Que se vienen arrastrando
29 Noviembre 2013
- Escrito por: Rodrigo Abelenda
- Informe de la INDDHH sobre los casos de abuso policial
La Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó al Ministerio
del Interior que publique resultados sobre denuncias e investigaciones
de abuso policial, fortalezca a la oficina de Asuntos Internos, y
enmiende “prácticas corporativas” y carencias de formación en la
Policía. La inddhh no sólo ha intervenido en los casos de pública
notoriedad, sino que investiga una docena de denuncias por malos tratos.
Para uno de sus directores, esto es una “señal de alerta”.
Infiltración policial, abusos a detenidos en las comisarías,
hostigamiento, un “gatillo fácil” en Santa Catalina, y golpizas a los
vecinos del barrio. Lo que pareció ser un conjunto de casos de desborde
policial que quedaron aislados con el correr de los meses es sin embargo
“una señal de alerta sobre una generalización de los malos tratos como
norma o conducta”, comentó a Brecha Juan Raúl Ferreira, integrante del
consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
(inddhh). Y es porque además de estos casos hay aproximadamente una
docena de denuncias por malos tratos que están en trámite ante la inddhh
que requieren una medida de fondo. Aunque hay más casos que los más
sonados a nivel mediático, la institución ha juntado los representativos
y elaboró un informe con recomendaciones, que fue presentado ayer
jueves.
El informe aborda las denuncias por “uso excesivo” de fuerza y
“malos tratos” por parte del personal policial en las marchas por los
mártires estudiantiles (del 14 de agosto) y de la conmemoración de los
sucesos del hospital Filtro (el 24 de agosto). La inddhh solicitó al
Ministerio del Interior (mi) que informe acerca de si había iniciado
investigaciones, pero la respuesta nunca llegó. Respecto de la marcha
del 14 de agosto, la inddhh no logró resultados en sus investigaciones
como para pronunciarse sobre si hubo uso abusivo de la fuerza por parte
del personal policial actuante. Pero con respecto a los malos tratos a
los que fueron sometidos algunos detenidos del 24 de agosto se señala
que la falta de respuesta por parte del ministerio “no logra disipar las
dudas razonables respecto a que, luego de haber sido detenidas, estas
personas fueron sometidas a tratos degradantes en dependencias de la
Jefatura de Policía de Montevideo”.
La investigación de la
institución también llegó a conclusiones sobre las denuncias de un joven
de Santa Catalina –que pidió reserva respecto de su identidad– agredido
al ser detenido y también posteriormente en la Seccional 10. El hecho
es anterior a la muerte de Sergio Lemos. El 6 de setiembre la inddhh
pidió información a la Dirección de Asuntos Internos del mi, pero
estando en curso esa investigación, el ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, reconoció a la prensa que esas intervenciones policiales eran
ilegales. A partir de este reconocimiento, la inddhh dispuso no
continuar las investigaciones, al admitirse, por parte del Estado, la
veracidad de la denuncia.
El informe también aborda el caso de la
muerte de Lemos, ocurrida hace dos semanas en Santa Catalina a manos de
un agente de la Guardia Republicana. En este caso la inddhh también
reconoció las actuaciones del mi: el pedido público de disculpas, el
aporte de pruebas a la justicia, y los siete sumarios instruidos
conformaron a la inddhh. El cuarto y último caso analizado en el informe
es la denuncia presentada por una joven que fue golpeada fuera del
centro de salud en donde Lemos estaba siendo atendido. La denunciante,
asesorada por el Ielsur, fue acompañada por la institución a realizar la
denuncia penal. En este caso, el informe se limita a señalar que la
investigación judicial sigue en curso y el ministerio continúa sus
pesquisas internas.
EQUILIBRADO. El informe no cuestiona el desempeño del mi en estos
casos. Salvo en lo relativo a la información solicitada sobre las
marchas infiltradas “el ministerio nunca nos ha dificultado la
investigación”, apuntó Ferreira. En ese caso la información no fue
entregada porque fue solicitada ante Asuntos Internos y no ante la
Dirección General de Secretaría del mi, que es el nexo entre la cartera y
la institución, sostienen en el ministerio. “Es correcto que se debe
corregir ese mecanismo de consulta, pero eso no quiere decir que la
autoridad quede eximida de contestar”, opinó, en cambio, Ferreira.
“Hay
que mantener el equilibrio y agradecer que se pidió perdón, para que
este informe de la institución no parezca una movida política en contra,
pero hay situaciones de desborde que implican una crítica muy fuerte”,
sostiene Ferreira. De acuerdo al informe, “en el actual estado de
consolidación del Estado de derecho en el país, para la inddhh es
inaceptable que se reiteren situaciones de maltrato o trato degradante”
en dependencias públicas.
Así, se reconoce que las disculpas no son
suficientes y que se debe ahondar en otras líneas en las que ya trabaja
el ministerio. La inddhh entiende que los hechos se produjeron por
“carencias de formación y prácticas corporativas en la Policía que el
sistema político en su conjunto no ha sido capaz de erradicar”. Para
ello se debe ahondar en la formación de la Policía y la especialización
en el uso de armas de fuego, y revisar la doctrina institucional de esa
institución. Esto ya está encaminado con el nuevo proyecto de ley
orgánica que está a estudio del Parlamento. El informe también reconoce
que las actividades de inteligencia son “esenciales” en la prevención
del delito, pero recomienda que estén claramente reglamentadas y
sometidas a controles parlamentarios, lo que también está previsto en un
proyecto de ley de inteligencia del Estado a estudio de una comisión
bicameral (que seguramente será aprobado el año que viene).
El
informe concluye asimismo que se debe seguir fortaleciendo a la
Dirección de Asuntos Internos, que ya cuenta con más personal desde la
última rendición de cuentas, y se debe revisar el trato a las personas
en las dependencias del mi. Entre las recomendaciones más novedosas, la
inddhh pide al ministerio “que publique proactivamente información sobre
denuncias y los resultados de investigaciones policiales”. En setiembre
del año pasado el mi declaró que la información de la Dirección de
Asuntos Internos es reservada. Por último, se sugiere mejorar la
coordinación entre la Policía Técnica y el Instituto Técnico Forense del
Poder Judicial, dado que a raíz del asesinato de Sergio Lemos se
verificaron “malas prácticas” en torno al cumplimiento de protocolos
para preservar la escena del crimen.
La inddhh cuenta con exiguo
personal para realizar investigaciones. En total son diez los
funcionarios –en pase en comisión– que allí trabajan. Próximamente se
llamará por concurso a siete profesionales más, que sí serán los
primeros funcionarios genuinos de la institución. El primer año la
institución funcionó en un despacho del Parlamento cedido por la
presidenta del fa, Mónica Xavier. Ahora opera en una oficina alquilada
sobre la calle Juncal. El año próximo comenzarán las reformas de la ex
sede del Servicio de Información de Defensa, con una partida de 1,2
millones de dólares habilitada por la Agencia Nacional de Vivienda. La
institución pretende que esa sea su casa definitiva pero aún no se sabe
si los fondos para refaccionarla son suficientes, admitió Ferreira.
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Jueves 28 de noviembre de 2013
DD.HH
Instituto de DD.HH considera “inaceptables” desbordes institucionales como los de Santa Catalina
El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los episodios de “violencia institucional e interpersonal ocurridos en Uruguay”, y asegura que en el actual estado de evolución institucional del país, donde se ha consolidado el estado de Derecho, es inaceptable que se reiteren situaciones tales como los episodios del barrio Santa Catalina, o el uso excesivo de la fuerza en las marchas ciudadanas.
El INDDHH destaca la “cooperación del Ministerio del Interior y de la Policía en la investigación
L
a Institución Nacional de Derechos Humanos presentó
este jueves un pormenorizado informe sobre la actuación policial en
Santa Catalina y en diversas marchas ciudadanas.
En el estudio se analizó la actuación del Ministerio del Interior en
las marchas del: 14 de agosto (día de los mártires estudiantiles), y 24
de agosto (en conmemoración de los sucesos del Hospital Filtro en 1994).
Asimismo indagó otros hechos de violencia, como el operativo en Santa Catalina que derivó en la muerte del joven Sergio Lemos.
Con respecto a la marcha del día de los mártires estudiantiles,
la institución remitió un oficio al Ministerio del Interior, que luego amplió con los hechos ocurridos en la marcha del 24 de agosto. Pero, asegura que
ninguno de ellos fue respondido.
“La falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior no logra
disipar las dudas razonables respecto a que, luego de haber sido
detenidas,
estas personas fueron sometidas a tratos degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo”, expresa el Instituto de DD.HH.
Por otro lado, el organismo analizó los hechos que derivaron en la
muerte del joven inocente, Sergio Lemos, el pasado 5 de noviembre, en el
marco de un operativo policial en Santa Catalina.
En cuanto a este suceso
la institución remarca como un hecho positivo la “cooperación del Ministerio del Interior y de la Policía en la investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Lemos”.
También destaca que aportaron “elementos probatorios que permitieron a
la Justicia contar con elementos para tomar una resolución sobre el
caso”.
En el marco de dicho episodio en Santa Catalina, la institución
analizó una denuncia que presentó la joven Lorena Fagúndez, por “un
golpiza recibida, cuando intentó conocer las circunstancias de la muerte
de su amigo, Sergio Lemos”.
La institución también analizó dos denuncias de “
malos tratos por parte de la policía” en Santa Catalina.
Una de ellas ocurrió el 3 de setiembre contra un joven que fue detenido
y trasladado a la seccional 19, en la que el propio Ministerio
“reconoció irregularidades en el procedimiento”.
Conclusiones
El Instituto de DD.HH plantea una serie de conclusiones, a partir de los hechos denunciados e investigados.
Destaca especialmente la actitud del Estado uruguayo, a través del
Ministerio del Interior, de “reconocer públicamente, e incluso realizar
un pedido de disculpas a toda la sociedad, por intervenciones policiales
que, a su juicio,
han vulnerado derechos humanos de personas sujetas a protección estatal en diferentes procedimientos policiales”.
“Este tipo de reconocimiento no es común en la historia del país ni en nuestra región, lo que constituye
un
paso adelante en la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su
responsabilidad en la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos de toda la población”, resalta la institución, aunque aclara que ello “no es suficiente”.
A la vez, expresa que “en el actual estado de evolución institucional
del país, donde se ha consolidado el estado de Derecho, es
inaceptable que se reiteren situaciones como las que se analizan en este informe”.
En el estudio también se aclara que la institución “no considera que
la Policía sea una fuerza policial de ‘gatillo fácil’, dado que para
ello fuera así debería darse tres elementos: tratarse de una práctica
institucional que tolera la comisión de violaciones masivas y
sistemáticas al derecho a la vida de parte de la población, que cuente
con la aprobación de las autoridades y que esté consolidada la impunidad
de los responsables”.
También se expresa en el informe que los “hechos de violencia institucional no pueden desvincularse del
clima general de violencia e intolerancia que se ha incorporado a la rutina diaria de gran parte de la sociedad uruguaya”.
En tal sentido, enumera como preocupante “la aceptación de todo tipo
de violencia, el desprecio a los medios pacíficos para la resolución de
conflictos, la falta de respeto por la vida humana y la integridad de
las personas”.
Recomendaciones
Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, presenta en su informe una serie de recomendaciones.
Con respecto al uso legítimo de la fuerza, señala que el Estado
democrático es el depositario de la fuerza legítima, sin embargo,
fuerza no equivale a violencia.
En ese marco, considera que el Estado tiene el “debe de prevenir ese
tipo de situaciones, y, cuando ello no es posible, investigar; poner a
los responsables a disposición de la Justicia y reparar íntegramente a
las víctimas”.
Por otro lado expresa que es
“inaceptable que se reiteren
situaciones de mal trato o trato degradante respecto a determinadas
personas en cualquier dependencia pública y en particular en las
dependencias policiales”.
“Una amenaza, un pequeño golpe, un insulto, pueden abrir las puertas a
hechos de mayor gravedad, donde los tratos inhumanos o crueles y la
misma tortura pueden estar demasiado cerca”, advierte el Instituto de
DD.HH.
En tal sentido expresa que “una policía moderna profesional y democrática debe actuar de forma tal que,
cuando una persona está bajo custodia, debe ser tratada con respeto a su dignidad, sin importar la gravedad de la falta o el delito que pueda o no haber cometido”.
También menciona que es necesario que “el Ministerio del Interior
implemente las medidas necesarias para la incorporación de nuevos
métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y
de las armas de fuego para todo el personal que cumple funciones
ejecutivas en la Institución Policial, así como para la evaluación
periódica desde el punto de vista teórico y, especialmente, práctico”.
La institución pide revisar “el marco doctrinario policial,
estableciendo
claramente como finalidad institucional el respeto de la vida humana en
cualquier circunstancia; el rechazo a la llamada ‘obediencia debida’
frente a ordenes ilegales; y la excepcionalidad del uso de la fuerza y
las armas de fuego como principios fundantes de la Institución”.
También remarca la necesidad de “contar con medios de prueba
eficientes, no ‘contaminados’ y, en consecuencia, judicialmente válidos
para determinar responsabilidades penales, es esencial para una adecuada
administración de justicia”.
Al respecto recomienda una “mayor coordinación entre la Dirección
Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior y el Instituto
Técnico Forense del Poder Judicial, con el objetivo de extremar medidas
para preservar la escena del hecho y los medios de prueba que puedan ser
hábiles para fundamentar resoluciones judiciales que imputen o no
responsabilidad a una persona en la comisión de un delito”.
Por otro lado, la Institución de DD.HH la reconoce a Inteligencia
como actividad “esencial para la prevención de actos violentos o
delictivos”, de todas maneras aclara que es necesario una “legislación
adecuada para que esta actividad no afecte los derechos humanos de la
población”.
En tal sentido recomienda que la actividad de inteligencia de las
agencias estatales “esté claramente reglamentada y sometida a controles
regulares, en especial por comisiones especiales del Parlamento, a los
efectos de que una actividad esencial para la operativa policial, se
desarrolle dentro de los límites que establece el Estado de Derecho y
los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”.
Entierro de Sergio Lemos asesinado por la policía
.
Política 29.11.13
Arrancar el problema de raíz
Institución de Derechos Humanos recomendó mejorar formación y reforzar controles para “erradicar” malos tratos policiales.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)
presentó ayer un informe sobre “casos de violencia institucional e
interpersonal verificados”. Se refirió a las denuncias de maltratos
policiales luego de las marchas del 14 de agosto (Día de los Mártires
Estudiantiles) y 24 de agosto (aniversario de los hechos del hospital
Filtro) y a los abusos policiales en el barrio montevideano de Santa
Catalina. En algunos de estos casos actuó de oficio, y en otros en base a
denuncias de las víctimas o de organizaciones.
En un informe con
varias referencias a recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la INDDHH comenzó valorando positivamente la actitud
del Ministerio del Interior (MI) por “reconocer públicamente” y pedir
“disculpas a toda la sociedad” por intervenciones policiales que, a
juicio de la cartera, “han vulnerado derechos humanos de personas
sujetas a protección estatal”. “Este tipo de reconocimiento no es común
en la historia del país ni en nuestra región, lo que constituye un paso
adelante en la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su
responsabilidad en la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos ”, destaca la INDDHH.
No obstante, alerta que esto “no es
suficiente”.
En el caso de la manifestación del 14 de agosto, la
INDDHH “no logró resultados en sus investigaciones” como para
pronunciarse sobre si la Policía hizo un “uso abusivo de la fuerza”,
consigna el informe. Distinto es el caso de la manifestación del 24 de
agosto, en el que hubo denuncias de abusos y “la falta de respuesta por
parte del MI” no logró “disipar las dudas razonables respecto a que,
luego de haber sido detenidas, estas personas fueron sometidas a tratos
degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo”. La
INDDHH recuerda que en materia de derechos humanos se entiende que
“existiendo una duda razonable, debe decidirse en favor de la parte más
débil en la relación”. “El Estado tenía la capacidad, a partir de una
investigación conforme a Derecho, de demostrar que la versión de los
denunciantes no era correcta, cosa que no hizo, a pesar de las
reiteradas solicitudes de la INDDHH”, señala.
En el caso de los
malos tratos y del asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina, se
destacó la actitud del MI de instruir una investigación y aportar
elementos probatorios a la Justicia. La INDDHH niega que la Policía
nacional sea “de gatillo fácil”, ya que para eso debería haber una
aprobación implícita o explícita de las autoridades y “la consolidación
de la impunidad de los responsables”, hechos que hoy no se constatan,
según la institución. Atribuye lo sucedido, en cambio, a “carencias en
la formación y capacitación de algunos funcionarios policiales, así como
a viejas prácticas corporativas, que se vienen arrastrando desde hace
décadas y que, a la fecha, el sistema político en su conjunto no ha sido
capaz de erradicar”.
Por hacer
Recomienda que el MI
“incorpore nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el
uso de la fuerza y de las armas de fuego”, así como “revisar el marco
doctrinario policial, estableciendo claramente como finalidad
institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia”.
“Los malos tratos en dependencias policiales deben ser erradicados, no
solamente porque constituyen hechos delictivos y graves faltas
disciplinarias, sino porque también lesionan seriamente la confianza
entre la Policía y las personas, y degradan la imprescindible función
que la fuerza pública desempeña en una sociedad democrática”, sostiene
la INDDHH.
El organismo también considera necesario fortalecer la
Dirección de Asuntos Internos con recursos para investigar este tipo de
hechos, y mantener “informadas a las víctimas y a los familiares sobre
el resultado de las investigaciones”.
En cuanto a las denuncias de
que la Policía “infiltró” las marchas del 14 y 24 de agosto, la INDDHH
señala que “es imposible que la Policía desarrolle su rol preventivo sin
contar con la información pertinente y oportuna”. No obstante, acota
que esta actividad tiene que tener “una adecuada regulación de su
ejercicio y fuertes mecanismos de control para evitar posibles excesos o
ilegalidades”. En ese sentido, recomienda reglamentar “claramente” la
actividad de inteligencia y someterla a controles regulares por parte
del Parlamento.
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Los gráficos de "Saracho"
