sábado, 29 de junio de 2019

Daños futuros

Uruguay y Finlandia deberán responder por "daños futuros".



>>> Fueron hasta el consulado de Finlandia




Libertad vigilada y Criminalización de la protesta


>>> Entregaron carta contra UPM al cónsul de Finlandia


Montevideo, 28 de junio de 2019.

Sr. Cónsul Honorario de Finlandia en Uruguay Mr. Andrew Allen Cooper Gibson

Presente.

Señor Cónsul Honorario:

Las organizaciones sociales abajo firmantes deseamos hacerle saber a usted y su gobierno, a través de esta declaración, nuestra total oposición al proyecto de instalación de una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM en nuestro país.

Entendemos que este proyecto pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo -de forma arbitraria e inconstitucional-, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país.

Esperamos que usted transmita este llamado de atención al gobierno finlandés. Sectores cada día más numerosos de nuestra sociedad, al conocer los términos de este “acuerdo” y las características de este megaproyecto (forestal-industrial-ferroviario-portuario) con sus implicancias en terrenos caros a nuestra comunidad, se manifiestan en contra de los términos de este acuerdo en su totalidad.

Si se concreta, este megaproyecto de UPM para producir más de 2 millones de toneladas de celulosa con una planta instalada a orillas del Río Negro, junto con una vía férrea y una terminal portuaria en la ciudad de Montevideo, provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya.

Los impactos sociales negativos incluyen: la expulsión de productores familiares de la tierra, la pérdida de empleos en la agricultura, la ganadería y la apicultura por el incremento de los monocultivos de eucaliptus, además de afectar al turismo local, la pesca artesanal y la industria pesquera por el agravamiento de la contaminación de las aguas.

Otros impactos negativos serán el aumento de los alquileres de vivienda en los lugares donde se ubica la planta, la ausencia de adecuados servicios sociales y el aumento de la explotación sexual y la violencia especialmente hacia niñas y mujeres.

El tren de UPM transportará celulosa y productos químicos peligrosos por ciudades y zonas urbanas densamente pobladas, inclusive de la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, con altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.

Los impactos ambientales son de gran importancia porque el aporte de los efluentes de la nueva planta, especialmente el fósforo, empeorarán la contaminación del Río Negro en forma exponencial, en un país que ya sufre graves problemas por el deterioro de la calidad del agua. Estos impactos podrán ser peores teniendo en cuenta antecedentes de contaminación con la primera planta.

El proyecto de UPM traerá además graves perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.000 millones de dólares americanos, mientras que UPM no invertirá más de 2.400 millones de dólares con exención de la gran mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.

Por último, el proyecto incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país atentando contra uno de los principios fundamentales como la laicidad; así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.

La pretensión de la empresa UPM de entrometerse en nuestra legislación rebasa todos los límites. En el “acuerdo ROU-UPM”, que reiteramos consideramos inconstitucional e ilegítimo, se establece, a pedido de UPM que el Uruguay deberá: "... Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo -bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación”. Nosotros sabremos como pedirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país y esperamos que usted transmita esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía a su gobierno. Como habitantes de este territorio nos consideramos seriamente afectados en nuestros legítimos derechos e intereses y apelaremos a todas las instancias posibles para que UPM2 no se lleve a cabo. Por esta razón, hacemos este llamado a la responsabilidad del gobierno finlandés y de la empresa UPM para que desistan de este megaproyecto.

Lo saludan,

Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra UPM FUCVAM
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
Asamblea por el Agua del río Santa Lucia
No al tren de UPM
Coordinación contra Monsanto y el Agronegocio
MOVUS
No UPM Sarandí-Florida
Red Uruguaya de Comunidades
Colectivo Recreo
Our Voice
Asamblea Pachamama
ADES (Comisión en defensa del ambiente)
Comisión Laguna del Cisne
Maldonado por la Tierra y el Agua
Confederación de Pueblos Costeros
Colectivo Ecofeminista Dafnias
Movimiento por la Tierra
Por la Defensa del Solís Chico y sus afluentes
ALAS Piriapolis
Todos por el Agua (Maldonado)
Comisión por un Canelones Libre de Soja
Transgénica y en defensa del Agua
Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado | ATCDE
Por el Costado de la Vía
Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos
CEIPA
Celta FEUU Revista la bicicleta
Reactiva
Coordinación contra UPM y el modelo forestal
La Kandela FM
Plenario intersindical social María Romana - La Paloma Rocha
Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba
Grupo Guayubira
Colectivo Ñangapiré de San Gregorio de Polanco
Mesa Nacional de Colonos
Asociación de Guardaparques del Uruguay COENDU Organización HUM de Maldonado
Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa
CONACHA



Luego de feria judicial y en una audiencia de conciliación el Estado y la firma deberán responder por los “daños futuros” del proyecto.

Este viernes unas 30 organizaciones sociales entregaron un mensaje en la Torre Ejecutiva y luego se dirigieron al Consulado Honorario de Finlandia en el Uruguay para hacerle saber a su titular, Andrew Allen Cooper, su total oposición al proyecto de una segunda planta de pasta de celulosa en el país.

El objetivo es que al gobierno finlandés le llegue un “llamado de atención” sobre que “sectores cada vez más numerosos de la sociedad rechazan los términos y las implicancias del “acuerdo” alcanzado entre el Poder Ejecutivo y la multinacional.

Advierten que el megaproyecto, que incluye una planta a orillas del río Negro, una vía férrea y una terminal portuaria, provocará grandes daños a la sociedad y a la economía uruguaya.

Más allá de los graves perjuicios ambientales que, sostienen, tendrá la planta, advierten que, mientras Uruguay deberá desembolsar cerca de 4000 millones de dólares para asegurarse su concreción, la inversión de UPM no superará los 24000 millones y disfrutará además de la exención de la mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.

Las organizaciones subrayan que el proyecto incluye una inaceptable intervención de la empresa en la legislación laboral y en los programas de enseñanza, atentando contra uno de los principios fundamentales del país, como es la laicidad. También cuestionan el traslado a jurisdicción internacional de cualquier tipo de controversias entre el Estado y UPM.

“Nosotros sabremos cómo perdirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país. Esperamos que usted transmita a su gobierno esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía”, afirman.

La carta culmina con un llamado a la responsabilidad del gobierno de Finlandia y de la propia empresa UPM para que desistan del proyecto.

Entre los firmantes está la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), FUCVAM, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) y el Frente Estudiantil Susana Pintos, entre otros.

Habrá audiencia

Luego de que el 15 de julio finalice la Feria Judicial menor, la Justicia en lo Civil deberá fijar la fecha de una audiencia de conciliación a la que, eventualmente, tendrían que presentarse el Estado uruguayo y la multinacional de origen finlandés UPM.

Se trata de un paso previo y formal de la demanda que representantes del Movimiento UPM2 No prepara para que los responsables de haber firmado el “contrato” entre el gobierno asuman los “daños futuros” que, previsiblemente, causará la proyectada nueva planta a todos los niveles.

Así se lo conformó a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, adelantando que se trata de una demanda compleja.

El texto indica que los citantes, en calidad de ciudadanos y habitantes del Uruguay, asumiendo la representación de intereses difusos de la sociedad, tal como lo prevé el Código General del Proceso, piden que se cite a al Poder Ejecutivo y a UPM como instancia previa a la demanda de declaración de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios condicionales o de futuro que se plantean promover en virtud de una serie de consideraciones.

Allí se da cuenta, por ejemplo, que el procedimiento para la celebración del acuerdo que las partes firmaron en noviembre de 2017, así como sus contenidos, transgreden disposiciones constitucionales y legales, dado que el Ejecutivo excedió sus facultades asumiendo obligaciones ajenas a su competencia, en invadiendo prerrogativas de otros poderes del Estado, de gobiernos departamentales y de varios entes autónomos.

También se establece que la negociación y la suscripción del contrato fueron hechas de forma reservada, sin conocimiento de la opinión pública ni aprobación del Parlamento. Se cuestiona asimismo que dicho contrato fuera modificado, en abril de 2018, sin que tampoco los cambios tomaran conocimiento público ni legislativo.

“Eso determina que los ciudadanos nos veamos impedidos de recurrir a los procedimientos democráticos de contralor constitucionalmente previstos, como acciones de inconstitucionalidad y ad referéndum contra las leyes”, se subraya.

Finalmente, se señala que el acuerdo incluye disposiciones directamente violatorias de la Constitución. Como ejemplo, se cita el caso del régimen de uso preferencial de las aguas del río Negro, violatorio del artículo 47 de la Constitución.

Allí se indica que “la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. También dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y su acceso constituye un derecho humano fundamental.

Por otra parte, la demanda indica que las obras de recuperación del Ferrocarril Central, previstas en el contrato, violan el artículo 8 de la Carta Magna, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

Para los demandantes, el aspecto jurídicamente más grave del acuerdo, sobre todo por la afectación de la soberanía nacional que apareja, es el régimen de estabilidad jurídica y el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, incluso en materias no previstas por la normativa sobre protección de inversiones, que se le otorga a UPM durante la duración del contrato.

Se considera además que el acuerdo es lesivo desde el punto de vista económico y financiero, por cuanto la inversión que realizará el país en la infraestructura adecuada a las necesidades de UPM, las renuncias fiscales, el suministro de energía y combustibles a precios diferenciales, más allá del otorgamiento gratuito y garantizado de enormes cantidades de agua y la compra obligatoria de energía a precio prefijado.

Es una inversión que se estima técnicamente como no inferior a los US$ 4000 millones, que no tiene como contrapartida ninguna participación de Uruguay en las utilidades del negocio.

Desde el punto de vista ambiental, se sostiene que el acuerdo y el tipo de explotación previstos son cuando menos imprudentes, apartados del principio precautorio, por cuanto la planta de celulosa verterá enormes cantidades de efluentes contaminantes en un río ya afectado por contaminación, comprometiendo el estado del sistema hídrico nacional, la salud de la población e industrias como la turística.














lunes, 24 de junio de 2019

El autoproclamado era un vulgar ladrón




Carlos Marrero:


Ahora que se comprobó que Juan Guaidó malverso los fondos de la “ayuda humanitaria”, que los EE.UU. le giraban de las cuentas que le embargaron a Venezuela para derrocar a Maduro… Ahora se supo que el auto proclamado “Presidente” y su mafia, se quedaban con todo el dinero que recibían y lo utilizaban en beneficio propio. 

Juan Guaidó y todo su equipo de “gobierno” solo sirvieron para dañar a Venezuela, pidiéndole a Trump sanciones económicas para asfixiar a sus propios hermanos y también impidiendo que llegaran medicamentos para los enfermos y así crear descontento popular. También trataron de sobornar militares, pero fracasaron en sus intentos golpistas.



 

El secretario de la OEA Luis Almagro, tan afín con EE.UU., pidió que se abra una investigación para saber a cuánto asciende la multimillonaria estafa perpetrada por Juan Guaidó y sus delegados en Colombia. Gastaron en provecho propio en fiestas y lujosos hoteles mucho dinero destinado para alojar y alimentar a 700 militares desertores del ejército bolivariano, a quienes Guaidó les habían prometido “Villas y Castillos” pero los abandonó en Colombia a su propia suerte, sin dinero ni comida. Ahora que se sabe con pruebas irrefutables de esta gran estafa, que Guaidó y sus delegados le hicieron al gobierno de Trump y a todos los que lo apoyaron, ahora que tienen para decir aquellos sudamericanos que lo apoyaron como si fuera un libertador, cuando en realidad es un perverso delincuente, que ni siquiera dudó en pedir invasión extranjera y que bombardearan con misiles a su país, con tal de llegar él al poder. Guaidó llegó a decir que los muertos en una invasión serían una inversión. Ni Adolf Hitler hubiera pedido que otro país bombardear a su propio pueblo.





Estos nefastos sucesos tendrían que servirle a todos aquellos que opinan de acuerdo con lo que oyen en los medios de comunicación y aprueban logran ir en contra de sus hermanos sudamericanos, en vez de oponerse a los países poderosos que lo único que buscan es robar las riquezas de América Latina. Alguno de ustedes se imagina a nuestro prócer Artigas pidiendo que maten a nuestros hermanos. En el tiempo de Colón, América fue colonizada a sangre, espada y fuego, en nuestro tiempo los medios de comunicación están todos los días colonizando las mentes débiles, las mentes ignorantes y a todos aquellos que admiran a los grandes países extranjeros y sueñan con las falsas promesas que les hace el capital. El sueño americano solo puede tentar a los arribistas y trepadores, gente que es explotada, pero sueña con explotar a otros pobres como ellos. El problema que hoy tiene la heroica Venezuela es el problema que mañana tendremos los demás países sudamericanos, cuando vengan por nuestras riquezas, en el caso de nuestro pequeños país, será por el agua que tiene Uruguay. 





Para llegar a ser libres y soberanos, tenemos que preparar a nuestra juventud para que no compren “espejitos de colores” como en el pasado lo hicieron nuestros indios. Hemos de tener mucho cuidado con el canto de sirenas de los “campeones de la democracia”, para ellos debemos estar más consientes que nunca que ellos son un Imperio invasor con ansias de dominio.














viernes, 21 de junio de 2019

jueves, 20 de junio de 2019

Dos caras de la misma moneda










Denuncian que el Poder Judicial construyó un blindaje jurídico para proteger a torturadores

Distintas organizaciones de DD.HH realizarán una intervención ante la Suprema Corte de Justicia para denunciar que “los criminales, asesinos y torturadores, responsables de genocidio y del terrorismo de Estado han gozado de impunidad gracias al Poder Judicial que construyó un blindaje jurídico para protegerlos”.

Este viernes 21 de junio a las 19 horas en plaza Cagancha, frente a la Suprema Corte de Justicia, se realizará una intervención con el objetivo de “evidenciar, sensibilizar y denunciar al actual Poder Judicial como garante de impunidad y privilegios para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.
Convoca el colectivo por la memoria Tramando Resistencia y adhieren: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Coordinación 25 de Julio. Participa: Laboratorio de práctica teatral.
A través de un comunicado, el colectivo Tramando Resistencia considera que si bien se realizan enormes y justos esfuerzos para “visibilizar” a los represores, también entienden que es necesario “visibilizar y denunciar a quienes desde el Poder Judicial, que debiera ser el órgano de garantía de los derechos de los ciudadanos, sin embargo una y otra vez no sólo han declarado la intención, sino que han operado para intentar crear un muro de medidas y artificios para proteger a los asesinos”.

Blindaje jurídico

“Por tal motivo hablamos de esa misma cara que en una instancia nos aparece como la del represor y torturador y luego, burlándose de la historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo, reaparece con su máscara de justicia y desde el pedestal de su arrogancia sosteniendo la impunidad”, cuestiona la organización.
Indican que se trata de dos caras de una misma moneda: “la de los criminales, asesinos y torturadores, responsables de genocidio y de terrorismo de Estado, que han gozado de impunidad gracias al Poder Judicial que construyó una verdadera muralla, un blindaje jurídico para protegerlos”.
El colectivo recuerda en los años ’80 en la Plaza Libertad, los familiares de desaparecidos “empezaron a caminar pidiendo verdad y que sus seres queridos aparecieran con vida”.




La Justicia que no llega a Uruguay: 153 causas de lesa humanidad paralizadas

Los colectivos uruguayos que denunciaron delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura (1973-1985) revelaron que hay 153 causas judiciales paralizadas que fueron presentadas —al menos— hace ocho años. El principal obstáculo —señalado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— es el Poder Judicial del país.
"Los denunciados son torturadores sádicos, violadores de mujeres; capaces de infligir dolor y lesiones hasta el borde de la muerte; asesinos de gente indefensa; ladrones de bebés; secuestradores que pidieron rescate por sus víctimas y cuando no lo obtuvieron procedieron a asesinarlas. (...) Hay que recordar que esos denunciados continúan delinquiendo hasta el día de hoy porque (...) perpetúan, con su silencio, los delitos", se lee en el comunicado de los denunciantes de los crímenes.

Según se reveló este 18 de junio, hay 187 causas activas referidas a denuncias por delitos de lesa humanidad: 14 en etapa de ejecución, donde los responsables de los crímenes fueron condenados; tres en etapa de sumario, donde existe procesamiento, pero no condena; y 170 en etapa de presumario. A su vez, de éstas, hay 17 con solicitud de procesamiento pendiente a 52 acusados, y 153 en etapa de investigación.
En 2011 la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  alertó sobre la posibilidad de la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, instalando la urgencia por la presentación de denuncias ante la eventualidad de que éstas pudieran quedar sin efecto. En este contexto, en octubre de 2011, se presentaron en las comisarías de Montevideo 180 denuncias sobre casos de violación a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.


Los denunciantes señalan que de las 187 causas activas, sólo tres fueron presentadas después de 2011 (en 2012), aunque también hay de los años 1984, 1985, 1986, 2008 y 2010.

Abuelas de Plaza de Mayo


La cifra de las causas activas fue proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, ante un pedido de información que realizaron los colectivos por la demora en más de ocho años del tratamiento la mayoría de las causas judiciales.
"A modo de ejemplo y con el propósito de posibilitar visualizar el volumen de denunciantes, denunciados, implicados y procesados que involucra una causa", los colectivos señalan la denuncia realizada en 2011 por 26 mujeres que fueron torturadas y abusadas sexualemnte. Hasta ahora se procesó en 2016 a un solo exmilitar por "reiteradas privaciones ilegítimas de libertad", Ascencio Lucero.
La causa incrimina a 108 denunciados, más todas las personas que prestaron funciones en los centros de detención involucrados (18 en todo el país) durante el período que comprende la detención de las denunciantes: 1968-1983.

El pedido de información realizado a Fiscalía también fue presentado ante la SCJ, que aún no ha respondido.
A su vez, los denunciantes recordaron los comentarios que la CIDH realizó tras su visita al país en mayo:
"En materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas".
Al respecto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación "de dar cabal cumplimiento" a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay de 2011, que estableció que "no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas".


La CIDH llamó al Estado, "especialmente" al Poder Judicial, "a cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos".
También hizo hincapié en que "subsiste una deuda del Estado con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad".
El colectivo considera que ante la situación y para "profundizar el proceso de consolidación democrática" uruguayo, la Justicia debe "continuar fortaleciéndose" y la SCJ "debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia, así como tomar en cuenta las recomendaciones que se le realizan".

Las víctimas de los crímenes presentarán los casos antes los tribunales de Justicia internacionales, en concreto, las denuncias de mujeres que fueron objeto de torturas y abusos sexuales y por los niños que fueron presos políticos en el departamento de Treinta y Tres.
"Seguiremos en el camino de contribuir a dejar un país a nuestros nietos con las garantías de no repetición de las barbaridades sufridas por nuestra sociedad, durante el período del terrorismo de Estado", aseguran desde el colectivo.

 Sputnik https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201906191087680890-causas-crimenes-lesa-humanidad-dictadura-uruguay-153-paralizadas/





Denuncian que hay 153 causas judiciales de lesa humanidad paralizadas

19 de junio de 2019 | Política
Ante la demora de la Justicia uruguaya, se llevarán los casos a tribunales internacionales.


Varios colectivos de denunciantes de crímenes de lesa humanidad solicitaron a la Fiscalía General de la Nación información sobre el avance de las causas presentadas hace, al menos, ocho años. “El resultado es vergonzoso: hay 153 causas judiciales paralizadas”, afirman en un comunicado que se difundió ayer. A su vez, anuncian que van a llevar estos casos a tribunales internacionales, en particular los de mujeres que denunciaron torturas y abusos sexuales en 2011 y la denuncia de los niños presos en Treinta y Tres.

Los colectivos presentaron esta información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la información proporcionada por la Fiscalía, existen 187 causas activas, 14 de las cuales están en etapa de ejecución (es decir, existe condena de los represores), tres están en etapa de presumario (hay procesamientos, pero no condenas) y 170 están en etapa de presumario (17 con solicitud de procesamiento y 153 en etapa de investigación).

En el comunicado, los denunciantes mencionan la denuncia de 26 mujeres que fueron torturadas y sufrieron abusos sexuales entre 1968 y1983. Una de ellas, la ex presa política Ivonne Klingler, contó a la diaria que denunciaron a 108 personas entre militares y civiles. De ese total, sólo uno fue procesado por esta causa: el militar retirado y fallecido Asencio Lucero, condenado a prisión por el delito de privación de libertad en 2016, que confesó sus delitos en el juzgado penal. “Todos los demás están libres”, expresó.

Las organizaciones también solicitaron información sobre las causas a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero no tuvieron respuesta. En el informe presentado a la CIDH destacan que el organismo máximo de Justicia “debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia”. “No sabemos cuál es la situación de las causas nuestras que se encuentran allí, sí sabemos que se han presentado sistemáticamente dilatorias por parte de los acusados aduciendo inconstitucionalidad respecto de la Ley 18.831 en la que se restableció la pretensión punitiva del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y todos estos recursos se han recibido como válidos”. Sobre este punto, Klingler concluyó: “Es brutal, no entra en la cabeza de nadie que estas causas se sigan demorando. La gente tiene que saber la verdad; después cada uno hace con esa verdad lo que quiere, pero es elemental que se sepa. Pretendemos que se nos escuche y que nos escuche la SCJ”.









miércoles, 19 de junio de 2019

El desarrollo que nos ofrecen




Quiero agradecer el respaldo recibido por un gran número de amigos de mi página de Facebook, los que han manifestado su interés en los temas que difundo.

Entonces, me animo a pedirles que compartan todo lo que puedan esta serie de videos de La Camarita, porque si más conciudadanos tomamos conciencia a tiempo de los riesgos de este "desarrollo" que nos imponen, tenemos posibilidad aún de cambiarlo, el tiempo apremia y las acciones tendientes al cumplimiento del inconstitucional contrato entre ROU y UPM también.
Daniel Panario (FB)




"Pastera próxima" es una serie documental web de 8 capitulos que cuestionan el accionar del estado uruguayo en la instalación de las plantas de celulosa.
Primer capítulo: "Origenes"
Un aporte honorario de @La Camarita para el movimiento ciudadano UPM2 NO.
Narrador Hoenir Sarthou / Logística Marcelo Marchese
Dirección, montaje, gráficos Richie Machado.




Segundo capítulo: "Contradicciones"








martes, 18 de junio de 2019

Amargos frutos

Cientos de trabajadores al BPS



Los amargos frutos de políticas económicas al servicio del sistema financiero, grandes importadores y capital extranjero son cada vez más palpables y golpean a los trabajadores.
J. Rocca

>>> ISUSA: 110 trabajadores al seguro de paro


Se agrava situación de Isusa al perder licitación de OSE, que gremio califica de desprolija. 110 a seguro de paro. Autoridades dicen que cambio en licitación fue para "aumentar cifra de oferentes y realizar adquisición más eficiente"





>>> Pamer: 100 trabajadores al seguro de paro


 
La fábrica de cartón corrugado mercedaria Pamer envió a 75 trabajadores directos a seguro de paro y otros 25 que cumplen funciones de mantenimiento -mediante empresas tercerizadas- también deberán ampararse a dicho beneficio social. La empresa cuenta con unos 280 trabajadores directos en total.
La medida es por 15 días, o al menos, eso comunicó la empresa al sindicato de trabajadores, informó el portal de Soriano Agesor. Desde la empresa se informó que a partir del 1° de abril la planta volverá a operar con normalidad. La época de mayor intensidad operativa de la fábrica es durante la zafra de cítricos con destino de exportación. Además, la planta trabaja en cartón arrugado para varios frigoríficos del país, operativa en este caso que se mantiene normal.

>>> Buquebus




El sindicato asegura que hay persecución sindical y el Ministerio de Trabajo convocó a las partes a dialogar.
La empresa dice que está trabajando con el 40% de su flota y que sus ingresos cayeron por lo menos un 35% por la baja en la venta de pasajes y la devaluación en Argentina.
Asegura que se tomaron todas las medidas de ajuste posibles para bajar los costos y que la última fue la reducción de personal.
Con tres de sus barcos fuera de uso recurrió a los despidos y envíos al seguro de desempleo en base a las necesidades operativas de la empresa.
Para el sindicato la realidad es otra: dicen que no se ha visto una caída del 30% en los pasajeros y que de las quince personas despedidas siete son delegados sindicales. Aseguran por ello que hay persecución hacia el sindicato y dicen que la intención de la empresa es lograr reducir los beneficios alcanzados en los consejos de salarios.
El Ministerio de Trabajo pidió a Buquebus que deje sin efecto por 30 días los despidos para establecer una mesa de diálogo para resolver el conflicto.
Solicitó a ambas partes que no tomen otras acciones que puedan afectar la negociación y que respondan a estos pedidos antes del próximo 7 de febrero.
El sindicato asegura que si la negociación no prospera y se mantienen los despidos, hará paros parciales y afectación a los servicios de la compañía.


>>> Curtiembres París y Zenda
Curtiembre París se logró la reincorporación de 250 empleados que estaban en el seguro de paro y en la curtiembre Zenda se logró que los 370 trabajadores pasaran al seguro de paro por 4 meses en lugar de ser despedidos






>>> Montevideo Gas








Desastres eléctricos

La vieja Central Batlle


>>> Privatización de la matriz energética del Uruguay





La central de UTE desde adentro


>>> Energía carísima




El Observador La posible instalación de una tercera planta de celulosa implica un cambio para la matriz eléctrica del país. La nueva inversión de UPM tiene como componente importante del negocio la generación de energía a partir de biomasa forestal y su posterior comercialización.
La fábrica que se levantaría sobre el río Negro tendrá una capacidad de producción mayor a las dos que ya existen en el país y volcará excedentes de energía eléctrica por unos 100 megavatios/hora (MWh), equivalentes aproximadamente al 8% del consumo eléctrico nacional actual.
El acuerdo marco firmado entre el Poder Ejecutivo y la multinacional finlandesa incluye un entendimiento de compraventa de energía eléctrica entre UPM y UTE, por el que se establece que la estatal comprará la totalidad de los excedentes generados por el proceso industrial de las dos plantas (incluida la de Fray Bentos).
El precio de compra de la energía eléctrica será de US$ 72,5 MWh, durante un período de veinte (20) años, contado desde el inicio de las operaciones de la nueva planta de celulosa. Eso implicará para UTE un desembolso de US$ 72,5 millones anuales por 20 años a valores de hoy.

Reacciones dispares
Agentes de mercado energético consultados por El Observador expresaron diferencias respecto a la conveniencia de la operación, dado el precio que se pagará y a que no existe certeza sobre si habrá demanda para esa energía. En cambio otros agentes destacaron que la incorporación permitirá postergar en el tiempo obras de infraestructura .
Una fuente del sector señaló que pagar US$ 73 el MWh por casi el 9% de la energía que consume el país "es disparatado". Según dijo, si hoy Uruguay realizara una licitación para adjudicar energía eólica como realizó en el pasado el precio a pagar estaría debajo de US$ 40. También señaló que no se tiene seguridad respecto a que esos excedentes se puedan exportar a países de la región en caso que el país no los necesitara.
Otro de los consultados fue más cauto. Según explicó, se trata de energía que se incorporará al sistema recién en 2024 y que probablemente se va a necesitar, según los modelos de evolución de la demanda. Respecto al precio manejado, destacó que a diferencia de la energía eólica se trata de energía firme, por lo que tiene algo más de valor y es difícil establecer una comparación que sea válida. Además, señaló que el precio que UTE va pagar es inferior a los US$ 90 que hoy se abona por los excedentes, tanto de UPM como de la planta de Montes de Plata en Conchillas.
La fuente reconoció que el precio de las renovables seguirá bajando de aquí a 2024 y que eso implica un "dilema complejo" para el gobierno, pero recordó que es un negocio que no funciona si UPM no vende su energía sobrante.
La planta que UPM ya tiene en Fray Bentos con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas está produciendo unos 130 MWh de energía a partir de biomasa, de los cuales 110 MWh se consumen en los procesos de producción de celulosa y funcionamiento. En tanto, los otros 20 MWh se vuelcan como excedentes a la red de UTE. El último contrato de comercialización con el ente se firmó en junio de 2012 y tiene plazo de 10 años.
En tanto, la planta de Montes del Plata en Puntas de Pereira que cuenta con una capacidad de producción de 1,3 millones a 1,5 millones de toneladas al año genera unos 170 MWh, de los cuales vuelca a la red eléctrica 80 MWh como excedentes.



UTE pagó unos US$ 59 millones por energía eólica que no utilizó

El potencial de generación que se desperdició equivale al 27% de la demanda

>>> Salto Grande hoy


UTE vende energía a Brasil a un tercio del precio que a los hogares uruguayos



Las colocaciones se realizan en promedio a US$ 85 MWh, muy por debajo del precio que paga la mayor parte de los consumidores locales



>>> Inminentes desastres eléctricos

Hoy en Salto Grande
















Volver a la dictadura





 Manini Ríos quiere que Uruguay vuelva a la seguridad del siglo pasado

15 junio 2019

Para el militar retirado la inseguridad comenzó en el nuevo siglo con las crisis económicas y las "políticas cerradas" del Frente Amplio.


El general retirado y candidato a la presidencia de Uruguay por Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, explicó que quiere ayudar a que su país vuelva a los niveles "históricos" de seguridad que había entre los años cincuenta y hasta principios de los noventa.

Según el exComandante en Jefe del Ejército, en aquella época del siglo XX, que incluye el período de la dictadura cívico-militar (1973-1985), en Uruguay "se podía dormir con las puertas abiertas".

"Uruguay, hasta fines de los años ochenta, fue relativamente seguro, más allá de que en los años sesenta y setenta hubo una guerrilla irracional que irrumpió", dijo en su despacho situado en el centro de Montevideo en referencia a los Tupamaros, movimiento al que perteneció José Mujica, quien presidiría después el país entre 2010 y 2015.

En tanto, para Manini Ríos, haciendo una "excepción" del período dictatorial, en el que la seguridad estaba "muy controlada", durante la segunda mitad del siglo existía un "Uruguay sin miedo" y la inseguridad se activó a inicios del siglo XXI con las crisis económicas y las "políticas cerradas" del izquierdista Frente Amplio (FA) a partir de 2005.

"(Uruguay) se agravó en estos últimos quince años de gobiernos del FA porque se partió de otra concepción: el delincuente ya no era un agresor, sino que era un agredido por la sociedad", resaltó el observador en misiones uruguayas a Irán, Irak y Mozambique.

Por lo tanto, la corrupción y el narcotráfico son los mayores enemigos de CA, partido que no se etiqueta de izquierda, centro o derecha ni de militar, sino como artiguista, en honor al prócer José Gervasio Artigas, quien lideró la independencia del Río de la Plata.

"Hay que dar una batalla sin cuartel, frontal, firme, sin corrupción al narcotráfico, hay que hacer desaparecer la oferta de droga en el mercado", apostilló el general, quien añadió que sin el narcotráfico la mitad del problema de la seguridad quedaría resuelto.

Por ello, otro de sus frentes es mejorar el sistema carcelario en Uruguay, ya que piensa que en la actualidad es "una vergüenza nacional".

"Las cárceles hoy son depósitos de seres humanos, en los cuales siguen operando bandas, donde muchas veces el que ingresa a la cárcel tiene que pagar por su seguridad, si no puede ser víctima de una banda y puede terminar asesinado", subrayó.

Son tres las medidas que Manini Ríos quiere implantar para cambiar esta realidad: que los guardias vuelvan a tener el control de las prisiones -pues dijo que algunas son controladas por presidiarios-, rehabilitar a los encarcelados mediante el trabajo y crear una prisión de "alta seguridad operada por militares".

"Esa cárcel es donde van a estar los presos más peligrosos y los narcotraficantes, a los cuales pensamos sacar de circulación rápidamente", recalcó.

En esta batalla contra las drogas también entraría el cannabis recreativo, que fue legalizado por el Gobierno de Mujica en 2013.

"Hablamos de derogar la ley que autoriza la marihuana recreativa, no así la medicinal, porque entendemos que la legalización hace bajar la percepción en la juventud, principalmente, de lo dañino, de lo malo que es la droga en la salud de la gente", declaró.

El descendiente de políticos de derecha señaló que no le parece correcto que este tipo de droga que "envenena" se venda en las farmacias junto a medicinas que usan para "curar".

Asimismo, defendió que no existe ningún estudio que demuestre que desde la legalidad del cannabis haya bajado el narcotráfico y que, en su opinión, si ha bajado lo ha hecho de forma "irrelevante".

Bolsonaro-Manini Ríos: Las comparaciones son odiosas

Por su bagaje militar, Manini Ríos ha sido comparado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, algo con lo que el general uruguayo no coincide.

"No corresponde ese paralelismo que hacen con mi figura y Bolsonaro, más allá de que los dos seamos militares y paracaidistas; creo que después, a partir de ahí, hay un montón de diferencias, incluso los países son totalmente diferentes", declaró.

Tampoco quiso calificar las políticas del brasileño -aunque señaló que no coincide con muchas de sus ideas-, ya que explicó que todos los gobiernos tienen que velar por "sus intereses".

"Acá no hay amistades, en el tema de la política internacional hay intereses de países", añadió y explicó que para él el bloque del Mercosur es una "buena herramienta", siempre y cuando sea "bien utilizada".

También quiso alejarse de la imagen xenófoba que reflejó la prensa tras decir en un mitin que el Gobierno de Uruguay da beneficios a los inmigrantes que muchas veces no tienen los uruguayos.

"Se distorsionó lo que yo dije, se me llevó hacia una xenofobia que no hubo", declaró el militar, quien explicó que desde la audiencia le preguntaron por qué se permite que haya empresas que solo den trabajo a extranjeros.

Ante ello contestó que en Uruguay todos son descendientes de inmigrantes (sobre todo europeos) y que la gente que llega a Uruguay en la actualidad es mayormente venezolana y cubana que huye "de los infiernos que viven en sus países" y que el pueblo uruguayo siempre los recibe "con los brazos abiertos".

"Después dije que yo entiendo que no debe haber beneficios a la hora de dar empleo para un extranjero sobre un uruguayo; todo aquel beneficio que se le dé a un extranjero antes hay que dárselo a un uruguayo, de ahí se sacó que es una frase xenófoba", añadió.

Los desaparecidos y crímenes de la dictadura son temas del pasado

Pese a que no cree que las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura -varias organizaciones estiman que son unas 200 las personas que desaparecieron durante el régimen- sean un tema que haya que olvidar, el exjefe del Ejército cree que hay que mirar "para el Uruguay del futuro".

"En el cargo que yo ocupé hasta hace poco, jamás puse un obstáculo en ese tema, siempre que hubo una información, siempre que hubo una denuncia en algún lugar, se fue, se excavó, se buscó", agregó.

No obstante, dijo que "la realidad" señala que 40 años después, "prácticamente no existe ningún documento de relevancia que ayude a encontrar nada" y que los implicados ya son muy ancianos.

"Yo puedo hablar del Ejército en la actualidad, me consta que nadie sabe nada", dijo tras ser preguntado por un posible pacto de silencio.

La posibilidad de un hermetismo en las elites de la milicia uruguaya salió a la luz este año cuando se filtró que un exmilitar confesó haber tirado a un río el cadáver de un guerrillero tupamaro ante el Tribunal de Honor del Ejército y esta información no fue presentada a la justicia inmediatamente.

Manini Ríos -que ya no encabezaba las Fuerzas Armadas cuando este caso se hizo público, pero sí era comandante cuando se dio la confesión- justificó que no se alertó al Poder Judicial inmediatamente porque al exmilitar José Nino Gavazzo se le estaba interrogando por otro caso y que la muerte de Roberto Gomensoro ya se había investigado sin éxito años atrás.

"Se consideró en su momento que eso (las declaraciones de Gavazzo) era una chicana, chicana quiere decir una jugada para desviar la atención e irse por otro tema lateral", comentó y señaló que pese a no dar la alerta a la Justicia, sí se le entregó toda la documentación al Ministerio de Interior, quien luego la pasó a Presidencia.

En ese sentido, Manini Ríos apuntó que Gavazzo ya estaba preso (aunque por otros delitos) y que Gomensoro ya "había muerto hace medio siglo" y que si la Justicia lo llama para declarar lo hará.

Sarah Yáñez-Richards/EFE




“Manini tiene a Eduardo Radelli entre sus colaboradores que mató a Berríos”


El periodista Mazzarovich con Cotelo en su tertulio radial metió el cuchillo a fondo, y desnudó la interna de Cabildo Abierto.
Fue muy duro, y se quedó con ganas de hablar un poco más.
Sabíamos que el nombre de Eduardo Radaelli iba a salir a luz, protagonista de un caso que fue muy mediático.
En agosto de 2015, la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos.
Cassella y Radaelli son dos de los procesados y condenados en Chile por el secuestro en Uruguay de Eugenio Berríos, el químico que trabajó para el dictador Augusto Pinochet. En Chile también se les tipificó el delito de asociación ilícita.
Radaelli fue condenado a diez años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita.
Hoy Radaelli es la mano derecha de Guido Manini Ríos en la política.
Radaelli es el Ideólogo de Cabildo Abierto, ¿con sed de venganza?, por lo que el ex Comandante del Ejército es un “elegido” para cumplir la tarea de ser el presidenciable.
Hace mucho tiempo que esto se viene organizando.
Manini debía ser dado de baja antes del vencimiento de los plazos legales para poder asumir la candidatura presidencial.
Es por eso, que sorprendió a todos sus actitudes, violando casi descaradamente sus límites.
Sus apariciones en público fueron transgresoras, habiendo sida sancionado por eso con un mes de arresto.
Luego con las actas del Tribunal de Honor de Gavazzo y su maniobra para que él Presidente firme, logra su objetivo de su cese e incorporarse a la tarea política.
Su presencia en el homenaje a Huidobro a dos años de su muerte, no pasó desapercibida en la tumba del ex Tupamaro.


Hoy Manini es solo una parte de todo este invento electoral, hay intereses ocultos sin duda....


“RADELLI MATÓ A UN TIPO ACÁ QUE LO TENÍAN SECUESTRADO”

El periodista Gabriel Mazzarovich en la radio dijo:
“A mí me cuesta mucho creer, que alguien como Manini Ríos, Tenga casi la misma intención de votos que el Partido Colorado, en tan solo dos meses.
Creo que hay que debatir algún día, el uso que hizo de su cargo de Comandante del Ejército, y de lo peor de los violadores de los Derechos Humanos, para proyectarse como candidato.
Manini basó su proyección en defender a Gavazzo y a Silveira, defendió a la lacra peor de la historia del Uruguay, y además de eso, para no dejar dudas, tiene entre sus colaboradores a Eduardo Radaelli, que mató a Berrios acá en plena democracia.
Es de cuidar señoras, escondan a los niños cuando pase Manini con sus escoltas por las calles.
Porque los tiene ahí, junto a él, Radaelli ayer estaba con él, andaba en la caravana.
Radaelli es asesino en democracia, asesinó, mató a un tipo acá que lo tenían secuestrado, que se lo fueron a sacar de una comisaría a Juan Andrés Ramírez y lo mataron.
Hay una película con el caso Berrios y al que no le guste leer, puede ver la película, y ese señor que aparece en la película es el asesor de Manini, está muy bueno”




Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.
Su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.
En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.
El agente fue entregado a los militares Tomás Casella y Eduardo Radaelli que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en la playa de El Pinar.
En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la Justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército chileno. En Uruguay, la investigación judicial por el homicidio del ex agente se extendió varios años, fue archivada y reabierta varias veces, hasta su archivo definitivo sin perjuicio. Los uruguayos que aparecen reiteradamente mencionados en la causa fueron los militares Eduardo Radaelli y Tomás Casella.
Hacia fines del mes de mayo de 1993, un policía de la comisaría de Parque del Plata envió cartas a varios parlamentarios relatando lo sucedido allí con Berríos. Juan Andrés Ramírez, el ministro del Interior del presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) se manifestó sorprendido por los acontecimientos, y el 6 de junio destituyó al jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, por no haberle comunicado lo sucedido. Al día siguiente fue baleada la casa del capitán de fragata Hugo Cabrera, el vecino del coronel Radaelli que ayudó a Berríos a escapar de sus captores y lo llevó hasta la comisaría. Un día más tarde, se iniciaron las acciones judiciales.
El nueve de junio, 14 generales del ejército se reunieron con el ministro de Defensa Nacional, Mariano Brito. Dos días después, fue destituido el comandante en jefe del Ejército. El tema comenzó a ser tratado en el Parlamento, y varios legisladores fueron amenazados de muerte. Curiosamente, el día 18, el canciller de la República Sergio Abreu dio a conocer el facsímil de una foto en la que se veía a Berríos sonriente, con la edición del 10 de junio de Il Messagero de Milán en la mano; y una carta autógrafa suya anunciando que se encontraba sano y salvo en Italia. Dos peritos grafólogos policiales autenticaron la carta y todo volvió a la calma.
Sin embargo, el 21 de junio de ese 1993, el entonces diputado Yamandú Fau recibió una llamada telefónica comunicándole que Berríos estaba muerto y enterrado desde febrero de ese año. El día 29 fue baleada la casa del juez a cargo de la investigación, Rolando Vomero. Dos años más tarde, el 14 de abril de 1995, finalmente se descubrió un cadaver semienterrado en las dunas del balneario El Pinar, a pocos quilómetros de Parque del Plata. Seis días después, un estudio antropométrico estableció que el cuerpo encontrado con dos balazos en la nuca pertenecía a Eugenio Berríos. Ese dictamen fue luego confirmado por el Instituto Técnico Forense, y varios años después un análisis comparativo de ADN lo ratificaría definitivamente. Mientras todo esto sucedía en Uruguay, en Chile la Justicia avanzó rápidamente.
Mientras durante más de diez años de actuaciones, la Justicia uruguaya sólo pudo determinar la identidad del asesinado, al otro lado de la cordillera se esclareció todo y los responsables del asesinato ya están presos. Los militares uruguayos que serán extraditados pertenecen a la Legión Tenientes de Artigas.


Tomás Casella

Tomás Casella, es un oficial de elite del arma de Infantería que culminó su carrera ascendido a coronel, tras un polémico y acalorado debate parlamentario, poco después que tomara estado público el “caso Berríos”. Su historial militar arranca en 1967 como egresado de la Escuela Militar de la tanda “José Enrique Rodó”, conocida como la “Rodosca”. Esa promoción de oficiales constituyó, años después, uno de los núcleos más influyentes dentro del Ejército uruguayo y afín al hoy ex presidente Julio María Sanguinetti, al que, sin embargo, Casella no adhirió. En febrero de 1967, asistió a la Escuela de las Américas al curso de “Cadet Orientation”. En enero de 1974, recién ascendido a teniente, se graduó en “Operaciones de Combate y Contrainsurección” en la misma institución. Está considerado como uno de los precursores del paracaidismo en Uruguay. En 1975 asistió a un curso básico de esta disciplina en Chile. Años después, ofició como edecán de Pinochet, cuando el veterano dictador realizó su segundo y último viaje al Uruguay, en febrero de 1993. También prestó servicios en la Compañía de Contrainformación.
En noviembre de 1992, Casella llegó hasta Parque del Plata para convencer a Berríos que desista de la denuncia de secuestro y se retire del lugar. A partir de ahí, se tejieron múltiples conjeturas sobre su participación en el complot para asesinarlo. Ante el Ejército, declaró haber recibido una llamada de Berríos desde Porto Alegre, a posteriori del episodio de Canelones, en la cual el ex agente le anunciaba un próximo viaje a México.

Eduardo Radaelli

El teniente coronel Eduardo Radaelli es el más joven de los tres. Tiene 48 años. Pertenece al arma de Artillería y su especialidad es el área de Contrainteligencia. Allí fue donde conoció a Casella. Además de su profesión militar, divide su tiempo como empresario en el rubro seguridad y como dirigente de un club de fútbol de primera división. “Siempre fue un oficial serio, muy trabajador y de perfil bajo”, comentó un oficial del Ejército uruguayo que lo conoció. Presuntamente una orden, lo colocó a las 10 de la mañana de aquel 15 de noviembre de 1992 en la comisaría de Parque del Plata, pidiendo colaboración policial para recapturar a una persona que estaba bajo su custodia. Además, en la casa de sus padres, estuvo alojado Berríos. Radaelli está casado.

Sarli

El coronel Wellington Sarli participó en numerosas misiones de paz bajo mandato de Naciones Unidas. En junio de 2003, fue destinado al Estado Mayor del Ejército, donde pasó a desempeñarse como Jefe de Area del Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de La Paz. Niega haber conocido a Berríos y, según su declaración ante la Justicia, concurrió a la comisaría de Parque del Plata porque le habían informado que Radaelli había sufrido un accidente.
En la oportunidad dijo que no vio a nadie salvo algunos militares de civil que “no conocía” y que así se enteró que “tenían un chileno que había enloquecido”. Agregó que permaneció en la comisaría por unos “15 o 20 minutos” y que luego avisó por radio que no había accidente. Dio alojamiento, en su casa de Parque del Plata, a otro militar chileno escapado de la Justicia de ese país, llamado Julio Sanhueza Ross. Sarli actuó también en Inteligencia. Está casado y las tragedias no son ajenas a su vida: un hermano que revistaba en la Marina falleció en un accidente al recibir la descarga de un rayo. *

Enrique Mangini el asesino de Rodriguez Muela


Mónica Robaina
10 mayo, 2019
Cuando todavía era comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos participó en al menos dos reuniones políticas para fraguar su candidatura con un grupo de antiguos camaradas. El anfitrión fue el militar retirado Enrique Mangini, quien los recibió en su chalet, ubicado en Pinares, a unas cuadras de la playa Mansa. Como parte de su gira nacional, el candidato de los militares exhibió ayer su postulación en Maldonado: en una de las zonas más empobrecidas, habló con los vecinos y, en Punta del Este, convocó una conferencia a la que sólo asistió Brecha.






Al influjo de recientes encuestas de opinión pública que lo ubican como un candidato pujante en el camino electoral hacia octubre, en el último mes el general Guido Manini Ríos ha realizado una frenética gira por barrios de Montevideo y múltiples localidades del interior del país para posicionar su partido. El ex comandante en jefe del Ejército irrumpió públicamente como candidato presidencial de Cabildo Abierto a escasos días de su destitución, el 12 de marzo, y no pierde oportunidad de afirmar o deslizar, en sus apariciones mediáticas, que nunca antes participó en actividades políticas, aunque, como se verá más adelante en este artículo, esto no fue así.



En las últimas semanas, Manini recorrió Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Salto; el miércoles estuvo en Rocha y ayer recaló en Maldonado. Afirma que su objetivo es darse a conocer, recolectar ideas para su programa de gobierno y buscar soluciones a las principales preocupaciones de la gente en todo el país, y que ha tenido “una receptividad muy grande”. La intensa agenda de la jornada en Maldonado –que incluyó visitas a medios, encuentros con vecinos y una reunión de trabajo con referentes de las seis agrupaciones departamentales que promueven su candidatura– se abrió con una conferencia de prensa a la que sólo asistió Brecha. No más de 25 personas –en su mayoría, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas– acompañaron al candidato en el local central de Cabildo Abierto, ubicado junto a la rotonda de la famosa carnicería El novillo alegre, en la avenida Roosevelt de Punta del Este. La elección de este punto como base de operaciones del partido no es casual: en el afamado balneario viven o tienen segunda residencia casi todos los militares jubilados que impulsan la candidatura de Manini y que, por el momento, ostentan la hegemonía de la organización. El barrio Pinares, que debe su nombre a la abundancia de coníferas y ofrece chalets con amplios parques a unas cuadras de la playa Mansa, es su enclave predilecto. No obstante, los organizadores tienen claro a qué tipo de votantes debe apuntar el candidato y para su primera visita oficial le organizaron un “Cara a cara” con vecinos en el populoso y humilde barrio Maldonado Nuevo, al este de la capital departamental. “Lo nuestro es tratar de acercarnos a la gente. Y la organización entendió que ese es el lugar donde más podemos acercarnos”, explicó Manini, quien, a diferencia de lo que estilan otros candidatos nacionales, se sentó solo a la mesa, sin que lo flanqueara referente local alguno.
Consultado por la aparente ausencia de militantes civiles en el auditorio, el ex comandante argumentó: “Tenemos varios que no son militares que están participando en la organización. Por supuesto, acá viven algunos militares (en Maldonado, hay 200 jubilados de las Fuerzas Armadas), como en todo el país”. Y amplió: “A veces, hay una intencionalidad de decir que este es el partido de los militares, cuando en realidad hay militares porque yo provengo del sector militar y quienes a mí me conocen de toda la vida, me respaldan. Eso habla bien del candidato, sería triste que quienes me conocen no me respaldaran”. Una afirmación nada menor, considerando algunas de las figuras que, llegadas desde diferentes departamentos y a la sombra de la logia Tenientes de Artigas, pergeñaron su candidatura en Maldonado.



LA PATA MILITAR. La expresión militar de Cabildo Abierto en este departamento comenzó a gestarse durante el verano en Punta del Este, según fuentes del entorno militar a Brecha. Sus impulsores son compañeros de promoción del candidato (la de 1978, que se llamó “General Leandro Gómez”) o egresados en años cercanos. Manini participó en, al menos, dos encuentros –uno en enero y otro en febrero– junto con un grupo de viejos camaradas, unos radicados en Maldonado y otros llegados desde diferentes departamentos, como Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres.
La convocatoria en ambos casos fue clara: evaluar las chances de que el comandante se postulara a la Presidencia, aseguraron las fuentes a Brecha. Una de esas reuniones políticas con el entonces comandante en jefe se realizó en torno al 20 de enero, mientras éste tomaba unas minivacaciones con su familia en Punta del Este. El otro encuentro ocurrió la semana de Carnaval, también aprovechando una estadía del comandante en el balneario. En esta instancia, Manini “confirmó que se iba a retirar o a hacer echar” para ser candidato, de acuerdo con lo informado a Brecha.
En esos meses circulaban papeletas para habilitar el Movimiento Social Artiguista en el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas (Cepafa), ubicado en la calle Las Heras de Montevideo. Allí se promovían firmas entre los afiliados, a quienes se les anunciaba que eran “para que el general Manini sea presidente”. Como se recordará, al no lograr el permiso de la Corte Electoral para usar el término “Artiguista” en el nombre, el partido pasó a denominarse Cabildo Abierto. Estos hechos abonan la teoría sobre una salida premeditada o, incluso, de un retiro voluntario acordado con el presidente Tabaré Vázquez (véase Brecha, 15-III-19).



Las mencionadas reuniones tuvieron lugar en el chalet Macorina, propiedad del militar retirado Enrique Mangini, ubicada en Pinares y rodeada de un importante dispositivo de videovigilancia. El anfitrión, seguramente, es más conocido en el barrio por sus aires de sheriff (comanda el grupo de Whatsapp “Vecinos alerta”, y comparte asados y reuniones sociales con el jefe departamental de Policía, Erode Ruiz) que por sus antecedentes como miembro de la Juventud Uruguaya de Pie (Jup) en los años setenta, cuando el grupo de extrema derecha era presidido por el hermano de Guido, Hugo Manini Ríos.
Según consignó el periodista Roger Rodríguez en sucesivas investigaciones periodísticas, Enrique Mangini es uno de los siete miembros de la Jup que en 1972 asesinaron al estudiante Santiago Rodríguez Muela y que fueron condenados a prisión por “violencia particular” en ese año. En 1978 el Consejo de Estado aprobó una ley de amnistía que benefició a los reos y se estima que, como Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (Sid), Ramón Trabal, pudo seguir sin tropiezos con su carrera militar. En 2006 Mangini fue fotografiado frente a un juzgado de la calle Misiones como guardaespaldas del general Iván Paulós; lo captaron con el brazo en alto, como para que se viera claramente que llevaba un arma en la cintura. El otro guardaespaldas en la imagen era el coronel Eduardo Ferro, hoy prófugo de la justicia española y, hasta hace unos años, vecino de Mangini en Pinares.
Aquella foto llevó a Roger Rodríguez a investigar quién era el hombre armado y descubrir el citado historial. En 2011, con la acordada de denuncias por casos de derechos humanos, la causa de Rodríguez Muela se reabrió y pasó a la sede penal de la jueza Graciela Eustachio; ahora figura como “archivada” desde setiembre de 2013.




LOS MUCHACHOS. Mangini, miembro de la ultraderechista Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) e integrante de la institución honoraria de salvamentos Ades, es actualmente uno de los coordinadores generales de la agrupación Dragones de Maldonado-Por el Cambio (una de las tres que apoyan al candidato en la capital fernandina). Y aunque en estos meses ha trabajado activamente en la organización de la candidatura de su amigo, “no integrará listas porque no puede exponerse”, aseguran las fuentes.
El otro coordinador de la agrupación Dragones de Maldonado es el coronel retirado Gaspar Barrabino Silveira, según consta en una comunicación interna que la organización divulgó días atrás por Whatsapp para invitar a participar en la gira departamental del candidato. Gaspar es hijo de Julio Barrabino Sáez, uno de los golpistas que ingresó junto con Gregorio Álvarez al Palacio Legislativo en la madrugada del 27 de junio de 1973 y director del Establecimiento Militar de Reclusión número 2, Punta de Rieles. Barrabino Sáez murió el 3 de abril pasado “en total impunidad, sin proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. En Punta de Rieles bajo su mandato fascista, cruel e inhumano, murieron compañeras por negligencia médica, otras fueron empujadas con saña hacia la locura y la muerte, como la compañera Norma Cedrés”, publicó días atrás la ex presa política y fotógrafa Marta Passeggi, en su muro de Facebook. La causa penal de Cedrés “duerme en un juzgado”, acotó.
Gaspar es, además, hermano de Julio Barravino Silveira, quien, junto con el capitán Wellington Sarli, tuvo la custodia del chileno Julio Sanhueza Ross –un oficial de inteligencia evacuado de su país cuando la justicia lo requirió por varios asesinatos entre 1987 y 1989–, mientras el teniente coronel Tomás Cassella y el capitán Eduardo Radaelli ocultaban a Eugenio Berríos (véase Brecha, octubre de 2002). Hasta hace unos meses, Gaspar Barrabino era el coordinador general del Movimiento Basta Ya, que promovía la candidatura del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.
Tanto Mangini como Barrabino estuvieron presentes ayer en la convocatoria de Manini a la prensa, alejados de la mesa donde un solitario candidato respondió preguntas. Mangini, rollizo, de estatura más bien baja, inquieto y con permanentes gafas oscuras, llevaba una bandera de Cabildo Abierto colgada en su antebrazo izquierdo, cual servilleta de mesero. Cada tanto la desplegaba, tal vez pensando en darle una ubicación en otra parte del local antes de la conferencia, pero volvía a doblarla con prolijidad. Barrabino, en tanto, tomaba mate mansamente.
Otro de los participantes de las reuniones políticas estivales con Manini son el propio Eduardo Radaelli y Alfredo Rubio (h). En el entorno afirman que Radaelli es “un hombre de extrema confianza, como la sombra” del ex comandante y que ha viajado frecuentemente de Montevideo a Maldonado para participar en la organización de la candidatura, además de estar abocado a hacer finanzas para el partido. Como se recordará, el ex militar fue extraditado a Chile y procesado por el secuestro del químico Berríos. Regresó a Uruguay en 2016, después de que la justicia dictó su libertad condicional.
Rubio, otro compañero de promoción de Manini, es hijo de quien era jefe de Gavazzo cuando asesinaron al tupamaro Roberto Gomensoro, torturado en el Grupo de Artillería número 1, en 1973. De acuerdo a las actas del Tribunal de Honor divulgadas el mes pasado por el periodista Leonardo Haberkorn, Gavazzo comunicó la muerte del detenido al jefe del Grupo de Artillería número 1, el entonces coronel Alfredo Rubio, y ambos informaron al jefe de la División Ejército 1, el general Esteban Cristi. “Cristi ordenó desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo”, expresó Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar.
Precisamente sobre la actuación del tribunal militar a raíz de las declaraciones de Gavazzo y la investigación que encabeza el fiscal Rodrigo Morosoli, Manini declinó hablar ayer con Brecha. “Eso está en la justicia y si tengo que… eeeh… si en ese ámbito me toca… actuar, lo haré. Pero en estos momentos no da para hablar más, la gente quiere hablar de los problemas de hoy y del futuro, y no seguir hablando anclado en el pasado”, alegó. Luego contestó las últimas preguntas:
—¿Usted precipitó su salida o la acordó con el presidente, como se especula en algunos ámbitos?
—Mi salida no fue acordada, fue la dinámica de los hechos que fue llevando a eso. Acordado no hubo nada. Los hechos se dieron como se dieron.
—¿Pero usted veía venir el desenlace a raíz de esos hechos, que empezaron por lo menos en setiembre, cuando fue sancionado?
—No… No necesariamente…
Con una mueca y un gesto de “no va más”, el general dio por terminada la entrevista.

 

 

Entusiasmo con el FA

Además de convertir a Cabildo Abierto “en un partido protagónico” y ampliar la participación de civiles, Manini pretende captar votantes desde todas las tiendas políticas. En diálogo con Brecha, el caudillo se mostró particularmente entusiasmado con la cantidad de personas que, en diferentes puntos del país, le han confesado que son frenteamplistas desencantados, muchos “votantes de toda la vida”, en busca de un cambio. “Hay una suerte de voto castigo: como hubo en 2004 a los partidos tradicionales; ahora lo habrá al FA”, especuló.
También le entusiasma el resultado de recientes encuestas de opinión pública, que lo perfilan como un candidato capaz de superar ampliamente a los otros partidos y convertir a Cabildo Abierto en la cuarta fuerza política del país: “Todavía no nos contemplan como opción en los cuestionarios, pero ya sabemos que en alguna encuesta nacional, que todavía no se hizo pública, Cabildo Abierto empieza a marcar una buena presencia. Es un camino que recién se inicia y pensamos que vamos a ser una opción válida. No podemos decir cuál es el techo; Cabildo Abierto pretende atraer gente de todos los partidos, porque hay una suerte de nihilismo político, de no creer en nada, y ven en nosotros una esperanza”. A la luz de este objetivo, Manini evita definirse en el espectro político y aquí enfatizó que encontrar “soluciones a los problemas reales de la gente” no pasa por ubicarse en la derecha o la izquierda. “Tenemos cosas que podrán parecerse al discurso de la izquierda y otras que podrán parecer el discurso de la derecha, pero acá lo que hay son problemas que solucionar. Nos definimos como artiguistas porque pretendemos ser una instancia superior a esas etiquetas”, justificó.