lunes, 12 de marzo de 2018

Sin recursos


La asociación de ex presos políticos Crysol planteará al presidente de la República, Tabaré Vázquez, la necesidad de dotar de los recursos necesarios a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, para que esta pueda cumplir con sus cometidos, así lo adelantó Gastón Grisoni a Informe Nacional.
Grisoni detalló que una delegación de Crysol se reunió con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, donde conversaron “acerca de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia le formul+p al presidente de la República, donde se abordan obviamente las temáticas reparatorias pero también habrá medidas de recomendación para un involucramiento más activo del Estado en la ayuda de la justicia para cumplir con estos cometidos que es investigar y esclarecer”.

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Más recursos

El integrante de Crysol valoró la creación de la Fiscalía Espacializada en Delitos de Lesa Humanidad, pero adelantó que próximamente van a hacerle llegar a Vázquez su planteo de que “a esta Fiscalia hay que darle los recursos económicos, humanos, logísticos, y el apoyo de todos los ministerios para que pueda ejercer y cumplir con sus cometidos, que es promover las investigaciones en un cuadro profundamente adverso y vergonzoso como es el actual mayoría de la Suprema Corte de Justicia”.
En ese sentido considero que “la doctora Elena Martínez, el doctor (Jorge) Chediak y el doctor (Eduardo) Turell juegan un papel profundamente negativo” y que “expone a Uruguay a ser condenado por las violaciones a los derechos humanos y por no cumplir con la normativa”.
También recordó que se trata de delitos cometidos desde el Estado, e hizo referencia al comunicado del Centro Militar que criticó la creación de Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad y afirmó que “los integrantes del Centro Militar son una vergüenza nacional porque están defendiendo a los peores criminales que tuvo la historia de este país”.
Finalmente aseguró que “el problema que tenemos es que la justicia no quiere cumplir con sus cometidos constitucionales porque entre otras cosas recibe la presencia de sectores del poder económico que apoyaron a la dictadura y también de quienes ensuciaron sus manos torturando a los uruguayos”.

Otra estratagema estatal para darle largas a la impunidad














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