jueves, 13 de agosto de 2020

La lucha con pandemia

La conflictividad laboral en julio de 2020 

Tal como se había estimado en informes anteriores, la conflictividad laboral medida a través del Índice que calcula la Universidad Católica aumentó.

 

Si analizamos el Índice Global, es decir el que considera tanto paros a nivel de rama o empresa como generales, observamos que en julio aumentó un 40% respecto al mes anterior. Hay que considerar que en junio se registró el primer paro general del año y aun así la conflictividad de julio fue superior. Si a esto agregamos que en julio no hubo ningún paro general, se deduce que hubo una alta conflictividad sectorial, que de hecho se visualiza en el Gráfico 1 (la conflictividad sectorial de julio fue 33 veces más alta que la de junio, que había sido muy baja).

Si la comparación la analizamos en relación con un año atrás también se observa crecimiento tanto a nivel global como sectorial (en julio 2020 los índices fueron un 175% superiores a los de un año atrás) (Gráfico 1).

Si observamos lo ocurrido en los meses de julio de años electorales, momento en que comienza a discutirse el presupuesto quinquenal, las cifras son similares a las de años anteriores –a excepción de 2005 donde la conflictividad registrada fue muybaja-(Gráfico 2). 

En el mes de julio de 2020 se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades, de los cuales cuatro venían de meses anteriores. Se perdieron por ello 80.778 jornadas laborales involucrándose en los mismos 92.937 trabajadores.

 

 La conflictividad del sector privado fue superior 


Si se analiza lo ocurrido por ramas y sector se observa que la conflictividad privada representó el 78% del total del mes. Dentro de ésta se destacaron la “construcción” (41%) y el “transporte” (27%) (Gráfico 3).

 



En la “construcción” se registró un paro nacional con realización de una asamblea donde se discutió el convenio salarial bajo la consigna “ni un paso atrás”.

Los trabajadores explicitaron que no aceptarían rebaja salarial dado que el sector no había sido afectado por los impactos del Covid 19.Sobre fin de mes el sector firmó un convenio salarial muy diferente a lo establecido en las pautas acordadas a comienzos de julio, que contiene todos los componentes aprobados por dicha asamblea: vigencia hasta el 2023, ajustes superiores a los propuestos en los lineamientos y a partir de abril de 2021 se mantendrá el salario real en función de las personas ocupadas. Además, se crea un fondo de contingencia para atender a trabajadores que están con problemas de alimentación o vivienda entre otros beneficios.

En segundo lugar, se ubicó el “transporte” donde se sumaron paros de transporte de pasajeros y de carga. En el primer caso se registró un paro del transporte interdepartamental y suburbano al que se sumó el taxi y cooperativas de Montevideo, en reclamo de reintegros del seguro de paro sin despidos. Por su parte la empresa CITA paró durante 10 días por una rebaja salarial que ocurrió en junio, conflicto que se levantó al acordar que se reintegraría lo que se había rebajado.

En el transporte de carga hubo dos paros –uno con bloqueo del puerto-en rechazo al convenio puente con rebaja salarial y a que el gobierno deje sin efecto el Sistema Integral de Control de Transporte que pretendía mejorar las condiciones de trabajo.En la “industria manufacturera” se registró un paro de trabajadores de la Industria de la Carne, convocado por una parte del sindicato, para acompañar una marcha de trabajadores del Frigorífico Canelones en reclamo de su reapertura y en la “salud” un paro de la FUS en defensa de los puestos de trabajo.

En el “sector público”, que representó el 22% del total del mes, se destacó la Administración Pública con el paro realizado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en contra del ajuste, en rechazo a la rebaja salarial y en defensa de las empresas públicas. Hubo también paro de docentes de secundaria en rechazo a la Ley de Urgente Consideración y de los funcionarios del MIDES por renovación de contratos.

 Reivindicaciones salariales fueron la causa principal

Los paros por negociación colectiva y en rechazo a las rebajas salariales fueron la mayoría y los conflictos por “reivindicaciones salariales” representaron el 78% del total.

En segundo lugar, se ubicaron los conflictos por “empleo”: salud privada, trabajadores de la industria de la carne,el paro del transporte de pasajeros y el del MIDES.En “otros” se consideró el paro en rechazo a la LUC y en “condiciones de trabajo” uno realizado por los trabajadores del Puerto ante el fallecimiento de un trabajador en reclamo de mejores medidas de seguridad.Por otra parte, hubo un par de conflictos con medidas atípicas: los trabajadores de la pesca repartieron pescado frito en la plaza Independencia en reclamo de fuentes de trabajo y los trabajadores del teatro independiente realizaron algunas representaciones al aire libre reclamando la reapertura de los teatros. Y sobre fin de mes la Intersocial integrada por varias organizaciones (PIT-CNT, FUCVAM, FEUU entre casi 50) realizó una marcha en rechazo a la LUC.
 

 

 

Sin educación no hay futuro

 Que la crisis no la pague el pueblo

 El recorte a la Universidad de la República en medio de la pandemia con una fuerte inversión en investigación y atención a la salud para atender la emergencia sanitaria. La respuesta del Gobierno es recortarle mas del doble del gasto extraordinario que permitió a la UdelaR brindar los test de COVID19 y seguir impartiendo los cursos a más del 85% de los estudiantes y comenzar el retorno gradual con adecuadas medidas de seguridad

 

>>> Mentira

 

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche explicó por qué la Universidad de la República no fue incluida en la suspensión del recorte previsto por el Gobierno Nacional para la ciencia y la tecnología.
“La UdelaR tiene un presupuesto amplio y si es de su interés destinar recursos a ciencia“, tecnología o innovación “lo puede hacer sin tener que hacer el abatimiento ahí”.

El 80% de la investigación y la ciencia realizada en Uruguay, la hace la Udelar.

Presupuesto para el pueblo
Presupuesto para la educación pública
Presupuesto para la ciencia y la tecnología

 

 

COMUNICADO DE MESA EJECUTIVA DE AFFUR ANTE PROPUESTAS DE PÉRDIDA SALARIAL Y DE OTROS DERECHOS.

12 de agosto de 2020

Estimados compañeras/os

El 10 de agosto se reunió nuevamente el Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector Público. En esta instancia el Gobierno Nacional volvió a afirmar que propondrá una pérdida de salario real de los trabajadores/as públicos. La misma se produciría durante el próximo año 2021 y no queda claro qué pasaría después. Además el Gobierno aún no ha manifestado cual sería el porcentaje de esa pérdida.

Suponemos que no querrán otorgar, en el próximo mes de enero, el ajuste por el 100% de la inflación pasada, como se venía haciendo hasta ahora. Si ello ocurriera estaríamos frente a una rebaja del salario real.

Por si esto fuera poco, el Gobierno también adelantó que está pensando en un nuevo régimen de licencias médicas para todos los funcionarios públicos. Si bien en la reunión no se brindaron mayores detalles al respecto, lo que se estima es que se puede pretender asimilar a los públicos con los privados (sistema DISSE), por lo tanto se podría perder el derecho a cobrar la totalidad del salario cuando el funcionario se encuentra de licencia médica, como ocurre actualmente.

También hay una presión para que no se llenen vacantes: se exhorta a los organismos del art 220, en el que se encuentra la UDELAR, a que realicen reestructuras o en su defecto a que provean una sola vacante de cada tres que se produzcan.

Si a esto le sumamos la decisión del Gobierno de realizar un recorte del 15% en gastos e inversiones a todos los organismos públicos, incluida la UDELAR, como recientemente declararon la ministra de Economía Arbeleche y el director de la OPP Alfie, vemos que el panorama es siniestro. Se piensa excluir del recorte al instituto Pasteur, la ANII o el INIA, porque realizan investigación, pero no se quiere excluir del recorte a la UDELAR, a pesar de que es la institución que hace la mayor parte de la investigación en el país…

Nosotros entendemos que evidentemente se generó una crisis económica desatada a raíz de la pandemia y la emergencia sanitaria, entre otros factores, pero lo que no podemos aceptar es que, una vez más, la solución a la crisis sea rebajar los salarios de los trabajadores/as más sumergidos. La vieja receta neoliberal que castiga a los más débiles y profundiza además la recesión económica.

Un país que no invierte en educación, que no invierte en sus instituciones públicas, es un país que apuesta a la fractura social, a las privatizaciones, a que quienes tengan los recursos económicos suficientes envíen a sus hijos a la educación privada y a que la educación pública se deteriore más y más.

El desplante que el Gobierno le pretende hacer a la UDELAR al incluirla dentro de los recortes anunciados es una clara muestra de una definición ideológica en muchos sentidos. Los recortes en gastos e inversiones van a afectar, obviamente, no sólo a los servicios que brinda la institución, sino también a las condiciones de trabajo en la misma. También es una fuerte definición ideológica que se apueste por la rebaja salarial para campear la crisis.

Ante todas estas situaciones necesitamos unirnos para dar una respuesta clara y contundente. Debemos bregar por la unidad de los trabajadores en estos difíciles momentos y aunar esfuerzos con el conjunto del movimiento sindical y las organizaciones sociales. No podemos aceptar recortes ni rebajas salariales sin lucha. La crisis no la deben pagar los trabajadores/as.

Solicitamos a todos los sindicatos de base de AFFUR que vayan considerando la definición de propuestas para poder ir armando, entre todos, un plan de lucha sostenible que esté a la altura de la gravedad de la situación que debemos enfrentar. No debemos permitir que la pandemia sea una situación coyuntural que aproveche oportunistamente el Gobierno para impulsar sus políticas de recortes sin oposición.

Nuestra respuesta tendrá que estar a la altura de la gravedad de lo que se anuncia. Es la hora de la unidad de las y los trabajadores en la defensa de sus legítimos intereses. Es la hora de la unidad del pueblo para enfrentar al neoliberalismo.

Unidad, Solidaridad y Lucha.

Mesa Ejecutiva de AFFUR.

>>> Nos van a oir

 Marcha de los/las Mártires Estudiantiles. 

Ayer como hoy.

 
En 1968, cuando Líber Arce fue asesinado, el gobierno actuaba bajo la impronta de las médidas prontas de seguridad. En 2020, la LUC habilita el gatillo fácil y criminaliza la protesta.
En 1968, la Udelar impulsa un plan para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahora en la actual pandemia, la Universidad de la República destina recursos y conocimientos para enfrentar al Covid 19. Hace 52 años, la Udelar también sufría recortes presupuestales como hoy.
Este viernes 14, nos movilizamos junto al movimiento estudiantil porque "en momentos de crisis, el bien más preciado es la educación."

 

 

 

martes, 11 de agosto de 2020

Los intocables

 

 

El expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia y el exdirector del banco estatal Jorge Perazzo, declararon hoy ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado por los préstamos que Fripur -empresa pesquera de los hermanos Fernández- que cerró en 2015 y recibió créditos del BROU sin tener suficientes garantías, informaron fuentes de la investigación a El País. 



La denuncia por estos préstamos irregulares la presentó el abogado Gustavo Salle en 2016. “Durante diez años, el presidente de la República, José Mujica y directores del BROU, actuando por fuera de la ley, otorgaron un tratamiento privilegiado a Fripur. Le dieron préstamos millonarios pese a que el banco había decidido que no era posible otorgarle más dinero. El que concedía los préstamos a discreción era Calloia”, dijo Salle a El País en junio de 2019.

En el expediente consta un informe pericial que compromete la gestión del anterior directorio del Banco República, cuyo titular era Calloia, por otorgar préstamos a Fripur, pese a que se había resuelto no concederle más fondos. El informe, además, advierte que hubo autorización de desembolsos de dinero por parte del banco sin haber completado la constitución de garantías y un eventual destino distinto del dinero obtenido por dichos préstamos.

El País informó en junio de 2019 que a partir de 2007 comenzó un proceso de crecimiento de la deuda de Fripur para tocar un máximo en el año 2013 cuando alcanzó prácticamente US$ 70 millones. En la Justicia Civil, el banco reclamó a la compañía US$ 39.013.928 más intereses. El BROU adjuntó una lista con más de 20 préstamos que concedió a Fripur. Por ejemplo, uno fue por US$ 12 millones. La lista incluye otros préstamos por montos que van desde US$ 40.000 a US$ 1.134.818.

Se destacan otros créditos: US$ 22 millones firmado el 20 de noviembre de 2010; US$ 9.200.000 rubricado el 31 de mayo de 2011; US$ 12 millones firmado 26 de abril de 2012, y US$ 12 millones suscrito el 14 de diciembre de 2010.

Fernández había declarado en esa fecha de 2019, frente al juez Pablo Benítez, que él recorría los cinco continentes tratando de vender pescado y que la parte económica y financiera de la empresa era manejada por su hermano, Máximo, hoy fallecido, y por entonces gerente general de la compañía.



"Daría mi sangre y mi corazón por el Frente”. Así lo señaló el dueño de Fripur, Alberto Fernández, en una concurrencia a una comisión investigadora de Diputados que investigaba los financiamientos de los partidos políticos. Fernández también es conocido por prestarle su avión privado a los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica y pidió a las Hermanas Oblatas que confeccionaran la banda presidencial que lució el líder del MPP en su asunción. El empresario, en una oportunidad, dijo que no pagó la banda porque nunca le llegó la factura. Pero sí financió con US$ 15.000 la fiesta de asunción de Mujica.

Otra fue su actitud hacia el Estado uruguayo. Fernández vendió 4.700 toneladas de pescado prendadas por el Banco República y el Banco de Previsión Social por montos que superan los US$ 12 millones, señala el dictamen de la fiscal Gabriela Fossati publicado ayer en la web de la Fiscalía de Corte.

Según el expediente judicial, al que accedió El País, ambas instituciones pretendieron ejecutar las prendas tras incumplir Fripur los contratos firmados y descubrieron que gran parte del pescado había desaparecido. La pesquera cerró en 2015.

La fiscal Fossati pidió el procesamiento y prisión para Fernández, informó ayer el programa Todo Pasa de Océano FM. Pretende que la Justicia le tipifique dos delitos específicos a la ley de prenda que tienen características similares al fraude, Ese expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia penal del Banco República (BROU).

No es la única investigación que enfrenta Fernández. La Justicia Especializada en Crimen Organizado lo indaga por préstamos del Banco República que recibió Fripur sin tener suficientes garantías. Y un Tribunal de Apelaciones analiza un fallo de primera instancia que lo condena por extraer una mansión de su patrimonio para evitar su remate

Incumplimiento de contratos firmados. Según el dictamen de Fossati, los hechos que motivaron la investigación se vinculan con dos garantías de prenda sin desplazamiento que contrató Alberto Fernández y un familiar en nombre de Fripur con el BROU. Esos documentos fueron firmados el 6 de julio de 2012 por Alberto Fernández y una de sus sobrinas y el otro el 20 de agosto de 2013 por el empresario y su cuña- da, por US$ 7.300.000 y por US$ 3.000.000 respectivamente.

Ante el no pago de los créditos, el Banco República inició la ejecución de la prenda ante la Justicia. Cuando concurrieron al domicilio de Fripur para efectivizar el embargo y secuestro, detectaron que “gran parte de la mercadería no estaba”, dice la fiscal. Es, agrega, el equivalente a 1.383 toneladas de pescado.





Encuentro de ollas populares

 

 Se dió el 1er Encuentro de Redes y Ollas Populares, donde se trabajó mucho para su convocatoria, donde se discutieron e intercambiaron aspectos cruciales para afrontar la cruda realidad que viven hoy los de abajo y donde quedaron acentadas las primeras síntesis para empezar a forjar los marcos organizativos de una coordinadora de redes y ollas populares.
Si no luchamos juntos nos matan por separado!!
La unidad hace la fuerza!!
Arriba los que luchan!!

Fotos de C.s. Galpón de Corrales

 El domingo 9 de agosto, sucedió un hecho importantísimo. Se reunió el primer Encuentro de REDES Ollas Populares, en el local de FUCVAM bajo la consigna: “Solidaridad , Compromiso y Lucha en la Olla Popular”.
Fueron convocados bajo la iniciativa militante de la Coordinadora Solidaria de Villa Española, Red de Ollas Al Sur, Red de apoyo a ollas y merenderos solidarios del Cerro por autonomía y vida digna, Solidaridad Carbonera, Red de ollas Bella Italia, Solidaridad.uy y la red solidaria del Barrio Lavalleja.
Conversamos, antes de arrancar el plenario, con Leticia, vecina de la Red del Barrio Lavalleja, sobre el inicio de esta convocatoria, y las expectativas que genera.

 De acuerdo al orden del día propuesto, la actividad encararía los siguientes temas:  Realidad y necesidades de las ollas. Abastecimiento, formas de trabajo, colaboración y eficiencia en insumos y usos de materiales. Reflexión crítica sobre el contexto político, económico y social. De la asistencia a la reivindicación. Autonomía, nuestro rol y vínculo con el movimiento social. Marco organizativo para nuestro movimiento de aquí en más.

Conversamos, ya entrada la noche, y finalizado el encuentro, con los vecinos que hacen a la vocería de la actividad, para que nos cuenten sobre los acuerdos  a los que llegaron, y los desafíos de aquí en más. Nos comunicamos para arrancar con el resumen de la jornada,  con Paola Beltrán, de la Coordinadora Solidaria de Villa Española

 

 Se realizó el primer encuentro de redes de ollas solidarias, puntapié para la creación de una coordinadora
La Diaria 10 de agosto de 2020 ·


En un contexto de demanda sostenida de alimentos y escasez creciente de recursos, “sostener la olla” se vuelve el principal desafío para la inminente organización.

 
Casi un centenar de referentes de redes de ollas populares, merenderos y colectivos sociales participaron este domingo en el primer encuentro de redes de ollas solidarias, que sirvió de puntapié inicial para la creación de una coordinadora de redes de ollas populares. El objetivo principal de la coordinadora, que se seguirá definiendo en futuras reuniones, es establecer una voz única del entramado de iniciativas, y conformar así un nuevo movimiento social y popular. En el encuentro se intercambió también sobre la sustentabilidad del movimiento y la situación de riesgo en la que se hallan algunas de las más de 200 ollas que actualmente funcionan en Montevideo.


 En julio había 229 ollas solidarias activas en Montevideo, de las cuales hacían uso 38.719 vecinos.
Según datos que presentaron integrantes del proyecto Solidaridad Uy, en julio había 229 ollas solidarias activas en Montevideo, de las cuales hacían uso 38.719 vecinos. De las ollas activas, 30 se encontraban “en situación crítica”, es decir que dejaron de funcionar temporal o definitivamente por falta de recursos materiales o humanos. El municipio capitalino que concentra mayor cantidad de ollas populares es el A, con 91 centros activos, seguido por el D y el G, con 39 y 35, respectivamente. En ese contexto, con una demanda sostenida de alimentos y una escasez creciente de recursos, “sostener la olla” se vuelve el principal desafío para la inminente coordinadora.


“Las ollas populares son más que ollas populares, son colectivos territoriales de denuncia”, manifestó Esteban Corrales, integrante de la Red de Ollas al Sur y de la olla popular de Palermo. Corrales explicó que la idea de generar el encuentro surgió “hace un par de meses”, cuando distintas redes que este domingo participaron “percibieron la necesidad de empezar a tejer vínculos entre problemáticas similares que se nos vienen planteando de forma permanente”. En ese sentido, consideró que es necesario “tejer” un entramado colectivo “desde los territorios, con la legitimidad que da una participación amplia, horizontal y comprometida con la realidad que estamos viviendo”.


 El municipio capitalino que concentra mayor cantidad de ollas populares es el A, con 91 centros activos, seguido por el D y el G, con 39 y 35, respectivamente.


Si bien el énfasis del debate estuvo puesto en la necesidad de fortalecer y asegurar el funcionamiento de las ollas a través de la sinergia entre las distintas redes, también hubo una instancia de análisis sobre la coyuntura social que atraviesa el país, sobre todo a partir de la crisis derivada de la emergencia sanitaria. En ese marco, se habló sobre la necesidad de “transitar de lo asistencial a lo reivindicativo”, apuntando a la organización social como un actor político fundamental. “Las ollas populares nacen en un contexto de crisis sanitaria pero desnudan, con mucha crudeza, contradicciones que hay en la sociedad, estructurales, de larga data, que se agudizan en el momento en que surge la emergencia sanitaria”, reflexionó Corrales.


 Con una demanda sostenida de alimentos y una escasez creciente de recursos, “sostener la olla” se vuelve el principal desafío para la inminente coordinadora.


En la misma línea, Paola Beltrán, de la Coordinadora Solidaria de Villa Española, advirtió que “es importante visualizar que esto recién arranca, que esta situación de crisis, de vulnerabilidad, de falta de ingresos, de un Estado que desampara es un proceso que se va a ir agudizando con el paso del tiempo”. En este escenario, consideró “importante fortalecer los entramados organizativos” de los territorios “vinculando las organizaciones sociales entre sí, y donde no existen, tratar de promoverlas”. No obstante, hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno y el Estado en la respuesta a las necesidades de la población: “No puede ser que un vecino de un barrio se angustie porque si cierra su olla hay un montón de gente que no puede comer. Eso no puede ser responsabilidad de un vecino o una vecina. Hay un Estado, hay un gobierno, hay recursos que tienen que ponerse y tensionarse para atender la emergencia que tenemos hoy”, aseveró.

 

 


¿A qué futuro nos enfrentamos?

 

 

  Rompkbzas  10 agosto 2020

 La columna de Carlos Peláez.

 
Decenas de miles de personas en todo el país, con certeza no sabemos cuántos, comen diariamente en las ollas populares.


Unas 150.000 personas no tienen empleo.


Unas 500.000 personas están sub empleadas.


Son algo más de la tercera parte de la población económicamente activa.


25.000 dejaron de pagar a Antel.


Otro tanto dejaron de pagar agua y energía eléctrica.


El precio de los alimentos se incrementó un 20% y la carne cerca de un 30%.


No sabemos cuántos ya no pueden pagar el alquiler de su vivienda ni cuántos dejaron de pagar al BHU.


La gran duda es qué va a pasar cuando se acaben los subsidios de desempleo y no existan nuevos puestos de trabajo, ¿dónde vivirá la gente que no puede pagar el alquiler o la cuota de su casa? o ¿qué harán las personas cuando no tengan comida?