Uruguay descubre los límites de su estrategia liberal frente al virus
Daniel Gatti
12 abril 2021
En 2020, Uruguay fue ejemplo mundial de la gestión de la pandemia. Pero el país, donde viven poco más de 3,5 millones de personas, está a la cabeza en el mundo en cantidad de casos de COVID-19 por millón de habitantes. Pero el presidente Luis Lacalle Pou sigue apostando por la "libertad responsable"
Durante largos meses del año pasado, Uruguay –su Gobierno, su presidente- dio lecciones al mundo de buen manejo de la crisis de la COVID-19. Mientras el planeta rebosaba de casos y los vecinos del barrio –sobre todo los dos gigantes– estallaban por todas sus costuras, el pequeño país latinoamericano exhibía cifras suficientemente buenas como para que fuera portada de medios extranjeros por su excepcionalidad. En junio, cuando el 'cero casos' de COVID se repitió dos días consecutivos, el Gobierno estuvo a punto de declarar al virus derrotado y la gente estuvo a punto de salir a las calles a festejar un nuevo 'maracanazo', una nueva victoria imposible del enano modélico.
Pero Uruguay está actualmente, en números relativos, mucho peor que Argentina, mucho peor que Chile, que Ecuador, que Perú, que Paraguay, y hasta peor que el Brasil de Jair Bolsonaro, que vive sus momentos más duros de la crisis. Con 837 casos al día por cada millón de habitantes, según datos del portal Our World in Data de la semana pasada, Uruguay superó a Brasil en tasa diaria de contagios y se ubica entre los países en los que el virus crece más a escala mundial. Tomando como referencia la tasa de incidencia a 14 días, la empleada habitualmente en España –que roza ahora los 200 casos en nuestro país–, la de Uruguay es de 1.359 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
El 7 de abril, el Sistema Nacional de Emergencias dio cuenta de casi 4.000 casos nuevos y al día siguiente de unos 3.700, una gran número para un país de poco más de 3,5 millones de habitantes. Ya había sido un shock cuando
un par de semanas antes se había pasado la frontera de los 2.000. Al 31
de octubre de 2020, el promedio de contagios cada 24 horas apenas
superaba la treintena. Cinco meses después, se centuplicó.
Las muertes, que continúan siendo proporcionalmente más bajas
que en el resto de la región, siguen el mismo derrotero alcista: en los
siete primeros días de abril murieron con COVID más uruguayos que en
todo 2020. De los cerca de 1.300 fallecimientos que el país registra
desde el 13 de marzo del año pasado, inicio oficial de la pandemia, unos
300 se produjeron en la primera semana de este mes, más de 40 por día;
el total de fallecidos entre marzo y diciembre de 2020 había sido de
180, una media apenas superior a uno por día.
Hoy las unidades de cuidados intensivos están al borde de la
saturación. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva advirtió la
semana pasada que, de seguir a este ritmo, es cuestión de días que los
médicos tengan que elegir a quién intentar salvar y a quién no y que los
fármacos para tratar a esos enfermos críticos se acaben.
“Volviendo de 30 horas de laburo. Ya se ve la exigencia del
sistema al límite. (…) Estamos haciendo magia para no limitar los
pacientes en la emergencia”, escribió en Twitter el médico internista Federico Rivero.
Y aunque aún se está lejos de escenas dantescas como las de Manaos (Brasil), si
la cosa no se frena se va hacia allí, dicen dirigentes del Sindicato
Médico. Algo impensable apenas unos meses atrás, cuando el autobombo era
la regla y parecía que la pandemia regatearía elegantemente a
Uruguay.
En el lado positivo de la balanza está el porcentaje alto de
vacunación: algo menos del 25% de la población ha recibido una primera
dosis de alguno de los dos inmunizantes utilizados (Sinovac y Pfizer),
la proporción más alta en América del Sur después de Chile. Pero a este
ritmo de crecimiento de los contagios, con la expansión de la virulenta
variante brasileña P1 por todo el país y a falta de medidas fuertes de
restricción de la movilidad –por opción expresa del Gobierno– “es muy
difícil que la vacuna le gane la carrera a la COVID-19”, dijo el jueves
pasado el director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Battyány.
Apuesta por la "libertad responsable"
Tanto el Sindicato Médico como las sociedades de especialistas
de diversas disciplinas y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH),
una instancia de científicos de alto nivel creada por el propio
Ejecutivo al comienzo de la pandemia, han pedido al presidente Luis
Lacalle Pou que restrinja la movilidad en mucho mayor grado que lo que
se ha venido haciendo hasta ahora y que compense económicamente y de
manera adecuada a las poblaciones afectadas. Pero Lacalle Pou se niega a
lo uno y a lo otro. Su apuesta fue, es y seguirá siendo, dijo, a la
“libertad responsable” de los uruguayos.
“Sugiero cambiar la idea de libertad responsable por ser
responsables de la libertad”, ha planteado Gonzalo Moratorio, director
del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur
de Montevideo y único científico latinoamericano destacado entre los
mejores del mundo por la revista Nature en 2020.
En un tuit del 6 de abril, Moratorio instó al gobierno a actuar.
“Solo ayudando al proceso de vacunación con mayor restricción de
movilidad podemos volver a conseguir la libertad que añoramos”,
escribió.
Lacalle Pou, de derecha, suele decir que no se gestiona con
criterios ideológicos, que quienes tienen “cegueras” de ese tipo están
en la acera de enfrente y que él ha aprendido que aquello de derechas e
izquierdas es cosa del pasado y que el suyo es un gobierno pragmático.
A falta de liderazgos regionales más sólidos, el presidente
uruguayo se ha ido convirtiendo en referente de las derechas liberales
de esta parte del continente. En gran parte debido al brillo que sacó en
su momento a los números pandémicos, cuando en época de vacas gordas
convocaba ruedas de prensa diarias en las que coqueteaba con los
periodistas, cacareaba sobre la excepcionalidad uruguaya, se mostraba
surfeando en alguna playa y le gustaba de exhibir su sintonía de
entonces con los científicos del GACH.
En el momento inicial de la crisis, el Gobierno decidió algunas
restricciones (suspensión de las clases presenciales, de espectáculos
públicos de todo tipo, cierre de centros comerciales, limitación del
transporte, pasaje al teletrabajo en el Estado), pero los uruguayos
fueron más allá de esas medidas y todos los que pudieron se
autoconfinaron. Durante mes y medio no había un alma en las calles.
Ese autoencierro, explican los científicos –con el GACH a la
cabeza– fue el que permitió que Uruguay contuviera el avance del virus.
Hoy el Gobierno se niega a ir por ese camino y felicita al GACH por su
"abnegada tarea" pero no lo escucha: la economía no da, dice. Los
movimientos sociales y la oposición política defienden que sí se puede, y
argumentan que el país tiene reservas monetarias sobreabundantes en el
extranjero y acceso relativamente barato a créditos contingentes. (El
tono más duro proviene, como muy a menudo, del movimiento social. El
Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, juega a la oposición
responsable y modera sus respuestas. A veces se hace inaudible).
El éxito no podía durar apostando todo a la responsabilidad
individual. Las medidas de acompañamiento en favor de los sectores más
afectados por el cierre de actividades fueron tan débiles que hacia
mediados del año pasado la CEPAL ubicó a Uruguay como el país
latinoamericano que menor inversión social había realizado para combatir
los efectos de la pandemia, menos del 4% de su PIB.
Ortodoxamente preocupado por la reducción del déficit fiscal, el
Gobierno mantuvo durante la crisis los mismos postulados liberales que
inspiraron a los partidos de extrema derecha, derecha y centro que
integran la coalición ganadora de las elecciones de 2019. Las
escasísimas ayudas que recibieron algunas categorías de trabajadores
durante estos meses fueron compensadas por recortes del 15% en el gasto
público, fundamentalmente en el área social.
De no haber sido por las protestas de los científicos, que esta
vez encontraron eco masivo, la inversión en ciencia y tecnología también
habría sido talada en momentos en que médicos, virólogos, intensivistas
y enfermeros están en la primera línea de combate y los laboratorios de
la vapuleada universidad estatal han sido capaces de crear e
instrumentar test de rastreo del virus o concebir y fabricar
respiradores.
Hambre y pobreza
Por otro lado, el Ejecutivo aumentó los impuestos y las tarifas
públicas, y no hizo nada para detener los desalojos, que han ido
creciendo conforme la crisis fue aumentando. La central sindical única
PIT-CNT y organizaciones sociales y políticas plantearon un ingreso
mínimo de emergencia para los más vulnerables que hubiera significado
apenas unos 500 millones de dólares de gasto.
"No podemos pagarlo", respondió el gobierno. Y barrió en
paralelo de un plumazo cualquier imposición al capital privado. Son los
empresarios los que “"nos sacarán de la crisis cuando termine la
pandemia", afirmó Lacalle Pou el año pasado y repitió hace un par de
semanas. El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira dice que ni el Fondo
Monetario Internacional, que ha propuesto medidas contracíclicas y
financiar cierres de actividades no esenciales con un aumento sustantivo
del gasto social, tiene una postura tan ortodoxa. Y eso, a su juicio,
es una señal de que algo anda muy mal.
El Gobierno espera. Espera, por ejemplo, a que avance la
vacunación. Pero el hambre y la miseria también avanzan. En un año, el
número de pobres aumentó en más de 100.000. Y están a merced de la
gente. Si los nuevos y viejos pobres pueden comer es más gracias a las
700 "ollas populares" que pululan por todo el país, surtidas por los
propios vecinos y organizaciones sociales, que a las ayudas del Estado.
En los barrios del oeste de Montevideo, una Coordinadora Popular
y Solidaria (CPS) engloba a unas 14 redes de ollas y merenderos.
"Estamos viendo escenas muy similares a las que tanto impactaron en la
crisis del 2001-2002", dice a elDiarioAR Brenda Bogliaccini, integrante
de la coordinadora. "Hay hambre como entonces, y un Estado ausente como
entonces. Junto con la emergencia sanitaria está instalada una
emergencia social menos visible pero muy presente".
En el Cerro, un tradicional barrio obrero de Montevideo que se
fue empobreciendo a medida que Uruguay se fue vaciando de industrias,
funciona, entre otras, la olla de El Tobogán. Lita, una de sus
animadoras, apunta: "30 kilos de arroz y la olla de 90 litros de
estofado de lentejas y no nos dio. No nos dio. Cada día vienen más
vecinos".
Pobreza y desigualdad en Uruguay: aprendizajes de cuatro décadas de crisis económicas y recuperaciones*
La Diaria 12 de abril de 2021 · Escribe Andrea Vigoritto, Gonzalo Salas en Desigualdad y pobreza
Uruguay enfrenta una severa crisis económica por tercera vez en
cuatro décadas. Si bien sus orígenes fueron muy diferentes, repasar los
efectos de las crisis anteriores sobre la desigualdad y la pobreza en
Uruguay puede contribuir al debate actual sobre el diseño de políticas
de contención al rápido deterioro de las condiciones de vida de la
población. Esto se vuelve particularmente relevante porque Uruguay
enfrenta actualmente una aguda retracción económica (5,9% del PIB en
2020), y el esfuerzo fiscal realizado por el gobierno para mitigar el
deterioro de las condiciones de vida de la población (1,4% del PIB) es
uno de los más bajos de América Latina (cuyo promedio es 3,9% del PIB).
América Latina se ha caracterizado por enfrentar severas crisis
económicas periódicas que implicaron retrocesos sustanciales en sus
magros logros con respecto a la reducción de la pobreza y las
desigualdades estructurales. Los análisis de las crisis de las décadas
de 1980 (deuda externa) y 1990 (efecto Tequila) indican que sus
consecuencias recaen desproporcionadamente sobre las poblaciones que
enfrentan mayores privaciones.
Uno de los aspectos tal vez más dramáticos de las crisis, y sobre el
que nos interesa llamar la atención especialmente en este artículo,
radica en su corrosiva asimetría: mientras que en períodos muy cortos la
desigualdad y la pobreza de ingresos pueden aumentar sustancialmente,
el regreso a los niveles originales lleva mucho más tiempo (De Janvry y
Sadoulet). A su vez, se ha constatado en varios trabajos para Uruguay y
un amplio conjunto de países que el crecimiento económico no contribuye
por sí solo a la redistribución, sino que esta depende de las políticas
que se desplieguen en cada período. Esto significa que es muy difícil
que las recuperaciones logren revertir completamente los deterioros del
bienestar de la población generados durante las crisis. Por ejemplo, el
aumento de la incidencia de la pobreza en América Latina, resultante de
la crisis de la deuda externa de 1982, se revirtió luego de 25 años
(Cepal, 2020). Así, los períodos de crecimiento económico posteriores a
las crisis han estado orientados a revertir parcialmente el deterioro,
más que a expandir logros preexistentes.
Originadas en el sistema financiero, las crisis de 1982 y 2002 se
vincularon al manejo macroeconómico local frente a contextos
internacionales o regionales fuertemente adversos. El primer caso se
enmarcó en la crisis regional de la deuda externa. En el segundo
episodio, la recesión se inició en 1999 y se agudizó fuertemente en
2002, debido a un manejo de la política económica que no logró contener
la vulnerabilidad de la economía uruguaya frente a las crisis de Brasil y
Argentina.
En la Gráfica 1 se presenta la evolución del salario real y del PIB por habitante entre 1968 y 2019. Obsérvese que durante la crisis de 2002 los valores del salario real descendieron a los niveles de 1982, destruyendo en muy poco tiempo toda la mejoría lograda en el período democrático. Aun cuando en 2005 se restauró la negociación salarial tripartita y desde el último semestre de 2004 los salarios mínimos se revalorizaron en forma significativa e ininterrumpida, recién en 2009 estos valores volvieron a ser similares a los de 1998. A la vez, la disminución de ingresos salariales generada durante el gobierno de facto fue de tal magnitud que, en 2018, el salario real medio representaba 78% del valor de 1968.
Si bien comparte sus orígenes internacionales o regionales y el crecimiento económico fue bajo en el último lustro, a diferencia de las dos anteriores, la presente crisis no se desencadenó en el sistema financiero, ni se produjo luego de una prolongada recesión económica. Además, se verifica en forma concomitante en muchos países del mundo, lo cual dificulta la recuperación, pues los principales socios comerciales de Uruguay también están afectados y no es posible determinar si la demanda externa podría actuar como mecanismo propulsor. Este aspecto constituye una diferencia central con la recuperación económica de 2003.
Los estudios disponibles para América Latina indican que las crisis dejan al descubierto, con particular agudeza, las condiciones de precariedad del empleo de los estratos de menor nivel socioeconómico, su bajisima capacidad de ahorro y acceso a activos, el débil desarrollo de los sistemas de protección social, el escaso despliegue de las políticas redistributivas, y la reducida voz para demandar mayores derechos y medidas más enérgicas. A ello se suma que la crisis actual pone particularmente de relieve el carácter multidimensional del bienestar y las desigualdades preexistentes. Solo a título de ejemplo, se suman: las posibilidades de trabajar a distancia; las condiciones de vivienda para convivir con los espacios adecuados, el acceso a telecomunicaciones para trabajar y/o recibir clases a distancia (que no se han vuelto de libre acceso y corren por cuenta de los hogares sin ningún tipo de apoyo o subsidio); la disponibilidad de tiempo, la distribución de la carga de trabajo y desigualdades dentro del hogar; el acceso a servicios de cuidado de la salud y las condiciones de salud mental, así como en la participación social y en las libertades en general. También se ha alertado acerca de la mayor carga de los efectos de la crisis sobre las mujeres, por su inserción laboral y la desigual distribución de las tareas dentro de los hogares.
Pobreza y desigualdad en las últimas cuatro décadasLa Gráfica 2 ilustra la evolución del salario real y la desigualdad de ingresos de los hogares medida a través del coeficiente de Gini, cuya trayectoria de largo plazo es ya conocida. Entre 1968 y 1981 se dio una marcada concentración de ingresos, estrechamente asociada a la política de contracción de salarios reales ya mencionada.1 Al inicio de la restauración democrática se observa una moderada reducción de la desigualdad. Sin embargo, en la década de 1990, la supresión de la negociación tripartita, aunada a la liberalización comercial, contribuyó al acrecentamiento de los diferenciales salariales por nivel educativo y a un incremento de la desigualdad laboral. Así, desde mediados de la década de 1990 hasta 2008, los ingresos se concentraron. Luego, por primera vez en 15 años, la desigualdad comenzó a descender hasta 2013, y desde allí permaneció estable hasta 2019.
Al comparar la evolución
de la desigualdad cuatro años después del momento de mayor caída de la
actividad económica en cada crisis, se observa un patrón levemente
progresivo en el primer episodio, en tanto en el segundo resulta
regresivo. De hecho, mientras que la crisis de 1982 fue seguida de
reducciones del índice de Gini, en 2002 se observaron caídas de los
niveles de desigualdad recién en 2008. Bucheli y Furtado (2004)
concluyen que la crisis agudizó la tendencia a la concentración de
ingresos ya observada en el segundo lustro de la década de 1990.
Por otra parte, la relación entre el crecimiento económico y la
desigualdad afecta directamente los cambios en los niveles de pobreza
alcanzados en cada período. Los análisis previos de descomposición de
las variaciones de la pobreza ponen de manifiesto cómo las caídas de la
pobreza se han asociado al crecimiento económico y a la redistribución.
En los dos períodos que rodean a las crisis (1982-1984 y 1999-2003), los
efectos de crecimiento y redistribución se potenciaron, aunque este
último cobró más relevancia en la crisis de 2002. A la vez, las épocas
de recuperación muestran patrones variados, que pueden asociarse a la
magnitud de las políticas desplegadas. Mientras que entre 1984 y 1989 la
reducción de la pobreza resultó principalmente del crecimiento, entre
1995 y 1999 la mayor concentración de ingresos generó un leve aumento de
la pobreza, aun cuando los ingresos crecían. Entre 2003 y 2012, el
efecto redistribución fue más relevante o similar al crecimiento para
explicar la caída de la pobreza. Finalmente, entre 2012 y 2018, la caída
de la pobreza fue muy moderada y fue liderada por el efecto
crecimiento. Estos resultados ponen de manifiesto nuevamente que pobreza
y desigualdad no son fenómenos separados, en tanto la redistribución
potencia el aumento de los ingresos en los sectores de menores ingresos.
Un rasgo relevante del caso uruguayo refiere a que los dos períodos
de crisis se caracterizaron por la escasez de medidas de contención
estatal o políticas fiscales contracíclicas. Si bien en 2002 se
protegieron programas de recortes presupuestales y se expandieron los
comedores escolares, no se desplegaron medidas de expansión del sistema
de transferencias no contributivas, como sí lo hicieron otros países. La
respuesta comenzó recién en 2004, con una expansión en la accesibilidad
al sistema de transferencias no contributivo para hogares con bajos
ingresos, con independencia de su situación contributiva, así como el
aumento del salario mínimo nacional. A la vez, cabe recordar que los
elevados niveles de pobreza monetaria que resultaron de la crisis de
2002 fueron uno de los fundamentos de la implementación del Panes, al
asumir el nuevo gobierno en marzo de 2005 y crearse el Ministerio de
Desarrollo Social. Recién a partir de 2008 se aumentaron sustancialmente
los valores de las prestaciones por las asignaciones familiares (AFAM)
no contributivas y se expandió la cobertura, alcanzando en 2018 a 80% de
los hogares con niños del primer decil de la distribución del ingreso.
Si bien permanece incambiado desde 2008, la cobertura de este sistema
dotó de mejores condiciones a los gobiernos para brindar rápidas
respuestas ante posibles crisis. Esto se debe a que existe un
dispositivo que funciona como malla de contención por dos vías: aumento
de la cobertura si hay personas cuyos ingresos se reducen, y potencial
aumento de la prestación, ya sea transitorio o permanente. Sin embargo,
la unificación de este sistema con el ala contributiva de las AFAM sigue
pendiente.
Se señaló anteriormente que, debido a los efectos asimétricos de las
variaciones del PIB sobre el bienestar, las consecuencias de las crisis
sobre las condiciones de vida de las personas no desaparecen cuando
estas se superan, sino que pueden mantenerse por largos períodos de
tiempo. Esta afirmación puede extenderse a los dominios no monetarios
del bienestar, donde las velocidades de cambio y la persistencia pueden
ser aún mayores.
Durante la crisis de 2002, la brusca caída de los recursos de los
hogares generó una gran preocupación por las condiciones nutricionales
de la población y puso de relieve las limitaciones de la información
existente. Por esta razón, en 2004 se inició el Estudio Longitudinal del
Bienestar en Uruguay (ELBU), con el objetivo de generar información
socioeconómica y antropométrica sobre los niños y estudiar sus
privaciones con un enfoque multidimensional.
Los hogares fueron visitados nuevamente cuando los niños se encontraban
en segundo año (2006), cuando cursaban los primeros años de enseñanza
secundaria (2011) y, luego, entre los 18 y 20 años, cuando contaban con
la edad de finalización de la enseñanza obligatoria (2017). Actualmente
se está preparando una nueva ola.
Con la información recabada en 2011 y 2017, se encontró que la
desnutrición en los primeros años de vida se asoció fuertemente con la
repetición escolar posterior y la desvinculación de los adolescentes del
sistema educativo en etapas tempranas (Failache et al., 2018).
Es probable que estos resultados también se asocien al tipo de
inserción laboral que haya podido alcanzar esta cohorte. A la vez,
quienes se desvincularon del sistema educativo seguramente se encuentren
entre la población más afectada por la actual crisis. El ELBU también
permitió realizar análisis de la evolución de la pobreza y la
desigualdad multidimensional (Failache et al., 2016), en los
que se encontró que los logros fueron notoriamente menores que lo que
podría observarse a partir de medidas basadas en los ingresos. A la vez,
el crecimiento del ingreso, el empleo y las prestaciones sociales se
asoció mucho más fuertemente con la superación de la pobreza monetaria
que con logros multidimensionales.
Otros trabajos han buscado identificar a la población vulnerable a
caer en situaciones de mayor privación en períodos recesivos. Así se
constató que la vulnerabilidad frente a la pobreza monetaria abarca a
una proporción de la población que oscila entre 40% y 55%
(Colafranceschi et al., 2018). A la vez, entre 15% y 30% de la población es vulnerable a caer en situaciones de pobreza multidimensional.
La reseña anterior tiene por objeto mostrar que los efectos de la
crisis persistieron mucho más allá de su epicentro y se verificaron aun
cuando el país estaba en plena expansión económica. Al mismo tiempo, las
privaciones iniciales influyeron sobre dimensiones no afectadas
directamente en el momento de la crisis.
Reflexiones finales frente a la crisis actual y las respuestas de política social
Desde su inicio, la crisis económica actual evidenció con crudeza las
privaciones y las desigualdades persistentes en la sociedad uruguaya en
su multidimensionalidad. Las estimaciones disponibles indican que, en
los primeros meses de la pandemia, se verificó un aumento sustancial en
la incidencia de la pobreza, que, según datos recientemente divulgados
por el Instituto Nacional de Estadística, alcanzó a 11,4% de personas. A
ello se agrega que una parte significativa de la población vio
reducidos sus ingresos, aun cuando no cayó por debajo del umbral de
pobreza. Las restricciones en los consumos mínimos y los efectos en
educación y salud no observables en corto plazo amplificarán la caída y
brechas de ingresos hacia el mediano y, aun, el largo plazo. Por eso,
los efectos sociales de la crisis no pueden monitorearse exclusivamente a
partir de un indicador.
A diferencia de la recuperación posterior a 2003, intensiva en la
demanda de empleo no calificado, los pronósticos indican que la salida
de la presente crisis se acompañará de una aceleración de la
robotización (Cepal, 2020). Esto reduciría la participación de la masa
salarial en el PIB, y crearía peores condiciones para la redistribución.
En las últimas cuatro décadas se han sucedido períodos de mejora y
empeoramiento de las condiciones de vida de la población, y,
particularmente, de los sectores de menores ingresos, en los que las
crisis arrebatan rápidamente los logros de los períodos de auge: los
avances redistributivos han sido revertidos rápidamente por las
recesiones. Con base en el análisis de esta evolución es posible extraer
algunas conclusiones:
-
En los períodos de crecimiento económico, desde la restauración
democrática hasta el presente, sólo se verificaron caídas de la
desigualdad cuando se aplicaron nuevas políticas redistributivas.
-
Las crisis perjudican en mayor medida a los más vulnerables, en tanto
quienes están en mejores condiciones en el punto de partida se
recuperan más rápidamente. Esto implicaría que es posible que un
conjunto sustantivo de la población adulta afectada por la crisis actual
haya experimentado deterioros en los episodios anteriores.
-
La pobreza y la desigualdad no pueden pensarse separadas: las caídas
de la pobreza suceden a una mayor velocidad si se acompañan de la
igualación de los ingresos.
-
Las respuestas de sostén de ingresos para las poblaciones vulnerables
han sido siempre tardías. En las dos crisis previas estas se
efectivizaron en la fase de recuperación, lo cual significa que en la
peor etapa del ciclo económico no hubo políticas de fuerte contención de
la caída de ingresos.
-
Al transformar a una significativa proporción de la población
vulnerable en pobre, los efectos de las crisis ponen de manifiesto que
las políticas redistributivas deben cubrir a un amplio conjunto de la
población. La experiencia pasada indica que se debe actuar rápidamente
en políticas de mediano y largo plazo sobre dimensiones monetarias y no
monetarias del bienestar, porque los efectos de las crisis persisten más
allá de las recuperaciones del crecimiento económico. Al respecto, son
llamativos los anuncios de recorte de la política de comedores
escolares. Nótese que, aun cuando en la crisis de 2002 las medidas
fueron escasas, el comedor escolar se expandió, en un contexto fiscal
considerablemente más restrictivo que el actual.
-
Un aspecto fundamental radica en estabilizar y suplementar los
ingresos de los hogares en el corto plazo, con base en el reforzamiento y
la expansión de instrumentos existentes y la implementación de nuevas
políticas de redistribución y/o alivio a la pobreza, articuladas con los
programas ya existentes. Las transferencias monetarias constituyen una
condición necesaria de la política social, que deberían complementarse,
por ejemplo, con otras políticas que permitan mejorar la conectividad y
el equipamiento, de forma de viabilizar el teletrabajo y la
escolarización de niños y adolescentes en todos los estratos sociales.
Por otra parte, el número de beneficiarios de AFAM no ha aumentado en el
contexto de crisis, sino que registra una leve caída entre marzo y
agosto de 2020. La no expansión de la cobertura de AFAM y de la Tarjeta
Uruguay Social es muy llamativa, pues en el contexto de crisis se
debería registrar un rápido aumento y extender las prestaciones a
hogares sin menores de 18 o mayores de 65, abarcando hogares en
situación de informalidad laboral a quienes el seguro de desempleo no
comprende.
-
Debería suprimirse el control de las condicionalidades y dar de alta a
quienes perdieron el beneficio por esta razón. Las contraprestaciones
constituyen un elemento regresivo, aún más en el contexto de una crisis.
-
Los montos transferidos deberían ser adecuados a la magnitud de la
pérdida y sostenidos en el tiempo a efectos de estabilizar ingresos,
pues la recuperación de los hogares cuando la economía vuelve a crecer
no es automática. Si bien a lo largo de 2020 se aumentaron los montos
transferidos en 50%, debe notarse que el deterioro de los ingresos de
los hogares requiere de incrementos considerablemente mayores para ser
efectivos (Brum y De Rosa, 2020). La medida de indexación de la base de
prestaciones y contribuciones en base al índice medio de salarios
erosiona aún más los ingresos de la población vulnerable, que es la que
recibe las prestaciones sociales (seguro de enfermedad, seguro por
desempleo, AFAM contributivas). Desafortunadamente, la escasa voz de
estos sectores para demandar mayores apoyos ha llevado a que la
discusión pública se centre en los efectos sobre la imposición a la
renta, que afecta a los trabajadores que se ubican por encima de la
mediana de la distribución de ingresos laborales y al 20% de jubilados
de mayor ingreso.
-
La mayor redistribución hacia los estratos de menores ingresos debe
acompañarse de mayores contribuciones del resto de la población, y muy
especialmente de los estratos altos.
En varios trabajos se constata que los períodos posteriores a las
pandemias/epidemias se han caracterizado por una fuerte construcción
institucional. En este sentido, un aspecto central sería retomar la
reforma inconclusa del sistema de transferencias de 2005-2008, iniciada
en otro período poscrisis, y reformar todo el sistema, de manera de
unificar el sistema de transferencias y prestaciones, con el objetivo de
avanzar hacia un régimen de imposición a la renta y la riqueza
expandido con respecto al actual. A la vez, las políticas que logren
transformaciones sustantivas en las dimensiones no monetarias del
bienestar, y particularmente las referidas a las condiciones y acceso a
la vivienda, deben recibir un fuerte impulso. De otra forma, las cargas
de las crisis seguirán cayendo desproporcionadamente sobre los sectores
de mayores niveles de vulnerabilidad económica y social.
(*) Este artículo es una síntesis de un trabajo más largo que puede consultarse en fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Pobreza_y_desigualdad_en_Uruguay_v2.pdf. Investigador/a y docentes del Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar.
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