martes, 27 de febrero de 2024

Impotencia presidencial

 




Lacalle expresó “frustración” e “impotencia” por asesinato de niño en balacera en Pinar Norte

Lacalle compartió que recibió sobre la madrugada un mensaje del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, informando sobre un parte policial que detallaba un trágico incidente. “En Pinar Norte, cercano a una boca de pasta base, una ráfaga de por lo menos 22 tiros dejan heridos y dejan un niño de 5 años muerto con un tiro en la cabeza”, relató el presidente.


Una ráfaga de disparos proveniente desde un vehículo hirió de muerte a un niño de 5 años y a su padre de 22. Otros dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos pero fuera de peligro
El mandatario transmitió bronca y frustración, resaltando los esfuerzos del gobierno en el combate frontal al narcotráfico. “¿Cuándo es el momento que una actividad ilícita, que genera adicciones, que genera delitos conexos, muerte, se naturaliza en una familia?

 ¿Cuando es que esos gurisitos se subieron al auto con el padre o quién sea a una boca de pasta base?”, se preguntó.

 

Luis Lacalle Pou se refirió a la muerte de un niño de 2 años en Pinar Norte

Narcos usan niños como escudos 




En la víspera de la Navidad pasada, una adolescente de 14 años llamada Kiara que vivía en el barrio Peñarol, murió herida por una bala perdida mientras intentaba proteger a una niña de dos años que estaba en la calle de la balacera.
Menos de un mes después, a mitad de enero, mataron a balazos a un niño de 8 años en Malvín Norte. Era hijo de un capo narco de Villa Española y los agresores dispararon contra su casa, sin reparos de si era su objetivo quién estaba allí o no.
El viernes de madrugada, en Pinar Norte, mataron a balazos a un niño de dos años que estaba junto a un pariente en la puerta de una boca de drogas. La fiscal del caso Sandra Fleitas dijo que, además de investigar el crimen, investigará porqué esos niños estaban ahí “y no con sus madres”.
Menos de 48 horas después, el domingo, se conoció la noticia de que hay un niño de 10 años que fue atacado a tiros en Rivera junto a su padre y que los agresores intentaron incendiar su casa. Ambos están en estado grave.
Lo que se pudo ver en las últimas semanas con varios eventos trágicos, también se refleja en cifras. En enero de 2024, El Observador informó que en cinco años se duplicó la cantidad de niños heridos de bala, según datos del Hospital Pereira Rossell.

Si en Carve lo dicen es grave


 

El impacto de la violencia: en cinco años se duplicó la cantidad de niños heridos de bala

Hay un “25% de pobreza infantil y récord de niños baleados”

 
La principal emergencia pediátrica de Uruguay atiende cada mes a dos menores de 15 años heridos por arma de fuego y más de la mitad son baleados en escenarios de violencia. Hace un lustro las consultas eran menos de una por mes; y hace una década ni siquiera alcanzaban una cada tres meses



viernes, 23 de febrero de 2024

Guldenzoph a diez años de cárcel

 

Otro de los "pobres viejitos"

 

La justicia uruguaya condenó al agente de inteligencia y traidor de la juventud comunista, Jorge Guldenzoph, a 10 años de prisión como autor de delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves durante la última dictadura cívico militar.


Amigo de presidentes

 
Condenado a prision Jorge "Charleta" Guldenzoph torturador amigo del Poder [a la izq. en la foto junto a los presidentes Sanguinetti y Lacalle] por torturar a sus víctimas en actos execrables, como la violación de prisioneras


Guldenzoph también 2006 "Charleta" agasajo  en nombre de la secta Moon al entonces presidente Tabaré Vázquez. “El relacionamiento con Vázquez lo hizo Magurno. (masonería) Vázquez confía mucho en él”,

 


...y le regaló un yate a Tabaré Vázquez y hasta posó con su esposa en la Estancia Presidencial de Anchorena frente al hermoso obsequio.



Hace poco, en 2017, aún impune, Gundelzoph se andaba sacando fotos con el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien visitó durante la presentación de su libro

Ahora está preso, pero "El Charleta" Guldenzoph fue un impune durante más de dos décadas. Recuperada la democracia, fue representante y vocero de la Secta Moon en Uruguay, editorialista, columnista y vicepresidente del directorio de ÚLTIMAS NOTICIAS (propiedad de Moon)

 

"Mi principal torturador, el Charleta Guldenzoph, se saluda amablemente con el presidente de turno"


El juez Nelson Dos Santos lo procesó con prisión junto al inspector mayor José Felisberto Lemos Pintos, ambos culpables de delitos de abuso de autoridad, privación de libertad y torturas ocurridas entre 1974 y ´83 en la DNII, ahí en Maldonado esq Paraguay


A Gundelzoph se lo señalaba por los casos de Silvia Bruzzone, Gustavo Alsina, Alfredo Rivera, Diego Mattos, Lilian Toledo, Juan Errandónea, Sonia Hornos y Eduardo Bolani. Todos delatados y torturados por él, entre otras personas.

Pablo Chargoña, abogado denunciate, representó a 40 víctimas y la causa se sumó a otra anterior, abierta por 1985. Texto del procesamiento sitiosdememoria.uy/sites/default/

 

 

 

 

 

jueves, 22 de febrero de 2024

Que se entere todo el mundo


 
 
 Prender el ventilador
 
  “Que se entere todo el mundo”: expresidente de Casa de Galicia anuncia que divulgará chats
 
  Alberto Iglesias asegura poseer mensajes que incluyen a Lacalle Pou y Álvaro Delgado, y que fue víctima de robo por esa razón.
 
 
 El lunes último, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, archivó las 12 denuncias que el Ministerio de Salud Pública había presentado contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. Sin embargo, el capítulo legal del affaire de la desaparecida mutualista no termina. Rodríguez adelantó que pedirá la imputación de Iglesias por dos órdenes de pago firmadas por él días antes del último concurso de acreedores al que se presentó la exmutualista, y que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso.
Tras el archivo de las denuncias, Iglesias anunció un “contrataque” en el que pretende revelar información que, asegura, demostraría el involucramiento de altos funcionarios del gobierno en el proceso que llevó al cierre del prestador de salud.
“Con todos los chats que tengo, que los conozca el Uruguay, que tiene el presidente, el hermano del presidente, Álvaro Delgado, el presidente del BPS [Hugo] Odizzio, Fernando Blanco de [el Ministerio de] Economía. Todos los que participaron, y cariñosamente que se entere todo el mundo su participación, qué nivel fue, qué nivel de compromiso tiene y qué responsabilidades puede haber”, explicó en rueda de prensa, según recoge la emisora M24.
En cuanto al pedido de imputación pendiente, dijo que firmó las órdenes de pago “de buena fe”, y que lo firmado finalmente no se llevó a cabo, por lo que confía en que no tenga andamiento.
“Yo firmé de buena fe, pero los auditores que puso el juez de concurso le sugirieron al juez dar de baja lo firmado, y así fue. Por lo tanto, si bien se firmó, nadie cobró un peso por nada de lo firmado. Me parece muy raro, me gustaría que luego el juez me pudiera explicar cómo se penaliza algo que no se concretó. Tengo la firme expectativa de que esto también se archive y dar por terminada esta dolorosa situación”, dijo posteriormente Iglesias en declaraciones a La Diaria.
Para Iglesias, el cierre de Casa de Galicia se explica por una decisión política. “No hubo errores, no había razón. El gobierno fue subiendo la apuesta en todos los niveles”, aseguró el exjerarca, quien adelantó que, una vez que termine su defensa, pasará al ataque. “Nosotros vamos a hacer conocer todo. Hay cosas que deberían ser denunciadas en la Justicia. Cuando termine mi defensa definitiva, veremos a los abogados adecuados para atacar”, sostuvo.
“Tengo mucha gente vinculada alrededor de cada sector que ha participado de una u otra manera, desde la secretaria de [Álvaro] Delgado. A través de los chats puedo demostrar las diversas reuniones que se produjeron y los contenidos de los encuentros. Hay mucha gente y todo va en la misma dirección: demostrar la responsabilidad al más alto nivel del gobierno con los principales actores del oficialismo”, enfatizó.


A mano armada
Durante la rueda de prensa antes mencionada, Iglesias hizo referencia a un hecho de violencia que habría vivido en su propio domicilio.
“Despertarse a las 2:45 de la madrugada y sentir un ruido en su dormitorio, ver un hombre delgado, con la cara semicubierta, que le amartille una pistola 9 milímetros, que le apunte al pecho y que le diga que se quede quieto, y no me pida plata, y no me pida joyas. Y yo de guapo le digo que vamos a perder los dos porque me le voy a tirar arriba, y el tipo se raja porque ya había cumplido el objetivo que fue a buscar. Si no se llevó platas ni se llevó joyas, ¿qué se llevó? Dos celulares y dos armas”, relató.
Iglesias agregó que en los teléfonos que le sustrajeron estaban los chats que él considera como prueba de sus afirmaciones. Pese al robo de los aparatos, Iglesias asegura que recuperó todo el contenido de las conversaciones.


Alberto Iglesias sostuvo que los chats a los que hizo referencia tras comparecer ante Fiscalía "dejan en evidencia a los principales actores del gobierno".

Alberto Iglesias dijo que tras sus declaraciones recibió "el cariño curioso" de gente cercana a Luis Lacalle Pou. "Supongo que son las señales que me están mandando por deseo del presidente de que me vaya bien en todas las cosas que estoy haciendo", sostuvo.



El último presidente de la exmutualista sostuvo que en el proceso de cierre del prestador está involucrado el Poder Ejecutivo “al más alto nivel”; sobre su imputación, dijo que le “gustaría” que la Justicia “pudiera explicar cómo se penaliza algo que no se concretó”

Alberto Iglesias, el último presidente que tuvo la exmutualista Casa de Galicia, tuvo diferentes grados de exposición en el proceso de cierre de la institución y los capítulos siguientes. En la previa del cierre del exprestador, desde diversos frentes reclamaron que Iglesias se pronunciara, y en enero de 2022, unos cuatro meses antes del cierre definitivo, Iglesias reapareció, aclaró que en el desarrollo de la intervención y el posterior cierre estaba atravesando un quebranto de salud y prometió responder tanto las consultas como las difamaciones.
A partir de ese momento, Iglesias difundió un relato que sostiene hasta ahora y que reafirma una y otra vez: que a Casa de Galicia la cerró el gobierno actual, en un plan orquestado por decenas de jerarcas. El Poder Ejecutivo no se quedó de brazos cruzados ante sus acusaciones y, de hecho, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó ante la Justicia 12 denuncias contra él, en las que lo acusó de emitir cheques sin fondo, de apropiación indebida y de estafa, entre otras cosas. Luego de varios meses de investigación, este lunes el fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, archivó las 12 denuncias de la cartera contra el expresidente, pero adelantó que pedirá su imputación por dos órdenes de pago firmadas por él días antes del último concurso de acreedores al que se presentó la exmutualista, que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso.
Este martes, un día después de la última instancia judicial, Iglesias recibió a la diaria y, entre otras cosas, adelantó que ahora que el proceso que surgió de las acusaciones del MSP concluyó comenzará a mostrar papeles, chats y fotos que sustentan la participación de integrantes del gobierno en el proceso de cierre de la exmutualista. A esto agregó que los protagonistas de la instancia electoral que se acerca y quien sea elegido como el próximo presidente de la República tendrán la responsabilidad de devolverle a la comunidad gallega el patrimonio que le “robaron”.
¿Cómo define la jornada de la resolución del fiscal?
Como una jornada muy esperada. No fue sencillo estar desde el 29 de noviembre de 2021 hasta ayer esperando que [se fallara sobre] aquellas denuncias del MPS que se originaron una mañana en la que me estaban operando del corazón, las cuales introdujeron falsedades. Ayer el fiscal me confirmó, tras mucho tiempo de investigación, que no encontró razones para imputarme por ninguna de las 12 denuncias. Recibí con paz ese resultado, sabía que el día iba a llegar. Me permitió darles un alivio a mis hijos y a los amigos, que sabían que era una barbaridad lo que me estaban haciendo. A su vez, recibimos las razones por las cuales la Justicia entiende que un punto que no estuvo en esas denuncias, que surgió de la investigación, requiere de otra investigación.

Por el concurso de acreedores.

Sí. Le dije [al fiscal] que, a mi entender, primero, hay que recibir a mis testigos sobre ese punto que hasta ahora no se había hablado. Él quería dar por terminado esto con esa imputación, pero sin negarse a recibir a los testigos. Además, me dijo algo muy importante: si los testigos están, como yo le digo, no habrá problema de escuchar y que el juez retroceda ante la decisión. Me dio la tranquilidad de saber que estamos ante personas bien intencionadas. Haremos lo que la Justicia diga. Durante 27 meses no aceleramos nada, no presionamos a través de la prensa y cada vez que hicimos algún comentario defendimos la transparencia del Poder Judicial.

Lo que supuestamente pasó fue que en ese concurso se benefició a una sola empresa.

Cuando como Junta Directiva tomamos la decisión de hacer el concurso, seleccionamos a dos abogados, un contador, además del gerente general y yo, en representación de la junta. Repartimos las tareas. La documentación que yo recibía era enviada por el gerente general. Cuando la recibía, no podía pensar otra cosa que en firmar, porque confiaba en que era lo que correspondía. Del tema concursal yo no sabía nada hasta ese momento, porque siempre estuve lejos de ese tipo de procesos judiciales. De lo firmado resultó que en apariencia la ley [14.095] dice, según me explicaron ayer en Fiscalía, que las firmas quedan bajo sospecha y que no se le puede pagar o beneficiar a un acreedor en perjuicio de los demás, y está bien. Yo firmé de buena fe, pero los auditores que puso el juez de concurso le sugirieron al juez dar de baja lo firmado, y así fue. Por lo tanto, si bien se firmó, nadie cobró un peso por nada de lo firmado. Me parece muy raro, me gustaría que luego el juez me pudiera explicar cómo se penaliza algo que no se concretó. Tengo la firme expectativa de que esto también se archive y dar por terminada esta dolorosa situación. Detrás de todo hay decisiones políticas al más alto nivel que me duelen, igual que el daño que se le hizo a mi familia y a mis seres queridos. A muchas de las personas que han tomado decisiones las conozco y yo no tenía, ni por asomo, la idea de que podían prestarse a crear situaciones irregulares para hacer un daño a una institución, cualquiera sea la motivación.

Varias o gran parte de las instituciones que integran el sector privado tienen diferentes dificultades económicas y de gestión, pero en el último tiempo sólo Casa de Galicia llegó al cierre. ¿Por qué?

Porque tomaron la decisión de que tenía que llegar. Yo estaba al día con el 100% de las obligaciones, no hubo errores, no había razón. El gobierno fue subiendo la apuesta, en todos los niveles. Nosotros vamos a hacer conocer todo. Hay cosas que deberían ser denunciadas en la Justicia. Cuando termine mi defensa definitiva, veremos a los abogados adecuados para atacar; dentro de todo lo que hay, me dirán por dónde ir.

El rol del gobierno

Hace unos días –al margen de que hace bastante tiempo le atribuyó responsabilidades a Daniel Salinas y a otras autoridades de la salud– usted apuntó a Álvaro Delgado. Puntualmente dijo que él le pidió gestiones a cambio de colaborar en “salvar” Casa de Galicia y dice tener pruebas. ¿Por qué lo cuenta recién ahora?

Porque mis asesores me pidieron que hasta que la Fiscalía no cerrara las denuncias del MSP en mi contra no abriera nuevos espacios que se pudieran integrar a la causa. Cumplida esa etapa, me siento liberado a mostrar toda la documentación que tengo. Siempre supe que es bueno estar respaldado y guardar papeles, ahora guardo chats y fotos, toda esa documentación va a dejar clara la responsabilidad de cada uno de los actores. Por más que se quieran poner de acuerdo en qué decir o en qué no decir o cómo cubrirse, todos los que intervinieron dejaron la huella digital. Lo que pasó no es producto de la casualidad, hay un sinnúmero de situaciones.

¿Hay otros integrantes del gobierno que están involucrados y aún no mencionó?

Tengo mucha gente vinculada alrededor de cada sector que ha participado de una u otra manera, desde la secretaria de [Álvaro] Delgado. A través de los chats puedo demostrar las diversas reuniones que se produjeron y los contenidos de los encuentros. Hay mucha gente y todo va en la misma dirección: demostrar la responsabilidad al más alto nivel del gobierno con los principales actores del oficialismo.

Se refirió al exministro Salinas muchas veces, pero, en concreto, ¿qué responsabilidades o hechos le adjudica?

El 26 de octubre [de 2021] fuimos a la Comisión de Salud del Senado, en ese momento presidida por Daniel Olesker. En la reunión dimos explicaciones sobre lo que sucedía y tuve unas palabras fuertes con el senador [Guido] Manini Ríos porque quería mantener a Salinas a pesar de las cosas que hacía contra Casa de Galicia. El senador ese día lo que no dijo dentro lo expresó a los medios fuera. Salió y dijo que Casa de Galicia se tenía que intervenir inmediatamente. Eso es curioso porque como senador no tiene potestad de dar esa orden, pero lo más curioso es que el presidente de la República y Salinas la acataron esa misma tarde. No había juicios ni cheques rebotados, los salarios estaban al día. Entonces el presidente de la República tiene que explicar por qué acató la orden y Manini Ríos por qué la dio. Dentro de Cabildo Abierto algunos, los honestos, le reclamaron transparencia. Y Salinas no es un inocente.

“Mujica me pidió disculpas”

¿Qué opina del rol del Frente Amplio, como oposición, durante el proceso?

[José] Mujica fue el único político de este país que cuando surgió el tema del crédito al Círculo Católico [para adquirir el sanatorio principal] se le ocurrió llamarme y preguntarme si sabía algo. Le dije que sabía todo, al día siguiente fui a la casa. En persona le pregunté por qué el Frente Amplió votó la Ley 20.022 [para la repartición de los socios], y me dijo que Olesker le dio detalles de por qué había que votarla y que confío en él porque es el que sabe sobre salud. Mujica me pidió disculpas. Por eso los legisladores hicieron que terminara en una interpelación que si la mirás, había un culpable llamado Alberto Iglesias. Le dije que me ayudara a recuperar la institución.

Como pachequista, ¿esperabas más pronunciación o apoyo del Partido Colorado?

No. Estamos acostumbrados a estar sin apoyo. Siempre le tuvieron miedo a Pacheco [Areco] por la cantidad de votos que tuvo, por las dudas se le pegaba. Pero él, que era un hombre de Estado, siempre decía: “Si con mi silencio contribuyo a que gane el partido, como es el mejor partido del Uruguay, mantendré silencio”. Yo me construí así: sabemos manejar el dolor, la injusticia y los tiempos.

¿En el futuro los actores políticos tendrán situaciones a las que responder?

Este es un año electoral. Esto no es venganza, es justicia, vamos dirigidos a mostrarle a Galicia que le mintieron y los asustaron ante supuestas irregularidades mías. Cuando demostremos que no fue así, Galicia debería reclamar, junto a todos nosotros, que se nos devuelva el patrimonio que nos robaron. Después de que terminen las elecciones internas y haya un responsable por partido, vamos a obligar a que cada partido se pronuncie por Casa de Galicia. Los candidatos podrán decidir entre ser responsables directos, cómplices o tomar distancia y aceptar el compromiso de reparar lo que se le hizo a la colectividad gallega. Luego, será cuestión de que los que ganen cumplan con el compromiso de devolver a los gallegos lo que nos robaron.

 

 

 

 

 

miércoles, 21 de febrero de 2024

Narco budines

 


 Blancos pillos

Ex concejal blanco de Cardona Carlos Mengen, imputado por presunto delito de asistencia al narcotráfico, es acusado de arreglar traslado en territorio uruguayo de droga incautada en Amberes. Fue coordinador del municipio y tercer suplente de alcalde

Gente de bien


 Ya no llama la atención que en algún país apresen a un narcotraficante uruguayo. Lo que pudo sorprender es que esta vez el delincuente manifestó reiteradamente en las redes sociales su ardiente devoción por el presidente Luis Lacalle Pou y es conocida su adhesión al Partido Nacional

El intendente de Soriano, Guillermo Bessozi, dijo que ya se le pidió a las autoridades departamentales blancas que desafecten a Mengen de la Lista 903 local y, posteriormente, del  Partido Nacional

20 de Febrero de 2024


El exconcejal del Partido Nacional, Carlos Mengen, es uno de los tres imputados por el cargamento de 2,6 toneladas de cocaína remitido hacia Amberes, Bélgica, a través de un contenedor que transportaba budines. Al otro día de la incautación de droga, Menguen renunció al Municipio de Cardona, Soriano.
La Fiscalía informó el 10 de febrero que imputó a tres personas por el contenedor con 2,6 toneladas de cocaína dirigido desde el puerto de Montevideo hacia el de Amberes. La fachada era una exportación de budines y alfajores.
Uno de los formalizados es el propietario de una firma Liderking y Dositar, residente en la zona franca Zonamérica. Su socio quedó formalizado pero sin prisión pero la Fiscalía no tiene elementos para vincularlo de forma directa con este cargamento. El tercer formalizado es el dueño de la empresa de transportes, Carlos Mengen, exconcejal y último coordinador del Municipio de Cardona, informó el periódico local Centenario y confirmó La Diaria este martes 20.
El alcalde blanco Rubén Valentín aceptó la renuncia del consejal Mengen el 29 de diciembre. El 28, las 2,6 toneladas de cocaína fueron incautadas en Europa. Valentín lo nombró coordinador del Municipio a inicios de 2023. Fue concejal en el período anterior 2015 – 2020. ´
Fuentes del caso aseguraron a La Diaria que el rol de Mengen estuvo en la contratación del transporte para llevar el matute de drogas y confirmar la llegada en Montevideo y que conocía toda la operativa.
Narco budines: Cocaína enviada a Bélgica pasó por tres controles aduaneros, hay un empresario imputado
Cocaína de Uruguay a Europa: la droga en el contenedor no pudo ser detectada pese al escáner

 

La ley de financiación de partidos políticos.  Ni blancos ni colorados quisieron votarla en diputados.


La falta de una ley de financiación de partidos políticos transparente y efectiva en Uruguay genera un vacío legal que puede ser aprovechado por el narcotráfico para infiltrarse en el sistema político.

  • Los partidos políticos no están obligados a revelar la identidad de sus donantes.
  • Las autoridades no tienen acceso a información financiera completa de los partidos.
  • La Corte Electoral carece de recursos y personal para controlar el financiamiento de las campañas. 
  • Las sanciones por incumplimiento de la ley son leves.

 Los uruguayos creían hasta hace poco que vivían lejos del submundo del narcotráfico, pero en los últimos  días se preguntan si no habría que cambiarle el nombre al país y ponerle Narcoguay. La punta del hilo es el pasaporte otorgado hace dos años por este gobierno uruguayo al narco Sebastián Marset, caso que involucra al exministro Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo.
¿Realmente los narcos se sienten más cómodos con gobiernos blancos como el de Luis Lacalle Pou, o es solamente una coincidencia y una simpatía espontánea? Se trata de delincuentes con un alto poder económico, por lo que su identificación de clase social con el gobernante uruguayo. Por supuesto, esta reflexión está en el mero terreno de las especulaciones y, por el momento, no tiene evidencia empírica.

A estos delincuentes que se mueven en las sombras, aunque a la luz sean miembros de la alta sociedad, les convienen los controles de movimiento de dinero laxos y la desregulación, cualidades que caracterizan a gobiernos -como el actual en Uruguay- muy complacientes para los cuales el Estado debe ser prescindentes y el mercado mueve la economía, aunque los potenciales inversores sean mafiosos de gran porte.

Lo cierto es que, como sucede en otros países de la región, están saltando a luz las relaciones carnales entre el narcotráfico y la política uruguaya, en este caso concreto con el Partido Nacional. 





domingo, 18 de febrero de 2024

La vida en un barrio “en guerra”

 

El domingo sale una nota en el país sobre la violencia en los barrios, y mas sobre el nuestro,el marconi ,donde mataron a un policia,fui consultado pero no quise hacer comentarios porque la corrupción policial es terrible y le pueden avisar a bandas narcos de lo que se puede hablar y agregar lo que se les antoja como ya pasó en algún caso.nadie dice que es parte culpable por inacción o por cómplice  y siguen haciendo diagnósticos y la solución no llega para nosotros

Solo la presencia de deportes ,cultura y divertimentos como carnaval ,algo de música u otros podría haber evitado varios suicidios juveniles y otros ,también podía haber evitado que muchos gurises que hoy están muertos o en la cárcel hubieran entrado en esa espiral de delitos droga y muertes que hoy nos asola más que cualquier pandemia ,pero el comunal ,la intendencia y otros nos abandonaron a nuestra suerte hace 4 años..y el resultado se ve cada día peor que el otro

Hubiera querido decir mucho en ese reportaje pero no puedo arriesgar a mi familia
 
 Crónica desde el Marconi, 

donde gobierno estrena plan para reducir homicidios


Los focos otra vez están puestos en este barrio al norte de Montevideo tras el asesinato de un policía a inicios de febrero y los datos del Ministerio del Interior de 2023, que lo vuelven a posicionar como el más violento de la capital. 

El País 18 febrero 2024

 

 Hay días enteros, y hasta algunas semanas, de tregua. Esos días caminar por las calles de los barrios de la zona de Casavalle -como Borro y Marconi- no significa un peligro para los vecinos. Pero la foto es la de una guerra que toma pausas en zonas donde la mayoría de la gente a veces tiene que parar su vida para esquivar las balas de batallas que no le corresponden.

Las zonas de acción de las bandas de microtráfico de drogas se están moviendo y desde hace al menos un año el Marconi volvió a estar en el radar. Los enfrentamientos se dan a plena luz del día. Modifican armas de fuego y las hacen más letales: funcionan como escopetas semiautomáticas, que con un solo disparo dejan ráfagas de balas. También cortan los cables de las cámaras de seguridad, para que dejen de funcionar.
Los vecinos dicen que no se animan a denunciar, que el miedo es grande, porque al hablar con las autoridades se está poniendo en juego la vida. Hay formas de denuncias anónimas, también testigos protegidos. Pero estas opciones no parecen claras para muchas personas que nacieron en estos barrios, vieron cómo varias bandas fueron desarticuladas por la Policía y a los pocos meses los hijos o los nietos tomaron “las riendas del negocio”.


Con este panorama el Ministerio del Interior comenzará en pocos días, desde marzo, a aplicar un plan en la zona para la prevención de homicidios y conflictos criminales basado en la mediación; esto se hará con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El coordinador de estrategias focalizadas en prevención del delito, Diego Sanjurjo, dice a El País que técnicos de ONGs trabajarán junto a vecinos de la zona y serán “interruptores o mediadores” para llegar a las personas que participan de los hechos violentos. “Es un equipo que conjuga lo técnico y lo profesional, con estas personas que tienen el poder de acceder al público objetivo”, explica Sanjurjo. Más adelante desarrollaremos los detalles del plan.

Para Sanjurjo estos son los barrios más peligrosos y críticos, al menos desde que hay registros. “Hay una inversión de la Policía en tareas de patrullaje pero también unidades de investigación y de homicidios”, dice.
Los patrulleros se ven de día, y los vecinos cuentan que en algunas noches hay una presencia más activa. “Estamos hablando de zonas muy complejas. Nunca podemos olvidar que la inseguridad no es una consecuencia, es un síntoma”, dice el coordinador del ministerio. Porque son barrios con bajo nivel educativo y poco acceso a servicios públicos. Es un micromundo, un Montevideo lleno de desigualdades.


El ministro Nicolás Martinelli ha recorrido por las noches estas zonas. De hecho, el pasado miércoles estuvo en Marconi y esta es la recorrida número 30 que realiza desde que está en el cargo. Según supo El País, lo hace a veces con autoridades policiales de rango y otras veces sin ellas, porque busca tener un diálogo directo con los policías que están trabajando en territorio, y que le puedan trasladar de primera mano las problemáticas del lugar.

En 2022 los homicidios se concentraban en Cerro, Marconi y Casavalle, según informó el jefe de la Policía de Montevideo, Mario Luis D’Elía, en la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Al año siguiente, en 2023, la concentración sólo se puede notar en Marconi, en el resto disminuye y empieza a haber un foco en Carrasco Norte. Sobre las rapiñas hay dos focos, uno se concentra en Marconi y el otro en Malvín Norte.
Si repasamos solo este mes de 2024, se cuentan varios hechos graves: homicidios y heridos de bala.
La lista empieza el 5 de febrero, cuando fue asesinado un policía mientras realizaba tareas de patrullaje por el interior del barrio. Los policías detuvieron a tres personas en actitud sospechosa, le pidieron documentos y al terminar dicho procedimiento comenzaron a recibir disparos. Los agentes se resguardaron detrás del patrullero, pero uno de ellos, que se encontraba a mayor distancia, fue alcanzado por un bala y murió.

El 7 de febrero fue baleado en un brazo un taxista. El hombre relató a los policías que se acercaron dos desconocidos, le pidieron “unas monedas” y que, cuando bajó la ventanilla del auto, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el taxista se negó a entregarles dinero y allí se produjo un forcejeo.


Ese mismo día, un joven de 18 años fue asesinado de al menos un disparo en el pecho, sobre las cuatro de la madrugada en el barrio Las Acacias, próximo a Marconi. La víctima fue baleada al igual que otros dos jóvenes de 18 y 19 años, que resultaron heridos de bala.


Unos días después, el 10 de febrero, fue encontrado el cuerpo de un hombre cubierto por una bolsa de nylon. Quien encontró a la víctima fue su hermano, que relató a la Policía que su hermano estaba envuelto en nylon y que él lo cubrió luego con una sábana. Contó que el fallecido era consumidor de drogas. El cuerpo presentaba una herida en la cabeza y el hombre tenía antecedentes.

Marconi.
En 2023 fue el barrio de la capital con más violencia

Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2019 a 2021 esta zona no estuvo entre las “áreas calientes” de la capital. Para hacer este indicador se toma en cuenta la cantidad de delitos violentos, desde homicidios y feminicidios a rapiñas. Esta realidad fue cambiando, ya en 2022 los homicidios se concentraban en Cerro, Marconi y Casavalle. Al año siguiente, en 2023, la concentración sólo se pudo notar en Marconi, en el resto disminuyó y empezó a haber un foco en Carrasco Norte. En cuanto a las rapiñas, hay dos focos: uno se concentra en Marconi y otro en Malvín Norte.

Las razones del corrimiento del delito tienen que ver con la represión, dicen las autoridades, pero también es clave la recuperación de la libertad de líderes de bandas.

 Sin veredas.


Al caminar por las calles de esta zona al norte de Montevideo se ven fraccionamientos distintos. Está la vieja casona de Pedro Casavalle, “los barrios jardín” creados en 1920 con terrenos más grandes, y después la lista enorme de viviendas que se comenzaron a realizar después de la década de 1950. El gran límite de esta zona es toda el área de terrenos del Ministerio de Defensa: el descampado de los batallones funciona como frontera entre un Montevideo con servicios y otro que cada vez se empobrece más.
Son calles y manzanas marcadas por las disputas entre grupos. El alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, que vive a unas cuadras de las zonas más complicadas, dice que hay negocios que se “heredan”. El territorio importa pero también la cantidad de personas vinculadas a una banda, porque hay un reclutamiento, sobre todo de los más jóvenes.

“Son una carta de cambio. El problema del narcotráfico no está acá, lo que vemos son las consecuencias. El resultado, y víctimas de distintas maneras. Uno es víctima con un arma, otro es víctima porque es un trabajador que no puede salir de la casa. Pero hay que entender que son todos víctimas”, dice Velazco, quien recorre estos barrios con tranquilidad, a pie y en auto. La gente lo conoce y lo paran para pedirle de todo, desde dinero para el boleto hasta un traslado a hospital del centro de Montevideo.
Velazco está seguro que el Estado tiene que estar muy presente en estas zonas. Dice que muchos jóvenes ven en la delincuencia un camino posible: “El chiquilín que tuvo dificultades para comer, para acceder a una educación, para tener una vida digna, que no fue cuidado o respetado por su familia... Un día viene otro y le da un arma, 3.000 pesos y un par de championes. Y ese botija piensa que es Gardel”. Esta es una de las formas más claras en las que comienzan a ingresar a las bandas delictivas, de las que después es muy difícil salir. Aunque a este alcalde le sobran los dedos de las manos para contar historias de chiquilines que han sido “rescatados”. Deja claro que son situaciones muy complejas, porque hay una utilización de los jóvenes que todavía no tienen 18 años: “De alguna manera son descartables”.


El lunes 19 de diciembre de 2023 sobre las dos de la tarde el Centro Cívico Luisa Cuesta recibió un disparo que impactó sobre la ventana de la biblioteca, en el mismo lugar donde el alcalde da esta entrevista a El País. Ese mismo día y por el mismo enfrentamiento, la puerta del auto de una funcionaria de la policlínica Casavalle recibió otra bala. 

Tanto la policlínica como el centro estuvieron cerrados por 48 horas. El alcalde dice que primero se debe garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en estos espacios, porque están expuestos de forma directa a los enfrentamientos cruzados. Pero eso no quiere decir que no puedan trabajar en el barrio.


Para Marisa Ledesma, coordinadora del Centro Cívico Luisa Cuesta, estos barrios no son “difíciles permanentemente, sino en algún momento”. Si bien hay días en los que los propios vecinos le dicen a los trabajadores de los equipos multidisciplinarios que la jornada ha estado compleja y que no es el momento para ingresar, esos son los menos. El resto de los días los trabajadores sociales, al igual que los psicólogos y educadores sociales de los distintos programas e instituciones que trabajan en el centro, recorren sin problema la zona.
De la misma forma que entran los profesores de los liceos y las maestras, también lo hacen las cuadrillas del municipio D cuando hay que cortar el pasto, recolectar basura u otras tareas de mantenimiento del alumbrado y vía pública.

También hay casos como el de Matías, quien estaba en el período de prueba de un trabajo y tuvo que faltar, después lo despidieron. Según cuenta Ledesma, la madre no lo dejó salir del barrio porque ir a la parada a tomar el ómnibus implicaba ese día un peligro vital real: la zona estaba complicada y sabían que podían darse tiroteos.


Un día así, y al otro día a las seis de la mañana ya todo el mundo en pie. Los adultos salen a trabajar y los jóvenes a estudiar. Más tarde salen las doñas con la chismosa a hacer los mandados a la panadería. Se vuelve a una vida “relativamente normal”, dice la coordinadora del centro cívico donde funciona una oficina del BPS, Comuna Mujer, Mides y todos los servicios que da el Comunal 11. “Lo inquietante es que nunca sabes qué va a pasar, y la gente tiene eso dentro, ya lo incorporaron”, dice Ledesma.


Pero el alcalde cuenta que hay muchos vecinos a los que, tanto o más que los tiroteos y homicidios, les preocupan delitos menores como los arrebatos en las paradas de ómnibus y robos de celulares o de la bolsa de los mandados. Cuesta entenderlo pero los conocedores del lugar dicen que la razón es emocional, porque las balas en realidad no son para la gente de a pie, muchos vecinos no se sienten parte de esos asuntos. Son temas de “otros”. Una otredad que es mínima pero que estigmatiza al barrio entero y que puede terminar con la vida de cualquiera, porque las balas perdidas no eligen a su muerto.



Violencias.


La cumbia y la plena es la música de estos barrios, que tienen muchos jardines públicos pero también privados. Según el último censo esta es la única zona donde la natalidad no para de crecer y este indicador no es positivo, en opinión de Sanjurjo. El asesor del Ministerio del Interior cree que en barrios de contexto social como este, más hijos no es buena noticia porque las familias no tienen recursos para tantos miembros.

La Policía trabaja pero Sanjurjo está seguro de algo: “La infinidad de problemas y dificultades para acceder a recursos es lo que da lugar a la inseguridad. Por más que hagamos un trabajo impecable, en la medida en que esas causas están presentes y tienen tanta fuerza, el delito va a seguir”.
El Estado falla. Para Sanjurjo “en estos barrios, la sociedad y los distintos gobiernos no han logrado superar las carencias enormes” y la inseguridad “siempre va a estar presente”. El plan ahora es pacificar de manera sostenida en el tiempo, bajar los niveles de segregación residencial, desempleo y drogadicción.
¿Pero cómo se hace todo eso? Se apunta a atacar las causas y no sólo reaccionar ante el delito. Desde el Ministerio del Interior entienden que el delito es un síntoma que vemos, que es causado por los problemas de desigualdad. “Por eso ahora en marzo vamos a comenzar en Marconi y otros barrios el programa de interrupción de la violencia”, cuenta Sanjurjo. Ya se cerró el llamado a ONGs interesadas y se comenzará a trabajar en el territorio. No está la idea de “mano dura”, sino que el foco está puesto en la reinserción social.

¿En concreto qué va hacer este programa que es financiado por el BID?

—Lo que busca es interrumpir las dinámicas de retroalimentación. Es frenar el “yo te mato, yo te tiroteo, porque vos me hiciste a mí algo antes”. Entonces un homicidio termina siendo diez homicidios al final del año, podemos interrumpir eso. Y es lo que vamos a implementar con este programa, que ha sido un éxito en cientos de ciudades del mundo.

En otras palabras, el grupo de referentes de la zona con formación y en conjunto con el equipo de la ONG van a intentar encauzar los conflictos por una vía que no sea violenta. Proponerle otras alternativas a esas personas, por fuera de la represión policial. Las podrán poner en contacto con programas del Mides o del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y también con programas para tratar adicciones.

Este último punto el ministerio lo ve fundamental. “Hay personas que terminan trabajando en una boca de venta de droga porque son adictos y no les queda otra”, dice Sanjurjo. Por eso entiende que atender a una persona de estas características es trabajar a corto plazo, pero también a largo plazo, porque luego de que esté desintoxicada podrá comenzar a estudiar, por ejemplo.

¿Quiénes serían esas personas que llaman “interruptores” y qué relación tienen con la Policía?

—Es un programa organizado por nosotros pero totalmente independiente de la Policía. Los interruptores son personas que nacieron, crecieron, viven y duermen ahí. Tienen acceso a personas que ningún policía va a tener nunca. Además van a enterarse mucho antes de los conflictos que se están gestando, porque saben quién se lleva mal con quién. Su trabajo es el del seguimiento del conflicto, tiene que interceder, interrumpir la dinámica de violencia.

Mientras que el Ministerio del Interior planea aplicar este plan para detener los “ajustes de cuentas” y los homicidios por temas de drogas, que se desarrolló con éxito en grandes ciudades del mundo pero que puede sonar algo utópico, los vecinos están más preocupados por los arrebatos y robos diarios. Es que los tiroteos, que pueden llegar a durar muchos minutos, son parte del paisaje de su vida. Balas pérdidas que, con suerte, no encuentran destino.

Violencia estructural.
La historia de Casvalle: “Fue un depósito de personas”


La historia de esta zona de Montevideo comenzó cuando Uruguay todavía no era independiente y tuvo un rol muy importante en la emancipación oriental. En 1823 se dio una batalla entre las tropas imperiales de Brasil, y las fuerzas de Manuel Oribe. También estuvo ocupada por Brasil y más adelante tuvo su papel en la Guerra Grande. El antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian explica que el barrio Casavalle está sobre las faldas del Cerrito de la Victoria, y por eso era un punto estratégico para la guerra. Desde esta zona se ve todo Montevideo.


Parte de lo que hoy conocemos como cuenca de Casavalle es fruto de un lote que compró Pedro Casavalle hace más de 200 años, en 1803. Él construyó una casona que sigue en pie y se hicieron chacras. “Hasta hace muy poco esta zona estaba más vinculada a un paisaje rural. Y, si se mira el mapa y el trazado que se hizo, se ve a la zona metida en el medio de la ciudad con forma de la letra v”, dice Álvarez Pedrosian, autor de varias publicaciones de investigación sobre la zona, entre ellas el libro Casavalle bajo el sol.
Corriéndose al siglo XX, esta visión territorial de la letra “v” se consolidó. El paisaje rural comenzó a desaparecer, el Cementerio del Norte y los batallones militares terminaron por aislar el lugar. Lo que hoy vemos es fruto de un plan de la Junta Departamental de Montevideo de 1941, donde se decidió hacer viviendas económicas en la zona. En opinión de Álvarez Pedrosian, esto se dio de forma muy desorganizada y generó aislamientos internos, algunas zonas que eran parques verdes fueron hechos viviendas. Esto pasó en 1972 cuando inauguraron “Los Palomares” en terrenos que eran parque de uso público.
Las zonas que quedaron vacías entre los distintos grupos de viviendas fueron ocupadas, y eso generó la consolidación de varios cantegriles.
Para Álvarez Pedrosian, la zona mantiene desde sus comienzos una misma esencia: “Funciona como una especie de depósito espacial en el cual se ha ido desplazando población y colocando a través de diferentes procesos de políticas de viviendas, que se vio más agudo desde 1950 hasta la crisis de 2002”.

A fines de 1950 las casas que se empezaron a construir eran modelo. Y venían de la idea de crear “grandes barrios con equipamiento social y un desarrollo urbanístico con vegetación”, dice el antropólogo. Pero esto cambió en los hechos y, con el golpe de 1973, el lugar llegó a convertirse en “una especie de gueto”, según explica Álvarez Pedrosian. A la zona llegaron personas expulsadas de los conventillos de Barrio Sur y Palermo, los que no podían mantener un alquiler en Cordón, además de la migración del campo. Y el control de ingreso al barrio era muy fuerte por parte de los militares.

Para Álvarez Pedrosian la violencia estructural que se generó desde 1950 se arrastra hasta esta época y es clave para entender por qué estos barrios presentan altas cifras de delincuencia.

Lo problemático se inició cuando los niños y jóvenes comenzaron a organizarse en barras, primero robando como forma de juego o chiste, hasta consolidarse en una delincuencia organizada. “Antes la pobreza era digna” o había esperanzas “de que la cosa pudiera cambiar”. Pero luego llegó el “sálvese quién pueda”, dice el antropólogo. Él está seguro en su diagnóstico: “Por décadas se desplazó distinta población sin planes claros, se los dejó casi sin servicios, el resultado que vemos hoy era casi evidente”.