Cerrando un año que fue en general mejor que el anterior —al acotarse el
problema sanitario y reabrirse varias actividades—, el empresariado
mira con relativo optimismo hacia el 2022. Son mayoría los que piensan
aumentar su producción, si bien planean con cautela sus decisiones en
materia de empleo e inversiones, y también tienen mayoritariamente una
visión auspiciosa para la economía uruguaya.
2.11.0.0
El gráfico que presento es claro: Si tomáramos el rubro salarios (rubro 0) de 2020 que fue 206 mil millones de pesos y comparamos los ajustes reales con los hechos, la masa salarial sumada de 2021 y lo que será 2022, tendrá un ahorro de 28 mil millones de pesos.
O sea se ahorro y ahorrará 650 millones de dolares en dos años.
Cómo le afecta a un trabajador? Por ejemplo un trabajador de 1 ministerio cualquiera que al 1/1/2020 ganaba 35 mil pesos, en dos años perderá por la diferencia de ajustes 38.693 pesos de su salario líquido.
Un docente de ANEP grado 4 con 30 horas que ganaba 56.999 en enero de 2020 perderá en dos años 63.012 pesos.
29 de Diciembre de 2021
Los
sueldos de los funcionarios públicos aumentaron 4,41% en 2020, pero la
inflación trepó a 9,41%. Este año, los salarios crecieron 7% y el
aumento general de precios será superior, estimado en 8%. El senador por
el Frente Amplio, Daniel Olesker, señaló que el Gobierno ahorrará por
este concepto unos 650 millones de dólares en dos años por la pérdida de
poder adquisitivo de los funcionarios públicos.
“El gráfico que presento es claro”, explicó en su cuenta de Twitter
el senador socialista. “Si tomáramos el rubro salarios (rubro 0) de
2020, que fue 206 mil millones de pesos, y comparamos los ajustes reales
con los hechos, la masa salarial sumada de 2021 y lo que será 2022,
tendrá un ahorro de 28 mil millones de pesos”.
Con estos datos, el dirigente político explicó que el Gobierno “ahorrará 650 millones de dolares en dos años”.
Explicó que un trabajador de un ministerio que ganaba 35.000 pesos en
enero de 2020, perderá 38.693 pesos por la diferencia de ajustes en su
salario líquido.
Otro ejemplo que puso fue el de un docente de primaria o secundaria
de grado 4 con 30 horas docentes, que en enero de 2020 percibía 56.999
pesos, perderá en dos años 63.012 pesos.
30.000 millones de pesos.
En ese entorno esta la suma de la pérdida salarial en el periodo 2021-2022.
Esta caída libre del salario de las familias trabajadoras del sector público es el resultado concreto e irrefutable de la política económica del gobierno en los consejos de salarios.
Este año se consumó una caída del 5% del salario real, a lo que hay que añadir otra detracción del poder de compra según la nueva pauta del poder ejecutivo para 2022.
La evidencia está a la mano de cualquiera.
El primer ajuste salarial fue de 4.41% con una inflación de 9,41 %.
El nuevo ajuste será del 7%, con una inflación de 8%.
Lo peor de esta sangría a la que se esta sometido a los trabajadores públicos es que su destino no es la erradicación de la pobreza infantil que soportan más de 170.000 niños y adolescentes a lo largo y ancho de este país.
No estamos ante un esfuerzo social para construir un país más solidario; por el contrario, el único derrotero de esta sangría es garantizar el pago de la deuda externa y sostener los subsidios del Estado al agronegocio y el gran capital.
Entender estas cosas no las va a hacer cambiar.
Solo la acción organizada del pueblo cambia las cosas, pero con una venda en los ojos nadie ve nada. Va siendo la hora de ayudarnos entre todos a sacarnos esa venda.
Actividades llevadas a cabo por EFI (Espacios de Formación Integral de la Universidad de la República, y Serpaj Uruguay, Servicio Paz y Justicia, Uruguay
I) Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
El Ayuno de Serpaj (1983) «Entre los días 11 y 25 de agosto de 1983, el pastor Ademar Olivera y los sacerdotes Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio protagonizaron un ayuno en el local del Servicio de Paz y Justicia, en la calle General Flores 4050 y Manuel Arrotea, como manifestación de resistencia a la dictadura militar y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando a cabo desde hacía más de una década en el país. Tras el acto masivo del 1° de mayo de 1983 y una coyuntura creciente de manifestaciones públicas en rechazo al gobierno cívico-miltar, un recrudecimiento de las medidas represivas se habían hecho evidentes en el espacio público. Así, las manifestaciones de apoyo al ayuno en la puerta del SERPAJ, fueron sistemáticamente vigiladas y, por consiguiente, silenciadas y controladas. La memoria sobre este hecho, es posible gracias a las fotografías y registros existentes en los archivos de la organizaciones sociales, que hoy se exponen al público para que nos ayuden a enriquecer con la mayor cantidad de datos posibles estas imágenes que han sido resguardadas por más de medio siglo.» [EFI] Memoria audiovisual
II) Ser joven no es delito
La Coordinadora anti Razzias «Luego del plebiscito para derogar la Ley de Caducidad, a finales de abril de 1989, en la Plaza Zabala, se constituyó la Coordinadora anti-Razzias. El principal objetivo de la Coordinadora era denunciar la violencia ejercida por las fuerzas policiales que sin motivos justificados reprimía y encarcelaba a los jóvenes. Era una organización no partidaria, que justamente se caracterizaba por su desorganización pero gran eficiencia. El antecedente más importante de la Coordinadora se remonta al SURME, (Sindicato Unico Revolucionario Muchachos de la Esquina), un grupo de jóvenes que desde hacía varios años se reunía en el barrio Ciudad Vieja. Durante la campaña por el "voto verde" se unieron a la Red de Teatro Barrial, El Abrojo y Serpaj y realizaron la obra teatral "No me tuerzan los derechos". Dentro del archivo del Serpaj es posible ver registros de esta actuación en ferias, parques y diversos espacios públicos en la capital y ciudades del interior. También de las principales movilizaciones como la marcha multitudinaria que tuvo lugar el 23 de junio, burlando la prohibición policial caminaron desde la Plaza de los Bomberos hasta la Plaza Libertad. Bajo el lema "para que ser joven no sea delito, juntémonos entre los iguales. El presente es nuestro" se organizó la marcha de las antorchas desde la Plaza Lafone hasta el Cerro. El 25 de julio tras conocer la noticia de que un joven Guillermo Machado había fallecido a causa de violentos abusos policiales organizaron una acción que provocó la renuncia de quien fuera Ministro del Interior (Antonio Marchesano) y la decisión desde la Jefatura de Policía de Montevideo de suspender las razzias. Varias fotografías y filmaciones registran el campamento en la ciudad de Libertad que realizaron entre el 13 y el 15 de octubre. Participaron más de cuatro mil personas y tuvieron lugar diversas manifestaciones culturales. Fue el último gran evento organizado por este colectivo, de corta duración pero de intensa actividad, tal como se puede constatar en estas imágenes.» [EFI] Memoria audiovisual
III) Meta un verde en la urna
Campaña para derogar la Ley de Caducidad «En el año 1989, se creo la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a los efectos de impedir la campaña para derogar la ley n° 15848, aprobada por el Parlamento Nacional en diciembre de 1986. Esta ley inhibió la posibilidad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechas humanos, que se llevaron a cabo por parte del Estado durante la última dictadora militar (1973-1985) y, por ese motivo, fue conocida históricamente como la Ley de Impunidad. Si bien se trata de una ley que permaneció vigente, en la medida en que pasó el voto amarillo, en favor de su no derogación, las reflexiones posteriores en torno a esta experiencia ha destacado las desigualdades de acceso a los medios más masivos, por parte de la “opción por el voto verde”. En este sentido, las organizaciones sociales como Serpaj, que impulsaron esta campaña, aún conservan en se archivo bunena parte de las fotografías y grabaciones que realizaron en el espacio psíblic0, que expresan intervenciones y actividades en muy diversos lugares, que te invitamos a rememorar. Se trata de archivos que aún estaban dispersos y sin catalogar. Todos aquellos datos que nos puedas brindar servirán para mejorar su acceso a las generaciones futuras.»
El
verano caliente que anunciáramos hace pocos días comenzará a
materializarse mañana 28 de diciembre con el paro —a partir de las
13.30, sin atención al público— de los trabajadores de los bancos
oficiales de Montevideo y de las dependencias ubicadas en Parque
Roosevelt, La Paz y Las Piedras. Posteriormente tendrá lugar una
concentración frente a la sucursal 19 de Junio y allí se iniciará una
marcha que pasará frente al Ministerio de Economía y las casas centrales
de los bancos del Estado, para finalizar ante la Torre Ejecutiva. El
horario de reintegro a las dependencias se indicará sobre el final de la
movilización. Una vez cumplida esta medida se reunirá de inmediato el
Plenario Nacional de Delegados de la Banca Oficial en el local de AEBU
para resolver las acciones de lucha que acompañarán las futuras
negociaciones por el convenio y que podrán verse en el cronograma que
presentamos más abajo.
AEBU colmó las calles
La reiterada intención del Gobierno de rebajar los salarios en los bancos públicos ha movilizado al sindicato y esto se vio reflejado en las calles de la capital. Según estaba previsto, los trabajadores de los bancos oficiales de Montevideo y del área metropolitana se concentraron en gran número frente a la sucursal 19 de Junio; allí emprendieron una marcha que transitó frente al Ministerio de Economía y las casas centrales de los bancos del Estado, para finalizar ante la Torre Ejecutiva. Al finalizar la reunión del Plenario Nacional de la Banca Oficial, con el cual se cerró la jornada, el consejero Matías Arbizu valoró así la medida: «Hoy nuevamente, como venía siendo en las últimas semanas, quedó en claro la importancia que los compañeros le dan a la discusión que se está llevando adelante por el convenio colectivo». Este sólido apoyo «nos da la posibilidad de seguir con esta discusión y movilización que son sumamente importantes para lograr el objetivo que tenemos: la renovación del convenio colectivo», agregó para Radio Camacuá.
Colonia el 30
El
30 de diciembre se realizará una jornada de movilización de la banca
oficial con su epicentro en la ciudad de Colonia y la participación de
compañeros de esa ciudad, San José y Soriano. Tras asambleas
preparatorias el día anterior, se activará el paro a las 13.30 en los
citados departamentos, con concentración en Colonia del Sacramento. La
hora de finalización será anunciada en el curso de la medida y no habrá
atención al público durante ese lapso. La rotonda de Ruta 1 y General
Flores es el lugar de Colonia elegido para el encuentro, y el punto de
partida de una marcha hacia el local del Banco República donde se
realizará un acto en defensa del salario y por un convenio justo.
Medidas por negociación colectiva empantanada
La
falta de reconocimiento a una deuda salarial de 3% y la marcha atrás
con el mantenimiento de todas las vacantes presupuestales en la banca
oficial, motivan la marcha de los sindicatos bancarios hacia la Torre
Ejecutiva, explicó el dirigente sindical Gonzalo Pérez a M24. El
conflicto se origina en la falta de acuerdo en OPP a puntos negociados
durante los tres meses de diálogo en el Ministerio de Trabajo. El
convenio colectivo con los trabajadores bancarios venció en marzo. El 18
de octubre fue elevada la plataforma de AEBU a las autoridades, que
convocaron al sindicato en noviembre. Desde esa fecha, las negociaciones
fueron lentas y empantanadas, calificó Pérez. Pero la reunión del 22 de
diciembre con el economista de la OPP, Gustavo Michelín, desanudó
puntos negociados en reuniones anteriores con el Ministerio de Trabajo,
declaró el dirigente gremial a M24. Como ejemplo, mencionó el
reconocimiento de una deuda del 3% que debería acreditarse el próximo
enero. En la reunión con Michelín, esta deuda no fue reconocida. Por
otro lado, había un diálogo abierto a favor de mantener el 100% de las
vacantes presupuestales y disponerlas para el ingreso de nuevos
trabajadores a la banca oficial. Este tema está actualmente empantanado,
añadió Pérez.
AEBU promueve una marcha sindical hacia Punta del Este
«Tenemos
los compañeros del puerto que están movilizándose, los de Ancap y los
de Antel también, entonces la idea es hacer algo en conjunto como una
ida a Punta del Este», afirmó el referente del Consejo del Sector
Financiero Oficial de AEBU, Gonzalo Pérez. «El planteo central sería la
defensa de las empresas públicas y después cada sindicato le agregaría
lo que más lo esté afectando», afirmó. El dirigente cuestionó «la
pasividad» de los directorios de los bancos públicos en la negociación
que mantienen con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por su
convenio colectivo. «Tal como venimos, vamos a tener una etapa de
conflictividad cada vez más importante y ascendente», dijo. También
apuntó que las medidas a votarse hoy tienen el apoyo de todas las
corrientes de su sindicato. El presidente de la Federación Ancap
(Fancap), Gerardo Rodríguez, dijo que su sindicato ya recibió la
propuesta extraoficialmente y que será analizada. Consultado, afirmó que
en principio está a favor de sumarse.
Conflictos.
Los reclamos de
los bancarios se suman a distintos conflictos sindicales que persisten
abiertos en la última semana del año. Hoy habrá un paro en la salud
privada convocado por la Federación Uruguaya de la Salud ante el cierre
de Casa de Galicia.
Por su parte, el Sindicato Único de las
Telecomunicaciones (Sutel) tiene previsto realizar una movilización
cuando el Poder Ejecutivo disponga la puesta en marcha de la
portabilidad numérica. “Esto puede ser ahora, en diciembre, o después,
en enero. Cuando lo sepamos vamos a estar haciendo una movilización”,
dijo a El País el dirigente sindical Gabriel Molina.
En cuanto al
conflicto en Ancap, el presidente del sindicato dijo que el directorio y
el gremio buscan definir la modalidad de las guardias gremiales
mientras está caído el convenio colectivo. “El 8 de marzo hay un paro
del Pit-Cnt ya resuelto. Esperemos no llegar a esa fecha sin acuerdo,
pero si llegáramos no nos puede agarrar sin haber avanzado en eso”, dijo
Rodríguez.
En tanto, los funcionarios de UTU reclamaron ayer por
las condiciones de la elección de horas de 600 adscriptos interinos “en
condiciones inadecuadas” y “prácticamente sin ningún protocolo en
momentos que el COVID-19 viene aumentando”, afirmó el sindicalista
Daniel Devitta. La elección de horas de docencia directa será entre
finales de enero y principios de febrero.
- Por Víctor L. Bacchetta 27 diciembre 2021 Sudestada
Un decreto aumentando las áreas forestables y el veto del presidente Lacalle Pou a una ley que limitaba las plantaciones reafirmaron la supremacía económica de estas empresas.
La expansión forestal llevó a una concentración y extranjerización sin precedentes de la propiedad de la tierra.
Pasaron más de 30 años sin un balance oficial de los resultados de la Ley Forestal N°15.939 de 1987. Esta ley y una serie de decretos subsiguientes posibilitaron una expansión extraordinaria de los monocultivos de eucaliptos y pinos en el país. Ese fue el preámbulo para la instalación de dos fábricas de celulosa en 2007 y en 2014, de la tercera actualmente en construcción y, presumiblemente, de algunas más. Entre 1990 y 2019, la forestación creció de 186.000 a 1:034.000 hectáreas gracias a los subsidios y exenciones tributarias en las áreas prioritarias. En 2007 se eliminaron los beneficios, pero se trasladaron a la producción en zonas francas. Las empresas de la cadena forestal-celulósica se convirtieron así en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a las plantas de celulosa. Al producir y exportar desde zonas francas libres de impuestos, UPM y Montes del Plata pueden adquirir tierras y pagar arrendamientos superiores a los de la ganadería y la agricultura. La forestación se expandió entonces fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no está prohibido plantar. Un 29% de las plantaciones ocupan hoy tierras aptas para otros cultivos, que no era la finalidad de la ley de 1987. En los departamentos de Colonia, Durazno, Soriano y San José, un 82, 81, 46 y 78 por ciento, respectivamente, de la forestación está fuera de suelos de prioridad forestal. Asimismo, como los proyectos inferiores a 100 ha no requerían una autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, decenas de miles de hectáreas han sido forestadas sin considerar el estudio de impacto ambiental correspondiente. La expansión forestal llevó a una concentración y extranjerización sin precedentes de la propiedad de la tierra. Desde 2000 se vendió un 42% de la superficie productiva del país, mayormente a sociedades anónimas y fondos de inversión del exterior. En 2018, seis grupos extranjeros poseían más de 920.000 hectáreas dedicadas a la forestación, de las cuales 255.000 pertenecían a UPM y 246.000 a Montes del Plata. La forestación y las fábricas de celulosa asociadas generan impactos ambientales y sociales de gran magnitud. Junto al vaciamiento del campo, los monocultivos en gran escala con especies exóticas (pino y eucalipto) reducen la disponibilidad de agua, destruyen la biodiversidad, acidifican y eliminan nutrientes del suelo. Al mismo tiempo, esa industria contamina el aire y las aguas, superficiales y subterráneas. Como contrapartida para Uruguay, de este proceso solo se enfatiza el aporte en el empleo pero, salvo el corto período de obras, es mínimo. En el último contrato con UPM, la infraestructura financiada por el país casi duplica la inversión de la empresa, mayormente en equipos venidos del exterior. Uruguay no obtiene ganancias de esa inversión, mientras la multinacional la recupera en menos de tres años. Por fuera del acuerdo de la coalición de gobierno, ese es el trasfondo de la iniciativa de Cabildo Abierto al proponer una ley para limitar la expansión forestal. Rechazada desde la Presidencia y el Ministerio de Economía por el Partido Nacional y por las carteras de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Ambiente a cargo del Partido Colorado, la sorpresa la constituyó el apoyo dado por el Frente Amplio. “Desde muy diversos actores de la sociedad, son crecientes en los últimos años las fundamentadas preocupaciones ambientales, económicas y sociales - entre otras - acerca de los efectos que el actual modelo forestal produce en el país”, decía la ley aprobada por el Parlamento, que limitaba las plantaciones a las áreas de prioridad forestal y les fijaba un tope máximo del 10 por ciento del territorio nacional.
Carlos Faroppa, ex presidente de la SPF.
El ‘lobby’ forestal-celulósico.
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) se presentó como víctima de una gran injusticia. Contra todas las evidencias, la SPF dijo no ocupar tierras aptas para otros cultivos, que sus plantaciones brindan iguales servicios ambientales que el bosque natural. Falseó los datos de empleo y aportes al erario público, pero lo repite y repite gracias a una fuerte pauta publicitaria y entrevistas a medida en la prensa. Al debate parlamentario concurrieron todas las entidades del sector forestal y algunas organizaciones sociales que dejaron registrados los impactos de las plantaciones. Las autoridades del ministerio respectivo acudieron en defensa de lo realizado. El director forestal, Carlos Faroppa, es un líder del sector, ex presidente de la SPF, ex ejecutivo de las multinacionales de celulosa y asesor de inversionistas extranjeros. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, alegó que las mejoras se podían resolver desde su cartera. Era otra manera de eludir la ley; históricamente, los decretos ministeriales siempre se destinaron a favorecer al sector forestal. Desde el Partido Colorado, el ex presidente Julio María Sanguinetti siguió de cerca el debate para asegurarse de que no hubiera nueva ley pues considera a la forestación su legado político. En el primer año de discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, blancos y colorados confiaron en que no tendría mayoría, pero el apoyo del Frente Amplio los sorprendió. En el Senado, la amenaza del veto presidencial no tuvo efecto y, ante la inminencia de la votación, el Poder Ejecutivo presentó un decreto con varios cambios en las reglas del sector, pero no pudo evitar que se votara y aprobara la ley. Aunque el veto presidencial no existe en la Constitución, la observación de la ley tenía ese efecto al requerirse tres quintos de los votos de la Asamblea General para ratificarla. "El texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas", expresó el mensaje de Lacalle Pou. Todos los fundamentos y testimonios que acompañaron la decisión de la ley no son para el presidente “razones de interés general”. La decisión de Lacalle Pou fue una nueva apología de la libertad económica y la libertad de producción como derechos fundamentales, de la seguridad económica, la inversión y el prestigio internacional del país, para cerrar con los tratados bilaterales de protección de inversiones. Para explicar la posición del presidente frente a la forestación, es inevitable vincularlo a la historia familiar. Su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, siendo presidente, agregó por decreto tierras suyas a las áreas de prioridad forestal. Y su tía, Rosario Pou, directora forestal en ese gobierno y ejecutiva de empresas forestales, participó activamente en la oposición al nuevo proyecto de ley invocando la libertad del productor rural. Algunas evaluaciones del trámite de esta ley y su desenlace se reducen al corto plazo y las motivaciones electorales. Se habla de “un paso en falso” de Cabildo Abierto o de la oportunidad del Frente Amplio para dividir a la coalición de gobierno. No se percibe que el proyecto del diputado Rafael Menéndez, un veterinario y productor rural de Tacuarembó, vasto conocedor de la forestación, tiene un mayor alcance. Por primera vez tuvo lugar un debate nacional, pues trascendió el Parlamento, sobre los impactos de la forestación y de las plantas de celulosa, sobre los privilegios de las multinacionales del sector. Hay importantes sectores del agro que no pueden convivir con -ni quieren ser socio menores de- esa forestación. Tal vez sin haberlo percibido, el presidente se puede estar dando un tiro en el pie al adoptar esa actitud.
Plantaciones de la empresa UPM. Foto: UPM.
Decreto formalmente restrictivo
Aparentemente, el Decreto 405/021 presentado en vísperas de la votación de la ley forestal, que crea el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, está dirigido a establecer una serie de restricciones a los proyectos del sector. En poco más de dos horas que duró la presentación del decreto en la comisión del Senado que discutía el proyecto de ley, se mencionó 44 veces las palabras restrictivo y restricción. La propia SPF, que no admite nada que afecte a su libertad, previniéndose ante las exigencias ambientales incorporadas formalmente a la norma, también lo calificó de “restrictivo”. Sin embargo, el decreto incluye varios conceptos y criterios novedosos que llevan a poder ampliar, no ciertamente a reducir, las áreas forestales. Quizás por el apuro en presentar una alternativa a la ley, se cometieron errores conceptuales. El decreto afirma que existen “diferentes criterios técnicos en materia de clasificación de suelos” en el país. Según el investigador de la Facultad de Ciencias Marcel Achkar, “Uruguay tiene un sistema de clasificación de suelos desde la década de 1960 hasta la actualidad, que resulta operativo y no genera problemas”. “La definición de terrenos forestales o suelos de prioridad forestal, a partir de los grupos de suelos CONEAT, es lo que genera diferentes criterios técnicos, no la clasificación de suelos”, agregó el científico. Esa supuesta diferencia es utilizada para introducir, como internacionalmente probada, la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Achkar sostiene que la clasificación del USDA no incorpora criterios comprobados internacionalmente, sino que son criterios para definir las aptitudes de los suelos de Estados Unidos. Para el investigador, esa clasificación "utiliza criterios cualitativos que progresivamente se han ido abandonando por la subjetividad de su aplicación y por descontextualizar el suelo del sistema ambiental en su integralidad". El decreto en cuestión utiliza la incorporación de la clasificación del USDA “para determinar las clases de uso de suelo con aptitud preferente forestal, además de aquellos que han sido clasificados como de prioridad forestal”. En buen romance, quiere decir que no solo se mantienen los suelos definidos de prioridad forestal, como se aseguró el veto presidencial, sino que agregan nuevos suelos al sector. Los artículos 7 y 9 del decreto confirman la ampliación de la superficie potencial de la forestación. Por el primero se habilita a proyectos entre 40 y 100 hectáreas a que el 50% de la superficie no sea en suelos de prioridad forestal. Por el segundo quedan a cargo de la Dirección de Recursos Naturales los criterios para aplicar la Clasificación del USDA en los nuevos “terrenos forestales con aptitud forestal” (sic). En resumidas cuentas, entre el veto y el decreto del Poder Ejecutivo, liberal a ultranza el primero y formalmente restrictivo el segundo, ambos se complementan para habilitar una ampliación de las superficies pasibles de ser forestadas, las que con la prioridad vigente hasta hoy ya pueden cubrir hasta un 25% del territorio nacional. No es nada aventurado asegurar que la discusión del tema no quedó cerrada aquí.
Comunicado de prensa
RECURREN DECRETO QUE AUMENTA LAS ÁREAS FORESTABLES
La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), en conjunto con Redes Amigos de la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron hoy en Presidencia de la República un recurso legal de anulación por inconstitucional del Decreto 405/021 que, introduciendo nuevas reglas en el sector forestal habilita una mayor ampliación de las plantaciones en gran escala.
El decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y de Ambiente, Adrián Peña, que crea el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, por sus grandes implicaciones sobre los recursos hídricos del país, debió discutirse y decidirse con la participación de los usuarios y la sociedad civil, como exige el artículo 47 de la Constitución.
Este decreto fue un intento del Poder Ejecutivo de frustrar la votación de una ley que circunscribía las plantaciones de árboles con fines industriales a las áreas de prioridad forestal y les fijaba, además, un máximo de superficie ocupada del 10 por ciento del territorio nacional. No obstante, el Parlamento aprobó la ley y el presidente de hecho la vetó, al observarla y requerir 3/5 de la Asamblea General para su ratificación.
Al crearse el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, algo que ya deberían haberlo realizado los ministerios respectivos, afirmando que en nuestro país existen diferencias de criterio en la clasificación de los suelos, el decreto presenta, como una norma internacionalmente probada, la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La introducción de la Clasificación del USDA sirve de pretexto para redefinir las áreas forestables del Uruguay, afirmando explícitamente que irán más allá de las áreas de prioridad forestal definidas hasta el presente que abarcan 4:200.000 hectáreas, es decir, un 25 por ciento del territorio uruguayo. O sea que el decreto, bajo el manto de las exigencias ambientales, en lugar de reducir, aumenta la forestación.
En varias partes, el Decreto 405/021 manifiesta que las actividades forestales tiene un impacto directo en las cuencas hidrográficas (suelo y aguas), con lo cual reconoce que se están dictando normas de política nacional sobre las aguas. La enmienda de la Constitución introducida por el plebiscito nacional de 2004 establece expresamente que en tales decisiones deben participar los usuarios y la sociedad civil.
El recurso legal presentado en la Presidencia por las organizaciones sociales solicita la convocatoria del Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, creado por el artículo 23 de la ley N° 18.610 de Política Nacional de Aguas, para tratar el contenido del decreto. Propone además incorporar a un especialista en recursos hídricos para evaluar los impactos cualitativos y cuantitativos de los proyectos forestales.
La apelación cuestiona asimismo la incorporación de la Clasificación del USDA como criterio válido para definir los suelos forestables del Uruguay. Investigadores científicos consultados por las organizaciones sociales firmantes del recurso, afirman que está lejos de ser reconocida internacionalmente, utiliza criterios que han sido abandonados por subjetivos y no tiene en cuenta la integralidad del medio ambiente.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) 27 de diciembre de 2021.
Contactos: Victor Bacchetta 098935317 Raúl Viñas 099648685 Ana Filippini 098407572 María Selva Ortiz 099259822 REDES/ Amigos de la Tierra Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (porelaguayporlavida@gmail.com)
Ante las manifestaciones de nerviosismo por parte de algunos accionistas y corredores de la Bolsa de Helsinki, me complazco en anunciarles y asegurarles que la reunión del consejo de los nativos de la colonia el próximo miércoles 29 de diciembre, en su local de asambleas conocido como "Palacio Legislativo", de ninguna manera afectará el veto presidencial de esa mal llamada “Ley Forestal” que el consejo aprobó con mínima mayoría la semana pasada Tenemos total confianza en los líderes nativos que desde hace 30 años nos colman de beneficios y excepciones más allá de lo que podríamos esperar en cualquier otro lugar del planeta. Los mismos se han manifestado en los medios locales compungidos y prontos a corregir el error que no pudieron evitar de la aprobación de una ley local, que podría haber puesto alguna limitación a nuestro accionar, en especial en el sur de la colonia donde los nativos aún practican actividades como la lechería, la fruticultura e incluso la huerta. El documento del veto presidencial, que será ratificado el miércoles, no podría ser mas claro y adecuado si lo hubiera escrito alguno de nuestros gerentes, o yo mismo. Así les reitero que no tenemos nada que temer de esta instancia y que nuestros negocios en la colonia están asegurados por los próximos treinta años ya que los nativos se comprometieron a compensar a la empresa si hubiera alguna baja en la rentabilidad de nuestro negocio, debido a algún cambio en el marco legal que pudieran realizar grupos de nativos con poder de legislar internamente en la colonia. Para los que no puedan creer que obtuvimos casi sin costo una prerrogativa como esa, les adjunto el artículo 9 del contrato complementario suscrito por nuestra empresa con las autoridades nativas. Les recuerdo además que hemos conseguido de las actuales autoridades un decreto que nos facilita los negocios a futuro, evitándonos las absurdas limitaciones que pretendieron imponer algunos nativos a nuestras actividades. En tal sentido les garantizo que las quejas sobre ese decreto por parte de nuestros asociados locales no son mas que un subterfugio para cubrir las apariencias, ya que el decreto sirve totalmente a nuestros intereses. Feliz 2022 para todos nosotros.
Brutal
represión en nuestros barrios a nuestra gente , en calle Ejido límite
de Barrio Sur y Barrio Palermo a la altura de Cebollati , dónde la sede del
club Enrique López , donde se realiza una fogata tradicionalmente los 24 de
diciembre , dónde los vecinos, familias enteras , viejos , jóvenes y niños asisten,
arremetió la fuerza de choque , con un operativo extremadamente
exagerado , ...y con una violencia inusitada .
En dónde se retirarán los medicamentos? (Los usuarios NO pueden cortar tratamientos)
En dónde se realizarán los estudios médicos previstos?
Los usuarios tendrán derecho a elegir en dónde asistirse de ahora en más?
Casa de Galicia NO tiene historia clínica electrónica. ¿Cómo los usuarios se harán de sus historias?
Qué ocurre con el servicio fúnebre de Casa de Galicia que los usuarios vienen pagando desde hace años?
Qué pasa con los servicios de emergencia móvil asociados?
"Nunca apoyan a los trabajadores, solo están para los grandes capitales"
1500 trabajadores a Lacalle en las vísperas de Navidad...
>>> Cuando comenzó el conflicto?
Alberto Iglesias acusó a Salinas de "quemar puentes", "poner en duda" su credibilidad e indicó que la actuación de Casa de Galicia es "ejemplar". La mutualista solicitó un fideicomiso que fue negado por parte del MSP. "Desde que está este gobierno, todo lo que tenemos son problemas".
"Los ministerios están buscando una salida laboral, que se nos pague
nuestro aguinaldo porque es nuestro derecho y que no quedemos en la
calle", afirmó la presidenta del sindicato de Casa de Galicia, Flor
Constanzo en la puerta del Ministerio de Salud
Arriba los que luchan!
“Se impone transitar el camino hacia el
cese inmediato de actividades”, sentenció este 23 de diciembre el
titular del juzgado de Concursos de primer turno, Leonardo Méndez. El
magistrado dejó escrito en la sentencia judicial que, con el pago de las
deudas que mantiene el Estado a la exmutualista, “hubiera sido posible
obtener un camino hacia el cese de forma menos abrupta”.
La medida fue adoptada tras la recomendación de la sindicatura que
desde hace un mes organiza a la institución de salud. Los síndicos
fueron Fernando Cabrera y Júpiter Pérez, ambos de la Liga de Defensa
Comercial.
Con ellos ocurrió una situación particular que también mereció la
atención del juez. El Observador recuerda que la Federación Uruguaya de
la Salud solicitó la renuncia de los síndicos porque su mala gestión
afectó el pago de los salarios y aguinaldos, según expresaron en un
comunicado.
Pero la sentencia indica que hay un préstamo pre aprobado por el
Banco República y solo falta la autorización de la Junta Nacional de la
Salud para cobrarla. Sin embargo, y con el Ministerio de Salud Pública
enterado de la situación, la habilitación de la Junasa aún no llegó.
«Como expresa la sindicatura, el Ministerio de Salud Pública no
cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por
ende, con la administración de justicia», subraya la sentencia. “Tanto
fue así que el MSP ni siquiera facilitó a la Sindicatura los informes
realizados durante la intervención administrativa por los interventores
por esta designados», añadió.
Pago de las deudas estatales habría modificado la forma de interrumpir los servicios, asegura el juez
Al momento, tiene 100 millones de pesos de saldo deudor. La sentencia
asegura que “hubiera sido posible obtener un camino hacia el cese de
forma menos abrupta, y que no impactara en la atención de los usuarios,
así como en la situación laboral de los trabajadores, si se hubiera
contado con la colaboración del Estado quien, a través de ASSE”.
Para esto, según la propia sindicatura cuestionada, el Sistema
Integrado de Información Financiera (SIIF) debería haber habilitado
todas las facturas adeudadas a Casa de Galicia que totalizan casi 30
millones de pesos.
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se presentó en el desalojo policial de los camioneros que se manifestaban en el acceso norte del puerto.
Contó que al enterarse, llamó al ministro Luis Alberto Heber y le dijo: "No repriman, dejame que voy a hablar con los trabajadores"
PIT-CNT ayudó a "descomprimir" situación tensa en el Puerto
Miércoles, 22 Diciembre 2021
La intermediación y búsqueda de diálogo de las máximas autoridades
del PIT-CNT, ayudó a descomprimir un escenario de tensión que se vivió
en el marco de un reclamo sindical por condiciones de trabajo y salario,
entre otros.
Los hechos que acontecieron este mediodía, en medio de un reclamo
sindical, encendió luces de alerta y la rápida mediación del presidente
del PIT-CNT, Marcelo Abdala, junto con las y los integrantes de la Mesa
Representativa, mitigaron lo que pudo ser una instancia represiva
extremadamente compleja.
En conferencia de prensa, integrantes del Secretariado Ejecutivo
fustigaron la acción represiva del Ministerio del Interior desarrollada
este mediodía contra una manifestación pacífica de trabajadoras y
trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines
(SUTCRA).
Según denunció el SUTCRA, "la represión desmedida, los golpes, el
esposamiento, el arrastrar compañeros por el piso, son expresiones que
nos retrotraen a épocas oscuras de nuestra historia más reciente y de
las cuales, la unidad, la solidaridad y la resistencia en la lucha de
los trabajadores organizados, supimos darle respuesta para salir
adelante".
En tanto el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, explicó al Portal
de la central sindical que el procedimiento policial comenzó antes de
su intervención y que la fiscalía resolvió que se garanticen los
derechos de las partes involucradas, pero no el desalojo. "No es función
de la fiscalía decidir el procedimiento policial", aclaró.
Abdala dijo que el desalojo fue una decisión que partió del propio
Ministerio del Interior y que su intervención "fue para asegurar la no
violencia y desde que llegué al lugar de los hechos, eso fue
garantizado", subrayó.
En relación a los temas de fondo que reclama el SUTCRA, el presidente
del PIT-CNT sostuvo que "el piquete es el síntoma; la enfermedad son
las condiciones de desregulación, la liquidación del SITRAC, la sub
facturación, la informalidad y evasión ante la DGI y el BPS, de una
actividad que requiere una regulación".
Para Abdala, es imprescindible garantizar los derechos de las y los
trabajadores para que -entre otras cosas- se eviten accidentes.
En cuanto a la mediación desarrollada hoy, el presidente del PIT-CNT
dijo que "contrariamente a lo que algunos plantean, el SIFPOM ayudó en
todas las gestiones que evitaron una salida violenta al conflicto".
Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo, Daniel
Diverio, dijo en la conferencia de prensa que los hechos acontecidos
causaron "enorme preocupación" por el escenario que se está viviendo.
Diverio remarcó que ante los planteos sindicales, "la respuesta que
tenemos hoy no es una mesa de negociación, ni la búsqueda de diálogo,
sino una brutal represión".
Asimismo, otro de los integrantes del Secretariado Ejecutivo que
estuvo presente en la conferencia de prensa, Sergio Sommaruga, dijo a
los medios que "el reclamo de los trabajadores era por el efectivo
cumplimiento de la normativa laboral, de control del transporte de
carga, que se paguen horas extra, que se cumpla con la limitación de la
jornada de trabajo, en pleno siglo XXI".
Así las cosas, Sommaruga preguntó si era evitable la represión de
hoy, y concluyó que sí. "Lo que sucede es que cuando se nos empuja de
manera sistemática a la precarización laboral, nuestra conciencia está
llamada a defendernos".
Así lo afirma un estudio realizado por Andrés del Río y Mauricio Vázquez publicado en el informe anual de Serpaj.
2.11.0.0
Caras&Caretas Por Sofía Pinto Román 22 diciembre, 2021
En los últimos años en una serie de países latinoamericanos se
concretó la llegada al poder de gobiernos de derecha. Algunos casos
presentan una mayor presencia liberal neoconservadora; otros, mayor peso
del sector militarista. Así lo afirman Andrés del Río y Mauricio
Vázquez en su artículo «La marea neoconservadora llega al Uruguay».
La llegada de la derecha «se dio en algunos casos mediante procesos
legítimos, mientras que, en otros, a través de procesos electorales
signados por las fakenews y lawfare, o directamente por medio de golpes
de Estado con diferentes características», aseguran.
En Uruguay, el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020) coincidió con el declive regional de los gobiernos progresistas.
Estos grupos, afirman los expertos, utilizan una retórica
contrahegemónica. Sin embargo, se encuentran en las antípodas del
anticapitalismo, el multiculturalismo, y postulados del movimiento
social antiglobalización que plantó cara al neoliberalismo financiero.
Para del Río y Vázquez nos encontramos en una reconfiguración de
poderes. La globalización está en crisis y, por tanto, también lo está
la hegemonía. Estamos ante «una fragmentación extrema de América Latina
que trae consigo horizontes de irrelevancia internacional».
«En nuestra región, el ‘giro a la derecha’ y la mayor influencia de
los Estados Unidos durante el anterior gobierno de Donald Trump, han
incidido en la orientación política del sistema interamericano y han
debilitado (e incluso vaciado) los procesos de integración regional,
como en el caso del Mercosur y la Unasur», apuntan.
Militarismo
Además, la presencia militar ha crecido en la región. A diferencia de
lo que ocurrió durante las dictaduras militares de la segunda mitad del
siglo XX, esta vez las Fuerzas Armadas no asumieron directamente el
papel de líderes políticos. Eligieron otro camino. Creció su
participación en la vida política y social. Su poder coexiste con los
gobiernos civiles elegidos en democracia. Esto da paso, en algunos
casos, al «nuevo militarismo latinoamericano», cuando el poder militar
apoya al gobierno de turno.
En la región latinoamericana el fortalecimiento de los movimientos
autoritarios se dio al mismo tiempo que el debilitamiento de la sociedad
civil por la violencia contra los defensores de los DDHH. Estos
factores contribuyeron a un mayor desequilibrio en las relaciones
cívico-militares.
El militarismo «se fortalece en la región». Así, transgrede los
límites de los cuarteles. La cultural, las creencias y los valores
militares permean en el ámbito social. Este proceso «está estructurado
en una fase más recalcitrante del neoliberalismo, con tendencias
autoritarias», resaltan los autores.
Menos derechos, más libertad de mercado
Estos movimientos militaristas se caracterizan por el ataque
constante al estado de bienestar, la reducción o eliminación de derechos
sociales, y la reconceptualización de los alcances de los derechos
humanos. Además, los
paquetes ultraliberales lideran las políticas económicas en diferentes
países y multiplican el desempleo, la precariedad, la flexibilidad, la
externalización, la informalidad y la desigualdad.
«La nueva oleada de derechas neoconservadoras se destaca por su
postura y retórica agresiva y totalizante, confrontativa y negadora de
la llamada ‘nueva’ agenda de derechos», remarcan.
Estos grupos encarnan una ideología liberto-reaccionaria, con
discurso nacionalista pero afín a la reducción del Estado, el
liberalismo comercial y financiero, así como el moralismo
ultraconservador cristiano depositado en la extrema derecha católica y
el movimiento evangelista neopentecostal.
Cabildo Abierto
El militarismo en Uruguay lo representa Cabildo Abierto, el partido
liderado por el excomandante en jefe del Ejército, el actual senador
Guido Manini Ríos.
El catolicismo «en su versión más de derecha» es un distintivo
explícito de varios integrantes y parlamentarios de CA. La línea
«radical -reaccionaria-» de las ideas cabildantes es expuesta «sin
tapujo», tanto en el Parlamento como en las redes sociales, por su
presidente, el senador Guillermo Domenech.
Cabildo Abierto «pregona un nacionalismo sin pies ni cabeza, como lo
manifiesta cada vez que puede quien los preside». Además, continúan los
autores, «Manini Ríos, así como sus correligionarios, se arrogan una
tergiversada versión de José Gervasio Artigas».
Para del Río y Vázquez «es una ironía que en el partido Cabildo
Abierto se autodenominen ‘herederos’ del pensamiento artiguista, cuando
en todo caso lo que heredaron son los intereses de los sectores
históricos que condenaron al caudillo al exilio».
Ultraderecha
El entorno cercano al líder de CA «sella el perfil de extrema derecha
de su agrupación», aseguran. Uno de sus principales colaboradores, el
exmilitar Eduardo Radaelli, fue condenado en Chile por el secuestro de
Eugenio Berríos en 1992. Actualmente está en libertad y continúa siendo
un operador al servicio del partido.
Los miembros de la dirección de CA y quienes ocupan cargos de
administración pública, son en su mayoría militares retirados y
familiares directos o políticos de ellos.
El asesor de seguridad de Cabildo Abierto durante la campaña de 2019,
Antonio Romanelli (también militar retirado), fue denunciado
públicamente por la tortura de 41 expresos políticos durante la última
dictadura cívico-militar.
En sus cuadros más jóvenes «hay preocupantes muestras de racismo,
antisemitismo, homofobia, ideas totalitarias y conspiranoicas».
Se acabó el recreo
La irrupción de CA vino acompañada de promesas de transgresión a la
forma de hacer política. Por un lado, con ideas de mano dura contra el
delito con frases como “se acabó el recreo”. Por otro, con la idea de no
caer en «vicios» del sistema político como el clientelismo.
Sin embargo, ocurrió lo contrario. El caso que resaltan los autores
es el de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El exvocal del directorio, hombre de confianza de Manini Ríos y militar
retirado, Enrique Montagno, reveló tener montada una estructura
gigantesca de 135 personas vinculadas a CA puestas a dedo por él. La
revelación costó su renuncia y la desvinculación de 40 personas del ente
público.
Sobre los autores
Andrés del Río es doctor en ciencia Políticas en el IESP/UERJ, Rio de
Janeiro. Investigador y Profesor adjunto de Ciencia Política de la
Universidad Federal Fluminense, Brasil. Coordinador del núcleo de
Estudios sobre Estado, Instituciones y políticas públicas NEEIPP-UFF.
Mauricio Vázquez es licenciado en Relaciones Internacionales,
maestrando en Estudios Contemporáneos de América Latina (Universidad de
la República, Universidad Complutense de Madrid). Integrante del SERPAJ
Uruguay.
Lesión de perdigones policiales en la pierna de Nurys.
Foto: Alessandro Maradei
Familia de La Boyada denunció a dos efectivos por abuso policial; dispararon con perdigones a una mujer y sus dos hijos
La Diaria 23 diciembre 2021
Los policías declararon que los integrantes de la familia entraron en “desacato a la orden policial de identificarse” y que ellos recurrieron a las armas por la “inferioridad numérica”
La familia está reunida en el cuarto de Nurys, alrededor de su cama,
donde la pierna derecha, lastimada, descansa al lado de un botiquín con
gasas, algodón, alcohol y analgésicos. La herida está destapada: está en
la mitad del muslo, mide unos cinco centímetros de diámetro y es
redonda, roja y profunda. Todavía sangra, aunque la cosieron el jueves
pasado, y Nurys la seca cada tanto por los costados. “Mi pregunta es por
qué, por qué me tiraron”, dice la mujer de 45 años, que recibió un
disparo de munición menos que letal efectuado por efectivos policiales
durante un procedimiento en la esquina de su casa, en el barrio La
Boyada, el jueves 16 de diciembre.
Por este caso hay denuncias cruzadas: una de Nurys contra dos
efectivos policiales y otra de los efectivos policiales contra la
familia de Nurys, por desacato. Fuentes de Fiscalía informaron a la diaria
que el caso está en manos de la fiscal María Cecilia Bonsignore, de la
Fiscalía de Flagrancia de 11º turno. Según la versión que dio la Policía
a la Fiscalía, el enfrentamiento –que terminó con tres lesionados,
Nurys y sus dos hijos– se produjo en el marco de la detención de uno de
los individuos, con sus familiares, y los funcionarios se vieron
obligados a utilizar munición no letal –cartuchos bean bag– para poder llevar adelante el arresto.
El caso fue denunciado ante la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), a instancias del abogado de la
familia, Darío Madeiro, y está en proceso de investigación en ese
organismo, según confirmó a la diaria el director Wilder Tayler.
La familia habla de “excesos” en el accionar policial y de falta de
proporcionalidad en el uso de la fuerza, por entender que recurrieron a
las armas sin haber agotado otras opciones. Según su versión de los
hechos, el incidente comenzó cuando Andrés y Franco, de 14 y 16 años de
edad, andaban por la calle en bicicleta, el jueves temprano. Andrés es
hijo de Nurys y Franco es amigo suyo. Un patrullero los interceptó e
hizo que Franco cayera al piso, lo cual generó una reacción de los
adolescentes, quienes aseguran que solamente preguntaron por qué habían
hecho eso. Los jóvenes fueron retenidos por los efectivos, que siguieron
por pedirles sus datos.
“La Policía nos cortó el paso, y se ve que estaba enojado el hombre,
¿o no, Andrés?”, le preguntó Franco a su amigo, que asintió con la
cabeza. “Bajó malo, bajó malo. Y empezó hablando mal, y me preguntó la
cédula, y le dije que no me la sabía. Me preguntó la edad, le dije que
tenía 16, y me pegó: ‘Esto es por no saberte la cédula’, me dijo. Yo no
les pude decir nada porque a lo que me pegó acá [se señala el abdomen]
me dejó sin aire”, narró.
Según su versión, al ver la escena Kevin, un amigo de los
adolescentes, comenzó a filmar con su celular. En una de las
grabaciones, a la que accedió la diaria, se observa a los
adolescentes apostados contra el patrullero –para ese entonces también
estaba Néstor, el hermano mayor de Andrés, que intercedió ante la
detención– y a dos efectivos de espaldas. En un momento, uno de los
policías se dio cuenta de que lo estaban filmando: “Ponete contra el
móvil vos también”, le dice a Kevin, mientras se remanga la camisa y se
encamina hacia él. “Yo grabo por la seguridad de ellos”, responde este, y
comienza a correr, seguido por el funcionario. La grabación registra
varios segundos de la persecución, pero se corta abruptamente.
“Nos dejaron a todos tirados”
Según señalaron algunos de los testigos del hecho, Kevin fue detenido
y esposado. Fue entonces cuando Nurys salió de la casa, alertada por su
hijo mayor. Nurys se llevó a Andrés –que no estaba esposado, aclaran
varios de los familiares– y fue entonces cuando los efectivos acudieron a
las armas. “El policía que tiene a Kevin le dice [al otro]: ‘traé lo
que ya sabés’. Yo pensé que era la radio, que iban a llamar a apoyo.
Cuando veo que saca las escopetas y tira al piso, yo me lo llevo para la
casa de la esquina [a Andrés] y le digo ‘¿cómo vas a hacer eso?’.
Cuando le dije eso, enganchó de nuevo la escopeta y me dio en la pierna,
y me metí adentro de la casa”, relató.
El informe del Instituto Técnico Forense sobre Nurys señala que “las
lesiones constatadas fueron provocadas por un traumatismo de tipo
contuso, cuyo mecanismo implica que el cuerpo fue golpeado, o golpeó,
con un objeto romo”, y que “las lesiones encontradas son compatibles con
el relato de la persona”.
El rebote del proyectil hirió en el pie a Andrés. Según la pericia forense, a la que accedió la diaria,
como resultado tiene un “hematoma violáceo y pequeña herida costrosa en
región externa de pie izquierdo”, que es “compatible con el relato de
la persona”. Los funcionarios efectuaron un tercer disparo. Luna, que
fue a atestiguar por Nurys, dijo que el proyectil terminó impactando en
la espalda de Néstor, el hijo de Nurys, cuando este se cruzó en el
camino para abrazarla. La pericia de Néstor también da cuenta de que las
lesiones son compatibles con el relato que hicieron ante los médicos
forenses.
“Si nosotros fuéramos, como dice la Policía, los agresores, ellos
antes de sacar una escopeta y tirar, ¿no tendrían que haber pedido
refuerzos?”, analizó la joven. Además, Andrés cuestionó la omisión de
asistencia por parte de los funcionarios luego de producidas las
lesiones. “Ellos se fueron y nos dejaron a todos tirados”, manifestó. En
tanto, Yoana, la mamá de Franco, agregó: “¿Con qué necesidad pegarle a
un menor porque no se sabe la cédula? No cabe en ninguna cabeza”,
reflexionó. En la misma línea, Luna opinó que se lo podrían haber
llevado detenido si precisaban los datos: “No hay necesidad de la
violencia”.
Luna conserva tres casquillos y los perdigones que quedaron en el
lugar. Criticó que pese a estar embarazada y llevar un niño en brazos,
presenciando el incidente, los efectivos no desistieron de disparar.
“Ellos no miraban si había niños, que dentro de la casa había; yo estaba
con mi hijo en brazos”, afirmó.
“Desacato a la orden policial”
En la declaración que hicieron los policías, a la que accedió la diaria,
afirmaron que el incidente comenzó al cruzar la intersección de las
calles Muñoz Zeballos y La Boyada, cuando tres “masculinos que se
desplazaban en bicicleta y uno a pie” al ver al móvil “comenzaron a
insultar”, por lo que decidieron bajar del patrullero para “identificar y
realizar registro personal” a los individuos. “En ese momento uno de
ellos comienza a filmar la actuación policial cuando se le dice que se
identifique y se ubique junto al patrullero” a “efectos de realizarle
también a él un registro”. Se describe la persecución que, en parte,
quedó registrada en el video, y se señala que termina en su detención
“por el desacato dado a la orden policial de identificarse”.
Posteriormente, en la declaración se afirma que salió de la casa “una
femenina mayor de edad” que junto a los tres jóvenes “comienzan a
forcejear con los actuantes entorpeciendo la labor policial e intentan
liberar al detenido mientras se lo trataba de esposar, el cual a su vez
estaba en desacato”. Esta situación, relatan, llevó a “hacer uso de la
fuerza física para reducir al detenido, y teniendo en cuenta la
inferioridad numérica” se tomó la “escopeta cargada con munición menos
que letal tipo ‘Bean Bag’ y disparó en dirección a los individuos que
intentaban liberar al detenido, efectuando dos disparos”. El funcionario
que narra agrega que tomó una segunda escopeta e hizo otro disparo,
“siendo esto suficiente para controlar la situación”. Especifica,
además, que el tipo de munición utilizada, “tipo ‘Raviol’ o ‘Bean Bag’”,
no se utiliza “por rebote, sino que son específicamente diseñadas para
su uso al cuerpo”.
Amenazas
La familia coincide en que no hubo ninguna explicación de parte de
los efectivos sobre los motivos de la detención, y tampoco documentación
que respaldara el procedimiento. “Si ellos venían a detener a alguien
tienen que tener un papel, una orden de algún juez o algo para venir a
detener a tal persona. Si ellos tienen una hoja de detención, que la
presenten”, alegó Yoana, y también cuestionó la forma en que actuaron:
“Ellos no pueden venir y bajarse y tirar tiros si vos no les faltaste el
respeto, no les sacaste un arma, nada. Eso va en contra de la ley y en
contra del trabajo de ellos. Si hay disturbios, la Policía se encarga de
llamar refuerzos. La única violencia [en este caso] que hay es la de la
Policía contra ellos”, sostuvo.
Por otro lado, aseguraron que Kevin, el único detenido, fue
maltratado físicamente en el móvil policial. Afirmaron que “le pusieron
una bolsa en la cabeza” y que le hicieron firmar un papel sin que
pudiera leer su contenido, alegando que era necesario para su
liberación. También lo amenazaron, sostienen. “En el patrullero le
dijeron: ‘Si ustedes van a hacer una denuncia no floten de noche, porque
yo conozco todo ahí...’”, comenzó Luna, y Andrés complementó la frase:
“... y los voy a dejar tirados en una canaleta”. A pesar del miedo a las
represalias, el mismo jueves Nurys radicó la denuncia en la Seccional
24ª. Allí, Luna pidió que se hiciera espirometría a los funcionarios,
por entender que podrían haber estado alcoholizados o drogados en el
momento del procedimiento.
“El porqué de la violencia”
Nurys y su familia decidieron acercarse a la prensa como forma de
protegerse de posibles represalias y de visibilizar el episodio. Tampoco
descartan otras acciones si no se encuentra una “solución” a nivel
judicial. “Si vemos que no hay nada, ahí vamos a armar hasta piquetes,
porque esto no puede quedar así”, adelantó Luna, y también cuestionó que
los funcionarios no estaban utilizando las cámaras GoPro para dar más
garantías a todas las partes. “Si ellos tuvieran la cámara, si es como
ellos dicen que nosotros fuimos los que impedimos la detención, tendrían
que presentar” las filmaciones, apuntó.
También señalaron que no hubo aviso previo a ejecutar los disparos.
“Si sacan la escopeta y dicen ‘mirá que tiramos’, enseguidita nos
corremos”, apuntó Nurys, y confesó que “hubiera preferido” que la
llevaran detenida “por algo que nada que ver”, a ser herida de esa
manera. “La pierna no puedo moverla, no puedo apoyarla porque me
sangra”, afirmó.
Todos aseguraron que fue la primera vez que tuvieron un
enfrentamiento con la Policía de esta forma. Recalcaron el buen
relacionamiento con el barrio y los vecinos, y como prueba de esto
último indicaron que desde principios de la pandemia llevan adelante la
olla popular Los Vecinos en la parroquia que queda frente a su casa. “No
somos malos. Nosotros hacemos cosas para los vecinos”, afirmó Luna. En
tanto, Yoana aseguró que este tipo de situaciones –que asoció a
procedimientos similares, incluso observados por la INDDHH–
mellan la confianza en la institución policial: “Piden respeto hacia
ellos, cuando ellos no tienen respeto hacia nosotros. ¿Qué respeto le
podés tener a la Policía después de que hacen esto?”, se preguntó.
El delito? Defender los puestos de trabajo que les permiten llevar el pan a la casa.
Suntma Mercante
2.11.0.0
Vino a descomprimir
El puerto de Montevideo tiene tres puertas,
el Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines (Sutcra) se
manifestó frente a una de ellas este miércoles 22 desde las 7 de la
mañana y, al mediodía, un fiscal ordenó el desalojo de la entrada.
Arrestos con esposas, empujones y acusaciones de “represión” fueron
algunos de los reproches de los sindicalistas a la policía ante un
reclamo que consideraron pacífico y que no impidió el trabajo en la
terminal marítima.
Según el relato de El País, los camioneros sindicalizados mantuvieron
la protesta luego de conocer las actuaciones del fiscal. Los policías
de la Guardia Republicana trasladaron a los sindicalistas, inclusive a
quienes se resistieron de forma pacífica. Algunos fueron esposados ante
las cámaras de televisión que cubrían lo sucedido. Uno de ellos gritó a
los policías: «¿es necesario, compañeros?, ¿es necesario?».
Los integrantes de la Mesa Representativa del Pit-Cnt conocieron el
desalojo en plena sesión, que levantaron para concurrir al lugar. Tras
la mediación del presidente de la organización sindical, Marcelo Abdala,
con el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, los
trabajadores esposados fueron liberados. “No repriman, dejame que voy a
trabajar con los trabajadores, vamos a descomprimir”, mencionó Abdala a
la prensa en su declaración sobre los hechos.
Tras los incidentes, y siguiendo el relato de El País, se presentó en
el lugar el director de Convivencia, Santiago González, que fue
increpado por los trabajadores movilizados mientras era entrevistado por
los periodistas. Ante las críticas, respondió: “yo doy la cara porque
no somos un gobierno de reprimir”.
La orden de arrestar y esposar “no la di yo”, insistió González entre
la prensa y los manifestantes, “hay leyes que hay que cumplir”.
Los trabajadores reclamaron en el ingreso norte del puerto de
Montevideo por un software capaz de controlar la cantidad de horas
corridas que mantienen los empleados del sector, diálogo que no tiene
avances por parte de autoridades del Gobierno ni de los empresarios.
>>> La madre de la coneja
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, fue increpado este miércoles por manifestantes mientras explicaba cómo había sido el procedimiento policial en el acceso norte al Puerto de Montevideo, donde se concentraban integrantes del sindicato de camioneros.
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