lunes, 27 de junio de 2022

Lazos con Inglaterra

Lacalle Pou se lanzó a la conquista del mundo

 

Tiempo Argentino 26 junio 2022

Por: Andrés Gaudín

 

 Gran Bretaña pisa fuerte en Uruguay: las Malvinas dejaron de ser «usurpadas»
Una declaración legislativa del FA está frenada por el oficialismo desde el 2 de abril por que menciona ese término en la acción inglesa en las islas. El viaje de Lacalle a Londres ahondó los lazos.

Tras apoyar históricamente el reclamo argentino sobre la soberanía en las islas Malvinas, Uruguay ensaya una inesperada marcha atrás en un tema en el que toda América Latina ha hecho causa común. Días antes del 40 aniversario del 2 de abril, y llevado quizás por la magia que irradian los recordatorios terminados en cero, el Frente Amplio (FA) impulsó una declaración legislativa para reafirmar la posición uruguaya ante la “usurpación británica de las islas”. El Partido Nacional (Blanco) del presidente Luis Lacalle Pou frenó la intención del FA y, con suerte, la declaración podría votarse en la primera semana de julio. Apoyado en su mayoría parlamentaria, Lacalle logrará que la declaración final excluya el término “usurpación”, que sería reemplazado no se sabe todavía por cuál.


Para los uruguayos fue una novedad que, como en el siglo XIX, cuando era la potencia dominante, Gran Bretaña –el reino, el Estado, sus agentes, sus empresas– volviera a pisar fuerte en el país con el auspicio del presidente y su partido. La nueva realidad, en verdad la remake, quedó oficialmente blanqueada el 25 de mayo, cuando se dijo que el presidente viajaría a Londres, para permanecer tres días allí. No haría escalas en otro país europeo y llegaría sólo para encontrarse un rato con la desfalleciente pero aún representativa figura política del primer ministro Boris Johnson y sacarse la tan ansiada postal en la puerta del 10 de Downing Street, uno de los sitios en los que durante 400 años se cocinaron los destinos del mundo. Y, por fin, acercarse a Clarence House para conocer al príncipe Carlos.

Cuando en el Palacio Legislativo todos pensaban que la propuesta sería votada sobre tablas, apareció el senador Gustavo Penadés, un fiel ladero de Lacalle, para objetar varios aspectos del texto a votar, especialmente donde denuncia la “sostenida usurpación de las islas y su espacio marítimo circundante por parte de Gran Bretaña”, en lo que constituye uno de los últimos enclaves coloniales. Eso de “usurpación” no les gusta ni al gobierno ni a los blancos. En una propuesta alternativa dicen que respaldan el reclamo argentino y hablan de “territorios en disputa”. Sin embargo, se refieren a “la necesidad de que los gobiernos reanuden las negociaciones sobre la soberanía para hallar una solución pacífica”.


En su texto, el FA cita una declaración de la UNASUR del 30 de diciembre de 2012, en la que el organismo reiteró su respaldo a “los legítimos derechos de Argentina” y ratificó “el permanente interés regional de que Gran Bretaña se avenga a reanudar negociaciones para llegar a una solución pacífica”. Los blancos prefieren remitirse a una resolución de la OEA aprobada el 12 de noviembre del año pasado a instancias de su secretario, Luis Almagro. En ella se subraya el “interés de colaborar mediante los máximos esfuerzos con las más altas acciones diplomáticas” de la República Argentina siempre que las mismas estén amparadas en la paz y en los principios del derecho internacional”. Son bien diferentes.


Cuando este manoseo político vio sus primeros capítulos, la cancillería uruguaya ya estaba negociando la agenda del viaje de Lacalle. Haber aceptado el uso del concepto de “usurpar” era demasiado. Y así lo muestra lo que siguió. Según un despacho de la agencia Télam del 21 de mayo, en el que cita “fuentes oficiales uruguayas” sin identificar, el encuentro Johnson-Lacalle servirá para ahondar “vínculos económicos y comerciales, y aunque no hay expectativas concretas acerca de un tratado de libre comercio, el tema estará presente”. A fines de 2021, en Montevideo, el ministro británico de Comercio, Ranil Jayawardena, dijo que su visita buscaba “iniciar un diálogo bilateral para aumentar el intercambio de bienes y servicios”. Bilateral, es decir, puenteando al Mercosur. Lacalle lo aceptó.


En el grupo legislativo que sigue revisando los términos en los que acabará la declaración de respaldo a Argentina, ven con preocupación, y ligan un tema con el otro, que durante la visita de Lacalle se haya firmado un acuerdo de defensa recíproca. “¿Uruguay, solidario con Argentina, apegado a la vía diplomática, firma un tratado de defensa con la potencia ocupante? ¿Para defendernos de quién? ¿De Argentina?”, se preguntó el ex embajador en Buenos Aires, Juan Raúl Ferreira, en una nota del semanario uruguayo Caras y Caretas. Lo concreto y oficial es que el 25 de mayo Lacalle y Johnson asumieron el compromiso de “mejorar la cooperación en defensa y seguridad en asuntos de interés mutuo” y Londres se comprometió a invertir en la “capacitación de las fuerzas armadas uruguayas”.



Esta actitud inamistosa hacia Argentina se da tras la visita a Londres y en un contexto que apunta contra la misma historia. Trata de imponer la Ameripol, una especie de Plan Cóndor policial que en el norte opera como Europol. Intenta favorecer a una empresa desconocida para que monte un formidable negocio inmobiliario-turístico construyendo una isla artificial en las costas de Montevideo, Canelones o Colonia. Pese a la falta de interesados, insiste en el llamado a licitación para la construcción de un hotel de cinco estrellas en la costa atlántica de Rocha. Rompe el monopolio histórico estatal en la prestación del servicio de internet para favorecer a operadores de cable y a las empresas Claro y Movistar. Entrega a petroleras británicas la exploración marítima. Todo vale en esta especie de quién da más.

La conquista del mundo vale cara
A punto de llegar a la mitad de su mandato sin haber iniciado todavía la construcción del “glorioso nuevo Uruguay” prometido durante la campaña electoral, y ante la falta de algún resultado interno que atempere la persistente caída que registran los sondeos, el presidente Luis Lacalle Pou se lanzó a la conquista del mundo. Y, salvo cuando se abre generoso a la entrega de la soberanía nacional, no encuentra eco. Arremete sobre todo aquello que en una potencial agenda diga TLC, las tres letras mágicas que nombran a los Tratados de Libre Comercio. Pero no siempre está bien asesorado, mete la pata y muchos mal pensados dicen que la mano también, a causa de una cancillería que le erra hasta en las fechas.


 Que se haya fotografiado con el primer ministro Boris Johnson el 25 de mayo en Londres, sin citar a Malvinas cuando aquí su vecino celebraba el día patrio, no habla bien de quién organizó el viaje, el canciller Francisco Bustillo, que además fue embajador uruguayo en Argentina. Tampoco habla bien del propio Lacalle, porque ningún uruguayo puede ignorar el significado de esa fecha. Lo grave es que Bustillo venía de otra también grave. Agendó una injustificada visita del canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu para el 24 de abril, justo el día de 1915 en el que se inició el genocidio turco del pueblo armenio. Lo hizo pese a las advertencias de la comunidad armenia, la más numerosa y activa en los países americanos.
La colectividad armenia se expresó en todos los sitios donde el visitante hizo escala. En la céntrica Plaza Independencia Çavuşoğlu se asomó por la ventanilla de su auto y durante al menos un minuto sonrió burlonamente, mientras hacía la señal de guerra de los Lobos Grises, los nazis turcos que tienen la entrada prohibida hasta en Austria. Al día siguiente el visitante fue recibido por Bustillo. Del ofensivo gesto ni se habló. El comunicado oficial dijo que, además de “un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, los ministros convinieron el comienzo de las negociaciones de cara a la firma de un Tratado de Libre Comercio”. Como siempre, las tres sacrosantas letras que inicialan las buenas relaciones.

 





domingo, 26 de junio de 2022

Asi televisa Tenfield

 



La imagen que Tenfield eligió no mostrar


El Villa hoy saliendo a la cancha!!! 

El Villa somos todos!! 

Arriba los que luchan!!!

 >>> Intervengan esta


 Hoy jugó Villa Española Oficial su primer partido después de la intervención y los futbolistas salieron a la cancha con carteles que tenian distintas consignas.


 

Como soy nuevo agarre un veterano tranquilo y pregunte quienes eran, los que insultaban y a quienes dirigían los insultos Me dice ese es el gordo Mario siempre es así, no dejaba de putear a la directiva, al Bigote , había otro flaquito más nervioso me dice ese es Beltrán

Me seguía tirando nombres y me dice, mira esto esta todo armado para que estos muchachos se vayan si o si del club y hay gente pesada en la vuelta ese de campera azul es Alejandro Suarez, es bravo pesado, pesado

Le pregunté por los denunciantes, quería verles la cara me dice, Umpierrez esta ahí y estaba junto a este Suárez, el flaquito nervioso, el tal Mario y varios gurises que solo insultaban al viento en todo momento, esa es Leonarda no esta bien de la cabeza pero siempre esta 

El que salió en todos los canales le pregunte? Me dice , ese no viene a los partidos no le interesa el fútbol y la otra veterana la están usando. Gracias a que grabe la conversa me quede con mucho insumo para hacer este hilo

El final cuando vi a los saxos y la cuerda de tambores me encantó y quedé posicionado sobre el túnel para ver a los jugadores de cerca pero ahí se desmadro todo. Los que insultaban quisieron meterse de pesado por donde pasaban los jugadores para hacer no se qué

Pero no parecía nada bueno si eso sucedía. Insultos a jugadores especialmente al bigote, a los dirigentes y el grito más evidente era si el MEC no los echa los vamos a sacar nosotros Claramente entendí que esto no es político, que no es un tema de estatutos 

En Villa Española el problema es de poder, de gobernar y desde ahí tener la posibilidad de tomar decisiones, cual no las se pero lo económico, la vinculación con Tenfield y el mandar yo por encima de todos parece ser el objetivo   

Omar Cazaré: "En las asambleas el clima fue espeso y hubo amenazas"  




 

 

 

 

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sábado, 25 de junio de 2022

¿Dónde está Elena Quinteros?

 

A 46 años de su secuestro.


El memorándum secreto que sigue acusando

La Diaria 25 de junio 2022

Milton Romani Gerner


Hace 46 años que reclamamos. Un absurdo, un despropósito. Insistir con este pedido humanitario abruma. Lo hicimos en la calle, en el exterior, en todos los foros, en la Justicia. Tota ya no está. Como muchas madres y abuelas que se han ido sin saber dónde están sus hijos e hijas. El silencio y ocultamiento, similar a la omertà, mafiosa ha sido la respuesta no sólo de los integrantes de las Fuerzas Armadas, también de una buena parte del sistema político encabezado por Julio María Sanguinetti. Hay pruebas.

Se insiste con que no hay forma de saber la verdad, con que no existen registros de una actividad ilegal como la desaparición. Que los que saben no hablan. Falso: todo está registrado.

Es evidencia: toda fuerza armada en operaciones registra absolutamente todo. Los aparatos institucionales de la dictadura, como el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), decidieron algunas acciones que costaron la vida de varios conciudadanos. Así fue con los fusilados de Soca, trasladados desde el refugio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Buenos Aires: Julio Abreu, Héctor Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada de seis meses y medio), Floreal García con su esposa Mirtha Yolanda Hernández. Su hijo Amaral García, de tres años de edad, fue entregado a una pareja de represores y recobraría su identidad muchos años después.

También el crimen de Zelmar, el Toba, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco habría sido decidido en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) presidido por Juan María Bordaberry.

El periodista Roger Rodríguez, hace ya 20 años, hizo esta denuncia: “El 5 de octubre de 1976 se realizó el ‘segundo vuelo’, en el que una veintena de uruguayos secuestrados en el ‘pozo’ de Automotores Orletti de Argentina fueron traídos a Uruguay en el vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), detenidos en unidades militares, ejecutados y enterrados, probablemente, en una fosa común. La Fuerza Aérea reconoció la existencia de aquel segundo vuelo en 2004, se llegó a realizar una causa judicial por la que ocho militares y policías fueron encarcelados en 2006, pero el Ejército sigue sin confesar dónde fueron enterrados. La impunidad sigue cubriendo la verdad”.

Los cuarteles de la patria enarbolando el pabellón nacional siguen siendo cementerios clandestinos. Una mancha en el honor de los uniformados de hoy que cargan con esa mochila. En nombre de la paz, deberían sincerarse.

El 28 de junio de 1976, Elena Quinteros, intentando escapar de sus captores, mintió un contacto cerca de la embajada de Venezuela. En un momento corrió pidiendo auxilio y asilo. Llegó a entrar al jardín. Los represores tras ella golpearon al secretario de la embajada, Frank Becerra, y al embajador, Julio Ramos, quien reclamó por Elena.

La ley de caducidad clausuró todas las acciones penales, pero el artículo 4 abría la posibilidad de investigaciones administrativas que esclarecieran casos como el de Elena Quinteros. Se remitieron oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. Este último respondió inmediatamente que no tenía ningún elemento. El canciller Enrique Iglesias se lo tomó muy en serio y designó a la doctora María del Luján Flores, directora de Asuntos Jurídicos, para la instrucción.

El expediente 201/87 (1.650 folios protocolizados con las conclusiones que esclarecían las pruebas y mecanismos que condujeron a su desaparición) fue enviado a la presidencia de la República del doctor Julio María Sanguinetti en octubre de 1989. Fue recibido y firmado por el secretario de Presidencia, doctor Miguel Ángel Semino. Su destino: encajonado y ocultado deliberadamente.

Seguir manteniendo en secreto el destino de los cuerpos secuestrados sólo responde a un objetivo ominoso: continuar la guerra en democracia.

La lectura del expediente demuestra la persistencia de la doctora Flores, que llevó adelante, contra viento y marea, la tarea asignada. El boicot y la resistencia de ciertos bolsones de la cancillería no la hicieron ceder. Su búsqueda la llevó a registrar viejos archivos en un sótano de la cancillería. Allí descubrió el memorándum secreto (incluido el manuscrito de puño y letra de quien lo confeccionó). En dicho documento se analizan las “ventajas y desventajas de entregar o no a la mujer en el caso Venezuela”. Un largo análisis sobre las repercusiones internacionales y los pro y contra políticos. El lenguaje utilizado fue repugnante. Hablan de “la mujer”. Ni siquiera nombran a Elena, porque eran conscientes de que ese documento contenía un ilícito: no entregarla significaba su desaparición.

El 5 de julio de 1976 se reunió el Cosena, integrado por los tres comandantes en jefe, el presidente de la República y los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. El clamor internacional por el derecho de asilo y la invasión a la embajada de Venezuela era el motivo de la reunión.

El canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, presentó ese memorándum. Para su confección formó un grupo de colaboradores: el embajador Julio César Lupinacci, el doctor Guido Michelin Salomón y el embajador Álvaro Álvarez. En esa reunión se decidió “no entregar a la mujer”, ir al rompimiento de relaciones con Venezuela y ocultar el cuerpo de la maestra secuestrada.

El memorándum secreto y la investigación de la doctora Flores habrían pasado al olvido eterno si no fuera porque manos anónimas le hicieran llegar una copia al doctor Alejando Artucio, quien se comunicó con nosotros y nos entregó una copia de dicho memorándum.

Lo dimos a conocer a la prensa. Tota Quinteros solicitó una entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, quien la recibió. Por boca y firma de su secretario, doctor Pablo García Pintos, se admitió que ese expediente estaba “olvidado” en uno de los cajones de Presidencia. Nos dieron una copia total del expediente y concurrimos a la Justicia.

 

 

 

 

 

 

No colaboró ni avanzó en DDHH

La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) difundió hoy una rendición de cuenta anual con críticas a falta de colaboración del Ministerio del Interior uruguayo y agravios provenientes del oficialismo. 

 

Montevideo, 24 junio 2022 Prensa Latina

 

 

“No colaboró ni avanzó” en investigación sobre denuncias a jerarcas de la cartera, luego de solicitarle que investigue los hechos, señaló el documento presentado ante la IX Asamblea de la entidad que cumplió 10 años.

Añadió que el Ministerio “vulneró el derecho al trabajo libre de violencia y acoso, no respetando el principio de igualdad y no discriminación, sin aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”.

A este respecto se citó la denuncia de una abogada contra el encargado de Convivencia ciudadana, que tuvo “como eje central la difamación, incitación al odio, homofobia y persecución, incluso en el ámbito laboral”.

La Asociación de Defensores de Oficio fue por su parte principal tributario en los últimos tiempos de denuncia sobre excesos en actuación policial en arrestos y reclusiones.

El presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, dijo en la asamblea que hubo dificultades durante los últimos meses, «ataques, agravios absolutamente infundados” contra quienes trabajan en este tema y la institución misma “de parte de actores del sistema político y formadores de opinión».

Faroppa aludió a legisladores del gubernamental Partido Nacional y medios y comunicadores en redes afines.

Puntualizó que «se realizaron pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente a la Inddhh del marco jurídico institucional vigente en el país» y también la pertinencia de «realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de la institución».

El colectivo de Familiares de Desaparecidos bajo la dictadura rechazó intentos por la bancada legislativa oficialista de reemplazar a la directora de Inddhh, Mariana Mota, quien impulsa la búsqueda de restos de víctimas, uno de los principales objetivos de la institución. 

 



La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) realizó la XI Asamblea Nacional abierta para rendir cuentas y presentar el informe de trabajo anual.

 

"Nos debemos a la gente"


Durante la rendición de cuentas, Faroppa explicó que la asamblea se realizó en dos jornadas, una a distancia y otra mixta (presencial y a distancia a la vez).

Según Faroppa, la Inddhh debió enfrentar “dificultades especiales” en los últimos tiempos: “Ataques y agraviosabsolutamente infundados que hemos recibido quienes trabajamos en la institucion y la institución misma de parte de actores del sistema político y formadores de opinión”.

“Esa situación es una situación preocupante por lo que implica el funcionamiento adecuado de una institución de derechos humanos como órgano de control en un estado democrático como es el que queremos construir la mayoría de las personas que vivimos en este país”, dijo.

“Lamentablemente, esa situación se ha reiterado en el período que estamos analizando en esta asamblea. Inclusive se han realizado pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente la Inddhh del marco jurídico institucional vigente en el país hasta realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de una institución de derechos humanos que funcione».

Finalmente se presentaron las conclusiones de los grupos de discusión desarrollados en la primera sesión de la Asamblea Nacional.

Estuvieron presentes en el evento el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit, María Elena Laurnaga titular de la Defensoría del Vecino de Montevideo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades de organismos públicos y legisladores.

No colaboran ni avanzan




El informe anual, disponible para descarga en la web de la INDDHH, aborda la gestión institucional, los estudios de situación de los derechos humanos en Uruguay, las denuncias por vulneraciones de los derechos humanos recibidas en 2021, los hallazgos del mecanismo para prevención de la tortura, el trabajo del área de educación del organismo y las actividades en territorio (descentralización, vínculo con la sociedad civil).

Autonomía e independencia

Juan Faroppa, presidente del organismo, dijo en la asamblea que la INDDHH sufrió dificultades durante los últimos meses, "ataques, agravios absolutamente infundados que hemos recibido quienes trabajamos y la institución misma de parte de actores del sistema político y formadores de opinión". Calificó esa situación reiterada como "preocupante por lo que implica el funcionamiento adecuado de una INDDHH como órgano de control en un estado democrático como el que queremos construir la mayoría de las personas que vivimos en el país".

Faroppa puntualizó que "se han realizado pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente la INDDHH del marco jurídico institucional vigente en el país" y también la pertinencia de "realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de la institución".

Sobre el proceso de selección del nuevo Consejo Directivo el actual presidente dijo que "es oportuno señalar la necesidad de que se respete la esencia de la ley vigente en esta materia, que la sociedad civil tenga participación activa" para asegurar que se cumplan los Principios de París: independencia, autonomía; no recibir instrucciones de ningún poder del Estado, ni de partido político, ni de grupo con poder e incidencia en la sociedad.

El jerarca también se refirió a las acusaciones de que la institución actúa articulada con un partido político (haciendo alusión al Frente Amplio): "Para la gente que nos identifica con un partido político es interesante recordarles que el año que la INDDHH recibió más denuncias y consulta fue 2018 y los tres años en que se realizaron más recomendaciones al Estado por vulneraciones de derechos humanos fueron 2017, 2018 y 2019". Si la institución no cuenta con independencia y autonomía "no es una INDDHH", sentenció.

Las directoras Mariana Mota, Mariana Blengio y María Josefina Plá y el director Wilder Tayler tomaron la palabra para repasar los puntos centrales del informe anual.

Mecanismo de Prevención de la Tortura

Tayler disertó sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Mencionó que notaron la "persistencia de factores estructurales que incrementan riesgos de malos tratos en los sistemas de encierro institucional". El primero es que Uruguay falla sistemáticamente hace décadas en su deber de realizar las modificaciones legales necesarias que ajusten la definición de la tortura de acuerdo a los estándares internacionales.

El MNP realiza monitoreo en cinco ámbitos: sistema de protección de niños, responsabilidad penal juvenil, sistema carcelario, instituciones psiquiátricas y dependencias policiales.

La principal preocupación del MNP en el sistema de protección de niñas y niños es, explicó Tayler, la cantidad de infantes que son retenidos en centros de internación psiquiátrica (a los que ingresaron por cuadros agudos) luego de haber sido dados de alta. Esto sucede "por razones de carácter administrativo o locativo". Además, "en algunos centros las medidas de contención físicas y farmacológicas se aplican como castigo", sentenció.

El sistema penal juvenil se vio afectado de manera negativa por la pandemia y por la implementación de la ley de urgente consideración, señaló Tayler. Detectaron que "el incremento en niveles de encierro, la aprobación de nuevas tipificaciones delictivas y el aumento de penas privativas de libertad [resultaron en un] debilitamiento de garantías, sobre todo en instancias de detención y procesamiento penal de adolescentes".

Sobre el sistema penal de personas mayores de 18 años Tayler resaltó "debilitamiento progresivo de garantías fundamentales en el momento de la detención a medida que se afianzan los mecanismos de la LUC, proliferación de interrogatorios en sede policial administrativa sin abogado y problemas de notificación a familiares", aunque este último punto se ha regularizado en los últimos meses.

Calculan 300% de hacinamiento en la cárcel de Salto y una gran sobrepoblación en la mayoría de los centros de detención, sobre todo los de mujeres (5 y 9).

Identidad

La directora Mariana Mota abordó el tema del derecho a la identidad biológica. Recordó que en junio de 2020 se conformó un grupo de trabajo para esta área "para contribuir a la mejora de normas y prácticas del Estado". Recibieron alrededor de un centenar de denuncias o pedidos de ayuda; en casi todos los casos las personas no saben cómo fue la desvinculación de su familia de origen y la llegada a su familia de crianza.

En mayo de 2022 el equipo presentó un informe en el que aconseja al Estado, dijo Mota, la consolidación de un organismo que centralice la información dispersa al cual puedan acudir las personas que buscan su identidad biológica. Esto "no excluye la articulación entre organismos para que el derecho a la identidad biológica sea preservado". Agregó que debe revisarse la legislación vigente para eliminar los obstáculos existentes para acceder a la información y lograr armonizar el derecho a la identidad con la protección de datos personales.

Salud mental

Josefina Plá, directora, informó que uno de los logros más importantes en materia de salud mental fue la creación de un protocolo. El área recibe consultas específicas o planteos, articula con el área de denuncias y actúa como auxiliar de la justicia, informó. Luego se encargaron de la difusión de esos principios con instancias de capacitación y formación.

Plá resaltó las campañas Hablemos de salud mental, de 2020 y 2021, que tuvieron como objetivo "lograr un cambio en la cultura para lograr el respeto de los derechos humanos". En el informe anual explican que el propósito de la campaña era informar, sensibilizar y desestigmatizar la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.

Otro hito del área fue el desarrollo del artículo 11 de ley de salud mental (n° 19.529) que determina el abordaje "interdisciplinario e interinstitucional" de lo casos, que no son "solo dos palabritas", señaló Plá. Primero trabajaron en reglamentar el decreto y luego en convocar a instancias interinstitucionales.

Educación

La directora Mariana Blengio rindió cuentas sobre el área educación de la INDDHH. Enfatizó en "la importancia de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos", para lo que la institución ha creado mecanismos. También resaltó la importancia del trabajo articulado con otras instituciones de derechos humanos de Iberoamérica y la formalización de un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para Blengio es esencial darle a la vejez un interés superior desde una perspectiva integral de derechos, a la par de las infancias, para "erradicar estereotipos y realizar un abordaje holístico e integrador de un tema "invisibilizado".

Informó que desde el área de educación se realizaron capacitaciones a funcionarios públicos, conversatorios, plataformas de educación, visitas a museos y lugares estratégicos vinculados con la memoria. "Nos debemos a la gente", afirmó.

“Es un atropello” que se repartan como “botín político” la institución de los derechos humanos, criticó el integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea
 








El vivero de UPM contamina

 

, pero nadie se hace cargo


Todos los niveles de gobierno se abstienen de actuar frente a la contaminación del arroyo Santana por los efluentes del vivero de UPM en Paysandú, a pesar de estar oficialmente comprobado


Sudestada 21 junio 2022 Víctor L. Bacchetta


Desde el año 2014 el grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales ha venido denunciando públicamente su preocupación por los vertidos del Vivero Santana de UPM, incluso la mortandad de peces en el arroyo del mismo nombre en Paysandú. La respuesta siempre fue decir que las denuncias carecían de sustento técnico, acompañada por desmentidos de la empresa en la misma dirección.
No obstante, en noviembre de 2021 se realizó, con las mayores garantías técnicas, una extracción de muestras de agua superficial de tres cursos de agua vecinos de la ciudad de Guichón. Los ingenieros agrónomos Douglas Maldini y Mariana Andino, funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hicieron la recolección.
Los cursos de agua fueron el arroyo Guayabos, ramal de las Termas de Almirón, el arroyo Juncal y la cañada que desemboca sobre el arroyo Santana. Sobre las tres muestras se realizó un análisis de multirresiduos de plaguicidas de uso agrícola, pero sobre la muestra de la cañada se decidió agregar un análisis de metales pesados al constatarse que el agua tenía un color rojizo no habitual.

Esa vez, se constató también que los efluentes del vivero de UPM descargados sobre esa cañada presentaban el mismo color rojizo. Por esta razón, los técnicos de la DGSA Douglas Maldini y Alex Hughes concurrieron el 28 de enero de 2022 al predio de UPM y extrajeron una muestra del tajamar principal y otra del desagüe hacia la cañada, en presencia del funcionario responsable de la empresa.
En las muestras de los arroyos Guayabos y Juncal no se detectó la presencia de los agroquímicos estudiados, pero en la cañada del arroyo Santana se registraron los principios activos Tebuconazol y Azoxystrobin (fungicidas), Imidacloprid (insecticida), Glifosato y su metabolito Ampa (herbicidas), así como arsénico y hierro, este último fue considerado como posible causante de la coloración rojiza del agua.

A su vez, en el vivero de UPM se constató la presencia de Metolaclor y Glifosato (herbicidas), arsénico y hierro, en ambas muestras y, adicionalmente, Imidacloprid y Ampa en la muestra del desagüe hacia la cañada del arroyo Santana. De estos resultados se dio vista al grupo Vecinos de Guichón, al vivero de UPM y a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente.
“Hoy podemos asegurar que UPM contamina el arroyo Santana. Los daños que causa UPM en la biodiversidad de la zona son evidentes ya que donde vierte sus efluentes no queda ningún pez, desaparecieron tortugas, aves y nutrias”, expresó el grupo de vecinos de Guichón, que reclama una acción urgente del Ministerio de Ambiente en una nota entregada en persona al subsecretario Gerardo Amarilla.
Los vecinos realizaron idéntico reclamo al Municipio de Guichón y la Intendencia de Paysandú, pues en el arroyo Santana funciona un balneario municipal, y al Ministerio de Salud Pública. Se presentaron también a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los vecinos de Guichón no han recibido respuestas y se sigue ignorando la evidencia, como el subsecretario Amarilla que declaró que los informes no son oficiales. “En la realidad, nos encontramos con gobernantes que no tienen la valentía de actuar ante un caso comprobado de contaminación de las aguas, afectación a la biodiversidad y salud de las comunidades por una empresa trasnacional”, señalaron los vecinos.




UPM, "autorizada" sin cumplir requisitos ambientales
 

Publicado junio 24, 2022
Comunicado de Prensa del MOVUS.
 

UPM informo que ha recibido la autorización ambiental para comenzar con las pruebas de producción en UPM2.
Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) entendemos necesario comunicar qué esa autorización se ha dado sin que se cumplieran con los requerimientos mínimos ambientales que se le pusieron a esa empresa para su instalación.
Este hecho da por tierra con la imagen de seriedad qué se quiere dar de nuestro país, evidenciando que una empresa, si cuenta con los medios adecuados, se puede imponer a las autoridades ambientales y en general al gobierno de los uruguayos.
Eso es muy peligroso para el futuro del Uruguay donde otras empresas pueden ver oportunidades de desarrollar procesos y explotar recursos en formas no permitidas en otras partes del mundo.
Ese no es el Uruguay que queremos para nosotros y nuestros hijos.