se entregan 3 mil pesos (a moneda corriente de 1987), en otro se pagan 10 mil pesos, y a un informante se le pide un estimativo de cuánto necesita para vivir y a la vez realizar las tareas, ¿70 mil, 90 mil pesos?
Al agente 35, por ejemplo, se le pagaron 10 mil pesos en enero de 1987 por la información que trasmitió sobre las reuniones del Secretariado del Pit-Cnt.
Por lo general, el manipulador no expresa al espía las críticas que internamente se hacen a la calidad de la información; simplemente se insiste en concretar determinadas tareas y muy a menudo se consigna, en los diálogos, que se debe tener cuidado, que el espía no debe arriesgarse a ser detectado.
Pero esa condescendencia en ocasiones da paso a verdaderas amenazas y duras críticas que descubren la real naturaleza del vínculo. Un encuentro entre manipulador e informante fue particularmente violento cuando el primero vio accidentalmente en la calle al espía, quien había faltado a un contacto porque "tuve que trabajar". "Guillermo te quiere pegar un tiro", amenazó el manipulador.
La "agencia" no descarta ningún reclutamiento, ni siquiera cuando el manipulador descubre que el informante en realidad es un delincuente que vende autos robados. Los documentos revelan el interés del manipulador por definir la personalidad de los "objetivos" que son espiados por su agente; cuando el objetivo está en un puesto clave, de donde se podría obtener directamente la información, el manipulador pregunta sobre el estilo de vida, sobre la existencia de amantes y sobre el volumen de deudas; aunque no se dice, se buscan elementos para un nuevo reclutamiento.
Así, el agente 20-G, que en agosto de 1989 vivía pegado al domicilio del objetivo, se pasaba el día y la noche en la ventana, consignando todos los movimientos de un militante del Partido Comunista. En uno de los formularios, su manipulador, "Diego", consignaba: "Se continuaron las averiguaciones relacionadas a la posible amante de (…). La Nnf se llama Margarita y se la conoce en el barrio como la flaca Margarita".
En los partes del agente 07, que informaba sobre Mate Amargo, el Mro y el Mpp, el manipulador le preguntaba por un periodista y sus acuciantes problemas de dinero; el agente era escéptico sobre el reclutamiento.
LOS FOCOS DE INTERÉS.
La "agencia" no tenía límites a la hora de presionar. Quien en los documentos aparece como "agente 06-E" era en realidad el esposo de una integrante del Comité Central del Partido Comunista que, como se consigna, "se muestra por el momento esquivo a colaborar", pese a que accedió a mantener contactos en la calle, en abril de 1989.
El supervisor "Guillermo" y el manipulador "Diego" concluyen que los argumentos brindados por la fuente "son una estratagema para que se le corte la vigilancia y seguimiento a que está sometido". El cerco era implacable: el agente no concurrió a un encuentro en Propios y Joanicó, por lo que "se concurrió a la casa y se detectó su vehículo estacionado en la cochera. Se realizó una llamada telefónica a su casa y atendió una Nnf (posible esposa)".
El manipulador consignó que "la fuente está evitando a toda costa ser enganchado", deduce que "no ha realizado ninguna comunicación al Pcu sobre su abordaje", y en el formulario explicó las posibles razones: "Podría ser por miedo a represalias o porque en su pasado hay algo turbio".
El episodio revela el profundo interés en ubicar una fuente cercana al Comité Central. El Pcu era uno de los objetivos prioritarios de la inteligencia militar a la par del Mln, el Mpp, el Pit-Cnt, y el Partido Nacional, al menos a lo largo del proceso sobre la ley de caducidad y su derogación mediante referéndum.
Pero el grueso del espionaje se enfocaba en las organizaciones de izquierda y en los sindicatos, donde los agentes se preocupaban de establecer la filiación política de los dirigentes y de todos los militantes que aparecían en las listas. Muchos de los informantes espiaban en círculos de base de las organizaciones políticas, pero tenían una gran capacidad para hacer hablar a los responsables de un grupo o a aquellos que tenían contacto con las direcciones.
Queda claro que la inteligencia militar espiaba a personas y organizaciones, en democracia.
Lo que no está claro, y una comisión investigadora podría descubrir, es el para qué, con qué finalidad se espiaba y qué líneas de acción, política o represiva, se generaban a partir de la información obtenida, que costaba tanto trabajo y tanto dinero.
Dicen que son víctimas de perversidades y rencores, despreciados por la sociedad.
Fuerte rechazo a reforma de privilegios en la caja militar >>> V Encuentro Nacional de Retirados Militares
Cnel. (R) Ruben Hartmann: "Por ahora comenzamos a volver"
Martes 27 • Septiembre • 2016
Militares retirados recurrirán a la Justicia si se concreta un nuevo impuesto a sus jubilaciones
“¡Firmes y dignos! ¡Siempre firmes y dignos!”, exclamó el
coronel retirado Hebert Fígoli en la explanada de la Piedra Alta, en
Florida, ante más de 1.000 personas que se reunieron en el quinto
encuentro nacional de retirados militares. La exhortación parafraseaba
el lema del propio encuentro, cuya recepción tuvo discursos poblados de
enfáticos enunciados, enérgicas menciones a la patria, mayestáticas
referencias a José Gervasio Artigas, y algunos apuntes sobre lo perenne
de la actividad militar “más allá de nuestra situación de revista”.
También sirvió para enviar un saludo a “los camaradas retirados que, por
el fatalismo agrio de mezquinas circunstancias en que les tocó servir,
hoy se encuentran privados de su libertad”, tal como lo hizo el coronel
Ruben Hartmann, uno de los anfitriones. Hartmann, que con ese saludo,
dijo, buscaba “cierto paralelismo” con un acto de desprendimiento que
Artigas tuvo para con los “orientales prisioneros en la isla de Cobras,
en Río de Janeiro”, cerró su discurso con un misterioso agregado:
“Muchas gracias y, por ahora, empezamos a volver”. En voz alta
Aunque oficialmente el encuentro se produjo para reunir a retirados
militares “sin distinción de fuerzas, jerarquías ni generaciones” y para
homenajear a Artigas en el mes de “su paso a la inmortalidad”, en los
hechos, el discurso central -el de Fígoli- se enfocó en la eventual
reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
(FFAA), “la una y mil veces mal llamada Caja Militar”. El énfasis fue
puesto sobre la eventualidad de un nuevo impuesto a los retiros y
pensiones, que sería progresivo y con un mínimo imponible cercano a los
30.000 pesos.
Fígoli explicó que él “lidera” un equipo de retirados de las Fuerzas
Armadas, conformado “en acuerdo con el comandante en jefe del Ejército
para el análisis de la seguridad social militar”. El equipo, que “ha
mantenido fluida comunicación con el jefe del Estado Mayor de Defensa y
los comandantes en jefe de las tres fuerzas, enterándolos de lo
actuado”, entiende que la cristalización de la que “eufemísticamente,
como nos tienen acostumbrados, llamarían prestación pecuniaria coactiva
de asistencia al servicio de retiros y pensiones de las FFAA”
significaría “un doble impuesto, de carácter confiscatorio, ya que en
algunos casos puede significar 50% del haber de retiro o pensión”.
“Nuestros asesores jurídicos nos han explicado que viola el principio de
igualdad contemplado en la Constitución de la República. Afecta
claramente derechos adquiridos y resulta discriminatorio, ya que el
servicio de retiros no es el único sistema que recibe asistencia
financiera del Estado. Que quede claro lo que digo: recibe asistencia
financiera, pero el servicio de retiros no es deficitario, como algunos
insistentemente expresan. ¿Por qué sólo a nosotros nos quieren poner un
doble impuesto, si todo el sistema de seguridad social tiene asistencia
financiera del Estado?”.
Fígoli convocó a los retirados militares a “defender sus justos,
legítimos y merecidos derechos”, a que “sean voceros en cada barrio o
localidad”, y “rectifiquen conceptos erróneos que maliciosamente se
tratan de imponer. No es momento de quedarnos callados”. “En forma clara
y contundente, unidos nos haremos escuchar. ¡Firmes y dignos! ¡Siempre
firmes y dignos!”. Aseguró además que “si los futuros cambios se
orientan a contar con fuerzas armadas altamente entrenadas, equipadas y
con dignas remuneraciones, bienvenido sea. Pero si los futuros cambios
pretenden erosionar nuestras fuerzas armadas y dañar nuestros derechos,
no permaneceremos impasibles”.
Luego dijo a los medios locales que, “en caso de que este nuevo
impuesto se materialice”, los retirados realizarán “jurídicamente todas
las acciones que corresponda desde el punto de vista de nuestra
responsabilidad, de nuestros derechos y nuestra cultura cívica”,
acudiendo a la Suprema Corte de Justicia, por entender que sería un
impuesto inconstitucional. Las diferencias
“Eso es para estudiarlo profundamente”, dijo Fígoli ante la consulta de la diaria sobre los montos que perciben los altos mandos retirados. Según publicó Brecha
en junio de este año, “cientos de coroneles del Ejército y la Fuerza
Aérea y capitanes de navío de la Armada cobran alrededor de 100.000
pesos de jubilación desde su retiro antes de los 55 años de edad”, y sin
estar obligados “a cumplir un mínimo de 30 años de aportes ni tener 60
años de edad para retirarse: con 20 años de servicio pueden jubilarse y
continuar trabajando en la actividad privada. Al jubilarse, la gran
mayoría pasa a cobrar según el grado inmediato superior y el 100% del
sueldo correspondiente”.
Según Fígoli, “cuando se habla de ese desfasaje [de esas jubilaciones
militares frente a las demás] los invitaría a que vean lo que son no
sólo las jubilaciones civiles, sino también los salarios de quienes
están en actividad en organismos públicos, respecto de las Fuerzas
Armadas. La base fundamental de nuestros activos, más del 80%, no llega a
cobrar más de 15.000 pesos”. “Cuando se dice que altas jerarquías
tienen haberes de retiro que son altos, tenemos que llevarlo a nuestra
realidad, y es que hemos aportado religiosamente durante 40 o 45 años
nuestro montepío”. Política e ideológica
Según el equipo de trabajo de los retirados por el Impuesto de
Asistencia a la Seguridad Social, los militares “apoyamos a las finanzas
del Banco de Previsión Social” con 28 millones de dólares anuales.
“Hace nueve años que estamos pagando con dinero de nuestros propios
retiros”, dijo. En el entendido de que “el servicio de retiros no es el
único sistema que recibe asistencia”, y de que la creación del nuevo
impuesto no reduciría esa asistencia mucho más allá de 10%, no se trata
“de una medida financiera sino de una medida netamente política y de
alto contenido ideológico”. Esto último, enfatizó, lo entiende así “el
equipo de trabajo y es de aceptación por parte de nuestros camaradas”.
Debe haber muchas formas de contar la historia
de Bella Unión. Se podría describir a un pueblo tozudo que lucha por lo
único que ha sabido darle de comer, a una ciudad subyugada por el
autoritarismo de un cultivo ingrato, o hablar del espíritu
revolucionario de sus trabajadores, que tienen capítulos guardados en
los libros de historia de Uruguay. Se puede hablar de fracasos. Muchos
fracasos. Pero hay algo que no se puede dejar de lado, por más que los
artiguenses del extremo norte lo hayan intentado. Y eso es la caña de
azúcar.
Los supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas de
ropa, panaderías y free shops que se distribuyen en las 25 cuadras que
tiene de largo Bella Unión giran en torno a la caña. La caña atraviesa
todo en esta pequeña ciudad. Es la bonanza y la crisis, la comida de los
trabajadores y las ganancias de los productores. Se esparce alrededor
de los caminos, entre el verde del cultivo y el amarillento de la
cosecha, y se ve en las manos negras de los cañeros. Está en las bolsas
de azúcar que consume medio país y en el combustible que hace andar los
autos. Para los 15.000 habitantes de Bella Unión, el motor es la caña.
Y cada tanto, como en la última polémica que los tuvo
por protagonistas, les tiembla el piso. La estructura que sostiene a la
única ciudad de Uruguay que vive de la caña amenaza con caerse y es en
esos días cuando los bellaunionenses desempolvan su espíritu combativo.
Los peludos.
Al curtido líder del sindicato con uno de los trabajos
más duros y sufridos del país se le cae una lágrima. En las afueras de
la ciudad, donde las cañas arden entre mayo y octubre y los machetazos
cortan el aire bajo el sol del mediodía y el rocío de la noche, Sergio
Pintado llora.
Se presenta como "un peludo". Lleva la boina hacia el
costado, una camisa azul y el gesto serio. Ya es mediodía y el
secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas
(UTAA) termina la jornada. Se va sin sacarse la protección de la canilla
izquierda, tal vez por miedo a las cruceras, que ya lo dejaron un mes
inconsciente con solo una mordida, o tal vez por cansancio. —¿Qué era ser peludo antes y qué significa ahora?
—Yo le tengo mucho respeto al peludo de hoy, al de ayer y al de siempre. El peludo —suspira—. Pa, el de antes era otra historia.
—¿Qué es ser un peludo?
—Ser peludo es sacrificado —dice,y la respuesta le queda atragantada.
La mezcla de melaza y hollín de los campos quemados
cubre el cuerpo de los cortadores sin excepción. Según cuentan los que
la sufren, esta combinación deja la ropa tan dura que una vez seca
alcanza con un movimiento brusco para rasgarla.
Pintado recorre la senda de tierra que divide los
tablones, espacios construidos por líneas de caña paralelas con caminos a
los costados, en los que trabajó toda la mañana. Al lado, la
coreografía veloz de los cortadores más jóvenes —y arriesgados que se
exponen al sol del mediodía— repite el mismo ritmo. Corte, polvareda,
golpe de la caña contra el piso. Corte, polvareda, golpe. Cada tanto se
adivinan sus pasos en el crujir de la caña desparramada.
La lucha de los cañeros de hoy, cuenta Pintado, está
en la raíz de la fundación de UTAA y en la ideología de los que la
crearon en 1961. Entre ellos, el proyecto del líder sindical y más tarde
guerrillero, Raúl Sendic. "Era más amplio. Era hacer cooperativas
sociales y que la ganancia quedara en el peludo, que la sufre", dice
Pintado.
Los peludos quieren una reforma agraria que les
permita salir de la zafralidad. Trabajar cinco meses y sobrevivir 12 no
es negocio ni vida y muchos tienen que salir a cazar mulitas o incluso
robar para sobrevivir, cuenta Pintado.
El último eslabón de la cadena quiere ser el
primero. Y es ocupando tierras del Estado y a través de negociaciones
con el gobierno que han conseguido varias hectáreas en las que hoy
funcionan diferentes proyectos. Hay chacras con quintas, chancherías y
cría de aves donde hoy trabajan y cultivan cañeros entre los que hay
madres solteras con hijos. Porque también hay mujeres cañeras.
María Julia França tiene 36 años y empezó a trabajar
a los 15, cuando tuvo a su primera hija y le pagaban seis pesos por
hora. Ahora tiene tres y cobra más en su rol de fiscalizadora. Su tarea
es comprobar que no haya incumplimientos en seguridad y derechos de los
trabajadores. Sin embargo, cuenta que es la única mujer trabajadora de
Alcoholes del Uruguay (ALUR) que no está contratada directamente en la
plantilla. Si mañana la despiden, dice, se va solo con la liquidación.
Papa, cebolla, morrón, tomate, zanahoria, boniato,
chaucha, frutilla y caña: França pasó por todos. Ha abonado, echado
herbicida, cosechado, sembrado e incluso tiene libreta de maquinaria
agrícola, pero no le han dado oportunidades, dice, porque el campo se
entiende como "lugar de hombres". Dice también que para la mujer es
difícil competir en fuerza y que eso lleva a resistir más de lo que el
cuerpo da para rendir lo mismo. En estos años supo de abusos,
injusticias y de violencia. Lo cuenta y su labio inferior empieza a
temblar.
—Al principio hubo muchos abusos. Yo los vi y los
pasé. De parte de capataces, de patrones. Años atrás era más brava la
cosa. De a poco los tiempos van cambiando. Yo era una gurisa, también.
Hoy tenemos más coraje.
—¿Qué pasaba?
—Chantajes. Llamás la atención. Si hacés tal cosa te aumento las horas, si estás te pongo más metros.
—¿Si estás...?
—Sexual. Ahí es donde va el valor que tengas de
decir que no. Y después te castigan con los peores trabajos. ¿Sabés lo
que es estar carpiendo al sol al mediodía? Yo siempre fui muy porfiada,
me aguantaba los lugares a los que me mandaban. Cuando ven que no hay
como doblegarte te empiezan a respetar.
—¿Y cuando el cuerpo dice que ya está?
—Te tomás unas cuantas pastillas. Perifar 600, Actron y cuando estás en los días, doble pastilla.
Lo que le dejaron los años de campo es un desgarro
en un músculo, cerca de la columna, que se tiene que operar. La cirugía
implica recuperación y eso significa dejar de trabajar y es un lujo que
no se puede dar. Mucho menos tomarse tiempo para cuidar a sus hijos o
acompañarlos cuando se enferman, un reclamo que las mayores le hacen con
frecuencia. Los hijos chicos de França ya saben prepararse el café
desde los tres años.
Los salpicados.
En la sede de la Asociación de Plantadores de Caña
de Azúcar Norte Uruguayo (Apcanu) hay un mapa de Bella Unión en el que
no hay calles ni comercios marcados. La tierra está fraccionada por
colores, cada uno con el nombre de su propietario. Los cinco
representantes de este gremio, conformado hace más de medio siglo,
discuten, levantan la mano para hablar y se ríen de su propio ímpetu
pasional. Negocian sobre fechas o la cantidad de productores que hay en
Bella Unión y finalmente, con calculadora en mano, se ponen de acuerdo:
son 250.
Este año fue difícil. Si bien creen que el cambio
climático ha favorecido el cultivo de la caña al norte del país, aclaran
que este año no escapó a los problemas que ha tenido el agro. También
creen que el sector tuvo los suyos propios y, a su juicio, todos tienen
que ver con la gestión de ALUR.
"En 2008 ALUR incentivaba a que se plantara caña, a
que hubiera pequeños productores", dice Juan Ignacio Ferreira,
secretario de Apcanu. Sin embargo, desde que en 2012 se aplicaron una
serie de cambios en la forma de producción, los que salen beneficiados
según este gremio son los más grandes.
"Antes, los chicos tenían la posibilidad de ir
cortando su caña. Si tenía 15 hectáreas, iba con tres obreros y me
cargaba yo mismo mi propia caña. A mano o con grapo, zorra y tractor.
Esa era la cosecha artesanal", explica Ricardo Ferreira, vocal del
gremio. "Al tercerizarla, ahora viene un grupo con 40 o 50 obreros
(contratados por ALUR, cortan todo de golpe y ahí la caña pasa 15 o 10
días sin que la lleven y tiene una pérdida enorme de rendimiento. Los
grandes productores tienen su propio camión y grapo y se defienden de
otra forma". Con lo que el productor chico se ahorraba de flete y de
carga, tenía ganancia.
Los productores advierten que "en Bella Unión no hay
ricos". ALUR es para la ciudad un proyecto social. Su quiebra o cierre
podría ser fatal. Así lo describe el productor Luis Raymon: "No hay
vuelta, si el día de mañana nos falta la caña no podemos decir que vamos
a desaparecer pero que muchos vamos a tener que irnos de Bella Unión,
sí, es verdad". Esto sin mencionar a los más de 1.400 cortadores de
caña, trabajadores de planta, transportistas y una larga cadena de
personas que dependen de la caña.
Para proyecto social, ALUR tiene una falla
inexcusable: algunos de sus trabajadores apenas llegan a cobrar $ 12.000
por mes y un gerente superó los $ 300.000. Ahí es donde las estructuras
de Bella Unión volvieron a temblar.
Los productores sienten que los escándalos de la
estatal los salpican a pesar de que no tienen vínculo con las decisiones
que se toman desde la capital o las oficinas. Si bien para ellos ALUR
fue una salvación en un momento donde las opciones eran fundirse o
cerrar la producción y lo agradecen y defienden con uñas y dientes,
tienen muchas críticas para hacerle a la empresa estatal. Creen que se
mete en sus campos y los deja atados a sus tiempos y criterios, que
consideran mal gestionados. Quieren recuperar parte del control que
tenían antes de que se creara ALUR, convertida en estatal en 2006.
Porque a pesar de que en manos de productores ya se han fundido, ellos
creen que pueden hacerlo mejor.
Si hay una promesa que todos en Bella Unión conocen,
es la que hizo el presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato.
Aseguró que se iba a llegar a las 12 mil hectáreas cultivadas. Hoy,
según cálculos de los productores, están en 7.400.
Más hectáreas es más trabajo. Menos hectáreas
significan más productores cubriendo la zafra y, como consecuencia, una
zafra más corta.
El presidente de Apcanu, Samir Mustafa, es el único
silencioso del grupo, pero interviene, tajante, para resaltar un punto:
"Hoy no podemos crecer ni una hectárea mas". Mustafa es uno de los
productores con más cantidad de hectáreas en su propiedad. Según
explica, desde ALUR responden que la producción de la planta está a tope
y que no hay capacidad para más. "Pensamos que se puede, porque en otro
momento hubo 10 mil hectáreas. Hoy no llegamos a las 8.500 que teníamos
hace tres años".
Patrones y empleados.
Pintado se toma una pausa para recuperarse del
sobresalto. Mira al horizonte por unos minutos en silencio y cuando
puede recuperar la voz enumera a los compañeros torturados en dictadura,
la desnutrición, el hambre y la pobreza de la crisis del 2002.
—Los cañeros de antes. Ellos eran líderes y pasaron a
ser rehenes. Esos viejos no se comen ninguna. Eran revolucionarios, muy
diferentes a lo que puede ver uno en una película. Eran revolucionarios
del pueblo, de salir, meterse en una estancia y tener que hacer un
destrozo para darle de comer a la gente. Eso eran ellos. Son personas
justas, que pelearon por el obrero. Lo que tenemos ganado hoy en los
salarios con los convenios ha sido lucha del sindicato, pero costó
muchísimo.
Un trabajador destajista que se esfuerce puede
llegar a ganar unos 19 mil pesos por mes. Eso, soportando el hollín de
la caña quemada que se le mete en los pulmones, el calor, la piel
curtida por el sol, el peligro de las cruceras y yararás que habitan los
campos y la espalda rota. Un trabajador que empiece de adolescente
fácilmente verá las secuelas del trabajo para los 30, dice Pintado.
—Es un trabajo insalubre. ¿Qué más se tiene que
demostrar para que se logre entender eso? Acá inhalás productos tóxicos.
Porque esto no es natural, esto está inyectado hasta las manijas.
La salud laboral es uno de los reclamos más fuertes del sindicato para el próximo convenio. Otra de las luchas.
—¿Y qué es ser un peludo, entonces?
—Primero que nada, para nosotros el peludo es el
respeto. Hoy tenemos veteranos que no se han podido jubilar y siguen
cortando con 65 años. Si bien podrá ser un trabajo de mierda, bastante
feo, para nosotros es un orgullo ser peludos. Porque nos ganamos la
plata honradamente. Parte de ahí, de la honra. El peludo es trabajador.
A Ruben Ariel Machado Gamarra le dicen Quique. Es
dueño de su propio campo, pero no siempre fue así. Lo que tiene lo
consiguió con lo que llama la "lucha pacífica" por su "pedazo de
tierra". Las negociaciones con Ancap, el Instituto de Colonización, el
Ministerio de Ganadería y otras instituciones llevaron más de dos años
pero dieron frutos. Hoy son tres los excañeros que controlan un total de
44 hectáreas.
No es fácil pasar de asalariado a productor, pero
Machado recibe asesoramiento de técnicos de ALUR, a los que describe
como "buenísimos", y tuvo ayuda de trabajadores sociales del Ministerio
de Desarrollo. "Nosotros cuidamos lo que tenemos porque nos costó",
dice. Llegó a hacer hasta 10 viajes por año con otra decena de
integrantes de UTAA para negociar. "Imaginate salir un lunes y volver un
viernes de Montevideo, dormir en carpa o en el cordón. Como indigentes,
pero a la vez no éramos indigentes".
Machado estuvo de los dos lados del mostrador. Fue
peludo y es patrón. El problema, cree, está en la gerencia. "ALUR es una
industria. Los cañeros somos nosotros. Nos vino a sacar el lugar, a
decirnos cómo se planta. Nosotros nacimos acá, en el medio de las
cañas". En eso coinciden peludos, patrones y los que están en el medio.
Ni en manos del Estado ni en manos de los productores el negocio ha
prosperado en las últimas décadas. Pero cuando los campos corren riesgo y
la caña amenaza con desaparecer, las distancias se desdibujan, las
diferencias partidarias se borran por un tiempo y los que hablan son
bellaunionenses, todos defendiendo lo que les tocó.
El cañero que fue amigo de Raúl "el Bebe" Sendic.
Era 2003. Había pobreza, crisis, hambre y niños que
morían de desnutrición. Quedaban unas pocas miles de hectáreas
cultivadas con caña de azúcar en Bella Unión y sus dueños eran
considerados "los heroicos". Gente sin trabajo, protestas, inestabilidad
y un sindicato debatiendo sobre qué hacer.
"Va a venir cualquier loco y se va a meter al frente
de una gran movilización acá y yo no quiero chupar rueda", recuerda
haber dicho Walter González, conocido en Bella Unión como Cholo. A los
74 años ya no es cortador de caña, pero fue uno de los tantos
trabajadores que participaron de la génesis de la Unión de Trabajadores
Azucareros de Artigas (UTAA), en 1961.
Y en 2003, cuando el proyecto productivo parecía
venirse abajo, Cholo buscó alianzas donde pudo para intervenir en las
decisiones del sindicato. Cholo creía que los trabajadores tenían que
movilizarse, "ponerse la camiseta". Pero en el sindicato la discusión
ardía y "no llegaba a ninguna parte".
Con picardía, y con su esposa María Elena Curbelo
ayudándolo a recordar, Cholo reconstruye cómo tres personas lograron
movilizar a toda Bella Unión. Dice que en la asamblea nadie escuchaba su
propuesta y por eso decidió llamar a un productor conocido, de la zona,
férreo defensor de la caña de azúcar, Yaneco Soria.
Después de discutirlo, el productor, el peludo y su
esposa decidieron que iban a convocar a un caceroleo con apagón a las
nueve de la noche. Con un parlante arriba de la camioneta de Yaneco,
salieron a recorrer las calles de la ciudad. "No era como ahora, que ves
las camionetas que tienen. Antes el Yaneco Soria tenía una brasileña, a
diesel porque era más barato. Echaba humo por todos lados y no la podía
terminar de pagar", dice. Pero a la hora de preparar el aviso quedaba
una interrogante por resolver. ¿Quién convocaba? Lo resolvieron fácil.
"Productores (era él), trabajadores (era yo) y amas de casa (María
Elena)", explica Cholo.
"¿Y vos podés creer que hubo un apagón? ¡Apagó todo
el mundo!", narra Cholo, cada vez más entusiasmado por evocar la
memoria. Pero la movilización no quedó ahí. Cholo cuenta que la gente
salió a la calle y el resultado fue que se terminara la asamblea y
salieran todos a la calle a protestar.
"Estaban las condiciones, lo único que hicimos fue prender la mechita", aclara María Elena.
Esta historia, que pasa casi como una anécdota,
resume el espíritu de Bella Unión. "Cuando la cosa es general, ahí
estamos todos juntos", dice Cholo, que enseguida matiza: "Pero hasta por
ahí".
El cañero de Bella Unión —así lo bautizó la
periodista María Esther Gilio en el libro que escribió sobre su
historia— tiene muy claros sus orígenes. "Era un paisanito que empezaba a
cortar caña, tenía hasta tercer año de escuela", se describe allí.
Hasta que conoció a uno de los actores claves para el movimiento de los cañeros, el líder sindicalista Raúl Sendic.
"Lo conocí a él y me abrió los ojos". Cholo dice que
lo ayudó a ver los problemas que vivían los trabajadores, que no eran
pocos. "Por lo menos salí de la ignorancia que vivía en el pueblito y
pasé a ser una persona solidaria, un luchador".
A principios de los años 60 el sistema bajo el que
trabajaban los cañeros era casi feudal. Cholo cuenta que las familias
vivían en pequeñas casas de paja. "Acá había una empresa norteamericana
que era Cainsa y otra cooperativa de productores, Calpica. Tenían
cantina en su propio establecimiento y los productores trabajaban pero
les pagaban con bonos canjeables solo en la cantina del patrón".
Cholo participó de las marchas sindicales de la
década de 1960 y llegó al año 1968, el "de la desilusión", con la idea
de que la vía democrática no iba a solucionar la situación. Así fue que
se unió al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y estuvo preso en dos
ocasiones. La primera terminó rápido, con la fuga de la cárcel de Punta
Carretas, y la segunda le costó una década de su vida. Hoy, Cholo
aclara que no es jubilado. Cobra lo que le corresponde como reparación
por los años de cárcel.
Aunque retirado del trabajo, nunca está al margen y
considera que la creación de ALUR fue la salvación de Bella Unión pero
que debería haber incluido a productores y trabajadores en la toma de
decisiones. Si bien reconoce que la situación de ahora es mejor que
antes para los peludos, hay algo de lo que no escapan, y es la
zafralidad. "Cuando trabajan en la caña tienen su cable, su televisión y
su autito. Termina la zafra y empiezan a vender todo para comer".
La coordinación del Movimiento Estudiantil, en la que
participan la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
(FEUU), los gremios de las carreras del Consejo de Formación en
Educación y varios gremios de secundaria, organizaron ayer una marcha
desde el liceo Bauzá hasta la sede del Consejo Directivo Central
(Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, con dos
reivindicaciones: en contra de la criminalización de la protesta, al
haberse cumplido un año del desalojo del Codicen, y en contra del
recorte al presupuesto para la educación.
Durante la oratoria, los estudiantes recordaron lo que ocurrió el 22
de setiembre de 2015, cuando se aplicó “una medida autoritaria que no
había sido implantada desde el pachecato”, en relación al desalojo de la
ocupación en el local del Codicen por parte de gremios estudiantiles.
Diego Almada, integrante del Centro de Estudiantes del IPA, añadió, en
diálogo con la diaria, que se reclama el “desprocesamiento de
los compañeros que fueron procesados” y “que se detenga, por parte de la
Policía, el hostigamiento y persecución a militantes”.
También manifestó que “se complica cada vez más la promesa del 6%”
del Producto Interno Bruto para la educación, y los estudiantes
expresaron su preocupación por el Hospital de Clínicas, ya que “podría
estar peligrando su funcionamiento a corto plazo”.
En el doble fondo de una caja de herramientas, la familia de Jorge Julio
López encontró unos treinta escritos de su puño en los que relató y
denunció las torturas que sufrió en el Pozo de Arana, su paso por la
comisaría 5ta. de La Plata, sus impresiones como testigo en el juicio
contra Miguel Etchecolatz y hasta algunas reflexiones sobre la
militancia por los derechos humanos. Ahora forman parte de una muestra
que se exhibe en La Plata en el marco del décimo aniversario de su
segunda desaparición.
>>> Testimonio de Jorge Julio López antes de desaparecer
Jorge Julio López (General Villegas, Buenos Aires, Argentina, 1929 --
Desaparecido en 2006), albañil argentino y ex militante de base de una
unidad básica peronista barrial, y desde 1985 afiliado al Partido
Socialista de La Plata; desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio
de 1979 durante la última dictadura argentina (llamada por los militares
Proceso de Reorganización Nacional) y por segunda vez en septiembre de
2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Transcurridos varios
años de su última desaparición, no existen hipótesis sobre su paradero.
Esos manuscritos ahora son partes de una muestra bautizada “Los demonios sin cuernos” del artista conceptual Jorge Caterbetti que se exhibe en tres partes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el hall central del Museo de Arte Contemporáneo (MACLA) y el Museo de Arte y Memoria (MAM) de la CPM por el décimo aniversario de la segunda desaparición de López que se cumplirá este 18 de septiembre.
“López empieza a escribir en el 98 y hasta su desaparición no para nunca. Escribe sobre cualquier papel. Relata su detención en 1976, su paso por la comisaría 5ta, las torturas que sufre en el Pozo de Arana. Estos escritos son el Diario de Ana Frank del genocidio argentino”, aseguró Caterbetti y agregó: “Estos escritos son López. Su letra, su cotidianidad, sus herramientas de albañil, sus ropas”.
Los textos comprenden una segunda parte, aunque más profunda y extensa, de los ya revelados en 2012 en el libro “Jorge Julio López. Memoria escrita”, donde se publicaron seis páginas que el albañil le había entregado a su amigo Jorge Pastor Asuaje para que los custodiara. Se espera que sean publicados en un libro para mediados del 2017.
En una de esas páginas que guardaba en su caja de herramientas, López se refiere el juicio contra Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la dictadura que quedó preso gracias al testimonio del albañil.
También reflexiona sobre la militancia por los derechos humanos. “Les levanta el ánimo y dice tener fe en que los culpables van a ser juzgados”, contó Caterbetti.
“Mujer hembaraza (sic.) picaneada en la 5cia [refiere a la comisaría] Mirta Manchiola [de Otaño], fue torturada en investigaciones el 8-11-76. Después la torturaron en la 5° y ahí perdimos el rastro. De los calabozos chicos la sintieron nombrar”, expresa uno de los manuscritos.
Caterbetti apuntó que los textos “tienen un grado de precisión y obstinación increíbles”. López, que no terminó la escuela primaria, escribió sus memorias en soledad, en su casa y cuando viajaba al interior en las épocas en las que dejaba la albañilería y recolectaba frutas. Usó todo tipo de formatos: volantes de supermercados, el reverso de etiquetas de las gaseosas y facturas de servicios públicos.
>>> Demoníacas
(de El País)
El autodenominado "grupo de apoyo" nombró a dos portavoces. Una de ellas
es Ana Claudia de León, integrante de una organización de derechos
humanos, que tiene llave del apartamento en el que está Diyab y que le
abre la puerta a los visitantes.
La otra portavoz es Alejandra de Bittencourt, integrante del sindicato
municipal (Adeom). La sindicalista fue oradora de un acto alternativo
por el Día de los Trabajadores el 1° de mayo de 2011 en el que pidió "un
sindicalismo alternativo" y "nueva formas de protesta", además de
reivindicar la anulación de la Ley de Caducidad.
Cuando alguien se esta por morir aparecen los buitres. Y esta vez vi que
los buitres hacen guardia permanente. esperando que muera, esperando la
sensación de la muerte. esperando con sus cámaras día y noche. Alli
esta FALSIMEDIA para destripar. Pasen y vean...
Comunicado del 20/9/16:
Debido a la decisión de ingerir líquidos, hoy visitaron a Jihad varios
médicos: el doctor de ASSE, las doctoras de la Comisión de DDHH del SMU,
y de tarde también vino otro médico más en visita solidaria.
Todos
coincidieron en las recomendaciones para el inicio de ingesta de
líquidos, con el fin de evitar complicaciones en la rehidratación de
estos días, y continuar la evaluación diaria, ya que si bien aceptó
ingerir líquidos durante una semana —hasta la reunión del próximo lunes
con el nexo del gobierno—, continúa con la huelga de hambre (no ingesta
de sólidos), como se informó anoche.
En estos días, Tabaré
Vázquez se encuentra en Estados Unidos, en donde habló también sobre el
tema... Es importante recordar que el primer responsable de la terrible
situación en la que se encuentra Jihad hoy es Estados Unidos, que lo
secuestró y lo torturó durante más de una década en la cárcel de
Guantánamo, y luego, mediante un pedido realizado al gobierno uruguayo,
lo envió a “Siberia”; a un país con una cultura e idioma extraños para
él, alejado de su familia, y con un pronóstico de calidad de vida muy
bajo, que empeorará dramáticamente una vez que finalice el plazo de la
ayuda económica que percibe como refugiado, hecho que ocurrirá en pocos
meses, lo cual imposibilita definitivamente la reunificación familiar.
Recordamos también que hacer responsable a Jihad de haber llegado a
Uruguay en las condiciones en que llegó, sin tener seguridad de nada y
sin saber qué destino se le deparaba, es una falacia importante. Ninguna
persona mantenida como rehén en un centro de tortura puede ser
responsabilizada de lo que sus captores le impongan como condición para
salir de ese lugar. Ninguna persona en esa situación va a sopesar si le
gusta o no le gusta el país al cual se le pretende enviar, ni a evaluar
demasiadas condiciones, ni va a decidir algo semejante a “no me gusta
ese país, así que me quedo en esta cárcel para que me sigan torturando”.
Pretender que esa es la lógica que debió primar en Jihad antes de
aceptar venir a Uruguay es absolutamente descabellado, además de
enfermizo. Toda persona en su sano juicio habría aceptado subirse a ese
avión e ir a cualquier parte del mundo con tal de salir de allí, con tal
de ser liberado de semejante antro. Eso no quiere decir que luego no
tenga derecho a más nada, a reunirse con los suyos en condiciones
dignas, y a viajar a otra parte del mundo en la que esto sea posible.
La mayoría de los ex presos de Guantánamo liberados fueron trasladados a
países de cultura árabe o cercanos a la región, principalmente
Afganistán y Arabia Saudita, por gestión directa de Estados Unidos. ¿Por
qué a Jihad no se le permite? ¿Cuál es la razón? ¿Su lucha por ser
devuelto a su familia? ¿Su constante denuncia de la tortura vivida en
Guantánamo? ¿El juicio histórico que lleva adelante contra Estados
Unidos para que los videos en los que se lo somete y se lo tortura se
hagan públicos, juicio en el que ha ganado todas las instancias previas,
hasta la apelación presentada por el Pentágono en días pasados?
Sostenemos que todo esto es la causa primera de la terrible situación en
la que se encuentra. Todo, menos Jihad. Jihad no es la causa de sus
propios males. Pero culpar a la víctima es habitual, es a lo que estamos
acostumbrados, es lo que nos dicen los medios de comunicación que
debemos hacer: culparlo constantemente por no aceptar una vida en un
abandono político insolidario, en una sociedad que lo juzga desde el
prejuicio y la desinformación, en condiciones económicas críticas, en la
peor de las soledades. Culparlo, culparlo y volver a culparlo.
Los
refugiados tienen derecho a ser reinstalados, de ser necesario. A Jihad
se le ha negado este derecho. Estados Unidos le ha negado este derecho;
continúa persiguiéndolo, castigándolo. Uruguay no puede seguir
colaborando con la crueldad del gobierno estadounidense. Debe señalar
esta situación y exigirle a los jerarcas de ese país que ayuden a
encontrar la solución de este desastre humanitario que ellos mismos han
provocado.
Es hora de ponernos en la piel de Jihad. Es hora de
reconocer lo que se ha hecho mal, de dejar la soberbia de lado, de dejar
de negar lo que es innegablemente Justicia, con mayúscula: Jihad debe
ser reinstalado en otro país, y debe reunirse con los suyos.
Por un lugar en el mundo para Jihad y su familia.
HOY DESDE LAS 17:30 HORAS HABRÁ UNA JORNADA DE DIFUSIÓN EN CANCILLERÍA
(18 de Julio y Cuareim) Y A LAS 19 SERÁ LA VIGILIA EN SORIANO Y
YAGUARON.
Imágenes presentadas en: “La cárcel: ¿rehabilitación o castigo?”, una
mesa redonda organizada por el sindicato de funcionarios policiales
(Sifpom) sobre el sistema carcelario.
Invitados: Patricia Rodríguez, presidenta de Sindicato de Funcionarios
Policiales de Montevideo -SIFPOM- (integran el PIT-CNT), Fabricio Ríos,
secretario general de SIFPOM, y Eduardo Andrade directivo de SIFPOM.
Temas:
1. L@s invitados hablan sobre la situación - problemática de las
cárceles uruguayas, hablan del Comcar y de otras cárceles más. Treinta y
un presos fueron asesinados en lo que va de 2016 en las cárceles
uruguayas, y más de 70 resultaron con heridas de entidad por armas
blancas y quemaduras de colchones de polifón.
2. Mensajes de l@s oyentes.
3.
Los invitados y William Yohai hablan sobre la cárcel privada que se
construye por Ley de Participación Público-Privada (PPP).
3. Situación del sirio Jihad Diyab, habla el compañero "El Muerto", integrante del grupo "Vigilia por Jihad Diyab"
4. Análisis económico de William Yohai, ¿qué son las PPP?...William lo explica haciendo alusión a la cárcel privada.
El País
Lanzas.
En la noche del miércoles 7, los integrantes de la
celda 8 del Módulo 8 del Comcar se preparaban para cocinar unos ñoquis.
Uno de los reclusos se subió a un ventilador para sacar agua de la
cisterna del baño. A pocos metros de distancia, presos de la celda 6
rompieron los candados de dicho celdario, arrancaron los cables de luz y
rompieron los candados de la celda 8. "Empezaron a tirar lanzazos (con
varillas de hierro afiladas) primero por los dos sapos (aperturas en la
puerta para pasar la comida), hasta que partieron los candados",
testificó uno de los internos en el juzgado penal.
Los presos de la celda 6 tiraron trozos de colchones
de polifón encendidos adentro de la celda 8. "Nos estábamos
intoxicando. Si me quedaba adentro me moría por el humo. Si salía afuera
me iban a matar. No pude más y salí afuera. Me partieron la cabeza
y me pegaron en el hombro con un cuchillo", dijo.
Agregó que no supo quién lo hirió. "No veía nada.
Sé que eran de la celda 6. Estaban todos con lanzas grandes", declaró en
la sede penal. Enseguida agregó: "Los de la celda 6 nos gritaban que
nos iban a matar. Nos prendieron fuego a todos. Ellos tenían bardo
(problemas) con el finado. Él era quien mandaba en mi celda".
Un recluso conocido como "el Banana" confesó que
lideró el ataque de sus compañeros contra la celda 8. "Yo me desquité
con el muerto. Él mató a mi primo hace dos o tres años. Sé que se
llamaba Miguel Ángel. El que mandaba era yo. Cuando entramos a la celda 8
empezamos a tirar pedazos de colchón con fuego y puñaladas. No lo
dejamos salir. Murió ahogado y quemado", testificó.
Consultado sobre si hay algún policía vigilando el
pasillo donde están las celdas 6 y 8, el interno respondió: "No hay
ninguno. Ellos están delante de todo (el módulo). Quedan uno o dos
policías de noche y nosotros somos como 400. Pasa cualquier cosa que
nadie se mete".
El recluso reconoció que todos los integrantes de la
banda del muerto fueron lastimados. "Nuestra intención era matarlo a
él. A mi primo le prendieron fuego. Yo lo que hice fue sangre por
sangre. Los dos que mataron a mi primo están muertos".
“Che, acá no hay extintor, ¿no?”. “No, lo fueron a buscar”. “Este está
pronto, ¿aquel está vivo?”. “¿Cuántos hay acá?”. “No sé, unos cuantos,
se dieron de bomba”. El diálogo entre funcionarios de la guardia se
ambientaba de fondo con los gemidos, lamentos y súplicas de algunos
internos: “Ayudame, hermano, no me puedo ni parar”, se escucha. Y
lo peor, el crepitar de algo que se parece a un cuerpo humano,
retorciéndose mientras era devorado por las llamas.
