sábado, 8 de agosto de 2020

La motosierra de Isaac Alfie



>>> No te olvides que Isaac

Las desviaciones de Alfie son profundas

Estamos viviendo una revolución tecnológica de la humanidad. El trabajo humano está siendo suplantado por la automatización y la inteligencia artificial. Entonces una cajera automática suplanta puestos de trabajo en el super y en los bancos, dentro de muy poco se suplantaran los choferes de taxis, ómnibus, y camiones de carga. La tecnología TESLA suplantará puestos de choferes. Ya lo hace UBER en el primer mundo, pronto llegará aqui porque es mas barato, funciona 24 horas, no se enferma, no está sindicalizado. Es mejor para la continuidad de las empresas. 

Si bien habrá y ya hay pérdida de puestos de trabajo, los trabajadores deberán entonces adaptarse al desafío de actualizarse y capacitarse para las nuevas formas de trabajo. Se terminan los trabajos artesanales que son suplantados por máquinas como se suplantan los carteros por el email. pero se crean otros puestos de trabajo. Para ello hay que capacitarse. Estamos en plena revolución global del trabajo donde miles que no compitan por un trabajo quedan en la calle.


>>> Hablan de despilfarro


Primero el desprestigio, luego el recorte

«En este marco se inscribe la ofensiva desplegada contra el Inefop, destinadas a deteriorar su imagen y a recortar sus programas. Vemos nuevamente los mecanismos ya utilizados en otras instituciones y empresas públicas: sugerir corrupción, cuestionar su necesidad, exponerlas como ineficientes y —como conclusión— aplicar recortes y reducciones. La ofensiva contra Inefop recorre esta receta al pie de la letra. Para ello articula tendenciosas operaciones mediáticas con intervenciones políticas cargadas de intencionalidad, más allá de las pruebas que la realidad presenta. Inicialmente, desde algunos medios se agitaron los fantasmas de la corrupción en la aplicación de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los actores que integran el instituto. Fondos de los que participa también la cooperación internacional aportada por la OIT, y de los que disponen equitativamente las organizaciones empresariales y los sindicatos.
Luego se desplegaron los cuestionamientos sobre la validez de sus programas y proyectos»

 

 

La motosierra llega al Inefop

Vistos los recortes presupuestales anunciados queda en claro que la inversión social será la más afectada por la política de ajuste del Gobierno.

EDITORIAL
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de conformación tripartita, administra el Fondo de Reconversión Laboral destinado a estimular el desarrollo social y productivo del país, a partir del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de empleo y formación profesional.
Con este cometido, el Inefop en primer término identifica los intereses y necesidades de empleadores y trabajadores, así como los de la población más vulnerable frente a la desocupación. Sobre esa base brinda luego asistencia técnica y formación profesional a empresarios, emprendedores y directivos de empresas, y conduce programas de capacitación para trabajadores en actividad y en seguro por desempleo. Con estos fines proporciona becas y tutorías destinadas a lograr la continuidad educativa de los trabajadores.
Otras funciones del instituto son la de actuar como intermediario para facilitar el empleo de algunos sectores de población, en algunos casos mediante la adjudicación de subsidios. También la de colaborar con la finalización de los ciclos educativos de los trabajadores en actividad, en la certificación de competencias laborales y en la asistencia técnica para la creación y desarrollo de empresas, considerando los intereses de empresarios y trabajadores, entre otros cometidos.
Esta breve descripción permite apreciar la trascendencia que tiene una herramienta institucional que, a partir de aportes realizados por trabajadores y empresas, así como de fondos provenientes de la Organización Internacional del Trabajo y otras fuentes de cooperación, atiende el imprescindible proceso de formación y capacitación que el mundo del trabajo requiere.
Mayor aún es su importancia cuando la pérdida y precarización del empleo emergen en forma aguda a partir de la crisis sanitaria y la política económica recesiva que implementa el gobierno. Sin dudas, este instrumento —que permite a los sectores laborales profundizar su formación y elevar su calificación— debería ser considerado un valor estratégico para superar la coyuntura actual.
Sin embargo el camino elegido es nuevamente atacar los ámbitos en que participan los trabajadores, contraer su capacidad para contribuir a la búsqueda de soluciones para el país y desarticular derechos y posibilidades de superación para la población más vulnerable.
En este marco se inscribe la ofensiva desplegada contra el Inefop, destinadas a deteriorar su imagen y a recortar sus programas. Vemos nuevamente los mecanismos ya utilizados en otras instituciones y empresas públicas: sugerir corrupción, cuestionar su necesidad, exponerlas como ineficientes y —como conclusión— aplicar recortes y reducciones.
La ofensiva contra Inefop recorre esta receta al pie de la letra. Para ello articula tendenciosas operaciones mediáticas con intervenciones políticas cargadas de intencionalidad, más allá de las pruebas que la realidad presenta.
Inicialmente, desde algunos medios se agitaron los fantasmas de la corrupción en la aplicación de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los actores que integran el instituto. Fondos de los que participa también la cooperación internacional aportada por la OIT, y de los que disponen equitativamente las organizaciones empresariales y los sindicatos.
Luego se desplegaron los cuestionamientos sobre la validez de sus programas y proyectos. Algunos fueron dirigidos contra la investigación de los mercados de trabajo, y otros a desvalorizar la contribución al desarrollo de aquellas empresas que intentaron recuperar unidades productivas fundidas en manos de los trabajadores. Además fue cuestionada la eficacia de los programas dirigidos a la terminación de los estudios formales de los trabajadores con el apoyo del instituto.
La última línea de la crítica apunta hacia la eficiencia en la gestión, y cuestiona la importante inversión desarrollada en el pasado quinquenio en materia de contrataciones y becas.
Montado el escenario, no se hicieron esperar las primeras medidas tendientes a desmantelar programas y recortar beneficios. Así, en forma sorpresiva y expedita, se cancelaron cerca de 10.000 becas. Con ellas se apoyaba a trabajadores a través del programa Uruguay Estudia, destinado a terminar su formación en el sistema educativo. Y aún mayor será el impacto de estos recortes. A los desocupados participantes en ese programa se les aplicará una reducción del 60 % en los viáticos que recibían, para darles la oportunidad de concurrir a centros de estudio y de esta forma mejorar su calificación en diversos oficios.
 Estas medidas merecen el rechazo frontal de parte del movimiento sindical porque afectan derechos y oportunidades para acceder a mejores puestos de trabajo, a la vez que empobrecen la fuerza laboral de que disponen las empresas. Y también por afectar directamente la oportunidad de miles de trabajadores desocupados, que solo contaban con la capacitación para reconvertirse laboralmente o reingresar al mercado de trabajo.
El retiro de estos apoyos se produce cuando la pandemia y la receta neoliberal aplicada por el gobierno profundizan la recesión y la desocupación. Justo en el momento en que el mantenimiento de la mayor extensión de programas y contribuciones del Inefop resulta estratégico para recuperar el nivel del empleo.
Pero el Gobierno tiene otros planes. Redireccionó al Fondo Coronavirus los recursos disponibles generados por el aporte de trabajadores y empresarios, cuando claramente eran imprescindibles para atender la crisis del empleo. Estas acciones nos muestran a un Estado omiso en el cumplimiento de funciones establecidas por la ley e insensible a la urgencia de fortalecer esta herramienta de cara a la situación de crisis.
Sin duda, la ofensiva destinada a erosionar esta herramienta fundamental tiene un contenido inmediato: el desmantelamiento de un componente imprescindible de las relaciones laborales y la mejora de la calidad del trabajo. Pero aún más profunda es su intención de limitar un pilar fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. El filósofo Fernando Savater afirma que «la educación debe formar ciudadanos y no empleados» y «formar ciudadanos significa formar gobernantes». Desde esta visión no existe, para un gobierno centrado en la exclusión y la vulneración de derechos, nada más peligroso para sus intereses que una clase trabajadora educada y consciente de su papel como ciudadanos.


Ante cierre del diálogo banca oficial aplicará medidas
Vie. 7 de agosto , 2020

Un choque frontal de posiciones se dio ayer por la tarde entre una delegación del sector oficial de AEBU y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.



Lorena Lavecchia ayer, a la salida de la reunión con OPP

Mientras el sindicato entiende que el Banco República necesita dinero para invertir y que algunos de sus locales presentan carencias edilicias y de equipamiento, estas razones no fueron atendidas por la OPP. Argumenta una «falta de dinero» que el directorio anterior «malgastó», afirmó Isaac Alfie. Sobre estas bases el jerarca de gobierno manifestó que se mantendrá el tope de las inversiones en el 85 % y también la decisión de reponer solamente un tercio de las vacantes que se registren en los bancos oficiales.

Esta decisión contrasta con las enormes ganancias que el año 2019 registró el BROU y con el hecho de que en el primer semestre de 2020 estas aumentaron y mostraron que el banco se mantiene como una isla de prosperidad dentro de un conjunto recesivo de la economía nacional.  

 «Nos vamos a tener que reunir a analizar la situación porque estamos disgustados y pensamos en la profundización del conflicto que estamos llevando adelante», afirmó Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial a la salida de la reunión. Hoy al mediodía el consejo del sector delineará las medidas de lucha, dado que no existe una negociación seria, y ha sido cerrada tajantemente por el Gobierno toda posibilidad de hacer más planteos.





viernes, 7 de agosto de 2020

El cóndor con nuevas alas

Las actas parlamentarias sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pedro Mato su asesino haciendo la plancha



Samuel Blixen
7 agosto 2020

La identificación de un nuevo centro clandestino del Plan Cóndor en Buenos Aires facilitó el levantamiento del secreto sobre las actas de la investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, bajo llave desde hacía más de 30 años. Ello revive el protagonismo del prófugo coronel Pedro Mato.

Uno de los capítulos más truculentos del soporte civil para la impunidad de los responsables militares y policiales de los delitos de lesa humanidad fue el operativo montado en el Parlamento, en el segundo semestre de 1987, para hacer naufragar la actuación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La maniobra consistió en filtrar al diario El País el nombre de una testigo y parte de su testimonio secreto, que involucraba a uno de los selectos terroristas de Estado de los aparatos de inteligencia, el entonces capitán Pedro Mato Narbondo, como ejecutor de Michelini.


Para entonces, los diputados de la comisión –los colorados Ramón Pereira Pabén, Edison Rijo, Luis Hierro López, Óscar Magurno y Mario Daniel Lamas; los frenteamplistas Carlos Pita, Luis José Martínez Villalba, Yamandú Fau y Yamandú Sica Blanco, y los blancos Luis Alberto Heber y Alem García– habían tropezado con la determinación del presidente Julio María Sanguinetti de respaldar la postura del general Hugo Medina: negarle al Parlamento la información que hubiera en los archivos militares sobre el cuádruple asesinato de Buenos Aires, en mayo de 1976.

 


Por un pedido de un abogado argentino, que actúa en el marco de la investigación de la Justicia argentina sobre el papel que jugó en el esquema del Plan Cóndor un centro clandestino de detención recientemente identificado, la vicepresidenta Beatriz Argimón resolvió acceder al pedido del senador Jorge Gandini de eliminar el carácter secreto de las actas de la comisión investigadora. Es posible, entonces, que se pueda establecer cómo se efectuó la maniobra y cuáles fueron las argumentaciones que impusieron la abrupta finalización de las investigaciones.


LA FILTRACIÓN
En las actas de la comisión investigadora constan las contundentes afirmaciones de la enfermera Haydeé Trías. La testigo fue enfática en relatar, con detalles, la confesión del capitán Mato. Según esa confesión, Mato viajaba en el asiento posterior de un vehículo, en la ciudad de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976; en el costado izquierdo del asiento estaba el cuerpo ya sin vida del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz; en el costado derecho estaba, aún con vida, el senador Zelmar Michelini. Mato lo remató de un balazo en la sien izquierda. Atrás, en la cajuela del auto, estaban los cuerpos sin vida de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.


Este momento culminante del relato de Trías generó una especial tensión entre los diputados de la comisión: la sesión fue suspendida momentáneamente para confirmar el dato, que consideraron fundamental para determinar el grado de veracidad del relato de la enfermera. La sesión se reanudó cuando los diputados pudieron determinar que la herida de bala que mostraba el cuerpo de Michelini era efectivamente en la sien izquierda.


Había, sin embargo, otros detalles en la historia que contaba Trías y que deberían haber persuadido a los diputados de que no se trataba ni de una fábula ni de una invención: Trías había sobrevivido a dos intentos de asesinato, uno cuando quedó en coma tras una brutal golpiza, una noche al terminar su guardia en el Hospital de Clínicas, y otro cuando una camioneta de una unidad militar de Artillería la atropelló en plena calle, en Agraciada y San Martín, después de haber sido convocada a Diputados para que diera su testimonio.


Tan conscientes estaban los diputados –y el propio ministro del Interior, Antonio Marchesano– de los peligros que corría la enfermera que se dispuso que permaneciera alojada en el propio Palacio Legislativo. Trías concurría a las sesiones de la comisión caminando con muletas, porque permanecía en recuperación de las múltiples fracturas sufridas. Pese a todo –contó después–, algunos legisladores, que no identificó, le ofrecieron diferentes beneficios a cambio de que alterara su testimonio.


El relato de Trías remitía a una noche de fines de mayo de 1976, cuando una amiga, Juliana de Sarro, casada con un militar y que mantenía relaciones en forma simultánea con Mato y Manuel Cordero, le pidió ayuda y le rogó que se trasladara a un apartamento en las cercanías del Hospital de Clínicas. Cuando llegó, se topó con Mato, visiblemente alterado, quien, con un revólver en la mano, decía estar dispuesto a jugar a la ruleta rusa. El capitán dijo que había recibido la orden de sus superiores de viajar junto con Cordero a Buenos Aires y encargarse del asesinato de los dos legisladores. Mato dijo en ese momento que había aceptado porque le ofrecían una casa y un pequeño negocio para su madre. Agregó que cuando llegaron a Buenos Aires Gutiérrez Ruiz ya estaba muerto y con señales de haber sido brutalmente torturado. Después de suministrarle un diazepam a Mato, la enfermera regresó a su casa, escéptica sobre la confesión, pero al día siguiente leyó la noticia de los asesinatos.


Según unas declaraciones posteriores de Trías, un mediodía que almorzaba en el restorán del Palacio Legislativo oyó a un funcionario que le decía a otra persona: «Conseguí las actas». Después, la información fue publicada con detalle en la columna del diario El País que el periodista Daniel Herrera Lussich firmaba con el seudónimo de El Duende de la Trastienda. Nunca se confirmó quién había sido el autor de la filtración ni hasta dónde llegaba la conspiración para bloquear la investigación sobre los asesinatos. El testimonio de Trías era hasta ese momento la pista más sólida.


Luego de la filtración, los diputados consideraron que no existían las mínimas garantías para continuar trabajando. La maniobra fue un éxito de la impunidad, en momentos en que la derecha y la corporación militar estaban empeñadas en impedir el plebiscito para derogar la ley de caducidad. A las escuchas, los seguimientos, los chantajes y las presiones que configuraron en esa época el espionaje militar en democracia hay que sumarles los atentados de muerte que sufrió la enfermera.


CALLE BACACAY
En 1987, cuando se difundieron sus confesiones a la enfermera, Mato permanecía en actividad en las filas del Ejército y no fue convocado por la Justicia, pese a la difusión de su relato y a que su foja de servicios confirmaba que había integrado los equipos del Servicio de Información de Defensa (SID), que desde 1975 operaba permanentemente en Argentina. Tampoco había sido conminado por su participación en las brutales torturas al militante frenteamplista Luis Batalla, quien murió en un cuartel de Treinta y Tres. Por ese caso, después de haber sido citado a declarar ante la Justicia, Mato decidió fugarse en 2013, cuando residía en Rivera; simplemente se desplazó unas manzanas adentro de Santana do Livramento y, pese al pedido de captura internacional, no pudo ser ubicado por Interpol, incluso cuando ese pedido se robusteció a partir de la sentencia de la Justicia italiana, que lo condenó a cadena perpetua por su participación en el Plan Cóndor.


Aun cuando se conocen bastantes detalles de algunos operativos uruguayos en Argentina (en especial contra el PVP en 1976 y contra la UAL en 1977), una incógnita radica en la ubicación de las bases de operaciones utilizadas por el SID antes de la instalación del centro clandestino Automotores Orletti. Los secuestros y las ejecuciones de 1975, y las desapariciones y asesinatos de 1976 ocurridos antes de junio, fecha de la inauguración de Orletti, necesariamente requerían de una infraestructura que complementara el apoyo logístico brindado primero por la Policía Federal y después por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Batallón 601. Ahora se sabe que en la misma manzana de la calle Venancio Flores, donde se instaló Orletti, funcionó previamente, sobre la calle Bacacay, otro centro clandestino destinado a la operativa del Cóndor. La existencia de ese centro podría despejar las aparentes contradicciones de quienes estuvieron secuestrados en manos de uruguayos en Buenos Aires, pero cuyas descripciones del lugar no coincidían con las características de Orletti.


Además, el centro de Bacacay podría explicar dónde estuvieron secuestrados Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw y Manuel Liberoff cuando aún no funcionaba Orletti. Las investigaciones del juez argentino Daniel Rafecas quizás permitan arrojar algo de luz sobre los misterios que con tanto empeño se han mantenido en secreto.


Ver además

https://elmuertoquehabla.blogspot.com/2020/.../el-pozo-de-bacacay-3570. html
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22 Jul 2020 ... Mientras funcionaron la casa de Bacacay u Orletti, Otto Paladino estaba al mando de la SIDE. En 1987, Paladino prestó declaración indagatoria ...
 
elmuertoquehabla.blogspot.com/2019/09/esta-vivo-y-de-vivo.html
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7 Sep 2019 ... Está vivo y de vivo. El coronel (r) Pedro Mato Narbondo. Fiscalía investiga si Pedro Mato ingresó a Uruguay para seguir cobrando su jubilación ...
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10 Ene 2014 ... "El Burro", hoy teniente coronel retirado. Pedro Mato Nerbondo, alias “el Burro”, tuvo una amplia trayectoria en los servicios represivos de la ...







El tren químico de UPM

 

 >>> Accidente de tren en EEUU

 

 Algunos vagones con químicos descarrilan y el tren se incendia. 

Los uruguayos le hacemos a UPM un tren quimico que UPM diseñó y que circulará por el medio de Montevideo


 >>> Accidentes con depósitos de ácido sulfúrico

 

 

Fuga de ácido sulfúrico provoca nube tóxica en ciudad alemana

Los residentes de la ciudad de Oberhausen, en el oeste de Alemania, fueron llamados este jueves (16.02.2016) a permanecer en sus casas y mantener cerradas las ventanas tras producirse una fuga de ácido sulfúrico en una planta química local. Una dotación de bomberos trataba de disipar con chorros de agua la nube tóxica que se formó a causa de la fuga. "Esperamos poder reducir la nube", dijo un portavoz de los bomberos.

La nube de ácido sulfúrica, una sustancia muy tóxica y corrosiva, se esparció en el lugar por varios cientos de metros cerca del suelo. La fuga se produjo en horas de la mañana en un tanque de una capacidad de 600 metros cúbicos que quedó completamente vacío, señaló el portavoz de los bomberos. 


 El derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, el pasado 9 de julio, no ha sido la única catástrofe ecológica que ha sucedió en México. La negligencia, la falta de cuidado, la irresponsabilidad y la poca de conciencia ambiental, son algunas de las razones que provocan estos desastres.
Una falla en las válvulas de las tuberías de Grupo México provocaron la fuga de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés cuando se realizaban pruebas para cargar un barco, situación que puso en riesgo a la fauna y flora de la zona debido a los componentes de esta sustancia.

 

Trazado del tren de UPM y vía alternativa 

>>> Cuando la gente es lo de menos
La juventud 03/07/2020

 El tema de Tren de UPM viene siendo discutido por los pobladores desde que se enteraron de su construcción, de su carga, de su porqué. Pocas explicaciones se han dado y mucho han indagado cada pueblo de la ruta. Lo que les queda claro es que la gente es lo de menos, los costos y los tiempos son lo único que importa.
 
En el viejo tendido de vías, el tren pasaba en la orilla de pueblo, trenes de menor porte y carga. Los pueblos crecieron y las vías dividen en dos las ciudades, son de mayor porte, mayor frecuencia y con cargas “contaminantes”. Por eso levantaron lo anterior, porque necesitan vías nuevas. Y trazaron el recorrido viendo cómo ahorrar y apurarse, porque los plazos se vencen.
El Ministro de Transporte y Obras Publicas aclaró que no habrá más bypass, el único será en Sarandí del Grande.
 
Ante esto, así se expresó Blanca Olivera, una luchadora por el tema., vecina de Sarandí Grande, fundamentalmente sobre la carga de ácido sulfúrico que será transportado.
 
Habló en la intendencia municipal de Florida cuando los representantes de AFE, del MTOP y del Ferrocarril Central, el domingo 21, informaron a los vecinos sobre los costos del reclamado desvío ferroviario.
 
“La carga de ácido sulfúrico, creo que para el consorcio, este tipo de problema es menor, mientras que para la población que vive al costado de la vía, para todas las ciudades que atraviesa este tren, no es nada menor”. Olivera se refiere al accidente en el 2002 en EEUU con un descarrilamiento de este tipo de trenes, provocó la evacuación inmediata de 30 mil personas.
 
En el 2019 se le entregó al BID, por parte de los vecinos lo siguiente:
 
Contrariando el reglamento nacional sobre el transporte de mercaderías peligrosa por carretera, el transportista deberá entregar el itinerario del vehículo, formas de evitar, si existen rutas alternativas en zonas densamente pobladas, embalses, reservas de agua, reservas forestales, ecológicas, evitando los cruces y momentos de mayor tránsito.
 
Este proyecto ferroviario contraviene las normativas nacionales, proponiendo el traslado de sustancias peligrosas a 3.6 metros de distancia mínima con predios habitados, por centro poblados, atravesando patrimonio nacional y redes hídricas, A esto debemos agregar la cuenca lechera en Florida.
 
Olivera agrega: “Ustedes no saben el peligro que tienen en la bahía de Montevideo, densamente poblada, donde va a ser el depósito de ácido sulfúrico y de ahí saldrá el tren atravesando todo”. Esto se debe tomar con mucha preocupación por parte de las autoridades correspondientes. Además no están claras las medidas de mitigación de este tipo de accidentes.
 
“El Ministro nos decía que no queríamos el desarrollo del país, y ese proyecto es un retroceso” afirma. Parecería que se basan en los estudios de los primeros trenes y no han usado la tecnología actual para hacer un estudio serio. Se dieron permisos sin hacer los estudios correspondientes. En Capurro, por ejemplo, a tres metros encuentran agua y van a hacer un túnel. No van a llegar a tiempo por todos los inconvenientes que van a encontrar.
 
Este proyecto no hizo ningún estudio de impacto social, por más que los vecinos han tratado de expresar los problemas.

 

 

 

 

De la caída de Sendic a ahora

 

 

 Sirio López Velasco (lopesirio@hotmail.com) 


El 7 de agosto de 1970 eran detenidos en Montevideo Raúl Sendic Antonaccio y casi todos los miembros de la Dirección del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. 

En ese preciso momento me encontraba reunido con el Grupo en Formación del MLN-T, que entonces integraba. La radio proclamaba con gran entusiasmo la feliz victoria de las fuerzas represivas, mientras detallaba los nombres y antecedentes de los detenidos. El Responsable de nuestro grupo se retiró de la reunión para enterarse con exactitud de lo que estaba pasando. Y nos dejó leyendo uno de los primeros Documentos internos de la Organización. Pero nuestra desazón era tanta que tras la lectura de algunos párrafos y del intercambio de preguntas sin respuesta acerca de lo que estaba ocurriendo, decidimos dar por terminada la reunión y cada uno tomó su rumbo. 

Se salió de la casa de Norma Scópice, que era donde estábamos reunidos, con un intervalo de diez minutos entre un compañero y otro, para que ningún vecino o transeúnte percibiera que en aquella casa había un grupo reunido. Volví meditabundo al diminuto altillo que compartíamos con un colega de la Facultad de Medicina. Y preferí la penumbra para imaginar qué podría pasar, y si también me tocaría la prisión o la muerte, hasta que me dormí sin percibirlo. 

Hoy, cincuenta años después de aquel hecho hago un balance de lo que creía, conocía y esperaba en aquella época, con lo que creo, conozco y espero hoy, cuando me acerco a los setenta años. Entonces pensé que en pocos años tomaríamos el poder, como lo hicieron los barbudos cubanos al entrar en La Habana el 1 de enero de 1959, y que rápidamente haríamos la reforma agraria y la reforma urbana, daríamos a los trabajadores el control de las empresas, y estatizaríamos la Banca y el Comercio Exterior (medidas indispensables en cualquier proyecto socialista en Uruguay), al tiempo en que romperíamos la dependencia respecto del Imperialismo yanqui y desarrollaríamos una economía, educación, salud y políticas de vivienda independientes (como es indispensable en cualquier proyecto de liberación nacional). 

Dos años después éramos derrotados militarmente por la brutal represión articulada por la oligarquía y el Imperio. Entonces conocimos el exilio por orden de la joven Dirección que había asumido las riendas del MLN-T. Y en ese período descubrimos que el mundo era algo mucho más amplio y complejo de lo que habíamos percibido a través del pequeño ojo de la cerradura, que es Uruguay. 

Vino en Chile la confirmación de que un intento socialista en A. Latina está condenado al fracaso si no está apoyado sobre una sólida fuerza armada miliciana, que aplaste cualquier golpismo oligárquico-imperialista. Chile también nos reveló la realidad e importancia de las comunidades indígenas organizadas (que en Uruguay habían sido masacradas y disueltas a mediados del siglo XIX) para cualquier proyecto socialista en muchos países latinoamericanos donde la población indígena es demográficamente muy representativa. 

Cuba nos mostró la realidad de escasez, persistencia, solidaridad internacionalista y alegrías de un pueblo que día a día intentaba construir el socialismo, al tiempo en que no dudaba de ni una sola palabra de Fidel y no sabía leer entre líneas las noticias del “Granma” (órgano oficial del Partido Comunista cubano). 

Europa nos reveló una clase obrera organizada política y sindicalmente que había aceptado el capitalismo y trataba de mejorar su suerte en los límites de ese sistema. Pero descubrimos allí la perspectiva ambiental-ecológica. 

Al mismo tiempo, la presencia en Bélgica, Francia u Holanda de refugiados que venían de países europeos supuestamente socialistas, demostraba que había algo podrido en el reino de Dinamarca. Con asombro y burla oímos a una historiadora derechista francesa vaticinando la desarticulación de la URSS y del campo socialista europeo. Pero en 1991 su profecía se cumplió casi exactamente. Cuba se vio privada de toda la ayuda y del intercambio económico amistoso que mantenía con la URSS y los países del CAME, y proclamó el Período Especial en Tiempos de Paz, mientras temía una invasión yanqui en cualquier momento. 

Un compañero que residía en la Isla nos comentó cómo él y todos sus vecinos adelgazaron a ojos vista. Treinta años después los cubanos todavía sufren de aguda escasez alimentaria y carencias en el transporte público y en la calidad de la vivienda, y no son pocos (incluyendo a intelectuales, académicos y dirigentes) los que sueñan para la Isla una realidad similar a la de la actual China. 

El problema y la pregunta es si ese país, a pesar de ser dirigido por un Partido que sigue autodenominándose “comunista”, merece ser catalogado como “socialista” en el sentido de Marx y del Che, cuando su economía reposa en gran parte en la acción de enormes empresas privadas (varias de ellas multinacionales) que explotan a millones de trabajadores, al tiempo en que algunos de sus multimillonarios dirigentes integran o se reúnen con el Comité Central del Partido Comunista de China. 

Y entonces hoy sintetizo algunas ideas y expectativas centrales de mi credo como sigue. El capitalismo sigue siendo nefasto, como decía Marx, para las dos fuentes de la riqueza, que son el ser humano y la Tierra. En el Tercer Mundo centenares de millones de personas pasan hambre, mueren de enfermedades perfectamente prevenibles o curables, o llegan al fin de su vida (semi)analfabetas. La alienación capitalista, tanto en el Tercero como en el Primer Mundo, sigue haciendo de los seres humanos las víctimas de sus propias creaciones (como lo mostró genialmente Chaplin en “Tiempos Modernos”), al tiempo en que los separa de los otros y de la Naturaleza circundante. 

Simultáneamente el capitalismo contamina y destruye a tal punto que hoy se teme por la sobrevivencia de buena parte de la Humanidad y del Planeta. En A. Latina se vio surgir y caer a varios Gobiernos llamados “progresistas” que no se animaron a ir más allá del capitalismo. El Estado Plurinacional boliviano acaba de ser derrocado por un Golpe oligárquico-racista-imperial. Entonces, a la vista de todo eso y para bien de la Humanidad y del Planeta, planteamos la necesidad de superar el capitalismo en el Ecomunitarismo, donde se realice el principio que reza “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad”. 

En ese contexto habrán sido abolidos los Ejércitos y las Policía, pero sólo una fuerza armada de todo el pueblo permitirá avanzar hacia esas extinciones. 

Claro que lo acontecido desde la caída de Sendic en aquel 7 de agosto de 1970 y mis 33 años de docencia universitaria (me) muestran que para llegar a la realización de aquel principio se necesitará una persistente educación problematizadora-ambiental-ecomunitarista generalizada y, también, que el camino será obstaculizado por la feroz resistencia del Imperio y las oligarquías. Y será muy difícil y dubitativo a causa de los errores propios que no dejarán de jalonar cada intento (aunque logre integrarse en una Patria Grande latinoamericana, soberana y solidaria). 

Sólo con muchos esfuerzos y fracasos será posible avanzar hacia las diversas dimensiones constitutivas del Ecomunitarismo, que son: una economía ecológica y sin patrones, una educación ambiental generalizada (que incluya una educación sexual orientada al disfrute del libre placer compartido y que supere el machismo y la homofobia, y que integre también una educación física que promueva un deporte educativo, no competitivo-individualista y no crematístico), una política de todos (anclada en la democracia directa o al menos participativa, que acepte la forma representativa como último recurso, pero exigiendo la revocabilidad y rotación en los diversos cargos), una comunicación simétrica que ponga en manos de las comunidades los actuales medios privados de comunicación, y una estética de la liberación que permita a cada ser humano producir y apreciar las bellezas del arte, de la Naturaleza y de la vida. 

Creemos que todos los obstáculos que hemos mencionado en lo que respecta a la superación del capitalismo y la búsqueda del Ecomunitarismo valdrán la pena para las generaciones que me sucederán, pues la continuidad del capitalismo (que nunca caerá solo, si no hay fuerzas populares que lo derriben y suplanten) pone en riesgo su propia vida, la de sus descendientes, y la de buena parte de la vida existente en la Tierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 6 de agosto de 2020

Zafó el dr Braga y procesaron al capitán Scotto

Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 de Laguna del Sauce


Juez rechazó por segunda vez pedido de procesamiento del médico Braga
 
En cambio, sí procesó al militar Víctor Stocco, tal como lo había solicitado el fiscal Ricardo Perciballe
5 agosto, 2020

https://correopuntadeleste.com/juez-rechazo-por-segunda-vez-pedido-de-procesamiento-del-medico-braga/

El juez penal de 10º turno, Rubén Etcheverry Maneiro, desestimó otra vez este martes el pedido del fiscal Ricardo Perciballe, de procesar al médico José Luis Braga por la coautoría de un delito de abuso de autoridad contra detenidos en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 de Laguna del Sauce durante la dictadura militar. En cambio, sí procesó al militar Víctor Stocco, tal como lo había solicitado el fiscal Ricardo Perciballe.
Jorge Napoleone, asesor de Braga, dijo a Correo de Punta del Este que tiene la esperanza que de una vez por todas su cliente pueda tener la tranquilidad de seguir adelante con su vida después de un largo proceso de más de diez años. Napoleone recordó que su cliente, en un caso tramitado en Montevideo por la muerte y desaparición de perseguidos políticos de la dictadura, también había sido sobreseído por la comisión de delito alguno.
 
 

El pronunciamiento del juez penal de 10º turno de Maldonado fue dictado a partir del recurso de reposición interpuesto por el fiscal Perciballe contra su primer fallo en el que también había desestimado el procesamiento de Braga.
El fiscal Perciballe solicitó el procesamiento de Braga por la presunta comisión de un delito de coautoría de abuso contra los detenidos a partir de una denuncia radicada por dirigentes políticos y militantes detenidos en los años setenta por efectivos militares del Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 de Laguna del Sauce.
El juez había declarado la prescripción de los delitos imputados tanto a Braga como al entonces capitán Víctor Stocco.

Los hechos de autos
A continuación, el fallo del juez: “Surge probado en autos que en el Batallón de Ingenieros Nº 4 con sede en Laguna del Sauce, por los años 1972 a 1976 (período marcado por las denuncias) existía una práctica sistemática que consistía en la detención de personas por su vinculación política, realización de volanteadas y pegatinas, en especial se trataba de jóvenes, la gran mayoría estudiantes de magisterio. Una vez que eran detenidos se les ponía una capucha en la cabeza, se los sometía a lo que se denominaba en la interna como “el ablandamiento” a través de “plantones”, lo que consistía en estar de pie, con las piernas abiertas y las manos atrás de la nunca por largos espacios de tiempo. Situación que luego de transcurridas algunas horas comienza a acalambrar el cuerpo y es necesario, por ende, moverse, circunstancia que hacía que quienes les vigilaban los sometieran a golpes para recuperar la postura ordenada.

Luego eran sometidos a interrogatorios por parte de militares que cumplían funciones de inteligencia, a efectos de obtener información sobre sus vínculos con facciones de la guerrilla interna que se producía por aquél entonces en el país. Sobre estas personas se cometieron en distintos grados actos abusivos, tales como golpes, sumersiones, plantones y descargas eléctricas, como se desprende de las distintas declaraciones recogidas en autos y que puede comprobarse mediante su lectura a fs. 120, 143, 152, 158, 162, 168, 177, 192, 199, 204, 208, 263, 351, 364, 396, 401, 414, 426, 431, 562, 608, 616, 1826, 1828, 1830, 1831, 1832, 1852, 1866, y 1867.

En relación al indagado Víctor Stocco:
Las declaraciones que lo involucran directamente en los hechos denunciados constan, por ejemplo, a fs. 143 declaración de Oribe Machado detenido en febrero de 1973 “Después más adelante. El capitán Stocco también estaba en la tortura… a los otros los ubiqué fácilmente porque se decían por el nombre, me quedó.” Según sus palabras los apremios consistieron en “Pateaduras, plantones, ellos le decían “el ablandamiento”.
A fs. 158 declaró Raquel Hernández Punciolo detenida en el año 1971, expresó “En todo el proceso yo fui manoseada, fui toqueteada, insultada, amenazada de todo tipo de cosas… otro que participó fue Stocco que vivía en esa esquina de Ventura Alegre y Dodera a tres casitas del local. Yo a Stocco lo vi cuando llego a las nueve de la mañana, lo reconozco porque es un vecino más.”
A fs. 437 Mario Invernizzi detenido en mayo de 1972, también relató que sufrió apremios físicos y que a raíz de los plantones se le generaron varices, identificó como integrante del mando militar al indagado Stocco, a quien volvió a ver cuando estuvo preso en el Penal de Libertad.
En fs. 1828 declaró Jorge Núñez quien fue detenido den 1972, expresó que fue sometido a “plantón”, encapuchado, descargas eléctricas y golpes, durante los interrogatorios “…Stocco era un capitán, le reconocí la voz cuando me hizo firmar lo que yo supuestamente había declarado, era una de las voces cuando me interrogaban.” También Juan Rocha Ramírez a fs. 1830 identificó a Stocco como uno de los militares que estuvo presente cuando era sometido a apremios físicos, y que incluso lo volvió a ver cuando estuvo en libertad.

En la misma situación también Edgardo Barrios Álvarez detenido en mayo de 1972 a fs. 1832 expresó que fue sometido a apremios físicos y reconoció al indagado Stocco como su interrogador, explica que lo termina conociendo luego por la voz al igual que los demás oficiales del S2.
Al igual que el anterior Leopoldo Laferranderi Lescano detenido en mayo de 1972 a fs. 1866 también fue sometido a apremios físicos, y reconoció al indagado Stocco, conocía a los militares porque era repartidor de bebidas y concurría el batallón, por lo que cuando lo sometían a plantones, y golpes los conocía a todos por la voz.
A fs. 1868 Darío Toledo Perlas detenido en mayo de 1972 manifestó también ser sometido a apremios como plantones, capucha, submarino y descargas eléctricas, reconoció también al indagado Stocco como uno de los que se los infringía.
De las declaraciones de los militares actuantes consta a fs. 579 la de Plácido Amorín, quien dio cuenta que los detenidos venían encapuchados, y que se los sometía a “plantones”. En fs. 677 el soldado Ivo Vidal Benítez estableció que trabajó en el S2 y recuerda que el indagado Stocco era el primer oficial a cargo de la oficina encargada de recopilar la información.
El abogado Daniel Artecona era quien cumplía la función de Defensor de Oficio de la Justicia Militar, explicó a fs. 562 que algunos de los detenidos le manifestaron que eran sometidos a apremios físicos.
Por su parte, el indagado Víctor Stocco Anglet a fs. 380 y 1870, niega su participación en los hechos, explica que sí procedía al interrogatorio de los detenidos como oficial del S2, pero que no utilizaba la fuerza para ello.
En lo que tiene que ver con el indagado José Braga en el período cuando se produjeron las detenciones, el mismo cumplía la función de médico militar junto a los doctores Pons y D´Albora, por su profesión además de atender a los soldados y su familia, también atendía a los detenidos, quienes eran llevados para su examen lo que constituía una rutina.
La Fiscalía actuante solicita su procesamiento por complicidad en el Delito de Abuso de Autoridad con los detenidos.
Se fundamenta en que según las declaraciones de Luis García Piriz a fs. 162, el Dr. Braga controlaba “si teníamos alguna forma de tortura”, explicó que lo controló previamente a la partida para el Penal de Libertad.
Otro de los detenidos que refiere al indagado Braga es Ramón Ricci Batista a fs. 199, quien manifestó que fue llevado por la guardia a la revisación médica y terminada ésta el indagado manifestó a aquella “está bien, sigue”, de lo que concluye que el examen médico era para ver si se le podía seguir torturando. También, otro de los detenidos manifestó ser examinado por Braga, a fs. 208 Elso Dandrau quien expresó que en el examen le palpó las piernas, “en busca de varices” según supuso.
Luego Pablo Pérez González a fs. 401, detenido en marzo de 1975, quien explicó que luego de los apremios fue visto por el indagado, quien le examinó todo el cuerpo “para ver si podían seguir dándome” (fs. 404), explicó también que era imposible no darse cuenta de que estaban sometidos a apremios.
A fs. 414 declaró José Stagnaro Bonilla quien estuvo detenido junto a Pérez González, detenido en marzo de 1975, en relación al indagado expresó “Me revisó una vez un médico, que luego supe el nombre, una vez sola me revisaron y era para ver si tenía ladillas… Es un señor bajo de bigote negro.”, no llega en su declaración a la conclusión de su compañero de detención, y corresponde aclarar que fueron a la consulta médica al mismo tiempo.
A forense
El indagado Braga explicó que prestó funciones en el Batallón Nº 4 como médico desde 1975 hasta en 1985, cuando mediante un Tribunal de Honor fue dado de baja por negarse a firmar un certificado de defunción en relación a una persona fallecida cuyo cuerpo decidió pasar a forense. En relación a los hechos manifestó “Yo sabía que había algún tipo de torturas como sabía todo el pueblo. Pero no fue que yo fuera parte de los hechos.”
Agregó que era una rutina dispuesta el examen médico de los detenidos, y la cumplía al igual que los otros dos médicos Pons y D´Albora. En fs. 1878 el indagado reconoce que constató edemas en las piernas de algún detenido por estar de pie.
Los médicos D´Albora y Pons, fs. 542 y fs. 655 respectivamente, reconocieron que examinaban los detenidos, el primero reconoció que hubo plantones en la unidad, y al igual que Braga se negó a firmar un certificado de defunción.
En fs. 537 constan las conclusiones del equipo instructor de Junta Nacional de Ética Médica, a la cual se sometió voluntariamente el indagado, en síntesis, estableció “No se encuentra mérito para proceder contra lo actuado por el Dr. Braga, en el desempeño como médico de la base de Laguna del Sauce.”
De conformidad al art. 125 del CPP, se encuentran presentes en autos elementos de convicción suficiente para procesar al indagado VICTOR STOCCO, pero no así respecto del indagado José Braga.
En efecto, surge de la prueba producida que el Sr. STOCCO, en su condición de militar sometió a apremios físicos con la finalidad de obtener declaraciones, las que a la postre sirvieron de fundamento para privar de su libertad ilegítimamente a los denunciantes Oribe Machado e Invernizzi, por tal circunstancia su conducta se califica como dos Delitos de Abuso de Autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración, con dos Delitos de Privación de Libertad, de conformidad a los arts. 56, 281 y 286 del C. Penal.
En cambio, en lo que tiene que ver con la prueba producida en relación al indagado Braga, la misma no cumple con el estándar probatorio requerido por la legislación aplicable, y ello por lo siguiente, el indagado cumplía la función de médico, al igual que los médicos D´Albora y Pons, el examen médico en los lugares de detención es de regla, incluso al día de hoy es exigido tanto por la normativa nacional e internacional, también cuando se produce un traslado de un detenido a otra unidad se lo examina medicamente, a efectos de comprobar su estado de salud, al igual que a su ingreso, y asimismo, cuando el detenido solicita ser visto por médico.
 

Las declaraciones de las que la Fiscalía hace caudal refieren a que era imposible no darse cuenta de que los detenidos eran sometidos a apremios físicos y que el indagado se encargaba de decidir quién podía seguir padeciéndolos y quien no, ahora bien, el propio indagado reconoció que existieron plantones porque era algo sabido en el pueblo, y que constató algunos edemas en las piernas, pero bien, cabe preguntarse qué otra conducta le era exigible en el especial contexto histórico que vivía el país y en el lugar en que se encontraba prestando servicios, que no fuera la de cumplir con el acto médico asistiendo a las personas que le llevaban a la consulta.
En lo que tiene que ver a sí asesoraba al personal militar para ver quienes podían seguir siendo apremiados, es una conclusión que se extrae de lo referido por alguno de los detenidos, que a su vez están en contradicción con las de los demás, tal inferencia debe ser respaldada con prueba y ello en estas actuaciones no sucede.
Veamos, por ejemplo, la declaración de Pérez González a fs. 401, quien establece que Braga determinaba si podían seguir “dándole”, este detenido manifestó que estuvo junto a Stagnaro Bonilla “Quique”, que iban en fila al mismo tiempo a la consulta médica, pero cuando este último declara no llega ni por asomo a la conclusión de aquél, (sic) “Me revisó una vez un médico, que luego supe el nombre, una vez sola me revisaron y era para ver si tenía ladillas… Es un señor bajo de bigote negro.”. Entonces, si el propio compañero de detención el cual, según sus declaraciones era sometido a igual trato, no establece la misma conclusión, es decir, no corrobora lo afirmado por su compañero, así como tampoco surge esa afirmación, en las más de cuarenta declaraciones que obran en autos, salvo por las personas que refiere la Fiscalía, no pueden tomarse como pruebas que permitan fundamentar un proceso válido en tanto se encuentran en contradicción con los demás testimonios y elementos de la causa.
Factor tiempo
También debe considerarse que el factor tiempo influye en las declaraciones referidas, según CAFERATTA NORES y HAIRABEDIÁN “…habrá que tomar en cuenta las condiciones de la transmisión de lo percibido. El tiempo transcurrido entre este momento y el de la percepción puede determinar que la evocación de lo percibido sea fragmentaria, con el consecuente peligro de su complementación con juicios, deducciones, versiones de otros testigos o noticias periodísticas. También la forma de las preguntas, la confrontación con otros testigos, etc., podrán deformar la deposición.” (“La prueba en el Proceso Penal”, Ed. Abeledo Perrot, 8ª edición, Buenos Aires, año 2013, pág. 158).
Es en base a este tipo declaraciones que se pretende imputar la calidad de cómplice en un Delito continuado de Abuso de Autoridad con los Detenidos, como se estableció a criterio del suscripto la prueba producida no alcanza para someter a proceso al indagado por cuanto la misma resulta débil. De lo contrario, con el criterio sostenido en la requisitoria todos los médicos y enfermeros deberían ser procesados, por el solo hecho de cumplir su función en ese período histórico, e incluso el propio indagado aclaró que cuando se le solicitó algo que consideró ilegal (certificado de defunción) no lo cumplió y por tal extremo fue dado de baja.
Además, si se examinan el resto de las cuarenta y cinco declaraciones recogidas en autos (dejando afuera las referidas por el fiscal) no hacen referencia a la participación de los médicos como asesores de los militares para el cumplimiento de apremios físicos, y sí, en cumplimiento del examen de rigor a la entrada y a la salida de la unidad militar, actividad que incluso hoy en día se encuentra reglamentada como de estilo para la policía cuando realiza traslados interinstitucionales, todo detenido debe ser examinado por médico, por lo que no resulta dable extraer de alguna declaración, que el médico en complicidad con los militares, establecía quiénes podían ser sometidos a apremios físicos, esa es una conclusión que tiene que tener cierto respaldo probatorio y a su vez, que no se encuentre en contradicción con el resto de la probanza, lo que no se cumple en autos, y pasados ya cuarenta y cinco años con una instrucción prácticamente agotada parece difícil hallarle, todo lo que hace imposible procesar a Braga como pretende el fiscal, primando a su respecto el principio in dubio pro reo.
En relación a los elementos para procesar se ha establecido: “En efecto, el art. 125 del Código del Proceso Penal requiere, la existencia de un hecho delictivo y de elementos de convicción suficientes como para juzgar que determinado sujeto tuvo participación en el delito. Por consiguiente, esas pruebas serán suficientes cuando, a criterio del Juez, ellas permitan, por sí solas, o, conjuntamente con otras nuevas producir durante el ulterior desarrollo del proceso, concluir éste en una probable sentencia condenatoria.” (Revista de Derecho Penal Nº 16, pág. 803, parágrafo 432, Ed. FCU), a criterio del suscripto, las pruebas obrantes en autos analizadas en base a la sana crítica solo pueden fundamentar el procesamiento valido de STOCCO, como ya se estableció.
En el caso del indagado STOCCO su procesamiento deberá ser con prisión atento al concurso delictual que se le imputa, sin embargo, previo a su ingreso a dependencias de INR atento a lo informado a fs. 375 en cuanto padece de varias patologías deberá ser examinado por médico forense a efectos de determinar si puede o no cumplir con el régimen de reclusión, dado también el estado sanitario del país por la pandemia de Covid 19.
Atento a lo expuesto y a lo dispuesto en los arts. 15 de la Constitución, arts. 1, 71, 72, 125 a 127, 133, 217 a 229 del Código del Proceso Penal, arts. 1, 3, 18, 54, 60, y 272 del Código Penal, SE RESUELVE:
1. REVOCASE POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN Nº 775/2020 de fs. 2334.
2. DECRETASE EL ENJUICIAMIENTO, CON PRISIÓN, DE VÍCTOR STOCCO ANGLET, BAJO LA IMPUTACIÓN “PRIMA FACIE” DE LA AUTORÍA DE DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN, CON DOS DELITOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
2. COMUNÍQUESE A LA JEFATURA DE POLICÍA DE MALDONADO A SUS EFECTOS, OFICIÁNDOSE PARA SU DETENCIÓN, DEBIENDO CUMPLIRSE PREVIO A SU INGRESO A DEPENDENCIAS DE INR, EN FORMA URGENTE CON EXAMEN MEDICO FORENSE ATENTO A LAS DOLENCIAS DENUNCIADAS A FS. 375, CON EL OBJETO DE DETERMINAR SI PUEDE CUMPLIR EL RÉGIMEN DE RECLUSIÓN.
3. PÓNGASE LA CONSTANCIA DE ENCONTRARSE EL PREVENIDO A DISPOSICIÓN DE LA SEDE.
4. TÉNGASE POR DESIGNADA COMO DEFENSORA A LA ACTUANTE Y POR RATIFICADAS E INCORPORADAS AL SUMARIO LAS PRESENTES ACTUACIONES PRESUMARIALES, CON CITACIÓN DE FISCALÍA Y DE LA DEFENSA.
5. SOLICÍTASE PRONTUARIO POLICIAL Y PLANILLA DE ANTECEDENTES JUDICIALES, OFICIÁNDOSE.
6. EN RELACIÓN AL INDGADO JOSÉ BRAGA DESESTIMASE EL PEDIDO DE PROCESAMIENTO IMPETRADO, ARCHIVÁNDOSE LAS ACTUACIONES A SU RESPECTO, SIN PERJUICIO.
7. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Dr. Ruben ETCHEVERRY MANEIRO
Juez Letrado





Un general fuera de control


Se acerca la hora de su desafuero y la condena judicial

Maldita Caducidad. La inconstitucional ley que Guido Manini Ríos y sus Cabildantes pretenden reimplantar para retroceder al Plebiscito de 1980 cuando la ciudadanía les dijo NO

En febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) condenó a Uruguay en el caso Gelman, por el secuestro y la desaparición en nuestro país de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman en 1976. Más de un año antes de dicho pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), declaró la inconstitucionalidad de la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como Ley de Impunidad. 

Lo hizo a través de la Sentencia 365/2009, de una manera categórica y ejemplar: dictó cátedra en materia jurídica al respecto.
Aunque Manini Ríos y sus Cabildantes han venido arremetiendo contra ella desde hace tiempo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el máximo órgano del Poder Judicial, uno de los tres poderes independientes de nuestro sistema democrático republicano de gobierno, desde la derrota de la dictadura cívico militar y el regreso al Estado de Derecho.
En el momento de adoptar la histórica sentencia era presidida por el Dr. Jorge Chediak, el 22 de octubre de 2009, días antes de las elecciones que fueran ganadas por José Pepe Mujica y del fracaso del plebiscito que tanto les gusta mencionar.
Nibia Sabalsagaray: asesinada por el general Dalmao
La declaración de inconstitucionalidad fue solicitada por la Dra. Mirtha Guianze, fiscal de la República en aquel momento, para el caso Nibia Sabalsagaray, profesora de Literatura. A las horas de su detención fue asesinada en la tortura en el año 1974. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 15 848 condujo al procesamiento del general Julio Dalmao, jefe de la Región Militar N° 3 en el momento de su procesamiento, quien falleciera mientras cumplía su condena.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Chediak, funcionario de la Coalición Multicolor que también integra el general Guido Manini, mantuvo el criterio de inconstitucionalidad de la misma para otras solicitudes que le fueron formuladas y que permitieron procesamientos adicionales.
Ley de Caducidad: absolutamente ilegítima
Uno de los aspectos que se han ignorado sistemáticamente por la derecha uruguaya, es el hecho de que la Sentencia 365/2009 de la SCJ estableció que la Ley de Caducidad fue aprobada sin los votos suficientes para ello. El texto constitucional requiere la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, y, revisado el cómputo de votos, el art. 1º, que se reinterpreta como amnistía, obtuvo esa mayoría en la Cámara de Senadores, pero no la alcanzó en la Cámara de Representantes, que tiene 99 miembros y donde fue aprobado por 49 votos (de 78 diputados que se encontraban en Sala), siendo que la mayoría absoluta (mitad más uno) requiere 50 votos.
En democracia: potestad exclusiva del Poder Judicial
Otro aspecto digno de destacar cuando Cabildo Abierto propone restablecer la Ley 15 848 es el hecho de que la Sentencia 365/2009 señala que declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces, por lo que, por los motivos que fueren, el legislador no podía atribuirse la facultad de resolver que había operado la caducidad de las acciones penales respecto de ciertos delitos. Por este motivo, se fundamentó también la inconstitucionalidad de la ley en dicho momento.
El Referéndum de 1989
Cabe poner de manifiesto que no se puede desconocer que los artículos de la Ley Nº 15.848 tachados de inconstitucionalidad fueron ratificados por el Cuerpo Electoral, al rechazarse el recurso de referéndum promovido contra dicha ley en el año 1989, extremo a partir del cual se pueden formular varias consideraciones. No obstante, la Corporación considera que la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso de referéndum promovido contra la ley en 1989 no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad que se debe realizar.
El rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada ―ab origine‖ por transgredir normas o principios consagrados o reconocidos por la Carta.
Según la Sentencia 365/2009, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratificación por el Cuerpo Electoral —ni aún si lograra la unanimidad— podría impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una ley que consagre la pena de muerte en nuestro país, la cual está prohibida por disposición del art. 21 de la Carta.
De la misma manera, tampoco la mayoría legislativa ratificada por el Cuerpo Electoral puede desplazar hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial, salvo disposición expresa de la Constitución que le atribuya, excepcionalmente, tal cometido a otro órgano estatal.
No hubo errores, no hubo excesos
La dictadura cívico militar fue una tragedia histórica que vivió nuestro país. Fue una auténtica desgracia: al salir de ella, en el año 1985 el 40% de los hogares vivía en la pobreza y los trabajadores habían perdido el 50% del poder adquisitivo de los salarios. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado y otros beneficios. Los grupos privilegiados que respaldaron el proyecto dictatorial cívico militar se embolsaron la extraordinaria cifra de 5 mil millones de dólares.
Las graves violaciones a los Derechos Humanos fueron realizadas en forma masiva, sistemática y generalizada contra la mayoría de la población, por orden expresa de los altos mandos militares de la época, en nuestro país y fuera de fronteras en el marco del Plan Cóndor. Esas gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Tribunal de Nuremberg al cual nuestro país adhirió, son Crímenes de Lesa Humanidad.
La investigación, el esclarecimiento y el castigo penal y administrativo de los autores intelectuales y materiales es un principio básico y elemental para evitar y desalentar dichas conductas.
El Poder Judicial debe continuar cumpliendo sus cometidos constitucionales a pesar de los golpistas, los medios a su servicio y los sospechosos de siempre. Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos reclamando movilizados como hasta ahora para afirmar la democracia y la libertad.
Seguiremos repudiando a los criminales y torturadores, convocando a la condena social, reclamando la condena institucional y persiguiendo la condena a 100 años de soledad porque como afirmara Gabriel García Márquez, esas estirpes no tienen y no merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. Menos en la nuestra.



Opinando N° 10 – Año 9 – Miércoles 5 de Agosto de 2020 www.crysol.


Montevideo, 5 de agostode 2020

Ante las contumaces expresiones vertidas por un integrante del Senado donde-por segunda vez en poco tiempo-dedica la media hora previa de una sesiónde dicha Cámara, a  descalificar genéricamente el accionar judicial, atribuyendo arbitrariedad, error inexcusable contumaz, y en definitiva, dolo (accionar delictivo por parte de “ciertos Magistrados”), en aras de una iniciativa parlamentaria a la que sin duda tiene derecho; la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY, sin dejar de volver a reconocer que la libertad de expresión incluye el derecho a la crítica de los fallos, RECHAZA como hará toda vez que ella afecte el honor y la ética de los jueces, infundadamente,que exista un cuerpo organizado de jueces “genuflexos”, “prevaricadores”, etc., que abusaríande sus facultades y no brindarían garantías en las causas donde se ven llamados a intervenir, por delitos o crímenes cometidos durante la dictadura y el “pasado reciente”, ni -ahora-,en ninguna otra. 

ENTIENDE que a contrario de lo expresado por dicho Senador, sus manifestaciones descalificadoras de otro Poder del Estado pueden interpretarsecomo una amenaza para la independencia del Poder Judicial (que integranlos jueces), pilar básico del Estado de Derecho. Máxime cuando el Senador en cuestión integra la coalición de gobierno, a cuyo respecto pende una solicitud de desafuero a iniciativa de la Fiscalía, y en vísperas del debate parlamentario sobre el Presupuesto Nacional, que naturalmente incluirá el tratamiento de las necesidades del Poder Judicial, que carece de autonomía financiera, por lo que, 

SOLICITA que su Comisión Directiva sea recibida por la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado, para hacer llegar la natural preocupación por esta campaña de descrédito público del Poder Judicial a la que parece apuntar el Senador en cuestión.Y SE RESERVA acciones de otra índolea nivel nacional e Internacional, sobre las cuales iniciará consultas pertinentes.

 

COMISIÓN DIRECTIVA

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 5 de agosto de 2020

El regreso de la JUP

Al Negro Andres lo quemaron vivo en la Ciudad Vieja


>>> Incendian a hombre en situación de calle

Los abogados del imputado son de Cabildo Abierto?

▃▃ Un grupo de jóvenes baja de autos nuevos y golpea a adictos a la pasta base con bates de béisbol en la Ciudad Vieja. En el último mes ocurrieron por lo menos tres casos, dijeron cuidacoches a El País. El grupo es conocido por los adictos como “los antipastas”.

En la madrugada del 15 de julio fue quemado “el Negro Andrés” en la Ciudad Vieja. El agresor fue identificado y la Justicia formalizó la investigación penal en su contra por las lesiones sufridas por el cuidacoches.

Días después, en otra noche fría, tres adictas a la pasta base fumaban a poca distancia de la rambla. Ellos denominan el lugar como “el Faro”. Pero ahí no hay ningún faro. Es una chimenea de ladrillos.

Dos autos nuevos estacionaron sobre la rambla. Se bajaron entre seis y siete personas jóvenes. Algunos portaban bates de béisbol. Los recién llegados se acercaron a las tres mujeres y las golpearon con los palos. Una de las mujeres, Mariela (nombre ficticio) logró llamar a un amigo que estaba con otro grupo drogándose a poca distancia. Estos llegaron y comenzaron a pelear con los jóvenes con bates de béisbol. Los adictos eran más. Los agresores corrieron a los autos. Antes de que pudieran partir, los dos vehículos recibieron múltiples golpes. Ese fue uno de los incidentes de mayor gravedad ocurridos en la Ciudad Vieja.

El grupo de agresores es conocido por los cuidacoches del barrio como los “antipasta” o “matapasta”.

Hoy Mariela se encuentra internada en un hospital por una enfermedad. En su rostro se ven las marcas de los golpes.

Otro incidente ocurrió hace dos semanas. “El Rodi” acostumbra dormir en 25 de Mayo y Misiones. Tiene un extenso prontuario. Comenzó a robar a los 14 años y cayó por primera vez a los 22. “El Rodi” se jacta de ello. Luego estuvo 20 años en la cárcel por un homicidio. “Lo importante es cómo entrás a la celda, si con todo puesto, televisor, cocina, luz o con la celda pelada”, explica.

“El Rodi” ya había escuchado hablar de los “antipasta” por otros compañeros hasta que los conoció en persona. Eran cuatro. Uno de ellos se quedó en el asiento del chofer del Suzuki

Celerio de color negro. “Eran dos rubios y uno colorado. Uno de ellos tenía una pistola 9 milímetros desenfundada y los otros dos bates de béisbol. Me los enfrenté”, dice “el Rodi”.

Señala que la pelea terminó cuando los agresores se fueron y él golpeó el auto a patadas.

El cuidacoches no teme a alguien que tiene una pistola desenfundada. Ni siquiera siente miedo si lo apuntan. En enfrentamientos con la Policía, sufrió tres disparos: dos en el tórax y otro en la rodilla. “Sentís solo el golpe de la bala y luego el dolor de la quemadura”, cuenta. “El Rodi” hace seis años que salió de la cárcel y no quiere volver allí. Su problema es la adicción a la pasta base. “Es como una enfermedad”, dice.

—¿Por qué los golpean?

—Porque no quieren que cambiemos. No nos matan. No nos ponen dentro de una cajuela de un auto y nos llevan a otra parte. Solos nos dejan maltrechos a golpes y se van.

Una fuente policial dijo a El País que los cuidacoches no denunciaron estos incidentes. “Ellos (las víctimas) pueden vivir como les parezca. Pero si sufrieron lesiones, es un delito”, agregó. Los cuidacoches coincidieron en que todos tienen antecedentes penales y no van a realizar denuncia alguna.

CORRIDA.

Eva luce el pelo muy corto, casi al rape. El consumo de años de pasta base afectó su organismo. Pesa unos 30 kilos y no se percibe su sexo. Es posible que se trate de una estrategia de sobrevivencia en la calle.

“Soy Eva”, dice y estira su mano con decisión sin importar la pandemia. Invita al cronista a cruzar la calle hasta un muro. Se apoya en la pared.

—¿Escuchaste hablar de los “antipasta”?

—Si. Tuve un problema con ellos no hace mucho. Estaba cuidando la cuadra y uno me gritó: “No servís ni para cuidar autos”. Se bajaron varios. Uno me tiró un puñetazo pero no me dio. Corrí como loca. No me alcanzaron. Llegué a mi casa. A diferencia de otros tengo, esa suerte. No duermo en la calle.

CIUDAD VIEJA. La Policía no recibió denuncias de los cuidacoches sobre golpizas de un grupo de jóvenes, según dijo una fuente a El País.



>>> ¿Qué fueron la JUP y los escuadrones de la muerte? La extrema derecha en los 70

Gabriel Bucheli
La Juventud Uruguaya de Pie y su relación con la violencia política en la coyuntura previa el golpe de Estado (1970-1973)

La detención del empresario fascista Miguel Sofía, prófugo durante una década, por su  participación en dos homicidios y una desaparición en 1971, volvió a hacer sonar el nombre de la organización de extrema derecha que habría integrado cuando ocurrieron los hechos que se le imputan: la Juventud Uruguaya de Pie. En esta investigación, el historiador Gabriel Buchelli cuenta la trayectoria de un movimiento que “quedó marcado por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado”.

La Juventud Uruguaya de Pie1 fue fundada en octubre de 1970 como resultado de la convergencia de agrupaciones juveniles de todo el país autodenominadas “demócratas”, enfrentadas a la creciente influencia del estudiantado izquierdista, hegemónico además en la capital. De fuerte impacto público hasta su autodisolución en 1974, la JUP se manifestó a través de un amplio repertorio de acciones colectivas (propaganda escrita y radial, activismo estudiantil, actos públicos en todo el país) y movilizó a un amplio sector de la población tras un discurso que conjugaba el patriotismo con el anticomunismo militante. Así, esta organización dio voz al sujeto social de derechas en un espacio simbólico fundamental en la disputa con las izquierdas, el ámbito juvenil, aunque su convocatoria trascendió a ese espacio generacional. A partir de un cauteloso discurso de respeto a las dos tradiciones partidarias (blanca y colorada), fue afianzando desde 1972 un tono crítico a la conducción de sus dirigentes. Con ánimo de constituirse en un movimiento político autónomo, la JUP enunció un proyecto caratulado como “revolución nacional”, de neta resonancia falangista, que la condujo a apostar al ajuste por la vía del golpe militar. Desde ese discurso y esa práctica, este movimiento se vio envuelto en múltiples episodios de la violencia política que marcaron a la época. La violencia derechista no estatal que desde 1971 sacudió al país, encontró en la JUP un depositario natural de todo señalamiento, por ser el movimiento social de derecha de mayor visibilidad. Así, la JUP ha quedado marcada por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado.

Tribuna Salteña, 5 de marzo de 1970, p.1 Los 4 mosqueteros juveniles del Norte”, Salto, Uruguay

Imágenes del desfile inaugural del Congreso fundacional de la JUP. La Mañana, Edición del Interior, 29 de octubre de 1970, p. 1. Salto, Uruguay

Imágenes de actos de la JUP. La Mañana, Edición del Interior, 4 de marzo de 1971, p. 4.
La Mañana de hoy, el diario de  Manini

En nuestra investigación de largo aliento pretendemos mostrar que la JUP fue más que un mero instrumento de violencia política, y que se trató de un movimiento social que aglutinó detrás de las banderas del “patriotismo” y el “anticomunismo” a una vasta “reacción conservadora” frente a los portavoces del “caos”. En este artículo nos proponemos indagar en el grado de protagonismo que esta organización adquirió en el escenario de violencia de los años 1971-1973 a partir de fuentes primarias (prensa de izquierda y jupista, archivos desclasificados de Inteligencia policial e informes del embajador francés en Montevideo a su cancillería) y entrevistas a protagonistas hechas para esta investigación.
Desde un tiempo a esta parte los voceros del comunismo pretenden confundir a la ciudadanía desprevenida del país con una andanada de ataques contra el movimiento de la Juventud Uruguaya de Pie. El más manido es la de imputarle todos los disturbios acaecidos en Secundaria. La JUP sería algo así como aparcera de la feroz policía en la provocación de conflictos, contra inocentes estudiantes de izquierda...
Debemos preguntarnos, ¿fue la violencia física un componente del repertorio de acción colectiva de la JUP?
Hubo tres escenarios claves donde la violencia política derechista no estatal (o paraestatal) se manifestó: en el escenario estudiantil (sobre todo a nivel secundario); en el escenario pre-electoral (setiembre a noviembre de 1971); y por último, en un escenario más difícil de clasificar, en torno a la acción de los denominados “escuadrones de la muerte”. Entendemos que estos tres niveles fueron parte de un continuo que, del primer al tercero, iban acentuando su carácter cruento, ilegal y por ende terrorista.

Naturalización de la violencia en la enseñanza secundaria
18Resulta imposible hacer un recuento de las acciones violentas adoptadas por núcleos estudiantiles de izquierda y de derecha contra sus rivales. Los enfrentamientos a golpes de puño, con cachiporras e incluso con armas de fuego fueron frecuentes según numerosos testimonios.
19Para los militantes de izquierda, la convicción de que los grupos “demócratas” actuaban con la protección, sino con la decidida participación de la policía (uniformada o encubierta) reforzó la radicalidad de sus acciones.
 22 En el lenguaje cotidiano de la militancia de izquierda, lo habitual era tildar de “facho” a quien s (...)
 23 Soca era dirigente de la JUP en Montevideo y estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Rati (...)
 24 En carta dirigida al Ministro de Educación y Cultura y publicada en la prensa, Bruno Manini decía q (...)
 25 Entrevista a Hugo Manini.
20Distintas fuentes (“neutrales” y de ambos bandos) dan cuenta de uno de los mecanismos privilegiados por las gremiales estudiantiles (tanto liceales como universitarias) para penalizar a quienes definían como “fachos”22 activos: la desgremialización. Si bien se trataba de una medida de carácter simbólico, su discusión y resolución en asambleas debió ambientar no pocos enfrentamientos. Hugo Manini dijo para este trabajo que “La violencia que soportaban los militantes de la JUP era mucho más moral que física. Como el caso de [Mario] Soca23 que fue juzgado y desgremializado en la Universidad. Mi hermano Bruno que fue desgremializado en Agronomía y no pudo seguir estudiando Agronomía24, infinidad de casos…”25
 26 Sofía fue señalado en 1972 por Nelson Bardesio como integrante del “escuadrón de la muerte” y de la (...)
 27 El País, 7/5/1971.
21El diario blanco conservador El País informó sobre un caso particular. Se trató de un ataque con pintura roja arrojada sobre la cabeza de un conocido militante “demócrata”, Miguel Sofía26. Fotografiado en color en el patio de un Liceo, resultaba una imagen de corte impresionista, con la pintura roja corriendo por su barba y mejilla.27 Sofía era un militante de derecha conocido desde hacía ya algún tiempo en los ambientes de la militancia estudiantil.
 28 Los testimonios de tres estudiantes de ese liceo, Gustavo, Miguel y Rodó (el primero militante de l (...)
22Desde la última semana de abril de 1971 se vivieron disturbios entre estudiantes en varios liceos. El Liceo Bauzá se constituyó en el principal nicho de “resistencia” de la derecha a la hegemonía izquierdista en el conjunto de los liceos de la capital. Si bien los enfrentamientos entre facciones opuestas en ese liceo venían de tiempo atrás28, los incidentes de abril-mayo y setiembre de 1971 marcaron un mojón en esa situación.
 29 Se trata de un oscuro personaje, señalado por muchos testimonios como agente policial encubierto, q (...)
23El periódico socialista El Oriental, bajo el título “Los fascistas en acción”, responsabilizó a militantes de la JUP de haber ingresado el 27 de abril “con los revólveres en la cintura o con garrotes” al liceo Bauzá en momentos en que se realizaba una asamblea estudiantil “donde se trataba, precisamente, los manoseos y provocaciones que por parte de esos mismos elementos eran objeto muchachas y muchachos”. Según esta crónica, los atacantes dispersaron a los asambleístas a balazos, no habiendo “heridos graves de casualidad”. Al día siguiente, “la gente de la JUP” ocupó el local de estudios mientras padres y alumnos opuestos realizaban en la puerta un acto de desagravio por los hechos de la víspera. Los ocupantes dispararon nuevamente, y la policía intervino para apresar a varios de los estudiantes que protestaban por la ocupación al grito de “fascistas, fascistas”. El relato del medio socialista señalaba que tras estos hechos, los agredidos marcharon hasta el Viaducto del Paso Molino, donde unos individuos volvieron a dispararles desde un auto VW. Los tiradores fueron vistos luego conversando con los ocupantes del Bauzá. Las víctimas de esos atentados identificaron a trece de sus atacantes, entre los cuales figuraba el “manco” Ulises Fernández29, “conocido agente policial, protagonista de graves sucesos desde hace tiempo en el Bauzá”. Se informaba luego de sendos comunicados de los gremios estudiantil y docente, denunciando la responsabilidad del Consejo Interventor en este tipo de incidentes.
 30 Semanario El Oriental, 7/5/1971, p. 6.
24En el análisis del órgano socialista, la policía y la JUP actuaban en connivencia, siendo la comisaría próxima al liceo “la base de operaciones” del grupo. “Bajo el alón protector del pachecato, al fascismo se le hace el campo orégano…”30
 31 Ministère des Affaires étrangères. Dossier 50, Politique intérieure. Ambassade de France en Uruguay (...)
25Interesa conocer el punto de vista que el Embajador francés comunicó a las autoridades parisinas. Según él, el Liceo Bauzá “a été le théâtre d’actes de violence d’une certaine gravité puisque certains étudiants de tendances opposées se sont affrontés en jouant du pistolet (une trentaine de coups de feu ont été tirés, heureusement sans atteindre personne). À cette occasion est entrée en action une organisation nouvelle, la ʻJeunesse uruguayenne deboutʼ (JUP) groupement [manuscrito : d’extrême droite, sobre tachado: de tendance fasciste], dont la formation aurait été suscitée par les partisans de la réélection du Président PACHECO et qui serait encouragée par la police.” El informe agregaba que “certains prétendent que les armes à feu qu’elle détient lui seraient parvenues par le canal du Ministère de l’Intérieur.”31 Desconocemos qué fuentes manejaba el Embajador, pero las referencias al vínculo JUP-gobierno-policía sugieren la existencia de un cierto sentido común al respecto, incluso en los circuitos de poder.