domingo, 29 de abril de 2018

La vigencia de Raul Sendic




28/04/2018 En el Cementerio de La Teja para recordar al Bebe Sendic a 29 años de su fallecimiento





Homenaje a Raúl Sendic en cementerio de La Teja 


Con motivo de recordarse el 29 aniversario de la muerte de Raúl Sendic, organizador de sindicatos en el interior del país y referente del gremio azucarero, la organización Solar Raúl Sendic convoca a la población en general a concentrarse mañana sábado 28 de abril, a partir de la hora 11, en el cementerio de La Teja. "Con este sencillo y emotivo homenaje se procura mantener en el recuerdo la vigencia del luchador social y político", indicaron los organizadores.
Al cumplirse el 16 de marzo de 2017 el aniversario del nacimiento de Sendic, Nicolás “Colacho” Esteves, dirigente histórico de la Unión de Trabajadores  Azucareros de Artigas (UTAA), recordó en el Portal la trayectoria sindical y política de quien liderara en la década del ´60 la organización obrera del sector rural y se convirtiera en uno más de la organización gremial. Subrayó que Raúl se destacó en el movimiento sindical por “su compromiso y participación permanente en las luchas y huelgas que llevaron adelante los trabajadores, era un trabajador más. En Bella Unión muchos en lugar de decir sindicato decían sendicato”, contó a modo de anécdota.
“Sendic era un hombre que pensaba y que le daba respuestas a los trabajadores a la hora de hacer sus reclamos inmediatos. Pero también impulsaba a la clase obrera a conquistar un mundo distinto. En la lucha por la tierra quedó claro y UTAA tomo con fuerza esa idea. Desde el punto de vista de la organización fue un referente de la horizontalidad, de la participación y de la confianza del obrero que tenía a su lado. Eso le dio la posibilidad a un sindicato como UTAA, un sindicato rural que está perdido en un punto bien aislado del Uruguay, poder sobrevivir a lo largo de muchos años. No sólo generaba confianza, sino que confiaba en los trabajadores y se apoyaba en ellos. En su etapa política siempre tenía más confianza en los compañeros trabajadores y eso determinó que muchos compañeros rurales se sumaran a la lucha política. Lo cierto es que Raúl fue un luchador por una sociedad socialista”, dijo de forma categórica Esteves.



“Colacho” (UTAA): “Raúl fue un hombre que pensaba y quería la revolución”

Nicolás “Colacho” Esteves, dirigente histórico de la Unión de Trabajadores  Azucareros de Artigas (UTAA), con motivo de cumplirse ayer jueves 16 un nuevo aniversario del nacimiento de Raúl Sendic, recordó en el Portal la trayectoria sindical y política de quien liderara en la década del ´60 la organización obrera del sector rural y se convirtiera en uno más de la organización gremial. Subrayó que Raúl se destacó en el movimiento sindical por “su compromiso y participación permanente en las luchas y huelgas que llevaron adelante los trabajadores, era un trabajador más. En Bella Unión muchos en lugar de decir sindicato decían sendicato”, contó a modo de anécdota.
“Sendic era un hombre que pensaba y que le daba respuestas a los trabajadores a la hora de hacer sus reclamos inmediatos. Pero también impulsaba a la clase obrera a conquistar un mundo distinto. En la lucha por la tierra quedó claro y UTAA tomo con fuerza esa idea. Desde el punto de vista de la organización fue un referente de la horizontalidad, de la participación y de la confianza del obrero que tenía a su lado. Eso le dio la posibilidad a un sindicato como UTAA, un sindicato rural que está perdido en un punto bien aislado del Uruguay, poder sobrevivir a lo largo de muchos años. No sólo generaba confianza sino que confiaba en los trabajadores y se apoyaba en ellos. En su etapa política siempre tenía más confianza en los compañeros trabajadores y eso determinó que muchos compañeros rurales se sumaran a la lucha política. Lo cierto es que Raúl fue un luchador por una sociedad socialista”, dijo de forma categórica Esteves.
Para el hoy asesor de UTAA uno de los aportes más importantes de Sendic fue la defensa de los derechos de los trabajadores que por lo general vivían en situaciones casi de esclavos, trabajando de sol a sol y donde no se les respetaba sus derechos. En el ´60 su escritorio, por donde pasaban cientos de personas, estaba instalado en el sindicato de Paycuero. En el ´57 y ´58 participó en la huelga remolachera. Por esos años con un grupo de militantes sindicales del PS se trasladaron a Salto y crearon la Unión de Regadores y Destajistas del Espinillar. Cuando este grupo se instala en Bella Unión se comienza con un trabajo que logra en 1961 la creación de UTAA.
“Colacho” agregó que las primeras marchas hacia Montevideo en esos años la realizaron los trabajadores arroceros del Este. En esa época Raúl se convierte en un “elemento importante para los trabajadores ya que es el impulsor de la creación de los sindicatos y su asesor. Por lo que su gran aporte es ayudar a definir los programas reivindicativos y de acción de los trabajadores. Hay que tener presente que el trabajador rural en aquella época estaba, prácticamente, privado de todos los derechos. Por lo que conocer las leyes existentes y exigir que se respetaran era muy difícil si no había alguien que los orientara, los organizara.
El asesor de UTAA destacó que en la primera huelga que se hace en Bella Unión en enero de 1962 Raúl está de forma permanente participando de la misma. En esa oportunidad los trabajadores de las plantaciones junto a sus familias realizaron un campamento en el monte Itacumbú durante unos tres meses. Este tipo de participación llevó a que muchos de los trabajadores que utilizan mucho el portuñol llegaran a decir sendicato en lugar de sindicato. Hay que reconocer que la huelga fue muy exitosa porque se lograron obtener la totalidad de las reivindicaciones que se referían a la defensa de los derechos laborales. Se le dobló el codo a la patronal con argumentos legales y de derecho”.
En la década del ´60 hizo prioritaria la lucha por la ley de ocho horas para el asalariado rural. Cuando en 1962 se realiza una marcha hacia Montevideo los trabajadores comienzan a sufrir un gran hostigamiento de muchos y “medios de comunicación como El País acusa a los manifestantes de quemar una escuela, algo que era totalmente falso. Lo que no informaron estos medios fue que a compañeros que iban en la marcha les quemaron sus casas. En esta oportunidad una de las centrales sindicales que había en el país, que era amarilla, llevó adelante un papel importante en contra de los trabajadores que marchaban en reclamo de sus derechos”

Génesis del trabajo codo a codo

“Colacho” recordó que a Sendic lo conoció cuando era estudiante de secundaria en Paysandú, en momentos que militaba en el Centro Único de Estudiantes Sanduceros (CUES), en épocas que se discutía mucho de política y los estudiantes tenían mucha avidez de involucrarse. “En esos años un compañero me conectó con Raúl que era el representante del Partido Socialista (PS), en especial de la juventud socialista (Juventud Socialista del Uruguay – JSU), y que integraba una camada de jóvenes que renovó el Partido; entre los que se encontraban José Díaz, Reinaldo (Polo) Gargano, Guillermo Chiflet, entre otros. En esos años se fijó una línea de trabajo que priorizó la actividad sindical en el movimiento obrero rural. La resolución fue designar militantes partidarios a organizar sindicatos en un sector que era sumamente explotado”.
Agregó que “el primer lugar que se participó fue en el Sindicato Único de Arroceros (SUA) en el Este y el encargado de llevar adelante la parte organizativa fue Leguisamo, que era un obrero metalúrgico. “En este gremio Raúl realizó las primeras experiencias y comenzó con su vínculo en el movimiento sindical. Ya en Paysandú llevó adelante una actividad muy fuerte como asesor jurídico de los sindicatos. Tenía que trabajar con un abogado porque era procurador y no tenía el título de abogado, de todos modos era el que llevaba adelante las gestiones y redactaba los escritos de las demandas que necesitaban la firma del profesional acreditado”.











El asesinato impune de Reyes




 

Este 1º de mayo el asesinato impune de Reyes se convierte en un reclamo de justicia

El próximo martes los proletarios del mundo, en especial los uruguayos, conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores, en recuerdo de los mártires de Chicago, las movilizaciones llevadas adelante por la clase obrera y las conquistas logradas hasta el momento. Durante este día de reflexión y compromiso de lucha por una sociedad más justa y solidaria, el PIT-CNT convoca a la población a concentrarse a partir de las 10 horas en la Plaza 1º de Mayo.
En estas instancias de homenaje a los mártires obreros recordamos parte de las palabras de August Spies (alemán, 31 años, periodista): “Pueden sentenciarme a muerte, honorable juez, pero al menos que se sepa en Illinois que ocho hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el triunfo de la libertad y la justicia”.
Cuando cada 1º de mayo se renueva en el mundo el recuerdo a los muertos y presos sindicales, en esta opotunidad el Observatorio Luz Ibarburu elaboró un detallado informe en recuerdo del asesinato de Jorge Emilio Reyes (1955-1980), que continúa impune, y que publicamos a continuación.

Un obrero asesinado

Temprano en la mañana del 1º de mayo de 1980 un grupo de trabajadores de Nordex conversaba frente a la empresa antes de empezar el turno. Entre ellos estaba Jorge Emilio Reyes. Era electricista y acababa de cumplir 25 años. Una hora después, lo derribó una bala militar mientras estaba trabajando dentro de la planta con un compañero. El caso tuvo un rápido tratamiento en la justicia militar y se archivó sin más. Casi cuarenta años después, el asesinato de Reyes sigue impune.
Aquel fue un día difícil. Por primera vez desde el golpe de Estado la dictadura ordenó trasladar el feriado del Día de los Trabajadores para el 5 de mayo. En repudio al decreto que deliberadamente desconocía la histórica tradición del movimiento obrero internacional de no trabajar en la fecha, sindicatos como el SUNCA decidieron parar. Otros, en cambio, entre los que se contaban los metalúrgicos de Nordex, frenaron el primer impulso de plegarse a los obreros de la construcción.
No tenían fuerza ni capacidad para hacer frente a la represión que les caería encima si paraban y, sobre todo, querían preservar la frágil organización sindical que con riesgo estaban levantando. A desgano y después de haberle anunciado a los patrones que esa jornada harían lo menos posible, conversaron unos minutos frente al portón de la empresa, compartieron un mate y entraron a trabajar.

Aplausos y gritos de hurra

Mario Hugo Chaves, a quien los compañeros llaman “Chelo”, evoca la escena callejera que antecede al asesinato de Reyes: “…siempre entrábamos unos minutos antes pero ese día como que se dio una cosa especial y lo primero que notamos fue dos camionetas del Ejército, una en cada esquina de la planta de Rondeau” (1). En efecto, como parte del vasto operativo de vigilancia que la dictadura desplegó para controlar el acatamiento al decreto, el Batallón de Ingenieros número 1 envió tres unidades de seis hombres cada una a patrullar la zona (2). En una de ellas iba como chofer al hombre que mató a Reyes, el soldado Luis Alberto Morales Godoy, integrante de la Compañía antisubversiva del Batallón de Ingenieros número 1.
“Siempre en la entrada se armaba una especie de bullicio, mate, bizcochos, bromas y cachadas. En una se entran a reír por un cuento y enseguida pasó la camioneta en tono amenazante, con las metralletas apuntando hacia la planta y mirándonos en una actitud muy fuerte”, relata “Chelo”.
Lo que sucedió casi enseguida puede explicarse por el ambiente de tensión extrema que se instala con un operativo de control y vigilancia del porte que ese día el Ejército y la Policía en lanzaron en Montevideo. Para la patrulla que “Chelo” y sus compañeros vieron pasar frente a Nordex, la charla y las risas de los trabajadores eran un acto sospechoso o una amenaza que justificaba el pedido de refuerzos. Tras la muerte de Reyes el hombre estaba al frente de la ella, el alférez Juan Ariel Aguilar, declaró al juez militar que mientras recorría la zona escuchó “gritos de hurra y aplausos por lo que procedió a hacer un pasaje de reconocimiento por el lugar de donde venían los gritos”. Inmediatamente mandó un mensaje de radio pidiendo apoyo a una unidad militar y mientras esta llegaba decidió entrar a la planta custodiado por Morales y el sargento Luis Manzoni Torentino. El capataz de la empresa lo tranquilizó asegurándole que todo el personal estaba trabajando y que la rueda de mate y el alboroto de la conversación que había visto afuera era “cosa de todos los días”.
Al salir Aguilar se encontró con la unidad que había pedido: el teniente primero W. Sarli del equipo “Simón” que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) mandó a Nordex. Sarli le ordenó que volviera a la empresa y pidiera la lista completa de los trabajadores presentes. La declaración de Aguilar sobre las medidas de seguridad que tomaron para entrar a la planta por segunda vez revela que la actitud y el ánimo con que regresaron había cambiado. Aguilar ordenó vehículo estacionara frente a la fachada y que tres soldados armados cubrieran la entrada apostados detrás los árboles de la vereda opuesta. Después se encaminó hacia el local escoltado por Manzoni y Morales, responsables de “brindarle seguridad a vista directa”. Más que el ingreso a una fábrica para hacerse con un documento de la administración el dispositivo parece el de un comando que va a internarse en campo enemigo.

Control, represión y propaganda

Los documentos recabados por el Equipo de Historiadores de la Universidad de la República permiten aproximarse al clima social en que se produjo la muerte de Reyes y conocer la amplitud del operativo ejecutado ese día (3). Un informe del jefe de la Sección GAMMA de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), el conocido represor y capitán de la Guardia de Granaderos Ricardo Medina, da cuenta de las más de cuarenta empresas públicas y privadas de Montevideo a las que la dictadura pidió datos a fin de tener un balance exacto del ausentismo y el nombre de los hombres y mujeres que faltaron al trabajo. Entre las empresas que debieron entregar la lista de personal hay bancos, firmas de la industria textil, tabacaleras, de la bebida, pesqueras, metalúrgicas, compañías de transporte colectivo, liceos hospitales. En algunos casos, Medina anota que las tareas se cumplieron en forma normal y en otros señala un ausentismo que va del 4 al 80%. Como si se tratara de un escrutinio electoral, el capitán le anuncia a su superior que luego de ese primer informe, que recoge datos parciales del turno matutino “hasta la hora 15:00”, entregará otro, que será terminado a las 18:00. La vigilancia de la jornada también se extendió a las misas y reuniones que ese día se celebraron en la Catedral, en la Iglesia del Cordón y el templo metodista de la calle Constituyente, entre otros. Como resultado de las volanteadas, servicios religiosos y paros parciales que hubo ese día la jornada terminó con cientos de detenidos que en su mayoría fueron a parar al Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR).
El traslado del feriado del Primero de Mayo fue un ensayo para medir el estado de ánimo y la respuesta de las organizaciones sindicales en un momento clave del cronograma político aprobado por la Junta de oficiales generales. Estaba previsto que en noviembre de ese año se plebiscitara la reforma de la Constitución que daría al régimen la legalidad de la que carecía. El respaldo del voto ciudadano transformaría los actos de gobierno impuestos por la fuerza luego del golpe de Estado en disposiciones con rango constitucional: allanamientos nocturnos, justicia militar para civiles y reglamentación del derecho de huelga, entre otras medidas de anulación de las libertades individuales.
La combinación de control, represión y propaganda que fue una constante de la forma de gobierno del terrorismo de Estado, tuvo un particular despliegue ese año. En marzo la DINARP empezó la campaña “Quien elige no recordar su pasado está condenado a repetirlo”, con fotos que mostraban el caos y la violencia causada por la llamada sedición. A fines de abril, casi en simultaneidad con el traslado del feriado del 1º de Mayo, el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos, con el apoyo de la DNII, desembarcó en la colonia San Javier. El operativo terminó con decenas de presos, torturados y procesados por la justicia militar, entre ellos el médico Vladimir Roslik. Y en noviembre, días antes del plebiscito, el general Julio César Rapela anunció que se había descubierto una conspiración subversiva en el Penal de Libertad, donde estaba la mayoría de los presos políticos.

Tiro en el pecho

Carlos Pírez Sosa era uno de los encargados de hacer el último control de los autos que se armaban en Nordex. Antes de ponerlos a circular se los sometía a una prueba para comprobar el comportamiento de los frenos, que consistía en acelerar y frenar el vehículo bruscamente. Pírez trabajaba solo al final de la línea de montaje pero ese día se le sumó Reyes para reparar la radio del Peugeot 504 que debían entregar. De pronto, en la planta sonó un estampido que los trabajadores creyeron provenía de una manguera de aire que hubiera reventado. Dice “Chelo”: “En ese momento abre la puerta Jorge Reyes y sale agarrando el pecho. Era un compañero muy ‘payaso’ y nosotros pensamos que estaba bromeando y le pegamos el grito ‘¡Jorge, no jodas que están los milicos ahí!’ No… era que ya tenía un balazo en el pecho. Corrimos dos o tres compañeros, cuando le abrimos la camisa tenía un agujero del lado derecho, sobre el hombro. […] Ya vimos que era una cosa bastante jodida”.
Lo cargaron en un auto y se lo llevaron al Banco de Seguros donde llegó muerto. “Después de ahí hubo como unos minutos de silencio, todos sabíamos en nuestro interior que estaba muerto. No lo habíamos confirmado pero sabíamos por la magnitud de la herida. Y lo que hicimos ahí fue tratar de calmar a algunos compañeros […] que querían arremeter contra los milicos”. A partir de ese momento el teniente Sarli de la OCOA tomó el control de la operación.
Se reunieron espontáneamente en asamblea y se repartieron las tareas: avisar y apoyar a los padres y a la familia, y ayudar a la organización del velatorio y el entierro. La Sección GAMMA de la DNII siguió todos los movimientos: registró en detalle quiénes fueron al Banco de Seguros, visitaron a la familia, estuvieron en el velatorio y asistieron al entierro.
Al fin de la tarde trasladaron el cuerpo al Hospital Militar donde le hicieron la autopsia. El parte del médico José A. Mautone establece como causa de muerte la hemorragia aguda provocada por una bala que se fragmentó en esquirlas, le entró por el cuello cerca del esternón y le perforó la aorta (4).

Sigue la vigilancia

Los compañeros querían cargar el féretro a pulso hasta el cementerio pero se lo prohibieron. Para asegurarse de que no habría cortejo, ni movilización, la carroza salió disparada de la sala de velatorio y se adelantó sola hasta el Cementerio del Norte. “Agarró 8 de Octubre, no respetó semáforos, nada. Cuando llegamos al cementerio la carroza hacía rato que estaba en el lugar de los tubulares”, dice “Chelo”.
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte, los trabajadores de Nordex mandaron hacer una placa de recordación para colocarla en la tumba pero al llegar al cementerio se encontraron con una guardia policial. Según el testimonio de Chelo la Policía les cortó el paso y les dijo que el que intentara entrar corría riesgo de vida.
Un informe de la DNII del 1º de mayo de 1981 da cuenta de la vigilancia que dispusieron para la jornada. El parte informa que unas cuarenta personas llegaron al cementerio y que a todas se las despidió. Registraron el número de matrícula de autos y motos de los participantes y mandaron pedir sus antecedentes políticos.

No hay delito

La intervención de la justicia militar fue breve y estuvo dirigida al rápido archivo del expediente. El único civil que declaró ante el juez sumariante fue Pírez, el conductor del auto, hoy fallecido, a quien “Chelo” dice que se lo llevaron encapuchado de la planta. El resto son militares: Aguilar, Morales, Manzoni y los soldados de Primera Francisco Clever Alarcón, Hebert Jacinto Vidal y Manuel Guedes.
El soldado Morales que Peugeot se dirigía a la salida, que dio tres veces la voz de alto y que como el auto no se detuvo, disparó desde muy corta distancia. Afirmó que el vehículo terminó estacionado a un metro de él. El resto de los militares respaldó su versión, incluyendo a Aguilar, jefe de la patrulla, que dijo que Morales estaba al interior de la planta “a efectos de evitar la salida de personal” (ver pag 25/26 PDF). Pírez, en cambio, es el único de los declarantes a quien el juez sumariante no le preguntó si Morales había dado la voz de alto.
Días después todos ratificaron la declaración, esta vez ante el juez militar coronel Alfredo Ramírez. El coronel también citó a Pírez pero él tampoco le preguntó si Morales había dado la voz de alto. En lugar de ello insistió con preguntas y consideraciones tendientes a desplazar la responsabilidad del hecho a una supuesta imprudencia suya: le pidió que explicara por qué antes de empezar la prueba de frenos no había tenido la precaución de alertar al personal militar, y también si no le había resultado obvio que a los soldados verían como algo anormal que un vehículo acelerara bruscamente hacia la salida.
Ramírez también citó a otros cinco trabajadores de Nordex. Ninguno de ellos declaró haber escuchado a Morales dar la voz de alto aunque este dijo que lo había hecho reiteradas veces antes de disparar. El armador Mario Estévez Mondutay recibió en los brazos a Reyes cuando salió herido de muerte del auto. Por él se sabe el motivo de los hurras y aplausos que tanto habían preocupado a la patrulla militar: iban dirigidos a una pareja que salía de la casa de citas que había frente a la planta. Aunque el coronel Ramírez no se lo preguntó, Estévez se atrevió a hacer una precisión: “Quiero aclarar que el integrante de las FF.CC. no hizo ademán alguno ni habló dirigiéndose al conductor del coche, cosas que si hubiera hecho, nosotros los hubiéramos sentido”. También agregó que Morales no se encontraba en la línea de trayectoria del auto sino al costado.
El fiscal coronel aviador Eliseo Cheloni pidió el archivo del expediente considerando que no surgía prueba de que Morales hubiese incurrido en delito militar. Cheloni también decidió pedir al Servicio de Información de Defensa (SID) los antecedentes de Pírez. Finalmente, el 10 de setiembre de 1980 el coronel Ramírez ordenó archivar la causa.

Reyes en la memoria

Es poco lo que se sabe de Reyes: que era buen trabajador, que se distinguía por el sentido del humor, que no tenía militancia política y que su mujer estaba embarazada. La gestión de sus compañeros logró que Nordex le siguiera pagando el sueldo a la familia, al menos durante un tiempo. La madre murió un mes después que el hijo y luego la mujer se mudó al Interior. A partir de ese momento les perdieron el rastro.
En el local sindical de la UNTMRA hay una placa con su nombre y también en la planta de la empresa Nordex, en la calle César Mayo Gutiérrez. Pero no hay imágenes suyas, a excepción de las fotos que acompañan la autopsia. Un rostro joven, de pelo oscuro. Un cuerpo delgado, perforado por una bala.
“Chelo” dice que su muerte fue un gran golpe para todos pero que también les dio fuerza para avanzar en la organización del sindicato: “Lo hablamos mucho, seguimos manteniendo las reuniones y esa estructura que teníamos. Empezó a llegar mucha información del exterior, por un canal o por otro, gente que viajaba. En aquel momento se votaba el SI o el NO, circulaban volantes, se nombraba en los volantes a Jorge Reyes”.
En octubre de 2011, en el marco de las Jornadas ciudadanas de denuncia de delitos de lesa humanidad, con base a la información de la Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) se presentó denuncia por la muerte de Reyes ante la seccional 12 de Policía.
En 2016, la UNTMRA pidió al Observatorio Luz Ibarburu que patrocinara la causa, en la que –hasta el momento- hay tres indagados, entre los que se encuentran Aguilar Cazco y Morales Godoy La estrategia de sus defensores ha sido, como en todos los casos, argumentar que la muerte de Reyes no fue un delito de lesa humanidad y que prescribió.
Entre marzo de 2015 y diciembre de 2016 la causa estuvo paralizada mientras la defensa de los indagados tramitaba los pedidos de prescripción e inconstitucionalidad, en varias instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Rechazados estos planteos, en marzo del pasado año el juez los llamó a indagatoria que recién se efectivizó cuatro meses después. Aguilar reconoció que comandaba la patrulla, que salió porque era 1° de mayo y para “mantener el orden” y explicó que Morales tenía orden de dar la voz de alto y si que si el auto no se detenía, debía disparar. Insistió en que “fue una imprudencia del chofer de Nordex” hacer esa maniobra “cuando había un soldado armado”. Morales coincidió en que Aguilar le había dado la orden de quedarse en el portón y “que no saliera nadie de la empresa” y reconoció haber disparado de frente al auto donde había dos personas a escasos metros. “Si no paraba lo iba a dejar pasar”, dijo, como única explicación, para su acto.
Ningún obrero podía abandonar el puesto de trabajo ese 1° de mayo. Esa fue la razón por la cual Morales, siguiendo órdenes de Aguilar, disparó la bala que asesinó a Reyes.
  1. Entrevista de Ariel Soto a Mario Hugo Chaves, hecha en Montevideo en 2009.
  2. Relación del servicio de patrulla del día firmada por el Jefe del Batallón de Ingenieros número 1 teniente coronel Dieter R. Kellner y el segundo jefe mayor Raúl Naranja. En expediente del Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno, causa 24/80, 7 de mayo de 1980, juez militar coronel Alfredo Ramírez.En Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (AJPROJUMI).
  3. Universidad de la República. “Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”, Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I, págs. 543 a 546.
  4. En AJPROJUMI.
Se adjunta folleto en PDF del Observatorio Luz Ibarburu:










Tupamaros en Chile










sábado, 28 de abril de 2018

Quince observaciones para un nuevo UPM 2






Por Gustavo Melazzi - William Yohai


1. EL CONTRATO. Mucho se habla de vaguedades y posibilidades, cuando lo correcto es atenerse a lo concreto y definido.1 El contrato establece una serie de obligaciones que en forma unilateral debe cumplir “Rou” (el gobierno uruguayo) para que después de que todas y cada una de ellas estén cumplidas, a juicio de Upm, ésta tome la decisión final de invertir o no. Nos parece imprescindible resaltar lo lesivo para la soberanía nacional que representa el conjunto de este contrato, que se sintetiza en este artículo: “4.3. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de Upm sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de Upm, aun cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato suplementario haya sido suscrito”.

2. INVERSIÓN DE UPM. Invertiría 2.000 millones de euros (2.480 millones de dólares de hoy). Cabe destacar que durante más de dos años el gobierno difundió la cifra de 4.000 millones de dólares, quizás orientada a abonar en la población una percepción favorable al emprendimiento (al igual que con otras cifras).

3. INVERSIÓN DE URUGUAY. A) Construirá un ferrocarril moderno (Montevideo-Paso de los Toros) a su costo, que se estima en 700 millones de dólares. B) Se compromete a comprar obligatoriamente la energía producida por la planta. Se trata de 905 millones de dólares (72,5 millones de dólares anuales, descontados al 4,5 por ciento durante 20 años). A nuestro entender, otro subsidio encubierto a la empresa. Destacamos que en los plazos planteados el país no necesitará esta energía. C) Construirá un viaducto a la entrada del puerto de Montevideo cuyo costo (incluido un 15 por ciento de imprevistos) sería de 144 millones de dólares. Esto se complementaría con un nuevo puerto pesquero en Capurro; otros 103 millones de dólares. No olvidemos que Uruguay invirtió entre 30 y 35 millones de esa moneda en un puerto maderero en La Paloma, que sólo operó un año y medio.
Falta cuantificar la inversión en obras complementarias; el reforzamiento de las capacidades de la Dinama; “servicios externos” de asesoría ferroviaria que Upm contratará y deberá pagar Uruguay.
La inversión hasta ahora cuantificada que debería hacer Uruguay suma 1.850 millones de dólares. Es el 43 por ciento del total que necesitaría el proyecto. ¿Por qué Uruguay no negocia al menos un 40 por ciento de las acciones?2

4. EXENCIONES FISCALES. No sólo la planta (que estará en zona franca, pese a que en Brasil les cobran entre 30 y 33 por ciento e igual se radican allí), sino todas las plantaciones forestales pueden ser desgravadas por la cláusula que obliga a firmar un acuerdo de precios anticipados entre Upm y la Dgi, que regulará los precios de transferencia de la madera desde las plantaciones (que teóricamente deberían pagar impuestos) hasta la zona franca. En suma, una zona franca de 255 mil (o más) hectáreas. Esperemos que estos acuerdos de precios no reiteren la experiencia de Ancap al vender a las plantas el fuel oil por debajo del costo de importación. Esto implica la constitución de un oligopolio gigantesco, ya que Upm absorbería tres importantes empresas (Cofusa –40 mil hectáreas–, Forestal Río de los Pájaros –sin datos– y Elmadur –sin datos–). Las fusiones también estarán libres de impuestos.

5. GANANCIAS DE LA EMPRESA. De acuerdo a datos de múltiples fuentes internacionales relevadas, el costo de producción de la celulosa en Uruguay ronda los 300 dólares por tonelada. Desde 2000 hasta 2018 el precio internacional ha oscilado entre 400 (punto más bajo, en la crisis financiera de 2009) y 800 dólares la tonelada, y hoy está en torno a los 700 dólares. Dos millones de toneladas al año significan unos 800 millones de dólares de ganancia; en 20 años suman 16.000 millones de esa moneda. Descontando la inversión (2.480 millones de dólares), la empresa se llevaría, neto, 13.520 millones de dólares. En tres años desquita la inversión. Por cada dólar que trae se lleva cinco.
Un negocio espectacular, con pagos mínimos por concepto de cánones y algunos aportes al desarrollo tecnológico, que no pasarán de 8 millones de dólares anuales. La experiencia de las pasteras existentes indica que el canon abonado por ellas es menor a los gastos anuales de la Dinama por inspección, medidas compensatorias, análisis de laboratorios y similares, necesarios para el control del funcionamiento de esas plantas.

6. EMPLEO DIRECTO. A) El Mvotma informa que durante la construcción el promedio será de 2.850 puestos de trabajo, con picos de 4.500.3 A) Con la planta operando, difícilmente se necesiten más de 500 trabajadores.4

7. EMPLEO INDIRECTO. En su presentación a la Cámara de Industrias (febrero de 2018) Upm señaló que generará “4.300 empleos directos e indirectos, más 2.700 inducidos”, y por otra parte consideró “8 mil puestos de trabajo adicionales en la cadena de valor”. Ya analizamos los directos, pero el cálculo de los indirectos tiene un serio problema: prácticamente toda la forestación necesaria para abastecer a la planta (propia o a contratar) ya existe, no será empleo “generado” por ésta. Lo mismo ocurre con los servicios a estas plantaciones y el transporte requerido para su producción (se dirija o no a la planta). En cuanto a los “inducidos”, Upm habla de “600 empresas pequeñas y medianas adicionales”. ¿Serán los camioneros? ¿Unipersonales de servicios? Tengamos presente que las dos plantas de celulosa ya existentes no “multiplicaron” a prácticamente ninguna empresa (real) adicional. En cuanto a las menciones a la “cadena de valor”, es un concepto muy incipiente, y por lo tanto flexible y poco riguroso. En todo caso nos importa una “cadena de producción” y no una “cadena de ganancias”.

8. OTROS IMPUESTOS. La empresa señala que (fuera de la zona franca) abonará unos 120 millones de dólares anuales a partir de la “cadena de valor”. El análisis anterior demostró que Upm se atribuye como generada por ella una serie de actividades ya existentes. Al no ser esto así, este cálculo de impuestos pierde toda relevancia. Esta cifra no es sustentable, además, ya que la gran mayoría de las actividades fuera de la zona franca estarán “exentas”; para ello expresamente se pactará el acuerdo de precios de venta anticipada de madera a la zona franca.5

9. IMPACTO EN EL Pbi. La empresa señala y el gobierno repite que la planta generará un “aumento permanente de 2 por ciento en el Pbi”. A la luz de las anteriores observaciones resulta muy difícil sustentarlo. El escaso empleo directo, una parte menor del indirecto, unas pocas actividades menores vinculadas, algunos impuestos, pago de ciertos insumos y otras actividades de poco impacto minimizan las cifras tan difundidas. Es lógico: la propia celulosa es un commodity. Y no debemos encandilarnos con el aumento de las exportaciones; Uruguay exporta troncos, Upm celulosa desde una zona franca. Mucho más importante que el cálculo del Pbi es cuánto de la actividad de la trasnacional queda en el país. En este caso, como vimos, la empresa invierte 2.480 millones de dólares y en 20 años se lleva 16 mil millones de dólares. Luego de aportar agua, sol, suelo y trabajo, lo que no llega a los bolsillos de los uruguayos es cuantioso.

10. LA “OPORTUNIDAD”. Hay opiniones que así consideran la instalación de la planta, considerando los impulsos tecnológicos, actividades “inducidas” y otras. En realidad, diez años de experiencia de las otras plantas en el país muestran que casi nada de esto sucedió. Para la primera incluso se consideró un éxito establecer que un posible emprendimiento nacional tendría prioridad para adquirir hasta 15 por ciento de la celulosa producida, para fabricar cartón, papel o similares. Hoy el contrato con Upm establece, en su punto 3.1.1.a. ii, que el 100 por ciento de la celulosa se exportará.

11. ENERGÍA RENOVABLE. En atención al ambiente, se nos dice que estas plantas (no sólo Upm 2) generan energía “limpia”, de fuentes “renovables”, a partir de sus desechos forestales. Pero no es así. Las plantas funcionan con fuel oil, y al hacer la equivalencia energética entre la energía a partir de los desechos y la que aporta el fuel oil, los números se inclinan hacia el combustible fósil; el balance ambiental es negativo.


12. LA LEY FORESTAL. La norma vigente establece que más de 4 millones de hectáreas son de “prioridad forestal” y podrían, por tanto, sembrarse con eucaliptos. Hasta ahora habría 1.150.000 hectáreas forestadas. La sustitución del ecosistema natural de pradera (modificado por el ser humano), que predomina en nuestro país, por vastas masas forestales plantea una serie de problemas ecológicos. Si bien económicamente, en forma transitoria, es posible que a algunos terratenientes –y en particular a empresas vinculadas al negocio– les convenga, con una visión de más largo plazo es muy probable que para el país el resultado sea profundamente negativo. Plantar árboles en la pradera es muy sencillo. Revertirlo es sumamente costoso, y se debe tener en cuenta que los procesos físicos y biológicos son de muy largo plazo.

13. SOBRE EL PODER. En un plano más político, se dice que desde el punto de vista de la acción de gobierno la planta es positiva pues divide un poder tradicionalmente conformado en torno a grandes productores agropecuarios. “Dividir” el poder otorgaría más libertad a la política económica. Sin embargo, esta posibilidad es muy dudosa, o más bien falsa. Es incomprensible pretender que un gobierno gane libertad por incorporar en la ecuación a una empresa trasnacional.

14. REGULACIÓN DEL RÍO NEGRO. El contrato establece que el gobierno garantizará a Upm “un flujo mínimo en el Río Negro aguas debajo de la represa de Rincón del Bonete”. Actualmente Ute es responsable de la regulación del flujo en función de las necesidades energéticas y acorde a las previsiones climáticas. Esto de-saparece y el flujo lo determinará la necesidad de agua para Upm. No es casualidad que la ubicación de la planta sea exactamente aguas abajo de la represa (no confían en el flujo natural del río), con lo que aun en épocas de sequía tendrá prioridad para su abastecimiento. Para tener una idea del perjuicio económico potencial para Ute, digamos que durante 2017 las represas del Río Negro generaron 2.550.000 megavatios-hora, por un valor de 185 millones de dólares.
Es más, si Upm y el gobierno aducen que el agua consumida por la planta vuelve “limpia” al río, ¿por qué no se establece (se negocia) la condición de un circuito cuasi cerrado? Mediante éste se reutilizaría la mayor parte del agua que fluye de la planta, en lugar de sacar del río todos los días ese volumen.

15. SOBERANÍA. Si surgen discrepancias en cuanto a la marcha del proyecto, el contrato establece que serán dirimidas en tribunales internacionales. Nuevamente, nuestro sistema legal es relegado. Además, toda situación que se presente ya está sujeta al Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia. Y en el primer punto señalamos que Uruguay se obliga, pero Upm resolverá si invertir o no.
Por último, la cláusula 2.4 del contrato señala: “Beneficios indicativos. Rou espera que los beneficios del proyecto Upm podrían incluir los beneficios referidos en las cláusulas 2.2 y 2.3. Dichos beneficios son únicamente indicativos y no constituyen obligación o compromiso alguno para que Upm y el proyecto Upm alcancen dichos beneficios o resultados”. El gobierno “espera” beneficios, “podrían” incluir… y Upm no asume ningún “compromiso”. Toda una confesión de parte. Sumada a las 14 observaciones anteriores, cabe preguntarse: ¿soberanía o sometimiento?

CONCLUSIÓN. Todo conduce a pensar que el gobierno cree que “lo que es bueno para una empresa trasnacional es bueno para los uruguayos”. Una concreción más de la política de que “el mercado decide”. Por el contrario, este proyecto no es beneficioso para Uruguay. La cláusula 4.5 del contrato dice: “Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la fecha de definición final de inversión (incluso con respecto a cualquier incumplimiento de obligaciones)”.
Nos queda la esperanza de que en algún momento próximo prime la lucidez y la conciencia del interés nacional.



“UPM necesita hacer una nueva planta, pero Uruguay no: la cantidad de trabajadores se va a desinflar y será la de un frigorífico mediano”

William Yohai, exintegrante de la Red de Economistas de Izquierda, es crítico con el proyecto que negoció el Gobierno.



*             Gustavo Melazzi es docente, doctor en economía por la Unam. William Yohai es médico y analista de temas económicos.

1.            Además del contrato firmado entre Uruguay y Upm, la información de este artículo emerge de numerosas fuentes que no citamos por su extenso número, pero que figuran en los artículos de Brecha del 2-XI-07 y del 5-VIII-11, y de Voces del 19-X-06 y del 18-VIII-16.
2.            Desde el punto de vista del desembolso efectivo que debe hacer Upm al invertir, ésta puede: a) solicitar un crédito con garantía estatal por 1.450 millones de dólares (72,5 millones por venta garantizada de energía durante 20 años); b) lo descuenta al 4,5 por ciento (son 905 millones de dólares). En esta alternativa, la inversión efectiva de Upm se reduce de 2.480 a 1.578 millones de dólares (48 por ciento), y Uruguay invertiría 1.761 millones de dólares, 52 por ciento del total del proyecto.
3.            Véase página 42 del documento “Viabilidad ambiental de localización: Cuecar SA-planta de celulosa Paso de los Toros”, disponible en: http://www.mvotma.gub.uy/portal/ambiente-territorio-y-agua/gestiona/puesta-de-manifiestos/item/10009772-manifiesto-cuecar-s-a-planta-de-celulosa-paso-de-los-toros.html
4.            Véase: http://zonasfrancas.mef.gub.uy/innovaportal/file/21756/2/contribucion-al-empleo-2015–analisis-de-la-ocupacion-en-zonas-francas.pdf
5.            Reporte 2017 de la empresa (donde además informan que pagaron 12 millones de euros en impuestos en Uruguay).

Link al artículo en la web: https://brecha.com.uy/quince-observaciones-no/


Los gráficos de " Saracho"








viernes, 27 de abril de 2018

Los secretos mas oscuros de los archivos




  En todas partes

Exiliados y familiares de presos fueron señalados, en 1981, como posibles blancos de represalias.

Samuel Blixen
27 abril, 2018

El general Luis Vicente Queirolo ordenó tomar represalias con familiares de exiliados, en el marco de su enconada guerra con el general Gregorio Álvarez por el control del Ejército en vísperas de la apertura política.
Familiares de uruguayos que vivían en el exterior y que estaban requeridos por las autoridades militares fueron señalados en 1981 como posibles blancos de represalias para el caso de que se produjera un ataque a una unidad militar. A estar por los antecedentes (los fusilados de Soca, las ejecuciones en Argentina), es de suponer que la represalia incluía asesinatos y desapariciones forzadas. La orden fue emitida por el entonces comandante en jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo, y destinada al entonces director del Servicio de Información de Defensa (Sid), general Iván Paulós.
El Sid debía encargarse de planificar las represalias, cuya concreción recaería sobre el Departamento III (Operaciones) cuyo jefe, en aquella época, era el teniente coronel Gilberto Vázquez, hoy condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. La orden de ejecutar represalias masivas fue emitida apenas 20 días después de que la Junta de Oficiales Generales resolviera la designación del general retirado Gregorio Álvarez como presidente de la República. Acciones drásticas contra civiles, independientemente de sus posturas o militancia política, como las ordenadas por el general Queirolo, inevitablemente complicarían el inicio del mandato de Álvarez.
UN TÉLEX CIFRADO. La búsqueda de documentos de origen militar que registren las acciones y operativos contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura ha sido hasta ahora infructuosa. Las colecciones de documentos incautados carecen de dichos registros, salvo algunas excepciones muy puntuales. Una de esas excepciones es un télex recibido a las 20 horas del 2 de junio de 1981 en la Mesa de Radio del Sid y dirigido al director, el general Paulós. El télex, “multicifrado número 15187/B”, fue emitido en la Mesa de Radio del Comando General del Ejército y trasmitido por los operadores soldado Ramírez y cabo Bica.
El texto establecía: “Información recibida día fecha del exterior comunica inminente atentado contra Eie (Escuela de Inteligencia del Ejército) caso de existir reacción se tomarán represalias con familiares en interior y exterior del país. Firmado: Cte J E (comandante en jefe del Ejército) (véase documento).
Según dicha información, el atentado sería contra el edificio del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército. En junio de 1981, el director de la Eie era el coronel Alberto Mira, a su vez jefe de la Compañía de Contrainformación del Ejército.
El edificio de la calle Dante fue, a comienzos de los años ochenta, un centro clandestino de detención y torturas. Antes de la dictadura también había sido utilizado como lugar de reclusión de ciudadanos detenidos bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Y en 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó, en las oficinas de la Escuela de Inteligencia, el armario con más de 1.200 rollos de microfilmaciones.
Su condición de centro clandestino fue confirmada en mayo de 2017 por el juez José María Gómez, cuando ordenó el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador. El coronel Álvarez fue responsable de las torturas a que fue sometido el dirigente del Sunca Gerardo Riet, un militante del Pvp detenido en 1980 e interrogado y torturado en el ex Cgior antes de ser trasladado a otro centro clandestino en La Tablada.
El edificio de la calle Dante también albergaba a la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, que dependía directamente del E 2 (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Comandada por el mayor Arturo C Aguirre, la compañía recluía en 1981 a varios detenidos, en especial del Partido Comunista (un militante de la construcción, de apellido Araújo, Manuel Pérez, también del PC, y un químico).
En un régimen especial permanecieron en la compañía, en aquellas fechas, dos prisioneros comunistas que habían colaborado en el Fusna (fusileros navales) en la llamada “computadora” (estructura de presos y de oficiales que analizaban las declaraciones de los detenidos y elaboraban informes sobre grupos políticos) y que habían sido liberados con la encomienda de organizar estructuras sindicales favorables al régimen.
EL LARGO BRAZO DE LA REPRESIÓN. Es necesario consignar que nunca se produjo, en 1981 ni en los años siguientes, un atentado contra la Eie. Ninguno de los militantes exiliados que permanecieron en el exterior, consultados para este informe, recordó alguna noticia sobre un supuesto plan de atentado a la Eie. Hasta el momento no se hallaron otras referencias sobre la orden dictada por el comandante Queirolo.
El documento, no obstante, sugiere que la información fue obtenida en el exterior, por algún infiltrado entre los numerosos grupos de exiliados que en aquel entonces vivían en Europa y en América, especialmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Por la forma en que la inteligencia militar registraba los resultados de los interrogatorios, parece sensato descartar que la información del atentado haya sido proporcionada por algún detenido en Uruguay.
Asimismo, la consigna de aplicar represalias a familiares “en el exterior y en el país” hace suponer que los organismos represivos de la dictadura tenían capacidad de operar en Europa y en países americanos, más allá de Argentina, Brasil y Paraguay, donde la participación uruguaya en el Cóndor fue intensa. En Brasil, la Compañía de Contrainformaciones realizó un operativo comando en Porto Alegre contra militantes del Pvp, y el Sid mantuvo durante años vigilancia de personas vinculadas al Partido Nacional. En Argentina, el Sid mantuvo estructuras logísticas permanentes (casas, vehículos, centros de interrogatorios), así como oficiales que permanecían por meses operando en distintas ciudades. En Paraguay, la detención de dos exiliados uruguayos (Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, Pvp) a comienzos de 1977 reveló la permanencia en Asunción de un oficial de Contrainformaciones (el entonces coronel Carlos Calcagno, procesado en 2010 por la desaparición forzada de ambos militantes) como parte de la estructura del Cóndor; entre sus potestades, además de la coordinación, estaban las de interrogar y torturar a detenidos.
La estrecha colaboración entre los aparatos de inteligencia de Argentina y Uruguay, consolidada a partir del golpe de Estado de 1976, se estrechó más aun cuando en 1977 las detenciones y extradiciones clandestinas se multiplicaron en ambos sentidos, interviniendo no sólo los ejércitos, sino también los organismos navales. Diversas referencias señalan que los represores uruguayos que pretendían mantener una vigilancia sobre los grupos de exiliados en diversas capitales europeas se apoyaron en el “Centro Piloto” que a fines de 1977 instaló la Armada argentina en París, para la vigilancia y persecución de militantes montoneros.
No es descabellado suponer que en 1981 la inteligencia uruguaya tuviera un relevamiento de exiliados uruguayos en Europa, y de sus familiares. En ese trabajo de relevamiento también colaboraban funcionarios diplomáticos de las embajadas uruguayas, según se desprende de los informes que habitualmente llegaban al Departamento II (Exterior) del Sid y al E II (Inteligencia del Estado Mayor), del que dependían todos los agregados militares de las embajadas uruguayas.
El interés de la inteligencia militar por los militantes de los diferentes grupos políticos que habían logrado eludir la cacería masiva y que permanecían libres en el exterior quedó confirmado por los extensos interrogatorios sobre el tema a que fueron sometidos algunos de los nueve rehenes varones del Mln y algunas de las 11 rehenes mujeres. En total llegó a haber 20 prisioneros rehenes de los militares, cuya vida dependía de que no se produjeran acciones guerrilleras o atentados en el país.
En esos interrogatorios, comandados por el general Alfonso Feola y el general Gregorio Álvarez, se pretendía elaborar un “perfil” de los principales exiliados tupamaros que mantenían en el exterior la pretensión de retornar al país para enfrentar a la dictadura. Un documento firmado por Álvarez, como jefe de la región de Ejército 4, y que fuera “filtrado” por fuentes militares, detalla los interrogatorios a Eleuterio Fernández Huidobro. El general Feola, por su parte, comandó un interrogatorio a Raúl Sendic, que se prolongó por cinco horas.
QUEIROLO, EL TENIENTE DE ARTIGAS. El general Luis Vicente Queirolo era agregado militar en Washington cuando el flamante gobierno de James Carter confirmó, en marzo de 1977, la suspensión de la ayuda militar a Uruguay por las graves violaciones a los derechos humanos; la protección enmienda parlamentaria había sido impulsada por el congresista Edward Koch. La dictadura atribuía dicha iniciativa a la campaña de denuncias que formulaban permanentemente Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl. Este último reveló que, por esas fechas, el Fbi lo entrevistó para informarle que iba a estar bajo protección. Lo mismo fue informado por Scotland Yard a Wilson Ferreira, que permanecía en su apartamento de Londres. Documentos desclasificados del Departamento de Estado (la cancillería de Estados Unidos) confirman que Wilson Ferreira “llegó a estar en la mirilla de un francotirador”. Juan Raúl Ferreira contó en Radio Uruguay que no le dieron ninguna explicación ni detalles, cuando el Fbi le informó que se desactivaba.
Muy poco antes el Sid (con la aprobación de la Junta de Comandantes) había dado luz verde a un proyecto de asesinato del congresista Koch. A tales efectos se había decidido que José Gavazzo y José A Fons, ambos oficiales del Sid, fueran designados como agregados militares en Washington, uno en la embajada y otro en la Junta Interamericana de Defensa. Las denuncias ante la Cia y el Fbi formuladas por Patricia Derian, funcionaria designada por Carter para asuntos de derechos humanos de su gobierno, impidió que el Departamento de Estado aprobara el estatus diplomático para Gavazzo y Fons. Antes de que terminara el año 1977, el general Queirolo debió retornar a Montevideo porque fue declarado persona no grata.
Mano derecha del general Esteban Cristi, fundador de la logia Tenientes de Artigas, Queirolo participó activamente en los prolegómenos del golpe de Estado, en febrero de 1973, y fue uno de los impulsores de los famosos comunicados 4 y 7 que, en su opinión, fueron una maniobra para que sectores de la izquierda “tragaran el anzuelo” sobre una supuesta orientación “peruanista” en los mandos (véase entrevista en Estado de guerra, de Alfonso Lessa). Cuando el Ejército se zambulló de lleno en la represión, Queirolo fue jefe del Ocoa como coronel, pasó a ser segundo jefe de la Región Militar número 1, y después suplantó a Ramón Trabal en la dirección del Sid; siguió en la inteligencia cuando fue ascendido a general.
En el segundo semestre de 1974 la inteligencia militar se centró en Argentina, en la represión de los grupos del Mln que participaban, junto con el Mir chileno y el Erp argentino, en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Hubo numerosas detenciones, muertes y desapariciones, y cinco militantes tupamaros, más un exiliado de filiación blanca, fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en noviembre de ese año.
María de los Ángeles Corbo, Héctor Brum, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Floreal García y Julio Abreu fueron torturados en la casa de Punta Gorda (el “infierno chico”) hasta el 20 de diciembre, fecha en que los cuerpos de los cinco primeros aparecieron, acribillados a balazos, en la banquina de la ruta 70, en el cruce con la ruta 9, cerca de la localidad de Soca. El brutal asesinato fue una represalia por la muerte, en París, del coronel Trabal, ocurrido el 19 de diciembre, y se presume que dicha represalia fue también una advertencia para los grupos que operaban en Argentina. El general Queirolo era en esas fechas jefe del Estado Mayor del Ejército.
Otra represalia se registró en 1976 en Buenos Aires: en Automotores Orletti, base de operaciones del plan Cóndor, permanecían secuestrados, junto con otros refugiados uruguayos, los dirigentes sindicales León Duarte y Gerardo Gatti (Pvp). Los mayores Gavazzo y Cordero pretendieron canjear por dinero a los sindicalistas, impulsando gestiones ante organizaciones sindicales europeas. El fracaso del chantaje terminó con la desaparición de ambos prisioneros.
Queirolo heredó el encono que el general Cristi profesaba por el general Álvarez, quien en 1976 fue el principal oponente a la propuesta de Juan María Bordaberry de establecer un sistema fascista de organización. Cristi y Queirolo apoyaban la idea de suprimir definitivamente los partidos políticos. En ese contexto se produjeron los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff. En 1976 Queirolo, como jefe del Estado Mayor, estaba a cargo del E 2 (Inteligencia).
En 1979 la Junta de Oficiales del Ejército era el campo de batalla entre los tenientes de Artigas y los oficiales que apoyaban a Álvarez. Al momento de pasar a retiro, y con la aspiración de llegar a presidente, Álvarez se aseguró de que la Junta de Oficiales tuviera mayoría a su favor. En la dura negociación por cuatro ascensos a general, debió aceptar que Queirolo (que también aspiraba a la presidencia) fuera designado comandante del Ejército.
Tras el aplastante triunfo del No en el plebiscito de 1980, Queirolo tenía el control de la Junta, pero con los incidentes de corrupción en el generalato, Álvarez retomó el control de la mayoría, que le permitió asegurar su candidatura a la presidencia; no obstante, no logró controlar la inteligencia, en manos de Paulós.
Al ser anunciada la apertura política, el comandante Queirolo hizo una advertencia pública: “Las Fuerzas Armadas van a seguir jugando el mismo papel que juegan actualmente. En este momento están coparticipando en el poder. Y van a seguir coparticipando en el poder”. Se oponía así a la intención de Álvarez de ejercer un “presidencialismo total”. Queirolo, por el contrario, quería transformar la Junta, integrada por 25 oficiales generales (un virtual colegiado durante ocho años), en una junta de seguridad nacional, que sería una especie de “supervisor último de las autoridades elegidas por voto popular”.
Es en este complejo contexto que Queirolo emite la orden de tomar represalias con familiares.

Todo esto subsiste hoy

>>> Queirolo era miembro de la logía P2


Los banqueros oscuros y los caballeros de Malta

Por Leonardo Borges.

El contenido del archivo de Elmar Castiglioni que contiene a su vez el de su tío, Víctor Castiglioni, es custodiado celosamente por el Poder Judicial. Solo dos peritos –historiadores de probada trayectoria en los temas de pasado reciente– accedieron a dicho archivo: Isabel Wschebor y Álvaro Rico.
En un primera instancia generaron sendos informes sobre los temas contenidos en los archivos. Rico aporta algunos detalles en su informe, justamente sobre los temas aquí tratados. Sostiene en su crónica (reproducida por Brecha): “Hay documentación conteniendo información acerca de emprendimientos financieros y negocios vinculados a varias personas públicas, pero sin pruebas ni conclusiones que permitan deducir ilegalidad o inmoralidad de esas personas”. Pero también sostiene que existen documentos sobre la Logia Propaganda Due, sus miembros, la masonería y hasta de los Tenientes de Artigas. Allí descansa entonces la lista, una copia de la famosa lista de Gelli que enciende la mecha. Abrimos entonces otro capítulo de esta historia.
***
“Perón era masón, yo lo inicié en Madrid, en la Puerta de Hierro, en junio de 1973”, así lo aseguraba el mismísimo gran maestre Licio Gelli al mismo tiempo que relataba con lujo de detalles la conversión de Juan Domingo Perón de profano a masón en la logia Propaganda Due. En una entrevista con la revista Perfil de Argentina, Gelli declaró abiertamente que Perón formaba parte de la logia. La crónica es imperdible: “Juan Domingo Perón se inclinó hacia el gran maestre, quien lo esperaba con el martillo de plata, el mandil en la cintura y la banda ceremonial ilustrada con el símbolo masón del compás y la escuadra. Cuando su boca estuvo cerca de la oreja de Licio Gelli, Perón separó suavemente los labios y le susurró al oído. Nadie los escuchó. El pasaje de secretos era la forma de ser aceptado. En Madrid, el jefe del peronismo atravesaba la ceremonia iniciática que le concedería el Grado 33 del Rito Escocés y lo convertiría en integrante del Consejo Supremo de la famosa logia Propaganda Due (P2)”.
Un Licio Gelli auténtico desentrañaba algunos de sus secretos en 2009 para el medio argentino, recluido en su Villa Wanda, su posada de Arezzo. Dejaba más dudas que certezas en una de las especialidades de un hombre que se movió como pez en el agua durante 50 años, sin perder poder e influencias. Gelli fue uno de los que viajó a Buenos Aires en el mismo vuelo que Perón a su llegada a Ezeiza en junio de 1973. La estructura peronista en los años 70 distaba mucho de la existente 20 años antes. La derecha había avanzado poderosamente y la izquierda peronista, liderada por los montoneros, había quedado relegada hasta por el mismo general. Los protagonistas de aquellas estaciones eran otros. Ya no era Evita la que deslumbraba al general; María Estela Martínez, conocida como Isabelita, era quien ocupaba su lugar. El general la había conocido en un cabaret en Centroamérica donde ella bailaba, y a partir de entonces se convirtió en su secretaria. Ella tenía 23 años. Otro de los hombres fuertes del peronismo setentista era José López Rega (el Brujo), un policía anticomunista y esotérico. Otros nombres aparecen como claves en esta nueva etapa el peronismo. Raúl Lastiri (presidente argentino por tres meses entre Cámpora y Perón) y Alberto Vignes entre muchos otros hombres detrás del general. ¿Qué tenían en común estos hombres? Eran todos P2 y Gelli era su gran maestre.
No es casualidad entonces que el 18 de octubre de 1973, a seis días de asumir nuevamente la presidencia, Perón condecoró con la Orden del Libertador San Martín en el grado de Gran Cruz a Licio Gelli.
Desde ese momento Gelli se acomodó y acomodó a la P2 en el Río de la Plata a través de otro personaje acomodaticio, relacionado indefectiblemente con los negocios financieros, Umberto Ortolani. Entre Uruguay y Argentina, la logia se estableció en Sudamérica y sus negocios florecieron en connivencia con los gobiernos de turno, que casualmente eran gobiernos dictatoriales y anticomunistas. De hecho, y a pesar de que Gelli ha negado su relación laboral con la CIA, todo parece indicar que trabajaba bajo los auspicios de la misma. “El fin justifica los medios” es una frase que en diplomacia y política internacional lamentablemente se aplica sin ningún tipo de prurito.
De esta forma, la logia P2 une en su interior negocios ilícitos (de toda índole, principalmente bancarios y financieros), una ideología subyacente fascista y un entretejido mafioso entre el poder económico y el poder político pocas veces visto. La mafia (a través de Michele Sindona, por ejemplo), la Iglesia (a través del Banco Vaticano), el poder político, el poder financiero y sobre todo la situación de una Guerra Fría en la que la logia (y sobre todo Gelli) aparecía como una de las organizaciones anticomunistas amortizadas tanto por la OTAN como por la CIA.
Conexiones Uruguay
En los años 70 la logia P2 ya era una fuerza considerable, relacionada e implicada al mismo tiempo con la mafia italiana y con la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del Instituto para las Obras de Religión o IOR (Istituto per le Opere di Religione), en definitiva el Banco Vaticano. Alrededor de esos años, la logia dirigida por Gelli compra nada menos que Il Corriere Della Sera. Fue en 1978 que el magnate italiano Angelo Rizzoli debe ceder el control del medio a Gelli y la logia en una negociación secreta en su momento. La logia entonces comenzó el control de los medios a través del diario más importante de Italia y con proyección regional e internacional. Más tarde en esa escalada, adquirieron el grupo Rizzoli completo y la editorial Abril perteneciente a la familia Civita en Argentina.
Justamente en Argentina son extremadamente nítidas las conexiones de la logia con los poderes de turno. Inicialmente, Perón en el exilio y tras su vuelta al poder (no sólo Gelli asistió a la asunción del general; en la Casa Rosada ese día despuntaba otro italiano misterioso, Giulio Andreotti); apoyando a López Rega y su camarilla; con Isabelita (de la que Gelli siempre tuvo la mejor opinión; en la entrevista con Perfil sostuvo que “el pueblo argentino no se comportó bien con Isabelita. No la trató bien. Ella hizo mucho para el pueblo argentino”; y con el gobierno militar (a través de sus “hermanos” Massera y Suárez Mason, entre otros). Los nombres de argentinos tristemente célebres aparecen en las listas de Italia, ayudando a desenredar esta compleja madeja. Pero con respecto a nuestro país, es mucho más compleja esa relación, escondida tras bambalinas. La condición de aldea de nuestra comunidad posee rasgos positivos, pero la misma esconde, tras las mangas del amiguismo o el “no te metas”, una historia que merece ser contada, relacionada con la impunidad, la corrupción y las relaciones entre el poder económico y el poder político, especialmente en dictadura.
Los tentáculos de la logia en Uruguay llegaron a través del mismo Gelli y su agente de primera línea, Umberto Ortolani, quien aparecía en el cuarto lugar en la lista encontrada por la policía en Arezzo en 1981. La mayor fuerza de sus negocios se encontraba en un banco, el Bafisud (Banco Financiero Sudamericano). Detrás del consejo de administraciones del Bafisud se encontraba nada menos que Gelli. Las personalidades se entrelazan en este punto y aparece una organización católica y conservadora de origen medieval de la que de forma casual o quizás causal entrelazan los nombres. Los miembros de la P2 aparecen también en las listas de la Soberana Orden de Malta. De hecho, Gelli operaba, según consignaron fuentes a Caras y Caretas, desde la sede de la Orden de Malta y desde allí manejaba los hilos. Aunque a veces erraba el candidato.
¿Quiénes estaban detrás de Bafisud? Quizás nos acerque a la verdad una serie de datos fríos.
Entre los uruguayos que figuraban en el Bafisud podemos encontrar a Julio Aznárez, la familia Strauch, los Santayana y, mucho más interesante, la familia Peirano Facio. Nombres en las listas de la Orden de Malta. Casualidades.
A principios de los 80 la logia debía tomar una decisión. Justamente a la hora de escoger, Gelli y sus aliados tomaron una mala decisión en Uruguay. Tras la caída de Aparicio Méndez del poder, la sucesión estaba entre el general Luis Vicente Queirolo y el general Gregorio Álvarez. Queirolo era miembro de P2 según consignan algunas fuentes. Apuntaron a él. Por tanto, la P2 perdía una parte importante de su influencia con la designación de Álvarez en el poder. Coincidentemente, poco después el Bafisud se fundió y fue absorbido por el holandés NMB Bank en una extraña negociación que más adelante trataremos.
De hecho, al poco tiempo de asumir, Álvarez ordena el allanamiento de la casa de Gelli. Fue justamente el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) quien comandó un allanamiento en Carrasco en el que se incautó el archivo de la P2. Allí estaba la lista de los uruguayos P2. La lista que escondía Elmar Castiglioni en su casa y que promete develar uno de los secretos más oscuros de nuestra historia reciente.
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Orden
La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos. Sobrevivió a las cruzadas gracias a la conservación de los “valores” que suponen positivos de forma casi invariable. De hecho ese conservadurismo los ha llevado a enfrentarse abiertamente con el papa Francisco en la actualidad.
Según su página web, posee 12.500 miembros en el mundo, 80.000 voluntarios y 15.000 empleados. Una estructura tan pequeña posee empero un poder descomunal con grandes cuotas de discrecionalidad altamente peligrosas. Mantiene relaciones diplomáticas con 100 países, y hasta está está representada en la ONU.
A finales de los 80 los nombres que aparecían como miembros de la Orden eran en general banqueros o poderosos hombres de negocios, entre otros, Jorge Peirano (sí, ese Peirano), Hugo Eguiluz Paullier, Gastón Barreiro Zorrilla, Yamandú D’elia, Francisco Etcheverry Vidal, Piero María Ortolani (hijo de Umberto), Joaquín Reyes Rius, Julio Pueyrredón Saavedra, Jorge Carve Gurméndez, Miguel Páez Vilaró, Santiago Acosta y Lara, Maximilien Herode, entre otros.
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Ortolani
Umberto Ortolani nació en Roma el 31 de de mayo de 1913. Abogado de profesión, se convirtió después de la guerra en un empresario de fuste en la península itálica. Fue CEO de Ducati en sus primeros años y desde entonces su crecimiento no paró. Se relacionó prontamente con la curia a través del cardenal de Bolonia, Giacomo Lercaro, y para 1963 se le otorgaba el titulo de “Caballero de Su Santidad” por parte del papa Pablo VI (aunque se lo arrebataron en 1983). Transitó algunos años por la gerencia de medios hasta 1974, año en que es reclutado por Gelli o viceversa. Hay versiones que lo colocan a él como gran titiritero. Existen algunas referencias a supuestas reuniones de Ortolani con autoridades vaticanas en pro de acercar posturas entre la masonería P2 y el catolicismo. De hecho, como se ha consignado, gran parte de los P2 son miembros de la Suprema Orden de los Caballeros de Malta, entre ellos Ortolani. Las relaciones son, por lo menos, intrigantes.
En Uruguay poseía, entre otros negocios, el segundo banco del país en aquellos años, el Bafisud (Banco Financiero Sudamericano), además de poseer mas de 30 empresas, una publishing house, tres rascacielos y miles de hectáreas en Argentina, Paraguay y Brasil. No olvidemos la galería Latina, fundada en 1980 por Ortolani, un verdadero símbolo de una época.
A mediados de los 80, tras el escándalo en Italia y su aparición en la lista, comenzó un declive de su figura y fue acusado de diferentes delitos, tanto financieros como políticos. Inclusive se lo acusó (aunque fue absuelto) del crimen de Bolonia, una operación de Gladio, bajo el auspicio de la OTAN, perpetrada por la P2. Tras años de idas y vueltas entre Uruguay, Italia y Brasil y pago de fianzas, finalmente fue enjuiciado en Roma, pero la sentencia no fue ejecutada por su estado de salud. Falleció en la capital italiana el 17 de enero de 2002.



La Soberana Orden de Malta


Uruguay era, a la salida de la dictadura, uno de esos pocos países que mantenían relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta. El 2 de octubre de 1985 el entonces presidenteJulio María Sanguinetti visitó a su alteza eminentísima fray Angelo di Mojana di Cologna, gran maestre de la Orden de Malta, según consta en una foto publicada por el diario La Mañana, aunque esa visita no figuró en la agenda oficial de su gira europea. Dos años después fue un senador colorado, Justino Carrere Sapriza, quien propuso sugerir a la cancillería que "cancele cordialmente una relación diplomática altamente discutible". En su intervención, Carrere Sapriza señaló que "los máximos dirigentes de la Orden de Malta son en su mayoría de clara extracción nazi-fascista" y recordó que el presidente argentino Raúl Alfonsín había denunciado un intento de golpe militar, en noviembre de 1985, encabezado por el general Carlos Suárez Mason, miembro de la P-2. En la misma legislatura hubo otras dos iniciativas de legisladores oficialistas en el mismo sentido que la de Carrere Sapriza: una fue planteada por el diputado Honorio Barrios Tassano y otra por el senador Pedro Cersósimo. Sin embargo, veinte años y una docena de cancilleres después, fuentes de la cancillería consultadas por BRECHA informaron que Uruguay sigue manteniendo relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta.



Guillermo Waksman

Fuente: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;85;8;D;inauguracion-de-la-muestra-filatelia-y-numismatica-en-el-marco-de-la-celebracion-de-los-50-anos-derelaciones-diplomaticas-entre-uruguay-y-la-soberana-orden-de-malta;17;PAG;

>>> Existen!!

>>> Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la Soberana Orden de Malta

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la Soberana Orden de Malta, Pierre den Baas.

Fuente: http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/febrero/2003021301.htm








jueves, 26 de abril de 2018

Estan desmantelando ANCAP

Conflicto en la cementera


La planta de Minas no está produciendo porque falta personal y por roturas en el equipo que el Directorio no ha resuelto
Entrevistado en InterCambio el Presidente de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap), Edwin Villero, explicó la visión del sindicato sobre el diferendo con el Directorio en torno a la planta de producción de cemento Pórtland de Minas, paralizada desde febrero.

El Directorio emitió un comunicado explicando su perspectiva de una situación que presenta visos de conflicto abierto. Atribuye a decisiones gremiales la responsabilidad por dicha paralización productiva y los perjuicios derivados, “tanto en lo inmediato (pérdida de ingresos a la fecha por 3,4 millones de dólares) como en el mediano plazo (debido a la pérdida de participación de mercado y confianza de los clientes), beneficiando únicamente a la competencia”.

Villero expresó que la situación de “crisis” en la “industria cementera de Ancap” fue señalada por Fancap “desde hace mucho tiempo”, cuando “se discutió” el proyecto de “la calera” estatal. Entonces “planteamos una estrategia” orientada a “retomar” la producción de “hormigón armado”, pero esto no prosperó porque “no hubo consenso” con la empresa y esta “fue al negocio de la calera, que terminó generando déficit”.

Esas opciones productivas habrían llevado al egreso “de compañeros” hacia otras alternativas laborales, generándose así carencias de personal operativo en la planta de Minas, lo que a su vez habría determinado las “jornadas de trabajo de 14 y 16 horas” que venían asumiendo los operarios porque “la administración” no incorporó personal para cubrir los “turnos” afectados.

El sindicalista explicó que dada esa realidad, este verano los trabajadores “pusieron un límite” a la dinámica laboral. En ese sentido lamentó que el Directorio “responsabiliza a los trabajadores” alegando que provocaron “un conflicto gremial” que supuestamente impide “producir Pórtland”, siendo que esto sucede por “problemas de roturas en los equipos” que la empresa no ha “salido a resolver” y también por la citada carencia de mano de obra.

El conflicto se inscribe en “el denominado Plan de Sustentabilidad de Pórtland”, cuyo objetivo es “equilibrar los resultados del negocio a fines del  2018” y “lograrlo requiere un ajuste importante de los costos y algunas inversiones que permitan la mejora del proceso”, explica el comunicado. Ancap “trazó en 2016 un plan para mantener todas las plantas de Pórtland abiertas y que a la vez logre revertir los resultados negativos del negocio”.
Dicho plan, asevera el texto, “está hoy en peligro pues desde el 9 de febrero la planta de Minas no ha producido portland por conflictos gremiales en los que no se ha llegado a un acuerdo. En el fondo lo que está en discusión es la forma de trabajo. (…) La mano de obra por tonelada producida de cemento de las plantas de ANCAP está fuera de cualquier rango de benchmarking internacional. Se han encargado estudios independientes que han analizado la forma de trabajo y recomendado dotaciones de personal menores a las actuales, así como la introducción de mejoras en los equipos que permitan su uso en forma más eficiente”, detalla el comunicado.

Ante esta evaluación de la empresa, desde Fancap “pedimos que nos mostraran esos estudios parar poder analizar” sus fundamentos, prosiguió Villero. “Y mientras hago las mejoras tecnológicas tengo que seguir trabajando con la gente necesaria” para cubrir los habituales 3 turnos de producción de 8 horas. “Pero en vez de 3 turnos tenemos 2 con jornadas de 12, 14 y 16 horas”, lo que ocurrió “hasta diciembre, enero”, cuando “los trabajadores pusieron límites”, describió el punto de vista de los operarios.

“Los estudios de las consultoras” pueden proveer elementos valiosos para analizar una operativa de producción, pero no necesariamente recogen todos los factores y variables en juego. “Tengo que poder mantener la producción” mientras se analiza la situación y se define el camino a seguir, por lo que “la responsabilidad de la gestión es del Directorio y los cuadros medios de Ancap”, puntualizó el sindicalista.

“Veníamos con pérdidas de 27 millones (de dólares) y se redujeron a la mitad” en gran medida porque se prescindió de personal, “pero se contratan cuadros gerenciales cuando el personal se precisa en las áreas operativas”, criticó. “La planta no está produciendo” en parte por “reparación del equipo” y en parte “porque no hay gente para operarla”, aseveró Villero.





Que muere en el gas
Fancap critica "mentiras impunes" del directorio y el "negocio macabro" de Gas Sayago

Fancap Minas denunció que el ente dice que o hay recursos para contratar personal pero crea "nuevas gerencias con sueldos fuera de contexto"
El directorio de Ancap presentó este mes los estados financieros del ente y las diferentes empresas subsidiarias. Marta Jara, presidenta de Ancap, destacó la recuperación de Cementos del Planta en el sector de Cal, dijo que todavía hay problemas con el cemento y valoró como "notable" la reducción de las pérdidas de Alur, además de anunciar que Ancap cerró el año pasado con un superávit de 39 millones de dólares.
En este contexto, el sector Minas de la Federación de Ancap mantiene un conflicto con el directorio por la planta de cemento del ente, en reclamo de más personal y exigiendo que se respete un convenio del año 2016.
Tras la presentación del balance, el sector dio a conocer otro comunicado en el que critica duramente al ente por la forma en que divulgó las cifras positivas.
"Ancap presenta balance positivo 2017 con bombos y platillos, mientras siguen las mentiras impunes del directorio", indica el sindicato en el comunicado.
"En pasadas jornadas Ancap realizó la presentación de su orgulloso balance 2017, arrojando cifras positivas, basadas principalmente en los logros obtenidos en sus principales áreas de negocio. También se informó orgullosamente que se logró abatir a la ‘mitad' las perdidas de un negocio que históricamente ha dado pérdidas para el ente como lo es la industria del cemento", prosigue el comunicado.
"Lo que no dijo es que Ancap pretende reducir más costos al privatizar, no solamente el buque ANCAP 9º encargado de la distribución del combustible, sino también privatizar toda la línea de distribución marítima, dejándola en manos de empresas multinacionales y liquidando así la autonomía estatal en materia energética. Tampoco se dice nada sobre el negocio macabro que hay detrás de Gas Sayago. ¡Habría que investigar a fondo si se esconce alguna vinculación con quienes dirigen el ente!", señala Fancap.
Por otro lado, Ancap "miente impunemente al decir que no hay recursos disponibles para contratar personal para hacer operativas y rentables a las plantas de cemento ni para completar los procesos de modernización, ni para realizar los mantenimientos necesarios o para pagar deudas a los funcionarios, pero si hay dinero de los uruguayos para malgastar creando nuevas gerencias con sueldos fuera de contexto, especialmente dentro de un
negocio ‘incierto' como manifiesta el Directorio".
"¿Será que las nuevas incorporaciones gerenciales y la experiencia en zapatos, tapizados y pintura son la panacea del negocio del cemento portland?", concluye en relación a los cargos gerenciales.








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