lunes, 18 de junio de 2018

El último censo del MIDES

De "personas que duermen en la calle"


MIDES EN EL PARLAMENTO
Ana Olivera señaló que no hay "nuevas personas" durmiendo en la calle
 
Autoridades del Mides defendieron en Diputados el trabajo interinstitucional realizado.

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comparecieron ayer ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para informar sobre la situación de personas que viven en la calle. Al salir, la ministra Marina Arismendi explicó, en conferencia de prensa, que su ministerio dispone de 48 refugios y de equipos que están trabajando continuamente para que las personas que viven a la intemperie accedan a alojarse en esos lugares. También señaló que actualmente los refugios están "a tope" y que el Mides prevé abrir centros de contingencia, ya que "da la pelea" para "que la gente entre [a ellos], no para que no vengan".

El fracaso de las políticas asistenciales. (Es el neoliberalismo...doña!) En Cuba no pasa.





El último censo del Mides, realizado en 2016, indicó que había 556 personas durmiendo en las calles de la capital. Sin embargo, la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del ministerio, Eleonora Bianchi, reconoció el 7 de mayo, en una entrevista con el programa radial En perspectiva, que el panorama actual es otro: "Vemos más gente", dijo, y comentó que no sabía si el número del censo de 2016 que se estaba manejando era "absolutamente preciso", porque "en el ínterin vamos alimentando el censo con nuevas informaciones, y lo que estamos viendo desde hace un tiempo es que hay población que viene de otros lugares", distintos de aquellos "de los que habitualmente provenía la gente en situación de calle".

El Mides no tiene refugios; solo hay uno de la Intendencia. Una docena de personas se refugian en la ex estación de ferrocarril de la ciudad de Salto.


Bianchi explicó en aquella ocasión que antes se podía ver que "la gente en situación de calle tenía adicciones, tenía problemas vinculados con la vivienda, con la ruptura del entramado social propio", y que ahora, en cambio, se constataba la presencia de "gente que sale de la cárcel y va a vivir en la calle; hay otras personas que han estado institucionalizadas por muchos años, por ejemplo, jóvenes que han tenido tránsitos largos en el INAU y también los encontramos en la calle". Y concluyó: "Todo esto es a lo que llamamos "formas nuevas": nueva gente que llega a la calle".
Olivera dijo a La Diaria que no hay "nuevas personas" durmiendo en la calle. "Si tú mirás en el censo, las personas que se encuentran durmiendo a la intemperie son mayoritariamente gente joven, y seis de cada diez vienen de un proceso de institucionalización o de un proceso de privación de libertad. No es que sean nuevas personas".


Ana Olivera, Subsecretaria MIDES: "Hay una nueva forma de estar en la calle".

Olivera dijo que “la interinstitucionalidad se viene fortaleciendo", y no sólo se trata de "actuar juntos", sino de "pensar en común", dijo. Eso, aseguró, es lo que está pasando con el abordaje de la "nueva modalidad" de personas que viven en la calle y montan "campamentos". "Lo trabajamos con la Intendencia de Montevideo, que es la que tiene la obligación de liberar el espacio ocupado junto con el Ministerio del Interior, que es el que actúa en función de la Ley de Faltas, al mismo tiempo que nosotros recogemos los datos que nos permiten saber de quiénes se trata".










El gran actor




Franklin Rodríguez, actor: Mujica es el gran actor del Uruguay, a su lado, Alberto Candeau no existe.


 




 Mujica en el Estadio Azteca

>>> ¿Qué te dolió más de Mujica?

Es el gran actor del Uruguay. Alberto Candeau no existe al lado de él. Y lo digo con propiedad, porque fuera del país decís algo de él y te masacran. Hablé de él en Viena y para qué… Dije que era un actor, un gran mentiroso, alguien que habla mal en Uruguay y muy bien afuera. Afuera habla perfecto. Pero no se le puede negar lo que ha logrado; ha llenado el Estadio Azteca con un discurso. ¿Quién mierda lo hace eso? Es maravilloso. Es un gran vivo.

Dice que no va a ir a las elecciones, pero está coqueteando. Le da para adelante a Astori. Pobre desgraciado, Astori, que no emboca una; es como Rampla Juniors, nunca entra en nada, pobrecito. Siempre ahí, con su lentitud. Me lo imagino a Mujica dándole manija, para que se tire y después tirarse él atrás.

Es genial lo que hace el viejo. “Ahora se murió Manuela, no tengo tiempo, estoy con las lechugas, andá Daniel”, eso le debe decir. “Constanza, no te quedes atrás, vos tenés que ir, sos la esperanza de la mujer.” Los manijea a todos y atrás va a él.
Es lo mismo que Sanguinetti, que lo mandan de vuelta.  ¡Llegó Sanguinetti! ¡Supercan! ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo (…) aparece Sanguinetti de nuevo? Y pasa lo mismo con Mujica, un tipo que ha logrado la adhesión, con los disparates más grandes que ha dicho. Fue un gobierno divertido, ni lo dudes. Mucho más que el de Batlle. “Traigan a los de Guantánamo, traigan a los de Siria.” ¿No se te ocurrió pensar que estás trayendo gente que reza cinco veces por día y le pega a la mujer? ¿Cómo los vas a meter por la fuerza acá? ¿No se le ocurrió pensar eso, por un momento? El de Guantánamo dijo que prefería estar en el medio de la guerra en Siria antes que estar acá. ¿Se acuerdan de eso?

El Pepe Movil

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domingo, 17 de junio de 2018

Arresto ciudadano

La mexicanización del Uruguay



>>> Punga en Tristan Narvaja




>>> Cuando el estado falla



>>> Embajadora visitó Rio Negro y Soriano
Dan Mitrione y los escuadrones de la muerte

?????? Tienen nefastos antecedentes... Una embajadora de la CIA con un ex JUPo hoy diputado por el FA. Combustible... fotos de US embasy

>>> El origen de los escuadrones de la muerte


Justicia por mano propia

Vecinos salen a combatir el crimen

Un grupo de vecinos salió a patrullar, detener e interrogar a presuntos delincuentes en Toledo. Abogados penalistas advierten que se pueden meter en problemas. Entre Montevideo y Canelones hay unas 70.000 personas en grupos de alerta vecinal. Sus métodos difieren; su objetivo, no.


CARLOS TAPIA
domingo, 17 junio 2018

Patrullaje: los habitantes de Toledo se lanzaron a la calle.

Son las tres y media de la mañana. El frío lo atraviesa todo. Solo se oye el silbido del viento y los pasos de un joven que va caminando por la calle con una garrafa al hombro.
No hay dudas: es un chorro.
Así piensan los vecinos de Toledo que adoptaron la seguridad por mano propia. Los que están decididos a hacer lo que aseguran que las autoridades no hacen. Una comisaría diezmada, sin efectivos, sin patrullero, sostienen. Una ola de robos violentos: la semana pasada asaltaron un supermercado y un local de cobranzas, hubo tiros, un cliente y un guardia heridos. Esta semana también balearon a un pistero de una estación de servicio que intentó resistirse a un robo.
"¡Qué más remedio!", se justifica Alfredo Silva, edil colorado y líder de los vecinos que salen a vigilar las calles cada madrugada.
En Toledo son 62 los que dejaron la protesta de lado y pasaron a la acción. Patrullan en turnos las casi 50 villas de esta ciudad, de 40 kilómetros cuadrados y 38.000 habitantes. Salen tres cuadrillas: una de seis de la tarde a 10 de la noche, otra de 10 a dos, y otra de dos a seis de la mañana. Se mueven en 12 autos. Van equipados con gas pimienta, chalecos antibalas y precintos para atar a los maleantes, a quienes prometen entregar sanos a la Policía. También tienen cámaras con los que dicen filmarán cada operativo.
Sus prácticas, sin embargo, son cuestionadas por otros grupos de vecinos, que están organizados desde hace mucho más tiempo, y que tienen a la no violencia como regla inviolable. Abogados penalistas, en tanto, sostienen que se pueden meter en problemas legales.
Silva dice que el grupo, en el que hay "mucho retirado militar y policial", no tiene colores políticos. No obstante, él es conocido por ser un crítico acérrimo de los gobiernos del Frente Amplio. Advierte que fue el intendente Yamandú Orsi el que dio "la señal" de que los ciudadanos debían tomar las riendas de la seguridad. "Él dijo que ellos o nosotros. Ante estas declaraciones y a la luz de los últimos acontecimientos que sucedieron en Toledo, no quedó otra: hubo que salir a la calle", explica.
El jefe comunal canario escribió esto en Twitter tras el reciente asesinato de una mujer en Neptunia: "Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe".
Hace una semana que los vecinos de Toledo se lanzaron a la guerra contra la delincuencia. Hasta ahora solo agarraron al muchacho de la garrafa. Lo pararon y, según Silva, fueron a "dialogar" con él.
—¿Lo detuvieron?
—Dialogamos. Lo vimos, lo paramos, le preguntamos dónde había comprado una garrafa a las tres y media de la mañana, y nos dijo que se había quedado sin gas, que tenía un bebé, y que había ido hasta lo de la madre para que se la prestara.
—¿Y le creyeron?
—Le preguntamos dónde vivía la madre, nos dijo que a una cuadra. Fuimos con él hasta ahí y comprobamos que era verdad.
—Entonces lo detuvieron hasta comprobar que decía la verdad.
—Le pedimos y el muchacho bien, accedió, nos llevó a lo de la madre.
—¿Y qué pasaba si el muchacho se negaba a ir a lo de la madre?
—No, pero bien. Colaboró.
—¿Y si no colaboraba?
—Llamábamos al 911.
—¿Y qué hacían mientras llegaba el 911? ¿Lo dejaban ir o lo detenían?
—No, no lo íbamos a dejar ir.
—Pero eso es ilegal.
—No, el arresto ciudadano no es ilegal. No hubo violencia.
—Pero no lo agarraron haciendo nada. Hicieron un arresto ciudadano sin saber si el muchacho era culpable.
—Pero él colaboró.
—Insisto, ¿y si no colaboraba?
—Le poníamos el precinto y esperábamos a la Policía.
—¿Pero y si el muchacho era —como lo fue— inocente?
—¿Y qué tiene?
—Alguien podría achacarles que detuvieron ilegalmente a una persona. Y que esa persona, además, no había cometido ningún delito.
—Nosotros estamos decididos a enfrentar a la Justicia. Si cometemos un error vamos a enfrentar a la Justicia. Pero a las tres de la mañana, con una garrafa al hombro… ¿qué podés pensar?


Abogados penalistas sostienen que los vecinos de Toledo —presos, claro, de la desesperación por una violenta ola de inseguridad—, se pueden meter en problemas. Privaron de su libertad de caminar por la calle a una persona con una garrafa que le pertenecía.
"Es absolutamente ilegal lo que están haciendo. Tanto el Código del Proceso Penal nuevo como el viejo hablan de flagrancia, es decir que tienen que agarrar a la persona en el momento que está delinquiendo. Podrían estar cometiendo un delito de privación de libertad, que prevé penas que van de un año de prisión a nueve años de penitenciaría. Se pueden meter en un problema grave", dice el abogado penalista Martín Sbrocca, de Ielsur.
Su colega, Juan Raúl Williman, a cargo del Consultorio Jurídico de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Facultad de Derecho de UdelaR, añade en el mismo sentido que el arresto ciudadano está previsto para casos en que el delincuente es atrapado en el mismo momento que comete el delito. "Eso es una cosa, otra es hacer una suerte de control de espacios abiertos, bloquear la libertad personal en lugares de tránsito público, preguntarle a una persona por qué lleva tal o cual bien. Así se pone en juego la libertad ambulatoria. Los propios policías tienen limitaciones en este sentido", plantea.
Esta semana, en declaraciones a Subrayado, el ministro Eduardo Bonomi se dirigió a los vecinos de Toledo y les dijo que era "peligroso" lo que estaban haciendo. Les pidió que suspendieran los patrullajes y les advirtió que les podrían traer más problemas que beneficios.
Silva dice que cada día recibe la llamada de un nuevo vecino dispuesto a colaborar. Y que los patrullajes no van a cesar hasta que no haya menos violencia. "Esto no para. Hace poco coparon una chacra en Camino las Chivas, pegándole cuatro tiros al propietario, que estuvo agonizando 29 días en un CTI hasta que falleció. No nos podemos quedar quietos. Hace dos años que venimos así. Nosotros vamos a seguir saliendo", dice desafiante.

Barrios alerta.

Que vecinos se junten para cuidar de la seguridad de los barrios en que viven no es algo nuevo. Hay diferentes grupos. El más organizado es la Coordinadora de Montevideo y Canelones. Según Diego del Valle, quien maneja la parte canaria del movimiento, el grupo une a unas 70.000 personas en ambos departamentos que se mantienen comunicadas a través de grupos de WhatsApp.
En Montevideo están en barrios como Prado, Parque Batlle, Buceo, Malvín, La Mondiola, Punta Carretas, entre otros. En Canelones están en Atlántida, Parque del Plata, Neptunia, Sauce, Santa Rosa (ver mapa en página A4). Aparte hay otros grupos, como el de Ciudades Unidas, que nuclea a vecinos de San Ramón, Fray Marcos, San Jacinto, Las Piedras y Toledo.
Alejandro Ruiz, de Ciudades Unidas en Toledo, dice que no está de acuerdo con las patrullas vecinales que dirige Silva. "Alfredo vive a dos cuadras de mi casa, somos amigos, pero nosotros cero violencia. Nosotros somos pacíficos", advierte.
Miembros de cada uno de los movimientos han mantenido reuniones con representantes del Ministerio del Interior, casi siempre pidiendo más efectivos y patrulleros; con las intendencias, por más alumbrado público; y con distintos legisladores. El próximo 3 de julio, cuatro representantes de estos grupos irán a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, donde presentarán una larga lista de quejas y pedidos. Del Valle señala que uno de los reclamos tiene que ver con un presunto crecimiento del narcotráfico en Canelones, a su entender por un corrimiento del delito desde Montevideo.
"Están apareciendo cada vez más lugares de venta de droga, con gente que viene de los barrios complicados. Casos de familias que llegan, por ejemplo, a San Ramón, y vienen del 40 Semanas. Después empiezan a aparecer las barritas, el distribuidor, la competencia, y ahí ya se generan los conflictos. Ya en Joaquín Suárez hubo un enfrentamiento entre narcos", advierte Del Valle.
Según la zona, los vecinos dicen saber cuáles son los delitos que más ocurren. En San Ramón padecen también el abigeato. En Suárez hay muchos robos de casas y vehículos. En Neptunia, narcotráfico. En Punta Carretas también alertan sobre el robo de autos y las rapiñas. En el Prado el mayor dolor de cabeza lo traen los motoqueros asaltantes.
Los referentes de cada grupo tratan de evitar que los vecinos salgan a la caza de los delincuentes, como en Toledo.
"No vamos a salir a pelear con los delincuentes, esa es una tarea que entendemos que tiene que hacer la Policía. No queremos lo de Toledo. Eso se lo decimos siempre a la gente. Lo que sí hicimos, luego de reclamar al ministerio y a la intendencia, y de no obtener respuestas, es hacer colectas para mejorar la seguridad. Lo que hicimos fue comprar lámparas led solares y las pusimos en varios lugares. También compramos cámaras de vigilancia. Y ahora estamos organizándonos para contratar un sereno que salga a recorrer la zona todas las noches", dice Leonel Martínez, representante de los vecinos del Prado.
Los grupos se dividen por cuadras (a veces por manzanas, pero casi siempre por cuadras). Cada una tiene un referente, que es el que administra el grupo de WhatsApp. Este responde a otro referente zonal, y ese a uno departamental. Cada mensaje es considerado una alerta. Si algún usuario envía algo que no tenga que ver con una alerta de seguridad (los ejemplos que dan ellos son: chistes, fotos de bebés, chicanas futbolísticas, chicanas políticas), es dos veces advertido y luego expulsado. Hay grupos, como el del Prado, que funcionan desde el año 2005 (antes lo hacían por mensaje de texto); y otros, como el de La Mondiola, que están hace menos de dos años.
"La idea es advertir cuando hay una situación de riesgo que se está detectando, pero no queremos sustituir a la Policía. También usamos el grupo para que los reclamos tengan más fuerza. Entregamos 500 firmas a la Seccional 10 para que esta zona se cubra con cámaras de vigilancia, tenga más iluminación y mejor patrullaje", dice el referente de La Mondiola (también conocido como Pocitos Nuevo), Enrique Conde. La protesta aún no consiguió resultados.
Algunos de los grupos, como los de Punta Carretas y Neptunia, también usan silbatos. "Si veo una actitud sospechosa, lo que hago es sacar la cabeza por la ventana y tocar el pito. El vecino de al lado escucha y hace lo mismo, y así sucesivamente", señala Alicia Leyton, referente entre los vecinos de Neptunia sur. Este es el único de los grupos que, pese a estar entre los que pregonan una actitud más pacífica que el de Toledo, ya manejan la posibilidad de hacer una colecta para comprar gas pimienta. "A chalecos antibalas todavía no llegamos, pero hay gente que sale a las cinco de la mañana a trabajar… Ya nos estamos reuniendo para ver cómo implementamos lo del gas pimienta", dice.
Sergio Riveiro, a cargo de la comisión de seguridad de Salinas, que nuclea a unas 3.000 personas, está, como la mayoría, en contra de todo lo que sea violencia. "Es verdad que estamos en una situación cada vez más brava. Acá en Salinas venimos hace ya tres años hablándole al ministro. Tenemos una ciudad de 66 kilómetros cuadrados, que tiene además una parte suburbana, con una Seccional con solo 15 efectivos. Somos una ciudad olvidada. No tenemos ambulancias, entonces los patrulleros tienen que hacer de ambulancia", asegura Riveiro. "Entiendo que la gente se ponga radical, que quiera patrullar, usar gas, cortar la ruta... Pero no es lo que recomendamos. Lo que queremos es que la gente se organice para que cuando pase algo o vea a algún sospechoso, llame a la Policía".


Arrestos ciudadanos.

Aunque la mayoría de los vecinos organizados rechazan los arrestos ciudadanos y advierten que prefieren no tener que enfrentarse a los delincuentes, ha habido casos luego de atender a la alerta de un vecino por WhatsApp. Hay quienes proponen linchar a los ladrones una vez que se logre atraparlos.
"Los vecinos atraparon a uno que estaba robando un auto en la calle La Gaceta. Lo vieron, avisaron por el grupo, fueron unos cuantos y lo detuvieron. Somos conscientes de los riesgos que tienen los arrestos ciudadanos: que puede herirte el delincuente, que te pueden enjuiciar", admite Conde, de La Mondiola.
"En Zorrilla de San Martín y García Cortinas se hizo un arresto ciudadano. Estaban robando a una mujer, lo vieron y fueron. Ayudaron obreros de la construcción que estaban trabajando ahí. También ayudamos tres veces a la Policía a atrapar delincuentes que estaban huyendo por las azoteas", dice Leslie Crawford, del grupo de Punta Carretas.
"La última alerta importante fue hace 15 días, en la calle 4, que robaron a una muchacha", cuenta Riveiro, de Salinas. "Alguien lo vio, saltó la alerta, y los vecinos empezaron a perseguirlo. Cuando llegó el 911 ya todos sabían dónde estaba escondido y se lo llevaron. Hay quienes quieren lincharlos, pero lo primero que hace la Policía es llevarlo al forense. Si les pegamos, perdemos nosotros".

El 33% de los que viven en Punta Carretas fueron robados

Los vecinos de la comisión de seguridad de Punta Carretas, aprovechando que en el grupo hay varios recibidos de la Facultad de Ciencias Sociales, decidieron hacer un sondeo para medir cómo estaba la delincuencia en el barrio. El estudio, que se hizo el año pasado, develó que el 33% de las personas que viven en Punta Carretas fueron robadas alguna vez desde enero de 2015 a mayo de 2017: el 25% dentro del barrio y el 8% en otras zonas de Montevideo o del interior, según los datos brindados a El País por el referente de la comisión, Leslie Crawford. El 19% de los que no fueron robados sufrieron un intento de robo. Las calles con más cantidad de robos son Luis de la Torre, Joaquín Núñez, Montero, Ellauri, Coronel Mora, Bvar. Artigas y Gregorio Suárez. El 36% de los robos no se denuncian. El 52% no lo hace por creer que "no vale la pena" y por no confiar en que la Policía logre recuperar lo perdido.


El arresto ciudadano existe, pero con límites


Arresto ciudadano. El artículo 220 del Código del Proceso Penal establece que "cualquier particular podrá proceder a la detención" de una persona "que sea sorprendida en flagrancia delictual". Este tendrá la obligación de "entregar inmediatamente al detenido a la autoridad".

Condiciones para el arresto. Es el artículo 219 del mismo Código del Proceso Penal el que establece cuándo es que hay flagrancia delictual. Los casos posibles son tres: cuando una persona es sorprendida mientras está cometiendo un delito; cuando lo atrapan inmediatamente después de cometer el delito, en caso de que sea sorprendido huyendo u ocultándose; o en caso de que luego de cometerse un delito la persona fuese hallada con efectos y objetos procedentes de este, con armas, o "presente rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de cometer un delito".

No se puede interrogar.
Abogados penalistas, en tanto, coinciden en que parar a una persona por la calle e interrogarla sobre algo que lleve consigo (como el caso del joven que fue detenido por los vecinos de Toledo por caminar por la calle con una garrafa de 13 kilos a las tres y media de la mañana, que finalmente era de su madre), no es algo que contemple la ley. "Tiene que haber una relación con un hecho cometido, no es que cualquiera va por la calle, ve a otro, entiende que lo que lleva es el fruto de un delito, y lo detiene. La ley penal prohíbe hacer este tipo de investigaciones", señala el abogado Martín Sbrocca. "No es que lo agarraron en un domicilio ajeno; lo pararon por tener una garrafa e hicieron averiguaciones. Esto que están haciendo es muy delicado. Para empezar podrían estar cometiendo el delito de privación de libertad", agrega su colega Juan Raúl Williman.

Privación de libertad. "Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales", señala en tanto el artículo 218. La ley establece que "el que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría". "Para empezar, privación de libertad —señala Williman, en referencia a los vecinos de Toledo—, pero también pueden estar incurriendo en algún tipo de violencia privada".

Dentro de la ley todo, pero...
Alfredo Silva, el edil del Partido Colorado que está a cargo de los vecinos justicieros de Toledo, parafrasea al presidente Tabaré Vázquez y dice: "Dentro de la ley todo; por fuera, nada". Para él procedieron bien parando en la calle al joven que iba con la garrafa, y entiende que, pese a lo que advierten abogados penalistas, no incumplieron ninguna ley. "El arresto ciudadano existe. Nosotros lo que queremos es cooperar. Y si por algo nos tenemos que enfrentar a la Justicia, lo vamos a hacer. No nos creemos héroes ni nada por el estilo, no representamos a ningún partido político, queremos que se involucren todos. Estamos independientes de todo. Se puede estar de acuerdo o no con esta iniciativa, pero nosotros no nos metemos con otros grupos, hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer". Hay otro grupo en Toledo, Ciudadanos Unidos, que de hecho no están de acuerdo con el proceder del grupo de Silva. Alejandro Ruiz, su referente, dice "respetar" a quienes decidieron salir a las calles, pero se distancia advirtiendo que ellos prefieren las alertas por WhatsApp, intentar dialogar con el Ministerio del Interior y hacer protestas en rutas.













sábado, 16 de junio de 2018

Los delitos no prescriben




La SCJ emitió nuevas resoluciones en casos de asesinatos por tortura durante la dictadura 

16 de junio de 2018 | Política | Foto: Ramiro Alonso

Desestimó dos recursos de casación.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de José Nino Gavazzo en el caso del asesinato por torturas de Eduardo Pérez Silvera, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), detenido en mayo de 1974 y torturado hasta morir en el Batallón de Artillería Nº 1. Según informó el Observatorio Luz Ibarburu en un comunicado, “la persistente acción de bloqueo” por parte de la defensa de Gavazzo comenzó en 2016, cuando pidió al juzgado que se clausurara el caso porque “el delito había prescripto”. Luego de pasar por todas las instancias judiciales para impedir el avance del caso, la defensa presentó el recurso de casación ante la SCJ, pero este fue desestimado por ser considerado “inadmisible”. La misma medida fue tomada por la SCJ ante el recurso presentado por la defensa de uno de los indagados por el asesinato de Nelson Simón Berreta, militante del MLN asesinado en setiembre de 1972, mientras corría intentando escaparse de custodias militares.

Por otro lado, la SCJ emitió una sentencia, con el voto en contra de Bernadette Minvielle y Felipe Hounie, en la que declara “inconstitucionales e inaplicables” los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, para el caso de la muerte del militante del MLN Walter Hugo Arteche, asesinado en agosto de 1973 durante una sesión de tortura en el Batallón Florida. Según dice la sentencia del 16 de mayo, existe “jurisprudencia al respecto”, refiriéndose a la sentencia de setiembre de 2017 para el caso presentado por Gloria Izquierdo, quien fue secuestrada en 1972 en Tacuarembó.

Sobre este caso, Raúl Olivera, integrante del Observatorio, aseguró que va en contra de los compromisos asumidos en materia internacional y viola lo dispuesto por la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Este tipo de sentencia no sólo es “funcional a los intereses de los militares”, sino que contribuye a la “consolidación de la impunidad”, concluyó.



La persistente acción de bloqueo de la acción judicial por parte de la defensa de José Nino Gavazzo en el caso del asesinato por torturas de Eduardo Pérez Silvera comenzó en 2016 cuando pidieron al juzgado penal la clausura de la causa en la que debía comparecer como indagado argumentado que el delito había prescripto. El juzgado rechazó el pedido. El expediente pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, que confirmó la sentencia del Juzgado de primera instancia. Entonces la defensa presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. El 17 de mayo pasado la SCJ lo desestimó declarándolo inadmisible. Eduardo Pérez Silvera, conocido como el gordo Marcos, era salteño y militante del MLN. Detenido el 5 de mayo de 1974 fue torturado hasta la muerte en el Batallón de Artillería número 1 (La Paloma, Montevideo). Murió en el Hospital Militar pero las Fuerzas Armadas nunca entregaron el cuerpo. Causa: PÉREZ SILVEIRA Eduardo

            La SCJ también desestimó el recurso presentado con la misma intención por la defensa de uno de los indagados por el asesinato del militante del MLN Nelson Simón Berreta, detenido en la calle el 14 de julio de 1972. Causa: BERRETA Nelson Simón

            El 16 de mayo, con el voto discorde de Bernadette Minvielle y Felipe Hounie, la SCJ hizo lugar al pedido de la defensa de los indagados por la muerte de Walter Hugo Arteche para que declarara inconstitucional e inaplicable en ese caso los artículos 2 y 3 de la ley 18.831. Arteche era militante del MLN. Lo detuvieron en la calle el 19 de agosto de 1973 y lo llevaron al Batallón de Infantería número 1, Florida (Montevideo) donde fue torturado, según testimonio de un militante detenido con él, hasta la muerte. Causa: ARTECHE Hugo









Pobres números




Datos del INE sobre pobreza en discusión


CAMILA BELLO
16 junio 2018

La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la calidad del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni teléfonos pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que los resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión está intacta.

Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las personas no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien enseguida lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del Frente Amplio: "Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas adelante para atender a la población más necesitada", dijo. Al igual que todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que tres delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos fueron en mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y activaron las alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría estar en riesgo?

 La celebración de Vazquez

Los trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó un poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda sobre los datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares, de la que se desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron que la sección que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona hace más de un año, por lo que sus integrantes fueron reubicados en otras áreas: "Eso nos preocupa porque está vinculado con la calidad de los índices que emite el instituto", dijo uno de ellos.
La división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares seleccionada, con la intención de chequear los datos obtenidos en primera instancia por los encuestadores. Ante la consulta de El País, un grupo de técnicos del INE contestó, por escrito, que la sección fue clausurada a raíz de los avances tecnológicos, que hicieron que "algunos procedimientos (que utilizaban) quedaran obsoletos". A su vez, entendieron que "no era apropiado visitar nuevamente los hogares" ya que generaba "molestia y agotamiento" en los entrevistados. Si bien aseguraron que la calidad de los datos presentados en 2017 no estuvo en peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad empezará a funcionar a principios del próximo año.
La Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula, entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y servicios (alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden elementales para garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza es el umbral que determina el ingreso necesario para adquirir esa canasta, que se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Según cifras de abril de 2018, las personas que perciben más de $ 13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el interior urbano y más de $ 5.701 en el interior rural están por encima de esa línea. El 7,9% de los uruguayos que no logran alcanzarla son considerados pobres.
Por otra parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria, que incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales para satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras de abril de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo, menos de $ 3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior rural están bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se encuentra en esta situación.

Los datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando. Una forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos electrónicos que permiten chequear y cruzar la información en tiempo real. Esta tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de extrema inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los nuevos aparatos se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un celular y cuentan con "reglas de crítica". Esta herramienta habilita a los técnicos a controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que encuentra las inconsistencias que puedan responder los entrevistados: por ejemplo, notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18 años de educación.
Antes de que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del cuestionario, algo que insumía no solo el tiempo, sino también la paciencia del encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento y tenían que volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se escribían en papel y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la oficina del instituto, por lo que había riesgo de perderlos en el camino. El uso de la tecnología les ahorró tiempo, dinero y errores en las encuestas.
Hoy los datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos móviles, que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares seleccionados. Los datos recabados vuelven a relevamiento, que los revisa antes de entregárselos a la división crítica, que chequea una vez más la coherencia de la información y elabora un listado de encuestas en las que se declararon ingresos por fuera de lo esperable para las condiciones observadas. Esos hogares vuelven a ser entrevistados con el objetivo de controlar las respuestas originales. Un equipo técnico recibe la base de datos elaborada a partir de todos los cuestionarios y genera los índices, que deben ser aprobados por la dirección del instituto. Finalmente, el departamento de normalización y difusión arma el comunicado en el que se publican los hallazgos.


Entonces, ¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace tantos controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta Continua de Hogares "se está repensando" para ajustarla a la realidad actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán distintos a los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de los hogares seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no precisaron en su respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez que reestructuren esa área.
La directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el Parlamento que reabrir la sección de calidad "es importante". La jerarca afirmó que la reestructura de la división está en manos de la dirección de la Encuesta Continua de Hogares: "La idea es que en unos meses me hagan una propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que para principios del año que viene ya esté funcionado con los nuevos estándares. Hay que tener en cuenta que así como estamos repensando esto, las oficinas de estadística nos tenemos que estar repensando continuamente con este uso de la tecnología", agregó.

La otra campana.

En el sindicato del INE consideran que las condiciones laborales "deberían estar en el centro de la discusión" vinculada a la calidad de los datos. Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que afectan el instituto se resuelven "con más presupuesto y voluntad de negociación". El gremio mantuvo reuniones con la dirección del instituto, pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección General del Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.
Una de sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de su sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos. Uno de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores tienen que ir "varias veces" a los hogares para encontrar a los encuestados, por lo que un solo cuestionario puede insumir hasta ocho boletos de ómnibus. "Para declarar una encuesta desierta tenemos que ir cuatro veces y una de esas veces tiene que ser en fin de semana. Imaginate eso en zonas rurales de Montevideo como Punta Espinillo, o en el interior rural. Son miles de pesos al mes para trabajar", agregó.
El INE tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que de forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles que servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y no fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales, los funcionarios terminan dejando una carta con su número personal cuando no encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo compañeras suyas que fueron acosadas por teléfono por este motivo.
También hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso depende de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago determina que los trabajadores de campo del interior, que se desempeñan en zonas rurales y por ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El instituto paga $ 408 por cada formulario elaborado en áreas urbanas, mientras que en el ámbito rural cobran $ 612. El salario supeditado a la productividad, según el sindicato, genera inequidades entre los funcionarios, ya que no todos acceden a los mismos beneficios. Las garantías de alquiler a través de la Contaduría General de la Nación (CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya que muchos de los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de los cuestionarios que les encomienda el INE.
La dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver "con la naturaleza del trabajo" de los encuestadores. Las autoridades aseguraron que "la asociación de destajo y precariedad no es correcta", sobre todo porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían contratos eventuales de pocos meses de duración. Los expertos consideraron que todos los funcionarios del INE "gozan de los mismos derechos" que los demás empleados públicos.
El gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas situaciones se dan "debido a procesos administrativos propios del Estado", por lo que "no es posible" reemplazarlas de inmediato. "El instituto está tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre en el marco de la reglamentación vigente, con las limitaciones que esto implica", respondieron.
Los robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos. Esa póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE dijo en el Parlamento que harán un "esfuerzo presupuestal" y empezarán a otorgar un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.
El gremio está convencido de que la "precariedad laboral" genera impacto en los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo que la calidad de la información no debería ser puesta en duda porque los trabajadores "asumen la carga" y se sobreexigen para que no se note. Pero ese estrés al que están expuestos, sumado a "los sueldos sumergidos", terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.
"Esto es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los implementos que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de perros, los boletos pagos...", concluyó. "Hacemos lo que podemos".



Ser pobre en Montevideo no es igual al interior
El ingreso necesario para estar por encima de la línea de la pobreza es muy distinto dependiendo del lugar donde viva la persona. En Montevideo, alguien que percibe más de $ 13.019 ya no es considerado pobre, mientras que en el interior rural la cifra desciende a $ 5.701. ¿Por qué tanta diferencia? En el INE explicaron que la Canasta Básica Total se ajusta de acuerdo con los precios vigentes en cada región. Los bienes y servicios son más caros en la capital, lo que genera aumentos en el ingreso a percibir para tener las necesidades básicas satisfechas. Lo mismo ocurre con la línea de indigencia. A su vez, en el interior rural no se tiene en cuenta el costo de la vivienda para hacer el cálculo, ya que hay trabajos que la tienen incluida.




Trabajadores del INE se manifestaron en reclamo por atrasos de pagos, deudas y condiciones laborales y de seguridad


Movilización de trabajadores del Instituto de Estadística y Censo, en la Torre Ejecutiva

Ayer fue el primer día de concentración de los sindicalistas en la puerta del edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Torre Ejecutiva Norte. Los trabajadores del INE encargados de relevar y procesar los datos de las estadísticas oficiales resolvieron por unanimidad en una asamblea, el martes 10, declararse en preconflicto teniendo en cuenta las “múltiples” situaciones a las que se consideran expuestos y por las que no han obtenido respuesta del directorio de la institución.
Entre otras, se refieren al atraso y las deudas en los pagos, “inequidades horarias y salariales” al interior de la plantilla, los “pedidos no respondidos” de investigación administrativa, la falta de respuesta de la directiva ante el proyecto presentado sobre un protocolo de seguridad y salud para los trabajadores que hacen trabajo de campo, así como “necesidades presupuestales” tanto de los trabajadores como del instituto en sí.
Los sindicalistas afiliados a la Asociación de Empleados de Estadística y Censo defienden su rol en un comunicado de prensa en el que expresan que su trabajo “no sólo es un insumo fundamental para la elaboración e instrumentación de las políticas públicas, sino que también es utilizado tanto en el ámbito científico y académico de nuestro país e internacional, así como para las estadísticas comparadas a nivel mundial”. “Este producto es construido a partir del compromiso y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del INE –alrededor de un tercio destajistas–, quienes no siempre contamos con el apoyo institucional necesario y suficiente para realizarlo”, agregan.
También declaran haberles planteado la situación “repetidas veces” a las autoridades de la institución en un ámbito bipartito, pero sostienen que las situaciones descriptas “vuelven a repetirse”.
Esas situaciones, dicen, han ocurrido “frecuentemente”, algo que “no es justificable bajo ningún concepto”, menos aun cuando “se nos exigen parámetros de calidad y plazos que cumplimos en condiciones laborales que distan de ser las deseables y que implican un sobresfuerzo por parte de los trabajadores y trabajadoras, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también económico”.
Bajo este entendido y habiendo solicitado una audiencia a la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pretenden seguir concentrando todos los martes, de 9.00 a 10.00, y los jueves, de 16.00 a 17.00, al menos hasta que se oficialice el pago adeudado del módulo turismo interno de la Encuesta Continua de Hogares.
Los trabajadores agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado del PIT-CNT decidieron no hacer declaraciones a la prensa, salvo las comunicaciones institucionales que difunden por correo electrónico. Por otro lado, la directora del instituto, Laura Nalbarte, por intermedio de la secretaría, dijo que no hará declaraciones por el momento.