viernes, 31 de agosto de 2018

¿Còmo llegamos a esto?




>>>> Oratoria de Madres y Familiares – 30 de Agosto
Nicaragua 1332 Apto. 205, 11800 / Montevideo, Uruguay /
Tel. +598 2 929 16 25 E-mail: famidesa@adinet.com.uy /
 Web: desaparecidos.org.uy
Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

30 de agosto 2018.

Esto que acabamos de escuchar, es de hoy.

¿Cómo llegamos a esto?

El 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido es un día marcado por el dolor y también por la lucha.

Lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo. Aunque son prácticas de gobiernos autoritarios, dictatoriales, que usan las instituciones del estado para su arbitrariedad, es una modalidad que coexiste con gobiernos democráticamente electos. Y se extiende a otras víctimas, no sólo adversarios políticos y sus familias, sino a periodistas, ambientalistas, migrantes.

La DF articula estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas como forma de invisibilizar su crimen y para que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y paralizante para los demás. Su mayor efecto es social y no cesa hasta que se encuentran los restos o se aclara el delito respondiendo nuestras preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Responsables?

Esa es nuestra principal tarea. Encontrarlos. Desarticular la impunidad que aún hoy los oculta y mantiene el delito vigente.

Este crimen que permanece en el tiempo lo heredan los sucesivos gobiernos cuando creen que se puede pasar del régimen dictatorial, del Terrorismo de Estado a la democracia como si fuera una simple transición, sin fricciones, como si fueran compatibles los crímenes de la dictadura con el sistema democrático.

Ese rumbo inicial, de negacionismo e impunidad, en los años de Sanguinetti y Lacalle dejaron huellas muy hondas de inmensa gravedad para la democracia.

Pero los tres gobiernos frenteamplistas que los siguieron, a pesar de los tibios avances en la reconquista de derechos avasallados en el pasado, tampoco jugaron un rol profundo que la contradijera, que corrigiera el rumbo, que posicionara a la justicia donde corresponde, que ahondara en la verdad y el esclarecimiento, que exigiera y quebrara el pacto de omertá, que diera de baja a los jefes que no colaborasen , que sancionara la mentira y el ocultamiento de sus funcionarios, que dejara sin efecto la ley de caducidad.

También quedó postergada la imprescindible reformulación del papel de las FFAA, (pilar clave para el Nunca Más) discutiendo para qué y qué FFAA precisa este pequeño país. Su rol. ¿Cuántos efectivos? Sobre todo cuánta oficialidad -que se vio incrementada esos años-. Se debieron retirar los privilegios especiales que se auto otorgaron en dictadura, rectificar la ley orgánica, definir cómo educarlas (dejando atrás definitivamente la Doctrina de la seguridad nacional, con la que se siguen formando hoy), tener un plan de cómo incorporar a la sociedad una Institución que cumplió un papel nefasto contra ella. Todo esto, lamentablemente no pasó.

Recién la semana pasada…luego de idas y vueltas se votan dos proyectos al respecto, (jubilaciones y ley orgánica militar) cuyo impacto se verá recién dentro de 15 o 20 años. Esa conducta tímida y errática la denunciamos todos estos años.

En estas políticas, creció la impunidad, se extendió, se fragilizó al sistema judicial. Las organizaciones de víctimas, de familiares, asumimos entonces un rol mayor, no sólo de denunciantes, de demandantes.

Lo logrado en estos años, ha sido por el trabajo, la movilización, la militancia de ustedes, de nosotros, de todas las organizaciones y colectivos que mantienen los reclamos de V y J, la memoria, y con ella las propuestas, la transmisión.

Desde el histórico referéndum del voto verde, pasando por las causas judiciales, que incorporaron las prácticas de torturas, violaciones, abusos. El nacimiento del Observatorio Luz Ibarburu con su panorama abarcativo, que hoy nos permite cuantificar la ineficiencia de la Justicia. Las iniciativas reparatorias, leyes, placas, plazas, mojones de resistencia. El complejo trabajo de los archivos, los trabajos de memoria. Y las increíbles y conmovedoras marchas del 20 de mayo. La permanencia ha sido nuestro mayor logro. Esos espacios abiertos con tanto esfuerzo, deben continuar, crecer y enriquecerse con el relevo de nuevas generaciones.

Compañeros, compañeras...esta lucha no termina mañana ni en 10 años. Para que los estados rectifiquen su accionar, para que estas prácticas no se extiendan…como lo están haciendo, se necesita una sociedad consciente, permanente atenta y activa.

Interpelamos todos estos años a los tres poderes del estado. Pues ellos son los responsables de la cultura de impunidad que prevalece.

No renunciaremos a que el Poder Judicial incorpore los delitos de lesa humanidad como debiera hacer. Aunque la tardía justicia sea poco o nada reparadora, tenemos claro que la batalla por que se apliquen esos delitos que son imprescriptibles es imprescindible para la sociedad. Hoy la fiscalía especial para delitos de lesa humanidad está desarrollando un trabajo serio y activo. Pero las causas judiciales naufragan mayoritariamente en la Suprema Corte de Justicia que mantiene su posicionamiento de prescriptibilidad sobre estos gravísimos crímenes. En breve tendremos la oportunidad de cambiar la mayoría en contra, al retirarse Chediak.

El Parlamento debe nombrar un nuevo ministro y nuestro reclamo es por alguien que siga los acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Los delitos de lesa humanidad deben perseguirse siempre. No es correcto promover a jueces para la suprema corte negociando por debajo de la mesa entre gallos y medias noches, sin cristalinidad, sin transparencia, haciendo de la justicia una mercancía de cambio.

En cada sentencia se juega nuestro destino como democracia. El Parlamento puede hacerlo. Ayer la Comisión investigadora del espionaje en democracia, decidió por unanimidad enviar todo a la justicia y presentar un proyecto de ley para acotar la actividad de Inteligencia, y ese es el lugar q precisamos ocupe el Parlamento.

Sin información de calidad, con las mentiras de los comandantes, que son quienes tienen la obligación de suministrar la información, encontrar a nuestros desaparecidos es una tarea sumamente difícil, aunque el empeño y el trabajo sea mucho. Parece un juego de la mosqueta. Especialmente, cuando el ministro de defensa disculpó las mentiras del Comandante en jefe Manini Ríos al brindar un dato de enterramiento falso. Esa señal contundente, cerró toda posibilidad de recibir información, y las grandes dificultades que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia arrastraba, se hicieron insostenibles. Para nosotros es un diseño agotado.

No compartimos la idea de que sólo crear Institucionalidades es sinónimo de compromiso y voluntad política. Esta voluntad debe estar al servicio de destrabar los obstáculos. Hace años que reclamamos se forme un equipo de investigación independiente de los poderes políticos, con potestades especiales, con presupuesto propio, con acceso a la información y con capacidad de ir a buscarla y exigirla en todo el estado. Mientras tanto, nuestros desaparecidos seguirán siendo rehenes de los militares desaparecedores. Y se mantendrá la amenaza, que sobrevuela las legítimas luchas actuales y futuras contra todo tipo de desigualdades.

Igual nos pasa con la fuga del ex coronel Eduardo Ferro mientras se esperaban los trámites de extradición. Represor emblemático y por lo visto influyente aún, que se fue de la cárcel sin que nuestro gobierno ni el gobierno español se enteraran!!!! Hoy es buscado internacionalmente por nuestra justicia y por Interpol. Finalmente, este mes el Estado uruguayo resolvió una medida importante que hace tiempo reclamamos: retener sus haberes hasta que se presente a una embajada o Consulado de nuestro país. Esta voluntad medio cansina de nuestros gobernantes, es muy lamentable y deja un terreno libre, anodino, donde fermentan y crecen discursos peligrosos, como es apelar a las medidas prontas como una solución al aumento de la criminalidad, como planteó Faccelo del Partido de la Gente, o la propuesta de “vivir sin miedo” de Jorge Larrañaga proponiendo sacar los militares a la calle. Son acciones tan provocadoras como la vandalización a las placas y al Memorial.

Debemos unirnos para contrarrestar ese discurso. Ya sabemos lo que trae y no debe avanzar. Y para eso debemos sumar nuestros esfuerzos.

Sumar y sumar; abrir con más fuerza espacio a otras voces, otras luchas… porque luchar contra la desaparición forzada, y el Nunca Más Terrorismo de Estado es luchar contra la impunidad del poder, es luchar por una sociedad más equitativa y libre; por una vida que valga la pena para todos. Queremos que esas luchas tengan su espacio legítimo, sin desaparecidos ni muertos, sin espionaje, sin impunidad. Es imposible establecer los caminos a seguir, sin la participación de miradas más jóvenes. Es imprescindible que tengan lugar activo en el intercambio en esta reflexión y nos ayuden a mirar con otra perspectiva. El hoy y el mañana les pertenece.

Hay ganas y fuerza. Las multitudinarias Marchas del 20/5 a lo largo de todo el país, nos hablan de una sensibilidad que -ya establecida en nuestro pueblo- no cesa, y año a año suma nuevas generaciones. La movilización que encabezó Rebeldía Organizada logrando que la AUF desafectara de la selección a Zuluaga, denunciado ante la justicia por su actividad en la DNII, es un ejemplo de lo que pueden lograr la movilización ciudadana.

Allí están las marchas del 8 de marzo y el potente movimiento que las inspira. Esto es parte de una conciencia que hemos acumulado como sociedad y debemos sumar para potenciarla.

Es nuestro necesario desafío.

Verdad justicia y memoria. No a la impunidad

Nunca más terrorismo de estado.

Los esperamos el sábado en el memorial


Autoridades de instituciones de derechos humanos y organizaciones sociales dijeron a Sputnik que el país está atrasado respecto de la región en la búsqueda de los desaparecidos y en la impartición de justicia para los crímenes de lesa humanidad.
"Cuando se comparan los procesos que han tenido Argentina y Chile con las investigaciones uruguayas, se observa que el país ha quedado atrasado en su capacidad para desvelar la verdad de lo que ha ocurrido", dijo a Sputnik el integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler.
En América Latina hay más de 90.000 personas que fueron desaparecidas en los regímenes autoritarios de los años 70 y 80, y esta realidad aún no ha logrado despertar al sistema judicial en Uruguay, según comentaron a esta agencia la exfiscal y activista de derechos humanos Mirtha Guianze y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño.
Durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fueron desaparecidos ciudadanos de este país y extranjeros en acciones represivas, algunas en el marco del Plan Cóndor, una coordinación de regímenes autoritarios sudamericanos para perseguir, detener y asesinar a opositores izquierdistas.
Casi 200 uruguayos continúan desaparecidos.
"Durante todos estos años en Uruguay ha existido una cultura de la impunidad a pesar de que por parte de las organizaciones sociales existe un gran impulso de lucha; sin embargo, no ha habido una respuesta adecuada por parte de los gobiernos", reflexionó Guianze.
Los militares siguen teniendo una "incidencia fuerte" en el poder político, que se vio demostrada en las demoras y resistencias para aprobar la reforma de la caja militar en el Senado, según Guianze.
Patiño afirmó que Uruguay sigue en un "estado de impunidad reinante" y que los poderes políticos no han hecho nada contra ello.
Además, Patiño dijo ver con "muchísima preocupación" el empoderamiento reciente de las Fuerzas Armadas en la región, ya que eso "demuestra que no tenemos ninguna garantía en el futuro de que habrá democracia".
El jueves se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
En Uruguay se llevó a cabo un acto en la Facultad de Bellas Artes de Montevideo y el próximo sábado, a las 16:00 hora local se convocará una manifestación en el Memorial de los Desaparecidos en repudio a una serie de actos vandálicos perpetrados contra ese monumento y otros sitios dedicados a la memoria.

IMPUNIDAD DE 97 POR CIENTO
Existen 307 causas presentadas ante la Justicia vinculadas crímenes del período dictatorial, de las cuales 62 por ciento están en fase de presumario, 23 por ciento archivadas, siete por ciento acumuladas a otras, tres por ciento en sumario y dos por ciento no están registradas.
Solo el restante tres de las denuncias terminaron en una sentencia, afirma el no gubernamental Observatorio Luz Ibarburu, que se dedica a seguir la información judicial de estos casos.
La mayoría de estas causas son denuncias de tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas, delitos cometidos mayoritariamente entre 1972 y 1978.
Guianze confirmó que la "mayoría de las causas judiciales no reciben una sentencia" y que muchas veces ni siquiera se inicia el proceso, ya que "no ha existido voluntad tanto desde el sistema judicial como del poder político de impulsarlas".

"LA SUPREMA CORTE BLOQUEA CAUSAS"
Los tres entrevistados coincidieron en que cierto nivel de reactivación de algunas investigaciones se debió a la nueva fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, "esto no quiere decir que haya un avance sustantivo", observó Tyler.
"Tenemos un Poder Judicial que no ha actuado con la misma fidelidad y una Suprema Corte de Justicia que ha elaborado una doctrina que tiende a no dar lugar a estas causas; entonces, si bien hay más actividad, las perspectivas siguen siendo bastante magras", reflexionó.
La Corte Suprema considera que estos delitos están prescriptos porque el ordenamiento jurídico uruguayo solo adoptó la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad a posteriori.
Para el máximo tribunal se debe seguir el principio de legalidad del derecho penal, según el cual "no hay delito ni pena sin ley previa".
Tyler entiende que estas razones técnicas esgrimidas por la Corte "tienen un gran impacto político", pues cuando "las causas llegan se bloquean o directamente se pierden, lo que pone a Uruguay en una situación complicada en materia de derechos humanos".
El jurista observó que sigue existiendo un pacto de silencio entre los militares para negar información sobre el paradero de los desaparecidos, pero aclaró que los jueces de la Suprema Corte no tienen relación con este pacto.
"Lo que creo es que los magistrados deberían saber que lo que hacen tiene un impacto terrible sobre las familias, las víctimas, y que dejan a Uruguay en contravención de las normas de derecho internacional", agregó.
La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay confirmó que todavía 192 personas permanecen desaparecidas desde la dictadura y que aproximadamente hubo 123 asesinatos políticos durante ese período. (Sputnik)











jueves, 30 de agosto de 2018

Panorama sombrío

A la ruina. País con patrones quebrados y desempleo.


>>> El gobierno tiene varios frentes


>>> La empresa arrocera Samán 

Resolvió cerrar su planta ubicada en Río Branco y enviar a los 33 trabajadores al seguro de desempleo.

Según se informó en la jornada, la empresa envió un comunicado a los 33 trabajadores de Río Branco, anunciando el cierre. Saman tiene siete plantas más en el país.
En declaraciones a Montevideo Portal el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA), Álvaro Macedo, dijo que el argumento para el cierre fue la falta de arroz suficiente para mantener la operativa de la planta. "En los últimos dos años hubo 120 mil toneladas menos de arroz", dijo, indicando que la empresa ya estaba atravesando un proceso de reestructura "para adaptarse a esa cantidad de arroz".
El sindicalista aseveró que tratarán de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, cosa que aparece difícil ya que "se trata del cierre total de la planta por falta de materia prima". Mientras tanto, los 33 operarios irán a seguro de paro, aunque la oferta de la empresa es efectivizar los despidos.
El arroz que hasta el momento se procesaba en Río Branco será derivado a la planta de Vergara, en Treinta y Tres, ubicada a unos 70 quilómetros de la que cierra.
Río Branco es una ciudad vinculada históricamente a la producción arrocera, y el cierre de la planta implica no solo la pérdida de los puestos de trabajo directos.


>>> Efecto dominó 







>>> Otro que cierra



El País   El sindicato del frigorífico "Las Moras", ubicado cerca de La Paz, Canelones, accedió ayer a desocupar, a instancias del director de Trabajo, Jorge Mesa, las instalaciones de la planta que ocupó durante una semana, sin que la empresa tuviese que realizar una acción de amparo como se había planteado para obtener el desalojo. De todas formas, fuentes de la empresa dijeron a El País que esta dejó en claro que no mejorará su oferta salarial que, de todas forma, considera favorable para los trabajadores.


Las fuentes dijeron a El País que el conflicto supuso una pérdida diaria de US$ 30.000, que se cayó un negocio con una cadena de supermercados europea y que hubo productores que iban a vender ganado a la empresa que los enviaron a otras plantas. También se retiró una cuadrilla "kosher" que había venido a verificar que los cortes en la planta se hicieran de acuerdo con las exigencias del mercado de Israel. Las fuentes dijeron que el paro estaba siendo realizado por una minoría de trabajadores que se desempeñan directamente en la faena y que con su actitud perjudicaron a los destajistas que ganan menos.


En "Las Moras" trabajan alrededor de 370 personas y unas 200 (tanto sindicalizadas como no agremiadas) habían realizado una petición para que se levantase el paro. El frigorífico exporta alrededor de US$ 70 millones anuales a la Unión Europea, Israel y Estados Unidos. Sus ventas representan casi el 4% de las ventas de carne bovina que hace Uruguay. En la semana de la ocupación las autoridades de "Las Moras" no pudieron entrar a la planta frigorífica.


>>> Pañuelo en cuello de degollau



>>> Van a morir

Motociclo  "Es propiedad de la familia Rozenblum." Trabajan 297 personas, según el sindicato. Motociclo se va a pique. Está fuertemente endeudada con bancos ("La empresa adeuda alrededor de US$33 millones, según supo El País."..."pero sí emitió cheques que no tuvieron fondos, agregó el sindicalista.") De eso, cuánto dinero debe Motociclo a el BROU? Esto es otro claro ejemplo más de empresa fundida, empresarios - burguesía enriquecidos y obreros seguramente van al tacho como en tantas y tantas otras fábricas y empresas que cerraron  y dejaron el tendal bajo gobiernos del Frente Amplio, meros administradores de turno del Estado burgués, y de la política económica capitalista neoliberal. El FA en el gobierno blinda con IMPUNIDAD el saqueo de la burguesía/oligarquía y Corporaciones Transnacionales contra la clase obrera - proletariado y demás clases populares. Saqueo de expropiación de salarios, de creación de nuevo valor (siendo los únicos que lo generan la clase obrera) y apropiación de recursos naturales - bienes comunes, generando además Población Obrera Sobrante, lumpenización del proletariado, exclusión social, lumpen delincuencia y multiples delitos de cuello blanco IMPUNES.
Conclusión: "acumulación por desposesión" (para mejor comprensión, leer este concepto desarrollado por David Harvey, está en Internet)

>>>

La Diaria  Motociclo no asistió a tripartita y FUECYS quiere saber cuál es la situación

Rebotaron cheques de la empresa y ayer se presentó a concurso de acreedores.

Ayer estaba prevista una reunión tripartita en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, pero la empresa no se presentó, según informó a la diaria el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS) Flavio Riverón. “Se va a convocar a una nueva reunión para el martes que viene y el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social] quedó en hacer las gestiones para lograr que la empresa se haga presente, sobre todo para responder sobre el conjunto de incertidumbres que tenemos los trabajadores sobre la situación”, contó el dirigente. Riverón confirmó que la empresa se presentó a concurso de acreedores, pero todavía no se sabe si la Justicia inicia el proceso o lo rechaza. “Necesitamos tener un mínimo panorama de lo que va a pasar, si se va a conseguir algún inversor para retirar la mercadería que está trancada en el Puerto, si se va a cerrar. La semana que viene la empresa tiene que pagar los salarios de agosto y la situación saltó porque el lunes, cuando algunos trabajadores que negociaron despidos con la empresa fueron a cobrar los cheques y estos no tenían fondos”, agregó Riverón.
La empresa había realizado una reestructura en enero que implicó el cierre de varias sucursales en el interior del país y la desvinculación de unos 150 trabajadores, e incluso le planteó a FUECYS la posibilidad de “dilatar en el tiempo el cobro de algunos beneficios establecidos en el convenios colectivo”. “Se llegó a un acuerdo, el sindicato aceptó el cobro en forma diferida de beneficios, pero nada hacía pensar que la situación iba a empeorar”, añadió Riverón. Actualmente la empresa emplea a 300 trabajadores.





miércoles, 29 de agosto de 2018

Pare de sufrir

Jjjjjuuuuuaaaaa!


¿Somos o no somos?

El Frente Amplio creará una escuela de formación de militantes

La iniciativa será presentada hoy por el presidente del FA, Javier Miranda y el ex rector de la Universidad Rodrigo Arocena. El vicepresidente de la fuerza política José Carlos Mahía dijo a Montevideo Portal que es “una de las mayores necesidades” del Frente Amplio.
29 agosto 2018

Como hacer finanzas para un proyecto social

El Frente Amplio decidió la formación de una escuela de militantes políticos, que será presentada en la tarde de este miércoles en la huella de Seregni.
En el encuentro hablarán el presidente del partido de gobierno, Javier Miranda, el profesor Gabriel Quirici, el ex rector de la Universidad Rodrigo Arocena y Nerena Bárcena, de Juventudes.
En conversación con Montevideo Portal, el vicepresidente de la fuerza política, José Carlos Mahía señaló que se trata de una iniciativa demandada por la militancia del Frente Amplio desde hace varios años.
Mahía dijo que el Frente Amplio, como tal nunca tuvo un ámbito de formación, sí sus sectores y reflexionó sobre las implicancias que eso tiene en la fuerza política: “ Es una de las mayores necesidades, hay ahora generaciones frenteamplistas que por encima de su pertenencia a un sector, son del Frente Amplio y en ese sentido creo que hace honor a la historia del Frente Amplio, promover este tipo de actividades”.
Además planteó que no se trata de una convocatoria específicamente para jóvenes: “A veces la gente asocia la necesidad de formación con la juventud, y eso no es correcto. La formación es también para los adultos y es para toda la vida”.

Montevideo Portal




Broma cero


Uno de los cometidos secundarios de la Línea Verde es descongestionar a la línea 911. En la jerga policial, se les dice “llamadas residuales” a las que llegan al teléfono de emergencia para hacer bromas o denuncias falsas; aproximadamente 10% de esas “residuales” son consultas como las que atenderá la Línea Verde.





martes, 28 de agosto de 2018

El deshonor del pasado reciente




Días atrás, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar. La norma actual fue aprobada por decreto-ley de la dictadura, el 14.157, del 21 de febrero de 1974, con las firmas de Martín R Echegoyen, presidente del Consejo de Estado, del dictador Juan María Bordabery y de Walter Ravenna. El 30 de noviembre de 1984, al final de la etapa de oscurantismo, se sancionaba la Ley Orgánica del Ejército, 15.688, ratificada por el Consejo de Estado que presidía Hamlet Reyes y suscrita conjuntamente con el dictador Gregorio Álvarez y los ministros Justo M Alonso, Alejandro Végh Villegas y Felisberto Ginzo Gil. Todos los civiles, sin excepción, eran blancos y colorados.
Durante muchos años, el discurso político –esencialmente conservador– instaló la idea de que el quiebre institucional tuvo como protagonista a una dictadura militar. Pero, como ha señalado el investigador Jaime Yaffé, “es recién en los últimos años que la investigación académica ha comenzado a llamar la atención sobre el hecho de que esa referencia a la ‘dictadura militar’ conduce a un error muy importante en la apreciación de la naturaleza del régimen autoritario, puesto que el elenco gobernante del mismo estaba constituido no sólo por militares, sino también por un gran número de civiles que participaban en los máximos niveles de gobierno y de la administración pública. Los propios integrantes de la elite dictatorial se referían al régimen como un proceso ‘cívico-militar’”.1

La inexistente obediencia debida, justificación de la barbarie

En un pasaje de la exposición de motivos que acompañó la elevación del proyecto del Código Penal Militar al Ministerio de Defensa Nacional en 1936 se establece: “Sin perjuicio de reconocer que la obediencia es más estricta en el orden militar que en el orden civil, permite contemplar ciertas situaciones en que el delito puede tener su origen en la ignorancia del soldado. En teoría, dice Alimena [se refiere a Bernardino Alimena, jurista italiano], no puede ponerse en duda el derecho y aun el deber que tiene el soldado de desacatar una orden que implica la ejecución de un delito, pero en la práctica no se podrá negar la justificación a un soldado, el cual no estando seguro de la legitimidad de una orden, la cumple porque se siente atemorizado de las consecuencias del desacato”.2
A raíz de la muerte por torturas de Luis Carlos Batalla, obrero de la construcción y militante del Partido Demócrata Cristiano, el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería N° 10 de Treinta y Tres, el doctor Daniel Sosa Díaz interpeló al general Enrique Magnani, quien, ante la comprobación de las torturas, debió renunciar a su cargo de ministro de Defensa Nacional. En su intervención, el diputado frenteamplista citó un pasaje del libro El arte de mandar, del capitán André Gavet: “Nunca encuentra la humanidad más ocasiones de manifestarse como en la guerra, hasta tal punto que constituye ella de uno de los elementos del honor militar. Los actos inhumanos cometidos fuera del campo mismo del combate han sido considerados siempre como deshonrosos”.
En la referida sesión, la Cámara de Representantes emitió una trascendente declaración en la que reconocía la existencia de torturas y exigía una investigación a fondo. En un pasaje indicaba: “Ante los hechos lamentables que motivaron el llamado a Sala, de los que surge la comprobación de la muerte de un ciudadano por los malos tratamientos que le fueron aplicados durante su detención, reclama una máxima celeridad de los procedimientos y el público señalamiento de los culpables y de las penas que se les apliquen”. La moción se aprobó por 40 votos en 79, con el apoyo de los 18 diputados del Frente Amplio y 22 del Partido Nacional. Votaron en contra la bancada del Partido Colorado y algunos legisladores del Partido Nacional.
“Con relación a la obediencia debida, algunos subalternos y oficiales quizás se hayan sentido obligados a cumplir al pie de la letra las órdenes de sus superiores. Pero el primer acto de la obediencia debida debió ser el respeto a la Constitución y las leyes”, comentó el general retirado Edison Arrarte, uno de los militares leales al Juramento de Fidelidad, que se opuso y denunció la tortura a que era sometido un detenido cuando, en 1972, prestaba servicio en el Batallón de Infantería Nº 7, en el departamento de Salto. Precisamente, el entonces capitán Arrarte y cientos de oficiales y personal subalterno militar pagaron con pérdida de grado, cárcel, tortura y exilio su firme posición antigolpista.

“Ley Brito”, alineada con la Doctrina de la Seguridad Nacional

En febrero de 1986 se inició en el Parlamento la discusión sobre el cometido de las Fuerzas Armadas y se planteó derogar la Doctrina de la Seguridad Nacional. Consultado el general Víctor Licandro, afirmó: “Entendemos que debe redactarse una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Cuando el Poder Ejecutivo presentó un proyecto al Parlamento para cambiar algunos artículos, en el mensaje que acompañaba la iniciativa marcaba con precisión: “La actual Ley Orgánica obedece a una filosofía que es diferente de los principios republicanos democráticos que han imperado siempre en nuestra nación”. Quiere decir que reconoció que esa ley no estaba encuadrada en el contexto de una filosofía democrática republicana.
Continuó Licandro: “El 2 de marzo de 1990, el ministro de Defensa Nacional, doctor Mariano Brito, se reunió con los generales, almirantes y brigadieres generales. En su discurso señaló una filosofía y un comportamiento de futuro que fue materializado por la Ley de Presupuesto y por la Rendición de Cuentas. [...] En los anexos, el gobierno que tenía como mando superior a los doctores Luis Alberto Lacalle y Mariano Brito volvió a incluir aspectos que el legislador había anulado en marzo de 1986, tales como ‘Las Fuerzas Armadas darán la seguridad exterior e interior’. Eso, filosóficamente, es para apuntalar la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuya esencia es brindar un marco de seguridad interior que impulse la aplicación de las doctrinas económicas neoliberales”. Otra vez, varios pasos atrás y menos democracia.
Un par de consideraciones finales. El novel proyecto para reformar la Ley Orgánica Militar de la dictadura, presentado por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, debe constituir necesariamente un avance sustancial hacia la consolidación democrática. En una de sus exposiciones sobre el tema militar, el general retirado Juan Antonio Rodríguez expresó: “La Defensa Nacional, tal como se ha encarado en el país, por lo menos desde mediados del siglo pasado, no ha sido nacional ni antiimperialista, al haberse subordinado a la estrategia de seguridad de Estados Unidos. No ha sido popular, ni progresista, ni democrática, ni antioligárquica, en tanto el elemento militar de la defensa se ha empleado siempre como elemento de presión o, directamente, de represión contra las aspiraciones populares y como protección de los intereses de los sectores dominantes”.
No se trata de eliminar el Ejército, sino de cambiar la filosofía de la defensa.
Miguel Aguirre Bayley es escritor.

  1. Jaime Yaffé (2012), La dictadura uruguaya (1973-1985): nuevas perspectivas de investigación e interpretación historiográfica
  2. Ministerio de Defensa Nacional (1943), Código Penal Militar; p. XXXV. 















El fracaso




>>> Gobierno endeudado

800.000 TRABAJADORES EMPOBRECIDOS (ganan menos de $22.000 por mes)
200.000 jubilados cobran menos de $14.000
150.000 personas sin empleo
350.000 personas viven en la extrema pobreza (10% de la población)
30.000 indigentes
... ... ...
350.000 personas se llevan el 60% de la riqueza (son el 10% de la población)
ESTO ES EL CAPITALISMO


>>> El fracaso



...expresó: "Un ojo en cada lado. Hay sectores, cómo el gastronómico y el hotelero vinculado al turismo, que han tenido un crecimiento muy fuerte y no puede ser que no vean expandido su salario."

Y agregó: "Pero no hay nada más importante para una persona que tener empleo. Eso hace a su centralidad, su creatividad y a acceder a sus derechos".

Asimismo, indicó que todavía hay 400 mil trabajadores "que ganan menos de 20 mil pesos líquidos".

"No sé le puede pedir un agujero más al cinturón. Y si lo hace es a costa de la calidad de vida suya o de sus hijos," agregó.

http://ecos.la/AR/9/actualidad/2018/05/01/22964/pereira-aun-hay-400-mil-trabajadores-que-ganan-menos-de-20000/

El secretario general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Daniel Baldassari dijo:“Un 70% de los jubilados gana de $ 20.000 para abajo”.

Conclusiones

El secretario general de la ONAJPU resaltó que el 70% de los jubilados gana menos de $20.000. Según datos del BPS, esto se confirma: en 2015, el 72,09% de las jubilaciones eran inferiores a los $ 20.040. Además, se observa que en las mujeres el 77,07% gana menos de esa cifra, mientras que en los hombre el porcentaje es de 65,95%. La frase es VERDADERA.
https://www.elpais.com.uy/informacion/jubilados-gana.html



Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe mensual sobre actividad, empleo y desempleo, con base en la Encuesta Continua de Hogares que realiza. De allí surge que la tasa de desempleo en junio fue de 7,9% en todo el país, un valor inferior al de mayo (8,1%) y superior al de junio de 2017 (7,8%). En Montevideo el desempleo se ubicó en 8,0%, y en el interior, en 7,9%. A su vez, al desagregar los datos por sexo, en los hombres el desempleo fue de 7,1% y en las mujeres de casi dos puntos más (8,9%). Además, el informe del INE consigna que “la apertura por tramos de edad permite indicar que la estimación puntual de la tasa específica de desempleo de las personas de 14 a 24 años de edad es sustantivamente superior a la del resto de los tramos considerados”. Entre los más jóvenes, la tasa específica de desempleo llegó a 26,1%; entre los de 25 a 39 años, se ubicó en 7,2%; entre los de 40 a 60 años de edad, en 3,7%; y entre los de 61 años y más, en 2,7%. Esta situación se da independientemente del sexo que se considere, se agrega en el informe.


https://www.subrayado.com.uy/alerta-el-empleo-n200293

En Montevideo y Canelones fueron censados 589 asentamientos irregulares en los que viven 165.000 personas. De ellos, apenas dos fueron eliminados o regularizados desde el año 2015, brindándose solución a 4.800 personas, que representan el 2,9% del total de personas en esa situación habitacional.
Los datos disponibles son de 2011, cuando se realizó el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y son los que el gobierno tiene hoy para mostrar en el Parlamento.


https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/eliminaron-asentamientos.html

 

La publicación británica destaca "desacople" respecto a países vecinos y políticas para atraer inversión

La revista británica The Economist elogió en su última edición el desempeño de la economía uruguaya, que en 2017 creció por 15° año consecutivo.
El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 2,7% el año pasado, según los datos publicados la semana pasada por el Banco Central (BCU).








lunes, 27 de agosto de 2018

Jueza esperaba cuatro militares, ninguno fue

Familiares esperando justicia




Estaba previsto que declararan más militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pero no se los logró ubicarlos.


Este jueves estaba previsto que comparecieran cuatro militares retirados más ante la jueza penal de 25º Turno, María Noel Tonarelli, que han sido identificados por las víctimas como torturadores en el centro de represión de La Tablada en la última dictadura cívico-militar que sufrió el país.

Sin embargo, no hubo audiencia, ya que ninguno se presentó en la sede judicial. Lo que sucedió fue que en algunos casos los acusados no han podido ser ubicados por sus alias, en otros no se ha obtenido el domicilio y uno de ellos falleció, informó a ECOS el fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

"A veces es difícil ubicar a las personas, no es que haya una voluntad expresa de no ir. Hay que tener presente que estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 40 años, incluso es difícil de ubicar a las víctimas", explicó el fiscal.

Fuera del edificio esperaban las víctimas. Este viernes a partir de las 14 horas declararán en el juzgado cuatro de los denunciantes de la causa.

El martes ya habían sido citados otros cuatro militares, de los cuales solo fue uno. Cuando una persona no se presenta a un llamado de la Justicia, hay que corroborar si se hicieron bien las citaciones; si así ocurrió, la policía los debe conducir, señaló Perciballe. "Es lo que pasa habitualmente, muchas veces lo dispone el juez, o sino lo pide la Fiscalía", señaló.


>>> Para pagarles sus beneficiosas pensiones los ubican?


La Diaria   Fiscalía de Derechos Humanos pidió a la Justicia que solicite información de los militares Grau y Alonza

Gundelzoph, ex militante del Partido Comunista, figura “de viaje”

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió ayer a la jueza penal de 25º Turno, María Noel Tonarelli, encargada de investigar la causa de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en La Tablada, que solicite información sobre el teniente Jorge Grau Olaizola y el capitán José Alonza en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En particular, la Fiscalía pidió que se consulte en la llamada Caja Militar si cobraron la jubilación, cuáles son sus domicilios y, si reciben la jubilación en el exterior, que se identifique el lugar.
La jueza citó el martes a Jorge Gundelzoph, alias Charleta, ex militante del Partido Comunista que pasó a colaborar con los militares; a Grau, al capitán Robert Terra do Campo y al teniente coronel Gustavo Adolfo Taramasco. Los citados no comparecieron al juzgado, por lo que la jueza iba a ordenar la conducción de los indagados mediante la Policía, pero el procedimiento no se pudo efectuar ya que no fueron ubicados. El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, explicó a la diaria que Gundelzoph, según la Policía, se encuentra “en este momento de viaje”. Sobre Alonza, varias personas le han informado que falleció, pero la Justicia no lo tiene registrado en el expediente. Taramasco, según figura en el obituario de El País, falleció el 4 de noviembre de 2009.
Ayer, cuatro víctimas declararon en el juzgado de Tornarelli. Chargoñia manifestó que “los relatos de lo que vivieron en ese lugar son terribles”. A fines del año pasado, la Justicia dispuso la “medida de no innovar” hasta que culmine la investigación judicial, buscando prevenir cualquier tipo de alteración del lugar.

La semana pasada solamente compareció ante el juzgado el ex militar Enrique Uyterhoeven Castiglioni, alias “Ulises”. Al salir, según informó el portal Ecos, Verónica Mato, hija del desaparecido Miguel Mato, lo siguió una cuadra y le pidió su testimonio para poder encontrar los restos de su padre. La próxima semana habrá tres días de audiencias: el martes declaran tres víctimas y el miércoles y el jueves están citados a declarar dos civiles “colaboracionistas” de los militares.

Según explicó Chargoñia, una de estos últimos es Hilda Diez, que fue detenida durante la dictadura y luego se casó con el militar “Ulises” y un colaborador señalado por las víctimas de apellido Jorge.
En paralelo, esta semana el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe ingresó al Batallón de Infantería 14, ubicado en Toledo, Canelones, con antropólogos uruguayos y argentinos, para iniciar la búsqueda con georradar y detectar si hay anomalías en el terreno. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por el periodista Marcelo Falca, del diario La República. Según dijo Perciballe a la diaria, los técnicos le solicitaron 20 días para presentarle un informe sobre los resultados.

Por otro lado, a partir de datos que surgen de diversos testimonios y de información oficial, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) realizará excavaciones en busca de restos de desaparecidos en un predio en Neptunia. Según informó ayer el semanario Brecha, el predio pertenece a una empresa privada y fue denunciado por los vecinos como “un posible lugar de enterramientos”. El fiscal confirmó a la diaria que es “un trabajo que se está haciendo hace tiempo con la Intendencia de Canelones”, y a la brevedad se “comenzará con las excavaciones”.







domingo, 26 de agosto de 2018

Ataque al Memorial






Montevideo, 26 de agosto de 2018 


En el día de hoy, se ha atentado contra el Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Como expresamos el 25 de julio, frente a los atentados a las Placas de la Memoria: “Estos y otros sucesos son acciones de un sector civil y militar que se resiste a vivir en democracia,y que se expresa de distintas formas:en los discursos de muchos militares en actividad y retirados,en las acciones y dichos de muchos actores políticos,y en atentados como estos y como los sufridos por locales de organizaciones populares.
Forman parte de una larga cadena de hechos,donde el marco de impunidad vigente permite que aún hayan criminales de lesa humanidad libres y prófugos,con amparos y complicidades que los ayudan a escapar de los mecanismos judiciales,incluso a nivel internacional.”

Agosto ha sido un mes marcado por la lucha contra la impunidad, con múltiples manifestaciones y actividades que han tenido como eje la memoria y la necesidad de derribar la impunidad.

Este nuevo atentado ocurre en momentos en que en distintas causas en curso en el Poder Judicial comienzan a ser citados a declarar responsables de violaciones a los Derechos Humanos,como en la causa por torturas en La Tablada, o en la causa por tortura y abuso sexual en Treinta y Tres.

Cuando se ingresa al Batallón 14 de paracaidistas de Toledo en búsqueda de restos de desaparecidos, y la justicia habilita el ingreso de los denuncintes. Cuando el 7 de setiembre el criminal Gavazzo deberá declarar por los crímenes de lesa humanidad en Tacuarembó.

Sucede en momentos en que se ponen en cuestión los privilegios de las jubilaciones militares que aún se mantienen desde la dictadura. Y en el que se comienza a discutir una reforma de la Ley Orgánica militar y de las FFAA, que establece el fin del secreto militar en casos de violaciones de Derechos Humanos y que ningún militar debe cumplir órdenes "manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales"

Es es este marco donde se produce este nuevo atentado No es casual.

Los elementos que representan lo peor de nuestra historia pretenden transmitir su mensaje de odio y de miedo para conservar su impunidad y sus privilegios Frente a esto,redoblaremos esfuerzos en la lucha contra la impunidad y las expresiones fascistas, para derrotarlas con la respuesta popular organizada.


MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.




>>> La patota miliquera



Se convoca el martes 28 en la sede del Pit CNT a las 18hs para dar respuesta.


>>> No son hechos aislados

Como señalaron las organizaciones sociales y de derechos humanos que habían realizado el acto de repudio estos atentados no vienen de “un personaje aislado”, sino que “el marco de impunidad vigente permite que aun hayan criminales de lesa humanidad libres y prófugos por amparos y complicidades. Expresan una ofensiva de los sectores más reaccionarios que pretenden además emprender una escalada represiva como lo han vivido trabajadores y estudiantes en distintas luchas que llevan adelante por sus derechos. La impunidad protege al fascismo y a sus exponentes activos.”














sábado, 25 de agosto de 2018

Lawfare



>>> Qué es Lawfare?





Guerra jurídica

Guerra jurídica (Lawfare), una palabra inglesa de reciente acuñación que aún no figura en el Diccionario Inglés de Oxford,1​ y es una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), esta última para describir una forma de guerra asimétrica.2​ define "Guerra jurídica" como el uso ilegítimo interno, o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relaciones públicas, paralizar financieramente a un oponente, o atando en el tiempo a estos para que no puedan perseguir otras empresas como presentar sus candidaturas a cargos públicos.32​ El término "guerra jurídica" se usa más comúnmente como una etiqueta para criticar a los que utilizan el derecho internacional y los procedimientos legales para hacer reclamaciones contra el Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad nacional.1

La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región, transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en Honduras en 2009, seguido de la posterior inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y, acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dilma Rousseff: la eyección del PT del Planalto necesita este cierre, al que Lula espera ahora revertir –aún con expectativas moderadas, visto y considerando lo que hasta aquí sucedió– en tribunales superiores y en la propia justicia electoral.
En los últimos meses, en la América latina del intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”. En el medio también hubo embates mediáticos a Evo Morales –en Bolivia se llegó a decir que tenía un hijo que no existía, lo cual fue determinante para que perdiera por primera vez una elección– y a José Mujica –una autora uruguaya llegó a inventar las “tupabandas”, que supuestamente financiaban vía asaltos a mano armada al Movimiento de Participación Popular del cual el ex presidente es referente–.
El recuento no es azaroso: da cuenta de una cercanía entre el embate a estos dirigentes populares, y también de una planificación que parece ser externa. El caso chileno también es tristemente célebre: tres años atrás se abrió una causa contra el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por delitos tributarios, tráfico de influencias y compra irregular de terrenos. Permaneció abierta durante la campaña presidencial, y la primera y segunda vuelta electoral. Ganó, bajo un altísimo porcentaje de abstención, el conservador Sebastián Piñera, que venció a Guillier, candidato de Bachelet. ¿Qué pasó a comienzos de este año, ya con la elección definida? Avanzó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, una vez que estuviera claro que quien iba a La Moneda era el empresario conservador.
En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. ¿Qué palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre? Watergate, Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula? Por un triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el impeachment a Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué la desalojaron del Planalto? Por “pedaladas” fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso.
Finalmente, bajo el velo de la autodenominada “nueva derecha” latinoamericana, con supuesto pedigree democrático, se esconde un furibundo embate a las instituciones en general y a diversos líderes políticos en particular. Bajo el paradigma de la lucha contra los “populismos” –que, hay que decirlo, fueron o son gobiernos populares– se defiende la vulneración a aspectos republicanos básicos, en un vale todo donde las víctimas son estos dirigentes que enumeramos, pero sobre todo, la verdad y la justicia. Esta es, en definitiva, la nueva “guerra jurídica” que vive nuestra región.
¿Hasta dónde llegarán?

>>> Lawfare llegó al Uruguay


>>> ...y Sendiquito pagó el pato (por gil)

La renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia del Uruguay resulta una excelente oportunidad para analizar algunas de las contradicciones y tensiones de la política nacional. Fue un hecho trascendente en el paisito, como le llamaba Eduardo Galeano, muy estable después del retorno a la democracia en 1985, que ha constituido un proceso democrático abierto, con mucha competencia electoral y partidos doctrinarios fuertes. Una nación que goza de una estabilidad institucional que descoya en la región por sus logros en materia de derechos sociales y por la altura para tramitar la intensa (normal) disputa entre las diversas visiones de país que tiene la sociedad, muy politizada y participativa.

Algunas de las claves para entender la situación de dicha ebullición política que obliga la renuncia de Sendic, más allá de lo anecdotario, pasan por analizar la creciente presión de la derecha uruguaya para desacreditar la gestión del Frente Amplio-FA, favorecida por el respaldo de la derecha brasileña y por Argentina en la búsqueda por hegemonizar por completo el Mercosur y restar apoyos en la región para las posibilidades de cambio. También pasa por escudriñar en la propia situación política de la formación frenteamplista que evidencia un desgaste propio de tres gestiones consecutivas de gobierno y de las múltiples (contradictorias) visiones políticas que interactuan en su interior.



La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región, transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en Honduras en 2009, seguido de la posterior inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y, acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dima Rousseff: la eyección del PT de Planalto necesita este cierre, al que Lula espera ahora revertir -aún con expectativas moderadas, visto y considerando lo que hasta aquí sucedió- en tribunales superiores y en la propia justicia electoral.
En los últimos meses, en la América Latina del intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”.

>>> Entonces OJO! con las "desprolijidades", ehh!










viernes, 24 de agosto de 2018

Llegan!, las valijas llenas, llegan!




22 agosto 2018

El dirigente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pintos, dijo a Informativo Carve que desde hace varios años no hay ningún control aduanero en el Aeropuerto de Melilla después de las siete de la tarde, en relación a la nueva información sobre vuelos con dinero proveniente de coimas en Argentina.
Pintos dijo que en los aeropuertos más chicos tampoco hay controles y puso el ejemplo de Carmelo: “En Carmelo se levanta el teléfono y se le avisa que va a viajar un avión y si no se avisa, el avión bajó, no va a esperar por nadie”.
Los trabajadores de Aduanas se pusieron a disposición de la Fiscalía de Crimen Organizado para aportar información a la causa de la Ruta del dinero K en Uruguay en la que trabaja el fiscal Luis Pacheco.
Según explicó Pintos, una de las situaciones que perjudica los controles es la reducción de personal que se viene dando desde 2010 y la falta de ingresos a la Aduana, ocurrida entre 1985 y 2005.
“En Melilla después de las siete de la tarde, no sabemos qué pasa. Lo hemos comunicado en todos los ámbitos, nos miran, nos dicen que tenemos razón pero no solucionan nada”, agregó.
En ese sentido, detalló que el personal bajó de 2.000 en la década del noventa a 800 y agregó que los ingresos que ha habido en los últimos años fueron de cargos profesionales: “Eran todos licenciados, había un montón de coroneles, pero soldados no teníamos ninguno”.
Montevideo Portal













24 de Agosto, Víspera de la Independencia




Marcelo Marchese


Una ola viene creciendo en todo el país: la campaña de peticiones para que el gobierno desista del acuerdo monstruoso con UPM. El 24 de Agosto, de 11 a 13 horas en la Torre Ejecutiva, presentaremos la primera tanda de peticiones firmadas y haremos el primer conteo de fuerzas.

En las charlas que un conjunto de ciudadanos venimos dando en toda la República y en los artículos, entrevistas y videos que hemos generado y que se pueden ver en el grupo de facebook UPM2 NO, se dan una variedad de motivos para impedir que se lleve a cabo este “contrato” llevado a cabo de espaldas al país para perjuicio del país. Lo curioso es que con uno sólo de esos motivos alcanza para desistir de un “contrato” que nuestros gobernantes han firmado a nuestro nombre.

Veamos algunos ejemplos. Ningún productor rural bajo ninguna circunstancia y ni siquiera en un año de sequía, puede bombear agua del Río Negro para dar de beber a su ganado o regar sus cultivos. Esa agua la administra la UTE para la producción de energía. Bien, mientras nuestra gente debe dedicarse a ver cómo muere su ganado o se achicharran sus cultivos, a la trasnacional se le entregarán gratuitamente, 125 millones de litros de agua por día, agua que en gran parte devolverá “enriquecida” a un río ya contaminado. Tenemos un superávit de energía eléctrica, sea producida por molinos de viento o represas. Tal superávit lleva a detener en ocasiones las aspas de los molinos o las turbinas de las represas, pues la energía eléctrica no se puede acumular y debe ponerse en línea. Tenemos suficiente energía como para exportarla, de hecho, según la ministra, desde hace años le exportamos a la Argentina un 10% de la energía eléctrica que producimos. Sin embargo, le aseguramos a UPM que le compraremos el 100% de la energía que produzca y le sobre, y además, se la compraremos por al menos 20 años a un precio bastante elevado y prefijado. Imagine el lector que, inversamente, la UTE le asegure, a un precio bastante disminuido, su factura por al menos 20 años. Parece en verdad una cosa aberrante, pero sigamos.

Cada vez que se pide más dinero para una educación pública que viene en picada, o para el sistema de salud lamentable o para aliviar a los productores nacionales, el dinero no existe pues ese gasto aumentaría nuestro déficit fiscal, pero a la hora de “invertir” en el proyecto UPM, como por arte de magia aparecen más de dos mil millones de dólares que nos exigirá la instalación de una nueva planta de celulosa, la que generará a la trasnacional un promedio de 800 millones de dólares anuales de ganancia sin aportar un centavo en impuestos.

“Invertiremos” lo mismo que ellos invertirán, o mucho más, pero a nuestros gobernantes no se les ocurrió, cuando fueron a pedir audiencia a Finlandia, exigir un 50% de las acciones. Sin embargo, esta nueva planta no nos conviene ni aunque tuviéramos el 50% de las acciones que nadie exigió cuando se presentó por dos veces de rodillas. Para dar un dato ilustrativo, en Paysandú, en tierras compradas para forestar, se encontraban incluidos 85 cascos de estancia que, para no complicar la existencia, es decir, la producción de eucaliptos, fueron demolidos. No se elimina sólo una construcción social, como eran esos cascos de estancia, sino que al mismo tiempo se eliminan las pruebas del desastre que genera en nuestra economía y nuestra cultura, el modelo que se viene imponiendo desde hace decenios con el concurso de todo el sistema político.

Tendríamos cientos de argumentos parecidos a estos, que refieren a los planes de estudio de nuestra enseñanza que escribirá no el CODICEN, sino UPM, las leyes laborales que no discutirá el Parlamento, sino que decretará UPM, o el estrago en nuestra tierra, nuestra agua, nuestra economía, nuestra cultura y nuestra salud. Le proponemos al lector que saque sus propias conclusiones leyendo el contrato ROU UPM, un contrato que es la mayor entrega de soberanía en toda la historia del país y cuya firma por parte de nuestros gobernantes, lleva a que le asalten unas sospechas a la gente.

La gente no puede afirmar nada sin pruebas en la mano, pero tiene el derecho de preguntarse en voz alta, pues la inteligencia tiende a buscar respuestas, si habida cuenta del encarcelamiento de Lula y demás, y habida cuenta de los cuadernos K, y habida cuenta de los sonados casos de corrupción en nuestro país, si habida cuenta de todo eso, no sería plausible al menos considerar, a modo meramente imaginativo, que tal vez fuera posible que acaso existiera, algún motivo ruin detrás de la firma de este contrato despreciable. El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras la mitad de nuestra tierra se encuentra en manos de trasnacionales que se han apoderado de la mayoría de los frigoríficos, acaparan la exportación de soja, la elaboración de bebidas, las grandes superficies comerciales, el procesamiento del arroz y la madera y conquistan cada día nuevos espacios en la banca en perjuicio del Banco República.

El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras la deserción estudiantil aumenta, el nivel de la enseñanza pública desciende, los delincuentes dominan barrios enteros, se elabora un nuevo Código de Proceso Penal traído del extranjero y nuestra gente sigue siendo expulsada del campo como resultado de una política económica antinacional.

El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras se firman acuerdos secretos con las trasnacionales, se las exonera de impuestos, se pacta una paz sindical a su medida, se transforman nuestros planes de estudio, nos sometemos a tribunales internacionales dominados por ellas y lanzamos decretos que impiden que los investigadores de nuestra Universidad, informen a la población sobre los daños que se generan a nuestra economía y nuestra salud.

Desde hace demasiado tiempo se viene prostituyendo la palabra “Independencia”, como para que los ciudadanos seamos cómplices de un uso propagandístico, con el deliberado objetivo de encubrir una operación que lleva a cabo precisamente lo contrario de lo que se proclama.

Por eso, el 24 de agosto, llueva o truene, un conjunto de ciudadanos presentaremos en la Torre Ejecutiva la primera tanda de peticiones para desistir de este contrato funesto, y esperamos que esta tanda de peticiones sólo sea una muestra de lo que se avecina.

El 24 de Agosto, fecha que de ahora en más será llamada VÍSPERA DE LA INDEPENDENCIA, le diremos a los señores del gobierno, y le diremos también a nuestros ríos, a nuestros montes, a nuestras cuchillas y a toda esa pradera que se derrama hasta Montevideo, que el pueblo oriental ha decidido plantearle pelea a UPM.



¿Qué hemos logrado en la Víspera de la Independencia?
En muy poco tiempo conseguimos cosas que no pudieron conseguirse en la campaña contra Botnia. Toda esta discusión sobre USU y sus carteles no puede olvidar un hecho crucial: estamos formando un movimiento nacional y en eso radica nuestra fuerza. Todos debemos cuidar esa alianza y más que preocuparnos por carteles, aplaudamos a los compañeros que haciendo un esfuerzo enorme, vinieron de los puntos más alejados de la República.
La estrategia de los aliados de UPM, el gobierno y los grandes medios, es muy clara: pretenden alterar los hechos, pretenden hacer creer que esto sólo es otra movida de USU, pretenden hacer creer que esto es otra movida ineficaz de los ambientalistas. Ante ese cerco a la verdad, nuestra tarea es generar más hechos que demuestren que esto es un movimiento nacional y con eso lograremos dos cosas: 1- incrementaremos nuestra fuerza, tal cual se tratara de un ejército, única manera de impedir que se concrete esta tercera planta de celulosa nefasta; 2- demostraremos cómo el gobierno y los grandes medios hacen mandados aborrecibles. Cuanto más mientan, peor será para ellos y mayor será la enseñanza para la población.
Si yo fuera un gerente de UPM que ya tenía la certeza de incrementar mis ganancias en 800 millones de dólares anuales, estaría bastante inquieto, pues aunque tuviera dominado al gobierno y a los grandes medios, pues poderoso caballero es don dinero, no me gustaría nada que naciera un movimiento que tiene un rumbo claro, que ya ha establecido una estrategia muy lúcida y una política de alianzas tan amplia. Me estaría revolviendo inquieto. Por ahora, esos gerentes, no tienen más para hacer que incrementar sus pautas publicitarias.
Se dice que está todo el pescado vendido, otro rostro del monstruo de las mil caras de la desesperanza ¿Qué podemos hacer contra una multinacional poderosa, un sistema político entreguista y los grandes medios? En política, todo, absolutamente todo radica en un sólo asunto: unos quieren que los ciudadanos no sepan el poder que tienen; otros se mueven para que los ciudadanos sepan que el poder es suyo. Ellos son tan poderosos como los enanos del cuento que hacen sus fechorías mientras el gigante está dormido, pero guay del día que ese gigante llamado ciudadanos despierte. No es imposible, ha sucedido muchas veces y cuando ha sucedido, se han escrito las páginas más hermosas del libro de la historia.
Nuestra tarea es buscar todos los mecanismos para despertar al gigante. Logrado eso, se acaba este cuento, se hace papilla junto con sus pasquines, sus informativos, sus corruptos y sus plantas de celulosa.
Ayer, una señora de lentes, como de sesenta años, una ciudadana desconocida para mí, cuando cantábamos el himno y parecía que terminaba con las primeras estrofas y hubo un silencio de dos segundos, arremetió con gran convicción y todos la acompañamos y cuando terminamos y empezamos a gritar “Uruguay, Uruguay” ella, con esa fuerza suya, lanzó la consigna “Patria sí, Colonia no” y todos la acompañamos.
Cuando un movimiento ha dado sus pasos para encontrarse con personas como esa señora, es seguro que no será un movimiento que pasará desapercibido para los libros de historia.



El hecho que UnSoloUruguay se haya situado al frente de la expresión popular identificandose con cartelería y luego atrás la identificación de UPM 2 ha generado una controversia muy negativa para el esfuerxo que UPM2 NO está realizando. Con la concecuente desinformación y alteración de los hechos por parte de los medios restamos un muchísimo. Cómo es posible que ésto haya sucedido? Es increible la velocidad con la que se siguen infiltrando. Si USU está apoyando ésta causa que lo haga con trabajo anónimo como las otras 19 organizaciones que lo están haciendo y no con la intención de beneficiar su grupo. Más de lo mismO. Encima se ponen adelante de todo, que genios. Ya muchos nos enviado mensajes de descreimiento de UPM 2 NO. QUE NO SE VUELVA A REPETIR. QUE USU CONSULTE CADA CABELLO QUE VAYA A MOVER EN RELACION A UPM 2 NO

>>> Es de locos
Carolina no dió ningún argumento