Organizaciones sociales finlandesas denunciaron ante la ONU contrato entre Uruguay y UPM
Exigen “una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en 2017”.
15 enero 2021
Este viernes fue denunciado ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el contrato firmado por el gobierno uruguayo con la empresa
finlandesa UPM.
La denuncia presentada por organizaciones sociales finlandesas
ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de
Naciones Unidas solicita "una auditoría independiente que determine la
afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de
la población por el contrato firmado en noviembre de 2017 entre la
empresa UPM y el gobierno uruguayo", informaron desde el Movimiento por
un Uruguay Sustentable (Movus).
La denuncia integra además la responsabilidad que le cabe a Finlandia
por las acciones de UPM, en el entendido de que UPM "es una corporación
transnacional en la que están involucrados intereses públicos y
privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de
la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un
ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es
responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus
obligaciones".
Entre otras cosas se destaca en la denuncia que "numerosos grupos y
comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán
los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el
medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la
mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran
cambio en la tierra y el agua de Uruguay".
Desde MOVUS se han presentado en reiteradas ocasiones informes y
denuncias, incluso ante la justicia, por lo que entienden una "continua
violación de derechos que supone la obra de UPM en Durazno; obra que se
realiza sin haber completado los estudios previos de línea de base y el
sistema de dilución de los efluentes requeridos en la autorización
ambiental previa de la planta de celulosa".
Cabe recordar que en noviembre la Justicia desestimó la demanda de Movus
contra la empresa finlandesa UPM. La decisión estuvo a cargo de la
jueza Magela Otero e implica que no se frenarán las obras de la
construcción de UPM II, que se están desarrollando en Pueblo Centenario,
Durazno.
Organizaciones sociales finlandesas demandan a Naciones Unidas
una auditoría independiente para saber si los efectos del Contrato con
UPM afectan o no los derechos humanos económicos, sociales y culturales
de los uruguayos.
Víctor L. Bacchetta
New Wind Association, Economic Justice Action Group of Friends of the
Earth y Emmaus Aurinkotehdas, tres organizaciones sociales de
Finlandia, elevaron hoy al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas una denuncia sobre los impactos de la
nueva inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de
asegurar y controlar el respeto por esa empresa de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales de la población de este país.
«Como UPM es una corporación transnacional en la que están
involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los
impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la
producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con
respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco
para garantizar que no descuida sus obligaciones», afirma la denuncia.
«Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos […] puedan realizarse plenamente», recuerdan las organizaciones citando la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y agregan que «todos los órganos de la sociedad» deberán «promover el respeto de estos derechos y libertades»,así como adoptar las medidas nacionales e internacionales para asegurar su reconocimiento.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por
sus siglas en inglés) es un órgano compuesto por expertos independientes
con el fin de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto fue aprobado por
la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y, tras ser
ratificado por los Estados, entró en vigor el 3 de enero de 1976.
El CESCR fue creado el 28 de mayo de 1985 por resolución del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para llevar a cabo
las funciones de seguimiento del Pacto asignadas a este Consejo. El
CESCR está integrado por 18 expertos independientes de alta
consideración moral y reconocida competencia en el ámbito de los
derechos humanos elegidos por los Estados partes del Pacto.
Los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal
por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos. La presidencia es
ocupada en la actualidad por el jurista brasileño Renato Zerbini
Ribeiro Leão. En la próxima reunión del CESCR, a celebrarse del 15 de
febrero al 5 de marzo, se tratarán los informes de Finlandia y Latvia
que incluyen las presentaciones de organizaciones de la sociedad civil.
«Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda
preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de
inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el
proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los
contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el
agua de Uruguay», señalan las organizaciones finlandesas al CESCR.
Y agregan que, como Finlandia y otros estados tienen poderes para controlar a «las
corporaciones constituidas bajo sus leyes, o que tienen su sede
estatutaria, administración central o lugar principal de negocios en su
territorio», el estado finlandés «tiene que usar ese poder de control para asegurar los derechos humanos en particular en megainversiones público-privadas en el exterior como ésta».
Un acuerdo desigual no ofrece garantías
El informe presentado al CESCR, titulado «Sobre
la mega inversión de UPM-Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de
asegurar y monitorear que respete los derechos humanos económicos,
sociales y culturales en cumplimiento de las obligaciones del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», realiza un análisis detallado del nuevo proyecto de UPM y de sus consecuencias.
Reproducimos a continuación fragmentos del Prefacio del documento (*).
«Uruguay y la corporación trasnacional UPM acordaron en esta su
inversión común que Uruguay debía primero hacerse cargo de construir el
ferrocarril, la terminal portuaria y las obras de infraestructura, así
como introducir cambios en la educación, las leyes y las condiciones
laborales del país para atender los negocios de UPM. y solo si UPM
consideraba que eran idóneos decidiría realizar su inversión.
UPM tendrá así una enorme influencia para exigir más y más a Uruguay
para servir a sus intereses comerciales porque los 4.000 millones de
euros que Uruguay invirtió por adelantado para atender el proyecto de
UPM, serán un gran desperdicio si UPM no invierte sus 2.400 millones de
euros para la producción de celulosa.
La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado
que los impactos acumulativos que tendrá este proyecto sobre los
derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados
con la participación de las personas afectadas y no son debidamente
conocidos por el pueblo uruguayo.
Los derechos humanos están amenazados por un acuerdo en el cual una
nación invierte una cantidad superior al 7% de su Producto Interno Bruto
anual en un proyecto que puede no realizarse en absoluto si una empresa
privada considera que los esfuerzos de Uruguay no son suficientes.
No se pueden verificar adecuadamente los impactos de un proyecto
cuando el destino de una gran extensión de los recursos de Uruguay –
tierras, el agua, ecosistemas, la biodiversidad, infraestructura,
condiciones ambientales, laborales y educativas, etc. – depende de lo
que a UPM se le ocurra decidir que es rentable para su negocio.
Los órganos y relatores de la ONU han señalado que los estados no
pueden dejar en manos de los actores empresariales privados, que tienen
intereses comerciales en las inversiones, la evaluación de los impactos
sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sino que los estados son
responsables de evaluar, los impactos y actuar para garantizar los
derechos humanos y la integridad ambiental.
Con respecto a cómo los derechos humanos económicos, sociales y
culturales pueden ser afectados por el proyecto, como país de origen de
UPM, Finlandia es responsable junto con Uruguay de garantizar el respeto
de estos derechos humanos y su adecuada protección para que las
actividades comerciales de UPM en Uruguay no afecten negativamente sino
promover la realización de estos derechos.
Con respecto a dichos impactos, Finlandia también debe ayudar a
establecer una comisión o entidad de revisión independiente e imparcial
que los órganos respectivos de la ONU puedan nominar o aprobar como
competente para evaluar los impactos del proyecto de UPM sobre los
derechos humanos económicos, sociales y culturales y en el medio
ambiente, en particular en la biodiversidad y el agua.
Finlandia debe contribuir a cubrir junto con Uruguay los costos de
dicha comisión de evaluación guiada de la ONU y respetar sus hallazgos
en términos de sus obligaciones como estados parte de la ONU de
proporcionar de manera transparente toda la información solicitada por
la comisión con respecto al proyecto.»
Comunicado de prensaUPM denunciada en Naciones UnidasEn el día de hoy fue denunciado en la ONU el contrato firmado por el gobierno uruguayo con UPM.
La denuncia presentada por organizaciones sociales finlandesas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas solicita una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en noviembre de 2017 entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo.
La denuncia integra además la responsabilidad que le cabe a Finlandia por las acciones de UPM, en el entendido de que UPM:«es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones»
Entre otras cosas se destaca en la denuncia que «Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay».
Desde el MOVUS se han presentado en reiteradas ocasiones informes y denuncias, incluso ante la justicia, por la continua violación de derechos que supone la obra de UPM en Durazno; obra que se realiza sin haber completado los estudios previos de línea de base y el sistema de dilución de los efluentes requeridos en la Autorización Ambiental Previa de la planta de celulosa.
Otras organizaciones también han presentado denuncias por la violación de los derechos humanos, en especial por la construcción del tren para UPM cuya obra y futura operación supone riesgo de vida para miles de uruguayos y sobre lo que se ha expedido concordantemente la Institución Nacional de Derechos Humanos en el período de gobierno pasado.
El texto completo de la denuncia se encuentra en: http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/report-to-un-cescr-on-upm-investment-in-uruguay/
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
15 de enero 2021
Contactos:
Victor Bacchetta 098935317;
Ana Filippini 098407572;
Raúl Viñas 099648685