viernes, 14 de junio de 2024

Se rompió la máquina de humo


 Cerró la agencia de publicidad de Lacalle.


junio 12, 2024, periferiauy.blogspot.com/2024/06/urugua
Nicolás Centurión
 

A inicios del gobierno del derechista Luis Lacalle y por un período prolongado, su estrategia comunicacional fue infranqueable. Pequeños actos, sencillos, mediáticos, virales, hacían parte de la agenda presidencial y dotaban al mandatario de un halo de impermeabilidad. La oposición frenteamplista no acusaba el golpe de la derrota en 2019 y Lacalle se granjeaba por todos lados ostentando su banda presidencial.
Todo parecía fríamente calculado. Lacalle estaba blindado políticamente, todo sumaba a su imagen pública –que, pese a los sucesivos actos de corrupción- paradójicamente hoy sigue alta- y sus buenos modales. Incluso cuando surgía algún escándalo, el presidente parecía estar en un domo apartado de la realidad y ni siquiera era salpicado por lo que habían cometido funcionarios de su gobierno, ministros o personas de su confianza e íntimo entorno.



El frenteamplismo calificaba al gobierno como una “agencia de publicidad” que promocionaba más al presidente que a los eventuales logros gubernamentales. Otros, lo calificaban como una “máquina de humo” que pretendía desviar la atención de los índices y fracasos de la actual administración.

Lo cierto es que la máquina se rompió y la agencia de publicidad cerró. Se le acabó el tiempo al gobierno de Lacalle. Se secó de ideas, de propuestas y ahora solo apuesta a confrontar en este año de campaña electoral.


Todo tiene su inicio…

Volvamos a los inicios de este gobierno. Apenas 13 días después de la asunción, llegó la pandemia. Todos los días en horario central el Presidente Lacalle daba una conferencia de prensa y cuando no era él, lo hacía el Prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hoy candidato presidencial por el Partido Nacional y delfín de Lacalle.

Ambos marcaban la agenda y a pesar de que el covid se llevaba toda la atención y las preocupaciones, el Presidente lograba minutos todos los días en las televisiones de todos los uruguayos, sin que fuese un desgaste y transcurriendo los primeros días de gobierno en la llamada “luna de miel”.

Luego vino la andanada de pequeños sucesos que pretendían mostrar a Lacalle como alguien cercano, afable, pueblerino, simpático. Al contrario de su origen de alcurnia, de oligarca, hijo de presidente y de un linaje de políticos y una facción política con un fuerte sentido de clase. En resumen, quitarle el mote de “cheto”. Incluso se trabajó en su dicción y su tono de niño rico.

Entonces a Lacalle lo encontrábamos en un puesto de frutas y verduras descalzo, comprando, de barba y musculosa. Cuando le pedían una foto él mismo tomaba la selfie y ya lo dejó como marca registrada. Andaba en moto, surfeaba. Cualquier cosa que hacía, Lacalle tenía una cámara cerca y prendida para captar el momento. Hasta lo agarraron recogiendo un papel del suelo y dándoselo al propio camarógrafo casual. Un presidente ecologista, mire usted.


Y también su final…
Podemos poner como mojón, como inicio del fin la frase de Lacalle a raíz de una nueva filtración de chats que lo compromete con su excustodio -hoy preso por cuatro delitos- y que marca el estado de ánimo del gobierno: “La verdad que bailar al ritmo de la música de quienes filtran información parcializada ya nos tiene acalambrados”, dijo.

Esta frase denota hastío, cansancio y algo peor aún para el propio Lacalle: no está marcando agenda. Los tópicos de interés los está marcando el periodismo y no así el gobierno. El centro de debate pasa por los escándalos del gobierno que solo atina a echar culpas a las anteriores administraciones del Frente Amplio y donde a la táctica del Presidente -“no sabe nada”, “no tiene nada que ver”, o solo “pasó a saludar”- le van quedando pocos créditos.


Por otro lado, la oposición tampoco ha sabido imponer su agenda, sus propuestas y su confrontación al gobierno. Algunos sectores dentro del Frente Amplio ya se ven ganadores y han optado por no confrontar con el gobierno ahora, pero tampoco prácticamente desde que empezó. Estos sectores están enfocados en un entrismo, en las elecciones internas y en la campaña, pero la gente sigue sufriendo las políticas de este gobierno.

“FA actuará con “cautela republicana” y no emprenderá acciones judiciales por el seguimiento a Marcelo Abdala con conocimiento de Lacalle Pou” tituló La Diaria, refiriénose al escándalo del espionaje de la oficina del mandatario al presidente de la central obrera PIT-CNT.



“El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, señaló que tampoco se convocará a una movilización, por lo menos, antes de las elecciones internas, y reconoció que “muchos compañeros” piden “acciones más duras.”

“El juicio político requiere la configuración de un delito grave, y hasta ahora nosotros no hemos encontrado un delito grave”, sino “un conjunto de irregularidades que dañan la institucionalidad de la República”, afirmó. Según el presidente del FA, “la mejor forma de cambiar este estado de situación” es “cambiar el gobierno” en las urnas el próximo 27 de octubre.

Han pasado cuatro años y el periodismo ha sido el único que le ha colado una bala al chaleco de protección del gobierno de la coalición derechista. El sindicalismo ha podido poner algunos temas en debate y conseguir algún logro. La recolección de las firmas para el plebiscito por una reforma de la seguridad social son un hito, pero aun no está en debate. Recién cerca de las elecciones nacionales en octubre se discutirá sobre el tema.
Las propuestas en esta primer etapa de las elecciones han brillado por su ausencia y parece que la campaña del Frente Amplio será similar a la de la Coalición de derechas que triunfó en el 2019: unirse por el espanto que significa el adversario.


La agencia de publicidad cerró. La máquina de humo se rompió. El Frente Amplio no se enteró.






Los veinticinco mil pesistas

Pintura de Ernesto de la Córcova


 El 33 % de los uruguayos ocupados son «veinticincomilpesistas».

Según el procesamiento de datos que realizó el Instituto Cuesta Duarte, hay 548.000 ocupados que en 2023 percibieron remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal. En porcentaje, lo anterior supone que el 33% de las personas ocupadas son «veinticincomilpesistas». Al interior de ese universo, cerca de 166.000 personas no alcanzaron a superar los 15.000 pesos. En el otro extremo de las franjas consideradas, fueron aproximadamente 435.000 ocupados quienes ganaron más de 50.000 pesos líquidos durante el año pasado.

3 años gobernando para los ricos



 

La economista Alejandra Picco, del Instituto Cuesta –Duarte del PIT-CNT, expresó que en 2023 se registraron unos 548.000 ocupados con ingresos inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales. Esto representa un incremento de casi 100.000 “veinticinco mil pesistas” respecto a 2019. Los trabajadores que se encuentran en esa situación pertenecen mayoritariamente a los sectores agropecuarios, servicio doméstico, comercio, restaurantes y hoteles.

El Instituto Cuesta Duarte, de Investigación y Formación del PIT-CNT, presentó su informe de junio referido a los salarios en el año 2023.


En el estudio se expresa que mientras la economía ya superó los niveles prepandemia, algunos indicadores sociales como la pobreza y la desigualdad de ingresos muestran un “deterioro” respecto a 2019.

Según el informe, el mercado laboral uruguayo continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con remuneraciones sumergidas, fenómeno que se agravó desde 2019.

Se indica, asimismo que “en 2023 se registraron unos 548.000 ocupados con ingresos inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales, una cifra similar a la del año anterior, pero que representa un incremento de casi 100.000 veinticinco mil pesistas respecto a 2019”.

“Entre los asalariados, la cantidad de trabajadores con salarios sumergidos menores a 25.000 pesos líquidos al mes ascendió a 322.000, unos 47.000 más respecto a los observados en 2019”, se expresa en el estudio.

También se expone que los salarios sumergidos afectan en mayor medida a “los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres”.

Además, se presentan con mayor intensidad entre “los trabajadores privados y entre quienes no cotizan a la seguridad social”.

La desigualdad continuó creciendo

La economista Alejandra Picco explicó al Portal del PIT-CNT que el estudio se realizó con base en los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2023.

Dijo que el documento del Cuesta Duarte analiza los niveles de ingreso laboral vigentes en dicho período, a partir de la construcción de franjas de ingreso y la cuantificación específica del número de trabajadores que no alcanza los 25.000 pesos líquidos al mes.

“El INE siempre habla de la variación promedio de los salarios. Lo que nosotros hacemos es mirar cuál es el valor de estos salarios que van variando. En el último informe, que contiene datos disponibles hasta 2023, encontramos una cantidad de trabajadores con salarios sumergidos que consideramos como ‘veinticinco mil pesistas’, es decir, personas que ganan menos de 25.000 pesos líquidos por mes por 40 horas de trabajo semanales”, remarcó.

Picco expresó que, al comparar 2023 con 2019, año previo a la pandemia y a la actual administración de gobierno, se constata una mayor cantidad de trabajadores con salarios sumergidos, “aproximadamente unos 100.000 más”. Aunque remarcó que hay un mayor porcentaje de ocupados y asalariados en esos tramos de ingresos.

“Esto nos parece relevante, porque en 2023 el salario real, es decir, el poder de compra del salario promedio, volvió a los niveles de 2019”, dijo.

En tal sentido, la economista planteó dos hipótesis: una de ellas es que los nuevos puestos de trabajo que se fueron creando tienen salarios bajos; o que, en esa evolución o recuperación promedio salarial, los trabajadores con retribuciones más bajas fueron los más perjudicados y, por tanto, todavía no lograron volver a los niveles previos, lo que lleva a constatar un mayor número de trabajadores con salarios sumergidos.

“Lo que hay detrás de esto, en un contexto de recuperación económica, del empleo y del salario, es que vemos que indicadores sociales como la pobreza no se han terminado de recuperar. Obviamente, aumentaron por la pandemia, como en todos lados, pero en la mayor parte de los países de América Latina, con excepción de Argentina, ya volvieron a los niveles previos. Sin embargo, en Uruguay todavía tenemos niveles de pobreza superiores”, manifestó.

La economista remarcó que en materia de pobreza, Uruguay no fue una isla volviendo a los niveles pre pandemia. En el marco de la pandemia, “aumentaron tanto la pobreza como la desigualdad”. Luego, la pobreza comenzó a disminuir, aunque todavía no ha vuelto a los niveles previos, pero se encuentra un poco por debajo de los niveles alcanzados en 2020 y 2021. Mientras tanto, la desigualdad creció y continuó aumentando durante la recuperación económica.

“Los datos que vemos hoy nos hablan más de lo que sucedió durante la recuperación que de la pandemia misma. Esa recuperación de mayor riqueza y mayor Producto Bruto Interno (PBI) no les llegó a todos por igual y, a algunos, ni siquiera les permitió superar los niveles de pobreza”, explicó.

Agregó que el informe muestra que los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres. “Son tres desigualdades que observamos en el mercado de trabajo, tanto en el acceso al empleo como en la calidad de los puestos de trabajo. Cuando se accede al empleo, esos puestos suelen ser de peor calidad, lo cual está muy relacionado con la dificultad de acceder al mercado laboral; es decir, trabajos informales, inestables y con menores niveles de ingresos”.

Dijo que un dato que sorprendió a los investigadores ha sido constatar que en el año 2023, aunque se volvió a los niveles salariales previos, no fue un período de recuperación completa, ya que lo perdido en salarios no se ha recuperado. Sin embargo, hubo un aumento en el empleo. Esto plantea la pregunta de cómo se vinculan estos, que aparentemente serían mejores resultados del mercado de trabajo, con peores indicadores sociales.
Añadió que luego hay otros datos de naturaleza estructural que se refieren a los sectores de la economía donde hay una mayor cantidad de trabajadores “veinticinco mil pesistas”. En tal sentido, enumeró que afecta a los trabajadores del sector agropecuario, servicio doméstico, comercio, restaurantes y hoteles.

Los sectores de actividad más afectados, según porcentajes son: rural (50%), restoranes y hoteles (49%), comercio (48%) y servicio doméstico (42%).

El informe del Instituto Cuesta Duarte señala que el país necesita “un impulso más fuerte de la política salarial que a través de la negociación colectiva garantice incrementos reales importantes, con un énfasis mayor en el salario mínimo nacional y en las categorías más sumergidas de los diferentes sectores de actividad”.

Más de 900 mil trabajadores hundidos. Más de medio millón están desocupados,o en el seguro de paro, o subempleados o reciben en la mano por 40 hs. semanales menos de $16.200. Otros 380 mil reciben más de $ 16.200 pero menos de $ 27.000.

 

 

 

 

 

lunes, 10 de junio de 2024

Ojo con la IA

 

 

 La nueva presidenta de México enviando un saludo al pueblo ruso.

 

  • En Rusia hace rato que no es URSS.
  • La presidenta no tiene manos.



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https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2024/press-release-2024

Temas que por excelencia fueron tratados por la élite





El irresistible encanto del “hidrógeno verde”

 

Víctor L. Bacchetta
9 junio 2024, Sudestada

 

Bajo los loables fines de descarbonizar la economía y contener el cambio climático, Uruguay vive una ofensiva inversionista internacional de mayor alcance y consecuencias que la forestación.


Los 15 proyectos presentados para producir combustibles y productos derivados del hidrógeno y generar electricidad usando molinos de viento y paneles solares, serían solo el comienzo de la llamada Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en Uruguay, un nuevo cambio en la matriz productiva del país, que promete colocarlo a la vanguardia del planeta en materia ambiental, obteniendo ingresos extraordinarios por exportaciones y decenas de miles de nuevos empleos.


Sin embargo, no es una estrategia de desarrollo de la sociedad uruguaya ni un plan para salvar al planeta, es una campaña para abastecer el consumo energético incontenible del hemisferio norte, sobre todo de la Unión Europea (UE), agudizado hoy por motivaciones bélicas. La implantación en Uruguay de esta política por los gobernantes de turno está recorriendo un camino similar al que tuvo la introducción de la forestación y las plantas de celulosa asociadas en el país.


Este es el itinerario de la aparición del Hidrógeno Verde en Uruguay:


Las primeras decisiones sobre la estrategia del Hidrógeno Verde ocurrieron en la Comisión y el Parlamento europeos. Con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo, en diciembre de 2019, y la aprobación de Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra


, en julio de 2020, y de la Estrategia europea para el hidrógeno
, en mayo de 2021, se establecieron las bases de la política interior y exterior con el objetivo de que la UE liderara la iniciativa.


“La UE utilizará sus instrumentos diplomáticos y financieros para garantizar que las alianzas verdes formen parte de sus relaciones con África y otros países y regiones socios, especialmente en América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico”, afirmó la Comisión en 2019. “Al dar un ejemplo creíble respaldado por la diplomacia, la política comercial, la ayuda al desarrollo y otras políticas exteriores, la UE puede resultar un eficaz adalid en esta empresa”, expresó.


“La UE tiene un interés estratégico en situar el hidrógeno en un lugar destacado de la agenda de la política energética exterior”, declaró el Parlamento, en consonancia con lo anterior. Y agregó a continuación: “Un amplio acuerdo con socios internacionales será esencial para establecer las condiciones para el surgimiento de un mercado mundial basado en normas que contribuya a garantizar un suministro de hidrógeno seguro y competitivo para el mercado de la UE”.


La estrategia europea hace, por último, “hincapié en que el papel de liderazgo de la Unión en la producción de tecnologías de hidrógeno brinda la oportunidad de promover el liderazgo industrial y la innovación de la Unión a nivel mundial”.

Y subraya que debe “darse prioridad a la creación de una cadena de suministro de hidrógeno renovable en la Unión para fomentar las ventajas del pionero, la competitividad industrial y la seguridad del suministro de energía”.


Intermediarios y consultores

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encarga, como hizo con la forestación, de crear condiciones propicias en la región. Proyectos tales como “Promoción del Mercado de Hidrógeno Verde en los países de LAC”, en 2020, “Una facilidad financiera de hidrógeno verde para acelerar la descarbonización de América Latina y el Caribe mediante la recuperación verde”e “Integración regional de la cadena de valor del hidrógeno verde”, en 2021, marcaron la pauta.


Para Uruguay, la Estrategia del Grupo BID con el país 2021-2025, publicada en junio de 2021, propuso “fomentar la innovación empresarial y la promoción de sectores estratégicos con alto valor agregado con énfasis en el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales y verdes (como las TIC, la biotecnología y el sistema de hidrógeno verde, entre otros)”.
Los técnicos del BID participan activamente en la definición de la política de hidrógeno verde del país.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó, en noviembre de 2021, el informe Hidrógeno Verde: Un paso natural para Uruguay hacia la descarbonización, que resumía las conclusiones del estudio de prefactibilidad de exportación de hidrógeno verde del país. El análisis fue realizado junto con el BID y el Puerto de Róterdam, que pretende convertirse en el principal centro de importación de hidrógeno para abastecer el consumo de energía de Europa.


El BID introdujo un tercer actor, la firma estadounidense McKinsey & Co. , una de las consultoras de estrategia más prestigiosas a nivel global. Para los que conciben la economía como un plan de negocios, las consultoras saben más que los funcionarios públicos, más incluso que ministros y presidentes Al ser adoptado por organismos internacionales y gobiernos, la consecuencia de este enfoque es que las consultoras pasan a dirigir las políticas económicas nacionales.


McKinsey es la estrella del hidrógeno verde en los foros oficiales de la región. En 2022, abrió en Montevideo la filial para aconsejar a Uruguay, Bolivia y Paraguay. “Asesoramos en ASG (temas ambientales, sociales y de gobernanza)”, dijo el socio Alberto Fernández. “Es súper relevante darles una versión pragmática, implementable", agregó. Como anécdota, ese mismo año, en Francia, McKinsey fue acusada de usar un montaje financiero para evadir impuestos.


El BID publicó en 2022 el documento Hidrógeno Verde y el potencial para Uruguay , basado en los insumos proporcionados por McKinsey, con el apoyo de la Dirección Nacional de Energía del MIEM y el BID, para la elaboración de la política del país. En junio de ese año, el MIEM presentó oficialmente la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde
, en la que afirma que “Uruguay tiene la visión de convertirse en un país exportador de hidrógeno y productos derivados” (sic).

El carácter de país anfitrión


A fines de 2020, los países de la región incorporados a la economía del hidrógeno eran Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica, Uruguay no aparecía. Desde fines de 2021, con la impronta del BID y McKinsey, el gobierno uruguayo desplegó varias iniciativas para ponerse a tono. En marzo de 2022 el MIEM, el LATU y la ANII, inauguraron el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, con el objetivo de financiar proyectos de investigación, innovación y formación en esta temática.


En junio, el MIEM organizó el seminario “La estrategia del hidrógeno alemana” y, en noviembre, firmó un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania para cooperar en ciencia, investigación e innovación, incluyendo el hidrógeno verde entre otros. En diciembre, el Poder Ejecutivo aprobó el Programa H2U y convocó a todos los organismos públicos vinculados a esta temática a trabajar de forma coordinada.


En marzo de 2023, el MIEM acordó con el Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de Alemania una Energy Partnership para el intercambio y acciones en hidrógeno verde, movilidad eléctrica y almacenamiento en baterías. En mayo, el MIEM, el MTOP y la ANP suscribieron otro Memorándum de Entendimiento con el Puerto de Róterdam y técnicos uruguayos de diversas instituciones participaron en una capacitación sobre hidrógeno verde en Japón.


En julio, el canciller Francisco Bustillo y la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, firmaron un Memorándum de Entendimiento para cooperar en energías renovables e hidrógeno verde, en presencia de la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen y del presidente Luis Lacalle Pou. Este mismo mes, Uruguay adhirió a una declaración del Foro Internacional del Comercio del Hidrógeno donde varios países plantearon acelerar el comercio de hidrógeno.

Mientras el MIEM, junto con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la Corporación Andina de Fomento, evalúan la contratación de estudios específicos para avanzar en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y los incentivos fiscales para promover esas inversiones, desde la academia. las tres universidades organizaron cursos sobre el tema y la RedH2Uy incula a investigadores e investigadoras enfocados en los temas de la producción y el uso del hidrógeno.


La ofensiva del hidrógeno verde en la región no apunta solo a Uruguay, Chile se destacó primero, se sumaron Argentina, Brasil y otros. Se instaura una competencia por ver cuál es el que tiene condiciones óptimas para atraer las inversiones en juego. En esta carrera los gobiernos rebajan sus beneficios e hipotecan no solo recursos sino también derechos y soberanía. En Uruguay se manifiesta en las cláusulas de confidencialidad y el secreto de los contratos.





sábado, 8 de junio de 2024

De espaldas al mar

Barcos pesqueros frenados en el puerto

 

15 trabajadores resultaron heridos en la mañana de hoy por parte de la policía, con golpes y balas denominadas “cartuchos menos letales”.
Como ustedes saben, yo fui uno de esos heridos, con tres disparos a una distancia de tres metros.
Solo uno más, de 15.
Esta acción represiva, desmedida y absolutamente evitable, se produjo en el contexto de una movilización pacífica en las puertas del ministerio de trabajo.
Los sindicatos convocantes, vinculados a la actividad pesquera y marítima, hace 6 meses que están sin poder trabajar por una decisión unilateral del sector empresarial, que ha detenido toda la flota para reclamar prebendas y exoneraciones. Usando la tragedia de los trabajadores como fuerza de presión para el logro de sus objetivos rentísticos.
La amplia mayoría de estos trabajadores hace tiempo que ya no tienen seguro de paro y otros tantos, por la precariedad del modo de empleo que existe en el sector, ni siquiera tuvieron acceso a ese derecho.
6 meses sin salario son180 días de malabarismos para pagar la comida, la luz y el agua.
6 meses acumulando deudas y amarguras familiares. Viendo como la desesperación entra a las puertas de sus casas y se empecina en arruinarlo todo.
¿Como no solidarizarse?
¿Cómo no sentir esa angustia como propia?
¿Cómo no estar ahí, con ellos, acompañado una lucha justa, legítima y fundamental?
Pasada la hora de estar ahí y cuando estaba por retirarme de la movilización, estando ya próximo a la otra esquina, siento ruidos de disparos.
Al mirar para atrás, veo el tumulto y el revuelo de palos y empujones. En ese mismo momento resolví ir hasta el lugar a tratar de ayudar para que cesara la represión. Ya en el lugar, al que llego de modo totalmente pacífico y pidiendo calma, recibo los tres tiros en la pierna. Una agresión irracional, injustificada y lamentable.
¿Duele?
Si.
Pero, pasadas las horas, será lo de menos.
Lo grave, lo que más duele, es que se les pegue a trabajadores por reclamar su derecho al trabajo. Que se use la fuerza bruta para imponer una orden de gobierno, al mismo tiempo que el ministerio de trabajo tiene 180 días de omisión acumulada con los trabajadores, ¡¡que lo único que quieren es TRABAJAR!!
Siempre voy a estar del lado de los trabajadores y con ellos está echada mi suerte.
Vamos a reclamar que haya justicia contra esta represión infame, pero mas vamos a seguir reclamando soluciones reales y serias para los legítimos derechos de los trabajadores.
El gobierno tiene que hacerse cargo.
Por último, quiero agradecer todo el cariño recibido en estas horas.
Voy a usar para ello esta palabra tan linda: gracias!!
Hasta que la dignidad se haga costumbre!!
Sergio Sommaruga



El País Qué pasa 8 junio 2024
Medio año con la flota paralizada: la inédita situación de la pesca uruguaya, con 2.000 empleos en juego
 

Mientras los trabajadores denuncian ser "rehenes" de un "lock out patronal", las empresas alegan que sin reestructura su sector es "inviable"; gobierno propone medidas de alivio a las empresas para "capear el temporal" este año, pero falta cerrar un nuevo convenio colectivo.

Un joven, megáfono en mano, camina en círculos por la calle y desafía a los diez policías que —vestidos de negro, con casco, pasamontañas y escudo en mano— se acercan, sigilosos, hasta la esquina de Juncal y Cerrito, en la Ciudad Vieja de Montevideo.

—¡Los pescadores solo queremos pescar! ¡¿Qué es lo complicado?!

Puertas adentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una delegación de trabajadores de la pesca, empresarios y representantes del gobierno están —se supone— a punto de iniciar una reunión para intentar destrabar un conflicto que tiene hace más de seis meses a decenas de barcos frenados en el puerto de la capital, no muy lejos de allí. Afuera, los sindicatos se hacen escuchar. Suenan cánticos, bombos y redoblantes, pirotecnia, y hasta una cuerda de tambores con dos hombres y un niño.

Pero la tensión —ya se nota— está a punto de escalar.

El hombre del megáfono lo sabe.

—¡Queremos trabajar, no enfrentarnos con la Policía!

Los diez efectivos escuchan y esperan, quietos, durante varios minutos, hasta que reciben la orden de avanzar. De moverse para impedir el corte de la calle. Los trabajadores se interponen. Entonces empiezan los empujones, los insultos y, en un instante, la acera frente al ministerio se transforma en un gran campo de batalla: vuelan balas de goma, pedradas, baldosas y un termo. Los policías y los manifestantes se pegan, discuten. En el tumulto, uno de los trabajadores aprieta los dedos y se acerca la mano a la boca.

—¡Hambre! ¡Tenemos hambre!

En cuestión de minutos, los efectivos logran dominar la entrada al ministerio y asegurar la circulación.

La reunión se suspende antes de comenzar.

De espaldas al mar

Uruguay tiene el doble de superficie marítima que territorial: por cada metro cuadrado de tierra hay algo más de dos metros cuadrados de aguas. Pero el país que nació siendo puerto, dicen algunos, vive de espaldas al mar.

Así explican, al menos, cómo se llegó a la situación de estos días, con casi la totalidad de la flota pesquera industrial paralizada hace más de seis meses. Es una situación inédita. Los vaivenes del mar siempre hicieron de la pesca una industria fluctuante, con mejores y peores rachas. Pero nunca habían llegado a este punto, con unas 2.000 personas sin trabajar y a la espera de que se destrabe un conflicto en el que empresarios y trabajadores se echan las responsabilidades los unos a los otros, con el gobierno en el medio.

Los trabajadores dicen que son rehenes de un “lock out patronal”. Que las empresas denunciaron los convenios en diciembre y no salieron más a la mar hasta que el gobierno les asegurara alivios financieros.

Los empresarios dicen que los números no cierran. Que no pueden salir a pérdida. Que les es más rentable —si así se le puede llamar a perder pero menos— dejar los barcos frenados. Que los meses de mayor zafra, un período que comienza ahora con la llegada de aguas más frías, son los únicos en los que pueden obtener un balance positivo, y que sin cambios no podrían seguir operando en meses de menor trabajo.

En el gobierno dicen que han acercado propuestas, y que están más próximos a una solución, pero que todavía no se puede dar nada por sentado.

En el tironeo, el pescado sin capturar es una pérdida económica, sin retorno, para el país y, en algunos casos concretos, incluso un pequeño regalo para pesqueros argentinos que pueden aprovechar las cuotas no explotadas por Uruguay 

SIN PESCAR

Pérdida para Uruguay, ¿ganancia para Argentina?

El pescado que no se captura es un recurso económico que se desaprovecha. Y según Álvaro Irazoqui, de la Dinara, puede beneficiar en parte a la pesca argentina.

“En la corvina se establece un cupo máximo de captura que se divide entre los dos países. De los últimos tres o cuatro años no se ha llegado a cumplir toda la cuota. Si Uruguay no la aprovecha, lo pesca Argentina”, afirma el jerarca. El balance, dice, se administra en la Comisión Mixta.

“En cualquier caso es no aprovechar un recurso explotable que genera mucho empleo”.

Capricho o necesidad

Antes de seguir, es conveniente detenerse en quién es quién en la industria pesquera.

Del lado de los empresarios, hay dos grandes grupos, representados por la Cámara de la Industria Pesquera (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU). Por un lado están las plantas industriales, que procesan el pescado capturado; por otro lado, las “armadoras”, que son las propietarias y operadoras de los barcos. En algunos casos, se da que las empresas tienen las dos patas de la industria: es decir, son propietarias de plantas procesadoras y también de los barcos.

Las empresas se dividen en dos tipos de pesca. Por un lado está la “pesca de altura”: son barcos grandes, con los congeladores a bordo y pescan, en ultramar, productos como merluza y calamar. En los últimos años, a esa producción se le “alinearon los astros”, con alta demanda y precios internacionales. Por otro lado está la "pesca costera", que representa casi 80% de la flota. Esos barcos pescan sobre todo corvina y vuelven a tierra con el pescado fresco. Son, según los consultados, los que más alimentan la actividad de las plantas y los trabajos indirectos, y los que presentan mayores problemas económicos.


Del lado de los trabajadores, los grupos son tres: marineros, maquinistas y patrones. Los marineros son los encargados de amarrar y desamarrar las embarcaciones, levantar y separar el pescado que captura cada embarcación, y quienes luego lo llevan a las cámaras de congelado. Los maquinistas se encargan del mantenimiento de los barcos. Los patrones, en el rubro de la pesca, son empleados: quienes manejan los barcos. Cada uno de esos grupos tiene su propio sindicato, y están nucleados en la Intergremial Marítima.

El potencial de la pesca, coinciden unos y otros, está “subexplotado”. Lejos de florecer, el sector viene en declive. De los 130 barcos que había dedicados a la industria hasta no hace mucho, hoy quedan 54, de los cuales 33 son de pesca costera. Antes las plantas llegaban casi a 20. Hoy son cinco grandes y algunas otras pequeñas.

“Es un problema que se viene arrastrando hace muchos años, pero ahora explotó”, resume Álvaro Irazoqui, director nacional de Recursos Acuáticos. Lo sabe bien porque fue justo en diciembre de 2023, cuando él asumió el cargo en la Dinara, que las empresas comunicaron su decisión de frenar las salidas al mar, y denunciaron el convenio.

Las cámaras enviaron notas a la Administración Nacional de Puertos (ANP), el MTSS, la Dinara, el Banco de Seguros (BSE) y Prefectura, señalando la “inminente inviabilidad del sector pesquero”. “Si es más caro trabajar que estar parados, seguiremos parados hasta que quienes tienen que decidir sobre el futuro del sector lo hagan, permitiendo que salga adelante”, escribieron en uno de sus comunicados.


Carlos Olivera, representante de CIPU y vocero de las cámaras, enumera algunos de los factores que los empresarios identifican como obstáculos para la producción: un “excesivo peso del Estado”, normativas “vetustas” y “prohibitivas”, aportes jubilatorios que implican “sobrecostos” (como la jubilación bonificada, un extra que deben pagar las empresas bajo el entendido de que la pesca es una actividad de riesgo), multas “excesivas”, y “abusos” en las indemnizaciones por accidentes.

“El Estado ha sido hostil al sector. Por ejemplo, la jubilación bonificada lo tiene el 100% de la masa salarial de trabajadores embarcados, mientras que en otros sectores, por ejemplo la salud, es solo para el radiólogo”, dice el empresario.

“Con los seguros de accidentes, es la segunda tasa más alta que tiene el Banco de Seguros y eso se debe a que se incentiva la falsa denuncia. Se calcula por los mejores seis meses anteriores, y como el sector pesquero es zafral, pasa que los trabajadores se lastiman casualmente después de la zafra. Muchas veces es más alto ese subsidio que lo que ganan trabajando en baja temporada”, afirma. Olivera dice que han elaborado estudios que comprueban esas situaciones, pero que por el momento han decidido no compartirlos.

En la vereda de enfrente, los trabajadores dicen ser rehenes del “capricho” de empresarios que solo quieren “más beneficios”. “No se hacen cargo de las malas gerencias y pretenden que carguemos el costo el resto de la sociedad. Es difícil una negociación cuando hay una parte que dice, a modo de niño caprichoso: si no me das todo lo que quiero no puedo salir”, dice Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).

Para cada argumento empresarial, hay un contraargumento de los sindicatos de la pesca. Afirman que lo de las falsas denuncias de accidentes es mentira, y que lo que ocurre es que trabajan en condiciones “deplorables”, algunas “dignas del siglo XIX”, y que muchas veces recién denuncian cuando terminan los meses de mayor trabajo, para no perder esa remuneración. Dicen también que la pesca sí es rentable, y que así lo demuestran dos empresas que firmaron convenios bipartitos, han salido a pescar, y en estos días volvieron con las cargas “completas”.

Olivera retruca que “completar el barco no quiere decir ganar dinero”. “Puede que lo que me cuesta sacar el barco sea mayor a lo que obtengo por ese pescado”.

—¿Tener los barcos frenados no es pérdida también?

—Perdés menos. Cuando estás parado tenés los gastos fijos y al personal en seguro de paro. Ponele que tenemos muy reducida la cantidad de administrativos, algunos trabajadores de mantenimiento. Pero pasás de 200 a 10, y apagás todos los compresores, las cámaras de frío. Te hacés bicho bolita...

Habilitaciones

Los permisos en debate

Uno de los reclamos de los trabajadores tiene que ver con los permisos que usufructúan las empresas para poder pescar. "Si los armadores dicen que no es rentable, que devuelvan los permisos de pesca y que se pongan en licitación para los que quieran venir", dice Facundo Montaña, del Centro de Maquinistas Navales.

El artículo 37° de la ley 19.175 dice que "la inactividad de una embarcación en pesquerías, durante el período que determine la reglamentación de acuerdo a cada especie objetivo, el cual no podrá exceder de ciento ochenta días, conllevará la caducidad del permiso, salvo ante la ocurrencia de caso fortuito, fuerza mayor u otra razón fundada, debidamente comprobados".

Los empresarios sostienen que la actual situación —la baja rentabilidad— encuadra en lo que la ley prevé como casos de "fuerza mayor u otra razón fundada".

Por su parte, Irazoqui dice que un permiso de pesca "no se puede renovar así nomás". "Hay especies que están declaradas plenamente explotadas. Si mañana se va una empresa, el permiso no se renueva así nomás. En algunos casos pueden pasar dos o tres años. El gobierno está intentando conservar las fuentes de trabajo", dice a El País.

Al agua

¿Qué se necesita para volver al mar? Depende a quién se le pregunte.

Los trabajadores aducen que la llave la tienen los empresarios y el gobierno. Y los critican a los dos. A los primeros los acusan de tomarlos de “rehenes”; a los segundos, de “empujar siempre para el lado empresarial”.

Desde el gobierno dicen que ha habido dos caminos paralelos: por un lado, la Dinara articuló la búsqueda de soluciones a los reclamos de fondo del empresariado, y por otro, el Ministerio de Trabajo se ha enfocado en la negociación de un nuevo convenio y la habilitación de seguros de paro especiales.

Sobre lo primero, Irazoqui dice que el viernes pasado, luego de una primera oferta que no había sido aceptada por las cámaras, los empresarios dieron el visto bueno a una nueva propuesta de las autoridades, que contiene algunas medidas para paliar la situación financiera, “capear el temporal” durante este año, y fijar una comisión para estudiar medidas estructurales a mediano plazo.

“Acordamos eso con los empresarios y se optó por citar urgente al Consejo de Salarios. A eso iba la reunión del miércoles. Pero se tuvo que suspender”, dice Irazoqui.

Según el jerarca de Dinara, la pelota ahora está en cancha del Ministerio de Trabajo y la negociación que surja allí.

Pero ahí empiezan las diferencias. Así lo resume Guillermo Cal, uno de los negociadores del Ministerio de Trabajo: “Los trabajadores dicen que las empresas no sacan los barcos y que es un lockout patronal. Los empresarios dicen que no salen porque los barcos no se liberan”.

Ante el reclamo de los sindicatos, el MTSS habilitó seguros de paro especiales para aquellos trabajadores que, por una razón u otra, no estuvieran amparados por la cobertura convencional. Sin embargo, en algunos casos pasó que el BPS no pudo dar de alta los beneficios porque las empresas los mantenían en planilla. El argumento de los empresarios era que los trabajadores habían convocado a su asamblea anual en abril y todavía estaban “en medida”.

“Enviamos nuevos convenios en enero y no atendieron las propuestas. Quieren que firmemos cosas que no podemos firmar”, dice Olivera.

Los empresarios dicen estar dispuestos a firmar un nuevo convenio por dos o tres años, pero siempre y cuando sea “sostenible”. “La intención es salir, pero necesitamos un convenio que sea sostenible. Si no, ¿qué hacemos en setiembre? ¿Paramos de nuevo? No podemos tener una ecuación que sea viable solo durante tres meses. Si los trabajadores quieren trabajar todo el año, la pesca hay que transformarla. No aguanta más parches”, afirma el empresario.

Irazoqui intercede diciendo que "la crisis de la pesca es real" y que "nadie frena seis meses por capricho". Al mismo tiempo, señala que la reestructura del sector no puede ser en base a renuncias de los trabajadores, que además en su gran mayoría trabajan "a la parte", es decir, en función de lo que se procesa.

Pintos, por los sindicatos, dice que “el paquete no se arregla dándole solo al empresario”. “Hay que darle algo también algo al trabajador, que viene con pérdidas salariales importantes”.

Lo mejor de la zafra para la industria está por empezar, si aún no lo ha hecho. Se estira, como mucho hasta setiembre. Las autoridades confían en poder tener soluciones en las próximas semanas. El pescado espera en el agua y los barcos siguen amarrados.