miércoles, 28 de julio de 2021

Removido de su cargo


 

El general retirado Daniel Castellá fue removido de su cargo porque estuvo vinculado al asesinato de Vladimir Roslik .

 

El presidente del Supremo Tribunal Militar, general retirado Daniel Castellá, fue destituido por el ministro de Defensa, Javier García, luego de que se conociera que el jerarca había participado del interrogatorio al médico Vladimir Roslik, en abril de 1984, último año de la dictadura. Roslik murió, producto de la tortura, en Fray Bentos (Río Negro).

Según informó la cartera en un comunicado, la información del involucramiento de Castellá fue encontrada “en noche del lunes, en documentación hallada en el archivo documental del Ministerio de Defensa Nacional”, mientras las autoridades recababan datos para dar respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Castellá, que se encontraba en su cargo desde 2017, había sido también jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014.

El ministro García informó que ya solicitó ser recibido el lunes próximo en la Comisión de Defensa del Senado para dar más detalles sobre este tema.

El nombre de Castellá aparece en un informe periodístico de la revista Jaque del 10 de agosto de 1984, como uno de los dos militares que detuvieron a Roslik en abril de ese año.


 


 Castellá, que se encontraba en su cargo desde 2017, había sido también jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014.

El nombre de Castellá aparece en un informe periodístico de la revista Jaque del 10 de agosto de 1984, como uno de los dos militares que detuvieron a Roslik en abril de ese año y también participó en 2006 del tribunal de honor al coronel retirado Gilberto Vázquez. Castellá ingresó a la Escuela Militar el 1º de marzo 1969, y egresó como alférez del arma de Infantería el 15 de setiembre de 1972. En el año 1986 fue promovido por concurso a la jerarquía de mayor y realizó el curso de capacitación y perfeccionamiento para jefes. En febrero de 1990 ascendió por concurso a la jerarquía de teniente coronel.
 

>>>  El país de los impunes


La Suprema Corte de Justicia archiva definitivamente el caso Roslik.
La memoria no lo archiva y tampoco archiva a los cómplices y gestores de la impunidad

 
La justicia que no llega

 



Suprema Corte rechazó pedido de casación y archivó definitivamente el caso Roslik


El martes el ministro de Defensa, Javier García, había solicitado la renuncia del presidente del Supremo Tribunal Militar por haber estado presente en el interrogatorio del médico asesinado.

El homicidio de Vladimir Roslik quedara en la impunidad ya que este miércoles la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió rechazar el pedido de casación presentado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe y archivar en forma definitiva el caso.

Perciballe había solicitado que «se disponga que el homicidio del Dr. Vladimir Roslik Bichkov al tratarse de un crimen de Lesa Humanidad no ha prescripto».
«Una vez ello, se proceda a realizar una investigación efectiva y en un plazo  razonable, para determinar las circunstancias y los responsables de tan lamentable insuceso de nuestro pasado reciente», agrega.

Para la Fiscalía, el crimen aún está impune, ya que el «militar acusado de ser responsable del asesinato de Vladimir Roslik, Sergio Caubarrére, estuvo detenido por cuatro meses y (…) la justicia civil no tomó cartas en el asunto”.

En marzo del año pasado el Tribunal de Apelaciones de 2° turno había rechazado la reapertura del caso.

Roslik fue asesinado el 16 de abril de 1984, a los 35 años, en el batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos.

En un principio las autoridades informaron que el médico, graduado en la Unión Soviética, había muerto por causas naturales. Pocas horas después de su detención falleció. El parte firmado por el médico de la unidad militar, Eduardo Sáis, decía que el deceso se había producido por paro cardíaco, sin violencia.

Supremo Tribunal

El martes el ministro de Defensa, Javier García, solicitó la renuncia del presidente del Supremo Tribunal Militar, general (r) Daniel Castellá, ya que este aparece nombrado en el expediente de la Justicia Militar como partícipe del interrogatorio de Vladimir Roslik.

Castellá fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014, y presidente del Supremo Tribunal Militar desde marzo de 2017.

García solicitó ser recibido el próximo lunes por la Comisión de Defensa del Senado, para informar Roslik había sido detenido en el marco de un operativo en la localidad de San Javier, fundada por emigrantes rusos.

El médico fue acusado de participar de un complot comunista contra el gobierno de facto y de introducir armas procedentes de la Unión Soviética.





No sólo el testimonio de la esposa de Roslik sino de otros testigos, la nota lapidaria de Jaque en agosto del mismo año y otros medios del PCU de ese año.
Hoy un frenteamplista mejor dicho un entusiasta del FAndom me reclamaba descalificándome, porqué siempre arreciaba contra los 15 años de gobierno del FA. Parece ser el camino de muchos ex militantes hoy devenidos barrabravas, es endulcorar la contradicción y veganizar la culpa. . Cómo aceptar qué una fuerza que se autoproclamó única defensora de los DDHH y fuera uno de sus principios éticos fundacionales. Se les "traspapelara la memoria en cajones escondidos"
Los tres gobiernos del FA consolidaron la Impunidad del Estado. Y este es un claro ejemplo. Que como corolario tiene la decisión del archivo de la causa por el Poder Judicial. Sí, el Infame hizo su carrera militar y ascenso durante gobiernos blanco y colorados. Era Capitán en el 84 Pero fue ascendido a General y luego nombrado a la cabeza del Supremo Tribunal Militar, no sólo a impulso de la propia fuerza, sino con la complicidad de dos Ministros de Defensa, dos Presidentes y con la venia del Parlamento de los pasados 15 años. Contó con el voto con yeso braquipalmar de Michelini y la complicidad del ex presidente del FA Miranda que hizo mutis por el foro. . Dos paladines de la juntada de firmas contra LUC. En Búsqueda Miranda se despachó hace unis días : "Cabildo Abierto es la ultra derecha (sin duda lo es),
"debemos instalar una barrera sanitaria para detener su avance"... Parece que estuvo años, junto a otros, alzando la barrera para que pasaran faroleras como Castellá. Una vergüenza.
 
 
 
 
 
 
 
 

lunes, 26 de julio de 2021

¿Otra vez gana el imperio?







Julio Severino Martinez
21 julio 2018


La situación en Nicaragua está al rojo vivo. Mucho se ha escrito al respecto, y en la izquierda las aguas están divididas: ¿apoyar o no apoyar a Daniel Ortega?
El presente texto quizá no aporte nada nuevo; en todo caso, presenta más preguntas que respuestas. Pero preguntas, en definitiva, que podrían funcionar para profundizar un debate imprescindiblemente urgente en el campo de la maltrecha izquierda: ¿tanto nos han golpeado, tanto se ha castigado al campo popular que la disyuntiva termina siendo apoyar o no a un presidente-empresario elegido en elecciones dentro de la legalidad capitalista?

 ¿Tanto hemos retrocedido que la disyuntiva se da entre si es “bueno” o “malo” un funcionario público que “hace cosas por su pueblo”? ¿Y los ideales socialistas revolucionarios que levantara la Revolución Sandinista hace 40 años? ¿Dónde queda aquello de poder popular, de gobierno obrero y campesino? ¿El socialismo se restringe a programas asistenciales?


Porque no hay que olvidar que el sandinismo histórico, no hay que olvidar que los valores revolucionarios que pusieran en marcha jóvenes luchadores en la década del 60 del pasado siglo cuando fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inspirados en muy buena medida en el marxismo (Carlos Fonseca era un consumado marxista), no se restringen a un presidente atornillado en el poder (y que coloca a dedo a su esposa como vicepresidenta). No hay que olvidar que el ideario socialista en nombre del que se llevó a cabo esa gloriosa gesta que fue la revolución del 19 de julio de 1979 no se reduce a apoyar a alguien “no tan bueno” pero “mejor que lo que podrá venir”.


Quizá vale recordar los ideales del Mayo Francés, tan lejanos ahora en el tiempo que parecen utopías tontas: “¡Seamos realistas: pidamos lo imposible!”, pero imprescindiblemente necesarios. ¿Abandonamos los principios revolucionarios que permitieron las primeras revoluciones socialistas de la historia para quedarnos con la democracia burguesa y programas asistenciales? ¿Tan bajo hemos caído?


Abel Bohoslavsky, histórico militante socialista argentino, leyendo uno de tantos materiales de análisis de la situación actual de Nicaragua, se pregunta (pregunta que hago mía):“Si Somoza era el hijo de puta de Roosevelt, ¿el "desastrado timonel" Ortega sería "nuestro" hijo de puta?Si ese desastrado timonel "hipotecó la tradición revolucionaria del sandinismo", tiene "desprecio por la opinión de la base sandinista" y además hizo un "pacto con los enemigos... siempre volátil y transitorio" -todo eso durante 18 años (pacto Ortega-Alemán)- ¿hay que ir a ayudarlo para que "enderece el rumbo?"”.


Apoyar los gobiernos progresistas que aparecieron estos últimos años en Latinoamérica abre preguntas en la izquierda: ninguno de ellos, desde la Revolución Bolivariana con Chávez al orteguismo (¡no sandinismo!) actual en Nicaragua, pasando por distintas variantes (el PT en Brasil, matrimonio Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, etc.) no cuestionó realmente las bases del capitalismo. Fueron, o son, procesos redistributivos con más justicia social que los planteos neoliberales de capitalismo feroz. Pero no tocaron los resortes últimos de la propiedad privada. ¿Es acaso el actual gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo un planteo revolucionario? Decir que mejoró un poco las condiciones generales de la población nicaragüense puede ser loable (puede ser, tampoco lo afirmaríamos categóricamente, porque ¿a qué costo las mejoró: llenando de maquilas el país con salarios bajísimos), pero eso no es el ideario de una revolución socialista. ¿O sí?


Un planteo capitalista revestido de un discurso progresista y con pirotecnia verbal antiimperialista no deja de ser capitalista, con explotación de la mano de obra, con clases sociales enfrentadas. Eso no hay que olvidarlo: ¡los procesos socialistas no pueden entenderse si no es en la lógica de la lucha de clases! ¿A quién representa Daniel Ortega: al campesinado pobre, a los trabajadores urbanos, a los subocupados del comercio informal, o a la nueva clase empresarial ex sandinista que se enriqueció con la tristemente famosa piñata cuando tuvo que dejar el poder en 1990? ¿Por qué los revolucionarios sandinistas que adversaron eso no siguieron en el FSLN?


Sin dudas en la convulsionada sociedad nicaragüense el imperialismo estadounidense está trabajando. Eso ni se discute. América Latina, lo sabemos, es la reserva estratégica de Washington, y nada de lo que aquí pase en términos políticos escapa a su control. Con absoluta seguridad hay agentes del imperio trabajando a toda máquina en Nicaragua. Pero eso solo no explica los acontecimientos actuales.


Como dice Abel Bohoslavsky: “En Nicaragua hay una insubordinación cívica elementalmente democrática (cese de la represión, cese del autoritarismo gubernamental, cese del nepotismo). Se trata de una rebelión democrática contra un régimen de origen democrático (aunque probadamente fraudulento en lo institucional) originado en el Pacto Ortega-Alemán y Ortega-Iglesia. Tiene un sentido histórico-político inverso a las guarimbas [dadas en Venezuela], aunque no sea ni pretenda ser revolucionario. Endilgarle ese calificativo es parte del fraude propagandístico orteguista”.


Si durante los 11 años de gobierno de Ortega-Murillo todo estuvo “tranquilo”, si el gobierno de Estados Unidos no disparó a matar como sí lo hizo con todos los experimentos progresistas de Latinoamérica, eso abre interrogantes. ¿Qué pasó ahora que se rompió el pacto del gobierno con los sectores empresariales, con la Iglesia católica, con Washington?
No está claro. Podría pensarse que la construcción del canal interoceánico por parte de capitales chinos, o la estación de investigación electrónica rusa instalada en Managua, son un peligro para la geoestrategia de Washington. ¿Todo esto es la reacción a ese “atrevimiento” de Ortega? En el patio trasero de la gran potencia nadie puede osar instalar bases militares chinas y/o rusas. ¿Esta sería la causa?


Quedarse con la idea que todo lo que se está viviendo en el país es solamente una nueva “revolución de colores” no alcanza. El orteguismo no es, precisamente, un gobierno revolucionario: es la expresión de esta nueva burocracia empresarial surgida de la lejana Revolución Sandinista, donde la figura de Daniel Ortega se consolidó como líder absoluto sacándose de encima cualquier atisbo de crítica. Y de principios revolucionarios, de socialismo, de transformación radical de la sociedad a manos de obreros y campesinos… ¡nada!


¿Hay que defender o no este proceso entonces? Difícil disyuntiva. Por supuesto que el imperio no tolera afrentas, e incluso gobiernos redistributivos de “capitalismo con rostro humano” son su enemigo. En ese sentido, si cae Ortega podrá venir un gobierno absolutamente neoliberal, suspendiendo la presencia chino-rusa en Nicaragua. Pero la situación actual en la patria de Sandino, ¿es una revolución? ¿Se trata entonces de defender lo “menos malo”? Un canal construido por los chinos, ¿es un avance para el campo popular?
La sublevación actual de la sociedad, quizá mezcla de activistas pagados por la CIA y reacción espontánea ante el nepotismo autoritario de un ex socialista (acusado de violador, por cierto), de momento está trayendo solo muertos, siempre pobres, siempre del campo popular. No hay organización alternativa, no hay proyecto superador. Los ideales revolucionarios están guardados por ahora, y los líderes históricos que se salieron (o fueron sacados) de la estructura sandinista, hoy día son marginales.


Es cierto que la propaganda de la derecha ya puso a Ortega como “villano de la película”, igual que en su momento Chávez, o Gadafi, o Sadam Husein. El guión ya está escrito. Sumarse a las voces de la derecha, a la prensa comercial, a los lacayos de Washington que vociferan contra la “barbarie” en marcha, es un error. Defender un gobierno empresarial que pactó con el enemigo de clase, también.


¿Quién saldrá beneficiado de todo esto? El “pobrerío” seguramente no. No hay condiciones para una real y profunda sublevación popular como la de 1979. Entonces… ¿otra vez gana el imperio?


Nicaragua. Personalidades de la izquierda uruguaya firman un manifiesto crítico con el gobierno de Ortega-Murillo
 

By Resumen Latinoamericano on 2 julio, 2021



Otro zarpazo y… ¿otro silencio?

 
Es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado, hasta hace poco, a las grandes fortunas (Consejo Superior de la Empresa Privada mediante), capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino.
Vistos desde nuestras latitudes, los sucesos actuales pueden parecer una inesperada caída al abismo. Sin embargo, no lo son. Ortega y el sector del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lo sigue fueron transitando un largo proceso de deterioro, que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder. Todo esto fue pasando, para la mayoría de nosotros, que lo observamos desde la lejanía poco informada, bastante inadvertido. No obstante, había hechos contundentes que sí se conocían; entre otros:
 su enorme enriquecimiento a partir de 1990 y, más aún, desde su vuelta al poder en 2007, en una fórmula cuyo candidato a la vicepresidencia era un banquero vinculado a la contra;
 los pactos electorales que hizo con el empresario y dirigente derechista Arnoldo Alemán (presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, famoso por la «derivación» de millones de dólares del Estado a cuentas personales y familiares), destinados a bajar el porcentaje de votos necesarios para conquistar la presidencia y obtener la reelección presidencial, que ahora transformó en indefinida;
 su persecución, ya nuevamente como gobernante, de los veteranos sandinistas y las organizaciones que crearon después de irse de «su» partido, que llevó a Dora María Téllez a hacer, en 2008, una huelga de hambre en el centro de Managua, que logró una gran repercusión y solidaridad popular, a la cual apoyaron con una carta, entre muchos intelectuales, Noam Chomsky, Juan Gelman, Eduardo Galeano y Mario Benedetti;
 su cruel hostigamiento al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal (el mismo que, por ser ministro de la revolución sandinista, debió soportar las iras y las sanciones papales), imponiéndole desde el Estado, en 2017, una multa de 800 mil dólares (¡!) por el uso indebido de predios e infraestructura (una escuela de formación de líderes campesinos construida por la revolución del 79, posteriormente transformada en hotel) en los terrenos de lo que fue aquella comunidad de Solentiname, que pertenecen –como sostiene Cardenal– a la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, pero que la viuda de su administrador reclama como propiedad privada.
Fue en uno de esos islotes olvidados del mundo del Gran Lago de Nicaragua donde Cardenal compró unas manzanas de tierra, en las que fundó y asentó, a mediados de los sesenta, una comunidad cristiana para artistas y artesanos en convivencia integradora, alfabetizadora y culturizadora con agricultores, pescadores y demás lugareños. Icónica en el mundo, cosechó el odio de la dictadura de Anastasio Somoza, fue referencia en la teología de la liberación y origen de sandinistas que se brindaron por entero a la revolución. Fue por esto que la dictadura de Somoza la destruyó en 1977. Cardenal también recibió la solidaridad de poetas, escritores y asociaciones civiles y políticas del mundo entero.
También sabíamos que Ortega fue, sucesivamente:
 integrante y coordinador-presidente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985;
 presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990;
 candidato a la presidencia por el FSLN –además de que ejerció ininterrumpidamente la jefatura de este– de 1990 en más;
 presidente de Nicaragua entre 2007 y 2012;
 presidente de Nicaragua entre 2012 y 2017;
 presidente de Nicaragua –esta vez la vicepresidencia la ejerció su esposa, Rosario Murillo, quien es tan responsable como él de lo que está pasando– entre 2017 y 2022.
Pero no fue hasta 2018 –cuando se reprimieron a mansalva las protestas pacíficas (sobre todo las estudiantiles) que conmovían al país, en las que centenas de nicaragüenses murieron, otros fueron apresados y torturados, y miles debieron emprender el exilio– que Nicaragua volvió a ser cotidiana en nuestras vidas. En esa ocasión, una parte de quienes militamos por la democracia, los derechos humanos, el progresismo y/o la izquierda nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno nicaragüense que cesara la represión; otra prefirió dar por buena la «explicación» orteguista que atribuía todo a una desestabilización golpista orquestada por Estados Unidos y se plantó en un cómodo «antimperialismo»; otro sector directamente no le prestó atención y actuó como si no pasara nada.
Desde esa fecha, han continuado la obstaculización y el hostigamiento contra los organismos de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, presidido por una inclaudicable luchadora, la doctora Vilma Núñez; el desconocimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha actuado contra la prensa no oficialista y contra los opositores. A principio de este mes fueron detenidos cuatro precandidatos presidenciales (Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan S. Chamorro) y el fin de semana del 12 y el 13 de junio varios militantes con responsabilidades en la Unión Democrática Renovadora, antes llamado Movimiento de Renovación Sandinista, entre ellos, Ana Margarita Vijil, los comandantes revolucionarios Dora María Téllez y Hugo Torres, además de Víctor Hugo Tinoco, quien, en el período 1979-1990, fue negociador en el proceso de paz, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas y vicecanciller. Todo en tiempos próximos a las elecciones fijadas para noviembre, en las que muy probablemente Ortega volverá a postularse a la presidencia.
Los derechos humanos no son una concesión graciosa de los Estados y sus gobiernos: son conquistas de los pueblos. Los Estados que los reconocen y plasman en distintos instrumentos jurídicos tienen el deber de promoverlos y respetarlos. Para conquistarlos fue necesaria una infinidad de luchas de distinto tipo, en distintos lugares y épocas, con distintas inspiraciones filosóficas, políticas y religiosas. Así se fueron sucediendo y entrelazando las luchas contra la esclavitud, por los derechos laborales, por la independencia, por los derechos de las mujeres, contra el racismo, por la libertad, por el cuidado del ambiente, etcétera, hasta conformar una malla –sin solución de continuidad– que sustenta, en esta desquiciada y trágica contemporaneidad, los sempiternos anhelos y las luchas populares emancipadoras. No son exclusividad de nadie: son patrimonio de la humanidad y, como tales, nos asisten y obligan a todos sin diferencias de ningún tipo, aquí, en Colombia, en Palestina, en Myanmar, en el Mediterráneo o donde sea. Son el corazón de la esperanza de un mundo mejor. Defenderlos, que es un deber, nos educa a todos y es una sólida guía en la construcción de nuestros países para un ahora y un futuro justos y promisorios. No es digno ni decente defenderlos cuando, por «razones políticas», nos conviene y callar cuando no. Tampoco es válido «justificar» su violación porque otros «los violan más» ni la hipocresía de políticos, partidos y gobiernos propensos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho. Invitamos a los sectores democráticos y populares a solidarizarse sin temor a que los confundan con los oportunistas que hoy se espantan por lo que sucede en Nicaragua por mera conveniencia publicitaria, pero que no vacilan en arrebatarles a sus pueblos aun sus banderas más sagradas con tal de sacar provecho. Más bien, quienes ayer callaron deben preguntarse cuánto contribuyó su silencio –sin quererlo– a la soberbia y la impunidad con las que el orteguismo protagoniza una nueva satrapía y cuánto mal le hace este silencio a la conciencia humanitaria que tanto necesitamos para contribuir a un mundo más justo, libre y fraterno.
18 de junio de 2021
Firmas: 1.Ademar Olivera, Uruguay
2.Adriana Belloso, Uruguay
3.Adriana Grisoni, Uruguay
4.Agustín Cano, Uruguay
5.Alberto Rosselli, Uruguay
6.Aldo Marchesi, Uruguay
7.Alejandro Bielli, Uruguay
8.Alvaro F. Días Spinelli, Uruguay
9.Alvaro García, Uruguay
10.Américo Rocco, Uruguay
11.Anabel Rieiro, Uruguay
12.Angel Caputi, Uruguay
13.Antonio Carámbula, Uruguay
14.Asdrúbal López Zuasnábar, Uruguay
15.Aynn Setright, USA
16.Barbara Byers, USA
17.Bernardo Ramazzi, Uruguay
18.Brigitte Hauschild, Alemania
19.Carlos Lamancha, Uruguay
20.Carolina Pallas, Uruguay
21.Christian Di Candia, Uruguay
22.Claudia Conteris, Argentina
23.Claudio Invernizzi, Uruguay
24.Constanza Moreira, Uruguay
25.Cristina Pastro, Uruguay
26.Daniel Bolani, Uruguay
27.Daniel Gatti, Uruguay
28.Daniel Martínez, Uruguay
29.Denise Chávez, USA
30.Edgardo Rubianes, Uruguay
31.Eduardo Joly, Argentina
32.Eduardo León Duter, Uruguay
33.Eduardo Pirotto, Uruguay
34.Edward J. McCaughan, USA
35.Elena García, Uruguay
36.Emilia M. Carlevaro, Uruguay
37.Ernesto Kreimerman, Uruguay
38.Eva Ana Tost, Uruguay
39.Ewe Vaz, Uruguay
40.Fernando Butazzoni, Uruguay
41.Fernando López D’Alessandro, Uruguay
42.George Bowering, Canada
43.Gerardo Caetano, Uruguay
44.Gonzalo Reboledo, Uruguay
45.Gonzalo Serantes, Uruguay
46.Graciela Muslera, Uruguay
47.Graciela Villar, Uruguay
48.Gregory Randall, Uruguay
49.Gustavo Olmos, Uruguay
50.Gustavo Ramos, Uruguay
51.Hugo Achugar, Uruguay
52.Inés Vidal, Uruguay
53.Isabel Carlevaro, Uruguay
54.Jesús Munárriz, España
55.Jorge Humberto Chávez, México
56.Jorge Pedro Zabalza, Uruguay
57.José Díaz, Uruguay
58.Juan Carlos Herrera, Uruguay
59.Juan Carlos Pita Alvariza, Uruguay
60.Juan Raúl Ferreira, Uruguay
61.Juana Canosa Bonjour, Uruguay
62.Judith Parnás, Uruguay
63.Julio Dimitrioff, Uruguay
64.Julio García, Uruguay
65.Laura Carlevaro, Uruguay
66.Laura Fernández, Uruguay
67.Lee W. Field, USA
68.Lía Margarita Randall, Uruguay
69.Lilian Celiberti, Uruguay
70.Lincoln Bergman, USA
71.Lucio Ornstein, Uruguay
72.Lucy Garrido, Uruguay
73.Lucy R. Lippard, USA
74.Luis Calegari, Uruguay
75.Luis María Benvenuto, Uruguay
76.Lynda Yanz, Canada
77.Mabel Bellucci, Argentina
78.Mara Martínez, Uruguay
79.Marcelo Estefanell, Uruguay
80.Marcelo Viñar, Uruguay
81.Marcos Supervielle, Uruguay
82.Maren Ulriksen Ugarte, Uruguay
83.Margaret Randall, USA
84.María Dibarboure, Uruguay
85.María Elia Topolansky, Uruguay
86.María Vázquez Valdéz, México
87.Mariela Mazzoti, Uruguay
88.Marilyn Lindstrom, USA
89.Marisa Silva, Uruguay
90.Martín Puchet. Uruguay
91.Martín Randall, Uruguay
92.Miguel Fernández Galeano, Uruguay
93.Milton Fornaro, Uruguay
94.Milton Romani Gerner, Uruguay
95.Mónica Xavier, Uruguay
96.Nelson Villarreal Durán, Uruguay
97.Odilia Galván Rodríguez, USA
98.Olga Talamante, Argentina / USA
99.Orin Starn, USA
100.Oscar Destouet, Uruguay
101.Pablo Anzalone, Uruguay
102.Pablo Carlevaro, Uruguay
103.Rafael Sanseviero, Uruguay
104.Raul Arias, Ecuador
105.Raúl Vallejo, Ecuador
106.Raul Zurita, Chile
107.Regina Katz, Ecuador
108.Ricardo Elena, Uruguay
109.Ricardo Levins Morales, USA
110.Ricardo Roca, Uruguay
111.Robert Cohen, USA
112.Roberto Massari, Italia
113.Rosana Cheirasco, Uruguay
114.Sandra Stevenson, USA
115.Sarah Mondragón, México
116.Sergio Meresman, Uruguay
117.Silvia Dutrenit, Uruguay
118.Silvia Pose, Uruguay
119.Susana Mallo, Uruguay
120.Tineke Ritmeester, Holanda
121.Valeria Conteris, Uruguay
122.Vicente García-Huidobro, Chile
123.William I Robinson, USA
124.Ximena Mondragón, México
125.Zoraida Soza Sánchez, Nicaragua.
Firmas que llegaron luego de publicada inicialmente esta nota:
1.Brian Miller, USA
2.Carla Cererols, Uruguay
3.Carlos Baraibar, Uruguay
4.Carlos Liscano, Uruguay
5.Carmen García, Uruguay
6.Daniel Daners, Uruguay
7.Deborah Barndt, Canadá
8.Elena Poniatowska, México
9.José Pepe Mujica, Uruguay
10.Julio García, Uruguay
11.Katia González Martínez, Colombia
12.Lucía Topolansky, Uruguay
13.Luis Yarzabal, Uruguay
14.María Pollak, Uruguay
15.María Sara Ribero, Uruguay
16.Marina López Munguia, México
17.Mijail Yapor, Uruguay
18.Rafael Zeni, Uruguay
19.Roberto Elissalde, Uruguay
20.Roberto Tejada, USA
21.Sergio Mondragón, México







Poeta en el "sepulcro de los vivos"

El pedagogo y activista paraguayo Martín Almada lee hoy un libro durante una entrevista con Efe en su residencia de Asunción (Paraguay)



La temida cárcel del dictador Stroessner


SALUDO CON ADMIRACION Y AFECTO.
Martín Almada

La poesía fue uno de los refugios del Premio Nobel Alternativo Martín Almada para soportar las inhumanas condiciones de vida del "sepulcro de los vivos", uno de los centros en los que fue encarcelado por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la más larga de Sudamérica.
Almada, de 84 años, se encuentra recopilando esas poesías, escritas a mediados de los setenta en la Comisaria Tercera, el temido "sepulcro" en el centro de Asunción al que se referían los presos políticos, las cuales le sirvieron para "convertir el dolor el coraje", según dijo a Efe.
"Yo no soy poeta, nunca lo fui, pero con la necesidad y el tiempo que disponía, me imaginaba poeta", apuntó.
Poesías del dolor que tiene previsto agregar a sus "Retazos de mi testimonio carcelario", viñetas de una vida penitenciaria de vejaciones, a veces con anécdotas absurdas, propias de un régimen obsesivo hasta el delirio en su anticomunismo, y que ultima para ser publicadas en un libro conjunto.
Una recopilación y unos recuerdos que son el último capítulo de la lucha por la justicia y la memoria del activista que logró que la Justicia condenara a los responsables de la muerte de su mujer en uno de esos centros de detención.
Y que en 1992 descubrió los Archivos del Terror, la gigantesca documentación sobre la represión de la dictadura stronista y su coordinación con las de los regímenes militares del Cono Sur al amparo de Estados Unidos, el denominado Plan Cóndor.


POESÍA EN EL HORROR
Detenido en 1974, y matriculado como peligroso subversivo por su actividad docente, su primer destino fue la Dirección General de Investigaciones, donde conoció la "la picana eléctrica y las zambullidas en bañeras de agua fétida".
Y también la muerte de su esposa, Celestina Pérez, maestra de escuela, que él siempre denunció que fue a causa de la tortura sicológica.
En ese contexto le trasladan a la Tercera.
"Eran dos o tres calabozos donde estábamos todos encimados. La vida era inhumana, miserable, una permanente violación de los derechos humanos", dijo Almada a Efe sobre esa comisaria.
Bajo esas condiciones van cobrando forma sus poemas, que memoriza o escribe en cajetilla de cigarrillos encargadas a un carcelero, algunas transcritas con sangre de la uña del pie como tinta, y entregadas como una "pelotita" a su madre en las visitas.
El primero sería pasado a limpio en Panamá, en 1978, donde le dio asilo el entonces presidente, Omar Torrijos, tras ser puesto en libertad ante la presión internacional.
AJEDREZ
El ajedrez es el otro salvavidas de Almada en la Tercera, pese a reconocerse un "amateur".
Allí los "campeones" eran históricos del Partido Comunista que llevaban unos quince años encerrados, entonces entre los "presos más antiguos de América Latina".
Cuenta Almada que ese caudal ajedrecístico se incorporó después a la cárcel de Emboscada, a unos 40 kilómetros de Asunción, donde la dictadura concentró a los presos políticos que estaban repartidos en las comisarias.
"Éramos más de 400 presos, la mayoría políticos, era un campo de concentración feudal", apuntó Almada.
Y señala en sus "Retazos" sobre Emboscada: "la personalidad humana ni existía ni nada valía y los derechos del individuo desaparecían totalmente".
Una degradación a cargo del coronel José Félix Grau, a quien describe como "brutal" y servil a Stroessner.


IMPUNIDAD
En su primera poesía, Almada anhela "justicia para los soldados de la victoria" y tribunales para los "torturadores y criminales".
Sin embargo los derroteros fueron otros tras la caída de Stroessner, por un golpe militar promovido por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, presidente del primer Gobierno en democracia.
En 2015 la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de Paraguay señaló que, de las 448 personas, cuya vinculación directa con la represión stronista está constatada, sólo 8 fueron procesadas entre 1999 y 2008.
Entre sus muchas denuncias, Almada presentó en 1989 una querella criminal contra Stroessner, la primera dirigida al dictador, ya exiliado, en la que siguió perseverando.
Así, en 2019 un juez condenó a siete y doce años de cárcel a tres jefes policiales, reconociendo como homicidio la muerte de Pérez y como "lesión grave y privación ilegítima de libertad" el encarcelamiento de Almada.
Almada admite que son avances, aunque lentos y tardíos, con muchos de los torturadores fallecidos y sin haber rendido cuentas a la Justicia.
Stroessner, por su parte, murió exiliado en Brasil, en 2006, a los 93 años.
"A veces tengo la sensación de que fue un autogolpe, y de que nada ha cambiado (..) No hubo Justicia. La Justicia paraguaya ha sido siempre el basurero de la democracia", dijo Almada.





jueves, 22 de julio de 2021

Abusos policiales empoderan con la LUC


 



Semanario Búsqueda 22 julio 2021
escribe Victoria Fernández

Durante un procedimiento policial, los efectivos ingresaron a un domicilio y golpearon a una persona que tenía una cirugía neurológica. Cuando su hija de 14 años gritó desesperada, los policías la tomaron del cuello. En otro operativo, el dueño de una casa inspeccionada fue esposado en ropa interior en la vía pública. Un detenido fue golpeado con la mano abierta en el oído y más tarde un segundo examen médico realizado a instancias del defensor constató que tenía una perforación en el tímpano. Otro detenido recibió tal golpiza de un funcionario policial que debió ser suturado con ocho puntos. Al menos tres imputados afirmaron que durante la declaración en la sede policial les pusieron una bolsa en la cabeza. Otros relataron que fueron trasladados en el baúl del patrullero.

Estos hechos son algunos de los ejemplos que describen los defensores de oficio que trabajan en el área penal en una denuncia que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia el lunes 12 para advertir sobre un aumento “preocupante” de los abusos policiales en el último año.

En el documento firmado por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, al que accedió Búsqueda, los abogados aseguran que han observado “un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales”. Para llegar a ese diagnóstico, la asociación realizó un relevamiento entre los defensores penales de todo el país, que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos (alrededor del 90% de quienes están sujetos a un proceso penal).

El relevamiento mostró un panorama preocupante y generalizado en casi todos los departamentos. Allanamientos sin orden judicial que se “disfrazan” como inspecciones “voluntarias”, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso “desmedido” de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos.

En el documento presentado ante la Corte los defensores plantean que la situación se agravó tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —que dio mayor autonomía y respaldo al accionar policial—. Y señalan que si bien varios episodios han sido denunciados ante el fiscal del caso y el juez de garantías, generalmente se encuentran “con el obstáculo de falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte de la investigación que está llevando a cabo”.

También explican que en muchas ocasiones los propios damnificados no quieren reportar los abusos: “Nos enfrentamos a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ello”. La situación, agregan, “se hace más evidente en el interior del país, donde los distintos actores generalmente se conocen”.

La Asociación de Defensores de Oficio pide a la máxima jerarquía del Poder Judicial que ponga en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio del Interior y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que trabajen en conjunto “a fin de enmendar las irregularidades”.

“No pretendemos más que hacer respetar la normativa internacional y nacional que ampara a las personas”, afirman los abogados.

Una Defensoría Penal débil

“Estamos desbordados”, dice a Búsqueda el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, en una conversación vía Zoom el pasado martes 20. La vicepresidenta del gremio, Victoria Muraña, asiente: “Es una frustración tras otra”.

La Defensoría de Oficio integra el Poder Judicial y depende jerárquicamente de la Suprema Corte de Justicia. Históricamente, ha reclamado que no tiene los recursos suficientes para poder brindar una asistencia adecuada a los imputados. Pero tras la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) la fortaleza que en términos de presupuesto, funcionarios y competencias adquirió su contraparte, la Fiscalía, dejó más en evidencia las carencias de la Defensoría Penal, que debe asegurarse de que se respeten los derechos y las garantías de las personas investigadas.

En un informe enviado esta semana a la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados, la asociación advierte que “ya sea por la falta de recursos humanos, de recursos tecnológicos y organización administrativa”, hay en muchas ocasiones una “verdadera denegación de defensa técnica de las personas carentes de recursos, al no contar la Defensa Pública con los medios para llevar a cabo efectivamente esta función”. Recuerda que los últimos cargos que se crearon fueron en 2016 y reprocha que “el sistema político en los últimos años ha hecho caso omiso a los permanentes reclamos de la Asociación de los Defensores Públicos”.

“Sentimos impotencia frente a este sistema que no es garantista, porque todo se ha acomodado para la Fiscalía”, dice Gamba. “Desde el punto de vista de las garantías, hoy el sistema penal está peor que el CPP de 1980”, afirma.

Las elevadas cifras de formalizaciones y de personas privadas de libertad que exhiben las autoridades no son demostrativas del “éxito” del sistema, acota Muraña. Por el contrario, muestran que la única vía de solución es la cárcel y que formalizar a los detenidos —aunque se trate de delitos de “bagatela”— es la prioridad. Así se engrosan los números y se mejoran las estadísticas, critica.

La aprobación de la LUC el año pasado no hizo más que agravar la situación, a juicio de los defensores. “Claramente, hay una relación entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la ley”, asegura Gamba.

La norma atendió un reclamo de la Policía, que había quedado disconforme con la pérdida de autonomía para investigar a raíz del nuevo CPP, y les autorizó un plazo de cuatro horas para indagar un hecho antes de reportarlo a la Fiscalía (el CPP ordenaba que la comunicación debía ser inmediata).

Es en ese plazo que recuperó la Policía para actuar donde se cometen los principales abusos, dicen los defensores. Rara vez ellos están presentes en esas primeras horas. Aunque las leyes nacionales e internacionales lo obligan, a los detenidos “no se les leen sus derechos”, aseguran. “Es algo básico en un Estado de derecho informarles que tienen derecho a no declarar, a no inculparse, a tener un abogado”, explica Gamba. Pero ocurre al revés. “Los coaccionan para que declaren, les hablan de las penas que pueden recaerles si no admiten, para que firmen un acuerdo”.

“Deberíamos tener una Defensoría Penal fuerte y estar en las seccionales en las primeras horas de las detenciones. Porque es ahí donde se sella la suerte de la investigación. Y es ahí donde se constatan las vulneraciones”, afirma Gamba. Pero la escasez de defensores (son unos 90 en todo el país para el área penal) y la dispersión geográfica de las seccionales policiales hacen imposible que estén presentes. Además, tampoco hay un espacio previsto en ellas para que puedan entrevistarse con sus defendidos de forma privada, agrega Muraña. Los defensores se reúnen con los detenidos una vez que son trasladados a la Fiscalía, donde sí hay pequeños boxes para que hablen con privacidad. Pero para entonces muchas veces es tarde. Fueron interrogados, asustados y “solo quieren que se termine”.

En un seminario realizado el pasado octubre, varios abogados penalistas y académicos advirtieron que la LUC “empoderaba” a la Policía y que su implementación podría derivar en excesos y peligros para las garantías de los ciudadanos (Búsqueda N° 2.095).

Uso desmedido de la fuerza y coacciones psicológicas

Según describen en el texto de la denuncia que entregaron a la Corte, los defensores observan un “uso excesivo de la fuerza en procedimientos policiales, específicamente en las detenciones, las inspecciones oculares y los allanamientos”. Detallan como ejemplo situaciones en que los policías ingresan a un hogar sin exhibir previamente la orden de allanamiento, provocan daños materiales y “apuntan con armas de fuego a los habitantes”.

“Cabe destacar que muchas veces no se tiene la orden de allanamiento que se anuncia y se los hace firmar (con base en el abuso del miedo y desconocimiento de los moradores) formularios de inspección ocular voluntaria”, advierten. “Incluso, muchos de nuestros defendidos han manifestado que el personal policial llega gritando ‘allanamiento’ y en realidad era una inspección cuyo ‘consentimiento’ se ha llegado a firmar recién en la seccional policial una vez detenidos”.

Cuando los defensores toman conocimiento de estas situaciones, se encuentran con la dificultad de probarlas. “Es imposible volver atrás en los pasos del procedimiento y naturalmente se descree de la palabra de los imputados. Son contados los casos donde la policía lleva o llega a exhibir sus cámaras GoPro para verificar o no la veracidad de los dichos de los detenidos, siendo este casi el único medio de prueba para demostrar tales irregularidades”.

Por eso la asociación insiste en la necesidad de que todos los policías usen cámaras GoPro y que no obstaculicen el acceso a las imágenes.

También denuncian que en los allanamientos “se ha constatado el uso desmedido de la fuerza física en hogares de familia donde por lo general hay niños y personas de edad avanzada”. Además, “los funcionarios policiales producen daños innecesarios” en los hogares. “No debemos olvidar que nuestros asistidos son personas con hogares de escasos recursos, por lo que causar estos daños significará para la familia erogaciones que no serán capaces de afrontar”, advierten.

Por otra parte, los defensores afirman que ocurren “maltratos físicos en el momento de la detención y en los momentos sucesivos, incluso cuando no hay ningún tipo de resistencia”, y “coacciones psicológicas y hasta físicas para obtener la declaración del detenido”.

“El uso de la fuerza física desmedida en el momento de llevar a cabo las detenciones por parte de los funcionarios policiales es frecuente, y generalmente son golpeados en determinadas zonas del cuerpo o con mecanismos que no dejan marcas visibles, por ejemplo, poniendo una cuadernola de por medio”, describen.

“Cuando se pone en conocimiento de esta situación a la autoridad policial, se nos plantea que los golpes fueron consecuencia de que el imputado ejerció ‘resistencia al arresto’”.

Otro aspecto grave sobre el que hacen hincapié los defensores es en la omisión de los médicos de guardia de ASSE al revisar a los detenidos. “Es generalizado el hecho de que los imputados no son examinados”, aseguran.

Describen, por ejemplo, el caso de un detenido al que le sangraba la cabeza y el certificado médico decía “un corte”. Ante la protesta del defensor en Fiscalía, fue trasladado de nuevo al hospital y debieron hacerle 14 puntos de sutura. “En otras ocasiones se ha solicitado al juez de garantía, en la audiencia de control de detención, que sean examinados por un médico forense, atento a que tienen lesiones a pesar de que el certificado médico menciona que no las tiene”.

“Eso es unánime en todo el país”, dice Gamba. “Ni los miran, no les levantan la remera”. Además, los chequeos se realizan ante la presencia del policía. También ocurre que algunos hospitales fijan horarios para la revisión médica, por lo cual en ocasiones no se realiza en el momento, sino varias horas después.

Por otra parte, la asociación sostiene que “en el último año se ha detectado un aumento en el uso abusivo de los controles de identidad a las personas de bajos recursos que muchas veces se encuentran en la calle revisando, por ejemplo, volquetas en busca de comida”.

La LUC derogó la regulación del control de identidad que establecía el CPP. Ahora “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera” y puede ser conducida a la seccional si no lo hace o no tiene la documentación, según la nueva redacción del procedimiento.

En los controles a veces las personas reaccionan y luego son denunciadas por “agravio a la autoridad policial”, señalan los defensores, un delito incorporado por la LUC. “Hay muchas personas que han sido formalizadas —debiendo cumplir prisión— por estas circunstancias”, advierten. Además, los controles de identidad están en la mayoría de los casos “exentos de controles judiciales y ni siquiera llegan a conocimiento de la Fiscalía”, por lo que quedan en el anonimato.

Otro aspecto que genera preocupación en los defensores es que la prisión preventiva se cumple a veces en “condiciones peores que las personas que están cumpliendo condena”. Es que el CPP obliga a que estén separados y, ante la carencia de infraestructura, a veces quienes están en prisión preventiva son trasladados a otros departamentos y alejados de sus familias. Los abogados advierten que eso “lleva muchas veces a que se realicen acuerdos de procesos abreviados con la sola finalidad de dejar de cumplir la prisión preventiva”.

El documento menciona también situaciones en que las denuncias contra los abusos policiales dieron resultados. Por ejemplo, el jefe de seguridad de la cárcel de Florida fue denunciado por las defensoras públicas del departamento por abuso sexual a varias reclusas en 2019. Pese a que las presas no querían reportarlo por temor a ser trasladadas, una actuación conjunta de las defensas con la Fiscalía y las víctimas logró la condena del funcionario. Otro efectivo fue imputado luego de que se constatara que sistemáticamente denunciaba a individuos por agravio a la autoridad policial y que era él quien los agredía. En esos casos las Fiscalías actuaron de forma “objetiva” e investigaron a los funcionarios, destacan los defensores. Pero, advierten, se trata de excepciones.







miércoles, 21 de julio de 2021

No es Cuba



>>> La cara del capitalismo


No, no es Cuba, son las calles de Philadelphia, (Estados Unidos) el barrio de Kensington, el más pobre de toda de la ciudad. Personas en la mas absoluta miseria y con problemas de drogadicción inundan las aceras del barrio. La verdadera cara del capitalismo, la que no interesa.




Según la organización de beneficencia católica estadounidense "Poor People's Campaign", que da de comer en las calles a sintechos, en EEUU hay al menos 140 millones de pobres (cifras mucho más altas que las oficiales). 

 Esta miseria capitalista no la veras en los telediarios.


 Además, las muertes de sobredosis por drogas en Estados Unidos alcanzaron la CIFRA RECÓRD de 93.000 muertos el año pasado, un 29% más que en 2019. En EEUU, drogas como la heroína, la cocaína y la metanfetamina matan más que el VIH, los accidentes de coche y los tiroteos juntos.


 

Es el país más rico del mundo. Su economía, que representa casi un cuarto de la producción global de bienes y servicios, genera la exorbitante suma de US$21,4 billones al año.

Y aunque la economía china ha crecido a toda velocidad durante las últimas décadas y se acerca cada vez más a la estadounidense, aún está en segundo lugar en relación al tamaño del Producto Interno Bruto (PIB).

>>> Fuerzas de seguridad atacan manifestación pacífica en Los Angeles 






 


En EEUU la salud es totalmente privada si no pagas no te atienden y si es emergencia te salvan la vida pero quedas endeudado hasta tres generaciones adelante.

100,000 muertes en EEUU donde la salud es privada (neoliberalismo) y los recortes presupuestarios (austeridad) a la sanidad son básicamente política pública.

Pero si se mete con Cuba








La justicia llegó, pero tarde




A más de 40 años de la Operación Cóndor


 

Enviado por Martín Almada* | Viernes 16 de julio 2021

El pasado viernes 9 de julio me conmovió un hecho histórico en el marco de la justicia internacional: el Tribunal Supremo Italiano confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos acusados de la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor. Hay que recordar que la Operación Cóndor fue la sangrienta estrategia diseñada por Estados Unidos para los regímenes militares del Cono Sur de Latinoamérica entre los años 1970 y 1980 y que tuvo como consecuencia la desaparición y muerte de decenas de miles de opositores políticos. “Es una sentencia importante e histórica; la primera en Europa por la Operación Cóndor” afirmó el abogado Arturo Salermi.
La investigación que condujo a esta sentencia fue iniciada por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo y llegó al término después de ocho años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares, compañeros de detención de las víctimas, etc. y finalmente fueron declarados culpables agentes de policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú.
La Operación Cóndor nació en la reunión que el 25 de noviembre de 1975 realizaron en Santiago de Chile los jefes de inteligencia de los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay a los que se sumaron luego los gobiernos de Ecuador y Perú. En esta reunión se creó una oficina coordinadora de personas contactadas con la subversión siendo su responsable intelectual el Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Cabe destacar que el PLAN CONDOR no era solo la eliminación de los potenciales enemigos subversivos, sino también el control de los recursos naturales de los países. El Estado pasó a la clandestinidad y se volvió contra la sociedad, que quedó desprotegida.
Yo fui una víctima del Cóndor. Y sufrí todo su amplio repertorio de terror. Todo empezó por mi interés en la reforma del sistema educativo paraguayo y en la mejora de las condiciones laborales de los maestros. Fui tipificado como maestro subversivo y terrorista intelectual por promover la campaña SALARIO DIGNO, y también VIVIENDA DIGNA, para todos los educadores. Además de haber llevado a la práctica en el Instituto Alberdi, bajo mi dirección, la teoría pedagógica del educador brasileño Paulo Freire.
Fui detenido, encerrado y torturado. Mi primer torturador fue un chileno, después me torturó un argentino, recuerdo que era el 26 de noviembre de 1976. Yo los reconocí por sus acentos de voz. Mi esposa, la educadora Celestina Pérez, fue también detenida muriendo a consecuencia de las torturas a que fue sometida. En la celda contigua de la Comisaría Tercera, donde me trasladaron, conocida más bien como el “SEPULCRO DE LOS VIVOS”, estaba un argentino, Amílcar Latino Santucho, que me contó que cayó en manos del ejército paraguayo junto con el chileno Jorge Fuente Alarcón, destacado dirigente del MIR. Ambos fueron sometidos a un Tribunal militar. En 1976 fui enviado al Campo de Concentración “Emboscada”, donde había más de 400 prisioneros políticos. En 1977, por “mala conducta”, me devolvieron al “Sepulcro de los Vivos”, en Asuncion, donde hice una huelga de hambre de 30 días. Gracias a la solidaridad de organizaciones de Derechos Humanos y del Comité de Iglesias recuperé finalmente mi libertad y fui expulsado del país pudiendo marchar al exilio.
He dedicado gran parte de mi vida a investigar las circunstancias de la muerte bajo tortura de mi primera esposa, hecho ocurrido el 5 de diciembre de 1976. La investigación me llevó al descubrimiento del ARCHIVO DEL TERROR, con más de 3 toneladas de documentos policiales y militares a través de los cuales puede sacarse a la luz la historia y el desarrollo del Cóndor. El archivo fue declarado por la UNESCO, MEMORIA DEL MUNDO, en el 2009. Durante años me reuní con el Fiscal Capaldo a quien entregué en forma continuada fotocopias autenticadas relativas al PLAN CONDOR que con seguridad han ayudado a la obtención de la primera sentencia europea condenatoria del Cóndor. Pero a pesar de la satisfacción por la sentencia italiana, no podemos dejar de lamentar que llegó demasiado tarde porque la mayoría de los genocidas del Cóndor ya murieron, o sea sus delitos quedaron impunes debido al tiempo transcurrido. Aunque ello no impedía al menos que la sentencia contuviera una condena moral para que los genocidas del Cóndor constaran como prisioneros de la historia trágica. Lamentablemente no ha sido así.


*Martin Almada, Descubridor de los Archivos del Plan Cóndor, Premio Nobel Alternativo 2002.
Autor de “Paraguay: la cárcel olvidada, el país exiliado” cuya vigésima edición fue editada generosamente te en Cuba con prólogo de la escritora Stella Calloni.










martes, 20 de julio de 2021

Figuretti


 

 Se ordenó el arresto a rigor del jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional, el contralmirante Gustavo Luciani, informó Subrayado y confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Defensa.

Los motivos para ordenar su arresto, indicaron las fuentes consultadas, fueron "razones disciplinarias", si bien al momento no trascendieron los detalles de las mismas.

Por el momento no se espera que el ministro Javier García se expida al respecto.

 

Arresto para el almirante Gustavo Luciani

...las cintas. Quizás porque está en conocimiento de que en filas militares se lo señala con el apodo de “figureti”, la alusión a las cintas molestó a García y sancionó a Luciani, que ahora le pidió una reunión al ministro. 

No es el único motivo de enojo en la Armada las cintas. Quizás porque está en conocimiento de que en filas militares se lo señala con el apodo de “figureti”, la alusión a las cintas molestó a García y sancionó a Luciani, que ahora le pidió una reunión al ministro. No es el único motivo de enojo en la Armada.

 

 

 

 

Llegaron desde Bella Unión




Los trabajadores de la Química marchan en defensa de las fuentes de trabajo y contra los planes privatizadores del gobierno uruguayo.

 














De la profecía esperada


 

Se nos quedó el maleficio
De brindar al extranjero
Nuestra fe, nuestra cultura,
Nuestro pan, nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando
Oro por cuentas de vidrio
Y damos nuestras riquezas
Por sus espejos con brillo.

Hoy, en pleno siglo veinte
Nos siguen llegando rubios
Y les abrimos la casa
Y les llamamos amigos.
Pero si llega cansado
Un indio de andar la sierra
Lo humillamos y lo vemos
Como extraño por su tierra.

>>> Servir a los poderosos




El actual gobierno tomó lo que había hecho el gobierno anterior y continuó con el proceso


Uruguay también ofrece generosos incentivos a la inversión


El acuerdo con la empresa Katoen Natie, que le extiende hasta 2081 la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo, es un ejemplo más extremo del mismo estilo. La negociación previa, de la que todavía no se conocen todos los detalles, fue llevada adelante básicamente por Presidencia junto con el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y una vez que se hicieron públicos los alcances del acuerdo, mediante un decreto, tanto el PC como Cabildo Abierto expresaron objeciones y dudas, dejando en evidencia que no habían estado en la conversación. 


Es la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años

 


Resumen ejecutivo

 

En las últimas tres décadas, los sucesivos gobiernos de Uruguay han declarado y demostrado su compromiso a largo plazo con la estabilidad política y económica, en un entorno regional caracterizado por una fuerte volatilidad. El país ha obtenido una puntuación alta en las métricas de calidad de los procesos democráticos, transparencia y control de la corrupción. Sobre la base de estos logros, Uruguay también ha liderado una política macroeconómica estable y prudente, y ha mantenido una alta apertura comercial y de inversión.


Apoyado por condiciones externas favorables, el período 2004-2014 estuvo marcado por un alto ritmo de crecimiento económico, reducción de la pobreza y elevadas tasas de inversión en Uruguay. Sin embargo, los años más recientes han provocado una desaceleración económica. El PIB y la formación bruta de capital del país crecieron más lentamente, al igual que las entradas de inversión extranjera directa (IED). Uruguay también está lidiando con algunos desafíos estructurales, relacionados con cambios demográficos, brechas de habilidades y la necesidad de facilitar la innovación y fortalecer su posición en las cadenas de valor globales. La pandemia de COVID-19 puede acentuar estos desafíos, ya que es probable que aumente la competencia por la IED. Como tal, Uruguay se encuentra actualmente en una encrucijada donde se requieren más reformas para facilitar su transición hacia la innovación, mayores niveles de bienestar y desarrollo socioeconómico sostenible. Varios de estos desafíos se pueden respaldar mediante reformas de la política de inversión y cambios en el clima empresarial del país que se destacan en esta Revisión .


El régimen de Uruguay está abierto a la IED y mantiene muy pocas restricciones formales a la entrada o al funcionamiento de empresas multinacionales. Actualmente tampoco existen requisitos de selección previa al establecimiento para la inversión extranjera en Uruguay.

 Como tal, Uruguay se ubica como uno de los países más abiertos en el IED de la OCDE Índice de Restricción Regulatoria de la , no solo entre las economías emergentes sino también entre las de la OCDE. El marco legal interno de Uruguay brinda garantías de protección a los inversionistas en consonancia con un moderno régimen de políticas de inversión. El desempeño del sistema de justicia nacional también ha mejorado significativamente con el tiempo. Como es el caso en muchas otras economías, Uruguay también ofrece a los inversionistas extranjeros una capa adicional de protección a través de una red de sus acuerdos internacionales de inversión. Dado que el alcance de la protección otorgada a través de dichos acuerdos es bastante amplio, el gobierno de Uruguay podría intensificar sus esfuerzos para aclarar, actualizar y reformar los tratados existentes para gestionar la exposición asociada.


Uruguay también ofrece generosos incentivos a la inversión. Las Zonas Económicas Francas (ZEF) ofrecen una exención fiscal completa a los usuarios durante la duración de sus contratos. Además, el uso del régimen COMAP, un esquema de incentivos tributarios específico bajo la Ley de Inversiones, ha aumentado significativamente desde 2007. Sin embargo, el apoyo que un inversionista puede recibir en Uruguay depende del momento exacto, la ubicación y el esquema utilizado en el país. momento de la solicitud de apoyo a la inversión. Como tal, si bien la transparencia del régimen ha aumentado, el gobierno podría aumentar aún más su coherencia regulatoria, especialmente al inscribir incentivos a la inversión en las leyes fiscales subyacentes y racionalizar y eliminar gradualmente algunas de ellas. Mejorar el seguimiento y la evaluación de los incentivos existentes también puede ayudar al proceso de optimización y mejorar la transparencia.


El reciente ejercicio de creación de consenso en torno a las actividades prioritarias y las reformas del clima de inversión realizado como parte de la planificación estratégica nacional puede ayudar a definir mejor el enfoque hacia la promoción y facilitación de inversiones. Específicamente, la identificación de reformas clave del clima de inversión horizontal ha ayudado a aclarar responsabilidades, establecer objetivos y fijar plazos. Independientemente del marco institucional definitivo que acompañe a este proceso, que actualmente se está articulando, se debe continuar con la identificación y ejecución de proyectos transversales clave en esta área, como la creación de la Ventanilla Única de Inversión. Además, se debe prestar mayor atención a la facilitación de la inversión y la mejora de la calidad regulatoria general. Las encuestas comerciales sugieren que los procedimientos administrativos engorrosos, por ejemplo, para obtener permisos de construcción y registrar una propiedad, siguen siendo un obstáculo para hacer negocios en Uruguay. Si bien el país generalmente muestra altos niveles de transparencia y acceso a la información, carece de una base legal general y una solución institucional para hacer cumplir las prácticas regulatorias de manera uniforme. Por lo tanto, además de continuar con los esfuerzos en curso de simplificación administrativa y digitalización, el gobierno podría aprovechar las mejores prácticas internacionales disponibles, como se destaca en la OCDE Recomendación de la sobre política regulatoria y gobernanza, para mejorar su desempeño en esta área.


Las empresas estatales (EPE) continúan desempeñando un papel importante en la economía uruguaya y reflejan la preferencia social, expresada en referendos a mediados de la década de 1990. En gran medida, las empresas estatales han logrado romper con la interferencia política, mejorar la gobernanza y la gestión y aumentar la eficiencia. Aún así, su historial en el logro de los objetivos de gestión es desigual y no hay pruebas contundentes de que haya mejorado con el tiempo. Se necesitan más reformas para mejorar su gobierno corporativo, fomentar la profesionalización de los directorios y aumentar la transparencia en el uso de los recursos. Dado el papel dominante de las empresas estatales en la economía de Uruguay y su influencia sobre la competitividad del país, es valioso adoptar modelos de mejores prácticas de transparencia financiera y profesionalismo gerencial, como los identificados en las la OCDE Directrices de sobre Gobierno Corporativo de Empresas Públicas .


Promover y permitir la conducta empresarial responsable (RBC) también es vital para atraer y retener inversiones de calidad y desarrollo sostenible. En gran medida, Uruguay ya ha suscrito la mayoría de los instrumentos multilaterales que sustentan los principios y estándares de RBC incorporados en las la OCDE Directrices de para Empresas Multinacionales . No obstante, RBC como tal es un concepto relativamente nuevo en Uruguay. No existe una estrategia nacional integral sobre RBC o políticas públicas dirigidas a RBC en sectores específicos. Hasta ahora, las actividades relacionadas con los RBC han sido realizadas principalmente por el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, en lo que respecta a las reformas de gobierno corporativo, el gobierno podría aclarar los requisitos de divulgación, incluida la divulgación de información no financiera. Uruguay también ha establecido los planes para establecer el PNC como lo requieren las Directrices de la OCDE. Se prevé el establecimiento de un PNC que consta de una comisión interministerial y una Secretaría Ejecutiva con sede en el Ministerio de Economía y Finanzas, asistida por un órgano asesor de múltiples partes interesadas, para fines de 2020. La Secretaría de la OCDE puede ayudar a asegurar su puesta en funcionamiento. 






Estuvieron espiando


 

Qué es Pegasus y qué hace este sofisticado sistema de espionaje israelí usado masivamente 

Amnistía Internacional y la organización de periodistas de investigación Forbidden Stories, junto con medios como The Guardian o The Washington Post, han puesto cifras al spyware conocido como Pegasus: alrededor de 50.000 objetivos potenciales en un listado que recoge periodistas, políticos, activistas y opositores a regímenes políticos autoritarios.

La cifra se ha desvelado tras haber tenido acceso a una gran base de datos con miles de números de teléfono de todo el mundo señalados por los clientes NSO Group, la responsable del sistema, para ser espiados. Y no son clientes cualquiera, naturalmente, sino generalmente agencias de seguridad nacionales y Gobiernos.

Pegasus es que es sumamente sofisticado a la hora de hacerse con el control de un dispositivo móvil y aprovechar su hardware

Lo que hace especial a Pegasus es que es sumamente sofisticado a la hora de hacerse con el control de un dispositivo móvil y aprovechar lo que contienen, tanto a nivel de información como de hardware, para obtener todos los datos posibles sobre la víctima del espionaje.


 

 Qué es Pegasus y cómo funciona

Pegasus es, como explicábamos, un programa informático dedicado al espionaje, un spyware de gran sofisticación dado que es capaz de funcionar en un teléfono móvil sin que sea necesario que la persona espiada caiga en ninguna trampa. Ni abrir un enlace malicioso ni ejecutar una aplicación no autorizada, su virtud es acceder a los dispositivos silenciosamente aprovechando vulnerabilidades de los sistemas. Ataca tanto a Android como a iOS y, en su momento, también a BlackBerry.

Ataca tanto a Android como a iOS y, en su momento, también a BlackBerry

Conocemos este sistema de espionaje desde 2016, cuando los investigadores de Lookout y Citizen Lab descubrieron una "amenaza activa que utiliza tres vulnerabilidades críticas de 'zero-day' para iOS que, cuando son explotadas, forman una cadena de ataques que subvierten incluso el sólido entorno de seguridad de Apple". Pegasus "es el ataque más sofisticado que hemos visto visto", aseguraron. Se cree que con este sistema se hackeó a Jeff Bezos y que el spyware está relacionado también con el asesinato de Jamal Khashoggi.

La creación de NSO tiene todavía más años y aunque solo se vende a Gobiernos y agencias gubernamentales con el objetivo teórico de combatir el crimen, aunque existen serias dudas. Pese a que desde la empresa israelí dicen que está destinado a "recopilar datos de los dispositivos móviles de individuos específicos, sospechosos de estar involucrados en delitos graves y terrorismo", organizaciones como la propia Amnistía Internacional, también Citizen Lab y la Electronic Frontier Foundation consideran, según las evidencias que han recabado, que su uso contra la sociedad civil está extendido. Lo que ha quedado apuntalado con las últimas revelaciones.

Organizaciones diversas considera que su uso contra la sociedad civil está extendido

Pegasus, una vez ha accedido a un terminal aprovechando fallos de seguridad, se hace con el control del dispositivo a diferentes niveles: además de apoderarse de datos de todo tipo almacenados en el mismo, desde fotografías a correos, pasando por historial de llamadas, conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea o actividad en redes sociales, es capaz de activar los micrófonos para escuchar conversaciones o rastrear la ubicación en la que se encuentra. "Este software espía ha sido ampliamente mal utilizado", dicen desde Forbidden Stories.

>>> En Uruguay ya se sabía


 

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26 jul. 2013 ... Ministerio del Interior hizo millonaria inversión en TECNOLOGÍA de vigilancia. Gobierno compró "El Guardián" para espiar llamadas y correos
 
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13 oct. 2014 ... El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de funcionamiento de El Guardián ..

 

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17 mar. 2015 ... Guardián: Justicia desestima pedido de información pública ... nueva herramienta de interceptación de comunicaciones "Guardián", finalmente ...
 
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5 mar. 2015 ... Llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales, estarán en breve bajo la vigilancia de “El Guardián”, un avanzado sistema de ...
 
elmuertoquehabla.blogspot.com › 2015/05 › en-guardia-ante-el-guardian
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13 may. 2015 ... http://www.elpais.com.uy/informacion/informe-oficial-reclama-erradicar-abuso. html. En Uruguay se sigue torturando, continúa la política del ...
 
elmuertoquehabla.blogspot.com › 2018/01 › el-guardian-llego-tarde
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11 ene. 2018 ... Los narcos eluden las escuchas telefónicas con aplicaciones como Whatsapp y afectan las investigaciones policiales; “El Guardián llegó tarde ...
 
elmuertoquehabla.blogspot.com › quien-nos-protege-de-el-guardian
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2 jul. 2015 ... El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de funcionamiento de El Guardián ..