sábado, 17 de abril de 2021

13.443 privados de libertad

La mayoría en condiciones infrahumanas

 

>>> Hay una justicia para ricos y otra para uruguayos de bajos recursos
 
Y la mayoría son hombres, jóvenes y de bajos recursos.

 

Fiscalía formalizó 1.635 denuncias en febrero. 


 

Hay 13.443 personas privadas de libertad. 


 

Uruguay es el país con mayor prisionización de América del Sur. 

Es decir, con más presos per cápita. 3.7 cada mil uruguayos están presos. 


 

Aumento anual: 13,5%.



Rendición pública de cuentas de Fiscalía con datos cerrados a febrero
En el 2020 el promedio de imputaciones a personas continuó creciendo llegando a un promedio mensual de 1.540. Desde el inicio del Código del Proceso Penal se observa que la cantidad de denuncias con al menos un imputado sigue una tendencia de crecimiento sostenido. Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe estadístico presentado el jueves 15 de abril por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.
En setiembre del 2020, se identifica el máximo histórico de denuncias con al menos un imputado, llegando a las 2.002, valor que supera en un 34% los datos observados en igual mes del año anterior. Gracias a las audiencias orales y en particular, al instrumento del Proceso Abreviado, el CPP permitió una reversión impactante de esa tendencia histórica.
A la fecha el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informa que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es de 84,2%. De esta manera, Uruguay se coloca, según los datos más recientes disponibles, como el mejor país de América del Sur (Prison Studies, 2020). Con la aplicación del CPP se redujo la utilización de la prisión preventiva, sin embargo ello no tuvo efectos en la cantidad de personas privadas de libertad.
Desde julio de 2018 la cifra no ha dejado de crecer, identificándose a la fecha 13.443 adultos privados de libertad, lo que implica un incremento del 13,5% anual.
Uruguay es uno de los países con mayor proporción de su población encarcelada, con 370 adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes.
Al hacer uso de la palabra el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, subrayó el trabajo de fiscales y funcionarios y destacó que estos objetivos se logran aún en un contexto muy particular, con una pandemia a escala mundial y con recortes presupuestales y salariales.

 

 

 

 

Grave peligro para la Tierra y la vida

el gran Reinicio del Capitalismo (Great Reset)
 



Si miramos bien, estamos ante una propuesta corporativista, un capitalismo de los grupos de que no contempla las grandes mayorías de la humanidad. Estas están fuera de su radar.

Leonardo Boff
15 abril 2021
https://leonardoboff.org/2021/04/15/grave-peligro-para-la-tierra-y-la-vidael-gran-reinicio-del-capitalismo-great-reset/

Se ha abierto en todo mundo un grande debate sobre qué mundo vendrá en la pospandemia. Son muchas las proyecciones, algunas optimistas, que suponen que la humanidad ha aprendido la lección de la Covid-19: desarrollar una relación amigable con la naturaleza; las sociedades deberán superar las profundas desigualdades actuales en la línea de la encíclica Fratelli tutti del Papa Franciscoque todos se sientan hermanos y hermanas, también con los seres de la naturaleza, y no sus amos y señores, en caso contrario nadie se salvará (Ft n.32).

Lo que sin embargo causa grave preocupación es el llamado Great Reset, Gran Reinicio, en nuestro dialecto, “LaGran Reanudación” del orden capitalista mundial. Esta expresión fue sugerida por el príncipe Charles juntamente con el Coordinador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Este orden esta urdido por aquellos que el informe de la OXFAM “Tiempo de Cuidar”, (ONG inglesa que mide los niveles de riqueza y de pobreza en el mundo), señala como los pocos multimillonarios. Según esa fuente, en 2019 había 2.153 individuos que tenían más riqueza que 4.600 millones de personas. El 1% de este grupo tiene más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas. Con la pandemia se han hecho todavía más ricos. Sólo estos datos revelan una economía gravemente enferma y nada saludable, un virus. 

Este grupo de multimillonarios, como aparece claramente en las sugerencias del Foro Económico Mundial del 21-24 de enero de 2020 (el próximo será en agosto de 2021 en Singapur) proyecta un Nuevo Orden Mundial. Klaus Schwab, el fundador y coordinador del FEM, junto con el economista Terry Malleret, dice en su libro Covid-19 the Great Reset: “La pandemia representa una rara ventana de oportunidad para reflexionar, reimaginar y reiniciar el mundo”. 

Si miramos bien, estamos ante una propuesta corporativista, un capitalismo de los grupos de interés (Stakeholder Capitalism) que no contempla las grandes mayorías de la humanidad. Estas están fuera de su radar. Seránparticipantes solamente los que se encuentran dentro de la burbuja del orden del capital. Las siete temáticas son incluso de buen auspicio: cómo salvar el planeta, economías más justas, tecnologías para el bien, entre otras. Sin embargo, cuando se enumeran los riesgos globales, se mencionan guerras accidentales, agitación anárquica, exploración de mentes, control neuroquímico, pequeñas armas nucleares y otras.

Aparentan incluso sensibilidad social, tal como establecer la soñada “renta mínima universal”, garantizar laasistencia médica global, asegurar un futuro resiliente, igualitario y sostenible y buscar un nuevo contrato social mundial. Pero por otro lado, llenos de miedo por las reacciones de todo el mundo contra un nuevo despotismo cibernético impuesto por ellos, sugieren el Score Social, una estrategia centralizada de vigilancia del comportamiento de los individuos y de todas las sociedades mediante el uso intensivo de inteligencia artificial. Sería capitalismo de vigilancia.

Son bellas palabras, pero solo palabras. No se habla nunca de cambiar el paradigma devastador de los bienes yservicios de la naturaleza, ese que probó la irrupción de una gama de virus y ahora la letal Covid-19; no se cuestionael DNA del capital que siempre quiere crecer y lucrarse por todos los medios posibles. No se refiere a la Sobrecarga de la Tierra (The Earth Overshoot), es decir, al agotamiento de los “recursos” naturales para nuestra subsistencia. De igual manera, no toman conciencia de las nueve fronteras planetarias (Nine Planet Boundaries) que de ninguna manera pueden ser traspasadas bajo peligro de colapsar nuestra civilización.

Cosa peligrosísima: el Gran Reinicio no excluye la guerra como medio económico, geoestratégico y de enfrentamiento violento, sabiéndose que una guerra hoy en día puede poner fin a la especie humana, especialmente a partir de Ucrania, el punto más sensible del enfrentamiento con Rusia. Esta puede destruir Europa en pocos minutos. El Foro solo busca limar los dientes del león pero no quitarle su voracidad. Como máximo llega a un capitalismo verde, donde el verde disfraza la dinámica acumuladora y excluyente del sistema del capital que permanece intocable. 

Somos de la opinión de que ese Gran Reinicio (Great Reset) no va a prosperar por el simple hecho de que la Tierra-Gaia ha llegado a los límites de su sostenibilidad; no aguanta más la rapiña del orden del capital en beneficio de unos pocos lanzando a miles de millones a la miseria y el hambre. Como algunos epidemiólogos ya dijeron: si no cambiamos el tipo de relación devastadora con la naturaleza, esta nos enviará virus todavía más letales que podrán destruir gran parte de la humanidad.

Todo podría ser diferente. Por ejemplo, la Directora Ejecutiva de Oxfam, Katia Maria, afirmó: “Si la población del1% más rico del mundo pagase un impuesto extra del 0,5% sobre la riqueza, en los próximos 10 años sería posiblecrear 117 millones de empleos en educación, sanidad y cuidado de personas mayores”. La solución debe venir de abajo, como afirma con frecuencia el Papa Francisco: de la articulación de todos los movimientos sociales mundiales, de aquellos que están en el Foro Social Mundial, haciendo coro con los humanistas y también con los economistas que reafirman la tesis básica de la Economía de Francisco y Clara del actual Pontífice: una economía fundada en lasolidaridad, en la cooperación, en la ecología, en la circulación, en la reutilización, en fin, una economía humana para los humanos. Si no caminamos en esta dirección, es muy posible que se cumpla la advertencia de Zygmunt Bauman: “engrosaremos el cortejo de los que caminan en dirección a su propia sepultura”.

*Leonardo Boff es ecoteólogo, filósofo y ha escrito: Covid-19: La Madre Tierra contraataca a la humanidad, Vozes 2020.

Traducción de Mª José Gavito Milano

 


8 de abril de 2021
por F. William Engdahl

 

La reorganización dirigida desde arriba de la economía mundial por una camarilla de corporativistas tecnocráticos, liderada por el grupo alrededor del Foro Económico Mundial de Davos, el llamado Gran Reinicio (Great Reset) o Agenda 2030 de la ONU, no es una propuesta para el futuro. Está llevándose a cabo actualmente, mientras el mundo permanece sometido a un bloqueo demencial por un virus. El área de inversión más atractiva desde el inicio de los confinamientos globales por el coronavirus es algo llamado inversión ESG.

Este juego altamente subjetivo y muy controlado está cambiando dramáticamente los flujos de capital global hacia un grupo selecto de acciones y bonos corporativos que han sido «aprobados». En particular, avanza la distópica Agenda 2030 de la ONU o la agenda WEF Great Reset. Este desarrollo es uno de los cambios más peligrosos y menos comprendidos en al menos los últimos cien años.

Los mismos bancos globales que crearon la crisis financiera en 2008 están poniendo en práctica silenciosamente la agenda de la ONU sobre “economía sostenible”. Esta vez están preparando el Gran Reinicio de Klaus Schwab del World Economic Forum encauzando para ello inversiones por valor de cientos de miles de millones, y dentro de pronto billones, en empresas “woke” (el término estadounidense woke -despierto- es una ideología neoliberal camuflada de progresismo centrada en las identidades, contraria a la lucha de clases y la lucha por la igualdad, AyR), y se alejaron de las “no woke” como las empresas de petróleo y gas o del carbón.

Lo que han hecho los banqueros y los fondos de inversión gigantes como BlackRock es crear una nueva infraestructura de inversión que elige a los «ganadores» o «perdedores» para recibir dinero de inversores de acuerdo con la seriedad de la empresa con respecto a los valores ESG (Environment, Social valúes and Gobernante: medio ambiente, valores sociales y gobernanza).


Klaus Schwab, jefe del World Economic Forum de Davos
 

Por ejemplo, una empresa obtiene calificaciones positivas por la seriedad a la hora de contratar gerentes y empleados con diversidad de género, o por tomar medidas para eliminar su «huella» de carbono, para usar el término de la ONU, al hacer que sus fuentes de energía sean ecológicas o sostenibles. La forma en que las corporaciones mantienen una gobernanza global sostenible es el concepto la más vago de los valores ESG y podría incluir cualquier cosa, desde donaciones corporativas a Black Lives Matter hasta el apoyo a agencias de la ONU como la OMS.

El objetivo central crucial de los estrategas de ESG es crear un cambio hacia energías alternativas ineficientes y costosas, la utopía prometida del Carbono CeroEstá impulsada por las principales instituciones financieras y bancos centrales del mundo. Han creado una variedad de organizaciones para impulsar su agenda de inversiones ecológicas.

En 2013, mucho antes del coronavirus, el principal banco de Wall Street, Morgan Stanley, creó su propio Institute for Sustainable Investing (Instituto de Inversión Sostenible). Esto pronto se expandió en 2015 cuando Morgan Stanley se unió al Comité Directivo de Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). En su sitio web afirman que:

«PCAF se basa en la posición del Acuerdo Climático de París de que la comunidad global debe esforzarse por limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales y que la sociedad debe descarbonizarse y alcanzar emisiones netas cero para 2050»

En 2020, formaban parte de la PCAF más de 100 bancos e instituciones financieras, incluidos ABN Amro, Nat West, Lloyds Bank, Barclays, Bank of America, Citi Group, CIBC, Danske Bank y otros. Varios de los bancos miembros de la PCAF han sido acusados ​​de blanqueo de capitales. Ahora asumen un nuevo papel como modelos de virtud para cambiar la economía mundial, si queremos creernos su retórica. En particular, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, es un «observador» o consultor de la PCAF.

En agosto de 2020, la PCAF publicó un borrador de estándar que describe un enfoque propuesto para la contabilidad global del carbono. Esto significa que los banqueros están creando sus propias reglas contables sobre cómo calificar o valorar la huella de carbono o el perfil ecológico de una empresa.


Mark Carney, ex-gobernador del Banco de Inglaterra, y actualmente asesor del Secretario General de la ONU como Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática
 

EL PAPEL CENTRAL DE MARK CARNEY

Mark Carney está en el centro de la reorganización de las finanzas mundiales para así respaldar la agenda verde de la ONU 2030 que está tras el WEF Davos Great Reset, de cuya Junta Directiva es miembro. También es asesor del Secretario General de la ONU como Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática. Ha descrito el plan PCAF de la siguiente manera:

“Para lograr el cero neto, necesitamos una transición económica completa: cada empresa, cada banco, cada asegurador e inversor tendrá que ajustar sus modelos comerciales, desarrollar planes creíbles para la transición e llevarla a la práctica  Para las empresas financieras, eso significa revisar más que las emisiones generadas por su propia actividad comercial. Deben medir y reportar las emisiones generadas por las empresas en las que invierten y a las que prestan dinero. El trabajo de PCAF para estandarizar el enfoque para medir las emisiones financieras es un paso importante para garantizar que cada decisión financiera tenga en cuenta el cambio climático”.

Como gobernador del Banco de Inglaterra, Carney jugó un papel clave en lograr que los bancos centrales mundiales respaldaran la Agenda Verde del esquema de la ONU 2030. Los principales bancos centrales del mundo, a través de su Banco Central de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea, crearon una parte clave de la infraestructura global que dirige los flujos de inversión hacia empresas «sostenibles» y lejos de aquellas como las empresas de petróleo y gas, consideradas «insostenibles».

Cuando el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, era director de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) del BPI, estableció en 2015 algo llamado Task-force in Climate-related Financial Disclosure (TCFD, Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima).


Mark Carney, ex-gobernador del Banco de Inglaterra, en la reunión de 2019 del TCDF

Los banqueros centrales del FSB nominaron a 31 personas para formar el TCFD. Presidido por el multimillonario Michael Bloomberg, incluido además de BlackRock, JP MorganChase; Banco Barclays; HSBC; Swiss Re, el segundo reaseguro más grande del mundo ; El banco ICBC de China; Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical, el gigante minero BHP y David Blood de Al Gore’s Generation Investment LLC.

Anne Finucane, vicepresidenta del Bank of America, miembro tanto del PCAF como del TCFD, dijo:

«Estamos comprometidos a garantizar que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se gestionen adecuadamente dentro de nuestro negocio y que estamos trabajando con los gobiernos y los mercados para acelerar los cambios necesarios… el cambio climático presenta riesgos para la comunidad empresarial, y es importante que las empresas articulen cómo se gestionan estos riesgos».

La vicepresidenta de Bank of America describe cómo evalúan los riesgos en su cartera de préstamos inmobiliarios mediante el «análisis de riesgos físicos agudos en una cartera de muestra de hipotecas residenciales de Bank of America en los EEUU, basado en el nivel de riesgo asociado con 12 peligros potenciales: tornados, terremotos, ciclones tropicales, granizadas, incendios forestales, inundaciones de ríos, inundaciones repentinas, inundaciones costeras, rayos, tsunamis, volcanes y tormentas de invierno».


Anne Finucane, vicepresidenta del Bank of America

Asimismo, el “riesgo” de inversión de los bancos en petróleo y gas, así como en otros sectores industriales, se revisa utilizando los criterios del TCFD de Carney. Todos los riesgos se definen como relacionados con el CO2, a pesar de que no hay pruebas científicas concluyentes de que la emisión de CO2 provocada por el hombre esté a punto de destruir nuestro planeta por el calentamiento global. Más bien, la evidencia de la actividad solar sugiere que estamos entrando en un período de enfriamiento inestable, el Gran Mínimo Solar. Pero eso no preocupa a los intereses financieros que pueden cosechar billones en la próxima década.

Otra parte clave de la preparación financiera para el Gran Reinicio (Great Reset), la transformación fundamental de una economía de alta intensidad energética a una baja y económicamente ineficiente, es el Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

SASB dice sobre si mismo que “proporciona un conjunto claro de estándares para informar información de sostenibilidad en una amplia gama de temas…” Esto suena tranquilizador hasta que miramos quiénes conforman los miembros de SASB que darán el Imprimátur amigable con el clima. Los miembros incluyen, además del administrador de fondos más grande del mundo, BlackRock (gestiona más de 7 billones de dólares), también Vanguard Funds, Fidelity Investments, Goldman Sachs, State Street Global, Carlyle Group, Rockefeller Capital Management y numerosos bancos importantes como Bank of America y UBS. Muchos de ellos fueron los responsables del colapso financiero mundial de 2008.

¿Qué está haciendo este grupo marco? Según su sitio web, «Desde 2011, hemos estado trabajando hacia un objetivo ambicioso de desarrollar y mantener estándares de contabilidad de sostenibilidad para 77 industrias».

Hacia dónde se dirige todo esto es a crear una red de entidades financieras con base global que controlan la riqueza combinada, incluidos los seguros y los fondos de pensiones, en lo que afirman tener un valor de 100 billones de dólares. Están estableciendo las reglas y definirán una empresa o incluso un país según el grado de emisión de carbono que genera.

Si eres limpio y ecológico, puedes recibir potencialmente inversiones.

Si se le considera un contaminante de carbono como se considera hoy en día a las industrias del petróleo, el gas y el carbón, los flujos de capital globales desinvertirán o evitarán financiarlo.

El objetivo inmediato de esta camarilla financiera es la columna vertebral de la economía mundial, la industria del petróleo y el gas junto con el carbón. [También tiene implicaciones geopolíticas y estratégicas].


BlackRock, el principal fondo de inversiones del mundo, impone a las empresas en las que invierte que asuman los principios desindustrializadores del capitalismo verde (FUENTE)
 

HIDROCARBUROS BAJO ATAQUE

El objetivo inmediato de este cartel financiero es la columna vertebral de la economía mundial, el sector del petróleo, el carbón y el gas natural. Los analistas de la industria petrolera predicen que durante los próximos cinco años o menos los flujos de inversión hacia el sector energético más grande del mundo caerán drásticamente. «Debido al papel central que tendrá la transición energética para las perspectivas de crecimiento de todas las empresas, estamos pidiéndolas que presenten un plan sobre su modelo de negocio compatible con una economía neta cero», escribió el presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en su carta de 2021 a los CEOs de las empresas en que invierte su fondo. Blackrock es el grupo de inversión más grande del mundo que dispone de más de 7 billones de dólares para invertir. Otro oficial de BlackRock dijo en una conferencia de energía reciente, «donde va BlackRock, otros lo seguirán».

“Para seguir atrayendo capital, las carteras deben construirse en torno a activos clave con ventajas: barriles de bajo costo, larga vida útil y con bajo contenido de carbono”, dijo Andrew Latham, vicepresidente de Exploración Global de WoodMac, una consultora de energía .

La Administración Biden ya está cumpliendo su promesa de eliminar gradualmente el petróleo y el gas al prohibir nuevos arrendamientos en tierras federales y en alta mar y el oleoducto Keystone XL. El sector del petróleo y el gas y sus derivados, como los petroquímicos, están en el corazón de la economía mundial. Las 50 empresas de petróleo y gas más grandes del mundo, incluidas las empresas estatales y las que cotizan en bolsa, registraron ingresos de alrededor de 5,4 billones de dólares en 2015.

A medida que una nueva administración de Biden impulse su oposición ideológica a los llamados combustibles fósiles, el mundo ve una caída abrupta de las inversiones en petróleo y gas. El papel de los globalistas de Davos y los agentes financieros de ESG están destinados a garantizar que eso ocurra.

Y los perdedores seremos nosotros.


Evolución del índice ESG de Wall Street de S&P durante 2020

Los precios de la energía se dispararán como lo hicieron durante las recientes tormentas de nieve en Texas. El costo de la electricidad en los países industriales será prohibitivo para la industria manufacturera. Pero no se preocupe. Todo esto es parte del gran reinicio en curso y su nueva doctrina de inversión ESG.

En 2010, el jefe del Grupo de Trabajo 3 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el Dr. Otmar Edenhofer, dijo un entrevistador: “…hay que decir claramente que redistribuimos de facto la riqueza mundial mediante la política climática. Hay que liberarse de la ilusión de que la política climática internacional es una política medioambiental. Esto ya no tiene casi nada que ver con la política ambiental… ”. El Gran Reinicio (Great Reset) del WEF no es simplemente una gran idea de Klaus Schwab reflexionando sobre la devastación económica del coronavirus. Ha sido planeado durante mucho tiempo por los maestros del dinero.

 https://noticiasayr.blogspot.com/2021/04/siguiendo-la-pista-del-great-reset-la.html

 

 

 

 

 

viernes, 16 de abril de 2021

Los dueños de la verdad




>>> Hazte Maldito




Se ha viralizado un autodenominado documental llamado ‘The Big Rest’, ‘El gran reinicio’ o 'El gran reseteo' que, mediante numerosas desinformaciones, promueve la idea de que se está usando la pandemia para generar cambios en la sociedad, la cultura y la economía e incluso que la pandemia se ha generado con ese objetivo. Os desmontamos las falsedades en que se basa el vídeo. 

>>> El video que no quieren que veas

 

Hazte tus propias conclusiones, sin que nadie te diga lo que está bien o está mal. No te dejes manipular por las grandes corporaciones de prensa. ...Y cuidate porque el COVID está en la vuelta y es peligroso. Es muy posible que no sea solo un virus y sea un arma biológica. 

Los que no quieren que te la cuelen te la están colando.

 

 

 

Hinchas con memoria




La pelea de “hinchas con memoria” para expulsar a Gavazzo y Cordero de Peñarol

Ambos represores forman parte de la lista de socios vitalicios. Uno de ellos participó del crimen de Alberto Mechoso, abuelo de un jugador juvenil del club
14 abril 2021

Álvaro Levin / Sudestada / @alvarolevin

Con la publicación de un comunicado desde el colectivo “Un gol contra la impunidad” se inició una campaña para expulsar del padrón de socios del Club Atlético Peñarol a los represoresManuel Cordero y José Gavazzo
, condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del Plan Cóndor durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). Ambos represores forman parte de la nómina de socios vitalicios de la institución.

Cordero se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena mientras que Gavazzo está internado en el Hospital Militar.

“Hinchas con Memoria” es el nombre de un grupo de hinchas, socios y asambleístas mirasoles que iniciaron la campaña al constatar que ambos represores siguen formando parte de la institución. Además de lograr la expulsión de ambos terroristas de Estado del padrón social de la institución, también tienen el objetivo de iniciar un proceso de concientización y visibilización pública sobre la participación de estas figuras de la última dictadura cívico-militar en las instituciones deportivas del Uruguay.

Si bien en este caso concreto la institución involucrada es el Club Atlético Peñarol, el colectivo pretende ser el punto de referencia para que socios, hinchas y/o dirigentes de cualquier institución deportiva puedan acercar datos, acontecimientos y experiencias que permitan visibilizar y condenar la impunidad con la que ciertos autores de delitos de lesa humanidad asisten a instancias deportivas en Uruguay.

José Gavazzo está condenado por 28 homicidios, entre otros delitos de lesa humanidad.

El antecedente más inmediato es que durante el año 2018, la campaña de denuncia y condena social contra Miguel Zuluaga , jefe de seguridad de la selección uruguaya de fútbol desde el año 2000, generó su desvinculación dos meses antes del mundial Rusia 2018. En ese momento la campaña logró la adhesión de 30 organizaciones sociales.

El vocero de la campaña iniciada por “Hinchas con memoria”, bajo el ala de “Un gol contra la impunidad” es Ignacio Couto (30), hincha y socio de Peñarol, que también participó en el 2018 en la campaña contra Zuluaga.

En diálogo con Sudestada , Couto dijo que “no somos un grupo de locos… aquí nos juntamos una barra de hinchas, socios y asambleístas de Peñarol… contamos con el apoyo y asesoramiento de Crysol, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Observatorio Luz Ibarburu. Antes del inicio de la campaña hemos recolectado información y documentos, gracias también al asesoramiento específico de Raúl Olivera y el abogado Pablo Chargoñia”. 

Manuel Cordero, durante una audiencia en Argentina en 2013.

Couto aclaró que la campaña tiene ciertos hitos inamovibles. “Nosotros nos trazamos una línea de acción, que es independiente de la resolución que adopte Peñarol como institución” , explicó, aunque el planteo inicial será realizado a dirigentes y asambleístas del club que preside Ignacio Ruglio.

Las vías por las cuales se puede expulsar a los represores del padrón de socios son dos: mediante una resolución de la Comisión Directiva o mediante resolución de Asamblea de Socios en mayoría simple (la mitad más uno). El llamado a asamblea se hará durante el año 2021, ya que se tiene que aprobar el último balance del club, por lo que desde “Hinchas con memoria” confían que la expulsión de Cordero y Gavazzo ingrese en el orden del día.

Según la última elección de autoridades en Peñarol, realizada en diciembre del 2020, los 164 asambleístas quedaron distribuidos de la siguiente forma según los votos recogidos por los candidatos: Juan Ignacio Ruglio: 56; Juan Pedro Damiani: 52; Guillermo Varela: 25; Evaristo González: 19; Mario Colla: 12 Consultado sobre la viabilidad del pedido de expulsión de de Gavazzo y Cordero, Couto recordó lo que ocurrió cuando se pidió el retiro del jefe de Seguridad de la selección uruguaya de fútbol: “No sabemos cómo puede influir la opinión de los diferentes actores… En el caso de Zuluaga escuchamos opiniones de todo tipo, de personas que no te lo esperabas. Para un lado y para el otro. Ahora lo más importante es poner el tema en el tapete y esperar los pronunciamientos que toman los dirigentes del club. Por otro lado, nosotros concebimos que la situación es una locura, una aberración. Es como tener nazis en el Bayern Munich” , comparó.

El nieto de Mechoso

Ezequiel Mechoso tuvo sus primeros minutos en Primera división. ¡Vamos por más! pic.twitter.com/HDhEq83GZP — PEÑAROL (@OficialCAP) March 26, 2021
Un ejemplo que ilustra esta convivencia del deporte con las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado reciente refiere a que el pasado 21 de marzo de marzo del 2021, por el torneo clausura de primera división del fútbol uruguayo, debutó contra Progreso el delantero aurinegro Ezequiel Mechoso (21), quien desde el año 2018 forma parte de las juveniles del club.

Su abuelo es Alberto Mechoso, un militante sindical y político del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que fue detenido en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976 y trasladado a Automotores Orletti. En el año 2012, bajo la presidencia de José Mújica, sus restos fueron entregados a la familia .

Gavazzo no sólo fue el responsable de la desaparición de Mechoso sino que se hizo pasar por su víctima en el vuelo que trajo de regreso a su familia a Uruguay. Uno de los niños que viajaba con el represor era el padre del futbolista aurinegro, según consta en la información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente : “El día 27 de septiembre de 1976 la familia de Mechoso es llevada a Aeroparque y trasladada ilegalmente a Montevideo. El Represor Nino Gavazzo del SID, forzó al grupo a simular que era el esposo y el padre de los dos niños. Al llegar a Montevideo, las familias de Adalberto Soba y de Alberto Mechoso son trasladadas por hombres y coches sin identificación a centro clandestino de detención y tortura. Las esposas y los cinco hijos de ambos matrimonios, son llevados al centro clandestino de detención y tortura conocido como Casona de Punta Gorda”. Dentro de los objetivos de la campaña está, según Couto, “ampliar esta movida, y donde surjan nuevos datos, ir atrás, generar la condena, el escrache y promover que hoy o mañana los clubes tengan una política clara sobre Derechos Humanos, ya que es un tema que nunca se ha hablado, ha estado en la oscuridad”.

CUBA, el club proscripto


Uno de los equipos que manifestó rápidamente su apoyo a la convocatoria de “Un gol contra la impunidad” fue el Club Unión Barrio Artigas (CUBA), fundado en 1956 en el departamento de Treinta y Tres. Este cuadro de fútbol, fue proscrito por la dictadura uruguaya en el año 1976 y el año pasado -2020- volvió a competir en la liga local. Es el único caso de un equipo que haya sido desafiliado por motivos políticos.

El 20 de diciembre de 1976 el presidente de facto Aparicio Méndez firmó un decreto dando cuenta de que en ese club se hacía referencia “en forma reiterada a promoción, actividades y comentarios de carácter político, en los cuales se formulan apreciaciones negativas al actual proceso institucional que conduce el Gobierno Nacional”, por lo que procedió inmediatamente a “impedir este intento de perturbar la tranquilidad y el orden público”.

En su blog , el periodista Jorge Señorans recuerda que de esta forma, el dictador dispuso la clausura “en forma definitiva las actividades del Club Unión Barrio Artigas, quedando resuelta su desafiliación”.

En el año 1972, el había llegado a la primera división de la liga de Treinta y Tres. De este equipo emigraron al fútbol profesional Victor Hugo Diogo (campeón del mundo con Peñarol en 1982) y Arsenio Luzardo (campeón del mundo en 1980 con el Club Nacional de Fútbol), jugadores que salieron campeones con la selección uruguaya de fútbol de la Copa América de 1983.

Uno de los motivos más importantes por los cuales el equipo fue desafiliado por la dictadura refiere a que el entonces presidente del CUBA y edil por el Frente Amplio Francisco Laxalte, no sólo generó una gran militancia social en el barrio, sino que en el año 1972 fue el encargado de denunciar el caso de Luis “Nucho” Batalla , quién en mayo de ese año falleció víctima de la tortura en el Batallón de Infantería Mecanizada N°10 del Ejército, ubicado en el barrio Artigas de la capital olimareña. Fue el primer muerto por torturas en un batallón.

En diálogo con Sudestada , Yamandú Sosa, asambleísta y preparador físico del equipo, destacó el trabajo social que realiza hoy Gerardo González, un exjugador de CUBA. “El retorno del año pasado se dio porque una barra de gurises del barrio estaban jugando un campeonato de fútbol siete. Y después de eso armaron el equipo. Increíble como la cultura del barrio permanece” , celebró Sosa.

Antes de volver a afiliarse, la asamblea del club fue a reunirse con el “cura” Francisco Laxalte para tener su autorización y ponerlo como presidente honorario. Destituido por la dictadura, fue restituido por la asamblea del barrio.

Consultado respecto a al tiempo transcurrido, ya que pasaron 35 años en democracia para que el equipo vuelva a competir, Sosa dijo que “el trabajo que hizo la dictadura aquí en Treinta y Tres fue muy duro, por lo que todavía hay consecuencias de esa fuerte represión ya que mucha gente quedó con temor, y hay cosas que tardan años en ir decantando. Ahora estamos con el fútbol, y de a poco iremos colocando la pata social y cultural” .

El reclamo en Argentina
El plantel de Boca durante un partido de la Copa Argentina, el pasado 24 de marzo, aniversario del Golpe de Estado.

En Argentina desde hace algunos años hay un movimiento que intenta colocar la temática de los derechos humanos en los clubes deportivos. Los primeros fueron Banfield, Ferro y Estudiantes de La Plata y luego se han sumado River, Boca, Racing y San Lorenzo.

El pasado 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia), a 45 años del Golpe de Estado, los clubes grandes publicaron: "El Club Atlético River Plate, junto al Club Atlético Boca Juniors y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocan a aquellos familiares o allegados/as de socias y socios de ambos clubes que hayan sido víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura militar, que se extendió desde 1976 a 1983. El objetivo es que se pongan en contacto con las respectivas instituciones, con el objetivo de conocer sus historias de vida y reivindicar su condición societaria en el marco de una política de memoria, verdad y justicia".









jueves, 15 de abril de 2021

Habrá patria para todos

Sendic y los cañeros











Liberaron a Eduardo Ferro




El Tribunal de Apelaciones de 2° turno, integrado por los doctores Daniel Balcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, dispuso la liberación del coronel retirado Eduardo Ferro, recientemente extraditado desde España por haber asesinado y desaparecido en 1977 a Óscar Tassino, entre otros crímenes de Lesa Humanidad.

Este tribunal fue el que impidió hasta el momento que avance la investigación del caso Vladimir Roslik. Consideró que la actuación de la "justicia militar" de la dictadura era similar a la actuación del Poder Judicial.

Ahora, el coronel Eduardo Ferro es un ciudadano libre y en condiciones de seguir cobrando su jubilación militar.

Tribunal de Apelaciones de 2do turno decidió la liberación del militar Eduardo Ferro . Esta mañana se concretara su salida de la cárcel de Domingo Arena . Ferro deberá fijar domicilio y se le retendrá el pasaporte.

Crysol

Caso Cnel (r) Eduardo Ferro: Es la tercera vez que la defensa presenta recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831

Liberación del Cnel (r) Eduardo Ferro, acusado de violación a los derechos humanos. Perciballe: "La decisión del Tribunal de Apelaciones que lo liberó desconoce el peligro de fuga al no fijar ninguna medida cautelar". Entrevista con el Dr. Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad.

Audio:

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La unión del pueblo

 

 

De Jorge Maiki


Despues de militar desde 1971 al 2008 dentro del FA ( con la interupcion entre 1973 y 1983 coincidente con la dictadura militar) me convenci de que el FA es irrecuperable para un proyecto de liberacion nacional y transicion al Socialismo.

No estoy de acuerdo tampoco con la tesis " de la falla de origen" El Movimiento 26 de Julio de Cuba tenia tambien una " falla de origen" , habia nacionalistas liberales burgueses y liberales antidictatoriales a secas por un lado y revolucionarios marxistas como el Che y el propio Fidel.

Sin embargo de ahi salio el impulso revolucionario que condujo ( con salidas y quiebres en ese movimiento) a una revolucion socialista. El FA siguio una trayectoria contraria. Con el tiempo y en particular desde 1990 en adelante se volvio cada vez mas socialdemocrata. En 1971 hasta el PDC hablaba de Socialismo y militantes del mismo viajaban tambien a Cuba.



En el año 2007 el Presidente Vazquez con el beneplacito de su fuerza politica recibe a Bush con honores.
No es necesario seguir insistiendo en esto que esta claro. LO TRISTE no es solo la suerte del FA, es nuestra INCAPACIDAD para crear un nuevo instrumento politico unitario por fuera del FA y que reivindique el programa y los valores ideologicos que los dirigentes del FA tiraron a la basura. Por nuestra incapacidad tambien estamos como estamos.
Los cros que siguen en el FA con muchas y permanentes criticas a su conduccion estan en una situacion paradojica que debemos comprender : Por un lado tienen la necesidad ( la ilusion)de creer que algun dia seran escuchados y por el otro lado no ven nada construido fuera del FA que les merezca confianza, les inspire seguridad, mistica y les devuelva aquel impulso utopico de aquellos primeros años. Prefieren por ahora quedarse en el rancho todo averiado a salir a la intemperie. Y hay una logica en todo ello si se miran bien las cosas.


De Jorge Maiki

 

 







miércoles, 14 de abril de 2021

198.000 desocupados

Números que asustan
 

 


Se desploma el empleo


Hay casi 200.000 personas sin trabajo en Uruguay. 

El coronavirus continúa haciendo estragos no solo en la salud de la gente sino en el trabajo y cada vez son más las personas desocupadas.

Los últimos números del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son alarmantes. El desempleo fue de 11,1% en febrero según informó este lunes el INE.

El porcentaje de febrero, que representa a unos 198.000 personas desocupadas, creció 0,4 puntos con respecto al 10,7% registrado el mes anterior.

El desempleo fue levemente superior en el interior con 11,3%, frente al 10,8% registrado en Montevideo, y afecta más a las mujeres con casi cinco puntos porcentuales más que los hombres (13,5% frente a 8,9%).

Otros datos divulgados por el INE en época de pandemia también crecieron como la cantidad de personas en teletrabajo 11% en febrero, cuando en el mes anterior eran el 9,9% de los ocupados. También se incrementó la media de horas efectivas de trabajo semanal de 29,7% en enero a 32,5% en febrero, y los envíos al seguro de paro, pasando de 7,3% a 9,3%.

Los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representaron el 10% en febrero, registrando una caída de 7,5 puntos respecto al mes anterior. La licencia fue el motivo de ausencia de 7 de cada 10 trabajadores.

El INE destaca que como desde abril, debido al contexto de emergencia sanitaria, realiza su encuesta de forma telefónica y no presencial, «no son estrictamente comparables» los resultados de estos meses con los obtenidos bajo la metodología anterior.
 









martes, 13 de abril de 2021

Homenaje al torturador

Senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano

 

Lozano homenajeó al médico militar Nelson Fornos, quien fue procesado por torturas en el Grupo de Artillería 2 de Flores

La Diaria  El 8 de abril el militar falleció y, según el senador Raúl Lozano, su hija es una “nueva víctima de la vergonzosa venganza” .

Durante la media hora previa de la sesión de la Cámara de Senadores, el representante de Cabildo Abierto Raúl Lozano homenajeó este martes al médico militar Nelson Fornos, procesado por violaciones de derechos humanos en Trinidad, Flores, durante la dictadura, quien falleció el jueves pasado.

En 1986, la Federación Médica del Interior denunció a Fornos ante la Justicia por torturas cometidas en el Grupo de Artillería N° 2 durante la dictadura, pero la causa fue archivada en el marco de la ley de caducidad. Años más tarde, en 2011, se reabrió la causa y en diciembre de 2020 fue procesado con prisión. El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, explicó en esa oportunidad a la diaria que tanto él como el coronel retirado Mario Ramos habían sido procesados por delitos de abuso de autoridad porque durante la dictadura la tortura no era una figura delictiva.

En la sesión Lozano dijo que Fornos se constituyó en una persona “muy conocida y muy querida” en Flores. Contó que coincidió cinco años con él en el Grupo de Artillería N° 2 luego de su egreso en la Escuela Militar y que era “muy querido por todos en el cuartel y por los vecinos, al cual le decíamos cariñosamente ‘el gordo Fornos’”. Años más tarde, cuando asumió como jefe de la unidad, Lozano continuó trabajando con Fornos y sostuvo que “jamás” observó en él “nada reñido con la ética ni los derechos humanos. Todos lo queríamos en el departamento de Flores y en el cuartel”.

El senador dijo que fue procesado por abuso de funciones por “supuestos” hechos sucedidos casi 50 años atrás y que, pese a que “el supuesto delito de abuso de funciones no es considerado grave, tiene una pena máxima de 24 meses y es excarcelable, el doctor Fornos, con 81 años de edad, fue mandado a prisión”. Según Lozano, Fornos padecía problemas físicos, tenía alzheimer y había tenido accidentes cerebrovasculares.

“En plena pandemia se lo condenó a muerte en prisión a este viejo doctor y servidor público. No hubo compasión ni por su edad, ni humanidad ni respeto de derechos humanos, ni ninguna organización se preocupó por su vida. En febrero es trasladado al Hospital Militar y el 8 de abril fallece acompañado por su hija, una nueva víctima de la vergonzosa venganza de la cual los legisladores somos simples espectadores y no hacemos nada por concluirla”.

 Fornos y el coronel retirado Mario Ramos fueron procesados con prisión por la comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos (TORTURA)













Uruguay descubre los límites


 

Uruguay descubre los límites de su estrategia liberal frente al virus 

Daniel Gatti
12 abril 2021


En 2020, Uruguay fue ejemplo mundial de la gestión de la pandemia. Pero el país, donde viven poco más de 3,5 millones de personas, está a la cabeza en el mundo en cantidad de casos de COVID-19 por millón de habitantes. Pero el presidente Luis Lacalle Pou sigue apostando por la "libertad responsable"

Mapa — Uruguay es el segundo país del mundo con mayor tasa de incidencia: consulta los datos de todo el mundo 

Durante largos meses del año pasado, Uruguay –su Gobierno, su presidente- dio lecciones al mundo de buen manejo de la crisis de la COVID-19. Mientras el planeta rebosaba de casos y los vecinos del barrio –sobre todo los dos gigantes– estallaban por todas sus costuras, el pequeño país latinoamericano exhibía cifras suficientemente buenas como para que fuera portada de medios extranjeros por su excepcionalidad. En junio, cuando el 'cero casos' de COVID se repitió dos días consecutivos, el Gobierno estuvo a punto de declarar al virus derrotado y la gente estuvo a punto de salir a las calles a festejar un nuevo 'maracanazo', una nueva victoria imposible del enano modélico.


Pero Uruguay está actualmente, en números relativos, mucho peor que Argentina, mucho peor que Chile, que Ecuador, que Perú, que Paraguay, y hasta peor que el Brasil de Jair Bolsonaro, que vive sus momentos más duros de la crisisCon 837 casos al día por cada millón de habitantes, según datos del portal Our World in Data de la semana pasada, Uruguay superó a Brasil en tasa diaria de contagios y se ubica entre los países en los que el virus crece más a escala mundial. Tomando como referencia la tasa de incidencia a 14 días, la empleada habitualmente en España –que roza ahora los 200 casos en nuestro país–, la de Uruguay es de 1.359 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.


 

El 7 de abril, el Sistema Nacional de Emergencias dio cuenta de casi 4.000 casos nuevos y al día siguiente de unos 3.700, una gran número para un país de poco más de 3,5 millones de habitantes. Ya había sido un shock cuando un par de semanas antes se había pasado la frontera de los 2.000. Al 31 de octubre de 2020, el promedio de contagios cada 24 horas apenas superaba la treintena. Cinco meses después, se centuplicó.

Las muertes, que continúan siendo proporcionalmente más bajas que en el resto de la región, siguen el mismo derrotero alcista: en los siete primeros días de abril murieron con COVID más uruguayos que en todo 2020. De los cerca de 1.300 fallecimientos que el país registra desde el 13 de marzo del año pasado, inicio oficial de la pandemia, unos 300 se produjeron en la primera semana de este mes, más de 40 por día; el total de fallecidos entre marzo y diciembre de 2020 había sido de 180, una media apenas superior a uno por día. 

Hoy las unidades de cuidados intensivos están al borde de la saturación. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva advirtió la semana pasada que, de seguir a este ritmo, es cuestión de días que los médicos tengan que elegir a quién intentar salvar y a quién no y que los fármacos para tratar a esos enfermos críticos se acaben.

“Volviendo de 30 horas de laburo. Ya se ve la exigencia del sistema al límite. (…) Estamos haciendo magia para no limitar los pacientes en la emergencia”, escribió en Twitter el médico internista Federico Rivero.

Y aunque aún se está lejos de escenas dantescas como las de Manaos (Brasil), si la cosa no se frena se va hacia allí, dicen dirigentes del Sindicato Médico. Algo impensable apenas unos meses atrás, cuando el autobombo era la regla y parecía que la pandemia regatearía elegantemente a Uruguay.  

En el lado positivo de la balanza está el porcentaje alto de vacunación: algo menos del 25% de la población ha recibido una primera dosis de alguno de los dos inmunizantes utilizados (Sinovac y Pfizer), la proporción más alta en América del Sur después de Chile. Pero a este ritmo de crecimiento de los contagios, con la expansión de la virulenta variante brasileña P1 por todo el país y a falta de medidas fuertes de restricción de la movilidad –por opción expresa del Gobierno– “es muy difícil que la vacuna le gane la carrera a la COVID-19”, dijo el jueves pasado el director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Battyány.

Apuesta por la "libertad responsable"

Tanto el Sindicato Médico como las sociedades de especialistas de diversas disciplinas y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), una instancia de científicos de alto nivel creada por el propio Ejecutivo al comienzo de la pandemia, han pedido al presidente Luis Lacalle Pou que restrinja la movilidad en mucho mayor grado que lo que se ha venido haciendo hasta ahora y que compense económicamente y de manera adecuada a las poblaciones afectadas. Pero Lacalle Pou se niega a lo uno y a lo otro. Su apuesta fue, es y seguirá siendo, dijo, a la “libertad responsable” de los uruguayos.  

“Sugiero cambiar la idea de libertad responsable por ser responsables de la libertad”, ha planteado Gonzalo Moratorio, director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y único científico latinoamericano destacado entre los mejores del mundo por la revista Nature en 2020.

En un tuit del 6 de abril, Moratorio instó al gobierno a actuar. “Solo ayudando al proceso de vacunación con mayor restricción de movilidad podemos volver a conseguir la libertad que añoramos”, escribió.

Lacalle Pou, de derecha, suele decir que no se gestiona con criterios ideológicos, que quienes tienen “cegueras” de ese tipo están en la acera de enfrente y que él ha aprendido que aquello de derechas e izquierdas es cosa del pasado y que el suyo es un gobierno pragmático.

A falta de liderazgos regionales más sólidos, el presidente uruguayo se ha ido convirtiendo en referente de las derechas liberales de esta parte del continente. En gran parte debido al brillo que sacó en su momento a los números pandémicos, cuando en época de vacas gordas convocaba ruedas de prensa diarias en las que coqueteaba con los periodistas, cacareaba sobre la excepcionalidad uruguaya, se mostraba surfeando en alguna playa y le gustaba de exhibir su sintonía de entonces con los científicos del GACH.

En el momento inicial de la crisis, el Gobierno decidió algunas restricciones (suspensión de las clases presenciales, de espectáculos públicos de todo tipo, cierre de centros comerciales, limitación del transporte, pasaje al teletrabajo en el Estado), pero los uruguayos fueron más allá de esas medidas y todos los que pudieron se autoconfinaron. Durante mes y medio no había un alma en las calles.

Ese autoencierro, explican los científicos –con el GACH a la cabeza– fue el que permitió que Uruguay contuviera el avance del virus. Hoy el Gobierno se niega a ir por ese camino y felicita al GACH por su "abnegada tarea" pero no lo escucha: la economía no da, dice. Los movimientos sociales y la oposición política defienden que sí se puede, y argumentan que el país tiene reservas monetarias sobreabundantes en el extranjero y acceso relativamente barato a créditos contingentes. (El tono más duro proviene, como muy a menudo, del movimiento social. El Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, juega a la oposición responsable y modera sus respuestas. A veces se hace inaudible).

El éxito no podía durar apostando todo a la responsabilidad individual. Las medidas de acompañamiento en favor de los sectores más afectados por el cierre de actividades fueron tan débiles que hacia mediados del año pasado la CEPAL ubicó a Uruguay como el país latinoamericano que menor inversión social había realizado para combatir los efectos de la pandemia, menos del 4% de su PIB.

Ortodoxamente preocupado por la reducción del déficit fiscal, el Gobierno mantuvo durante la crisis los mismos postulados liberales que inspiraron a los partidos de extrema derecha, derecha y centro que integran la coalición ganadora de las elecciones de 2019. Las escasísimas ayudas que recibieron algunas categorías de trabajadores durante estos meses fueron compensadas por recortes del 15% en el gasto público, fundamentalmente en el área social.

De no haber sido por las protestas de los científicos, que esta vez encontraron eco masivo, la inversión en ciencia y tecnología también habría sido talada en momentos en que médicos, virólogos, intensivistas y enfermeros están en la primera línea de combate y los laboratorios de la vapuleada universidad estatal han sido capaces de crear e instrumentar test de rastreo del virus o concebir y fabricar respiradores. 

Hambre y pobreza

Por otro lado, el Ejecutivo aumentó los impuestos y las tarifas públicas, y no hizo nada para detener los desalojos, que han ido creciendo conforme la crisis fue aumentando. La central sindical única PIT-CNT y organizaciones sociales y políticas plantearon un ingreso mínimo de emergencia para los más vulnerables que hubiera significado apenas unos 500 millones de dólares de gasto.

"No podemos pagarlo", respondió el gobierno. Y barrió en paralelo de un plumazo cualquier imposición al capital privado. Son los empresarios los que “"nos sacarán de la crisis cuando termine la pandemia", afirmó Lacalle Pou el año pasado y repitió hace un par de semanas. El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira dice que ni el Fondo Monetario Internacional, que ha propuesto medidas contracíclicas y financiar cierres de actividades no esenciales con un aumento sustantivo del gasto social, tiene una postura tan ortodoxa. Y eso, a su juicio, es una señal de que algo anda muy mal.

El Gobierno espera. Espera, por ejemplo, a que avance la vacunación. Pero el hambre y la miseria también avanzan. En un año, el número de pobres aumentó en más de 100.000. Y están a merced de la gente. Si los nuevos y viejos pobres pueden comer es más gracias a las 700 "ollas populares" que pululan por todo el país, surtidas por los propios vecinos y organizaciones sociales, que a las ayudas del Estado. 

En los barrios del oeste de Montevideo, una Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) engloba a unas 14 redes de ollas y merenderos. "Estamos viendo escenas muy similares a las que tanto impactaron en la crisis del 2001-2002", dice a elDiarioAR Brenda Bogliaccini, integrante de la coordinadora. "Hay hambre como entonces, y un Estado ausente como entonces. Junto con la emergencia sanitaria está instalada una emergencia social menos visible pero muy presente".

En el Cerro, un tradicional barrio obrero de Montevideo que se fue empobreciendo a medida que Uruguay se fue vaciando de industrias, funciona, entre otras, la olla de El Tobogán. Lita, una de sus animadoras, apunta: "30 kilos de arroz y la olla de 90 litros de estofado de lentejas y no nos dio. No nos dio. Cada día vienen más vecinos".  

 

 Pobreza y desigualdad en Uruguay: aprendizajes de cuatro décadas de crisis económicas y recuperaciones*
 

La Diaria 12 de abril de 2021 · Escribe Andrea Vigoritto, Gonzalo Salas en Desigualdad y pobreza

 

Uruguay enfrenta una severa crisis económica por tercera vez en cuatro décadas. Si bien sus orígenes fueron muy diferentes, repasar los efectos de las crisis anteriores sobre la desigualdad y la pobreza en Uruguay puede contribuir al debate actual sobre el diseño de políticas de contención al rápido deterioro de las condiciones de vida de la población. Esto se vuelve particularmente relevante porque Uruguay enfrenta actualmente una aguda retracción económica (5,9% del PIB en 2020), y el esfuerzo fiscal realizado por el gobierno para mitigar el deterioro de las condiciones de vida de la población (1,4% del PIB) es uno de los más bajos de América Latina (cuyo promedio es 3,9% del PIB).

América Latina se ha caracterizado por enfrentar severas crisis económicas periódicas que implicaron retrocesos sustanciales en sus magros logros con respecto a la reducción de la pobreza y las desigualdades estructurales. Los análisis de las crisis de las décadas de 1980 (deuda externa) y 1990 (efecto Tequila) indican que sus consecuencias recaen desproporcionadamente sobre las poblaciones que enfrentan mayores privaciones.

Uno de los aspectos tal vez más dramáticos de las crisis, y sobre el que nos interesa llamar la atención especialmente en este artículo, radica en su corrosiva asimetría: mientras que en períodos muy cortos la desigualdad y la pobreza de ingresos pueden aumentar sustancialmente, el regreso a los niveles originales lleva mucho más tiempo (De Janvry y Sadoulet). A su vez, se ha constatado en varios trabajos para Uruguay y un amplio conjunto de países que el crecimiento económico no contribuye por sí solo a la redistribución, sino que esta depende de las políticas que se desplieguen en cada período. Esto significa que es muy difícil que las recuperaciones logren revertir completamente los deterioros del bienestar de la población generados durante las crisis. Por ejemplo, el aumento de la incidencia de la pobreza en América Latina, resultante de la crisis de la deuda externa de 1982, se revirtió luego de 25 años (Cepal, 2020). Así, los períodos de crecimiento económico posteriores a las crisis han estado orientados a revertir parcialmente el deterioro, más que a expandir logros preexistentes.

Originadas en el sistema financiero, las crisis de 1982 y 2002 se vincularon al manejo macroeconómico local frente a contextos internacionales o regionales fuertemente adversos. El primer caso se enmarcó en la crisis regional de la deuda externa. En el segundo episodio, la recesión se inició en 1999 y se agudizó fuertemente en 2002, debido a un manejo de la política económica que no logró contener la vulnerabilidad de la economía uruguaya frente a las crisis de Brasil y Argentina.

 

En la Gráfica 1 se presenta la evolución del salario real y del PIB por habitante entre 1968 y 2019. Obsérvese que durante la crisis de 2002 los valores del salario real descendieron a los niveles de 1982, destruyendo en muy poco tiempo toda la mejoría lograda en el período democrático. Aun cuando en 2005 se restauró la negociación salarial tripartita y desde el último semestre de 2004 los salarios mínimos se revalorizaron en forma significativa e ininterrumpida, recién en 2009 estos valores volvieron a ser similares a los de 1998. A la vez, la disminución de ingresos salariales generada durante el gobierno de facto fue de tal magnitud que, en 2018, el salario real medio representaba 78% del valor de 1968.
Si bien comparte sus orígenes internacionales o regionales y el crecimiento económico fue bajo en el último lustro, a diferencia de las dos anteriores, la presente crisis no se desencadenó en el sistema financiero, ni se produjo luego de una prolongada recesión económica. Además, se verifica en forma concomitante en muchos países del mundo, lo cual dificulta la recuperación, pues los principales socios comerciales de Uruguay también están afectados y no es posible determinar si la demanda externa podría actuar como mecanismo propulsor. Este aspecto constituye una diferencia central con la recuperación económica de 2003.
Los estudios disponibles para América Latina indican que las crisis dejan al descubierto, con particular agudeza, las condiciones de precariedad del empleo de los estratos de menor nivel socioeconómico, su bajisima capacidad de ahorro y acceso a activos, el débil desarrollo de los sistemas de protección social, el escaso despliegue de las políticas redistributivas, y la reducida voz para demandar mayores derechos y medidas más enérgicas. A ello se suma que la crisis actual pone particularmente de relieve el carácter multidimensional del bienestar y las desigualdades preexistentes. Solo a título de ejemplo, se suman: las posibilidades de trabajar a distancia; las condiciones de vivienda para convivir con los espacios adecuados, el acceso a telecomunicaciones para trabajar y/o recibir clases a distancia (que no se han vuelto de libre acceso y corren por cuenta de los hogares sin ningún tipo de apoyo o subsidio); la disponibilidad de tiempo, la distribución de la carga de trabajo y desigualdades dentro del hogar; el acceso a servicios de cuidado de la salud y las condiciones de salud mental, así como en la participación social y en las libertades en general. También se ha alertado acerca de la mayor carga de los efectos de la crisis sobre las mujeres, por su inserción laboral y la desigual distribución de las tareas dentro de los hogares.
Pobreza y desigualdad en las últimas cuatro décadas
La Gráfica 2 ilustra la evolución del salario real y la desigualdad de ingresos de los hogares medida a través del coeficiente de Gini, cuya trayectoria de largo plazo es ya conocida. Entre 1968 y 1981 se dio una marcada concentración de ingresos, estrechamente asociada a la política de contracción de salarios reales ya mencionada.1 Al inicio de la restauración democrática se observa una moderada reducción de la desigualdad. Sin embargo, en la década de 1990, la supresión de la negociación tripartita, aunada a la liberalización comercial, contribuyó al acrecentamiento de los diferenciales salariales por nivel educativo y a un incremento de la desigualdad laboral. Así, desde mediados de la década de 1990 hasta 2008, los ingresos se concentraron. Luego, por primera vez en 15 años, la desigualdad comenzó a descender hasta 2013, y desde allí permaneció estable hasta 2019.

 


Al comparar la evolución de la desigualdad cuatro años después del momento de mayor caída de la actividad económica en cada crisis, se observa un patrón levemente progresivo en el primer episodio, en tanto en el segundo resulta regresivo. De hecho, mientras que la crisis de 1982 fue seguida de reducciones del índice de Gini, en 2002 se observaron caídas de los niveles de desigualdad recién en 2008. Bucheli y Furtado (2004) concluyen que la crisis agudizó la tendencia a la concentración de ingresos ya observada en el segundo lustro de la década de 1990.

Por otra parte, la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad afecta directamente los cambios en los niveles de pobreza alcanzados en cada período. Los análisis previos de descomposición de las variaciones de la pobreza ponen de manifiesto cómo las caídas de la pobreza se han asociado al crecimiento económico y a la redistribución. En los dos períodos que rodean a las crisis (1982-1984 y 1999-2003), los efectos de crecimiento y redistribución se potenciaron, aunque este último cobró más relevancia en la crisis de 2002. A la vez, las épocas de recuperación muestran patrones variados, que pueden asociarse a la magnitud de las políticas desplegadas. Mientras que entre 1984 y 1989 la reducción de la pobreza resultó principalmente del crecimiento, entre 1995 y 1999 la mayor concentración de ingresos generó un leve aumento de la pobreza, aun cuando los ingresos crecían. Entre 2003 y 2012, el efecto redistribución fue más relevante o similar al crecimiento para explicar la caída de la pobreza. Finalmente, entre 2012 y 2018, la caída de la pobreza fue muy moderada y fue liderada por el efecto crecimiento. Estos resultados ponen de manifiesto nuevamente que pobreza y desigualdad no son fenómenos separados, en tanto la redistribución potencia el aumento de los ingresos en los sectores de menores ingresos.

Un rasgo relevante del caso uruguayo refiere a que los dos períodos de crisis se caracterizaron por la escasez de medidas de contención estatal o políticas fiscales contracíclicas. Si bien en 2002 se protegieron programas de recortes presupuestales y se expandieron los comedores escolares, no se desplegaron medidas de expansión del sistema de transferencias no contributivas, como sí lo hicieron otros países. La respuesta comenzó recién en 2004, con una expansión en la accesibilidad al sistema de transferencias no contributivo para hogares con bajos ingresos, con independencia de su situación contributiva, así como el aumento del salario mínimo nacional. A la vez, cabe recordar que los elevados niveles de pobreza monetaria que resultaron de la crisis de 2002 fueron uno de los fundamentos de la implementación del Panes, al asumir el nuevo gobierno en marzo de 2005 y crearse el Ministerio de Desarrollo Social. Recién a partir de 2008 se aumentaron sustancialmente los valores de las prestaciones por las asignaciones familiares (AFAM) no contributivas y se expandió la cobertura, alcanzando en 2018 a 80% de los hogares con niños del primer decil de la distribución del ingreso.

Si bien permanece incambiado desde 2008, la cobertura de este sistema dotó de mejores condiciones a los gobiernos para brindar rápidas respuestas ante posibles crisis. Esto se debe a que existe un dispositivo que funciona como malla de contención por dos vías: aumento de la cobertura si hay personas cuyos ingresos se reducen, y potencial aumento de la prestación, ya sea transitorio o permanente. Sin embargo, la unificación de este sistema con el ala contributiva de las AFAM sigue pendiente.

Los impactos de la crisis de 2002 en el mediano y largo plazo

Se señaló anteriormente que, debido a los efectos asimétricos de las variaciones del PIB sobre el bienestar, las consecuencias de las crisis sobre las condiciones de vida de las personas no desaparecen cuando estas se superan, sino que pueden mantenerse por largos períodos de tiempo. Esta afirmación puede extenderse a los dominios no monetarios del bienestar, donde las velocidades de cambio y la persistencia pueden ser aún mayores.

Durante la crisis de 2002, la brusca caída de los recursos de los hogares generó una gran preocupación por las condiciones nutricionales de la población y puso de relieve las limitaciones de la información existente. Por esta razón, en 2004 se inició el Estudio Longitudinal del Bienestar en Uruguay (ELBU), con el objetivo de generar información socioeconómica y antropométrica sobre los niños y estudiar sus privaciones con un enfoque multidimensional.2 Los hogares fueron visitados nuevamente cuando los niños se encontraban en segundo año (2006), cuando cursaban los primeros años de enseñanza secundaria (2011) y, luego, entre los 18 y 20 años, cuando contaban con la edad de finalización de la enseñanza obligatoria (2017). Actualmente se está preparando una nueva ola.

Con la información recabada en 2011 y 2017, se encontró que la desnutrición en los primeros años de vida se asoció fuertemente con la repetición escolar posterior y la desvinculación de los adolescentes del sistema educativo en etapas tempranas (Failache et al., 2018). Es probable que estos resultados también se asocien al tipo de inserción laboral que haya podido alcanzar esta cohorte. A la vez, quienes se desvincularon del sistema educativo seguramente se encuentren entre la población más afectada por la actual crisis. El ELBU también permitió realizar análisis de la evolución de la pobreza y la desigualdad multidimensional (Failache et al., 2016), en los que se encontró que los logros fueron notoriamente menores que lo que podría observarse a partir de medidas basadas en los ingresos. A la vez, el crecimiento del ingreso, el empleo y las prestaciones sociales se asoció mucho más fuertemente con la superación de la pobreza monetaria que con logros multidimensionales.

Otros trabajos han buscado identificar a la población vulnerable a caer en situaciones de mayor privación en períodos recesivos. Así se constató que la vulnerabilidad frente a la pobreza monetaria abarca a una proporción de la población que oscila entre 40% y 55% (Colafranceschi et al., 2018). A la vez, entre 15% y 30% de la población es vulnerable a caer en situaciones de pobreza multidimensional.

La reseña anterior tiene por objeto mostrar que los efectos de la crisis persistieron mucho más allá de su epicentro y se verificaron aun cuando el país estaba en plena expansión económica. Al mismo tiempo, las privaciones iniciales influyeron sobre dimensiones no afectadas directamente en el momento de la crisis.

Reflexiones finales frente a la crisis actual y las respuestas de política social

Desde su inicio, la crisis económica actual evidenció con crudeza las privaciones y las desigualdades persistentes en la sociedad uruguaya en su multidimensionalidad. Las estimaciones disponibles indican que, en los primeros meses de la pandemia, se verificó un aumento sustancial en la incidencia de la pobreza, que, según datos recientemente divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, alcanzó a 11,4% de personas. A ello se agrega que una parte significativa de la población vio reducidos sus ingresos, aun cuando no cayó por debajo del umbral de pobreza. Las restricciones en los consumos mínimos y los efectos en educación y salud no observables en corto plazo amplificarán la caída y brechas de ingresos hacia el mediano y, aun, el largo plazo. Por eso, los efectos sociales de la crisis no pueden monitorearse exclusivamente a partir de un indicador.

A diferencia de la recuperación posterior a 2003, intensiva en la demanda de empleo no calificado, los pronósticos indican que la salida de la presente crisis se acompañará de una aceleración de la robotización (Cepal, 2020). Esto reduciría la participación de la masa salarial en el PIB, y crearía peores condiciones para la redistribución.

En las últimas cuatro décadas se han sucedido períodos de mejora y empeoramiento de las condiciones de vida de la población, y, particularmente, de los sectores de menores ingresos, en los que las crisis arrebatan rápidamente los logros de los períodos de auge: los avances redistributivos han sido revertidos rápidamente por las recesiones. Con base en el análisis de esta evolución es posible extraer algunas conclusiones:

  • En los períodos de crecimiento económico, desde la restauración democrática hasta el presente, sólo se verificaron caídas de la desigualdad cuando se aplicaron nuevas políticas redistributivas.

  • Las crisis perjudican en mayor medida a los más vulnerables, en tanto quienes están en mejores condiciones en el punto de partida se recuperan más rápidamente. Esto implicaría que es posible que un conjunto sustantivo de la población adulta afectada por la crisis actual haya experimentado deterioros en los episodios anteriores.

  • La pobreza y la desigualdad no pueden pensarse separadas: las caídas de la pobreza suceden a una mayor velocidad si se acompañan de la igualación de los ingresos.

  • Las respuestas de sostén de ingresos para las poblaciones vulnerables han sido siempre tardías. En las dos crisis previas estas se efectivizaron en la fase de recuperación, lo cual significa que en la peor etapa del ciclo económico no hubo políticas de fuerte contención de la caída de ingresos.

  • Al transformar a una significativa proporción de la población vulnerable en pobre, los efectos de las crisis ponen de manifiesto que las políticas redistributivas deben cubrir a un amplio conjunto de la población. La experiencia pasada indica que se debe actuar rápidamente en políticas de mediano y largo plazo sobre dimensiones monetarias y no monetarias del bienestar, porque los efectos de las crisis persisten más allá de las recuperaciones del crecimiento económico. Al respecto, son llamativos los anuncios de recorte de la política de comedores escolares. Nótese que, aun cuando en la crisis de 2002 las medidas fueron escasas, el comedor escolar se expandió, en un contexto fiscal considerablemente más restrictivo que el actual.

  • Un aspecto fundamental radica en estabilizar y suplementar los ingresos de los hogares en el corto plazo, con base en el reforzamiento y la expansión de instrumentos existentes y la implementación de nuevas políticas de redistribución y/o alivio a la pobreza, articuladas con los programas ya existentes. Las transferencias monetarias constituyen una condición necesaria de la política social, que deberían complementarse, por ejemplo, con otras políticas que permitan mejorar la conectividad y el equipamiento, de forma de viabilizar el teletrabajo y la escolarización de niños y adolescentes en todos los estratos sociales. Por otra parte, el número de beneficiarios de AFAM no ha aumentado en el contexto de crisis, sino que registra una leve caída entre marzo y agosto de 2020. La no expansión de la cobertura de AFAM y de la Tarjeta Uruguay Social es muy llamativa, pues en el contexto de crisis se debería registrar un rápido aumento y extender las prestaciones a hogares sin menores de 18 o mayores de 65, abarcando hogares en situación de informalidad laboral a quienes el seguro de desempleo no comprende.

  • Debería suprimirse el control de las condicionalidades y dar de alta a quienes perdieron el beneficio por esta razón. Las contraprestaciones constituyen un elemento regresivo, aún más en el contexto de una crisis.

  • Los montos transferidos deberían ser adecuados a la magnitud de la pérdida y sostenidos en el tiempo a efectos de estabilizar ingresos, pues la recuperación de los hogares cuando la economía vuelve a crecer no es automática. Si bien a lo largo de 2020 se aumentaron los montos transferidos en 50%, debe notarse que el deterioro de los ingresos de los hogares requiere de incrementos considerablemente mayores para ser efectivos (Brum y De Rosa, 2020). La medida de indexación de la base de prestaciones y contribuciones en base al índice medio de salarios erosiona aún más los ingresos de la población vulnerable, que es la que recibe las prestaciones sociales (seguro de enfermedad, seguro por desempleo, AFAM contributivas). Desafortunadamente, la escasa voz de estos sectores para demandar mayores apoyos ha llevado a que la discusión pública se centre en los efectos sobre la imposición a la renta, que afecta a los trabajadores que se ubican por encima de la mediana de la distribución de ingresos laborales y al 20% de jubilados de mayor ingreso.

  • La mayor redistribución hacia los estratos de menores ingresos debe acompañarse de mayores contribuciones del resto de la población, y muy especialmente de los estratos altos.

En varios trabajos se constata que los períodos posteriores a las pandemias/epidemias se han caracterizado por una fuerte construcción institucional. En este sentido, un aspecto central sería retomar la reforma inconclusa del sistema de transferencias de 2005-2008, iniciada en otro período poscrisis, y reformar todo el sistema, de manera de unificar el sistema de transferencias y prestaciones, con el objetivo de avanzar hacia un régimen de imposición a la renta y la riqueza expandido con respecto al actual. A la vez, las políticas que logren transformaciones sustantivas en las dimensiones no monetarias del bienestar, y particularmente las referidas a las condiciones y acceso a la vivienda, deben recibir un fuerte impulso. De otra forma, las cargas de las crisis seguirán cayendo desproporcionadamente sobre los sectores de mayores niveles de vulnerabilidad económica y social.

(*) Este artículo es una síntesis de un trabajo más largo que puede consultarse en fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Pobreza_y_desigualdad_en_Uruguay_v2.pdf. Investigador/a y docentes del Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar.

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