La extranjerización de la tierra juega un papel preponderante en el escenario rural uruguayo.
El
61% del total de 8 millones de hectáreas vendidas desde el año 2001
pasaron a manos de sociedades anónimas conformadas por capitales
extranjeros.
El restante 39% quedó en manos de empresarios uruguayos.
Estos datos surgen del informe "la producción en Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan".
Pablo antúnez.
En los últimos 16 años, el atraso cambiario, la suba de los costos y
la caída de la rentabilidad, provocaron la pérdida de 8.000 productores
familiares y 8 millones de hectáreas dedicadas al agro. De esas tierras,
el 61% fueron vendidas a Sociedades Anónimas, en su mayoría,
extranjeras y el 39% a uruguayos.
Por eso, la Asociación Rural del Uruguay salió a denunciar ese alto
grado de extranjerización de la tierra, que incluso puede profundizarse,
si se mantiene la baja rentabilidad del negocio agropecuario.
En el marco de la presentación del estudio: “La Producción en el
Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan”,
realizado por la Dirección de Estudios Agro económicos de la ARU, el
presidente Pablo Zerbino, alertó al gobierno sobre los perjuicios que
está sufriendo el campo y pidió cambiar algunas señales, como el
incremento del gasto público, la política cambiaria y aclaró que “el
viento de cola se terminó”.
El gremialista, acompañado de integrantes del Consejo Directivo de la
ARU, recordó que el ingreso de capital a los países emergentes generó
ese viento de cola y en base a eso, “el gobierno distribuyó bonanza a
partir de planes sociales”, hecho que consideró “es bueno”, pero dijo
que “también incrementó bastante el empleo público”. El estudio
divulgado ayer, muestra que en 1997 había 258.262 empleados públicos y
en 2016 se llegó a 306.260 personas. Desde diciembre de 2009 a diciembre
de 2016, ingresaron al Estado 14 personas por día. “Ahora la bonanza se
acabó y deshacer esas políticas es muy difícil y más en años pre
electorales. Hay que aprender y grabarse en la Plaza Independencia que
en las buenas hay que ahorrar para poder aguantar en las malas. Está
grabado en la historia”, afirmó tajante Zerbino durante la presentación.
Afirmó que el actual sistema de ajustes de salarios, “con atraso
cambiario, costos altos, pérdidas de competitividad, pérdida de parte de
la rentabilidad y endeudamiento, no es sustentable”. Y según su visión,
“a la vista está, los empleos se están perdiendo, los productores se
están perdiendo y eso genera mucha preocupación. El atraso cambiario ya
lo conocemos y no es un buen camino para el país”, aseguró.
La Asociación Rural del Uruguay afirma que el país está jugado a una
buena temporada turística este verano, que dejará un volumen de dólares
importante en la plaza y considera que “eso es bueno”, pero aclaró que
“en cierta forma va a prolongar la agonía del sector productivo”.
Zerbino marcó algunas de lo que considera contradicciones. “No
queremos la descentralización, pero está ocurriendo. No queremos que
cierren más empresas pero están cerrando. No queremos más pérdidas de
puestos de trabajo pero se están perdiendo. No queremos que nuestros
hijos se vayan, pero se están yendo”.
El trabajo del DEA de la ARU mostró que se perdieron más de 36.000
empleos desde 2015 a 2017. Es el tercer año consecutivo que se pierden
miles de puestos de trabajo y mostró que 2017, “es un año récord de
presentaciones concursales (102 a noviembre de 2017)”.
. El trabajo técnico de la ARU, no pretende
criticar, sino “alertar sobre situaciones preocupantes” y considera que
“aún se está a tiempo de encontrar la manera, entre todos, de revertir
la situación y salir adelante”, afirmó Zerbino.
Los productores reconocen que “el ajuste fiscal” no fue suficiente y
se hizo vía inversión y tarifas públicas, según mostró el estudio
presentado. “A septiembre de 2017, casi US$ 400 millones de dividendos
volcados por UTE y casi US$ 100 millones por Ancap fueron para el sector
público”. Según ARU, estas tarifas públicas comprometen la
competitividad y mostró que “el sobrecosto de los combustibles
representó unos US$ 400 millones”. Uruguay paga el gasoil más caro de la
región: US$ 1,31 por litro, en Argentina vale US$ 1,14 por litro, en
Brasil US$ 1,01 y en Chile US$ 1,31 por litro.
A su vez, en la presentación que estuvo a cargo de la Ec. Rocío
Lapitz, acompañada por el Ing. Agr. José Maria Elorza, directivo
responsable de la DEA, se mostró claramente que “la economía viene
creciendo en base a consumo privado” y es “un consumo más lento.
. El informe técnico presentado ayer, dejó
claro que “los costos internos han ido en detrimento de la producción.
Son cada vez más altos y son costos que hay que hacer frente año tras
años. Con una zafra que tiene un margen reducido, hacer frente a esos
costos, es muy difícil. Se precisan muchas hectáreas productivas para
poder cubrir una canasta familiar, sin sacar lo que implicaría el pago
de una renta de una hectárea productiva”, dijo la economista en su
informe. “Eso hace que los pequeños productores sean los que van
quedando por el camino y hay que irse a establecimientos más grandes
para poder hacer inversiones”, aclaró. El 75% de las exportaciones de
Uruguay son de origen agropecuario y eso genera muchos puestos de
trabajo.
Empaquetado, como regalo de Navidad, los dueños de la tierra presentaron un ruidoso estudio llamado
La Producción en el Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan,
realizado por la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la Asociación
Rural del Uruguay (ARU), institución gremial que agrupa a los más
grandes latifundistas y a los más poderosos productores agropecuarios de
nuestro país. En el mencionado documento, ponen el grito en el cielo
por temas como la extranjerización de la tierra y la despoblación del
campo, dos dramas verdaderos e inocultables que nadie como ellos
contribuyó a fomentar.
Como siempre piden que suba el dólar, y así recibir más dinero por
sus exportaciones, que les bajen los impuestos, les hagan quitas en sus
multimillonarias deudas con el odiado Banco República y les den más
créditos baratos.
Sin embargo, el campo no está pobre, por el contrario, el
enriquecimiento que han obtenido a los largo de la última década es el
más grande desde los tiempos del Imperio británico. En estos años, el
incremento de la producción ha sido muy importante, el aumento de los
volúmenes exportados ha sido histórico y el valor de estas exportaciones
ha sido único.
Por eso, lejos de esperar que suba el valor del dólar o les
disminuyan los impuestos, los socios de la ARU y sus familias preparan
su próximo viaje a Europa, al extremo Oriente, a China, al Campeonato
Mundial de Rusia o a otros destinos donde muchos de ellos tienen lujosas
fincas y suculentas cuentas bancarias, obviamente nutridas con recursos
que salieron de Uruguay, de esa misma tierra en la que ahora
fundamentan sus nuevos voraces reclamos. No se puede ignorar que el
éxito económico de los grandes productores tiene una cuota importante de
trabajo, innovación y riesgo, pero no exageremos, también hay
explotación, ventajas y privilegios.
En los lujosos salones de la ARU, no sólo se hacen costosas y
elegantes bodas, faltaba más, desde esos mismos salones se impulsaron y
apoyaron todos los golpes de Estado y las respectivas dictaduras, en
particular las de Gabriel Terra y Juan María Bordaberry; las sostuvieron
con sus comunicados y les cantaron loas todos los años desde la “fiesta
del campo” que celebran en el Prado.
Pero no sólo han jugado a favor de reaccionarios y dictadores, también han matado toda esperanza que haya tenido el país.
La patria agropecuaria
El actual presidente de la ARU, Pablo Zerbino, es un criador de
ganado Hereford y Angus. Acompañado del Consejo Directivo, presentó hace
unos días el mencionado estudio, elaborado por la Dirección de Estudios
Agroeconómicos de la institución, que, según
El País, “alertó
al gobierno sobre los perjuicios que está sufriendo el campo y pidió
cambiar algunas señales, como la política cambiaria y el aumento del
gasto público, enfatizando en que “el viento de cola se terminó”.
El informe no contiene ningún reconocimiento, ni el menor elogio por
los 12 años de gestión del gobierno del Frente Amplio (FA), en los
cuales la agropecuaria, según sus propias cifras, ha crecido enormemente
y se han resuelto numerosas problemáticas de todo tipo, que venimos
enumerando, partiendo del desastre dejado por la Crisis de 2002.
Por el contrario, el directivo gremial “recordó que el ingreso de
capital de los países emergentes generó un viento de cola y con base en
ello “el gobierno distribuyó bonanza a partir de planes sociales”. Al
parecer, Zerbino consideró que eso “es bueno”, pero dijo que “también
incrementó bastante el empleo público”, lo que considera malo. Según
Zerbino, “ahora la bonanza se acabó y deshacer esas políticas es muy
difícil, y más en años preelectorales. Hay que aprender y grabarse en la
plaza Independencia que en las buenas hay que ahorrar para poder
aguantar en las malas. Está grabado en la historia”. Sobre todo en la
historia de la familia Zerbino, en la que los toros se ponían por el
agujerito de la alcancía hasta llegar a llenar la chanchita de vacunos
negros y colorados.
Si de dejar un epitafio se trata, yo grabaría también en las paredes
del Banco de la República que hay que cobrarles tasas más altas,
proporcionales al riesgo, y nunca dar quitas a los grandes deudores,
entre los cuales siempre hubo grandes productores agropecuarios.
Zerbino dejó muy en claro cuáles son sus preocupaciones reales, que
por otra parte todos conocemos: sostuvo que el actual sistema de ajuste
de salarios (esos odiosos convenios salariales y esa antihistórica ley
de ocho horas para el trabajador rural), “con atraso cambiario, costos
altos, pérdida de competitividad, de parte de la rentabilidad y
endeudamiento, no es sustentable”. Afirmó que “a la vista está, los
empleos se están perdiendo, los productores se están perdiendo y eso
genera mucha preocupación”.
En otra parte de su edificante alocución, Zerbino afirmó que los
productores reconocen que el “ajuste fiscal” no fue suficiente y se hizo
vía inversión y tarifas públicas” (no mencionó el aumento del IRPF y
del IASS, N. de R., sobre el cual recayó una parte sustantiva de los
ajustes fiscales), en tanto que uno de los técnicos que presentaron el
estudio señaló que “se precisan muchas hectáreas productivas para cubrir
una canasta familiar, sin sacar lo que implicaría el pago de una renta
de una hectárea productiva”, concluyendo en que “eso hace que los
pequeños productores (que no integran la ARU) sean los que van quedando
por el camino y tengan que irse a establecimientos más grandes para
poder hacer inversiones”, señalando que “75% de las exportaciones de
Uruguay son de origen agropecuario y eso genera muchos puestos de
trabajo”. Y que cuando uno pasa raya, encuentra que los productores
agropecuarios tienen 2.000 millones de dólares de deudas vencidas. Es
decir que están endeudados como siempre y quejosos como nunca.
Acá tenemos dos perlas maravillosas: si el agro genera 75% de
nuestras exportaciones y exportamos unos 9.000 millones de dólares en
2016, eso significa que facturaron unos 6.750 millones. Si a eso le
aplicamos una muy módica tasa de ganancia de 35%, resulta que estos
señores ganaron unos 2.360 millones de dólares. ¿Será casualidad que el
banco suizo que mide el dinero que sale de los países dice que de
Uruguay se “exportan” entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año?
La verdad es que podría ser, porque todos los gobiernos blanquicolorados
y las tres administraciones del ministro Danilo Astori se han
desgañitado pidiendo inversión extranjera. Es obvio concluir que saben
que los muy ricos uruguayos no invierten en el país, como lo demuestra
la lenta marcha de las PPP
.
La verdad según la ARU y la verdad histórica
Pero
El País no tituló con los archiconocidos reclamos de la
Asociación Rural, sino que demagógicamente puso en caracteres
catástrofe: ‘La extranjerización de la tierra creció en 16 años’,
subtitulando que ‘Se fueron 8.000 productores y se perdieron ocho
millones de hectáreas’. Agregan que aumentaron la concentración y la
extranjerización de la tierra. Sobre los ocho millones de hectáreas
vendidas, 50% fueron para sociedades anónimas, y de otra mitad 39% fue
vendido a uruguayos y 61% a extranjeros. Se perdieron, según sus
palabras, 8.000 productores familiares.
“La extranjerización de la tierra ocurrida entre 2000 y 2016 ha
producido la mayor desaparición de productores rurales de la historia de
este país en tan corto período”.
Zerbino enfatizó que la dirigencia de la ARU no quiere la
desindustrialización, ni el cierre de más empresas ni más pérdidas de
puestos de trabajo. Casi gritó que no quiere que se vayan “nuestros
hijos, como se están yendo, y que hay 600.000 uruguayos que están
viviendo fuera del país.
Sin embargo, la historia que conocemos, y está publicada, de los grandes propietarios de tierras es muy otra.
Para no comenzar con los tiempos de José Artigas, que tuvo siempre
enfrente a los hacendados, que luego perpetraron los crímenes que
conocemos, digamos simplemente que en 1960 se creó la Comisión de
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), que se implementó
efectivamente en 1963.
En la CIDE trabajan más de 150 técnicos y altos funcionarios de
primer nivel -originalmente bajo la conducción de los ministros de
Hacienda, de Ganadería y Agricultura y de Instrucción Pública de la
época- sin distinción de banderías ni militancias políticas y allí se
elaboraron, entre muchas otras medidas (como la creación del Banco
Central, de la OPP y de la Dirección de Estadística y Censos), siete
proyectos de ley, entre ellos el de Reforma de las Estructuras
Agropecuarias o Reforma Agraria.
Coordinados por los ministros Juan Pivel Devoto, Wilson Ferreira
Aldunate, que se ocupó de la parte agropecuaria, y Raúl Ybarra San
Martín, y con la secretaría técnica de Enrique Iglesias, trabajaron
durante años en la CIDE profesionales e instituciones de primer nivel,
entre los que se recuerda especialmente a Danilo Astori, Celia Barbato,
Nilo Berchesi, Mario Bucheli, Óscar Bruschera, Martín Buxedas, Alberto
Couriel, Adolfo Cutinella, Juan J. Crottogini, José D’Elía, Luis
Faroppa, José Gimeno Sanz, José Pedro Laffitte, Samuel Lichtensztejn,
Luis Macadar, Aldo Solari, Ana María Teja e Israel Wonsewer, entre otras
personalidades, como el entonces senador Zelmar Michelini, que por su
conocimiento de la industria era participante frecuente de los grupos de
trabajo.
La CIDE formuló en siete tomos un diagnóstico integral de la realidad
económica y social de Uruguay y una propuesta de soluciones,
constituyendo un proyecto nacional integral.
Los terratenientes de la Asociación Rural y de la Federación Rural se
opusieron ferozmente a esas leyes, de las cuales las más importantes no
fueron aprobadas por la mayoría blanquicolorada.
El actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, declaró el 24 de marzo de 1995, a la revista
Posdata, que el proyecto de reforma agraria allí elaborado fue “el más importante que se ha hecho en la historia de Uruguay”.
Los proyectos de ley fueron presentados al Parlamento con la firma
del ministro de Ganadería y Agricultura el 11 de febrero de 1965.
La reforma agraria no es una reliquia del pensamiento sesentista
El mensaje al Parlamento, entre otros aspectos, afirmaba: “El agro ha
constituido y seguirá constituyendo un factor fundamental de nuestra
economía. […] En los últimos tres decenios, sin embargo, la producción
ha venido creciendo a una tasa insuficiente.
[…] El aprovechamiento integral de las posibilidades del agro implica
una tremenda tarea de carácter nacional, que debe ser planteada al país
con altura de miras y alejada de las limitaciones que normalmente
implica la lucha partidaria. Este esfuerzo, además, no puede ser
encarado en forma aislada o fragmentaria, sino dentro del marco de un
Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, que establezca las
prioridades en la asignación de los recursos escasos […]. El aumento de
la producción agropecuaria constituye una condición indispensable para
el desarrollo nacional, y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario
buscará obtenerlo a través de la elevación de los niveles de
productividad y eficiencia del agro. […]
Las leyes no fueron aprobadas por la mayoría blanquicolorada del
Parlamento por la presión de los terratenientes y el país continuó
disminuyendo su producción, se siguió vaciando, perdiendo productores
agropecuarios y trabajadores rurales que iban a engrosar y siguen
engrosando los cinturones de miseria de las ciudades, a veces como paso
previo a la emigración o al delito.
Así le ha ido al país, y ahí está la clave de todo su destino
posterior hasta hoy, modelado por los grandes terratenientes, que son
los verdaderos dueños del poder real del país.
El entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira
Aldunate, defendió la iniciativa en la Exposición del Prado en agosto de
1963 y así resultó ser el único ministro del ramo en la historia de
Uruguay que fue silbado por la concurrencia, entre la que tenía
correligionarios, parientes y amigos. Un legislador de su propio sector
le dijo: “Si esas leyes tuyas son aprobadas, va a correr mucha sangre en
Uruguay, empezando por la de tu familia”.
Entre las cosas que Wilson dijo en ese discurso, que tengo en mis
manos, gracias a la gentileza de Carlos Luppi, figuran estas frases:
“[…] Todos sabemos que Uruguay está atravesando momentos muy difíciles.
[…] Lo que tenemos el derecho y el deber de preguntar es esto otro:
¿por qué esos principios de justicia, por qué esa irritación que
provocan las grandes desigualdades económicas, porqué esos postulados
cuya validez universal se proclama para regir las relaciones entre los
hombres no se aplican también a las que existen entre los países?
[…] No hay quizás en el país tarea más trascendente que la de determinar
las causas del estancamiento, para tratar de eliminarlas. Es claro que
los factores son muchos y variados, pero la mayor parte de ellos
fácilmente identificables.
En primer lugar, los hechos dicen que Uruguay no acompañó la
verdadera revolución en la tecnología y la práctica agrícolas que se
operó en el mundo durante los últimos 30 años [a causa de los
terratenientes, N. de R.].
[…] Por ello la investigación científica, necesariamente a cargo del
Estado”.
[…] Tecnificarse se traduce inevitablemente en inversiones; el campo
uruguayo necesita capitalizarse, necesita aumentar sus posibilidades de
inversión. Esto en el estado actual del país supone créditos y
fundamentalmente créditos supervisados por el Banco de la República.
[porque los terratenientes no invertían, N. de R.].
[…] Evidentemente, un factor fundamental, que a su vez contribuye a
agravar muchos de los problemas que anteriormente se mencionaron, está
constituido por problemas de tamaño y tenencia de la tierra.
La propiedad rural se caracteriza desde hace muchísimo tiempo por una
gran concentración de extensas áreas en manos de pocos titulares y la
existencia simultánea, en el otro extremo, de numerosos predios de
tamaño excesivamente reducido, que, sin embargo, en su total ocupan un
área relativamente pequeña.
Esta situación se ha ido agravando progresivamente. Actualmente 75%
de las explotaciones rurales abarcan menos de 100 hectáreas, pero
comprenden solamente 8,5% de la tierra total, y en el otro extremo, 1%
del total de predios tiene más de 2.500 hectáreas, pero representa un
tercio de la superficie.
[…] En materia de estructuras agrarias, el objetivo fundamental estará
constituido por promover los cambios necesarios para que la tierra sea
directamente explotada por sus propietarios y que estos propietarios
sean básicamente personas físicas. Ello porque la tecnología podrá
penetrar en toda la dimensión que el país necesita solamente si el
hombre se identifica con la tierra que trabaja y la considera suya.
Creemos que la estabilidad social de la República está indisolublemente
unida a la presencia de una numerosísima clase de pequeños y medianos
propietarios de la tierra.
[…] Se debe posibilitar que el arrendatario acceda a la propiedad de la
tierra e invalidar las disposiciones contractuales y derogar las legales
que hoy constituyen un frente al avance tecnológico, estableciendo para
el explotador no propietario, previa supervisión técnica, la
posibilidad de trabajar la tierra en la forma que mejor convenga al
interés del país.
[…] En materia de tamaño, se procurará orientar la dimensión de las
explotaciones hacia el óptimo económico determinado con estricto
criterio técnico para cada zona, en función de la composición de la
producción y la aptitud de los suelos, procurando una adecuada
retribución a la inversión comprometida.
Para ello se establecerán límites máximos para la propiedad de la tierra.
[…] No debe perderse de vista que hay aquí -encerrado- otro objetivo
fundamental: nosotros tenemos el deber de demostrar que sigue siendo
verdadero aquello que por casi siglo y medio ha alimentado la fe
nacional”.
Como ya se dijo, esta iniciativa fue coelaborada por hombres como
Danilo Astori y Martín Buxedas, y tuvo reconocimientos específicos del
entonces presidente Tabaré Vázquez y del entonces ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, José Mujica, el 29 de setiembre de 2006, cuando,
por su instrucción, la Estación Experimental Las Brujas del Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias pasó a denominarse Wilson
Ferreira Aldunate. Mujica se refirió al caudillo blanco señalando que
“los hombres grandes no tienen divisa, son la divisa, y nadie va a negar
que pensar en la divisa blanca es pensar en Wilson, pero transcurrido
el arco de su vida, hay un capital que es colectivo y es la siembra
trascendente de las cosas que quedan como legado a la nación”. Mujica
agregó que “los hombres grandes son históricamente perdedores en el
sentido almacenero de la vida, porque siembran y añoran cosas que se
escapan de su tiempo y quedan legadas al porvenir”. Para el líder del
MPP, Ferreira “tuvo la clarividencia de la importancia del conocimiento
científico aplicado a la enorme aventura de la vida en un país
esencialmente agropecuario”. El extitular del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) dijo que “este es un homenaje a un hombre que
se fue, pero que permanece”.
Los más grandes enemigos de una adecuada producción agropecuaria, de
la tecnificación del agro, de los derechos de los pequeños propietarios y
de los trabajadores rurales fueron siempre, históricamente, los grandes
terratenientes, que se nuclean principalmente en la ARU. La ARU
acompañó el golpe de Estado de Juan María Bordaberry y ha acompañado
todos los planteamientos reaccionarios que han criticado al Frente
Amplio sin reconocerle ningún mérito, símbolo claro de que la fuerza
política está en el buen camino.
“A buen callar llaman”, entonces, señorones de la Asociación Rural.
