lunes, 2 de octubre de 2023

Nuevo crímen ambiental de UPM

Zona Franca de la planta de celulosa de UPM sobre el río Negro.
 
 
  Un derrame de soda cáustica de UPM Paso de los Toros en la zona franca y un predio vecino, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el río Negro.
 
  Víctor L. Bacchetta
 

 

El pasado 17 de agosto, la multinacional finlandesa informó de «un incidente en un sector de la zona de descarga de insumos de la planta UPM Paso de los Toros donde se registraron elevados valores de pH y se habría identificado la presencia de hidróxido de sodio en un tramo de una cañada dentro del predio industrial y de un campo lindero al sitio». La empresa no agregó más y afirmó haber tomado de inmediato «todas las medidas correctivas necesarias» (sic).

Sin embargo, en un reunión posterior de la Comisión de Seguimiento, instalada por el gobierno para acompañar la etapa de instalación y funcionamiento de la planta de celulosa, se conocieron aspectos de lo que es una catástrofe ambiental sin precedentes en el país. El derrame se produjo desde una pileta no adecuada para almacenar este producto y habría alcanzado un volumen de 900 a 1.000 metros cúbicos de soda cáustica, es decir, cerca de un millón de litros.

La información de seguridad de la soda cáustica la define como un fuerte álcali que absorbe agua y dióxido de carbono del aire, reacciona violentamente con el agua, los ácidos y los compuestos orgánicos, peligrosa tanto para la salud de las personas como el medio ambiente y de toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Con el derrame de UPM se utilizó la palabra «extinción» porque aniquiló la vida vegetal y animal a su paso y en el arroyo donde desembocó.

Confirmando la magnitud del desastre, el nivel de pH medido en la zona afectada superó el 13 cuando el máximo de la escala de alcalinidad es 14. En la referida Comisión de Seguimiento se barajaron posibles acciones para restablecer la vida en el lugar, pero los representantes de la empresa plantearon que no van a intervenir por el momento. UPM dijo que analizará la evolución del ecosistema a lo largo de un año y tomará medidas si no hay mejoras en ese plazo.


Pocos días atrás, el viceministro de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, informó que el organismo oficial había aplicado una multa a UPM por superar los niveles permitidos de vertido de efluentes en el lago de Baygorria, pero no mencionó el derrame de soda cáustica. Se reitera así, incluso en un hecho más grave aún, la omisión de las autoridades uruguayas en aplicar y hacer cumplir las normas ambientales, como ocurrió un año atrás con el vivero de UPM en Guichón.


Los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) comprobaron la descarga sobre el arroyo Santana de productos químicos utilizados en el vivero que estaban prohibidos para esa actividad. La cartera de Medio Ambiente intimó a la empresa a corregir la situación, pero cuando estudiaba la sanción a aplicarle por la violación de la normativa, el titular del MGAP, Fernando Mattos, emitió un decreto autorizando el uso de aquellos productos.


Si entonces la situación se podía calificar de crimen ambiental por la contaminación del arroyo y las mortandades ocasionadas de peces y otros animales, en este caso el delito es más evidente aún. Mientras en el Parlamento se viene discutiendo largamente, como le es habitual, una ley sobre los delitos ambientales, el Código Penal (Ley N°9155) contiene disposiciones que podrían aplicarse a casos como los señalados en donde se extermina la biota de una zona.


Los artículos 218 y 225 del Código Penal, bajo el título de Delitos contra la Salud Pública, tratan sobre el envenenamiento o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación, como son los cursos de agua en zonas de producción agrícola y ganadera o de esparcimiento de las poblaciones cercanas. Por ambos artículos se prevén penas de prisión y penitenciaría por el envenenamiento o adulteración, en forma peligrosa para la salud, de esas aguas.





domingo, 1 de octubre de 2023

3 obstáculos del lavado

Contra el lavado de dinero en Uruguay


4 septiembre 2023, CHRISTOPHER NEWTON 

Según un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años, lo que lleva a pensar que los criminales se están aprovechando de las laxas regulaciones del país.

El 1 de septiembre, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de Uruguay publicó estadísticas que muestran un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de dineros del narcotráfico, que pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.

Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT



https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/sites/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/files/documentos/publicaciones/informe%20Estadistico%2020182022.pdf

 El informe se basa en datos de varias instituciones estatales, entre ellas el Banco Central del Uruguay, y se enfoca en cinco áreas: inteligencia financiera, cooperación internacional, sistemas preventivos y cooperación nacional, así como en investigaciones y condenas.
Durante años, los expertos han advertido sobre la susceptibilidad de Uruguay a los delitos financieros. Un reciente análisis de las capacidades contra el lavado de dinero en el país, realizado por el consultor financiero Alejandro Aparicio Montesdeoca para SENACLAFT, señala que Uruguay ha invertido poco en prevenir, detectar y enjuiciar los delitos financieros.
Montesdeoca se refiere a esta falta de recursos como el “denominador común” que ha facilitado las ganancias de los narcotraficantes mediante el lavado de dinero utilizando estructuras corporativas y la compra de propiedades.

 

El papel de Uruguay en el lavado de dinero internacional es bastante evidente en la ciudad costera de Punta del Este, donde un grupo conocido como Los Cuinis dirigía las finanzas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Varios uruguayos vinculados a grandes cargamentos internacionales de cocaína, como Gastón Murialdo y Martín Mutio, también lavaron millones de sus ganancias a través del sistema financiero de Uruguay. 


Hermano de líder narco de Los Cuinis declaró ayer en el Juzgado de Crimen Organizado.

Después de un año de investigación, la Policía detuvo este jueves en Montevideo a un mexicano y otras diez personas presuntamente vinculadas a las actividades del poderoso cartel Los Cuinis de Jalisco. El nombre de este mexicano, hermano del líder del cartel, aparece en los documentos del caso "Panama Papers".

En la tarde de ayer viernes, unos 30 policías de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, armados con subfusiles automáticos y chalecos antibalas, custodiaron al mexicano G.G.V. hasta su ingreso a la sede del Juzgado Especializado en Crimen Organizado. Allí fue interrogado por lavado de activos en Uruguay mediante la compra de propiedades inmobiliarias en Punta del Este.

Sobre el detenido pesa una requisitoria internacional de Estados Unidos por tráfico de drogas.

Fuentes del caso indicaron a El País que el detenido era investigado desde 2015 por la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas luego de que se constatara que había adquirido varios inmuebles en el Este a través de sociedades anónimas compradas al estudio panameño Mossack Fonseca.

Una investigación periodística internacional reveló que ese estudio vendió centenares de sociedades a gobernantes, políticos, empresarios y deportistas de varios países para guardar dinero en paraísos fiscales.

La publicación de los "Panama Papers" obligó a la jueza De los Santos y al comando de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas a adelantar la operación para detener a este mexicano a fin de evitar que saliera del país.

En los últimos días el detenido había abandonado su residencia en Punta del Este y se estableció en Montevideo, dijeron a El País fuentes del caso.

El semanario Búsqueda consignó, en base a documentos publicados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que una de las sociedades anónimas panameñas creadas por Mossack Fonseca para este mexicano detenido en Montevideo es Montella Global. Esta sociedad es propietaria de inmuebles en Uruguay y realiza inversiones en ese rubro.

La revista mexicana Proceso publicó que G.G.V., el mexicano detenido el jueves por orden de la Justicia especializada en Crimen Organizado, es acusado por los gobiernos de Estados Unidos y México como parte de los negocios ilícitos del cartel de Los Cuinis.


Riqueza.

El gobierno de Estados Unidos considera que el cartel de Los Cuinis es la organización mexicana de tráfico de drogas con más poder económico en todo el mundo, incluso por encima del cartel de Sinaloa, del célebre Chapo Guzmán.

El 28 de febrero pasado, las autoridades mexicanas arrestaron sin saber al narco más rico del planeta: Abigael González Valencia, alias "El Cuini" (chancho en la jerga mexicana).

Los Cuinis, organización fundada por Abigael González Valencia, "son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas", según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales estadounidenses, las cuales ubican a este grupo criminal como "asociado" al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en contra de las versiones de las autoridades mexicanas, que las identifican como una y la misma mafia.

"El Cuini y sus hermanos (cinco) son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetaminas en Europa y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de droga. Es decir, sus ganancias se podría decir que son cercanas al cien por ciento", dijo a la revista Proceso de México un funcionario de la Administración Federal de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la DEA, Los Cuinis ganan más dinero que cualquier otro cartel de narcotráfico de México, pues exportan cocaína y marihuana a Europa, donde ganan en euros, moneda mejor cotizada que el dólar estadounidense.

Discretos.

Abigael González Valencia es un narcotraficante muy "peculiar" y así lo consideran y etiquetan algunos de los documentos de las investigaciones que realiza la DEA .

"Es un narcotraficante inteligente. Desde que se asoció con el Cartel de Jalisco diseñó una estrategia de tráfico de drogas diferente a las tradicionales, como la del Cartel de Sinaloa, por ejemplo", dijo otro de los funcionarios de la DEA a la revista Proceso.

"El Cuini se concentró en asociarse con narcotraficantes y narcoinsurgentes de Colombia y otros países de Sudamérica para vender cocaína y otras drogas en Europa, sin fijarse en Estados Unidos. Eso marcó una gran diferencia en términos de las ganancias que ha obtenido", explica el funcionario.

Conforme a los documentos oficiales revisados por la revista Proceso, Los Cuinis y el Cartel de Jalisco desde hace casi ya una década optaron por no meterse con el mercado estadounidense.

En medio de la guerra contra el narcotráfico desatada por el presidente mexicano Felipe Calderón, "El Cuini" y su cuñado Nemesio Oseguera Cárdenas, "El Mencho" (líder del Cartel de Jalisco), se aliaron con narcos sudamericanos para meter cocaína a granel a Europa, mientras los carteles de Sinaloa, del Golfo y Juárez así como Los Zetas, La Familia Michoacana y otros se disputaban a sangre y fuego las rutas hacia Estados Unidos, según esos documentos.

"El Cuini" y "El Mencho" entendieron que "había más riesgo de pérdidas en todos los sentidos si se ponían a competir con otros carteles por el mercado de Estados Unidos", afirmó una fuente oficial al diario La Prensa de México.

El Cartel de Sinaloa es la organización mexicana más poderosa y temida del planeta. Sin embargo, Los Cuinis son más ricos porque no compitieron con "El Mayo" Zambada ni con "El Chapo" Guzmán por el mercado estadounidense y, con muy poco esfuerzo, se apoderaron de los mercados europeo y asiático. "Los Cuinis", a diferencia de los otros carteles mexicanos, "no son violentos, no llaman la atención y son casi impenetrables en su estructura de mando".

Ello dificulta que la Policía logre colocar un infiltrado en sus filas, según informó un funcionario de la oficina antidroga de Estados Unidos.

QUIENES SON LOS QUINIS

El líder

ABIGAEL GONZÁLEZ VALENCIA

Detenido en Puerto Vallarta, Jalisco

González Valencia es el jefe del cartel de Los Cuinis. Fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, a finales de febrero pasado. Las pesquisas del Ministerio Público Federal de México establecieron que González Valencia ocupaba el cargo de principal operador financiero para el cartel de Los Cuinis, donde mantenía sobornados a agentes policiales, que le facilitaban la distribución de metanfetaminas elaboradas en Jalisco, hacia mercados europeos y asiáticos.

El cuñado

Líder del cartel Jalisco Nueva Generación

Hace unos años Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", era policía en el municipio de Tomatlán. Ahora es uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del continente, según el gobierno estadounidense. En cinco años su grupo pasó de ser una banda local a las órdenes del Cartel de Sinaloa, a una organización con presencia en nueve estados del país. Las autoridades de Jalisco, su principal centro de operaciones, lo ven como un personaje de alto riesgo.

El cartel

LOS CUINIS

Su base es Jalisco

La agencia norteamericana antidrogas (DEA) señala que el cartel Los Cuinis ha evitado enfrentarse a otras mafias como el cartel de Sinaloa, Los Zetas y Juárez que se disputan las rutas hacia EEUU, mientras ellos se dedican a conquistar los mercados de drogas en Europa y Asia. "Los Cuinis" no son violentos como otros carteles de México. Para la Policía, sus miembros tienen una gran cohesión —parientes y amigos—, lo cual dificulta colocar un informante en el cartel.

TRATAMIENTO MEDICINAL

En México debaten por marihuana

La legalización de la marihuana con fines médicos en México y el aumento de hasta casi seis veces la cantidad personal que se puede portar, anunciados por el gobierno, están desatando dudas y controversias. Los especialistas se mostraron insa- tisfechos y consideraron que se trata de una reforma "incompleta" porque dijeron que, por ejemplo, los consumidores podrán portar más droga pero tendrán que obtenerla del mercado ilegal.

El jurista Miguel Carbonel admitió que la medida implica un viraje en la ruta seguida por el gobierno desde los años 70, pero indicó que se trata "solo de un inicio".

Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que aunque es un paso "en la dirección correcta, seguirá el problema del narcotráfico, porque el problema no se resuelve en su totalidad". La reforma permitirá "despresurizar" al sistema penitenciario, porque serán liberados numerosos reos detenidos por llevar consigo pequeñas dosis de marihuana, señalaron los especialistas. Pero también se preguntaron qué sucederá con esas personas liberadas que ya aprendieron a comportarse como delincuentes dentro de las prisiones, consideradas verdaderas "universidades del crimen".

Por lo tanto, exigieron que haya planes de "reinserción social" para esos exconvictos. Asimismo, los expertos recalcaron que México no tiene un problema de consumo, sino de crimen organizado.



>>> Lagunas legales
A pesar de que durante varios años ha habido un aumento en las operaciones financieras sospechosas, el gobierno uruguayo aprobó en 2020 una ley mediante la cual se incrementaron los topes de los pagos en efectivo de US$4.000 a US$100.000, como una manera de favorecer la libertad financiera.

Los críticos de la ley de 2020 consideran que esta es un paso atrás en la lucha contra el lavado de dinero, pues dicen que permitir compras tan grandes ayuda a que el lavado pase desapercibido.
“Puede venir alguien con US$100.000 y nadie le puede preguntar nada. Con eso se puede comprar más de un auto, puede comprar hasta un comercio”, apunta Nicolás Centurión, observador del crimen en Uruguay y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

>>> Pocos recursos institucionales
La laxitud de las regulaciones en Uruguay se ve agravada por la falta de recursos para detectar y enjuiciar estos abusos del sistema. Un análisis reciente del gobierno halló que Uruguay tiene mucho menos personal enfocado en el lavado de dinero que los países vecinos.
“En Uruguay hay solo 12 personas investigando operaciones y estrategias financieras, además de algunos supervisores en algunos sectores. En los países del resto de la región hay al menos 50, 60 o 70 funcionaros”, señala Montesdeoca. 


https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/sites/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/files/documentos/publicaciones/ENR%20Uruguay%20SENACALFT%20para%20Difusion%2026JUL23.pdf

Sin embargo, es posible hacer cambios. Montesdeoca pone a Paraguay como ejemplo. Aunque el país aún lucha contra la corrupción y una gran economía informal, invirtió importantes recursos para investigar el lavado de dinero, luego de una investigación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Años después, en Paraguay se ha dado un aumento importante en las incautaciones y condenas relacionadas con ese crimen.


>>> Falta de experiencia
A diferencia de otros países, como Brasil y Paraguay, Uruguay no cuenta con una unidad policial dedicada a los delitos financieros, y las unidades de investigación existentes en los sectores público y privado no se coordinan ni cooperan suficientemente entre sí, según le dijo Montesdeoca a InSight Crime.
A Uruguay no se le suele asociar con actividades criminales. Por lo tanto, dice Centurión, “cada vez hay menos controles contra los grupos del crimen organizado latinoamericanos e internacionales, que siguen avanzando”.
Y dado que en Uruguay se soslayan las investigaciones sobre lavado de dinero, es probable que el país no detecte dicho delito, lo que refuerza la noción de que no es un problema importante.
“Yo creo que lo que hay que cambiar es la percepción del problema”, dice Montesdeoca. “Es necesario asumir que es un problema importante y adoptar medidas más allá de las leyes y los reglamentos”.
Uruguay ya ha dado sus primeros pasos. Además de que SENACLAFT financió la evaluación de Montesdeoca, a principios de 2023 el país creó una fiscalía dedicada al lavado de dinero. Además, el poder legislativo de Uruguay está considerando modificar la ley de 2020 que aumentó los topes para los pagos en efectivo.





sábado, 30 de septiembre de 2023

Ortuño lo votó

Esclavo del sistema


 >>> Le soltó la mano a Kreimerman

Representa al Frente Amplio y no representa al sindicato de OSE

No defiende a los sindicalistas mientras estafan por 800 millones en OSE? ¿y que hace para defender OSE?


El directorio de OSE definió iniciar un sumario al presidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, por el encendido de una bomba de humo en la sede del organismo el pasado 13 de junio, en una movilización gremial contra el proyecto Neptuno.

La medida fue votada por todos los miembros del directorio, incluido el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal.

Ortuño dijo a Montevideo Portal que votó a favor del sumario “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo, para establecer o deslindar las responsabilidades de lo sucedido”.

“Lo que si bien considero fue un error que no debe reiterarse, se dio en el marco de una acción colectiva del sindicato que no constituye delito para que pueda castigarse a nivel individual como tal, sobre lo que está claro que debe expedirse la Justicia y respetarse su fallo, coincida o no con nuestra opinión”, afirmó en referencia al episodio de la bomba de humo.

“Insistí con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado, y sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales”, dijo Ortuño.

“Más allá de la consideración crítica de los hechos, no se debe olvidar que no existieron ni daños materiales ni a la salud de nadie, y tampoco se impidió que el Directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, agregó el representante por el Frente Amplio en el ente.

Kreimerman fue imputado por la Justicia por un delito de atentado especialmente agravado, tal como lo solicitó la Fiscalía de Flagrancia, que fue liderada por Gabriela Fossati hasta el pasado 4 de setiembre. Mientras continúa la investigación, se dispuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al juzgado.

El abogado de Kreimerman, Juan Fagúndez, anunció que van a apelar la imputación de la Justicia.

 

 ¿Ortuño lo votó?, que debilidad ideológica Vertiente, ayudó a perseguir, cero garantía) Kreimerman sobre el sumario en su contra: “Se busca individualizar los hechos” cuando “en realidad fue una movilización colectiva”

Kreimerman sobre el sumario en su contra: “Se busca individualizar los hechos” cuando “en realidad fue una movilización colectiva”

El directorio de OSE aprobó por unanimidad realizar un sumario administrativo al presidente de FFOSE por encender una bomba de humo en la sede del ente durante la apertura de los sobres del proyecto Neptuno.

El directorio de OSE aprobó por unanimidad realizarle un sumario administrativo al presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, formalizado por encender una bomba de humo en la sede de OSE durante la movilización en rechazo a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno, informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó la diaria. En diálogo con la diaria, Kreimerman rechazó la decisión: “Lo que se está haciendo es desmedido”, afirmó.
De acuerdo a FFOSE, la resolución afirma que Kreimerman intentó ingresar al directorio por la fuerza, lo cual el sindicato niega. En ese sentido, Kreimerman manifestó que lo expuesto en la resolución del directorio le “llamó muchísimo la atención”, dado que asegura que nunca fue consultado sobre la posibilidad de haber intentado entrar por la fuerza al directorio. “Cuando me citaron a declarar en la investigación administrativa no se me planteó nada relativo a eso”, afirmó, y agregó: “Lo niego rotundamente, porque nosotros no ingresamos por la fuerza a ningún lado”.
Kreimerman afirma que con este proceder “se busca individualizar los hechos en dirigentes sindicales cuando en realidad fue una movilización colectiva”. Si bien “cada uno de los directores tendrá sus argumentos” para haber votado a favor, “nosotros no lo compartimos”, dijo, porque sumariar al presidente de un sindicato “es algo muy peligroso” cuando “el sumario no proviene de una falta desde el punto de vista funcional, sino desde la movilización gremial”, argumentó.

En la misma línea, el dirigente de FFOSE Carlos Larrosa consideró que “el directorio está buscando más elementos para darle fundamentos al objetivo de ellos, que es sancionar fuertemente a dirigentes sindicales”, sostuvo en diálogo con la diaria. Para el dirigente, el argumento que brinda el directorio respecto a la búsqueda de garantías no se condice con el hecho de que “la gerencia jurídica no está dando ningún tipo de garantías de neutralidad en los procesos administrativos”. Esto es algo que se ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ambiente, contó.

“Los procedimientos jurídicos no están siendo imparciales y para nosotros responden a una lógica de criminalización de la protesta”, pues una vez que alguien denuncia algo que “está fuera de la norma” se le realizan “sumarios e investigaciones”, señaló Larrosa.

Ortuño votó a favor “para dar todas las garantías al implicado y al organismo”

El representante del Frente Amplio en el directorio, Edgardo Ortuño, acompañó con su voto. En diálogo con la diaria, dijo que votó “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo para establecer o deslindar las responsabilidades en lo sucedido”. “Si bien considero que fue un error que no debe reiterarse”, continuó, los hechos “se dieron en el marco de una acción colectiva del sindicato, que no constituye un delito que pueda castigarse a nivel individual como tal”, consideró Ortuño.

El director frenteamplista hizo énfasis en que insistió “con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado”, agregó. Según el jerarca, “sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales” y, “más allá de la consideración crítica”, corresponde tener en cuenta que “no existieron daños materiales ni a la salud de nadie y tampoco se impidió que el directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, subrayó.

FFOSE se moviliza “contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta”

Este jueves, desde las 10.30, FFOSE se concentrará frente a la Intendencia de Montevideo “contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta”. Esta movilización, que será acompañada por un paro parcial de 9.00 a 13.00, fue propuesta en la Mesa Representativa del PIT-CNT el día de la formalización de Kreimerman, explicó a la diaria Marcos Míguez, secretario del Agua del sindicato.

Míguez destacó que tanto la investigación judicial como la administrativa responden a las denuncias realizadas por FFOSE sobre irregularidades vinculadas a “acomodos políticos” y “amiguismos” en el ente. En ese sentido, afirmó que “es probable que se inicie algún sumario más, porque claramente están haciendo una persecución sindical, en la que día a día van cambiando las carátulas y los hechos”, manifestó.

Aunque “se puede discutir el tema de la bengala”, los hechos “fueron totalmente pacíficos” y “el único hecho de violencia que hubo fue la represión de la [Guardia] Republicana”, continuó el sindicalista. Por eso, según Míguez, “buscaron por un lado y no encontraron nada, y ahora van a buscar por otro y tampoco van a encontrar”, resaltó.

Asimismo, Míguez recordó que tras lo sucedido en la movilización en rechazo a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno, se resolvió que si se sumariaba a alguno de los presentes, se harían “paros zonales y asambleas por todo el país” para definir cómo seguir.

 

"La bombita de humo....El humito!! no mata a nadie!!" dijo Tamara García del Pit Cnt en defensa del dirigente de Ose Kreimerman y sostuvo que "lo que si nos va a matar es la privatización del agua" con sed y con hambre, señaló. (acto Ffose)

 

 
TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS


 







viernes, 29 de septiembre de 2023

El plebiscito y el diálogo social

 


 

 

Imprescindibles y complementarios
 

Antonio Elías
29 septiembre, 2023 

Lo que se plantea en la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT a través del plebiscito son límites al sistema jubilatorio para garantizar un derecho humano fundamental: la seguridad social.

La democracia directa permite que las organizaciones sociales –como, en este caso, la central de trabajadores– puedan promover la modificación del texto constitucional, sobre todo cuando entienden que sus anhelos no son respondidos adecuadamente por el sistema político; así, el pueblo, de manera directa, puede lograr modificaciones en la Constitución.

Esto ocurre cuando el sistema político no logra dar respuestas satisfactorias a las demandas de la ciudadanía. Allí, la Constitución funciona como una barrera de seguridad que no puede ser franqueada por el sistema político sin pasar por un nuevo plebiscito, es decir, no puede ser franqueada sin el aval ciudadano. Se trata, claramente, de un mecanismo de control del poder del Parlamento.

Se suele cuestionar que los plebiscitos tienen una excesiva descripción de los derechos, cuando eso debe quedar en manos del cuerpo representativo. La respuesta es que el nivel de detalle del texto constitucional es inversamente proporcional a la confianza en el sistema político. La reforma constitucional que promueve el plebiscito es un mandato claro sobre qué condiciones el pueblo está dispuesto a sostener en materia de seguridad social, y deberá ser el Parlamento el que elabore una reforma integral de la seguridad social.

Con esta medida, los trabajadores organizados se enfrentan directamente con la reforma jubilatoria de la ley 20.130, a través de dos cambios en los parámetros del sistema y un cambio estructural fundamental: se reduce a 60 años la edad mínima jubilatoria, lo cual evita los perjuicios incalculables que el aumento de la edad de retiro a 65 años ocasiona sobre los trabajadores más vulnerables; se elevan las jubilaciones y las pensiones mínimas equiparándolas al salario mínimo nacional, y se eliminan las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) y el lucro privado instaurados en la ley 16.713 de 1995, que tantos perjuicios han causado a los trabajadores activos y pasivos. 

LA ELIMINACIÓN DEL LUCRO ABRE PASO A LA JUSTICIA SOCIAL

Las AFAP generan una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron –a través de la ley de cincuentones– por salir de las AFAP lo demuestra.

La renta vitalicia que genera el ahorro obligatorio depende del monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, más la rentabilidad variable de las inversiones (que pueden ser bajas o incluso negativas) y las decisiones del Banco Central del Uruguay sobre la tasa de interés técnico.

Las AFAP, en cambio, obtienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros de los trabajadores y hacer inversiones que, teóricamente, multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Los sistemas de pensiones privadas obligatorias han fracasado en todo el mundo, han empeorado los ingresos en la vejez y son insuficientes en términos de cobertura y niveles de beneficios.

El eje principal de la reforma de la seguridad social vigente reduce las responsabilidades del Estado porque amplía el pilar de capitalización, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios; todos los trabajadores deberán aportar el 5 por ciento de sus ingresos (hasta la franja de 107.589 pesos) a las AFAP y solo el 10 por ciento al régimen de solidaridad intergeneracional. Los que ganen entre 107.589 y 215.179 pesos aportarán el 15 por ciento a las AFAP.

Todo esto genera altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán para aquellos que no entrarán al nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado.

LA DIRECCIÓN DEL FA NO TIENE POSICIÓN: NO SABE, NO CONTESTA

La aprobación del plebiscito no deroga la regresiva reforma impuesta por la ley 20.310. A título de ejemplo, queda vigente la reforma actual para temas fundamentales, como la sustitución de la tasa de reemplazo por una tasa de adquisición de derechos, el Salario Básico Jubilatorio, la baja de las pensiones por viudez, la reducción del ámbito de aplicación de las bonificaciones –que considera solo los puestos de trabajo y no los sectores de actividad–, las exoneraciones y las reducidas tasas de aporte del capital.

Es imprescindible, por tanto, que el Frente Amplio (FA) impulse un diálogo social para realizar una nueva reforma de la seguridad social, que, por supuesto, debe ser integral y no solo jubilatoria. Por ello, es un error contraponer la reforma constitucional que impulsan los trabajadores con el diálogo social: por el contrario, las dos son imprescindibles.

El problema es otro: en los 15 años de gobierno del FA no se tomaron medidas para eliminar el lucro privado en la seguridad social. Tampoco se puede ignorar que quienes llegaron con el FA a dirigir los destinos del país sostuvieron, múltiples veces, que era necesario aumentar la edad de retiro. Aunque debe reconocerse que en ese período se tomaron diversas medidas favorables a los trabajadores, tales como reducir los años de trabajo exigidos de 35 a 30 y, en el caso de las mujeres, computar como trabajados un año adicional por cada hijo. Se tomaron, también, medidas para posibilitar la renuncia de la afiliación voluntaria a las AFAP (artículo 8, ley 16.713) entre los 40 y 50 años, y se aprobó la ley 19.590, que permitió desafiliarse y volver al régimen de reparto a quienes tenían 50 años en 2016 e ingresaron de forma obligatoria a las AFAP (aunque esta última ley, la de los «cincuentones», le impuso una reducción de 10 por ciento en su jubilación a quienes volvieron al sistema de reparto).

Esto demuestra que en el FA las diferencias con el plebiscito no son metodológicas, tácticas ni estratégicas: son de fondo y muy profundas. La solución a este tema, que ha encarado el actual presidente del FA, fue acompañada por la Mesa Política: «Dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran el Frente Amplio como a las bases del FA para apoyar o no apoyar la recolección de firmas» y, por si fuera poco, «la libertad es completa: no es solamente juntar firmas, sino también poder opinar sobre el fondo del tema».2

¿Cómo puede ser que el FA no tenga posición sobre lo que va a pasar con el millón y medio de trabajadores que aportan al Banco de Previsión Social, con los 700 mil pasivos actuales, con el papel que debe jugar el Estado en la seguridad social, en la que se invierte 11 por ciento del PBI?

La resolución que se adoptó es apresurada e interfiere con la discusión de la propuesta de bases programáticas 2025-2030, que se está discutiendo en los comités de base del país y se resolverá en el VIII Congreso Extraordinario Tabaré Vázquez, durante los días 8, 9 y 10 de diciembre. ¿Quizás será porque en el congreso la enorme mayoría de los votos los tienen las bases?

Libertad de acción y de opinión, ahora, ¿para qué? Para negar lo que se ha defendido siempre: el derecho del soberano a utilizar la democracia directa, o para enfrentar a sus históricas bases sociales: los trabajadores. Se olvida, quizás, que el FA surgió luego de que se logró la unidad del movimiento sindical y se realizó el Congreso del Pueblo.

El profundo error de esta propuesta no solo está en el desconocimiento de la discusión de las bases, sustento fundamental de la existencia del FA, sino que demuestra la incapacidad de la dirección del Frente para buscar y lograr los consensos necesarios y fundamentales para la unidad, como lo llevó adelante en todo momento el general Liber Seregni. La unidad en la diversidad no implica posiciones antagónicas en temas fundamentales: sin consensos, el FA se terminará convirtiendo en una simple cooperativa electoral; lejos, muy lejos, de lo que planteaba Seregni.

«La razón de ser, el porqué y el para qué de nuestro Frente Amplio está en realizar una tarea histórica fundamental: cumplir el proceso revolucionario de nuestro país. En transformar las viejas estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país hoy caducas y crear las nuevas que corresponden a la instancia que hoy nuestro pueblo debe vivir. Y es, sí, un auténtico proceso revolucionario, porque el que nuestro Frente se propone es no solo el cambio profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el poder. Desplazar del poder a la oligarquía y llevar el pueblo a gobernar.»3

1. Véase aquí.

2. «Fernando Pereira propuso dar “libertad de acción” a los sectores de cara al plebiscito contra la reforma jubilatoria», La Diaria (18-IX-23).

3. Liber Seregni, discurso pronunciado el 18 de julio de 1972, tomado de La autoridad del pueblo, de Germán Wettstein, Mex-Sur Editorial, México, 1982, pág. 131.

 

 

 

 

jueves, 28 de septiembre de 2023

Como el Pato Criollo


 

Un viejo dicho asume que los “errores” se suceden a cada paso del pato criollo.

De esa misma manera vemos cómo el Poder Ejecutivo sigue sin atender la necesidad de evitar la depredación de especies nativas en beneficio de un muy dudoso negocio de “cacería deportiva”. Cacería que lleva a que los valientes cazadores se enfrenten con señuelos, trampas y modernas armas semiautomáticas a los peligrosos patos, emboscándolos en sus lugares de descanso y alimentación para registrar su gloriosa faena en trofeos fotográficos fácilmente disponibles en la web buscando, por ejemplo, “Duck hunting Uruguay”.

En Uruguay la ley 9.481 de 1935 fue pionera en la protección de la fauna indígena y el control de la caza. El Artículo 3º prohíbe la caza de especies zoológicas indígenas o libres, salvo las excepciones del Artículo 5º por el que el Poder Ejecutivo puede autorizarla para especies, lugares, cantidades y plazos determinados.

Desde 1947 sucesivos decretos reglamentaron la ley y hoy el Decreto 269/2000 establece que el Poder Ejecutivo debe emitir los decretos anuales regulando la caza antes del 30 de setiembre de cada año.

En el caso de las tres especies de patos principales del Uruguay, Pato cara blanca (Dendrocygna viduata), Pato maicero (Anas geórgica) y Pato picazo (Netta peposaca), el decreto 104/2000 establece para cada cazador y por día la posibilidad de matar 15 ejemplares de los que no más de dos pueden ser del Pato Picazo.

En el año 2018 a iniciativa de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (COENDU) el Decreto 318 estableció la suspensión por dos años de la caza de patos, la que se reanudó en 2022 en contrario de los informes técnicos del propio Ministerio de Ambiente que recomiendan la prohibición de la caza por al menos otros 5 años ante la significativa tendencia negativa de la población de esas especies enfrentadas como muchas otras a profundos cambios en su hábitat por los cambios en el uso que de los suelos y otros procesos que degradan la biodiversidad.
Esa posición es la de los estamentos técnicos del Ministerio de Ambiente cuyos informes no encuentran eco y no son tenidos en cuenta por las jefaturas políticas del Ministerio ni del Poder Ejecutivo que al no emitir un decreto sobre el tema antes del próximo viernes 30 dejará que se siga, al menos durante 2024, con la matanza de estas aves autóctonas de las que sólo se han observado en 13 años apenas unos 12.000 ejemplares

Triste situación esta del llamado Uruguay Natural que aparece temeroso e incapaz de proteger su fauna nativa, la biodiversidad y la calidad ambiental.

Poco queda ya de las grandes bandadas de aves migratorias y permanentes que surcaban los cielos del país no hace más de 40 años atrás.

Desde el MOVUS llamamos a la reflexión y a la acción a los responsables del Poder Ejecutivo y en especial del Ministerio de Ambiente para que en un gesto de compromiso con las generaciones futuras dispongan nuevamente la prohibición de la matanza de estas especies y se encarguen los estudios y trabajos necesarios para evitar su extinción

QUEDAN DOS DÍAS
 
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
28 de setiembre de 2023

Contactos:
Raúl Viñas: 099648685
Ana Filippini: 098407572