El gobierno y el caso Marset: Secretos y mentiras
La Cancillería decidió declarar reservada toda la documentación relacionada con la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y el intercambio de mensajes de WhatsApp sobre el tema entre los entonces viceministros Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior).
El ministerio argumentó que la publicación de la información contenida en esos documentos podría afectar la investigación iniciada en Fiscalía y dañar “diversos derechos”, entre ellos la “inocencia”, de las personas que participaron en el manejo de los expedientes de Cancillería.
La decisión del ministerio, que debió ajustar después de un reclamo ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, responde a un pedido presentado por un periodista de Búsqueda en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Rechazo inicial
La entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset, lo que facilitó su huida de Emiratos Árabes Unidos, tuvo consecuencias inesperadas para el gobierno. En noviembre del año pasado, Búsqueda informó que el gobierno había intentado ocultar de la Justicia los mensajes que intercambiaron Maciel y Ache en los que quedaba claro que, contrario a lo que declaró el gobierno en una interpelación parlamentaria, ambos sabían que se trataba de un narco “pesado” y “peligroso” en momentos en que tramitaba el documento uruguayo.
La publicación provocó la renuncia de Maciel, de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior), y del principal asesor en comunicación y estrategia del presidente, el publicista Roberto Lafluf. La información mostraba que varios jerarcas discutieron cómo hacer para no entregar una copia de los chats entre Maciel y Ache, pese a que había una sentencia judicial que obligaba a la Cancillería a presentar esa documentación.
El intento de ocultamiento implicó, entre otras cosas, que Lafluf destruyera en Presidencia un acta notarial con los chats que había entregado Ache para cumplir con la sentencia. El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que investiga la entrega del pasaporte, decidió abrir una investigación paralela para determinar si hubo delitos en ese proceso.
Búsqueda presentó solicitudes de acceso a la información ante la Cancillería para conseguir, entre otras cosas, todos los expedientes y comunicaciones internas relacionadas con el cumplimiento de la sentencia judicial que obligaba al ministerio a entregar los chats.
El 28 de diciembre, el ministro Omar Paganini firmó una resolución en la que declaró reservada la información. Argumentó que toda la documentación vinculada “directa o indirectamente con trámites y actos administrativos referidos a procedimientos disciplinarios” está reservada por una resolución anterior. Además, dijo que, como era “de público conocimiento”, la información era objeto de una investigación preliminar en Fiscalía y que el Código del Proceso Penal (CPP) establece en su artículo 259.2 el “carácter de reserva para los terceros ajenos” de la documentación relacionada con ese procedimiento.
Tras un reclamo de Búsqueda ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la oficina solicitó a la Cancillería que cambiara su resolución o entregara la documentación.
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública entendió que la decisión del ministerio “no se ajusta a derecho”. Indicó que la resolución no se amparaba en ningún causal de excepción. También mencionó que “la reserva genérica” basada en el CPP no correspondía y que no se establecía un plazo de reserva.
Derecho a la “inocencia”
El canciller Paganini, que asumió su cargo tras la renuncia forzada de Bustillo, aprobó otra resolución en marzo con la que mantuvo la reserva.
Reiteró en sus considerandos que el artículo 259.2 del CPP establece la reserva de las investigaciones y que la documentación pedida estaba vinculada con una investigación del fiscal Machado, lo que surgía de información publicada en medios de comunicación. Facilitar el acceso a la documentación solicitada “no corresponde” al ministerio, “ya que se estaría violando” esa reserva, justificó.
El ministerio sostuvo que “existen elementos objetivos que permiten determinar que, en caso de relevar la reserva de las actuaciones, se genera la expectativa razonable de un daño a diversos intereses legalmente protegidos, a saber: a) el normal desenvolvimiento de la investigación preliminar penal, evitando entorpecimientos o frustraciones a la misma por la intervención de personas ajenas al proceso, b) la protección de diversos derechos (inocencia, etcétera) de las personas involucradas en el expediente cuyo acceso se pretende”.
Esta resolución ministerial, a diferencia de la anterior, fue considerada válida por la UAIP. La decisión “se ajusta a los parámetros legales, en tanto adecuó la prueba de daños exigida, si bien no indica el literal del articulo 9 de la Ley de Acceso en el que la fundamenta”, falló el Consejo Ejecutivo de la unidad.
Consultada acerca de a qué se refería con que el ministerio “adecuó la prueba de daños exigida”, el Consejo respondió que “la prueba de daño se infiere” de la nueva resolución.
Búsqueda preguntó a la unidad si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene derecho a reservar documentos por las dudas de que el fiscal los reclame y qué pasaría si nunca pide la documentación. También consultó qué daños a la “inocencia” de los involucrados podía provocar la difusión de los expedientes.
La UAIP, el 12 de julio, respondió que ya había dado posición sobre el tema.
La reserva resuelta por la Cancillería se suma a otras decisiones similares vinculadas al caso Marset. En diciembre, el ministerio declaró reservado el expediente relacionado con la investigación administrativa que realizó sobre la entrega del pasaporte.
El ministerio además decidió, según informó Búsqueda, no iniciar una investigación interna sobre las personas que participaron en el episodio que derivó en la destrucción del documento entregado por Ache a Cancillería. También en este caso argumentó que no quería incidir en la investigación del fiscal Machado, quien todavía no tomó ninguna decisión relacionada con esa indagatoria.
Machado ha declarado que esperará a tomar una decisión sobre la investigación vinculada al pasaporte, para recién después activar la relacionada con la destrucción del documento.
Mientras el fiscal todavía no avanzó, el ministerio designó al entonces encargado de Jurídica de la Cancillería, Carlos Mata, como representante de Uruguay ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Mata fue quien le llevó el documento a Lafluf a la Presidencia de la República y que el asesor destruyó. Bustillo, que le pidió a Ache que “perdiera” su celular así ganaba tiempo y no entregaba los chats, volvió la semana pasada al ministerio después de ocho meses de licencia. El diplomático asesorará al área de política, informó Paganini en el programa Periodistas, de Canal 5.
