lunes, 29 de mayo de 2023

Sequía

Que llueva, que llueva...

 

 >>> No es sequía, es saqueo



1- Postergar los pliegos de obra Neptuno, Arazati. 

2- rápidamente análisis y extracción de agua de calidad del ACUÍFERO Santa Lucía en diferentes pozos 

3- Construcción del Embalse Casupá

4 - Terminar con pérdidas roturas y hurtos de agua de OSE

5 - Estudio más preciso de la situación es de aguas subterráneas en el Uruguay para mejores suministros de agua.

6 - suspender provisoriamente las tomas de agua y desvíos del río Santa Lucía por privados

7 - OSE debería usar agua de cauces "NO contaminada" o extraer de acuíferos  que son patrimonio de los ciudadanos.


Un 35% de uruguayos dejó de beber agua de la canilla y un 11% bebe menos a raíz del aumento de sodio y clorouros realizado por OSE a raíz de la sequía



Crisis hídrica en Uruguay: agua intomable y racionalización extrema
Los días con agua potable están contados en la zona metropolitana (Montevideo Canelones y San José). El Gobierno culpa a la sequía, pero expertos denuncian improvisación, privatización y achicamiento del Estado, en un país en el que el acceso al agua es un derecho humano. 

El destape 29 de mayo, 2023

Carla Perelló


 Los días con agua potable en el área metropolitana de Uruguay (Montevideo, Canelones y San José) se cuentan con los dedos de las manos. Hace ya casi un mes que el agua no sabe igual. Se siente salada, se ve más oscura de lo que solía ser y su uso debe ser racional. El Ejecutivo debió salir a abastecer a hospitales, los lavaderos están restringidos y la refinería nacional tuvo que tomar medidas evitar frenar la producción de combustible, que también usa agua en su proceso. En esta crisis hídrica histórica, con impacto en más de dos millones de personas, la sequía es sólo uno de los factores que interviene y que hoy no permite cumplir con la ley que estable que el acceso al agua es un derecho humano. “El Gobierno debería llamar a un gran consenso nacional por el agua”, reclamó ante El Destape, Ismael Cortazzo, dirigente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (OSE).

La crisis hídrica y sus consecuencias ecológicas


Una crisis de estas características contiene varias aristas. Ante la consulta sobre qué significa atravesar una situación de este tipo a nivel ecológico, el doctor en ciencias agronómicas de la Universidad de la República (Udelar), Marcel Achkar, explicó a El Destape que para el caso particular de Uruguay a la sequía se suma: el avance de la forestación (con especies de rápido crecimiento), la intensificación agraria (con degradación de suelos), la construcción de embalses (para uso agropecuario) y la desecación de humedales (para avance de la agricultura y ganadería). “En general la artificialización de los reservorios de agua, ha reducido la capacidad de los territorios de ‘producir agua’”, precisó.
Ahora bien, las consecuencias son difíciles de predecir en el corto plazo. Sin embargo, el investigador aseguró que “toda la actividad biológica se vio afectada”, por lo que se deberá monitorear a partir de que comiencen a regularizarse las precipitaciones. Además, previó que si no llueve en diez días la población de la zona metropolitana se quedará sin agua potable, al igual que estiman las mismas autoridades. A cambio, contarán con “agua que progresivamente aumenta los tenores de sodio y cloruro”, cuyo consumo directo no está recomendado.
Cuando se pregunta a investigadores, sindicalistas y militantes ambientales cómo se llegó a esta situación, la palabra que más resuena es “improvisación”. La sequía, generada por el fenómeno climático conocido como “La Niña”, golpea a Uruguay hace tres años, igual que a Argentina y a la región, con menos precipitaciones y más olas de calor.

La consecuencia más grave y evidente de ese factor –y de los mencionados anteriormente- se vive ahora en Paso Severino, uno de los embalses que provee de agua potable a la zona afectada: la última vez que estuvo lleno fue en noviembre del año pasado, con unos 65 millones de metros cúbicos, hasta llegar a los niveles actuales con menos del 10 por ciento de su caudal máximo.
“El tema es cómo lo hicieron. No le avisaron a la población que estaba pasando esto, no le dijeron que cuiden el agua. De un día para el otro nos levantamos y el agua era intomable, a los tres días nos enteramos de que la salinidad había subido. Cuando se dieron cuenta, no tenían agua”, contó sobre el derrotero de las últimas semanas María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y de la organización Redes Amigos de la Tierra.
Según dijo, nunca había pasado algo así: “Hubo una desidia y un desmantelamiento de la empresa pública, que parte de la política neoliberal del Gobierno que entiende que tiene que bajar el gasto público”, apuntó. A esa línea, la activista ambiental sumó la construcción clandestina de unos 500 tajamares –estructuras para contener el agua para la producción agrícola- a la vera del río. Algo parecido se pudo ver en febrero, cuando el intendente de Canelones denunció la desviación del agua en tres tramos del curso de agua que alimenta a la capital y alrededores.
Las represas y los embalses secos
Uruguay cuenta con agua potabilizada desde hace 150 años. De ese trabajo se ocupa Obras Sanitarias del Estado (OSE) desde 1952. El principal caudal que alimenta a la zona metropolitana es el río Santa Lucía, de 248 kilómetros en el sur del país. A 56 kilómetros al norte de Montevideo, sobre ese río, se encuentra Aguas Corrientes la represa y mayor planta de potabilización de todo el territorio nacional, que se nutre de agua que se escurre de la tierra. Cuando esa agua no es suficiente, hacen de backup las represas de Canelón Grande y del ya mencionado Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca y, la segunda, prácticamente vacía.


Agua salada
Para principios de mayo, gran parte de la ciudadanía uruguaya notó que el agua ya no era indolora, incolora e insípida. Del grifo salía un agua salada y, en muchos casos, amarronada. Cuando el reclamo se hizo viral y comenzaron las movilizaciones espontáneas todos los días, el Gobierno uruguayo salió a aclarar la razón. El 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública cambió la normativa que regula la potabilización del agua por parte de OSE: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Números que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Según informaron, se tomó esa decisión para poder responder a la demanda, que fue mezclar –trasvasar, es el término correcto- el agua del río Santa Lucía con la obtenida de aguas abajo, del Río de la Plata, mucho más salada.

“El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, sostuvo ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo, Robert Bouvier, unos cuantos días después. En una interpelación en el Senado por parte de la oposición del Frente Amplio, la ministra de Salud, Karina Rando, sugirió a la población cambiar la alimentación y dejar “las papas chips y los chorizos” para que el consumo del agua del grifo no sea tan nocivo.
Entonces, solicitaron a la población el uso restrictivo, diseñaron directrices para monitorear el precio del agua embotellada -cuyo consumo aumentó en un 75 por ciento, según informó el diario El País- y garantizar el agua para centros de primera infancia, escuelas y hospitales, así como para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, cirrosis y lactantes. Además, hicieron otros tres anuncios: la adquisición de una planta desalinizadora, agilizar las reparaciones de OSE en las redes de cañerías y la puesta en marcha del llamado proyecto Neptuno, la alternativa privada y más a largo plazo con que buscó reemplazar a una iniciativa pública y lista, con llave en mano, que entregó el Frente Amplio en el traspaso de mando.
Todas las medidas fueron anunciadas por funcionarios y, hasta ahora, el presidente Luis Lacalle Pou prácticamente no salió a dar explicaciones sobre el tema.
Pero, en los últimos días, el Gobierno se encontró con un escollo a su propuesta inmediata porque los materiales para la instalación de la planta desalinizadora no entran en el avión Hércules enviado a Estados Unidos para su traslado. Con ella se buscaba abastecer hospitales y sanatorios. Mientras tanto, son organizaciones, sindicatos e intendencias locales en algunos casos los que buscan una solución estructural para las industrias alimenticias, las peluquerías y hasta para los animales domésticos, que también necesitan hidratarse.
La situación en OSE
“Cuando asumió el Gobierno quedaban reservas para unos 70 días”, afirmó ante El Destape Ismael Cortazzo, dirigente del sindicato de OSE. Para graficar la falta de inversión, señaló que el 50 por ciento del agua “se pierde” por roturas en las cañerías, trabajo del que se ocupan ahora para reducirlas de 1500 a 500 identificadas por día. Sin embargo, la otra pata para poder realizar las tareas correspondientes son las y los trabajadores, cuya planta se redujo en unos mil puestos desde que asumió Lacalle Pou.
Cortazzo catalogó la situación como parte de una “crisis estructural” y señaló que el Gobierno “permitió que se creara una tormenta perfecta (valga la ironía)” ante la “improvisación” con la que actuó. “Creo que parte de la política de no ingresar gente y de no hacer las inversiones necesarias apuestan a que lo haga el privado”, vaticinó y señaló que la sequía sólo fue el desencadenante.

 

Proyecto Neptuno versus la represa Casupá
Al menos, desde 1970 se analiza la necesidad de crear una nueva represa. “Desde 2013 se consolida que es necesaria y urgente”, señaló Achkar. Ese proyecto lleva el nombre de Casupá, homónimo a la localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la capital, en donde se iba a construir. Ya tenía evaluación de impacto ambiental aprobada –como se puede ver en la página de la empresa-, la adquisición de los terrenos, la financiación aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y había sido entregado en mano por el ex presidente Tabaré Vázquez cuando dejó la Presidencia. Pero quedó en suspenso por la gestión actual cuando decidió promover el proyecto Neptuno en su lugar.
La iniciativa del Gobierno de Lacalle Pou es la construcción de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, sobre el Río de la Plata, es privada y su licitación fue anunciada por el mismo mandatario en noviembre pasado con bombos y platillos. Garantizará “una cantidad ilimitada de agua potable”, sostuvo el presidente en su discurso, pese a que se sabe que el agua potable es un recurso agotable.
Las resistencias se presentaron desde el primer momento: “Decimos que es ilegal porque no es de propiedad del Estado, es del privado y el derecho al agua es un derecho humano. Tiene que ser una persona pública estatal la que esté en la gestión, sino va en contra de la Constitución”, indicó Cortazzo.
Para el caso, además, todas las personas consultadas para esta nota -e incluso el Gobierno- coincidieron en que esa planta no podría ofrecer la cantidad de agua necesaria, porque se trata de un “reservorio de agua, que es salada”. Además, precisó Ortiz: “Es un río compartido por cuatro países en donde no tenemos ningún poder de trabajar en cuanto a la calidad del agua, que sería la misma que estamos tomando ahora. Y la van a tener que apagar en un momento porque sólo se puede potabilizar hasta determinado grado de salinidad”, que suele alcanzar en determinadas épocas del año.
El agua como derecho humano

En 2004, el 62 por ciento de la población uruguaya votó declarar el agua como derecho humano y, así, lo incorporó en el artículo 47 de la Constitución nacional. Desde la Comisión Nacional por el Agua y la Vida “se hicieron las bases para gestionar el agua de forma sustentable y solidaria para las generaciones futuras, priorizando las cuencas hidrográficas especial para consumo humano”, contó Ortiz, que fue parte de la redacción del artículo. Sobre esa normativa es que académicos, organizaciones y sindicatos insisten en que la propuesta Neptuno del Gobierno es “ilegal” e “inconstitucional”.
“El Gobierno debería llamar a un gran consenso nacional por el agua”, reclamó Cortizzo, en ese sentido. Entre las distintas demandas de las y los trabajadores, el pedido es que se pare el proyecto Neptuno, que se haga ingresar personal y que se focalice en las inversiones.
El llamado al diálogo es el denominador común para todas las organizaciones. Desde Redes Amigos de la Tierra, la exigencia es que se cree un grupo de trabajo para estudiar el impacto de la forestación -con foco en el eucalipto- y debatir la gestión del bien común, cuya principal contaminación proviene del modelo agrícola forestal en el territorio, señaló Ortiz. Lo mismo, desde los sectores académicos, que acercaron propuestas a corto, mediano y largo plazo con una mirada integral al Ejecutivo nacional sin respuesta alguna.
Las y los funcionarios apuestan a que la lluvia haga su cometido. Ante lo que consideran una emergencia sanitaria, social, ambiental y productiva. las organizaciones se preparan para una movilización este miércoles 31 de mayo con la consigna “en defensa del agua” como bandera.







sábado, 27 de mayo de 2023

La sonrisa permanente

 

Sin declaraciones. Así se retiró el senador Gustavo Penadés de Fiscalía después de declarar una hora y media ante fiscal Alicia Ghione. Policía lo escoltó hacia su auto.

Pedofilia

El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, compareció este jueves ante la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Alicia Ghione, que lo investiga por delitos de índole sexual.

26.05.2023
MONTEVIDEO (Uypress) – la fiscal Alicia Ghione se apresta a solicitar el desafuero del senador Gustavo Penadés, a quien se acusa de explotación sexual de menores. Hasta el momento son ocho los denunciantes, pero habría más víctimas, según ha trascendido.
 
Este viernes se confirmó que la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, remitirá en los próximos días la solicitud para que se levanten los fueros del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, al que acusan de explotación sexual de menores.
Penadés se presentó en Fiscalía a declarar este jueves, ocasión en que también concurrió el profesor del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, sindicado como intermediario entre el legislador nacionalista y sus víctimas.
Tras la declaración de Penadés, la fiscal adscripta María José Brisco informó que son ocho las víctimas que ya declararon, pero hay "alguna más identificada".
La fiscal debe pedir a la Suprema Corte de Justicia el desafuero, y es esta quien debe remitirlo al Poder Legislativo.
De acuerdo al trámite que ha venido teniendo el caso desde la denuncia pública de la militante de su propio partido, Romina Celeste Papasso, estarían los votos para el desafuero. En ese momento Penadés remitió una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón expresando su deseo de que "si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes (...) se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata"

Impresentables

La defensa del "presunto" abusador

Fiscal Ghione no ampliará por ahora declaración de Penadés y Mauvezín. Declararon 8 víctimas y en estos días, "de a poco", lo harán algunas más. Fiscal negó que Fernández Lecchini no tenga acceso a carpeta. "Se le dieron declaraciones. Solo no tiene identidad de víctimas". Se evalúa formalizar investigación. Para ello se deben levantar fueros de Penadés.

No se arrepiente de nada

En los próximos días la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, solicitará que el legislador del Partido Nacional (PN) le sea suspendido sus fueros parlamentarios.
La información fue divulgada este viernes por Telemundo en base a fuentes judiciales.
El senador Penadés, que por el momento se encuentra provisoriamente de licencia en el Parlamento, sostuvo que no tiene nada de qué arrepentirse porque no cometió ningún delito.
Este jueves fue a declarar ante la fiscal por 8 denuncias en su contra por explotación sexual a menores, entre las que se encuentra la de la militante de su mismo partido, Romina Celeste (ocurrió cuando ella tenía 13 años) y otras más recientes.
El desafuero deberá ser solicitado a la Justicia, para lo cual se precisaría una solicitud de un juez a la Suprema Corte de Justicia que envía el pedido formal al Parlamento.
Al ingresar a la órbita Legislativa, se le informa a los legisladores y pasa a comisión de Constitución y Legislación, donde deberán estudiar el expediente parlamentario y realizan un informe aconsejando o desaconsejando el desafuero.
Tras votarse pasa al pleno de la cámara y es allí que se precisa dos tercos de los votos para habilitar la suspensión del senador, y pasa a quedar a total disposición de la justicia.
El desafuero también puede pedirse para solicitar la interceptación de teléfonos o cualquier otra actuación que necesite autorización judicial previa.

Otra mancha de la presidencia

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a las nuevas denuncias de delitos sexuales contra el senador Gustavo Penadés. "Me mira a los ojos y me dice: yo no fui, no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo", expresó. "Por supuesto…  
El peligro

Tras la declaración del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés ante la Fiscalía en el marco de la investigación por la presunta retribución a menores de edad por actos sexuales, la fiscal del caso Alicia Ghione se encamina a pedir su desafuero, lo cual contaría con los votos necesarios en el Senado. Además de los ocho denunciantes que ya declararon, la fiscal indicó qué hay más personas identificadas como víctimas que podrían sumarse próximamente a la investigación.
Juan Carlos Fernández Lecchini, abogado de Sebastián Mauvezin, profesor del Liceo Militar señalado como intermediario entre Penadés y varias de las víctimas que también declaró ante Fiscalía, dijo luego de esta instancia que “no había accedido a toda la carpeta fiscal”, por lo cual desconocía cuántas víctimas eran y detalles de la investigación, según planteó a la prensa este jueves.
Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que defiende cinco de las ocho víctimas que declararon con Penadés, dijo a El Observador que el abogado indagado como intermediario pudo acceder a la carpeta fiscal, lo que consta en el legajo, según indicó, pero no quiso hacerlo porque los nombres de las víctimas estaban reservados. Advirtió que Fernández Lecchini buscaba conocer la identidad de los denunciantes y alertó que las víctimas están en riesgo. La abogada justificó que la reserva es importante para el bien de la investigación pero, además, resaltó que es la única medida efectiva para poder proteger a las víctimas del caso.
La fiscal Guione solicitó una prórroga de la reserva del caso, a lo que la jueza accedió ya que entendió que hay un riesgo para las víctimas si se revela su identidad. La prórroga será por 120 días más. Además, desde Fiscalía aclararon que se pusieron a disposición las declaraciones de las víctimas pero preservando su identidad.





lunes, 22 de mayo de 2023

Cómo y quiénes toman las decisiones

La bajante histórica del Río Santa Lucía en el mes de mayo de 2023.
 
 Víctor L. Bacchetta. en Observatorio del agua en Uruguay (http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com)


La crisis del agua que está viviendo el país fue prevenida, por lo menos, desde dos décadas atrás, pero el sistema político uruguayo se resiste a adoptar un régimen de gestión apropiado.

 

La decisión política más amplia y certera, con visión estratégica, sobre la gestión de los recursos hídricos del país se puede situar, sin lugar a dudas, en el plebiscito nacional celebrado en 2004. El 31 de octubre de ese año, 64,58% de los votantes se pronunció por la enmienda al Artículo 47 de la Constitución impulsada por la Comisión en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). Fue el triunfo de un vasto movimiento social que tuvo la adhesión también de varios sectores políticos.

Al Artículo 47, que establecía que «La protección del medio ambiente es de interés general» y que «Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente«, la enmienda aprobada le agregó lo siguiente:

«El agua es un recurso natural esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:
     a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
     b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
     c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abaste-cimiento de agua potable a poblaciones.
     d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.
3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.»

Además del carácter público de la gestión del agua que, por tratarse de un bien estratégico, debe estar subordinada al interés general, se estableció la participación social en la planificación, gestión y control del recurso. Esta participación es clave para garantizar la sustentabilidad de la gestión, es decir, que atienda las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras y el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

Sin embargo, esos dos criterios fueron metódicamente ignorados por los gobiernos posteriores a aquel plebiscito. Por un lado, mediante la creciente privatización de la gestión de las aguas y del servicio de potabilización a cargo de la OSE en particular. Por otro lado, mediante la reducción de sus atribuciones y el descaso en el funcionamiento que ha conducido a la total inoperancia de las Comisiones de Cuenca y Acuíferos donde debía concretarse la participación social.

La eutrofización de los cursos de agua superficiales se ha vuelto crónica.

 

Desvirtuación del plebiscito

Por su naturaleza, los cambios ambientales o las alteraciones de los ecosistemas se producen muy lentamente. Son millones de pequeños cambios que, acumulados durante un largo periodo, pueden desembocar en una catástrofe. Generalmente, esos pequeños cambios son imperceptibles en la vida cotidiana, pero cuando se precipitan pueden tener un efecto devastador. La cuestión es que para revertirlos a esa altura se precisa un tiempo similar al que tuvieron para generarse.

Esta condición, por si sola, indica que las políticas ambientales no pueden ser de corto plazo, que la institucionalidad y los programas ambientales no pueden depender de un cambio de autoridades en un gobierno ni de un solo gobierno. Es decir que estas políticas deben durar lo necesario para lograr los fines propuestos y ser una verdadera «política de Estado». No las políticas de Estado aludidas habitualmente en Uruguay, que son solo acuerdos entre los partidos mayoritarios.

Otro aspecto singular de las políticas ambientales es que, para ser eficaces, deben ser decisiones de consenso entre todos los actores involucrados. Por mejor concebida que haya sido una política ambiental, si es decidida por una de las partes que pretende imponérsela a otras, esa política no durará lo necesario y al final fracasará. Esta es la causa de la inoperancia y los fracasos de las políticas ambientales a los que estamos asistiendo tanto a escala global como nacional.

La cultura política uruguaya tiene graves carencias en esos aspectos. Predomina una visión de corto plazo y no hay continuidad en las políticas. Los gobernantes subestiman las advertencias hasta que estalla la crisis y luego pretenden resolverla con improvisaciones. Por lo general, el cambio de autoridades en un organismo, aun siendo del mismo sector político, implica que se descarta lo hecho anteriormente y esto se acentúa cuando se trata del gobierno nacional.

Precisamente, es lo sucedido con el agua a partir del plebiscito de 2004. Cuatro años después, la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas, que debía reglamentar la enmienda del Artículo 47, aprovechó para modificarla. Las Comisiones de Cuenca y Acuíferos creadas por la ley, donde se debía ejercer la participación social «en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos», pasaron a ser solo órganos de consulta, sin carácter vinculante.

El Artículo 23 de la Ley 18.610 creó, asimismo, el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, integrado por representantes del gobierno, los usuarios y la sociedad civil, con igual peso cada uno. Este Consejo iría a intervenir en la planificación y regulación de las políticas, la elaboración de las directrices en agua, ambiente y territorio, así como del plan nacional de gestión de los recursos hídricos, en consonancia con las demás políticas nacionales y sectoriales vinculadas.

Ese Consejo nunca se reunió, las Comisiones de Cuenca y Acuífero creadas tuvieron una vida meramente formal y luego, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, centralizó completamente la gestión ambiental y del agua. Por la Ley de Presupuesto 2015-19 se creó la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y, para reglamentar esta ley, se creó por decreto en 2016 el Sistema Nacional Ambiental, ambos bajo la órbita de la Presidencia de la República.

El Plan Nacional de Aguas fue elaborado por técnicos del Poder Ejecutivo, tratado someramente en las Comisiones de Cuenca y Acuíferos y en un remedo de consulta pública, mientras el Parlamento sancionaba en paralelo la nueva Ley de Riego. Al aprobarlo, en 2017, el Ejecutivo estableció que el plan sería ejecutado por el Sistema Nacional Ambiental. Tales procedimientos y la institucionalidad incorporada eran totalmente ajenos a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Constitución.

Con el cambio de gobierno en 2020, el presidente Lacalle Pou priorizó el proyecto privado Neptuno para suministrar agua a Montevideo y congeló la represa de Casupá encaminada por el gobierno anterior, que habría moderado la falta de agua potable en la zona metropolitana. Haber llegado a esta situación es escandaloso, dados los estudios científicos y advertencias que la precedieron y los criterios y formas de decisión previstos en la Ley 18.610 y la reforma plebiscitada.



Los mecanismos de decisión

Hasta ahora, el sistema político uruguayo ha respondido como de costumbre. Lo primero es negar responsabilidades atribuyendo la situación a causas naturales imprevisibles. A pesar de hacer años que se habla de sus causas y del cambio climático, sería «una sequía sin precedentes», con lo cual se justifican la improvisación y explicaciones absurdas, como distinguir agua potable y «bebible», dejando a la población a su sola suerte y contribuyendo a generar el pánico.

La otra forma tradicional de evadir responsabilidades es atribuírsela al rival político. La oposición hace de cuenta que la crisis se produjo de un día para otro por decisiones del actual gobierno. Y el gobierno responde que con el proyecto Neptuno está solucionando lo que los gobiernos anteriores no fueron capaces de resolver. Ni una cosa ni la otra, pero la visión de estos partidos parece no ir más allá del resultado de las encuestas y sus chances en la próxima elección nacional.

Esta manera de reaccionar del sistema político solo puede confundir aún más a la población y postergar las soluciones necesarias. Frente a una crisis que amenaza con agravarse, donde se pone en juego la salud, no solo las sensaciones, de toda la población, la obligación del sistema político y de los actores sociales es buscar soluciones en común. Esto significa dialogar y lograr acuerdos, es lo contrario de sacar provecho político, comercial o de otra especie.

Para ilustrar la magnitud del problema, en la reciente emergencia sanitaria por el Covid-19, había lugar todavía para algunas opciones personales. Por ejemplo: se podía ir o no a ciertos lugares o actividades según se estuviera dispuesto o no a usar tapabocas; aunque implicara restricciones, vacunarse o no era una opción individual. Pero tomar o no agua potable no es una opción, es una necesidad vital del ser humano, por eso es un derecho consagrado en la Constitución.

Es necesario reiterarlo: los objetivos de un verdadero Plan Nacional de Aguas, que debe incluir obviamente todas las variables ambientales. solo se podrán alcanzar si se adopta un mecanismo que habilite la participación con poder de decisión, en la planificación, la gestión y el control del recurso, todos los actores involucrados. No hace falta improvisar una nueva instancia, existen y deben ser utilizadas con ese fin las Comisiones de Cuenca y Acuíferos ya creadas.

Participación no es solo escuchar o ser consultado y opinar sobre algo que van a decidir otros, sino ser parte integrante de las decisiones. Hoy en día, la participación social es proclamada en casi todos los discursos políticos, porque es «políticamente correcto» decirlo, pero es una promesa hueca o simple demagogia que no se traduce en una práctica concreta. Los políticos, una vez que ocupan el cargo público, quieren tener las manos libres para decidir sobre todo.

Hay que decirlo con total claridad, la gestión sustentable de las aguas no es compatible con la centralización que caracteriza al sistema institucional tradicional. La pregonada Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), mencionada hasta el cansancio en el Plan Nacional de Aguas y en cuanto documento técnico circulando, requiere nuevas instancias de decisión acordes con los principios de participación social y de gestión concertada de las cuencas hídricas.

Los sistemas de gestión del agua son mecanismos de solución de conflictos. La gobernabilidad del agua se alcanza mediante la construcción de consenso. Consenso es el acuerdo entre los distintos actores involucrados y los diferentes niveles de decisión, sin que uno se imponga sobre los demás. Consenso significa distribución del poder entre los diversos actores; no requiere unanimidad, pero si la solidaridad necesaria para que los acuerdos sean aceptados y cumplidos por todos.

«La metodología para la construcción de consenso está siendo aplicada hoy por grupos humanos de diferentes naturalezas y actividades, ya sean grupos de individuos, de organizaciones, de empresas, ‘clusters’ de producción», decía un informe del Juicio Ciudadano DeciAgua, realizado en Uruguay en 2016 para evaluar la propuesta del Plan Nacional de Aguas. No es algo original, ni una teoría sin experiencias, lo que hace falta es voluntad política para llevarlo a la práctica.

Panel del Juicio Ciudadano sobre el Agua (DeciAgua) realizado en 2016.








domingo, 21 de mayo de 2023

Marcha del silencio 2023




 

Video blog El Muerto 

 

Se realizó una nueva Marcha del Silencio en reclamo de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Como dice nuestro editorial, conmemorar hoy el 20 de Mayo significa también plantarse ante distintas iniciativas que pretenden no sólo dejar este tema sin resolver, sino instalar relatos que justifiquen la dictadura y ocultar la responsabilidad de quienes se beneficiaron con ella. 

 “Es necesario que quienes tienen la información la otorguen”:

 Madres y Familiares convocó a una nueva Marcha del Silencio

En la conferencia de prensa previa al 20 de mayo, se leyó un comunicado en el que se rechazó que la de los desaparecidos continúe siendo “una búsqueda a ciegas” y se rechazaron los proyectos de ley de Cabildo Abierto

 

Presente!

De Ciudad TV








sábado, 20 de mayo de 2023

Tiempos modernos y el futuro del trabajo

 


 

 

 El desempleo a consecuencia del automatismo tecnológico es el fenómeno que se produce al introducir avances en las tecnologías de producción y de servicios de las empresas sustituyendo a los trabajadores por máquinas, y es potestad tanto de las empresas como de los gobiernos implicarse en que su impacto real sea el menor posible.

 Uruguay no escapa a la revolución tecnológica que determina la sustitución de oficios que realiza el hombre por máquinas


Un robot está ordeñando vacas por primera vez en forma autónoma en Uruguay. Las cadenas de supermercados comienzan a instalar cajas donde el cliente se autodespacha sus compras. La ola de automatización en los servicios bancarios y financieros parece no tener techo. Todo esto en un contexto donde la economía uruguaya encadena 15 años de expansión ininterrumpida, pero destruyó casi 40 mil empleos en el último bienio.
Como en la primera revolución industrial inglesa del siglo XVIII, otra vez la máquina emerge como una amenaza para la creación o reemplazo del empleos, aunque otros no tan escépticos dicen que esta nueva era demandará competencias con otro perfil de trabajadores. En todo caso, donde existe amplio consenso es en que la educación debe aggiornarse y estar a la vanguardia para que los futuros empleados adquieran oficios con un bajo riesgo de automatización.
Un reciente estudio académico de los economistas del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Diego Aboal y Gonzalo Zunino, reveló que los jóvenes uruguayos se siguen insertando laboralmente en su mayoría en ocupaciones "con alto riesgo de reemplazo", algo que implica una amenaza para la sustentabilidad del sistema de seguridad social uruguayo.
Otra publicación de la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) reconoce que la automatización de ciertas tareas puede generar "serios impactos sobre grandes contingentes de trabajadores y sus familias, con impactos directores en el bienestar, la distribución y la cohesión social". La OPP admite que se deben diseñar lineamientos de políticas productivas y de capacitación para afrontar el empleo del futuro.
Diego Vallarino, docente y experto en temas de innovación y tecnología, dijo que los procesos de sustitución y automatización del empleo son históricos a nivel global y Uruguay no escapa a esa ola. "Esto está impactando en el mercado de trabajo de hoy", reconoció. El experto explica que eso se debe a dos factores. En primer lugar, la productividad de la mano de obra donde, a su juicio, hay deficiencias por atender.
El otro factor es que la tecnología está mostrando una marcada tendencia a la baja en su costo y acceso. "Esto lleva a que un robot o un algoritmo que podían tener grandes empresas como Netflix, hoy lo puedan tener pymes uruguayas. Esto de alguna forma es lo que lleva a que el mercado laboral uruguayo acuse hoy el impacto de la sustitución de mano de obra física por tecnología", resumió Vallarino.
El director de la Dirección de Planificación de la OPP, Fernando Isabella, reconoce los desafíos que la automatización y robotización traerán para el mercado laboral de los próximos 20 o 30 años, pero recuerda que la evidencia histórica indica que el cambio tecnológico a la larga trajo mayores niveles de empleo, en particular en tareas atadas al conocimiento que son complementarias a este fenómeno.
Dijo que si bien hay momentos puntuales de pérdida de empleo, no se debe tener una actitud conservadora a frente al cambio tecnológico, aunque siempre se generan tensiones y dilemas en sectores puntuales. "Sería difícil entrenar a una persona de 58 años para una nueva tarea. Por eso lo importante es redireccionar a los jóvenes para los nuevos empleos. Nuestros estudios son insumos para la definición de la políticas de empleo que encara e Inefop", explicó. Precisamente, Aboal y Zunino sostienen que la educación "será cada vez más necesaria para lograr una inserción laboral menos vulnerable" ante el proceso del avance tecnológico.
“Una mala reacción del Estado implicará no anticiparse a este fenómeno. Otra reacción negativa y conservadora podría ser la de limitar las tecnologías”, admitió Isabella de OPP.
Si se mira el nivel educativo como variable para segmentar a la población de ocupados, siete de cada 10 trabajos realizados por quienes llegaron hasta el nivel primario o secundario podrían ser realizados sin personas. Entre los empleos de quienes terminaron la universidad, ese nivel de probabilidad cae a tres de cada 10.
Automatización acelerada
En Uruguay no hay ningún sector de actividad en el que la proporción de puestos laborales con probabilidad de ser reemplazados en el mediano plazo por el avance de la tecnología sea menor a 50%. El caso extremo se da en el sector de agricultura, caza, forestación, silvicultura y pesca, que presenta una probabilidad de reemplazo de sus ocupados de 82,2%. Le sigue el comercio al por mayor y por menor (80%), actividades financieras (79%), hoteles y restaurantes (76,3%), y las actividades inmobiliarias (75,7%).
“El cambio tecnológico vamos a verlo no solo en grandes empresas, sino en pequeñas y medianas”, dijo Vallarino.
El director de Relaciones Institucionales del Grupo Disco, Miguel Penengo, se refirió a la decisión que tomó su empresa de sustituir una o dos cajas tradicionales en los supermercados por un sistema automatizado de despacho que no requiere la presencia del hombre. El ejecutivo aseguró que este sistema "no está haciendo perder fuentes" de trabajo porque no es el objetivo final. "Este sistema requiere personal, primero por un tema de seguridad y en segundo lugar, el personal que deja las cajas, que no se usa, es redistribuido dentro de la organización, como puestos administrativos o reposición, o puestos más especializados", indicó.
“A esta altura el mundo tiene un futuro que no podemos cambiar las empresas ni lo sindicatos ni los consumidores. Es una revolución que este siglo va a traer y tenemos que ir adaptándonos a ella”, aseguró Penengo.
¿Dónde hay más puestos en riesgo?
Si bien en sectores como el agro el riesgo de la sustitución de mano de obra por tecnología es cercano al 90%, ese sector apenas tiene el 5% del empleo en Uruguay. Sin embargo, hay otras categorías de oficios donde la amenaza de la automatización dejaría a un número sensiblemente mayor de trabajadores por el camino, como el caso de trabajadores de servicios y vendedores de comercio y mercados (22% del mercado laboral en Uruguay), donde el riesgo de reemplazo por tecnología llega al 64%. En tanto, en el personal de apoyo administrativo –que tiene un peso en el empleo del 12%–, el riesgo de automatización trepa al 94%. En cambio, en el caso de los profesionales y científicos (11% del empleo) la amenaza del reemplazo por máquinas apenas llega al 12%.
De tambero a experto en datos
El oficio de tamberos es uno de los más sacrificados que históricamente tuvo el campo uruguayo. Hay que ordeñar los 365 días del año, con lluvia, durante la fiestas, y en horarios incómodos para el trabajador. La edad promedio de productores lecheros uruguayos supera los 50 años y el recambio generacional y la dificultad para hacerse de mano de obra es hoy una de sus principales amenazas para la sostenibilidad futura.

En pos de ofrecer una alternativa, la estación experimental La Estanzuela del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) logró el 10 de setiembre por primera vez en Uruguay ordeñar una vaca en un sistema robotizado. Las vacas se mueven por sí solas en el sistema (potreros, callejones, tambo) teniendo como principal incentivo al alimento (cuando se hace escaso, se mueven). Al trasladarse buscando alimento, deben pasar por la sala y ahí el robot las ordeña.
La máquina automatizada realiza por sí solo el proceso de ordeñe pudiendo las vacas acceder a él a cualquier hora (24 horas, los siete días). La detección de celos y mastitis se realiza por sensores. Las personas pueden trabajar de 8 a 17 horas, sin estar presentes durante el ordeñe. Las principales tareas son: chequear en la computadora reportes y alarmas del software, tratar o inseminar vacas, armar parcelas, suministrar reservas y traer alguna vaca retrasada del potrero. Al irse a su casa, las alarmas pueden llegarle al teléfono y resolverlas de forma remota.
El sistema robotizado voluntario de ordeñe está funcionando en una etapa de prueba con 10 vacas, pero la idea es llegar a un rodeo de 120 animales, una vez que se culmine la infraestructura externa que requiere el proyecto.
"Estos sistemas no reducen la mano de obra en el mundo. Sino que ahora se requerirá un perfil de trabajador más intelectual y jerarquizado para analizar la información que dan los robot sobre las vacas", explicó el director del programa de investigación de leche en INIA Uruguay, Santiago Fariña.
Una vez que el tambo está completamente robotizado podrá funcionar con dos operarios, similar a los recursos humanos que demanda un tambo convencional de 120 vacas.
El asistente de investigación y encargado del tambo robotizado, Marcelo Plá, consideró que esta chance que tendrán los tambos uruguayos del futuro será un atractivo para el recambio generacional. "Las futuras generaciones podrán ver como algo atractivo seguir con la producción lechera y mantener el patrimonio familiar", consideró. El técnico es optimista en que este proceso de robotización ayudará a que más personas estén dispuestas a trabajar en los tambos porque será como contar con un empleo en la ciudad con un horario normal de ocho horas diarias.
En otra batalla
¿Qué visión tiene el PIT-CNT e industriales sobre al avance de la automatización y su impacto sobre el empleo? El director del Instituto Cuesta Duarte –órgano que se encarga de orientar a la central sindical en políticas vinculadas al empleo–, Milton Castellano, considera que la tecnología y la robotización "no es hoy la prioridad" en la agenda del PIT-CNT, y que está relegada a un cuarto lugar en un orden de importancia.
De hecho, consideró que si a cinco meses de la "negociación salarial más grande" que tendrán los Consejos de Salarios de este período de gobierno se instala en la agenda el tema de la tecnología y la robotización, de alguna manera ya se está "condicionando subliminalmente" la mesa de negociación con el sector empresarial. "Habrá delegados que van a decir: 'Pa!, no vamos a pedir mucho porque nos van a tirar que vienen cuatro robots y no vamos poder pedir aumento salarial'", señaló. Castellano asume que la central sindical no puede oponerse al empresario que instala una caja que prescinde del trabajador en un supermercado.
"Tengo que ver cómo esa cajera puede tener otro lugar de trabajo. No puedo ir contra la tecnología", reconoce.
Precisamente, para el director del Cuesta Duarte "la batalla" que intenta dar la central sindical es por lograr un cambio en la matriz productiva del país. "Los problemas mayores no serían tanto la tecnología, sino otros problemas vinculados a la matriz productiva que está concentrada en la venta de commodities con poco valor agregado laboral. Por eso se da que mientras la economía crece, los puestos de trabajo no acompañan esa tendencia", afirmó.
Castellano añadió que los principales cinco productores de exportación del país son los mismos de hace 50 años, básicamente vinculados al agro, donde existe una baja calidad y cantidad de empleo.
En tanto, para el director del Departamento de Estudios Económico de la Cámara de Industrias, Sebastián Pérez, la incorporación de las nuevas tecnologías en las empresas es un "proceso natural" que apunta a elevar la productividad, aunque también considera que el hecho de que los salarios más sumergidos hayan aumentado por encima de la media en la industria, incentivó en forma más acelerada la sustitución de mano de obra de menor calificación por tecnología.
El asesor de los industriales considera que las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para ciertas capacidades que hoy son inimaginables. "Esto trae amenazas, especialmente para los trabajadores menos calificados que tendrán que adaptarse", planteó. A su juicio, se hace imperioso "comprender a los jóvenes" y el mundo del trabajo en pequeñas y medianas empresas. "Nuestra legislación laboral está pensada para un mundo industrial manufacturero obsoleto para una cantidad de actividades", aseguró.
Pérez indicó que las nuevas tecnologías plantean cambios en los regímenes de trabajo, con jornadas que pueden ser más extensas que luego se compensan que descansos superiores como hoy ocurre con la industria audiovisual.
66%
de las ocupaciones uruguayas corre el riesgo de ser automatizadas por máquinas, según un estudio académico de los economistas Diego Aboal y Gonzalo Zunino, de Cinve.
37
mil empleos perdió la economía uruguaya en los últimos dos años. Algunos expertos dicen que parte de ese fenómeno se debe a la incidencia de la automatización de ciertos oficios.

Un ejemplo es el empleo en las porterías de edificios



La automatización agraria en Uruguay puede tener un impacto en la desocupación, tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo se implemente.

Por un lado, la automatización agraria puede aumentar la productividad y eficiencia en la producción agrícola, lo que puede resultar en una mayor demanda de mano de obra calificada y una reducción en la necesidad de trabajadores no especializados. Esto podría llevar a una disminución en la tasa de desempleo si los trabajadores no especializados pueden ser reentrenados para ocupar puestos más calificados.

Por otro lado, si la automatización agraria reemplaza a la mano de obra no especializada sin crear nuevos puestos de trabajo para ellos, puede haber un aumento en la desocupación en el sector agrícola. Además, es importante considerar que la automatización agraria puede no ser igualmente accesible para todos los agricultores, especialmente para los pequeños agricultores que pueden no tener los recursos para invertir en tecnología avanzada, lo que puede resultar en una mayor desigualdad en el sector.

En resumen, la automatización agraria en Uruguay puede tener un impacto en la desocupación que dependerá de cómo se implemente y se gestione. Es importante que se tomen medidas para garantizar que la automatización agraria beneficie a todos los actores del sector agrícola, y que se proporcione la capacitación necesaria para que los trabajadores puedan adaptarse a los nuevos cambios en la tecnología y en la demanda de habilidades.

 
 

 

Que pasará cuando los taxis, camiones, omnibus no necesiten mas choferes?
            

China enfrenta desafíos similares a otros países en cuanto al impacto de la automatización y la revolución tecnológica en la fuerza laboral y la desocupación. Para abordar este problema, el gobierno chino ha implementado varias estrategias y políticas para fomentar la creación de empleo y la capacitación de los trabajadores.

Algunas de las medidas que ha tomado China incluyen:

    Fomento de la creación de empleo en sectores de alta tecnología: El gobierno ha lanzado políticas para incentivar la inversión en sectores de alta tecnología, como la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología de la información, que se espera que generen nuevos empleos en estas áreas.

    Fortalecimiento de la educación y la capacitación: China ha lanzado una serie de programas para mejorar la educación y la capacitación de los trabajadores para que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y habilidades requeridas en el mercado laboral actual.
 Promoción del emprendimiento y la innovación: El gobierno chino ha lanzado políticas para fomentar el emprendimiento y la innovación, y ha creado fondos para apoyar a las nuevas empresas y los emprendedores.

    Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES): El gobierno chino ha implementado políticas para apoyar el desarrollo de las PYMES, que son una fuente importante de empleo en el país.

    Desarrollo de nuevas industrias: China ha identificado varias áreas de crecimiento potencial, como la economía verde y la economía circular, y ha lanzado políticas para apoyar el desarrollo de estas industrias.

En resumen, China está tomando medidas para abordar los desafíos que presenta la automatización y la revolución tecnológica en la fuerza laboral y la desocupación, incluyendo la promoción de la creación de empleo en sectores de alta tecnología, la capacitación de los trabajadores y el apoyo a las PYMES y las nuevas empresas.

 El futuro del trabajo: una mirada desde América Latina

La Diaria 25 de julio de 2022
Escribe Gonzalo Zunino 

 La discusión sobre el impacto del cambio tecnológico en el empleo y las relaciones laborales es un tema de creciente interés a nivel académico, político y de los actores sociales. A modo de ejemplo, en Uruguay, este año, la Comisión Especial de Futuros del Parlamento, apoyada por un grupo de técnicos especializados, se encuentra discutiendo sobre la temática identificada como “el Futuro del Trabajo y el Trabajo del Futuro”.
En este tema es particularmente relevante profundizar el análisis con una perspectiva regional, que identifique cuáles son los principales desafíos para nuestras economías. Esto se debe a que, si bien lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo en la región, y en particular en Uruguay, tiene puntos importantes de conexión con los principales hallazgos de la literatura para el caso de los países de mayor desarrollo, también tiene matices relevantes. Estos matices hacen que el diagnóstico y las líneas de política a tener en cuenta no necesariamente sean las mismas en las diferentes realidades.
En particular, esta columna discute un diferencial inicial que es de suma relevancia para analizar el tema, que consiste en la velocidad a la cual el cambio tecnológico es incorporado en los países de la región en comparación con los países de mayor crecimiento. En una próxima columna, dedicada también al tema, discutiremos otros matices relevantes vinculados a las tendencias recientes de los mercados laborales regionales en comparación con países desarrollados.
La cuarta revolución industrial no será igual para todos
Cuando se piensa en temas vinculados al futuro del trabajo, es fundamental tener presente que el proceso de aceleración tecnológica vinculada a la automatización, digitalización y penetración de inteligencia artificial probablemente no impacte en los países de América Latina con la misma intensidad o velocidad que en los países desarrollados o emergentes asiáticos.

La literatura disponible sugiere la existencia de una brecha promedio importante entre la región y las economías más avanzadas en lo que se refiere a la incorporación de tecnologías del siglo XXI. La brecha, no obstante, es heterogénea. Hay focos de alta incorporación de tecnología, pero suelen ser núcleos específicos en áreas urbanas y en determinadas industrias. En un seminario sobre el tema desarrollado el año pasado,1 el investigador brasileño João Carlos Ferraz planteaba que se estima que, en la región, 75% de las empresas utiliza tecnologías con rezagos significativos, un 20% tecnologías de generación mediana y solo un 5% (los denominados cóndores) utilizan tecnologías de punta.
Este rezago y heterogeneidad en la penetración de tecnología tiene su contraparte en menores impactos sobre el mercado laboral. El trabajo de Lewandowski et al. (2020)2 aporta evidencia que indica que el quiebre desde trabajos rutinarios a no rutinarios (típico efecto de la adopción de tecnologías en el mercado laboral) en países de ingresos bajos y medios entre 2000 y 2017 habría sido significativamente más modesto que el observado en países desarrollados.
¿Qué ocurrió en revoluciones tecnológicas previas?
La menor velocidad de incorporación tecnológica no representaría una novedad para la región ya que, en ocasiones anteriores de aceleración tecnológica a nivel global, América Latina mostró mucho menor dinamismo que las regiones que lideraron los procesos, presentando incrementos del producto por habitante significativamente más modestos.
A modo de ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y las economías de Europa Occidental presentaron una importante aceleración en el crecimiento del producto por habitante, generando una divergencia significativa respecto a la dinámica latinoamericana, donde no se registró una aceleración relevante (gráfico 1).

Más recientemente, focalizándonos en los últimos cuarenta años, se observa una fuerte aceleración de las economías del sudeste asiático, lideradas por China, mientras que las economías de mayor desarrollo muestran una moderada desaceleración. América Latina, por su parte, continuó sin exhibir un quiebre significativo en su dinámica de crecimiento. El gráfico 2 nos permite observar, más allá de la importante brecha que aún existe, que en los últimos 40 años las economías emergentes de Asia lograron consolidar una senda de convergencia hacia las economías desarrolladas, en tanto que América Latina muestra una trayectoria divergente con algunas oscilaciones.
En este sentido, si, como probablemente ocurra, el proceso de cambio tecnológico llega a la región con mucha menor intensidad, los desafíos asociados al desempleo tecnológico y/o polarización laboral mencionados en la literatura vinculada al futuro del trabajo serán menos relevantes que en los países desarrollados. Sin embargo, este escenario representaría un nuevo episodio de aceleración tecnológica que la región no lograría capitalizar a los efectos de potenciar su crecimiento y reducir las importantes brechas de productividad que la separan de las economías de mayor desarrollo.
¿Qué ocurre con las preocupaciones de política económica?
De esta forma, una preocupación inicial para los hacedores de política a nivel regional debería estar relacionada con evitar el fracaso en términos de productividad registrado en las revoluciones tecnológicas previas.
La incorporación masiva y oportuna de nuevas tecnologías que permitan evitar la ampliación de la brecha de productividad e ingresos con los países de mayor desarrollo no se dará naturalmente. Para que esto ocurra, deben existir las condiciones para su incorporación y estar presentes los incentivos económicos adecuados.
En materia de condiciones para la incorporación de nuevas tecnologías, claramente la región parte en desventaja en términos de infraestructura, capital humano e inversión en investigación y desarrollo. La automatización de procesos y digitalización requiere de infraestructura digital, pero también de capital humano adecuado para poder operar y trabajar con las nuevas tecnologías. Los problemas de cobertura y calidad educativa pueden representar una limitante significativa para capitalizar la cuarta revolución industrial. Finalmente, los magros niveles de inversión en ciencia y tecnología también atentan claramente contra el progreso tecnológico adaptado a la realidad local.
El menor grado de investigación local determina que la mayor parte de las veces la región procure adaptar innovaciones tecnológicas desarrolladas en base a motivaciones o un contexto diferente al existente en la región. Por ejemplo, todos los desarrollos tecnológicos ahorradores de mano de obra son claramente consistentes con el desafío de economías que están en procesos avanzados de transición demográfica y proyectan hacia las próximas décadas reducciones de la cantidad de población activa. Sin embargo, el objetivo de ahorrar mano de obra se adapta en menor medida a América Latina, donde se proyecta a nivel global un crecimiento significativo de la población en edad de trabajar, al menos hasta mediados de siglo. Sin embargo, en este aspecto en particular, Uruguay muestra, con su avanzado proceso de transición demográfica, un escenario que tiene más similitudes con los países desarrollados que con el promedio de la región latinoamericana.
El desajuste entre los principales objetivos de las innovaciones y el contexto regional se traduce en condiciones menos alineadas a la incorporación tecnológica. En primer lugar, las decisiones de reemplazar trabajo humano por capital están estrictamente relacionadas con el precio relativo de ambos factores. Mientras que los precios de los bienes de capital “sustituidores de mano de obra” están razonablemente arbitrados entre países, los salarios en las economías de la región son inferiores a las economías de mayor desarrollo, lo que podría estar retrasando las decisiones de sustitución. Estos precios se ven afectados, a su vez, por aspectos estructurales, como las diferencias relativas en las dotaciones de factores productivos. Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los países de mayor desarrollo, en los países latinoamericanos se espera un incremento relevante de la fuerza laboral en las próximas décadas, lo que posiblemente limitará el encarecimiento relativo de este factor.
En este sentido, los principales desafíos en materia de políticas públicas en la región deben centrarse en reducir las brechas de infraestructura, continuar incrementando la cobertura y calidad educativa y apuntar a una mayor inversión en innovación y desarrollo. En materia de políticas laborales, es importante evitar una narrativa de ansiedad tecnológica que derive en una agenda pro-desregulación.
El objetivo de evitar la automatización de ciertos puestos de trabajo para preservar el empleo puede derivar en propuestas de desregulación y depresión de salarios o beneficios laborales, lo que a su vez puede efectivamente reducir los incentivos para automatizar. Es importante evitar costos elevados en una transición que implique cambios significativos en el perfil de tareas de los trabajadores, pero la respuesta ante este nuevo impulso tecnológico de ninguna manera puede procurar reducir los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías.
La tendencia a la baja en el precio de las diferentes opciones tecnológicas determinará que en algún momento las actuales nuevas tecnologías terminarán por incorporarse a la producción. El problema es que esto podría ocurrir cuando estas dejen de ser de punta y el mundo desarrollado ya se encuentre transitando una nueva revolución tecnológica. En ese caso, los desafíos habitualmente mencionados en la literatura asociada al futuro del trabajo serán manejables, pero gran parte de los trabajadores de la región continuarán inmersos en empleos precarios de baja productividad, reducidos ingresos y escasa protección social.
Aunque no suela incluirse en las discusiones sobre el futuro del trabajo, un riesgo importante para Uruguay y la región es que la cuarta revolución tecnológica a nivel global pase relativamente desapercibida en nuestros mercados laborales y, por lo tanto, no tenga impactos positivos en materia de productividad.
 Gonzalo Zunino, investigador de Cinve. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Blog SUMA.
 Latin America I Technology panel - Dialogues on the Future of Work in the Global South. https://www.youtube.com/watch?v=3Zldqp1oKUA ↩
 Lewandowski P, A Park y S Schotte. (2020). The Global Distribution of Routine and Non-Routine work. Discussion papers series. IZA DP No 13384. ↩