lunes, 30 de enero de 2023

Muertos todos los días




AQUELLOS POLVOS TRAJERON ESTAS MUERTES


Entre Rosario y Sinaloa

 Caras & Caretas
28 ene 2023
Por Carlos Peláez

Cadáveres descuartizados y quemados; un promedio de dos asesinatos diarios, son parte de la cotidiana información policial. Desde el principio de su gestión el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reafirmó su decisión de ir a la guerra contra los narcotraficantes.
 

 

Hace pocos días el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, expresó su preocupación porque “empezaron a encontrar metralletas en las bocas de drogas”. La escalada de violencia atroz tiene un correlato en la persecución contra las “bocas”. Lo reconoció el propio Heber. Pero esa posición desconoce una realidad. Hoy el que opera una boca de drogas puede llegar a ganar unos 200.000 pesos al mes. ¿En qué empleo legítimo lo lograría? Pero además, las bocas se reproducen inmediatamente. Y hoy los distribuidores van más adelante que la policía. Ahora montan pequeños negocios como pizzerías con delivery; pequeños almacenes o kiosquitos con lo que logran dos objetivos: 1) no tienen que esconderse y 2) pueden justificar legalmente sus ingresos. Gustavo Leal relató que Mónica Sosa, líder de los Chingas, tenía un lavadero con cuatro máquinas que funcionaban todo el día, claro que lavando siempre la misma ropa. No vivía de eso, pero era su tapadera para justificar ingresos. En el interior, donde la gente se conoce más, es común encontrar autos o motos de alta gama frente a ranchitos o incluso en asentamientos. La gente sabe quién vende y dónde, pero no puede denunciarlos porque no tienen garantías sobre su seguridad. En lugares muy pobres, los narcos son la “salvación” de mucha gente, porque les dan plata para comer cada día o pagar sus facturas.También “colaboran” con la comunidad, con la escuela de la zona o el club del barrio. Lo aprendieron de Pablo Escobar. Porque también ven las series.

Un consumo que crece

La historia muestra que desde sus orígenes los humanos consumieron drogas. Pero comenzaron a difundirse en el siglo XIX principalmente en Europa, sobre todo en Inglaterra por el arribo del opio desde la India y en Francia por el hachís que llegaba desde sus colonias africanas. La Compañía británica de las Indias Orientales empezó a vender opio en China. Cuando las autoridades de este país intentaron terminar con el negocio estalló la denominada “Guerra del Opio”. Como el Estado británico acumuló enormes riquezas con ese comercio, los traficantes contaban con muchísimas facilidades y apoyo otorgado por el gobierno. La aristocracia inglesa, enriquecida con el tráfico, difundió la idea de que su consumo en cantidades moderadas no generaba daño a la salud, por el contrario, ayudaba a sobrellevar los sufrimientos de la vida cotidiana. Como se le consideraba menos nociva que el alcohol, no tenía aranceles altos por lo que era muy accesible para la población, ya que su consumo, además, era legal. A finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a consumir cocaína de venta libre en Estados Unidos desde 1885 y heroína que se vendía en Alemania desde 1898. La cocaína se usaba como una sustancia estimulante y energética, mientras la heroína fue presentada por el fabricante, la empresa Bayer AG, como un analgésico y sedante. Paralelamente fueron apareciendo nuevos tipos de drogas, esta vez sintéticas: la mezcalina, las anfetaminas y el LSD. Las anfetaminas se usaron ampliamente en las Fuerzas Armadas de los países participantes de la Segunda Guerra Mundial para estimular a los pilotos y a los efectivos de las tropas de misiones especiales. Con esta finalidad, las anfetaminas se siguieron usando hasta los años 70 del siglo XX. Fue a partir de mediados de 1900 cuando el tráfico de drogas se convirtió en una industria ilegal cuya red alcanzó a todo el mundo. La plantación de la adormidera del opio, la producción de heroína, su transporte y su venta al consumidor estaban repartidas entre las agrupaciones criminales más poderosas, empezando por las riadas asiáticas y acabando por la mafia italiana. Aparte de los capos del mundo criminal, estaban muy interesados en el narcotráfico los jefes de los servicios secretos, porque los ingresos de la venta de este producto ilegal les permitía financiar sus operaciones ilegales. Con dinero del narcotráfico la CIA financió a los “contras” nicaragüenses a fines de los 70. Con el dinero de la heroína se financió la entrega de armas estadounidenses a los mojahedines afganos en la primera etapa de la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán desde 1979 hasta 1989. Después de la retirada de las tropas rusas, Afganistán le arrebató al “Triángulo de oro” ((Myanmar, Laos y Tailandia) su primacía como la plantación de opio más grande del mundo. En la actualidad,del opio afgano se extrae el 90% de la heroína que se consume en todo el mundo (Historia del Narcotráfico-Rotativo Digital. México). Tres mil años antes de Cristo, los incas peruanos mascaban hojas de coca para contrarrestar los efectos de la altura en la montaña. En el siglo XVI los españoles invasores la llevaron a Europa. La cocaína fue extraída de las hojas de coca por primera vez en 1859 por el químico alemán Albert Niemann. Recién en 1880 empezó a hacerse popular en la comunidad médica.

En 1886 la droga logró mayor popularidad en EEUU cuando John Pemberton incluyó las hojas de coca como ingrediente en su nuevo refresco: la Coca-Cola. Los efectos eufóricos y vigorizantes sobre el consumidor ayudaron a elevar la popularidad de la bebida a comienzos de siglo. En esa época la droga llegó a ser muy popular en la industria del cine mudo y los mensajes a favor de la cocaína que salían de Hollywood influyeron a millones de personas. En la década de los 70, la cocaína surgió como la nueva droga de moda para los artistas y hombres de negocios. Parecía la compañera perfecta para un viaje por el carril de alta velocidad. Suministraba “energía” y ayudaba a la gente a permanecer “alerta”. En algunas universidades norteamericanas, el porcentaje de estudiantes que habían experimentado con cocaína se incrementó diez veces entre 1970 y 1980. A finales de 1970, los traficantes de drogas colombianos empezaron a establecer una elaborada red de producción y contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos. Y luego de la caída de Pablo Escobar, los cárteles mexicanos se adueñaron del tráfico. En los años 70 el consumo de marihuana y cocaína en Uruguay estaba circunscripto a pequeños sectores. Las consumían algunos artistas y sobre todo gente de muchos recursos económicos, porque su precio no era accesible. Fue después de la dictadura cuando el tráfico comenzó a desarrollarse, aunque lejos estaba de tener las características que vemos hoy. Tampoco era tan fácil conseguirla en la calle. Con la crisis de 2002, la pasta base se instaló en el mercado local y no ha cesado de crecer desde entonces. También creció considerablemente el consumo de cocaína. Algunos informes ponen a Uruguay como el primer consumidor per cápita de América Latina. Pero hay investigadores que ponen en duda esa posición aunque reconocen que “se consume muchísimo”. Los últimos informes de inteligencia policial ponen el alerta sobre la instalación de laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas. Varios han sido desbaratados, pero las autoridades señalan que, como son de difícil ubicación, no se sabe cuántos estarían en actividad. En los últimos tiempos, además, han ingresado al submundo de las drogas empresarios o personas de sectores acomodados con problemas financieros que tienen la esperanza de resolver sus problemas ganando mucho dinero con un “pasamanos”. Los casos de Martín Mutio o del empresario sojero de Soriano, Gastón Murialdo, son los más recordados. Entre los dos manejaron 10 toneladas de cocaína. Mientras tanto las familias se complican con el consumo problemático de alguno de sus miembros y las cárceles se llenan de presos en su mayoría jóvenes pobres y cada vez más mujeres.

Más cerca de Rosario que de Sinaloa

En junio de 1998 el matutino argentino Clarín publicó una entrevista al general Charles Wilhelm, entonces Jefe del Comando Sur de los EEUU. El jefe militar sostuvo que “a consecuencia de la Operación Colombia, los narcos podrían mudarse al Cono Sur”. Pero esa estúpida guerra solo logró que el negocio cambiara de manos. Ahora los narcotraficantes grandes eran grupos paramilitares o sectores de la guerrilla que se financiaban así. Las plantaciones de coca crecieron. Después de la muerte de Pablo Escobar el negocio se trasladó a México donde ya operaban algunos cárteles. Si bien la tasa criminal era importante, la tragedia de esa nación comenzó el 10 de diciembre de 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón ordenó el comienzo de la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces algo más de 400.000 personas han sido asesinadas, hay unos 109.000 desaparecidos, 100.000 efectivos de la Guardia Nacional y la Marina combaten contra los cada vez más numerosos cárteles. La policía fue desplazada igual que el ejército porque los narcos los habían corrompido y penetrado. Por ahora es la marina quien tiene a cargo las principales operaciones en tierra. Crecieron el tráfico de personas, el tráfico de armas y el contrabando. La corrupción política fue infame. Tanto que hoy se está juzgando en EEUU a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad (algo así como el FBI mexicano), por haber recibido millones de dólares de los cárteles. Pero no es el único. Hoy se produce cocaína en grandes cantidades en Perú, Ecuador y Bolivia. Dos organizaciones criminales brasileñas se disputan el territorio al Sur: el Primer Comando de la Capital (PCC) y Os Manos. Tienen una estrategia definida para ir apropiándose de territorios desde donde puedan no solo abastecer los mercados internos, sino principalmente la “exportación” hacia Europa y Asia. Informes de Inteligencia argentina revelan que estas organizaciones tienen un plan para, desde Rosario, apropiarse de la ciudad de Buenos Aires. Y para ese objetivo han establecido alianzas. De Uruguay buscan su puerto y partes del territorio donde aterrizar pequeñas aeronaves. Las autoridades deberían prestar mucho más atención a lo que está ocurriendo en Rosario, provincia de Santa Fe, porque nuestro país se parece mucho. En el año 2017 Hernán Lascano y Germán de los Santos, dos prestigiosos periodistas de esa ciudad, publicaron el libro “Los Monos, la historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno". El trabajo es una radiografía a fondo de los Cantero, una familia que se adueñó de una parte de la zona sur rosarina comercializando al por menor estupefacientes en la segunda ciudad del país. Lascano explicó que “en Rosario estaban pasando fenómenos muy complejos que yo creo que a todos los sectores -no solamente al sistema político sino también al mundo empresarial, al sistema penal-, se les escaparon. Que era una situación que tiene dos vertientes: una pauperización muy fuerte en determinados sectores de la ciudad, grandes, por ejemplo donde imperaron Los Monos, y al mismo tiempo una transformación que empezó hacia el año 2000 de la forma de producir y comercializar estupefacientes, básicamente la cocaína. En ese cóctel es que surge este grupo”.

Agregó que “cuando hablamos de la banda de Los Monos tenemos que hablar en el fondo de una banda narco-policial, porque la mitad de los procesados son efectivos de la fuerza de seguridad. Sin la policía Los Monos no podrían haber existido. La policía era la que le aportaba información muy fina que les servía a ellos para la logística. Información sobre otras fuerzas de seguridad federales, por ejemplo, que merodeaban Rosario y estaban investigando al narcotráfico. Les señalaban qué búnker desactivar porque iba a ser allanado. Y esa información por la escasa sofisticación que tenía la banda de Los Monos no la podrían haber tenido sin la ayuda policial”. Los Monos en los hechos no son un cártel, sino una organización de microrredes narcos que solo venden, no producen. La droga llega de afuera. Y de ahí la importancia de su asociación con el PCC, que le provee droga e infraestructura. Igual que en Uruguay donde tampoco hay un cártel, sino microrredes dirigidas por familias o delincuentes expertos, aún desde la cárcel. Acá no se produce ni cocaína ni pasta base, llega desde afuera, principalmente de Paraguay adonde es trasladada desde Bolivia. Hubo un tiempo en que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, encabezada por el inspector Nelson Rodríguez Rienzo y la Brigada Antidrogas a cargo del comisario Ricardo De León, eran centros de corrupción, tal como se reveló con la investigación realizada por el juez penal Homero da Costa sobre el narcotraficante Omar Clavijo. Fue el inspector principal Roberto Rivero, quien cuando asumió al frente de la Dgrtid, investigó y desplazó a ambos oficiales. De su mano llegaron los inspectores Julio Guarteche y Mario Layera. Rivero elaboró una nueva estrategia que pasaba por evitar el ingreso de grandes cantidades y combatir el lavado de dinero. Con él comenzaron las grandes incautaciones. Pero en medio se encontró con la corrupción política. Investigando las actividades del Cártel de Juárez en Punta del Este, en el año 2000 descubrió que el periodista Danilo Arbilla había vendido una casa a testaferros de Amado Carrillo Fuentes. El periodista era vendedor de buena fe, no sabía a quién vendía. En cambio su escribano sí. Pero para intentar evitar un escándalo público, Arbilla -entonces director de Búsqueda- usó todo su poder y logró que el vicepresidente Luis Hierro López y el ministro del Interior Guillermo Stirling destituyeran a Rivero que entonces era director nacional de Policía. Nunca más se investigó nada sobre el cártel y la policía perdió a uno de sus mejores hombres. Todos en este país saben que hay policías que colaboran con los narcos. Lo saben los policías honestos, que son la mayoría, pero no pueden enfrentar “el muro azul”. El caso del comisario Fernando Pereira, tercero en jerarquía de la Jefatura de Maldonado, actualmente preso por varios delitos, es ilustrativo. Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos, con muchos muertos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario. Desde que Pereira está preso los asesinatos narcos en San Carlos pararon mágicamente.

¿Dónde va a parar el dinero narco?

La guerra contra las drogas está perdida antes de empezar. Lo aseguran las policías más profesionales del mundo. Heber insiste con su planteo y las calles de Montevideo, con su reguero de cadáveres trozados en pedazos o la muerte de inocentes, muestran que nos lleva hacia el abismo. La droga es un negocio que genera mucho dinero a diferentes niveles. Un proveedor de varias bocas, digamos 10, puede ganar algo más de 10.000 dólares por mes. Hay alguien o algunos que están financiando los grandes cargamentos. Hay otros que les hacen sociedades para esconder ese dinero. El gobierno a través de la LUC elevó a 120.000 dólares el máximo que se puede gastar sin justificar. Digamos, se puede comprar un departamento sin tener que explicar de dónde salió el dinero. Esa es una debilidad importante en la lucha contra el narco. Porque al final lo que más les interesa es el dinero. ¿Dónde van a parar todos los objetos que, robados generalmente, entregan en la boca los consumidores a cambio de su dosis? ¿Quiénes son los reducidores? ¿Cómo los colocan estos? Tal vez nuestros lectores ensayen respuestas como las ferias, por ejemplo. Pero eso solo no alcanza para mover un mercado enorme de objetos. Porque mientras el talante de las autoridades sea solo comparar números con el pasado, la tragedia golpeará nuestra puerta todos los días. Sobre todo la puerta de los barrios más pobres. Porque en Carrasco se consumen drogas pero no se serruchan cadáveres.


 

 

En el barrio Peñarol ganó el método mexicano
Publicado el 23 de enero de 2023 La Diaria
Escribe Gustavo Leal 

En el barrio Peñarol se vive un infierno. Ocurrieron 17 homicidios en diez meses. Una nueva banda criminal tomó el control del barrio y desbancó al clan de la familia Segales descuartizando y quemando rivales.

La realidad es muy diferente del relato autocomplaciente y triunfalista del gobierno, que asegura que se ha desarticulado una banda criminal de las cinco que operan en la zona.

En los últimos días, el clan de la familia Segales, relacionado con el narcotráfico en el barrio, quedó duramente golpeado en su estructura porque otra banda criminal se impuso con un método feroz: secuestrando, torturando, quemando, asesinando y enterrando gente para desaparecerla. En el barrio con más homicidios del país se presume incluso que hay más cuerpos enterrados de personas que desaparecieron y que aún no se han encontrado.

Atribuirse el éxito de una banda criminal que desplaza a otra como mérito propio de la política de seguridad es irrisorio, además de irresponsable. La banda fue sustituida por otra aún peor que hoy se consolidó. Pero en la persistente construcción del relato, el gobierno se esfuerza en atribuirse lo que insólitamente considera un logro.

Los investigadores policiales tienen claro el escenario, pero no pueden evitar que las ansias de protagonismo político de las autoridades presenten un panorama de situación bajo control. Son conscientes de la gravedad de lo que sucede y observan en silencio, sin poder contradecir en público el relato. Sienten hasta vergüenza ajena por la liviandad con la que se abordan problemas complejos.

En el barrio Peñarol operan varios grupos vinculados a la distribución de drogas con vínculos hacia otras actividades delictivas. Hasta hace un tiempo, la familia Segales mantenía el liderazgo, pero en una confrontación de diez meses fue desplazada por La Tita, una mujer que implementó en forma minuciosa el modelo mexicano de control territorial. En menos de un año, se convirtió en la patrona del vecindario.

La caída del clan Segales

La banda de los Segales estaba constituida por Walter Segales, padre de cinco hijos a los que se sumaban algunos otros parientes, además de personas del barrio. No era un grupo numeroso, pero mantenían en la zona al menos cuatro bocas de drogas. En noviembre de 2021, Walter Segales fue encontrado muerto en su casa como consecuencia de un paro cardíaco. Su caso fue caratulado por la Policía como “fallecimiento sin asistencia”. En ese momento estaba en condición de emplazado por la Fiscalía, ya que debía de responder en el marco de una investigación de tráfico de drogas en la que una de las evidencias era lo encontrado días antes en un allanamiento en su propia casa.

El equilibrio en la ecuación de fuerzas se alteró a partir de esa muerte. La banda de la familia Vallejo, otro de los cinco grupos que se disputan la zona, resolvió destronar a la banda de los Segales. Pero en la dinámica de ganadores y perdedores que produce un enfrentamiento abierto le allanaron el paso a otro grupo que, a fuerza de la violencia inusitada y el terror, se hizo más fuerte y dio el jaque mate.

En los primeros días de enero de 2022, en plena tarde veraniega y desde un auto, integrantes del clan Vallejo dispararon más de 20 veces hacia la casa de la familia Segales, matando a uno de los cinco hijos, de 32 años, e hiriendo a otro, de 26 años de edad. Desde esa fecha hasta mayo hubo nueve homicidios en la zona, cifra que se duplicó entre julio y noviembre. Las muertes siguieron y comenzaron a aparecer cuerpos calcinados y desmembrados en las calles del barrio. A partir de ahí, la situación empeoró aún más.

Mauro Segales, uno de los hijos de Walter, tomó el mando al morir su padre. Los vacíos de poder se olfatean en las estructuras criminales. Sabedor de que la ausencia de su progenitor podía interpretarse como debilidad de la banda, resolvió atacar. Junto a uno de sus lugartenientes, apodado El Keto, en la antesala de la Noche de la Nostalgia, robaron la droga que distribuían tres vendedores de La Tita. Ella había decidido abrir una fuerte competencia en un escenario de alta movilidad y de muchas oportunidades.

Es así que, en la noche del 23 de agosto, además de rapiñarles la droga a los distribuidores, asesinaron a cada uno de ellos con un disparo en la cabeza. El triple homicidio se produjo en un baldío en camino Edison y Watt. En la madrugada tiraron en los pastizales los cuerpos de un hombre de 49 años, otro de 44 años y una mujer de 49 años.

Jessica Paola Silva Montero, de 27 años de edad, alias Beba, fue testigo casual de aquella masacre. Ella era una consumidora de drogas y estando en las cercanías del baldío presenció la ejecución. Inmediatamente después de observar lo sucedido fue a la casa de La Tita para entregarle información y conseguir a cambio un pago en sustancias por el dato tan relevante que aportó. La Tita se enfureció y, en represalia, mandó matar a El Keto. Pero ese atentado no fue exitoso: las balas le rozaron la cara, pero no lograron el objetivo. Eso sí, los disparos le dejaron la marca de “cara cortada” en ambos pómulos.

Cuando hay acción, hay reacción. La consecuencia del fallido atentado a El Keto fue que este y Mauro Segales secuestraron a Beba. La noche del 29 de octubre, la subieron a un auto y la llevaron por la fuerza a la casa de Claudia Gisele Viana Caramez (hermana de El Keto), quien prestó su hogar en pleno barrio Peñarol para que fuera sala de tortura y calvario. En su presencia, la golpearon y la interrogaron hasta matarla. En el ínterin le sacaron fotos y la filmaron para enviar esas imágenes a parientes y allegados como forma de señal mafiosa. Luego la descuartizaron en el living con un serrucho y pusieron partes de su cuerpo en cuatro bolsas de nailon negras. Ambos asesinos le indicaron a la dueña de casa que ella debía descartarse del cuerpo, tirando en diferentes lugares las bolsas que contenían las partes del cuerpo desmembrado. La escena de sangre en las paredes y pisos de la morada era dantesca, pero la mujer salió a dispersar por el barrio, a manera de señal mafiosa, las partes del cadáver. Luego de ubicar los restos del occiso en diferentes lugares, retornó a su casa para baldear el living y tratar de limpiar todas las manchas de sangre que habían quedado. Terminó su tarea cuando ya había amanecido.

Dejó una de esas bolsas en una boca tormenta en la esquina de Edison y Marconi. Los vecinos denunciaron que veían “un paquete y una bolsa” en una alcantarilla y que se registraba un fuerte olor a putrefacción. Se constató, al llegar la Policía Científica, que en esa bolsa había partes del cuerpo de una mujer en estado de descomposición.

Horas después, asustada por la situación, la mujer que tiró los restos se presentó a la seccional, acompañada por su madre, para entregarse y al mismo tiempo denunciar en la Policía a su hermano, El Keto, y a Mauro Segales. Este último fue detenido y actualmente cumple prisión preventiva. El Keto logró escapar de la Policía.

El ascenso de La Tita

Pero la historia de muerte y venganza continúa. Un joven de 24 años apodado Brasil había sido pareja de Beba, con quien tenía un hijo de dos años. Tanto Brasil como Beba eran consumidores de drogas y clientes recurrentes de una de las bocas que regentea La Tita. Al enterarse del descuartizamiento de la madre de su hijo, Brasil juró venganza y se puso a la orden de la jefa emergente para hacer justicia. Hace unas semanas, Keto y su hermano Pachi seguían siendo buscados por la Policía, pero fueron emboscados por los lugartenientes de La Tita, quienes le dieron a Brasil un papel protagónico en la venganza. El golpe contra los hermanos Viana Caramez fue una señal contundente del nuevo poder ascendente. Luego de asesinarlos con dos tiros a cada uno, varios consumidores que estaban en la boca participaron en el enterramiento de los cuerpos, en un ritual macabro previo a esparcirles cal. El Keto fue enterrado, pero el codo quedó a la vista, mientras que a Pachi lo tiraron en una zona de cañaverales de muy difícil acceso, cerca de un arroyo.

Luego del doble homicidio, Brasil y su nueva pareja se fueron a Artigas, de donde es oriundo. Ahí le confesó a su padre que había vengado el descuartizamiento de su exesposa y este lo denunció a la Policía. La joven que acompañaba a Brasil intentó una última jugada para protegerlo: se presentó a la Policía para informar que sabía con precisión la ubicación de los cuerpos, lo que permitió los hallazgos. Las delaciones mediante llamadas anónimas de los participantes del ritual macabro permitieron aclarar los homicidios y encontrar los cuerpos enterrados en pleno barrio Peñarol.

El nuevo plan de Heber

Hoy el clan de la familia Segales fue desplazado en su liderazgo, aunque no dejó de existir. Pero quien ganó la pulseada lo hizo aplicando una dinámica criminal que comenzó a asomar en el país emulando la modalidad mexicana de control territorial. No hay un éxito del Estado. Lo que está en juego es la gobernabilidad, y como sociedad estamos cada vez más en deuda con la democracia.

Eso implica un Estado que no pudo parar la espiral de violencia ante la escalada de homicidios, descuartizamientos e intentos de desapariciones de cuerpos. Fue en mayo que el ministro del Interior anunció en Peñarol un plan para combatir los homicidios. Desde entonces hasta la fecha aumentaron 25%.

En estos días el ministro Heber anunció un nuevo “Plan de Prevención de Homicidios”. Nadie sabe si el plan anterior existió y era real o fue otro anuncio vacío. En todo caso, lo que no se puede discutir es que fue un fracaso, porque aumentaron los homicidios que pretendía disminuir. Pero de eso nada dijo.

Los políticos deberían acostumbrarse a debatir con rigurosidad. A días del inicio del cuarto año de gestión, Heber anuncia en un programa de televisión que va a reclutar exdelincuentes como consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que hablen con los sicarios, promuevan un alto el fuego y los convenzan de dejar de asesinar. Serán contratados bajo el nombre de “interruptores de violencia”.

La cúpula del Ministerio del Interior parecería no tener noción de lo que sucede en la dinámica criminal. Tal vez esa sea la razón por la cual plantean la idea de pagarle un sueldo de consultor internacional a exmafiosos para que logren convencer a La Tita y al clan Segales, utilizando la palabra y técnicas de psicología conductual, de que depongan su actitud. El ministro Heber ejemplificó que, ante el cobro de cuentas impagas de los narcos por la compra en las bocas de venta de drogas, es necesario tener gente “en el terreno” para que “las consecuencias de esa guerra que tenemos [en referencia a la Policía] contra el narcotráfico no se transformen en muertes”.

Este gobierno está confundido, sin rumbo ni estrategia. Recurre como manotazo de ahogado a un préstamo millonario para una propuesta que el propio Heber reconoció que no sabe si funcionará. Es la improvisación y el talenteo al mando del Ministerio del Interior. Además, Heber dijo que el acuerdo con el BID está “por firmarse” y que espera ponerlo en práctica recién “el año que viene”, o sea en 2024, que es el último año de gobierno y en pleno calendario electoral.

Las experiencias de mediadores o referentes de pares no son pertinentes para desarticular el accionar de organizaciones criminales. Son instrumentos para apoyar procesos de reinserción en el mundo educativo y laboral cuyo “trabajo” debe ser en la economía formal y real a través de empresas o empleos públicos. Este tipo de acompañamiento puede ser utilizado en casos de procesos de egreso de la cárcel o en el cumplimiento de medidas alternativas a la libertad de personas primarias. Se trata de que personas de las comunidades puedan ser un punto de apoyo para una mejor reinserción social.

Pero en esta propuesta la confusión conceptual es total, la incertidumbre mayor y la deriva segura.

El anuncio del gobierno desmoralizó a la Policía y cayó como un balde de agua fría porque no valora su trabajo profesional. Ni se preocuparon por consultarla. Uruguay tiene una crisis de seguridad que hay que afrontar con políticas integrales serias y respaldando a la Policía. No acepto que se pretenda ridiculizarla y menoscabarla en su moral bajo el argumento de que “no entienden el léxico” de la delincuencia.

Con los sicarios y narcos no se negocia. Y menos aún se les anuncia que con deuda externa se contratará a personas de sus propios entornos para que los hagan desistir y capitular. El anuncio público de Heber es la antítesis del profesionalismo y la seriedad. Ya puso en alerta a los criminales y expuso a los policías a represalias. Se deberá hacer responsable.

Gustavo Leal es sociólogo

 

 

 

 

 

 

jueves, 26 de enero de 2023

Agua, poca y en peligro.




Comunicado de prensa

 

Continúa la sequía ya declarada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), que va en camino de convertirse en una emergencia hídrica. Falta el agua en los suelos y las pocas precipitaciones registradas el fin de semana pasado han sido claramente insuficientes para revertir la situación.
Incluso el agua para consumo humano se ha convertido en un problema en algunos lugares
y la OSE se ha visto forzada a realizar obras de emergencia para asegurar el suministro.
En medio de este panorama, hace sólo diez días que presentamos denuncia ante el
Ministerio de Ambiente por los vertidos de contaminantes a los afluentes del Queguay por
parte de la empresa UPM. Ahora desde el grupo “Guichón por los bienes naturales y el
agua” se informa del deplorable estado del Queguay cubierto de cianobacterias.


La situación se repite en aguas interiores como son los embalses del Río Negro, en
especial el de Baygorria, sobre el que se ha construido la segunda planta de UPM, e
incluso en aguas del Río de la Plata. Hay floraciones presentes en varias partes de la costa
argentina y también del lado uruguayo en las playas de Carmelo, Colonia, Kiyú y muy
especialmente Arazatí.

Río Queguay


En esta última localidad es donde un consorcio de empresas pretende colocar tomas de agua para abastecer a Montevideo. Es el denominado Proyecto Neptuno, cuya licitación y adjudicación avanzan sin evaluación ambiental por parte de Ministerio de Ambiente. En esa zona las floraciones han estado presentes desde hace más de tres semanas.



En estas condiciones desde el MOVUS llamamos a que se haga un profundo análisis y estricto control de la calidad del agua incorporando verdaderas medidas en las cuencas para identificar, limitar y de ser posible eliminar en el menor plazo posible las fuentes de contaminación puntuales y difusas. 




Situaciones como la del vivero de UPM en Guichón, al que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca nunca multó por el uso indebido durante años de compuestos químicos altamente nocivos que se detectaron en cursos de agua cercanos, no pueden repetirse.


 



Tenemos el deber de cuidar los recursos naturales que como el agua aseguran la vida en el territorio.


Esperemos que esta crisis sirva para mejor valorar la importancia del agua y que desde todos los ámbitos se hagan mejoras en el tratamiento que le damos a este invalorable recurso.

 

 Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
25 de enero de 2023.

 

lunes, 23 de enero de 2023

No hagan olas

 




Salió en el World Politics Review

https://t.co/7d4wsL0HIx Traducción:

Un escándalo de corrupción está haciendo olas en Uruguay 'Squeaky-Clean'

(Que nunca ha hecho nada inmoral) 

 20 de enero de 2023

La historia ya era lo suficientemente dañina para empezar. En septiembre pasado, Alejandro Astesiano, principal guardaespaldas del presidente de centroderecha de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue arrestado en la residencia presidencial , poco después de regresar con su jefe de unas vacaciones familiares en el extranjero.

Según los fiscales, Astesiano había utilizado su posición privilegiada para vender certificados de nacimiento falsos a decenas, y tal vez incluso a cientos, de ciudadanos extranjeros que buscaban reclamar pasaportes uruguayos por ascendencia, especialmente rusos que buscaban escapar de su país tras la invasión de Ucrania. Si bien Astesiano parece haber heredado el negocio, que supuestamente se remonta a 2013, la gran mayoría de los documentos falsos se emitieron mientras Lacalle Pou era presidente.

Lacalle Pou parecía estupefacto y sorprendido. Después de todo, insistió, Astesiano, un amigo cercano de dos décadas, no tenía antecedentes penales. Pero los informes de los medios revelaron posteriormente que el ex chofer y oficial de policía de 47 años ha tenido más de 20 roces con la ley, incluso por presuntos actos de fraude, robo y daños a la propiedad.

Luego, en noviembre, un periódico local, La Diaria, informó que la investigación de falsificación había descubierto pruebas en el teléfono de Astesiano y otros dispositivos de que había ofrecido usar software espía propiedad del Ministerio del Interior en nombre de varias figuras comerciales a cambio de pagos.

En particular, Astesiano habría interceptado llamadas entre dos senadores opositores para obtener información personal que pudiera beneficiar a Vertical Skies —una consultora de seguridad formada por varios exmilitares uruguayos— en relación con contratos públicos en el puerto de Montevideo. El periódico también sugirió que Vertical Skies le pidió ayuda interna a Astesiano para vender lanchas patrulleras y aviones a las fuerzas armadas de Uruguay.

Hasta el momento, según los informes, los fiscales no están investigando las acusaciones de espionaje. Astesiano ha negado haber actuado mal. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha negado que se hayan interceptado llamadas. Y no está claro si Astesiano realmente tuvo acceso al spyware. Pero luego de declarar en el caso de falsificación a finales de noviembre, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, concedió a la prensa que, de ser ciertas, las denuncias son “muy graves”. A fines de diciembre, se supo además que Astesiano había buscado información del equipo de seguridad de la ex esposa de Lacalle Pou, así como de la policía, sobre un viaje que había realizado dos meses después de que se separaran.

Con sus connotaciones mafiosas, el escándalo está haciendo olas en el famoso y apacible Uruguay. El país es conocido por presumir de una democracia impecable que encabeza los índices que miden la calidad de vida y la transparencia del gobierno en América del Sur. Pero la historia que se desarrolla también ha dañado gravemente a la administración de Lacalle Pou, quien fue entrevistado por el fiscal que lleva el caso durante cuatro horas en privado a fines de diciembre.

Al ganar la presidencia en noviembre de 2019, Lacalle Pou, abogado y exdiputado del Partido Nacional, puso fin a 15 años de gobierno de la coalición izquierdista Frente Amplio, o Frente Amplio. Ahora con 49 años, es un rostro relativamente joven en un país cuyos pesos pesados ​​políticos tienden a ser octogenarios. Pero como hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó de 1990 a 1995, también es familiar.

Hasta el reciente escándalo, Lacalle Pou había disfrutado de sólidos índices de aprobación. Inicialmente manejó hábilmente la pandemia de COVID-19, cerrando algunas fronteras y realizando pruebas agresivas mientras evitaba los cierres obligatorios, incluso si la decisión a mediados de 2021 de abandonar la mayoría de las medidas y depender por completo de las vacunas provocó un aumento de las muertes.

 La disminución de la confianza pública debido al escándalo de corrupción puede obstaculizar la agenda de reformas de Lacalle Pou y volverlo políticamente tóxico antes de las elecciones de octubre de 2024.

 

En julio de 2020, aprobó con éxito un paquete de unas 135 reformas conocido como la Ley de Consideración Urgente, o LUC, que buscaba en términos generales mejorar la educación, aumentar los poderes policiales para combatir las bandas de narcotraficantes cada vez más audaces y agregar mayor flexibilidad a la economía. El paquete de reformas sobrevivió por poco a un referéndum respaldado por la oposición que buscaba anularlo en marzo de 2022.

El énfasis de Lacalle Pou en mejorar la educación ha impactado, dada la mala calidad de las escuelas secundarias en muchas partes del país. Su impulso para expandir las importaciones y exportaciones internacionales de Uruguay ha resonado después de años de anémico crecimiento económico. Estos esfuerzos incluyen un posible acuerdo de libre comercio con China y una solicitud para unirse a la Asociación Transpacífica, a pesar de que, como miembro de Mercosur, el estancado bloque comercial regional que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay, Uruguay técnicamente no puede negociar. acuerdos de este tipo unilateralmente.

Incluso sus reformas planificadas para hacer que el sistema de seguridad social sea más sostenible desde el punto de vista fiscal, incluido el aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, han recibido una aceptación pública a regañadientes. Las reformas pasaron el Senado en diciembre ante la dura oposición del Frente Amplio y ahora esperan la aprobación en la cámara baja.

Pero esta racha de buena fortuna ahora parece haber terminado. Al momento de la detención de Astesiano, el índice de aprobación de Lacalle Pou era del 49 por ciento, según Equipos Consultores. Desde entonces, ha caído al 39 por ciento, la caída más pronunciada desde que su calificación se desplomó del 60 al 47 por ciento entre mayo y julio de 2021, en el punto álgido de la pandemia. A medida que el escándalo avanza, es probable que se deslice aún más.

Al descontento popular con el gobierno se suma, sugiere la encuestadora, el caso de Sebastián Marset. Según se informa, un cerebro criminal regional y el fundador del Primer Cartel Uruguayo , o Primer Cartel Uruguayo, Marset es buscado por Interpol por supuestamente mover unas 16 toneladas de cocaína de Paraguay a Europa a través de Uruguay, que junto con otros países del Cono Sur se ha convertido en un nuevo ruta de los traficantes . Sin embargo, se supo en agosto pasado, cuando Marset fue detenido en Dubai a fines de 2021 mientras viajaba con un pasaporte paraguayo falso, rápidamente se le emitió uno uruguayo, lo que le permitió escapar. La viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, renunció en diciembre por el escándalo, en medio de una investigación sobre si altos cargos de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Uruguay ayudaron a escapar a Marset.

A fines de enero comienza la temporada de Carnaval en Uruguay, que incluye conciertos repletos de murgas del país , o grupos de trovadores satíricos, transmitidos en vivo a la nación. Dado que un tercio del público piensa que el crimen es el problema más grande que enfrenta el país, estos grupos ya se están preparando para burlarse del gobierno , burlando el énfasis de Lacalle Pou en la ley y el orden, incluso cuando una red criminal ha estado operando dentro de los pasillos de poder.

La disminución de la confianza pública puede obstaculizar la agenda de reformas de Lacalle Pou al causar fisuras dentro de su coalición de cinco partidos. También es probable que lo vuelva políticamente tóxico a medida que la atención comienza a centrarse en las próximas elecciones generales en octubre de 2024. Los presidentes en funciones no son elegibles para la reelección inmediata en Uruguay, pero Lacalle Pou no tiene un sucesor en espera obvio en su Partido Nacional, y ahora es poco probable que desempeñe un papel significativo en la selección de uno.

De hecho, según una encuesta realizada en noviembre por Usina de Percepción Ciudadana, el 28 por ciento de los encuestados cree que el próximo presidente será Yamandu Orsi, exprofesor de historia de secundaria y alcalde del Frente Amplio de Canelones, el segundo distrito más poblado de Uruguay. Mientras tanto, el 15 por ciento apoya a Carolina Cosse, alcaldesa de Montevideo y también incondicional del Frente Amplio. La figura de gobierno con mejor desempeño fue Delgado, el secretario de la presidencia, que recibió el 12 por ciento.

Aún así, las elecciones aún están a casi dos años de distancia. Si los lazos comerciales más estrechos con China, el destino de más de un tercio de las exportaciones de Uruguay por valor, pueden lograrse sin provocar una ruptura con Mercosur y la economía se acelera, la popularidad del gobierno puede recuperarse .

Tampoco se deben exagerar las mellas recientes en la credibilidad de las instituciones de Uruguay. En comparación con sus pares, con una inflación anual cercana al 100 por ciento en Argentina; Bolsonaristas irrumpen en el Congreso de Brasil; y líderes paraguayos sancionados por Washington por corrupción e incluso vínculos terroristas—Uruguay todavía parece un oasis de estabilidad y estado de derecho. También cuenta con un grado poco común de cohesión entre partidos en asuntos de estado, ilustrado por Lacalle Pou que asistió a la toma de posesión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero acompañado por los expresidentes José Mujica, del Frente Amplio, y Julio María Sanguinetti. , del Partido Colorado.

Sin embargo, los últimos escándalos sugieren que Uruguay no puede darse el lujo de ser complaciente con los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado. También insinúan que, justo cuando comienza la temporada de Carnavales del país, la larga luna de miel política de Lacalle Pou llega a su fin.

Laurence Blair es un periodista independiente que cubre América del Sur. 

 

 

 

 

martes, 17 de enero de 2023

País puente

 Fuente : https://www.nzz.ch/

Thomas Milz, Montevideo

Un portal suizo se refiere a Uruguay como país puente en el tránsito de la cocaína a Europa.

Un oficial de aduanas en Bremerhaven abre un paquete de cocaína encontrado en un contenedor de Uruguay.


Alrededor de las 3:30 a. m., el Cessna 210 aterrizó en una carretera remota cerca de la ciudad de Salto, en el norte de Uruguay. Cuando los dos pilotos comenzaron a cargar catorce bolsas en los autos que esperaban, el grupo de trabajo antinarcóticos atacó. Le dispararon a un piloto boliviano que intentó huir en la Cessna. Era la primera vez que un avión mula de drogas caía en manos de las autoridades desde 2013.


La semana antes de Navidad se incautaron 1000 libras de cocaína, tabletas de éxtasis, $60,000 y teléfonos satelitales. El ministro del Interior, Luis Alberto Héber, dijo que la cocaína tenía como destino el mercado europeo, donde tenía un valor de mercado negro de 15,5 millones de dólares. Se dice que los cuatro arrestados pertenecen al primer cartel de Uruguay, el Primer Cartel Uruguayo, dirigido por el empresario uruguayo Sebastián Marset en la clandestinidad.
Actualmente, se interceptan envíos de cocaína en el norte de Uruguay casi semanalmente. Pero las autoridades también encuentran el polvo blanco en el aeropuerto internacional de Montevideo y en los puertos de ultramar de Uruguay. Importantes hallazgos ocuparon los titulares, como más de 4,4 toneladas de cocaína en el puerto de la capital Montevideo en diciembre de 2019. La cocaína de los puertos intermedios de Uruguay es incautada reiteradamente en Europa: cuatro toneladas y media en Hamburgo en 2019, una tonelada en Barcelona en 2021 y más de cuatro toneladas en Róterdam.


En los últimos años, Uruguay se ha transformado de una ruta de tránsito puro para la cocaína de Colombia, Perú y Bolivia a un centro logístico para el tráfico internacional de drogas, dice el experto en seguridad Gustavo Leal en una entrevista. Esto significa que las entregas parciales se almacenan aquí, se combinan en cargas de varias toneladas y luego se envían. Además, ya existen laboratorios para la producción de cocaína.
Eso tiene efectos económicos dramáticos, según Leal, quien fue asesor del entonces gobierno de izquierda del Frente Amplio de 2012 a 2020. “Es como si ahora produjeras autos tú mismo en lugar de importarlos. Las ganancias se multiplican". Por eso Uruguay ahora tiene condiciones mexicanas: asesinos a sueldo descuartizan a sus víctimas, mientras clanes familiares libran cruentas batallas en las afueras de las grandes ciudades por los puntos de venta. Con 380 asesinatos en todo el país, 2022 fue casi tan sangriento como el año récord de 2018, que tuvo 414 asesinatos en ese momento.

Liquidación exitosa de cannabis

En el distrito costero de Barrio Sur, con vista al Río de la Plata, no lo notas. En un prado junto a la orilla, los niños juegan al fútbol, ​​los hombres mayores hacen jogging y las parejas disfrutan de los últimos rayos de sol. Mientras los barcos en el horizonte esperan para entrar al puerto de Montevideo, un grupo de jóvenes fuma tranquilamente un porro. Eso no es nada inusual: en la capital, el dulce aroma se cierne sobre casi todos los parques.

El Uruguay liberal adopta un enfoque relajado y multipartidista respecto al consumo de drogas. La dictadura militar de derecha había permitido la posesión de drogas para consumo privado en 1974, el gobierno de izquierda había permitido el cultivo de cannabis en casa o en clubes de cannabis en 2013. Desde 2017, las farmacias venden un máximo de 40 gramos al mes a los 47.500 consumidores registrados. Actualmente incluso hay una discusión sobre la liberación de cannabis a los turistas.


 Un hombre fuma marihuana en la Cannabis Expo anual en Uruguay en diciembre de 2021.Mariana Griffin /

Alrededor del 30 por ciento de los consumidores recurren al cannabis legal. La mayoría sigue abasteciéndose de cannabis de baja calidad procedente de Paraguay, el llamado Prensado. La legalización del cannabis sigue siendo positiva. Como resultado, los narcotraficantes perdieron entre 20 y 30 millones de dólares en ingresos, dice el periodista de investigación Antonio Ladra. Pero eso es un pequeño éxito en vista de los miles de millones que ahora mueven los cárteles en Uruguay. 


PARAÍSO PARA LAVAR DINERO
Hace apenas diez años, los políticos le habrían dicho que Uruguay nunca se convertiría en un narcoestado, recuerda Ladra, quien lleva treinta años investigando el submundo de la violencia y las drogas. Los narcotraficantes han estado activos en Uruguay durante mucho tiempo. “El dinero de las drogas se ha lavado aquí durante décadas y nadie preguntó de dónde procedía”, explica. A principios de la década de 1970, los militares lanzaron reformas financieras liberales para atraer capital extranjero con bancos extraterritoriales y secreto bancario y fiscal.
Con los casinos y las carreras de caballos, las zonas francas exentas de impuestos y la fuerte dolarización de la economía, había oportunidades celestiales para el lavado de dinero. Los fondos fluyeron hacia bienes raíces de lujo en el balneario de alta sociedad de Punta del Este y hacia proyectos turísticos. O en metales preciosos: En 1979, el comercio de metales como el oro, la plata, el platino y el paladio, tanto de importación como de exportación, quedó completamente libre de impuestos y controles. A principios de la década de 1980, las autoridades estadounidenses advirtieron a sus colegas uruguayos sobre la influencia de los cárteles. Pero para entonces los traficantes de oro en Montevideo ya estaban lavando el dinero de la droga del cártel colombiano de Medellín. Luego, a mediados de la década de 1990, llegó el cartel de Cali.


Uruguay introdujo reformas a su sistema financiero a partir de 2005 y restringió el secreto bancario. Sin embargo, a partir de 2007 también llegaron los mexicanos: primero el cartel de Juárez, después el cartel del Norte del Valle y Sinaloa y finalmente el cartel de Jalisco Nueva Generación.
Los capos de la droga supieron disfrutar de la buena vida en Uruguay. En Punta del Este celebraron fastuosas fiestas y compraron inmuebles de lujo. Dirigentes de la 'Ndrangheta calabresa también vivían en Punta del Este desde 2007, donde también aparecieron narcotraficantes de Holanda, España, Israel, Rusia, Serbia y Grecia.
Era una consecuencia lógica de que Uruguay se convirtiera también en un país de tránsito de drogas. Ofrece condiciones ideales para eso, dice la periodista Ladra: una buena infraestructura de telecomunicaciones y transporte, cientos de pistas de aterrizaje ilegales y solo controles esporádicos en la frontera verde a Brasil y Argentina y en los puertos.


URUGUAY ES RUTA DE TRÁNSITO HACIA EUROPA Y ÁFRICA OCCIDENTAL
Con el "Plan Colombia" elaborado por EE.UU. y Colombia en 1999, las rutas de cocaína en el norte de Sudamérica fueron controladas más estrictamente. Los cárteles perdieron el 20 por ciento de sus cargos, dice Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad de La Plata, en una entrevista. Las bandas criminales recurrieron a rutas más al sur que parecían menos sospechosas.


El puerto de Montevideo. Aquí es donde se envía la cocaína a Europa.
El puerto de Montevideo. Aquí es donde se envía la cocaína a Europa. Danita Delimont / Imago

Asia ahora se manejaba a través del puerto chileno de San Antonio, mientras que el Río de la Plata se convirtió en el centro de Europa y África Occidental. Bolivia y Paraguay están conectados por las hidrovías Río Paraguay y Río Paraná al enorme delta del río, donde fluye el Río Uruguay, proveniente de Brasil, el país de tránsito más importante de la cocaína. El puerto de Montevideo es el eje central de las importaciones y exportaciones paraguayas y bolivianas.


CÓMO OPERAN LOS CARTELES
Los productos agrícolas como carne, soja, frutas y pescado se transportan por vías acuáticas a los principales puertos intermedios de Rosario en Argentina y Buenos Aires, así como a Nueva Palmira, Colonia del Sacramento y Montevideo en Uruguay. Las drogas se mezclan con la carga en las granjas o luego se pasan de contrabando a los contenedores en los puertos. Los barcos de vela también llevan las drogas al mar desde pequeños puertos privados, donde se cargan en cargueros en el extranjero.
Esto requiere cómplices de las autoridades portuarias y la tripulación del barco. La agencia antidrogas estadounidense DEA había informado a las autoridades de Uruguay en 2007 que los cárteles estaban activos en el puerto de Montevideo. Cuando un escáner de contenedores de última generación estaba a punto de instalarse allí en 2008, ocurrió un extraño accidente que dejó el escáner inutilizable.


Las autoridades de Uruguay responden
Pero también ha habido éxitos. En la década de 1990, el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Herrera creó un poderoso grupo de trabajo para evitar el acceso de los cárteles. En cooperación con la DEA, se incautó una cantidad récord de 12 toneladas de cocaína en 2019.
Ya sea que esto sea un éxito o solo una gota en el océano, Carolina Sampó lo deja abierto. No hay indicaciones de las cantidades efectivamente embarcadas vía Uruguay; Ella considera que los informes en los medios de comunicación de que alrededor del 10 por ciento de la cocaína de contrabando es confiscada son especulaciones. 

 

Uruguay cada vez es más importante para el narcotráfico
Por otro lado, lo cierto es que la importancia de Uruguay para el narcotráfico ha aumentado durante la pandemia. Si bien el transporte aéreo se ha visto obstaculizado por las restricciones globales a los viajes aéreos, el transporte de carga por mar se ha mantenido estable. Y dado que los controles se endurecieron en los principales puertos de carga brasileños, como Santos en el sur de Brasil, la organización criminal con sede en São Paulo Primeiro Comando da Capital trasladó cada vez más sus actividades de contrabando de drogas a Uruguay.
Los brasileños utilizan bandas locales como el cártel PUC de la uruguaya Marset. El hecho de que siga prófugo se está convirtiendo en un problema creciente para el gobierno del presidente conservador Luis Alberto Lacalle Pou, hijo de Lacalle Herrera. Marset fue arrestado en Dubái a fines de 2021 con un pasaporte paraguayo falso. Luego de que el consulado uruguayo allí le emitiera un nuevo pasaporte, pudo salir del país. Desde entonces ha estado escondido.


EL NARCOTRÁFICO SE ESTÁ CONVIRTIENDO CADA VEZ MÁS EN UN PROBLEMA PARA EL PRESIDENTE LUIS LACALLE POU


 

Las investigaciones en curso indican que Marset recibió ayuda de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, así como de un asistente del vicepresidente Hugo Velázquez, para obtener el nuevo pasaporte. No fue el único caso de este tipo, el jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou ya había sido detenido en septiembre. Se dice que dirigió una red que emitió certificados de nacimiento uruguayos falsos a delincuentes rusos. La lucha contra el crimen se ha convertido durante mucho tiempo en el talón de Aquiles del gobierno.

 

 

 

 

lunes, 16 de enero de 2023

Por ahi podría venir

 


 

 


PORQUÉ BORDABERRY DEFIENDE A ACHE?


Llamó la atención la salida de Bordaberry defendiendo a Carolina Ache y atacando duramente al canciller Bustillo. Sin embargo ha trascendido información que demuestra que en realidad Bordaberry se defendió a sí mismo y salió en defensa de Ache antes de que la ex Sub Secretaria cuente la verdad de los hechos.

 

 En efecto, la verdad de los hechos es que un hermano de Bordaberry, Martín, es casado con la hermana del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes, sindicado como *Jefe de un cártel narcotraficante * y a punto de ser pedida su extradición por el gobierno de USA. Martín Bordaberry integra el cártel de  su cuñado, y además es el hermano con quien mejor relación tiene Pedro, quien viaja dos veces al mes a Paraguay, teniendo importantes negocios en conjunto. Cuál es la importancia de todo esto? Que Sebastian Marset, el narco que originó todo el problema de Ache, también es integrante de ese cártel de la droga. 


La información que circula es que cuando Marset cayó preso en Dubai, Cartes le pidió ayuda para él a su cuñado Martín Bordaberry, quien llamó a su hermano Pedro para que moviera el trámite del pasaporte del narco, que era esencial para que lo liberaran. Pedro Bordaberry llamó a la sub Secretaria Ache, de su sector y de su total confianza, y le pidió que recibiera al abogado de Marset, el Dr. Balbi, y le diera una mano en lo que le pidiera. Así lo hizo Ache, mucho más que simplemente escuchar al abogado.

 
El punto es que Ache pagó caro el favor que le hizo a su ex líder y terminó renunciando y ensuciada por parte del propio Partido Colorado. Ante esto le exigió a Pedro que asumiera su responsabilidad y por esa razón es que el ex senador salió a defenderla pidiendo la cabeza del propio canciller, aunque esto signifique pegarle al gobierno por primera vez (hasta ahora había sido el mayor defensor del lacallismo). Claramente lo que busca es tranquilizar a Carolina Ache, no sea cosa que salga a contar quién fue que le pidió que recibiera a Balbi. 

>>> Nota anterior a que todo sucediera

 

elmuertoquehabla.blogspot.com › futbol-politica-narcotrafico-y-lavado
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28 ago. 2022 ... Justamente esa droga iba destinada a Sebastián Marset, el narco al que el gobierno uruguayo -con excelentes vínculos con Paraguay- le entregó un ...

 


martes, 3 de enero de 2023

La mala reputación

Salió en Financial Times

 

  https://www.ft.com/content/40cf750d-95b4-498c-908d-c751a32ce9f4

Escándalo de pasaportes en Uruguay obliga a considerar la corrupción 

La reputación de un país latinoamericano de sólida gobernabilidad está en riesgo mientras sus líderes lidian con múltiples acusaciones 

en Montevideo

Un escándalo sobre pasaportes falsos en Uruguay se ha convertido en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación de la nación como modelo de estabilidad en América Latina.
Comenzó en septiembre con el arresto de un guardaespaldas personal del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, acusado de liderar una red criminal que a cambio de una tarifa emitía pasaportes uruguayos falsificados a extranjeros, incluidos posiblemente rusos que huían de su país después de su invasión a Ucrania. . Astesiano ha negado los cargos en su contra.
Desde entonces, el escándalo se ha expandido, luego de que un periódico local, La Diaria, publicara conversaciones en línea obtenidas del teléfono de Astesiano durante la investigación. Un conjunto de intercambios sugirió que Astesiano aprovechó sus contactos en el gobierno para vender software desarrollado por el Ministerio del Interior a ejecutivos de negocios adinerados, quienes luego lo usaron para rastrear a los senadores de la oposición, una acusación que él ha negado.
Estas controversias han planteado dudas sobre si la corrupción dentro del sistema político de Uruguay ha pasado desapercibida. La atención se ha desplazado ahora hacia lo que hará Lacalle Pou para salvaguardar el estado de derecho y responsabilizar a los implicados.
“Este es un momento clave para Uruguay”, dijo Ricardo Gil Iribarne, un exfuncionario anticorrupción que encabezó la junta de transparencia y ética pública del país bajo la anterior administración de izquierda. “Es mucho más que los pasaportes”, dijo.
Según los investigadores, Astesiano, un ex policía, usó su estrecha relación con el presidente para obtener actas de nacimiento falsas que decían que el destinatario tenía padres uruguayos, lo que les permitió reclamar la ciudadanía.



La viceministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache Batlle renunció el 19 de diciembre en medio de cuestionamientos sobre cómo un hombre buscado por tráfico de drogas había obtenido documentos de viaje uruguayos 

 Los fiscales creen que docenas, posiblemente cientos, de rusos han obtenido la ciudadanía uruguaya desde 2013, según una rueda de prensa de la fiscal jefe Gabriela Fossati. El esquema ha llamado más la atención desde el inicio de la pandemia y el conflicto en Ucrania, lo que ha provocado una ola de emigración desde Rusia, en parte hacia América Latina .
Una de las principales líneas de investigación es si los pasaportes estaban destinados a ser utilizados para “obtener visas a los Estados Unidos” o permitir a los titulares moverse libremente en Europa, donde los uruguayos pueden ingresar sin visa por hasta seis meses en la mayoría de los países. dijeron los fiscales durante una audiencia judicial sobre el caso.

Lacalle Pou, de 49 años, ha negado tener conocimiento de que su jefe de seguridad haya usado su cargo para supuestamente vender documentos falsos por hasta $120,000 por pasaporte. Ha prometido una investigación completa con su cooperación: “Estamos tranquilos sobre las acciones tomadas hasta ahora”, dijo el presidente.
Pero los mensajes filtrados del teléfono de Astesiano han complicado aún más el caso para el gobierno, amenazando con implicar a miembros del gabinete de Lacalle. Ha aumentado la presión para que más funcionarios entreguen sus teléfonos para que los investigadores puedan investigar más a fondo.
El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Héber, negó haber actuado mal durante una audiencia en el Senado en noviembre. Astesiano dijo en una audiencia que no tenía acceso al software del estado, que solo debe ser utilizado por funcionarios autorizados, y que simplemente estaba fanfarroneando ante sus clientes. La fiscalía dijo que “no hay certeza” de que Astesiano haya tenido acceso a dicho software.
Al mismo tiempo que se desarrollaban estas controversias, otros mensajes filtrados de una investigación separada realizada por el fiscal de delitos económicos del país parecen implicar a altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior en la entrega de un presunto narcotraficante en América del Sur, Sebastián Marset. , con documentos de viaje.
Marset, de 31 años, quien supuestamente lidera el Primer Cartel Uruguayo (Primer Cartel Uruguayo, o PCU), es buscado por Interpol por supuestamente transportar 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay y sigue prófugo. Fue detenido en Dubai en 2021 mientras viajaba con un pasaporte falso de Paraguay. Rápidamente se emitió un nuevo pasaporte uruguayo a Marset en 2021 que le permitió salir legalmente de los Emiratos Árabes Unidos.

Los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y del Interior de Uruguay comparecieron junto a miembros de la coalición gobernante y otras autoridades en una conferencia de prensa para discutir el pasaporte otorgado a un narcotraficante buscado

En mensajes difundidos como parte de una solicitud de información pública realizada por la oposición uruguaya, funcionarios del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores destacaron que era “muy peligroso” y cuestionaron el trámite de su pasaporte, aunque finalmente fue aprobado.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, renunció el 19 de diciembre en medio de las consecuencias, y la oficina del fiscal general está investigando cómo se emitieron los documentos, según medios uruguayos.
Los líderes de la oposición de izquierda de Uruguay han pedido la renuncia de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. “Si se sabe que él [Marset] era un peligroso narcotraficante y aún así se dieron las gestiones para que pudiera acceder a un pasaporte nacional, hay una negligencia increíble”, dijo el 14 de diciembre Fernando Pereira, presidente del partido Frente Amplio. .
La politóloga Vicky Gadea dijo que los costos a largo plazo podrían ser “extremadamente altos” para las relativamente jóvenes instituciones democráticas del país si las revelaciones no se abordan adecuadamente y los involucrados no rinden cuentas.
“Hay una percepción entre los que viven en Uruguay de que estamos al nivel de algunas de las democracias más sólidas del mundo”, dijo Gadea. Si la gente “comienza a cuestionar cómo funciona nuestra democracia”, podría tomar años recuperar la confianza y dañar la reputación internacional del país, dijo.
Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América Latina, según Transparencia Internacional. Las encuestas muestran consistentemente que la población de alrededor de 3,5 millones tiene una fe pública generalizada en el sistema de justicia.
“Somos los mejores estudiantes de una clase de niños mal educados”, dijo Gil Iribarne, refiriéndose a la región latinoamericana. Uruguay podría “caer a los niveles” de otros países donde existe una creciente desconfianza en las instituciones estatales, como Brasil y Colombia, si estos casos no se investigan adecuadamente y se tranquiliza a la ciudadanía.
Los críticos dicen que Lacalle Pou ha tratado de minimizar la gravedad de las revelaciones y distanciarse de los involucrados en un momento en que debe ser firme. El gobierno argumenta que está dejando que se haga justicia y se llegará a un veredicto. La oficina presidencial no respondió a las solicitudes de comentarios.
“Los uruguayos quieren ver que las acciones tienen consecuencias”, dijo Gil Iribarne, “al público todavía le importa y se está enojando”.