La batalla incansable de vecinos frente al Estado y una multinacional que parece mostrar interés por sus preocupaciones ante la instalación de una vía, pero actúa como si no las oyera.
Por Anabella Aparicio / Sudestada /
30 junio 2022
“Mamá, vení para acá. ¡Dale, vamos!”, gritó Juanita entrecerrando los ojos y con una viva expresión de temor, mientras miraba a su madre, quien, por el contrario, con una sonrisa serena, pero preocupada, contaba a dos vecinos que se tiene que ir de su hogar. La mujer, de unos 70 años, vive al borde de la antigua vía de tren desde hace 42 años. Su esposo, fallecido, fue toda la vida funcionario de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Pero ahora, ni ella ni su hija podrán ver el nuevo tren que empezará a pasar por allí, en el departamento de Durazno, a 200 kilómetros de la capital uruguaya. El Estado la obliga a irse de allí, pero no le dice a dónde. Tiene una intimación judicial para dejar su hogar, pero sin alternativa habitacional. Cuenta que, hace algunos días, una visitadora social se reunió con ella, pero que no le dio ninguna novedad al respecto y que no solo no sabe a dónde ir, sino que no tiene recursos para pagar un alquiler. Su relato quedó incompleto, pero el miedo permanece. Su hija le impidió decir su nombre y la forzó a seguir el camino tras un “no” insistente. Como les ocurre a otros vecinos, el temor a hablar para evitar tener problemas con las autoridades es una constante y recorre las localidades afectadas a lo largo de los cuatro departamentos uruguayos que atraviesa la vía férrea en plena construcción. El trazado pasa por dentro de numerosos centros poblados, cursos de agua, montes nativos y tierra fértil. Las vías de tren del Ferrocarril Central tendrán una extensión de 273 kilómetros que comprenden la zona sur de Uruguay y pasa por al menos 18 localidades pobladas donde viven unas 35 000 personas. El objetivo de la obra es que la empresa multinacional UPM, productora de pasta de celulosa, utilice este medio de transporte para trasladar su producción desde la planta instalada en la ciudad de Paso de los Toros, al margen del río Negro, al puerto de Montevideo. A la inversa, la idea es que desde la terminal portuaria se trasladen diferentes químicos como ácido sulfúrico y soda cáustica, usados para el blanqueo de la celulosa, hacia la planta de producción de Paso de los Toros. El Gobierno uruguayo informó que los ferrocarriles viajarán a unos “80 kilómetros por hora”, transportando “22,5 toneladas de carga por eje”. Si bien el uso prioritario de la vía es para la pastera, el objetivo es que también puedan utilizarla empresas nacionales y tal vez, en un futuro, restablecer el transporte de pasajeros. Aunque esto quedaría supeditado a la disponibilidad de la ruta cuando UPM no la emplee.
Mapa presentado por el GVC sobre el trazado que tendrá la vía férrea.
Se trata de la segunda pastera que instala la compañía de origen finlandés en el país sudamericano y que representa tanto la inversión más grande de la historia uruguaya como de la propia empresa.
Con esta fábrica, el Gobierno uruguayo espera incrementar en dos puntos porcentuales su producto bruto interno y estima una
recaudación tributaria de hasta 170 millones de dólares anuales.
“Desde el punto de vista económico, creo que va a ser muy importante (…)
su incidencia presupuestal y su impacto fiscal y también, por qué no
señalarlo, especialmente la espalda financiera que tenga el contratista
privado”, indicó en 2017 el entonces ministro de Economía, Danilo
Astori, durante la presentación del proyecto de Ferrocarril Central.
Las obras, que comenzaron en 2019, con una inversión de más de 1000
millones de dólares, implicaron la expropiación de 983 padrones. En
varios de ellos había casas que fueron demolidas para continuar con la
obra. El plan inicial había prometido que estas expropiaciones no serían
más de 300.
“El anteproyecto de VR Track (consultora contratada para hacer estudios
previos sobre el trazado de la vía) hablaba de 256 (expropiaciones), y
hoy estamos arriba de las 1100 que tenemos que hacer” explicó el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el 10 de septiembre de 2020.
El Estado uruguayo se encarga de la obra como propia, a pesar de ser una
solicitud de la empresa finlandesa para el traslado de sus materiales.
Por lo tanto, se comenzó a construir por medio del mecanismo de
Participación Pública Privada. El Estado contrató al Grupo Vía Central (GVC),
integrado por las cuatro principales empresas constructoras del país, y
son las encargadas de la obra. Ese grupo firmó el contrato con el
Gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2015-2019) para comenzar a
trabajar en el terreno y se encargará tanto de la operación como del
mantenimiento durante 15 años.
Según el contrato, una vez terminada la obra, prevista para 2023, el
Estado uruguayo deberá pagarle al GVC un canon de casi 150 millones de
dólares anuales durante 15 años, para mantener la vía en condiciones.
Las obras se financiaron mediante préstamos de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un fideicomiso denominado CAF-AM Ferrocarril Central. A su vez, recibió préstamos del banco japonés Sumitomo y el italiano Intesa Sanpaolo. Pero la obra está atrasada. Parte de ello se debe a errores en cálculos del trazado, problemas con el suelo para instalar la vía en algunos tramos y la falta de una autorización ambiental del Gobierno que les permita comenzar a poner los rieles en otra parte del recorrido.
Uruguay alcanza récord de suicidios desde que hay registro y supera a la crisis económica de 2002
El aumento del suicidio entre varones, el incremento de quienes se quitaron la vida en Treinta y Tres, la crecida de la autoeliminación entre los adultos mayores y la alta tasa histórica de Uruguay explican el nuevo récord
La tasa mas alta de suicidios en el continente americano la tiene Uruguay
El año pasado, el segundo de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, trajo un aumento de los suicidios. Pasó en el mundo, donde el confinamiento, el cierre de los centros educativos, el proceso de duelo por los muertos con covid-19 y la caída del empleo decantó en una suba de quienes decidieron quitarse la vida. Y en Uruguay, donde la tasa de autoeliminación ya era alta, el incremento de 2021 se tradujo en un nuevo récord: 758 suicidios o —lo que es lo mismo— 21,39 suicidios cada 100.000 habitantes. Ni siquiera en la crisis financiera de 2002 se había alcanzado tal guarismo (se habían suicidado 20,62 personas cada 100.000 pobladores). La diferencia es que en aquel entonces, previo a la corrida bancaria, la tasa de autoeliminación era una cuarta parte más baja que en los años inmediatamente previos a covid-19. Es decir: si se deja de lado los vaivenes anuales, el suicidio viene al alza desde hace más de dos décadas.
Según las cifra oficiales del Ministerio de Salud Pública, la suba de los suicidios en hombres explica en buena medida el incremento global. Ya era sabido que las mujeres piden más ayuda que los varones, que ocho de cada diez suicidios eran de varones, y que el machismo pesa hasta en la manera de morirse. En números se ve así: cada 100.000 hombres, en el año se suicidaron 36,38. Pero de cada 100.000 mujeres, se quitaron la vida la quinta parte. “Por como soy, no voy a poder verte jamás con otro hombre, sabés que siempre me dolió saber de tu relaciones con otras personas aunque las escuchara sin problemas y de verdad no quiero algún día cruzarte en la calle y que estés tomada de la mano con alguien más que no soy yo”, rezaba una carta que dejó un joven de 22 años y cuyo contenido fue analizada por el equipo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República. El sociólogo Pablo Hein, uno de los integrantes del grupo de investigación, había explicado que “es peor perder una novia que un novio, porque se pone en juego el ideal de macho”. La otra “novedad” de las cifras oficiales de 2021, esas que procesa el equipo de Estadísticas Vitales del MSP, es la suba del suicidio entre los veinteañeros y los adultos mayores. La tasa de suicidios de la población entre 25 y 29 años pasó 29 cada 100.000 a más de 36. También aumentó entre todas las edades mayores de 50 años, pero con énfasis en los mayores de 80 (franja etaria en la que se acercó a 50 suicidios cada 100.000). E El este del país se concentran las mayores tasas de suicidio. Pero Rocha, que otrora era el departamento con peores guarismos, fue superado por Treinta y Tres.
Un peón rural de Treinta y Tres pidió la autorización de su patrón porque necesitaba ir a terapia en la capital departamental, pero nunca fue a la consulta. Un peluquero no aguantó el cáncer que lo aquejaba y puso fin a su dolor. Un municipal no regresó de la casa de su abuela, a donde iba a cuidar a los perros, y lo encontraron colgado (el método más común de suicidio). Todo pasó en Treinta y Tres en pocos días. Los expertos todavía no encontraron la explicación a ese incremento en el departamento esteño, más allá de haber constatado falencias en la atención psiquiátrica, un creciente desempleo y la falta de ocio para los jóvenes. Pero lo llamativo de Treinta y Tres encendió las alarmas en las autoridades sanitarias a escala nacional y potenció una estrategia de prevención del suicidio. “Se convocó a un Grupo Técnico de Expertos en Prevención del Suicidio y organizaciones de la sociedad civil en 2021 para aportar en el diseño de las estrategias. Entre las principales acciones en marcha se destacan la conformación de los grupos departamentales de prevención del suicidio por Ordenanza 315/2022, las prestaciones de salud mental, la obligatoriedad de la notificación de la Ficha de Registro Obligatoria del Intento de Autoeliminación (FRO-IAE), un protocolo de seguimiento, la actualización de una guía clínica para profesionales del primer nivel de atención y las líneas telefónicas de atención 24 horas, entre otras”, anunció el Ministerio de Salud en su sitio web..
El suicidio en Uruguay, el tema junto con Pablo Hein, sociólogo, docente e investigador.
Ley de Salud Mental en Uruguay: cinco años sin presupuesto
La Diaria22 de junio de 2022 Escribe Bruno Scelza , Federica Pérez La comisión que controla la implementación de la norma tampoco funciona desde 2021.
Cecilia Baroni es psicóloga e integrante del Frente Antimanicomial,
una organización civil referente y fundamental para la salud mental en
Uruguay, que se creó después de la Ley 19.529 de Salud Mental -aprobada
en 2017-. También es integrante de Radio Vilardevoz. En una entrevista
con la diaria, dio un contexto de la situación actual de la
salud mental en Uruguay y repasó el rol de los diferentes colectivos de
la sociedad civil en la creación de la ley.
Con base en el proceso de armado del proyecto de ley, en el que
participó, Baroni contó que “la idea de crear una ley llegó entre 2008 y
2009, cuando se presentaron algunos anteproyectos”, y que luego de su
aprobación, “da la sensación de que, al haber una ley desde 2017, ahora
siempre ronda la idea de que esa ley existe y que hay que hacer cosas
para que funcione”. Aunque no se cumpla como se debería, “si vas a una
reunión sobre algún tema adjunto, al menos mencionan la ley, es un
discurso que tiene intenciones”, explicó. Pero también reconoció que
“luego está la realidad y cómo es implementada la existencia de esa ley,
que hasta ahora no ha tenido los recursos suficientes porque se aprobó
sin presupuesto”.
Por otra parte, mencionó algunas de las instituciones que la ley
pautó para que trabajen en la ejecución del texto y consideró como una
de las más importantes a la Comisión Nacional de Contralor, “una de las
más amplias, con el rol de generar incidencia en algunos espacios para
pinchar y que las cosas salgan”, acotó Baroni.
Algunas instituciones crearon áreas relacionadas con la ley. Por
ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo “creó un área de salud mental que no tenía”, y la Universidad de
la República (Udelar) comenzó a trabajar en algunos aspectos
relacionados con el tema. Baroni agregó que “sería muy oportuno” que
ministerios como, por ejemplo, el de Vivienda también pudieran “hacer
sus aportes en cuestiones de alojamiento”. Lo que sucede es que se
trabajó “hasta noviembre del año pasado, luego se detuvo todo y, ahora,
según un mail que nos ha llegado, querrían retomar el trabajo y hacer un
resumen de lo que se hizo hasta el momento”, lamentó Baroni.
Según el propio texto de la norma, el objetivo de la ley es
“garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los
habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los
derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas
personas usuarias de los servicios de salud mental”.
La ley está conformada por 48 artículos que describen diversas
disposiciones que hacen a la atención integral y al respeto de los
usuarios con trastornos de la salud mental del Sistema Nacional
Integrado de Salud. Entre las disposiciones, pauta el cierre de los
establecimientos asilares y estructuras monovalentes, y según el texto
de la ley, “el cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder
temporalmente el año 2025”. A tres años de ese límite, autoridades de la
salud pública uruguaya declararon que ese objetivo no se cumplirá. “El
cierre del Vilardebó no va a ser, nosotros no vamos a cerrar el
Vilardebó, pensamos adaptarlo como hospital judicial” y también podrá
haber “algún paciente social”, declaró Leonardo Cipriani, presidente de
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el 14 de
mayo de 2021 a la prensa.
Al ser consultado por el cierre de las instituciones asilares y
monovalentes (la ley pauta su cierre para 2025), Cipriani les preguntó a
los periodistas: “¿Y qué hacés con 610 personas? ¿Te las llevo a tu
casa? ¿Se las llevo a la casa de otro? ¿Cómo se les va a dar la
atención?”.
Otro de los puntos que establece la ley es la creación de la Comisión
Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental “como organismo
desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Pública, con los
cometidos que le atribuye la ley”. La comisión funcionó a partir de
2018, pero quedó acéfala en setiembre de 2021.
Aunque son diversos los profesionales y colectivos civiles que
reclaman al Estado un incremento del presupuesto, mayores garantías y
una atención urgente y eficiente a la salud mental de los uruguayos,
sobre todo en un contexto pospandemia, las señales son casi nulas y las
carencias cada vez más evidentes, con modelos de atención antiguos y
objetivos de atención integral (redactados en la propia ley) aún muy
lejanos.
Una clara muestra de la necesidad de una mayor atención a la salud
mental fue la décima marcha por la salud mental, el 10 de octubre de
2021, en la que los principales reclamos y pedidos se centraron en la
urgencia de destinar mayor presupuesto para cambiar el modelo de
atención, que agravó sus consecuencias en los últimos dos años.
Las carencias de lo importante
Ángel Valmaggia, exdirector de la Comisión Nacional de Contralor
(establecida por el artículo 39 de la Ley de Salud Mental), dialogó con la diaria
acerca de las funciones de la comisión y la importancia de su
funcionamiento. Según la ley, la comisión debe conformarse con dos
representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), tres
representantes de la Udelar, un representante de las organizaciones más
representativas de los trabajadores de la salud mental, un miembro de
las sociedades científicas vinculadas, un representante de las
organizaciones de las personas con trastorno mental, uno de las
organizaciones más representativas de los familiares y un representante
de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derechos
humanos.
Valmaggia fue nombrado presidente desde que comenzó a funcionar el
órgano y se mantuvo en el cargo durante tres años, pero desde setiembre
no hay nadie en su lugar y además la comisión no funciona. “Ocurrió que
no hubo prórroga. No podíamos seguir porque no había forma de seguir
funcionando; de hecho, no teníamos dinero para gestionar nada ni para
cumplir con los objetivos de la comisión”, contó.
La falta de presupuesto también afectó el cumplimiento de las
funciones de la comisión. “Las clínicas ubicadas en los distintos
lugares del interior del país las inspeccionamos si alguno de nosotros
justo tenía que viajar por otro motivo, pero no hubo dinero ni para
cosas simples como sacar fotocopias”, relató el exdirector. También
recordó que un mes antes de dejar de funcionar se le avisó al MSP que la
gestión terminaba y no recibieron “ni siquiera la confirmación de que
el correo había sido recibido”.
La falta de presupuesto y la necesidad de contar con mayores recursos
fue algo que se le comunicó en otras ocasiones al ministerio. “El
trabajo de la comisión era sumamente rico, la ausencia es lamentable, y
lo peor es que se le quitó continuidad”, lamentó Valmaggia, y subrayó
que “nunca hubo respuesta, ni siquiera cuando anunciamos el fin de
nuestra gestión”, porque lo que sucede es que directamente “la Ley de
Salud Mental se aprobó sin presupuesto, entonces desde ahí, todo es
carencias”, puntualizó.
Por otra parte, también especificó las funciones de la Comisión de
Contralor. Según Valmaggia, la comisión creó un manual de funcionamiento
y, mediante un formulario, los usuarios podían gestionar las denuncias
acerca de internaciones involuntarias, temas judiciales, inconvenientes
con maltratos o con el acceso a los medicamentos. “Esas denuncias nos
llegaban a nosotros y las gestionamos en conjunto con la Institución
Nacional de Derechos Humanos”. El formulario se encontraba disponible en
la página web del MSP.
“Un ejemplo que recuerdo de la gestión es el caso de una paciente con
riesgo de vida que estaba sumamente mal, entonces la comisión le hizo
sugerencias al juez actuante, y a los dos años, cuando pedimos que nos
comunicaran cómo estaba la paciente, se nos informó que había mejorado”,
relató. Otro de los logros fue “el cierre de tres residenciales que
fueron clausurados por falta de condiciones y, de todo eso, enviamos al
ministerio una memoria anual, durante los tres años”.
la diaria solicitó las memorias anuales al MSP mediante un
pedido de acceso a la información pública, pero este fue rechazado
porque, según la cartera, “no existe una sistematización de denuncias
por temática”, ya que al recibirlas para “toda denuncia se inicia un
expediente caratulado con la identificación del denunciante”.
Para el exdirector también quedaron algunos temas pendientes. “Una
cosa que quisimos hacer y no pudimos, por falta de datos, fue saber
cuántos lugares de internación y de usuarios hay en el país; nunca se
pudo saber el número de pacientes ni el de residenciales, faltan datos”,
comentó. También hubo cosas que no se cumplieron al pie de la letra.
“En cuanto a temas judiciales, el responsable de comunicar a la comisión
las internaciones o denuncias era el director técnico de las
instituciones, pero durante los tres años lo hacían sólo algunos”,
concluyó.
Sobre la Ley de Salud Mental opinó que “es una excelente ley, en la
que se trabajó durante muchísimos años y que plantea un cambio profundo
en la atención de la salud mental”. “Implementa las casas a medio
camino, hospitales de día, e instalaciones en hospitales generales,
entre muchas otras cosas”, repasó, y lamentó que “no tiene un
presupuesto para poder llevar adelante esos cambios”.
En resumen, consideró que “lamentablemente no se está cumpliendo con
la ley, ni en centros privados ni en públicos, no hay una red de
atención como plantea el documento y estamos bastante lejos de cumplir
aquellas metas”.
El rol de la sociedad civil
Luego de la aprobación de la ley se formaron varias organizaciones
civiles. Una de ellas es el Frente Antimanicomial. “Muchas de las
organizaciones que impulsaron el proyecto quedaron frustradas con su
aprobación porque quedó en clave de trastorno mental y porque la
Comisión de Contralor no quedó autónoma del Ministerio de Salud
Pública”, relató Baroni. “Eso generó que parte del movimiento social
convocara a crear el frente como forma de acompañar la vigilancia e
implementación de la ley”. En el contexto de pandemia, el Frente fue la
organización que pidió que parte del Fondo Coronavirus se destinara a la
salud mental, “a políticas que hicieran algo por la situación, pero
todo se volcó a lo sanitario y el pedido quedó en la nada”, mencionó
Baroni.
Fuera de la falta de presupuesto, la psicóloga mencionó que gracias a
la ley se generaron algunos cambios importantes: la Udelar instaló una
Comisión de Salud, algunas facultades están promoviendo cosas en las que
“es importante pensar”; por ejemplo, la Facultad de Psicología aceleró
la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, “una de las cosas que la
ley demostró que debe haber y que importan los abordajes diferenciados”.
De todas maneras, la falta de presupuesto afecta la implementación de
la norma en un país en el que “aún están muy presentes dos paradigmas
que están en juego desde antes de la creación de la ley”, acotó Baroni.
Según la psicóloga, los paradigmas predominantes son “el de la salud
mental como un conjunto de cosas y el de la salud mental como
trastorno”.
Para Baroni, escuchar a personas como Leonardo Cipriani, el
presidente de ASSE, preguntar a la ciudadanía a dónde quieren que vayan
las personas que están internadas en el establecimiento asilar Hospital
Vilardebó y que, desde ya, diga que una de las metas de la ley, que es
cerrar ese centro para 2025, no se va a cumplir “es saber que aún hay
quienes lo piensan desde la perspectiva del trastorno y su principal
propósito es contratar psiquiatras”, opinó. A su entender, “la salud
vista como un campo complejo tiene tensiones, alianzas y cosas en las
que no se pone en perspectiva la salud mental individual, sino que hay
otras partes en juego”.
Durante la pandemia
Baroni también hizo referencia a la salud mental en el contexto de la
pandemia. Mencionó que hubo algunos cambios vinculados, por ejemplo, a
las internaciones. “La existencia de la ley también ha sido un paraguas
para abrir algunas unidades, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, para
no internar a personas en centros de larga estadía y no agregar más
camas en el Vilardebó; aun así, la cantidad de personas que Uruguay
tiene en condiciones de encierro es muy grande”, explicó. Aunque en este
momento el Vilardebó tiene alrededor de 280 camas, es un récord mínimo,
porque llegó a tener 3.000.
Pero también se mantienen otras carencias. “Por ejemplo, durante la
pandemia no se previó la cantidad de funcionarios infectados con
covid-19. Eso, por momentos, llevó a que las personas que están
internadas allí se encontraran con más encierro porque se tenían que
quedar en las salas sin salir a los patios”, recordó. “En las colonias
se prohibió el ingreso y los números bajan porque las personas van
falleciendo, no porque en algún momento se externalizan”.
Además recordó que del presupuesto con el que ya cuenta el MSP se iba
a destinar un porcentaje a la ley para que se crearan centros de medio
camino con capacidad para 70 personas derivadas de otras colonias o del
mismo Vilardebó. “Eso aún no sucede, y puede parecer poco, pero si otros
ministerios, como el de Vivienda, interceden también, el trabajo y la
diferencia se vuelven muy significativos”, porque “nadie quiere que se
lleven adelante los cierres sin alternativas habitacionales
sociosanitarias”.
En cuanto a la medicación, acotó que gracias al sistema público “está
bastante regulada” y no es un gran negocio, al menos “si se compara con
otros países”. Aun así, durante la pandemia, también “debido a que es
casi el único método que se utiliza y receta [para tratar la salud
mental], hubo faltantes puntuales”. El consumo de fármacos, como casi
única respuesta que se sigue dando, tuvo un aumento. “Y no hubo
respuesta rápida de aggiornamiento; para algunas posiciones muy
ortodoxas de la profesión hasta trabajar por zoom fue complejo. La
pandemia nos ayudó a llegar a las teleconsultas, pero cuando vuelva la
vieja normalidad eso va a desaparecer”, consideró.
Durante la pandemia, entre 2020 y 2022, según el análisis de las
compras públicas en torno a los diez principales fármacos para salud
mental -los ansiolíticos Midazolam, Alprazolam, Diazepam y Clonazepam;
los antipsicóticos Haloperidol, Quetiapina, Risperidona y Clozapina; y
los antidepresivos Fluoxetina y Sertralina, que se gestionaron a través
de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que están considerados
en el Formulario Terapéutico de Medicamentos del MSP-, Uruguay destinó
1.037.400 dólares -según el valor del dólar en 2020- de fondos estatales
para adquirir estos productos, por medio de diversos procesos de
selección, entre ellos, la licitación, que se define en un concurso
público; y compras directas o excepciones, que impide la pluralidad de
postores.
Las compras en el período desde marzo de 2020 a marzo de 2022 se
concentraron en tres de las 33 empresas que el MSP habilita a
comercializar en el rubro: en primer lugar, Megalabs, a la que el Estado
uruguayo le compró por un total de 484.413 dólares; en segundo lugar,
Icu Vita, con un total de ventas de 239.771 dólares; y, por último,
Fármaco Uruguayo, con 77.728 dólares. De los medicamentos para salud
mental con mayor demanda en el país, Megalabs tiene autorizaciones para
comercializar 13 de ellos, Icu Vita, cinco, y Fármaco Uruguayo, seis.
La concentración de ventas, en parte, se explica porque las empresas no
están en igualdad de condiciones. Megalabs, empresa antes conocida como
Mega Pharma, es una multinacional farmacéutica que opera en 18 países y
cuyo principal propietario es Thomas Struengmann, también vinculado al
laboratorio BioNTech, la firma que desarrolló las primeras vacunas
contra la covid-19 junto a Pfizer. De hecho, el presidente Luis Lacalle
Pou en 2020 conversó con Struengmann por una posible compra de dosis de
vacunas. La presencia de Megalabs en el mercado de medicamentos sólo es
superada por el laboratorio Celsius.
Por su parte, Fármaco Uruguayo facturó por el Midazolam más de dos
millones de pesos uruguayos, equivalentes a 54.225 dólares, y, aunque
está habilitado para comercializar Haloperidol, no hizo ninguna venta de
este medicamento. Icu Vita recibió 242.148 dólares por su
comercialización de Midazolam y sólo hizo una venta de Quetiapina, por
2.700 pesos uruguayos, en el período 2020-2022.
la diaria intentó comunicarse sin éxito con las empresas
para obtener sus descargos respecto de la investigación. No se obtuvo
respuesta de la solicitud de entrevista a un referente del Departamento
de Medicamentos de ASSE.
Por último, Baroni mencionó las carencias del sector privado en
cuanto a la atención de la salud mental y consideró que aunque en el
sector público los avances son lentos, superan la atención y los modelos
de las instituciones privadas: “Lo bueno de lo privado es que entrás en
el sistema de salud desde hospitales generales o puertas de emergencia,
lo que se quiere también para lo público, pero el modelo de atención
sigue teniendo como principales métodos la internación, la medicación y
el seguimiento de psiquiatra”, que es “lo que no queremos, medicar para
toda la vida”, concluyó.
Por otros temas, como presupuesto para las contrataciones y acceso a los medicamentos durante la pandemia, la diaria dialogó con Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.
En cuanto a las contrataciones, Pouy detalló que influyen factores
que existen desde antes de la emergencia sanitaria. “Desde que se creó
el Sistema Nacional Integrado de Salud, se ha generado un aumento de
trabajo en la salud mental”, dijo. También remarcó que existen
diferencias entre el sector público y el privado. “En el ámbito público
se han dado a conocer las dificultades para contratar, mientras que en
el sector privado no, lo que no quiere decir que no las tenga”, agregó
Pouy. También manifestó que “salarialmente los cargos de psiquiatría en
Salud Pública han quedado relegados, por dinero y en las condiciones de
trabajo, por eso los profesionales muestran cierta preferencia por el
sector privado”.
Contó que en noviembre de 2021 la Sociedad de Psiquiatría y la
Dirección de Salud de ASSE acordaron funciones de alta dedicación para
los psiquiatras y se firmó un convenio en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, pero “el acuerdo aún no avanza en su proceso”.
En cuanto a medicamentos, consideró que “siempre hubo alguna falta,
por compras o por selección de compras”, pero que “durante la pandemia
se dio en simultáneo con la disminución de las consultas presenciales”,
sobre todo en los primeros meses de la pandemia. De todos modos,
consideró que “las faltas de medicamentos seguramente hayan sido
puntuales”.
Según supo la diaria, en marzo desde el Ministerio de
Desarrollo Social, una de las carteras incluidas en el trabajo
relacionado con la salud mental, le enviaron a Martín Lema, el titular
de la cartera, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, un
resumen del trabajo realizado por la comisión creada por la Ley de Salud
Mental en 2021 y los planes de continuación para 2022. la diaria intentó acceder al informe pero, por el momento, es considerado de carácter interno.
Para profundizar en los planes de acción y conocer mejor el trabajo del ministerio, la diaria
intentó sin éxito comunicarse con Horacio Porciúncula, el coordinador
del área de salud mental de esa cartera, y con una de las asesoras
técnicas, Denisse Dogmanas.
Este reportaje forma parte de una investigación regional liderada por
la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la
Anticorrupción (Red Palta), en la que participaron OjoPúblico (Perú), la diaria (Uruguay), LaBot (Chile), Ojoconmipisto (Guatemala), PODER (México) y La Nación (Argentina).
Uruguay se suma al furor por el hidrógeno "verde" y las energías renovables, aunque siguen el patrón de producción y consumo que generó los problemas sociales y ambientales
Víctor L. Bacchetta
28 junio 2022 Sudestada
Los países más industrializados, responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, encabezan la definición de programas nacionales e internacionales de producción de hidrógeno “verde”: China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (UE), liderados por Alemania. Las multinacionales petroleras, como BP, Shell y Repsol, se les suman financiando grandes proyectos en esa misma dirección. Las presiones para reducir los combustibles fósiles por su papel en el calentamiento global, incrementadas y aceleradas por el boicot al petróleo y el gas provenientes de Rusia en medio de la guerra en Ucrania, han llevado a esos países y empresas a apostar fuertemente por esta nueva forma de energía que califican de “limpia” y que muchos creen que será la clave para la "descarbonización" del planeta. El Pacto Verde europeo propone que la UE sea “el primer continente climáticamente neutro en 2050” (sic) . Con esta meta, la UE lanzó una iniciativa global para impulsar el hidrógeno verde con una inversión de 430 mil millones de dólares en electrolizadores de aquí a 2030. Por otra parte, el Congreso de EEUU aprobó en 2021 una inversión de 9,5 mil millones de dólares para promover el hidrógeno verde. El banco estadounidense de inversiones Goldman Sachs estimó que el mercado del hidrógeno verde superará los 11 billones de dólares para 2050. La ofensiva financiera se traduce alrededor del mundo en una sucesión de megaproyectos, la mayoría aún en una etapa de planificación. Como suele ocurrir, ante la nueva ola de inversiones, varios países se disputan la condición de anfitriones de esos proyectos. En América del Sur, el país que aspira a ser un gran exportador de hidrógeno verde es Chile, basándose en sus cualidades geográficas para generar energía eólica y solar. "Si hacemos las cosas bien - declaró el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, a la revista Electricidad-, la industria del hidrógeno verde en Chile puede ser tan importante como la minería, el sector forestal o como fueron alguna vez los salmones". El gobierno uruguayo definió también una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. “Uruguay tiene la visión de convertirse en un país exportador de hidrógeno y productos derivados” , según el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se creó un grupo de trabajo integrado por varios ministerios y entes del estado que, pensando en la exportación, comenzó a explorar las necesidades en materia portuaria.
Un día se presenta la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde, al día siguiente los nuevos contratos de la Ronda Uruguay. No hay una política energética coherente, la única política común a todos los gobiernos es fomentar la inversión extranjera tal como venga. Petróleo y gas convencional y no convencional, biocombustibles, energía eólica y solar, hidrógeno "verde", la cuestión es colocarle la alfombra más atrayente. Los países ricos pretenden mantener un modelo de consumo energético insostenible con el mismo patrón de inversiones masivas que practicaron hasta ahora. Frente al desafío climático, los planes se centran en las llamadas energías renovables, pero estas consumen grandes cantidades de materiales y energía en su fabricación, además de generar también importantes impactos sociales y ambientales.
Riesgos potenciales del H2 El hidrógeno se podría usar para calefaccionar hogares y edificios, movilizar trenes, vehículos pesados y barcos, en los cuales las baterías eléctricas no son apropiadas, e incluso aviones. Sin embargo, el hidrógeno presenta problemas que recién se están conociendo y experimentando en proyectos piloto, que se acentuarían a la hora de producirlo a la gran escala como sería necesario para sustituir a los fósiles. Según un estudio del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido, el hidrógeno es un gas de efecto invernadero dos veces más poderoso de lo que se pensaba anteriormente. El efecto invernadero del hidrógeno es sobre todo indirecto, porque reacciona con otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentando su 'potencial de calentamiento global' (GWP). El 'potencial de calentamiento global' (GWP, la sigla en inglés) es una medida relativa del calor que puede ser atrapado por un gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de referencia, por lo general dióxido de carbono (CO2). Así, el GWP del CO2 vale 1(uno) y el GWP del metano (CH4) es 25. O sea que la emisión de 1 millón de toneladas de metano es equivalente a 25 millones de toneladas de CO2. Se comprobó que el hidrógeno reacciona con los radicales hidroxilos troposféricos, por lo que sus emisiones a la atmósfera perturban la distribución del metano y el ozono, segundo y tercer gas de efecto invernadero más importante después del CO2. Por lo tanto, una economía basada en el hidrógeno también tendría consecuencias de calentamiento global y no estaría exenta de perturbaciones climáticas. La capa de ozono filtra la radiación ultravioleta del sol que, de lo contrario, sería nociva para la vida. La capa ha sufrido daños en el pasado por la actividad humana, pero había pasado desapercibido que el hidrógeno podría estar entre los factores más graves. Al adelgazarse la capa de ozono, los fenómenos meteorológicos y los desastres naturales se pueden hacer aún más violentos y erráticos. A pesar de que la producción a gran escala de hidrógeno generaría altos niveles de emisiones fugitivas, el potencial de calentamiento global de este gas rara vez se menciona en los debates sobre la futura infraestructura del hidrógeno. También es llamativo que el GWP del hidrógeno tenga todavía un alto grado de incertidumbre, dada la creciente importancia de este dato para futuras decisiones políticas. Estudios de la NASA habían determinado en 2006 que el GWP del hidrógeno como gas de efecto invernadero indirecto era 5,8 en un horizonte temporal de 100 años. Sin embargo, un estudio de la consultora británica especializada Frazer-Nash de este año planteó que las emisiones fugitivas del hidrógeno podrían tener un efecto indirecto de calentamiento global 11 veces mayor que el del CO2. El vapor de agua a su vez, presente en la producción y combustión del hidrógeno, es también un gas de efecto invernadero. Investigaciones de la NASA, usando el satélite Aqua (Atmospheric Infrared Sounder), comprobaron que el vapor de agua tiene un efecto amplificador del calor global suficientemente fuerte como para duplicar el calentamiento causado por el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera.
Renovables sí, limpias no El viento y el sol son renovables, sin duda, eternos se podría decir, pero no ocurre así con los molinos y los paneles requeridos para captar esas energías. El mayor impacto ambiental de las renovables se concentra en la fabricación y el desmantelamiento. La fabricación utiliza gran cantidad de materiales y minerales específicos; Cuando esas instalaciones dejan de funcionar, se convierten en un montón de chatarra. Las cadenas de valor de los molinos y los paneles solares van desde la extracción de las materias primas, la fabricación y ensamblaje, la logística y la planificación de los parques, hasta la transmisión de la energía al destino final. Esas cadenas dependen del suministro de materiales críticos que no están asegurados, sobre todo teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento exponencial de su demanda futura. El acero, el cobre y el aluminio representan el 86% del peso de una turbina eólica, pero los aerogeneradores utilizan imanes permanentes que requieren boro y tierras raras como neodimio, disprosio y praseodimio originarios de China. En 2010, el comercio de tierras raras tuvo una crisis porque el país asiático pasó de ser un simple productor de materias primas a exportador de imanes, de mucho mayor valor agregado. En el caso de las placas fotovoltaicas, aparte de algunos materiales básicos como el boro y el silicio metálico, tienen un uso elevado de la plata para las conexiones entre elementos que ocupan menor espacio y causan menores pérdidas. Asimismo, los módulos realizados con tecnología de lámina delgada utilizan materiales escasos como el cadmio y el teluro o indio, selenio y galio según los tipos de células. Además, estas tecnologías requieren materiales menos específicos, pero igualmente críticos. Un ejemplo son los elementos necesarios para obtener aleaciones de acero de altas prestaciones, como niobio, magnesio o níquel, entre otros. Por último, la construcción, la estructura y el cableado de estos dispositivos insume cantidades mucho mayores de metales no críticos, como el hierro, el cobre o el aluminio. Los molinos que se fabrican en la actualidad tienen una vida útil de 20 años y la de un panel solar es de unos 25 años. Las hélices de los aerogeneradores no se reciclan; decenas de miles de estas palas están siendo retiradas para ser acumuladas en los vertederos. A su vez, se estima que los paneles solares generan 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.
No hay por el momento un plan de manejo de los desechos de estas
tecnologías. La Agencia Internacional de Energía Renovable estima que en
2050 habrá 78 millones de toneladas de desechos de paneles solares e
hizo un llamado urgente al desarrollo de industrias de reciclaje que
rescaten el vidrio y otros componentes. Al final, el problema son
siempre los volúmenes de materiales utilizados y sus desechos.
Con este panorama, cualquier plan serio de parque eólico o fotovoltaico
debe contener un capítulo de cierre o abandono que incluya el
desmantelamiento de los equipos y la restauración del territorio, con un
depósito de garantía acorde a los costos de esta etapa. Así se exige
hoy en día en la minería, sobre todo la metalífera, luego de una
herencia maldita de miles de minas abandonadas por todo el planeta.
Las "ventajas" de Uruguay
"La hoja de ruta que Uruguay pone en conocimiento público para
convertirse en un país líder en producción y exportación de hidrógeno
verde", expresó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar
Paganini, en la presentación del documento.
La llamada "hoja de ruta" es un folleto de promoción de las bondades del
país para acoger las inversiones en juego en la nueva campaña
internacional.
Las intenciones oficiales no podrían ser más extraordinarias: un paso natural hacia la descarbonización de la economía, el inicio de la segunda transición energética, una mayor independencia energética, ahorro de divisas, etc. Tampoco faltaron espejitos y cuentas de colores: "una capacidad de facturación de unos US$ 1.700 millones hacia 2040, así como la creación de más de 35.000 puestos laborales directos" (sic). El documento proyecta un escenario de alta demanda de hidrógeno "verde", tanto en Europa como en el este asiático (de Japón, porque China ya tiene excedente), donde habrá países importadores y países exportadores netos. Ubica a Uruguay entre estos últimos, asignándole condiciones de gran competitividad. La estrategia nacional sería entonces la exportación, pero ¿cuáles serían esas ventajas competitivas? En primer lugar, se coloca la capacidad de generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables, principalmente eólica y solar fotovoltaica. Pero esta no es una ventaja de Uruguay frente a países y regiones en posible competencia, como Brasil, Chile, Medio Oriente y el norte de África señalados en el documento. Todos ellos poseen regiones desérticas y montañosas con mejores condiciones que Uruguay para ese fin. En segundo lugar, se indica la alta disponibilidad de agua. Esta es la ventaja principal, no solo por la extensa red hídrica y el régimen de lluvias, sino por la permisividad con que se maneja en el país. La "hoja de ruta" minimiza la importancia de los volúmenes de agua que serían necesarios y en ningún momento menciona el agua subterránea, cuando el primer proyecto a estudio se sitúa encima del Acuífero Guaraní. Los países y regiones mencionados poseen ríos y/o acceso al mar, pero la electrolisis del hidrógeno "verde" requiere agua pura. Tanto la desalinización como la depuración de agua dulce contaminada son costos que se suman. En Alemania, la purificación del agua cuesta unos US$ 2.432 por tonelada de hidrógeno. En Uruguay, con la tarifa vigente de OSE para industrias, nos da US$ 30,55 por tonelada de hidrógeno. La "hoja de ruta" destaca luego la disponibilidad en el país de "CO2 biogénico" para producir metanol y combustible de avión al combinarlo con hidrógeno. El documento explica que ese componente se encuentra asociado a "instalaciones industriales que explotan biomasa proveniente de producción sostenible" (sic). Utiliza un eufemismo para no mencionar directamente a la forestación y las plantas de celulosa. Por último, se dice que Uruguay podría competir produciendo hierro esponja mediante la reducción del mineral con hidrógeno. "Una oportunidad de exportación adicional … teniendo en cuenta la disponibilidad del mineral de alta calidad en el país (nivel de concentración superior a 67%)" , afirma el documento oficial. Desde hace mucho, se sabe que los yacimientos uruguayos no superan el 30% de concentración.
Gran Bretaña pisa fuerte en Uruguay: las Malvinas dejaron de ser «usurpadas» Una declaración legislativa del FA está frenada por el oficialismo desde el 2 de abril por que menciona ese término en la acción inglesa en las islas. El viaje de Lacalle a Londres ahondó los lazos.
Tras apoyar históricamente el reclamo argentino sobre la soberanía en las islas Malvinas, Uruguay ensaya una inesperada marcha atrás en un tema en el que toda América Latina ha hecho causa común. Días antes del 40 aniversario del 2 de abril, y llevado quizás por la magia que irradian los recordatorios terminados en cero, el Frente Amplio (FA) impulsó una declaración legislativa para reafirmar la posición uruguaya ante la “usurpación británica de las islas”. El Partido Nacional (Blanco) del presidente Luis Lacalle Pou frenó la intención del FA y, con suerte, la declaración podría votarse en la primera semana de julio. Apoyado en su mayoría parlamentaria, Lacalle logrará que la declaración final excluya el término “usurpación”, que sería reemplazado no se sabe todavía por cuál.
Para los uruguayos fue una novedad que, como en el siglo XIX, cuando era la potencia dominante, Gran Bretaña –el reino, el Estado, sus agentes, sus empresas– volviera a pisar fuerte en el país con el auspicio del presidente y su partido. La nueva realidad, en verdad la remake, quedó oficialmente blanqueada el 25 de mayo, cuando se dijo que el presidente viajaría a Londres, para permanecer tres días allí. No haría escalas en otro país europeo y llegaría sólo para encontrarse un rato con la desfalleciente pero aún representativa figura política del primer ministro Boris Johnson y sacarse la tan ansiada postal en la puerta del 10 de Downing Street, uno de los sitios en los que durante 400 años se cocinaron los destinos del mundo. Y, por fin, acercarse a Clarence House para conocer al príncipe Carlos.
Cuando en el Palacio Legislativo todos pensaban que la propuesta sería votada sobre tablas, apareció el senador Gustavo Penadés, un fiel ladero de Lacalle, para objetar varios aspectos del texto a votar, especialmente donde denuncia la “sostenida usurpación de las islas y su espacio marítimo circundante por parte de Gran Bretaña”, en lo que constituye uno de los últimos enclaves coloniales. Eso de “usurpación” no les gusta ni al gobierno ni a los blancos. En una propuesta alternativa dicen que respaldan el reclamo argentino y hablan de “territorios en disputa”. Sin embargo, se refieren a “la necesidad de que los gobiernos reanuden las negociaciones sobre la soberanía para hallar una solución pacífica”.
En su texto, el FA cita una declaración de la UNASUR del 30 de diciembre de 2012, en la que el organismo reiteró su respaldo a “los legítimos derechos de Argentina” y ratificó “el permanente interés regional de que Gran Bretaña se avenga a reanudar negociaciones para llegar a una solución pacífica”. Los blancos prefieren remitirse a una resolución de la OEA aprobada el 12 de noviembre del año pasado a instancias de su secretario, Luis Almagro. En ella se subraya el “interés de colaborar mediante los máximos esfuerzos con las más altas acciones diplomáticas” de la República Argentina siempre que las mismas estén amparadas en la paz y en los principios del derecho internacional”. Son bien diferentes.
Cuando este manoseo político vio sus primeros capítulos, la cancillería uruguaya ya estaba negociando la agenda del viaje de Lacalle. Haber aceptado el uso del concepto de “usurpar” era demasiado. Y así lo muestra lo que siguió. Según un despacho de la agencia Télam del 21 de mayo, en el que cita “fuentes oficiales uruguayas” sin identificar, el encuentro Johnson-Lacalle servirá para ahondar “vínculos económicos y comerciales, y aunque no hay expectativas concretas acerca de un tratado de libre comercio, el tema estará presente”. A fines de 2021, en Montevideo, el ministro británico de Comercio, Ranil Jayawardena, dijo que su visita buscaba “iniciar un diálogo bilateral para aumentar el intercambio de bienes y servicios”. Bilateral, es decir, puenteando al Mercosur. Lacalle lo aceptó.
En el grupo legislativo que sigue revisando los términos en los que acabará la declaración de respaldo a Argentina, ven con preocupación, y ligan un tema con el otro, que durante la visita de Lacalle se haya firmado un acuerdo de defensa recíproca. “¿Uruguay, solidario con Argentina, apegado a la vía diplomática, firma un tratado de defensa con la potencia ocupante? ¿Para defendernos de quién? ¿De Argentina?”, se preguntó el ex embajador en Buenos Aires, Juan Raúl Ferreira, en una nota del semanario uruguayo Caras y Caretas. Lo concreto y oficial es que el 25 de mayo Lacalle y Johnson asumieron el compromiso de “mejorar la cooperación en defensa y seguridad en asuntos de interés mutuo” y Londres se comprometió a invertir en la “capacitación de las fuerzas armadas uruguayas”.
Esta actitud inamistosa hacia Argentina se da tras la visita a Londres y en un contexto que apunta contra la misma historia. Trata de imponer la Ameripol, una especie de Plan Cóndor policial que en el norte opera como Europol. Intenta favorecer a una empresa desconocida para que monte un formidable negocio inmobiliario-turístico construyendo una isla artificial en las costas de Montevideo, Canelones o Colonia. Pese a la falta de interesados, insiste en el llamado a licitación para la construcción de un hotel de cinco estrellas en la costa atlántica de Rocha. Rompe el monopolio histórico estatal en la prestación del servicio de internet para favorecer a operadores de cable y a las empresas Claro y Movistar. Entrega a petroleras británicas la exploración marítima. Todo vale en esta especie de quién da más.
La conquista del mundo vale cara A punto de llegar a la mitad de su mandato sin haber iniciado todavía la construcción del “glorioso nuevo Uruguay” prometido durante la campaña electoral, y ante la falta de algún resultado interno que atempere la persistente caída que registran los sondeos, el presidente Luis Lacalle Pou se lanzó a la conquista del mundo. Y, salvo cuando se abre generoso a la entrega de la soberanía nacional, no encuentra eco. Arremete sobre todo aquello que en una potencial agenda diga TLC, las tres letras mágicas que nombran a los Tratados de Libre Comercio. Pero no siempre está bien asesorado, mete la pata y muchos mal pensados dicen que la mano también, a causa de una cancillería que le erra hasta en las fechas.
Que se haya fotografiado con el primer ministro Boris Johnson el 25 de mayo en Londres, sin citar a Malvinas cuando aquí su vecino celebraba el día patrio, no habla bien de quién organizó el viaje, el canciller Francisco Bustillo, que además fue embajador uruguayo en Argentina. Tampoco habla bien del propio Lacalle, porque ningún uruguayo puede ignorar el significado de esa fecha. Lo grave es que Bustillo venía de otra también grave. Agendó una injustificada visita del canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu para el 24 de abril, justo el día de 1915 en el que se inició el genocidio turco del pueblo armenio. Lo hizo pese a las advertencias de la comunidad armenia, la más numerosa y activa en los países americanos. La colectividad armenia se expresó en todos los sitios donde el visitante hizo escala. En la céntrica Plaza Independencia Çavuşoğlu se asomó por la ventanilla de su auto y durante al menos un minuto sonrió burlonamente, mientras hacía la señal de guerra de los Lobos Grises, los nazis turcos que tienen la entrada prohibida hasta en Austria. Al día siguiente el visitante fue recibido por Bustillo. Del ofensivo gesto ni se habló. El comunicado oficial dijo que, además de “un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, los ministros convinieron el comienzo de las negociaciones de cara a la firma de un Tratado de Libre Comercio”. Como siempre, las tres sacrosantas letras que inicialan las buenas relaciones.
Hoy jugó Villa Española Oficial su primer partido después de la intervención y
los futbolistas salieron a la cancha con carteles que tenian distintas
consignas.
Como soy nuevo agarre un veterano tranquilo y pregunte quienes eran, los que insultaban y a quienes dirigían los insultos
Me dice ese es el gordo Mario siempre es así, no dejaba de putear a la directiva, al Bigote , había otro flaquito más nervioso me dice ese es Beltrán
Me seguía tirando nombres y me dice, mira esto esta todo armado para que estos muchachos se vayan si o si del club y hay gente pesada en la vuelta ese de campera azul es Alejandro Suarez, es bravo pesado, pesado
Le pregunté por los denunciantes, quería verles la cara me dice, Umpierrez esta ahí y estaba junto a este Suárez, el flaquito nervioso, el tal Mario y varios gurises que solo insultaban al viento en todo momento, esa es Leonarda no esta bien de la cabeza pero siempre esta
El que salió en todos los canales le pregunte? Me dice , ese no viene a los partidos no le interesa el fútbol y la otra veterana la están usando.
Gracias a que grabe la conversa me quede con mucho insumo para hacer este hilo
El final cuando vi a los saxos y la cuerda de tambores me encantó y quedé posicionado sobre el túnel para ver a los jugadores de cerca pero ahí se desmadro todo. Los que insultaban quisieron meterse de pesado por donde pasaban los jugadores para hacer no se qué
Pero no parecía nada bueno si eso sucedía. Insultos a jugadores especialmente al bigote, a los dirigentes y el grito más evidente era si el MEC no los echa los vamos a sacar nosotros Claramente entendí que esto no es político, que no es un tema de estatutos
En Villa Española el problema es de poder, de gobernar y desde ahí tener la posibilidad de tomar decisiones, cual no las se pero lo económico, la vinculación con Tenfield y el mandar yo por encima de todos parece ser el objetivo
Omar Cazaré: "En las asambleas el clima fue espeso y hubo amenazas"
Hace 46 años que reclamamos. Un absurdo, un despropósito. Insistir
con este pedido humanitario abruma. Lo hicimos en la calle, en el
exterior, en todos los foros, en la Justicia. Tota ya no está. Como
muchas madres y abuelas que se han ido sin saber dónde están sus hijos e
hijas. El silencio y ocultamiento, similar a la omertà,
mafiosa ha sido la respuesta no sólo de los integrantes de las Fuerzas
Armadas, también de una buena parte del sistema político encabezado por
Julio María Sanguinetti. Hay pruebas.
Se insiste con que no hay forma de saber la verdad, con que no
existen registros de una actividad ilegal como la desaparición. Que los
que saben no hablan. Falso: todo está registrado.
Es evidencia: toda fuerza armada en operaciones registra
absolutamente todo. Los aparatos institucionales de la dictadura, como
el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), decidieron algunas acciones
que costaron la vida de varios conciudadanos. Así fue con los fusilados
de Soca, trasladados desde el refugio del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en Buenos Aires: Julio Abreu, Héctor
Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada de seis meses y
medio), Floreal García con su esposa Mirtha Yolanda Hernández. Su hijo
Amaral García, de tres años de edad, fue entregado a una pareja de
represores y recobraría su identidad muchos años después.
También el crimen de Zelmar, el Toba, Rosario Barredo y William
Whitelaw Blanco habría sido decidido en una reunión del Consejo de
Seguridad Nacional (Cosena) presidido por Juan María Bordaberry.
El periodista Roger Rodríguez, hace ya 20 años, hizo esta denuncia:
“El 5 de octubre de 1976 se realizó el ‘segundo vuelo’, en el que una
veintena de uruguayos secuestrados en el ‘pozo’ de Automotores Orletti
de Argentina fueron traídos a Uruguay en el vuelo 511 del Transporte
Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), detenidos en unidades militares,
ejecutados y enterrados, probablemente, en una fosa común. La Fuerza
Aérea reconoció la existencia de aquel segundo vuelo en 2004, se llegó a
realizar una causa judicial por la que ocho militares y policías fueron
encarcelados en 2006, pero el Ejército sigue sin confesar dónde fueron
enterrados. La impunidad sigue cubriendo la verdad”.
Los cuarteles de la patria enarbolando el pabellón nacional siguen
siendo cementerios clandestinos. Una mancha en el honor de los
uniformados de hoy que cargan con esa mochila. En nombre de la paz,
deberían sincerarse.
El 28 de junio de 1976, Elena Quinteros, intentando escapar de sus
captores, mintió un contacto cerca de la embajada de Venezuela. En un
momento corrió pidiendo auxilio y asilo. Llegó a entrar al jardín. Los
represores tras ella golpearon al secretario de la embajada, Frank
Becerra, y al embajador, Julio Ramos, quien reclamó por Elena.
La ley de caducidad clausuró todas las acciones penales, pero el
artículo 4 abría la posibilidad de investigaciones administrativas que
esclarecieran casos como el de Elena Quinteros. Se remitieron oficios al
Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. Este
último respondió inmediatamente que no tenía ningún elemento. El
canciller Enrique Iglesias se lo tomó muy en serio y designó a la
doctora María del Luján Flores, directora de Asuntos Jurídicos, para la
instrucción.
El expediente 201/87 (1.650 folios protocolizados con las
conclusiones que esclarecían las pruebas y mecanismos que condujeron a
su desaparición) fue enviado a la presidencia de la República del doctor
Julio María Sanguinetti en octubre de 1989. Fue recibido y firmado por
el secretario de Presidencia, doctor Miguel Ángel Semino. Su destino:
encajonado y ocultado deliberadamente.
Seguir manteniendo en secreto el destino de los cuerpos secuestrados
sólo responde a un objetivo ominoso: continuar la guerra en democracia.
La lectura del expediente demuestra la persistencia de la doctora
Flores, que llevó adelante, contra viento y marea, la tarea asignada. El
boicot y la resistencia de ciertos bolsones de la cancillería no la
hicieron ceder. Su búsqueda la llevó a registrar viejos archivos en un
sótano de la cancillería. Allí descubrió el memorándum secreto (incluido
el manuscrito de puño y letra de quien lo confeccionó). En dicho
documento se analizan las “ventajas y desventajas de entregar o no a la
mujer en el caso Venezuela”. Un largo análisis sobre las repercusiones
internacionales y los pro y contra políticos. El lenguaje utilizado fue
repugnante. Hablan de “la mujer”. Ni siquiera nombran a Elena, porque
eran conscientes de que ese documento contenía un ilícito: no entregarla
significaba su desaparición.
El 5 de julio de 1976 se reunió el Cosena, integrado por los tres
comandantes en jefe, el presidente de la República y los ministros del
Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. El clamor
internacional por el derecho de asilo y la invasión a la embajada de
Venezuela era el motivo de la reunión.
El canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, presentó ese
memorándum. Para su confección formó un grupo de colaboradores: el
embajador Julio César Lupinacci, el doctor Guido Michelin Salomón y el
embajador Álvaro Álvarez. En esa reunión se decidió “no entregar a la
mujer”, ir al rompimiento de relaciones con Venezuela y ocultar el
cuerpo de la maestra secuestrada.
El memorándum secreto y la investigación de la doctora Flores habrían
pasado al olvido eterno si no fuera porque manos anónimas le hicieran
llegar una copia al doctor Alejando Artucio, quien se comunicó con
nosotros y nos entregó una copia de dicho memorándum.
Lo dimos a conocer a la prensa. Tota Quinteros solicitó una
entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, quien la recibió.
Por boca y firma de su secretario, doctor Pablo García Pintos, se
admitió que ese expediente estaba “olvidado” en uno de los cajones de
Presidencia. Nos dieron una copia total del expediente y concurrimos a
la Justicia.
La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) difundió hoy una rendición de cuenta anual con críticas a falta de colaboración del Ministerio del Interior uruguayo y agravios provenientes del oficialismo.
Montevideo, 24 junio 2022 Prensa Latina
“No colaboró ni avanzó” en investigación sobre denuncias a
jerarcas de la cartera, luego de solicitarle que investigue los hechos,
señaló el documento presentado ante la IX Asamblea de la entidad que
cumplió 10 años.
Añadió que el Ministerio “vulneró el derecho al trabajo libre de
violencia y acoso, no respetando el principio de igualdad y no
discriminación, sin aclarar la responsabilidad administrativa de los
funcionarios que intervinieron”.
A este respecto se citó la denuncia de una abogada contra el
encargado de Convivencia ciudadana, que tuvo “como eje central la
difamación, incitación al odio, homofobia y persecución, incluso en el
ámbito laboral”.
La Asociación de Defensores de Oficio fue por su parte principal
tributario en los últimos tiempos de denuncia sobre excesos en actuación
policial en arrestos y reclusiones.
El presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, dijo en la asamblea que
hubo dificultades durante los últimos meses, «ataques, agravios
absolutamente infundados” contra quienes trabajan en este tema y la
institución misma “de parte de actores del sistema político y formadores
de opinión».
Faroppa aludió a legisladores del gubernamental Partido Nacional y medios y comunicadores en redes afines.
Puntualizó que «se realizaron pronunciamientos respecto a la
necesidad de eliminar directamente a la Inddhh del marco jurídico
institucional vigente en el país» y también la pertinencia de «realizar
modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de la
institución».
El colectivo de Familiares de Desaparecidos bajo la dictadura
rechazó intentos por la bancada legislativa oficialista de reemplazar a
la directora de Inddhh, Mariana Mota, quien impulsa la búsqueda de
restos de víctimas, uno de los principales objetivos de la institución.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) realizó la XI Asamblea Nacional abierta para rendir cuentas y presentar el informe de trabajo anual.
"Nos debemos a la gente"
Durante la rendición de cuentas, Faroppa explicó que la asamblea se
realizó en dos jornadas, una a distancia y otra mixta (presencial y a
distancia a la vez).
Según Faroppa, la Inddhh debió enfrentar “dificultades especiales” en
los últimos tiempos: “Ataques y agraviosabsolutamente infundados que
hemos recibido quienes trabajamos en la institucion y la institución
misma de parte de actores del sistema político y formadores de opinión”.
“Esa situación es una situación preocupante por lo que implica el
funcionamiento adecuado de una institución de derechos humanos como
órgano de control en un estado democrático como es el que queremos
construir la mayoría de las personas que vivimos en este país”, dijo.
“Lamentablemente, esa situación se ha reiterado en el período que
estamos analizando en esta asamblea. Inclusive se han realizado
pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente la
Inddhh del marco jurídico institucional vigente en el país hasta
realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma
de una institución de derechos humanos que funcione».
Finalmente se presentaron las conclusiones de los grupos de discusión
desarrollados en la primera sesión de la Asamblea Nacional.
Estuvieron presentes en el evento el Comisionado Parlamentario Juan
Miguel Petit, María Elena Laurnaga titular de la Defensoría del Vecino
de Montevideo, representantes de organizaciones de la sociedad civil,
autoridades de organismos públicos y legisladores.
No colaboran ni avanzan
El informe anual, disponible para descarga en la web de la INDDHH,
aborda la gestión institucional, los estudios de situación de los
derechos humanos en Uruguay, las denuncias por vulneraciones de los
derechos humanos recibidas en 2021, los hallazgos del mecanismo para
prevención de la tortura, el trabajo del área de educación del organismo
y las actividades en territorio (descentralización, vínculo con la
sociedad civil).
Autonomía e independencia
Juan Faroppa,
presidente del organismo, dijo en la asamblea que la INDDHH sufrió
dificultades durante los últimos meses, "ataques, agravios absolutamente
infundados que hemos recibido quienes trabajamos y la institución misma
de parte de actores del sistema político y formadores de opinión".
Calificó esa situación reiterada como "preocupante por lo que implica el
funcionamiento adecuado de una INDDHH como órgano de control en un
estado democrático como el que queremos construir la mayoría de las
personas que vivimos en el país".
Faroppa puntualizó que "se han
realizado pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar
directamente la INDDHH del marco jurídico institucional vigente en el
país" y también la pertinencia de "realizar modificaciones legislativas
que pueden afectar la esencia misma de la institución".
Sobre el
proceso de selección del nuevo Consejo Directivo el actual presidente
dijo que "es oportuno señalar la necesidad de que se respete la esencia
de la ley vigente en esta materia, que la sociedad civil tenga
participación activa" para asegurar que se cumplan los Principios de
París: independencia, autonomía; no recibir instrucciones de ningún
poder del Estado, ni de partido político, ni de grupo con poder e
incidencia en la sociedad.
El jerarca también se refirió a las
acusaciones de que la institución actúa articulada con un partido
político (haciendo alusión al Frente Amplio): "Para la gente que nos
identifica con un partido político es interesante recordarles que el año
que la INDDHH recibió más denuncias y consulta fue 2018 y los tres años
en que se realizaron más recomendaciones al Estado por vulneraciones de
derechos humanos fueron 2017, 2018 y 2019". Si la institución no cuenta
con independencia y autonomía "no es una INDDHH", sentenció.
Las
directoras Mariana Mota, Mariana Blengio y María Josefina Plá y el
director Wilder Tayler tomaron la palabra para repasar los puntos
centrales del informe anual.
Mecanismo de Prevención de la Tortura
Tayler
disertó sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Mencionó que notaron la "persistencia de factores estructurales que
incrementan riesgos de malos tratos en los sistemas de encierro
institucional". El primero es que Uruguay falla sistemáticamente hace
décadas en su deber de realizar las modificaciones legales necesarias
que ajusten la definición de la tortura de acuerdo a los estándares
internacionales.
El MNP realiza monitoreo en cinco ámbitos:
sistema de protección de niños, responsabilidad penal juvenil, sistema
carcelario, instituciones psiquiátricas y dependencias policiales.
La
principal preocupación del MNP en el sistema de protección de niñas y
niños es, explicó Tayler, la cantidad de infantes que son retenidos en
centros de internación psiquiátrica (a los que ingresaron por cuadros
agudos) luego de haber sido dados de alta. Esto sucede "por razones de
carácter administrativo o locativo". Además, "en algunos centros las
medidas de contención físicas y farmacológicas se aplican como castigo",
sentenció.
El sistema penal juvenil se vio afectado de manera
negativa por la pandemia y por la implementación de la ley de urgente
consideración, señaló Tayler. Detectaron que "el incremento en niveles
de encierro, la aprobación de nuevas tipificaciones delictivas y el
aumento de penas privativas de libertad [resultaron en un]
debilitamiento de garantías, sobre todo en instancias de detención y
procesamiento penal de adolescentes".
Sobre el sistema penal de
personas mayores de 18 años Tayler resaltó "debilitamiento progresivo de
garantías fundamentales en el momento de la detención a medida que se
afianzan los mecanismos de la LUC, proliferación de interrogatorios en
sede policial administrativa sin abogado y problemas de notificación a
familiares", aunque este último punto se ha regularizado en los últimos
meses.
Calculan 300% de hacinamiento en la cárcel de Salto y una
gran sobrepoblación en la mayoría de los centros de detención, sobre
todo los de mujeres (5 y 9).
Identidad
La directora
Mariana Mota abordó el tema del derecho a la identidad biológica.
Recordó que en junio de 2020 se conformó un grupo de trabajo para esta
área "para contribuir a la mejora de normas y prácticas del Estado".
Recibieron alrededor de un centenar de denuncias o pedidos de ayuda; en
casi todos los casos las personas no saben cómo fue la desvinculación de
su familia de origen y la llegada a su familia de crianza.
En
mayo de 2022 el equipo presentó un informe en el que aconseja al Estado,
dijo Mota, la consolidación de un organismo que centralice la
información dispersa al cual puedan acudir las personas que buscan su
identidad biológica. Esto "no excluye la articulación entre organismos
para que el derecho a la identidad biológica sea preservado". Agregó que
debe revisarse la legislación vigente para eliminar los obstáculos
existentes para acceder a la información y lograr armonizar el derecho a
la identidad con la protección de datos personales.
Salud mental
Josefina
Plá, directora, informó que uno de los logros más importantes en
materia de salud mental fue la creación de un protocolo. El área recibe
consultas específicas o planteos, articula con el área de denuncias y
actúa como auxiliar de la justicia, informó. Luego se encargaron de la
difusión de esos principios con instancias de capacitación y formación.
Plá resaltó las campañas Hablemos de salud mental,
de 2020 y 2021, que tuvieron como objetivo "lograr un cambio en la
cultura para lograr el respeto de los derechos humanos". En el informe
anual explican que el propósito de la campaña era informar, sensibilizar
y desestigmatizar la salud mental desde una perspectiva de derechos
humanos.
Otro hito del área fue el desarrollo del artículo 11 de
ley de salud mental (n° 19.529) que determina el abordaje
"interdisciplinario e interinstitucional" de lo casos, que no son "solo
dos palabritas", señaló Plá. Primero trabajaron en reglamentar el
decreto y luego en convocar a instancias interinstitucionales.
Educación
La
directora Mariana Blengio rindió cuentas sobre el área educación de la
INDDHH. Enfatizó en "la importancia de la protección no jurisdiccional
de los derechos humanos", para lo que la institución ha creado
mecanismos. También resaltó la importancia del trabajo articulado con
otras instituciones de derechos humanos de Iberoamérica y la
formalización de un convenio con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Para Blengio es esencial darle a la vejez un interés
superior desde una perspectiva integral de derechos, a la par de las
infancias, para "erradicar estereotipos y realizar un abordaje holístico
e integrador de un tema "invisibilizado".
Informó que desde el
área de educación se realizaron capacitaciones a funcionarios públicos,
conversatorios, plataformas de educación, visitas a museos y lugares
estratégicos vinculados con la memoria. "Nos debemos a la gente",
afirmó.
“Es un atropello” que se repartan como “botín político” la institución de los derechos humanos, criticó el integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea