Lacalle Herrera recordó a Menem como "un presidente excepcional" y Sanguinetti como "un amigo del Uruguay"
El ex presidente argentino falleció este domingo a los 90 años de edad.
>>> Tal pa cual
Sanguinetti lamentó muerte de Menem, "un gran amigo" de Uruguay
Brecha 19 febrero 2021
Sin haber sido nunca condenado por la Justicia por los múltiples
casos de corrupción, venta ilegal de armas y lavado de activos ni por
sus vínculos con el terrorismo intencional, acumulados durante sus dos
presidencias en Argentina, Carlos Saúl Menem falleció el domingo 14,
diez días antes de que, por enésima vez, a los 90 años, fuera convocado a
sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez para responder por
su responsabilidad en la explosión intencional de la fábrica estatal de
armamento de Río Tercero, Córdoba, que se cobró la vida de siete
personas en noviembre de 1995, precisamente cuando una inspección
internacional pretendía confirmar que de allí salieron las armas que
Argentina vendió ilegalmente a Croacia y Ecuador.
El último adiós a este político riojano, que se encaramó en el poder
cultivando una imagen populista de caudillo federal para convertirse en
el más ortodoxo e insensible privatizador neoliberal, fue bastante
gélido en Argentina: el presidente de ese país, Alberto Fernández, y la
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, invirtieron el tiempo
mínimo decoroso en sus inevitables presencias obligadas por el protocolo
e, incluso, ciertas localidades de algunas provincias se negaron a
cumplir los tres días de duelo nacional. Las ceremonias fúnebres de la
tradición sirio-libanesa, a las que no concurrió su hija Zulemita,
fueron estrictamente privadas, lo que impidió que el pueblo expresara
sus sentimientos. La prensa se centró en el principal legado de Menem:
los indultos presidenciales para los integrantes de las juntas militares
y para todos los terroristas de Estado de la dictadura militar. El
expresidente Mauricio Macri esbozó tibias alabanzas.
En Uruguay, en cambio, prevalecieron los panegíricos. Dos
expresidentes que coincidieron en sus mandatos con la doble presidencia
del riojano destacaron las cualidades democráticas del fallecido. Luis
Alberto Lacalle declaró a los periodistas de Radio Universal que «era
una persona tremendamente amable, muy inteligente y muy humana en la
relación». Confesó: «Cuando uno estaba con él, tenía la sensación de que
no había nadie más importante en el mundo que su interlocutor». Y
concluyó: «Fue un presidente con mucha sintonía respecto de la relación
con Uruguay». No mencionó ninguno de los episodios que le provocaron
dolores de cabeza durante su presidencia (1990-1995): las cuentas
bancarias en Punta del Este y las sociedades anónimas que canalizaron
las coimas de los escándalos argentinos.
Los recuerdos de Julio María Sanguinetti rumbearon por el mismo
trillo. «Uruguay pierde a un gran amigo, con el que trabajamos
constructivamente dentro del Mercosur. Víctima de la prisión de la
dictadura, luego fue siempre un hombre de paz y concordia. Más allá de
inevitables debates, fue un demócrata», escribió en Twitter. Si Lacalle
se sentía cómodo con aquel privatizador que concretó lo que él no pudo,
Sanguinetti tenía otras razones para despedir al gran amigo, razones que
prefirió no ventilar.
PACTO DE CABALLEROS
En sus primeros años de presidencia, Sanguinetti desconfiaba de aquel
gobernador riojano que ventilaba sus frondosas patillas al estilo del
federal Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, en sus contactos con
dirigentes del Frente Amplio, a los que seducía con referencias a la
Patria Grande. Pero tuvo oportunidad de reconsiderar sus juicios cuando
en el Edificio Libertad, en junio de 1989, recibió a un mensajero del
flamante presidente argentino. El exdiputado justicialista Miguel
Unamuno fue el intermediario de una alambicada negociación. Le confió
que Menem preparaba una batería de cuatro decretos para indultar a
cientos de militares y civiles, condenados o en proceso ante la
Justicia, incluidos los miembros de las juntas militares, los represores
de la guerra sucia y algunos civiles, como el exministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz. Para que la «reconciliación» fuera más
digerible, los decretos de indulto incluían a dirigentes de la guerrilla
montonera, algunos de ellos refugiados en Uruguay, como Fernando Vaca
Narvaja y Roberto Perdía, que residían sin mucho disimulo uno en Malvín y
otro en Pocitos. La movida de ajedrez podía desbaratarse, porque
algunos jueces argentinos habían planteado la extradición de los dos
montoneros a Buenos Aires.
Sanguinetti accedió al pedido de Menem y a lo largo de 1989 la
Policía se mostró totalmente incapaz de ubicar a los requeridos. Pero su
generosidad tenía una contrapartida: desde 1987 pendía un pedido de
extradición argentino de José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y
el policía Hugo Campos Hermida, acusados en la causa 450, también
llamada Suárez Mason, por diversos delitos cometidos en Argentina; entre
ellos, la desaparición de refugiados uruguayos y los asesinatos de
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario
Barredo. En el arranque de la campaña por el referéndum contra la ley de
caducidad en Uruguay, los pedidos de extradición condicionaban
seriamente todos los esfuerzos por defender la impunidad. Durante un año
y medio, presionados por Sanguinetti, el canciller Enrique Iglesias y
su sucesor Luis Barrios Tassano se vieron obligados a «extraviar» el
pedido de extradición, para que no llegara al Poder Judicial.
Manuel Cordero José Gavazzo, Jorge Silveira
La propuesta de Menem fue una bendición para Sanguinetti. Favor con
favor se paga: a cambio del refugio para los montoneros, Sanguinetti
planteó que los cuatro represores uruguayos fueran incluidos en los
decretos de indulto. La solución planteaba el inconveniente de indultar
–es decir, perdonar– a personas que aún no estaban condenadas y que, por
lo tanto, se beneficiaban de la presunción de inocencia. Pero, como
había muchos acusados en la misma categoría de Gavazzo, Silveira,
Cordero y Campos Hermida en la lista de beneficiarios del indulto, Menem
se decidió por enfrentar las críticas de eventual inconstitucionalidad,
aspecto en el que no hubo reparos, porque los jueces no protestaron.
Pero había otro escollo: ¿cómo indultar en el marco de la
«reconciliación» a cuatro miembros de los servicios de inteligencia
extranjeros que habían operado clandestinamente en Argentina? La
solución resultó un tanto desprolija, pero fue efectiva: los cuatro
uruguayos fueron identificados como «personal asimilado» a las fuerzas
de seguridad argentinas y, por tanto, estaban en condiciones de ser
amnistiados. De ese lado del charco, los «asimilados» bien podían haber
sido considerados espías, en tanto estaban en actividad en las fuerzas
represivas uruguayas; de este lado del charco, bien podría haber
provocado sarpullidos en los altos mandos el hecho de que oficiales
uruguayos estuvieran a sueldo de un Ejército extranjero.
Como la impunidad no tiene pruritos –ni honor–, el 7 de octubre de
1989 el decreto 1003/89, firmado por Menem, consagró el acuerdo e
indultó, en el mismo texto, a los uruguayos Gavazzo, Cordero, Silveira y
Campos Hermida, y a los argentinos Vaca Narvaja y Perdía. De esa manera
se selló la amistad que ahora recuerda Sanguinetti.
