sábado, 30 de abril de 2022

Los alcaldes de Lacalle

Lista negra

 


Por Enrique Ortega Salinas
Caras&Caretas 26 de abril de 2022

 


De algún modo pasaron una vida ocultando su verdadera naturaleza.

Lo terrible es que hay un porcentaje para nada insignificante de la ciudadanía que los vota a sabiendas de lo que son capaces; pero se hacen los distraídos con la esperanza que desde el poder les tiren un hueso. También hay líderes políticos que, con tal de sumar votos para su partido, aceptan a cualquiera en sus filas.

Como sea, la verdad y la justicia se van abriendo paso. A veces, solo la primera; pero algo es algo. En solo dos años de gobierno de la coalición, estos son los alcaldes que cayeron, estuvieron a punto de caer o, por lo menos, fueron desenmascarados.

  • Tabaré Leivas. Partido Colorado. En abril de 2020, la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y comprobó que tanto el alcalde del municipio Rincón de Valentín como su hijo eran integrantes de aquella. Leivas fue imputado junto a otra persona por tráfico interno de armas y su hijo y dos cómplices por abigeato. El delito de tráfico de armas tiene una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría, pero se agrava cuando el autor pertenece a una organización criminal.
  • Juan Carlos Martinicorena. Partido Nacional. El alcalde de Baltasar Brum (Artigas) fue denunciado por violencia doméstica en abril de 2019.

Tras el escándalo, al ser entrevistado por La Lupa, reconoció que había discutido con su esposa y se acostó a dormir, hasta que su hijo lo despertó e insultó. Afirmó que la única denuncia que quedó estampada fue la suya, que la hizo en forma verbal, pero no la ratificó por escrito porque, de hacerlo, su hijo terminaría en la cárcel por agredir a una autoridad. Sobre si había ido a la seccional en estado de ebriedad, contestó: “Mire, si le digo que no había tomado nada, le mentiría. Habíamos tomado un par de whiskys con el intendente…”. El intendente de Artigas es Pablo Caram, quien no necesita de presentación a la hora de hablar de escándalos.

En cuanto a un rifle que le fuera incautado, el alcalde reconoció que sí lo tenía y lo entregó, agregando que no tenía documentación del arma.

Aún continúa en el cargo y desconocemos si el Directorio del Partido Nacional le realizó alguna observación.

  • Alfredo Sánchez. Partido Nacional. El 5 de octubre renunciaron Alfredo Sánchez y otros tres dirigentes blancos al Partido Nacional. El 28 de setiembre de 2021 Sánchez (que había sido reelecto como alcalde de Florencio Sánchez, en Colonia) fue condenado a dos años de prisión por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. En el marco de la operación “Corruptio”, también fueron condenados su exesposa y uno de sus hijos. A Sánchez, que pertenece al sector del intendente blanco Carlos Moreira, en la campaña electoral se le denominaba “el hombre de las mil gauchadas”.
  • Juan Andrés Oronoz. Partido Nacional. En noviembre de 2021, el alcalde de Dolores (Soriano) renunció formalmente al cargo de alcalde, cargo que ya no ejercía por haber sido condenado en marzo por ciberacoso contra un menor de edad. El político blanco había contactado al menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp, incurriendo en un delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal.

Sergio Puglia lo había apoyado fervorosamente durante la campaña, resaltando en un video sus cualidades personales.

  • Humberto Allende. Partido Nacional. En Cerro Largo, el alcalde de Cerro de las Cuentas, por el Partido Nacional, fue imputado el 17 de marzo, por la violación de una anciana de 77 años. Continúa en el cargo.
  • María Elena Martín. Partido Nacional. La alcaldesa de Miguelete (Colonia) fue denunciada porel acarreo de más de un centenar de camiones de tierra a un establecimiento rural que es propiedad de su padre.

En febrero de este año, la bancada de ediles del Frente Amplio denunció públicamente a la bancada oficialista por no dar el quórum requerido para que en la Junta Departamental se tratara el tema. También el Partido Colorado se quejó de la obstrucción realizada por los ediles blancos, los cuales pretendían canalizar todo por medio de una comisión investigadora y votando el secreto de las actuaciones.

La bancada frenteamplista emitió un comunicado público afirmando que, con esa decisión de no asistir a la sesión de la Junta, los ediles blancos son “consecuentes con su actitud de ocultamiento”, dejando a la vista su manifiesta voluntad de enterrar las irregularidades ocurridas en el Municipio de Colonia Miguelete en una comisión, vistos los reiterados antecedentes de clausurar las investigaciones en otros casos de investigadoras, votando el secreto de las actuaciones para impedir el conocimiento público, incluso de los propios ediles”.

En su afán de defender a una correligionaria y evitar que el hecho trascendiera, los ediles blancos, aprovechando su mayoría en la Junta Departamental, lograron evitar su comparecencia alegando que para convocarla no era suficiente un tercio de los votos (según el criterio aplicado en instancias anteriores), sino la mitad más uno del total de ediles. Con esto, no solo se cambió el criterio aplicado hasta entonces, sino que se ignoró la Constitución de la República, la que establece que “un tercio de los integrantes de la Junta Departamental puede convocar a sala a un intendente”. Por su parte, la Ley de Descentralización puntualiza que los ediles departamentales “con los municipios pueden ejercer los mismos mecanismos de contralor que ejercen con el intendente”.

En el colmo del intento por tapar todo, una investigación administrativa de la Intendencia de Colonia concluyó que la alcaldesa no obtuvo con el hecho ningún beneficio personal. Vale la pena recordar que el intendente de Colonia es Carlos Moreira.

Ante la actitud oficialista, la bancada frenteamplista y el concejal del Partido Colorado Héctor Rodríguez decidieron presentar ante la Fiscalía los hechos irregulares constatados en ese municipio.

  • Christian Morel. Partido Nacional. En setiembre de 2020 una exfuncionaria municipal denunció en la Fiscalía de Río Branco al exalcalde y actual diputado nacionalista Christian Morel. Según la denunciante, el entonces alcalde le exigía militar para su sector político (usando el tiempo laboral pagado con dineros públicos) y repartir alimentos (algunos vencidos) con el nombre del alcalde. Al pedir explicaciones por su despido, se le habría respondido que faltó a su obligación de militar.
  • Alcaldes de Sergio Botana. Partido Nacional. Ante la negativa del intendente de Cerro Largo de responder sobre pagos de sobresueldos, el edil Dardo Pérez (FA) recurrió a la Justicia en 2020 reclamando su derecho de acceso a la información pública. En la denuncia presentada en la Junta Departamental de Cerro Largo, el edil expresó: “El intendente entendía que no debía informar a la Junta, pero la Sra. jueza intimó y me llegó la información solicitada. Encontré cosas muy curiosas, cosas llamativas, que quizás por ese motivo no se querían mostrar”.

Solo gracias a la orden de una jueza se pudo saber que desde la intendencia se pagaban sobresueldos a los alcaldes, algo totalmente ilegal.

Actualmente, Sergio Botana, lejos de ser cuestionado por el “Honorable”, es senador por el Partido Nacional.

  • Mario Bandera. Partido Nacional. Escribano y dirigente de Alianza Nacional, fue electo alcalde de Quebracho (Paysandú) en 2010 y reelecto en 2015. En ese año llegó a ser intendente interino por cinco meses en suplencia de Bertil Bentos. Posteriormente, fue candidato a la Intendencia de Paysandú. En abril de 2022 fue condenado por violencia doméstica agravada y tenencia no autorizada de armas de fuego. Bandera fue condenado a nueve meses de libertad a prueba. La denuncia la realizó su expareja, la directora de Hacienda de la Intendencia, Andrea Bottesch.

La Policía ingresó a la casa del exalcalde debido a una fuerte discusión entre él y la denunciante en presencia del hijo de ambos, de tres años. La mujer denunció que Bandera les había amenazado tanto a ella como al niño con un arma de fuego y que causó varios daños en la vivienda. La Policía incautó varias armas en el lugar.

Debido a esto, el Frente Amplio de Paysandú exigió que Mario Bandera dejara su cargo de asesor en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), lo que recién se concretó el martes 19 de abril.

Llama la atención la lentitud que ha tenido el Partido Nacional en tomar medidas en estos casos (en varios no tomó ninguna) y la celeridad con que se procedió contra el edil Juan López, quien cometió el terrible crimen de poner las necesidades de la gente por encima de las mezquindades políticas y alzó su mano para aprobar el fideicomiso propuesto por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

 

 

 

 

viernes, 29 de abril de 2022

33 recordatorio de Raúl Sendic

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 >>> Recitado hoy por H. Spinelli
 
TODOS CONSPIRAMOS

a Raúl Sendic



Estarás como siempre en alguna frontera
jugándote en tu sueño lindo y desvencijado
recordando los charcos y el confort todo junto
tan desconfiado pero nunca incrédulo
nunca más que inocente nunca menos
esa estéril frontera con aduanas
y pelmas y galones y también esta otra
que separa pretérito y futuro
qué bueno que respires que conspires
dicen que madrugaste demasiado
que en plena siesta cívica gritaste
pero tal vez nuestra verdad sea otra
por ejemplo que todos dormimos hasta tarde
hasta golpe hasta crisis hasta hambre
hasta mugre hasta sed hasta vergüenza
por ejemplo que estás solo o con pocos
que estás contigo mismo y es bastante
porque contigo están los pocos muchos
que siempre fueron pueblo y no lo saben
qué bueno que respires que conspires
en esta noche de podrida calma
bajo esta luna de molicie y asco
quizá en el fondo todos conspiramos
sencillamente das la señal de fervor
la bandera decente con el asta de caña
pero en el fondo todos conspiramos
y no sólo los viejos que no tienen
con qué pintar murales de protesta
conspiran el cesante y el mendigo
y el deudor y los pobres adulones
cuyo incienso no rinde como hace cinco años
la verdad es que todos conspiramos
pero no sólo los que te imaginas
conspiran claro está que sin saberlo
los jerarcas los ciegos poderosos
los dueños de tu tierra y de sus uñas
conspiran qué relajo los peores
a tu favor que es el favor del tiempo
aunque crean que su ira es la única
o que han descubierto su filón y su pólvora
conspiran las pitucas los ministros
los generales bien encuadernados
los venales los flojos los inermes
los crápulas los nenes de mamá
y las mamás que adquieren su morfina
a un abusivo precio inflacionario
todos quiéranlo-o-no van conspirando
incluso el viento que te da en la nuca
y sopla en el sentido de la historia
para que esto se rompa se termine
de romper lo que está resquebrajado
todos conspiran para que al fin logres
y esto es lo bueno que quería decirte
dejar atrás la cándida frontera
y te instales por fin en tus visiones
nunca más que inocente nunca menos
en tu futuro-ahora en ese sueño
desvencijado y lindo como pocos.

Benedetti, Mario.





jueves, 28 de abril de 2022

Enfático rechazo

 

El salario estará en la reunión


Pit-Cnt recibe este jueves en su sede al senador Manini Ríos


El legislador tiene intenciones de presentar algunas propuestas que atienden el tema salarial.
Caras&Caretas 27 de abril de 2022

 

El senador Guido Manini Ríos visitará la sede del Pit-Cnt. Lo hará este jueves a las 11 para considerar algunos aspectos relativos a temas salariales. El secretario de Prensa de la central, Gabriel Molina, dijo a Caras y Caretas Portal que la reunión fue solicitada por Manini. “Nos dijo que quería reunirse con nosotros antes del Primero de Mayo para considerar algunas propuestas sobre el tema salarial”, indicó.

Tras la reunión los dirigentes sindicales y Manini darán una conferencia de prensa para informar acerca de los temas considerados.
Sobre los posibles planteos del legislador y líder de Cabildo Abierto, Molina dijo que los desconocen, más allá de saber que se trata del salario.
Manini Ríos, a que a diferencia de otros políticos, cultiva la distancia respecto de los sindicatos.
Por otra parte, el Pit-Cnt volverá a convocar a la prensa el viernes a las 11.30 para informar acerca de los detalles del acto y movilización del Primero de Mayo.




 
 

 



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miércoles, 27 de abril de 2022

Yanquis welcome

 


Autorízase el ingreso al territorio nacional de una delegación integrada por 12 (doce) militares integrantes de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, con su armamento individual, a efectos de entrenar en operaciones defensivas militares a personal del Ejército Nacional, en el período comprendido entre el 6 de abril y el 15 de mayo de 2022

 

–6 en 7. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

>>> Go home

 

PIT-CNT rechaza presencia de comando de élite de FFAA de EEUU en Uruguay
 


Miércoles, 20 Abril 2022

En conocimiento de la reciente aprobación por unanimidad del Parlamento Nacional de una ley que habilita el ingreso de tropas de elite del ejército de EEUU a territorio nacional, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresa:

  1. Su enfático rechazo a la presencia del comando de élite de las fuerzas armas de EEUU en nuestro país.

Las maniobras militares con fuerzas extranjeras acostumbradas a sembrar guerra y destrucción por el mundo entero no son una buena señal para la imagen internacional de Uruguay.

EEUU históricamente ha desarrollado una práctica violenta y belicista en todo el mundo como forma de imponer sus intereses económicos y políticos. América Latina y nuestro propio país han sido objeto de esa política imperialista; la que no ha cesado en el tiempo, y que representa un riesgo para la paz mundial y la concordia entre los pueblos del planeta.

Al día de hoy el gobierno de ese país ni siquiera ha pedido disculpas por su apoyo a la dictadura cívico militar uruguaya y los estragos que la misma produjo en los derechos humanos y las libertades públicas del pueblo uruguayo.

  1. Por las razones antedichas, el PIT-CNT expresa su enorme preocupación por el consenso parlamentario que dio luz verde a la injerencia de este comando militar estadounidense en territorio nacional.

 

SECRETARIADO EJECUTIVO

Montevideo, 19 de abril de 2022


 

 

 

martes, 26 de abril de 2022

El país de las vacas gordas

 


 El denominado inventario de ganado mundial, que en 2017 registró la existencia de 998,3 millones de cabezas de bovinos en el planeta, muestra que Uruguay entonces disponía de 11.845.000 reses con una población humana de 3.444.071 millones, lo que da un promedio de 3,44 vacunos per cápita. Así, el registro de Uruguay es el mayor nivel en el mundo y por una distancia considerable.


 >>> Algo marcha mal

Relevamiento de la coordinadora de ollas populares: se entregan 30.000 porciones más por semana que en 2021

La Diaria 26 abril 2022

El último relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) da cuenta de un aumento en la cantidad de porciones de alimento que entregan semanalmente las ollas y merenderos de Montevideo que nuclea la organización, en comparación con el anterior recuento, que fue en noviembre del año pasado. Según los datos, a los que accedió la diaria, mientras que en noviembre se entregaban unas 150.000 porciones, al 4 de abril se entregaban unas 186.090 porciones de alimento por semana en 189 ollas y merenderos; 102.120 corresponden a ollas y las restantes 83.970, a merenderos.

Esteban Corrales, integrante de la Red de Ollas al Sur y de la CPS, dijo a la diaria que estos datos reflejan que la situación de las ollas “se ha ido complicando” en los últimos meses, y aclaró que si bien la CPS abarca a cerca de dos tercios de las ollas y merenderos que hay en la capital, hay otro porcentaje que no está contenido en el relevamiento. Explicó que en 2020 con el comienzo de la emergencia sanitaria “hubo un pico” en la demanda que “después se estabilizó”, mientras que en la actualidad el escenario “es preocupante”.

La CPS relevó los datos de 13 redes de ollas y merenderos que comprenden 125 ollas y merenderos, 40 ollas y 24 merenderos. Corrales se refirió puntualmente al porcentaje de porciones que entregan los merenderos –45,12%–, por el hecho de que la población objetivo son mayormente niños y niñas: “Hay un grupo enorme de niños y niñas que tiene que ir a tomar la merienda a un colectivo barrial que se la brinda. En cierta manera están desamparados”, analizó.

Se duplicó cantidad de niños y adolescentes que pernoctaron en refugios del Mides

En 2021 se duplicó la cantidad de niños y adolescentes que pasaron alguna noche en refugios del Mides respecto de los años previos a la pandemia, según información oficial de ese ministerio que consignó El País. Se trata de 1.168 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 45% no tenía experiencia previa en refugios, y debieron pernoctar una o más noches en un refugio de la cartera. Según consigna el matutino, representan un tercio más que los que pasaron por esos centros estatales en 2020, y en lo que va de 2022 ya ingresaron 772.

En 2020 habían pasado por los refugios del Mides 886 niños, niñas y adolescentes; en 2019, 746; en 2018, 566, y en 2017, 453. Del período 2014-2021, ese fue el número más bajo. En 2016 la cifra había sido de 474; en 2015, 718, y en 2014, 772.

Tras hacerse públicos los datos, el senador frenteamplista Charles Carrera compartió en su cuenta de Twitter el relevamiento de personas en situación de calle en 2019 –último año del gobierno de Tabaré Vázquez–, en el cual se señalaba que, “al igual que en 2016, no se registran niños, niñas ni adolescentes pernoctando en calle”. En la publicación, Carrera comentó: “El censo realizado en el año 2019 reconocía que ningún niño/a pernoctaba en situación de calle. Es responsabilidad de un gobierno ausente de políticas públicas, con aumento de la pobreza e incremento de la situación de calle, entre otras consecuencias”.

Corrales consideró que “si 100.000 personas deben recurrir a una olla popular para alimentarse, estamos hablando de un modelo social que no está funcionando. Es un país que produce alimentos y tiene gente haciendo fila con un táper para poder comer”. “Debería llamarnos a todos a la reflexión que siga habiendo gente que sigue yendo a comer a una olla popular porque no puede comer en su casa. El fenómeno existe y no podemos barrerlo para abajo de la alfombra”, agregó y, consultado sobre el rol del Estado en el sustento de las organizaciones que promueven ollas y merenderos, criticó la intermediación de Uruguay Adelante entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los colectivos. “Nos parece inadecuado tercerizar los fondos públicos en una organización privada que se maneja con criterios empresariales, que paga sueldos y que tiene juicios laborales pendientes”, sostuvo.

Por otro lado, Corrales se refirió al anuncio que hizo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que la semana pasada dijo que se resolvió “continuar el apoyo a ollas populares y merenderos a través de Uruguay Adelante con 67,5 millones de pesos” y “reforzar” la asistencia a través del Instituto Nacional de Alimentación “con 295.364 kilos de víveres secos en todas los departamentos del interior del país”. Corrales opinó que la respuesta que está dando el Estado implica “reconocer que las ollas populares son necesarias” y promover “un asistencialismo basado en la búsqueda de referentes, que nos lleva a hablar de prácticas de clientelismo y manejo arbitrario de los recursos públicos”. “Nosotros, como organización que nuclea a la mayor parte de las ollas populares, no tenemos ningún tipo de poder de decisión sobre qué tipo de insumos, dónde, cuándo y a quién se le compran”, señaló.

“Hacer de las ollas algo permanente se llama asistencialismo. Si nosotros no reflexionamos, no pensamos, no tenemos un pensamiento político –no político partidario– en cuanto a la forma en que se organiza la sociedad, estamos corriendo el riesgo de hacer de algo precario algo permanente”, advirtió Corrales, y aseguró que “el gobierno se descansa” en las ollas y merenderos impulsados por organizaciones barriales y vecinos. “Estamos hablando de un Estado que se las peló, que se ha desentendido de este tema. Nosotros no somos una política pública ni queremos serlo”, sentenció.

El viernes, durante la inauguración de una casa comunitaria de cuidados en Paso Carrasco, Canelones, Lema se refirió a la decisión de continuar el apoyo económico a las ollas y merenderos. En rueda de prensa, señaló que su cartera se había “comprometido con la ministra de Economía y Finanzas a hacer un análisis en abril” sobre la asistencia a estas iniciativas, y a partir de él se resolvió “el apoyo por unos meses más”, aproximadamente cuatro, según aclaró luego. Dijo que se evaluó particularmente “la viabilidad” de su continuidad, porque “aparte de tener la intención, tiene que ser viable”. Asimismo, señaló que desde el Mides se seguirá “evaluando” el monto asignado de acuerdo a la variación de los precios “para dar una atención de acuerdo a las características que queremos dar”.

 

 

 

 

 

domingo, 24 de abril de 2022

Los de arriba

y los de abajo
 

Uruguay no es un país pobre, es un país desigual. Y el peso de esa desigualdad es el crecimiento de la exclusión social y la pobreza, sobre todo la pobreza infantil.
La contracara es el aumento exponencial de la riqueza detentada en el 1% más rico de la población, que acapara un mínimo de ingresos equivalente a los 600.000 pesos mensuales.
Somos el país de la infamia.
Hasta que cambiemos todo lo que haya que cambiar.

 Sergio Sommaruga



 Desigualdad, incidencia y profundidad de la pobreza en Uruguay
 

El Instituto Cuesta Duarte (ICUDU), realizó un estudio sobre la evolución de la desigualdad, la incidencia y profundidad de la pobreza en Uruguay. Según sostiene el texto del documento, el ascenso de la pobreza tiene especial impacto en la niñez y la adolescencia de nuestro país


Desde la web del Pit Cnt se comparte el documento elaborado por el Instituto Cuesta Duarte.

Algunas de las cifras que recoge el estudio señalan que de los 66.000 pobres más, en el entorno de 21.000 tiene menos de 18 años, alcanzando el 32% del aumento de la pobreza a explicarse por la caída en la misma de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se sostiene como distintivo estructural de la pobreza uruguaya la incidencia especial sobre las minorías étnico raciales, en especial sobre la población afro, donde la pobreza es 9,3pp superior que en el parámetro poblacional. Así mismo tiene especial impacto sobre los hogares con jefatura femenina, superando en 1,6pp al parámetro registrado para los hogares en general y 3,3pp a los hogares con jefatura masculina.

Por último, el trabajo del equipo técnico del ICUDU sostiene que «es posible afirmar que, el proceso de ascenso de la pobreza se da en un escenario de aumento de la desigualdad y concentración del ingreso, con impacto no solo en momentos de retracción económica como el vivido en 2020, sino también de recuperación, como el registrado durante 2021. En ese sentido se puede concluir que la recuperación no está repercutiendo en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, concentrando sus frutos en los sectores de mayores ingresos».

Problemas metodológicos del INE

Según analiza el informe del Instituto: «En octubre de 2021 el Instituto Nacional de Estadística difundió los datos semestrales de evolución de la pobreza e indigencia en nuestro país correspondientes al primer semestre del año. La decisión metodológica de difusión semestral persigue la intención de generar reportes con mayor sistematicidad sobre estos -y otros- indicadores que hacen al monitoreo de las condiciones de vida y bienestar de nuestra población. El aporte entonces de contar con estas herramientas es, en términos estrictos, algo bueno. Sin embargo, esto coloca algunos desafíos, pero sobre todo exige algunos resguardos a la hora del trabajo; en particular al momento de analizarlos en relación a las series históricas de dichos indicadores, construidas hasta el año pasado con los reportes anuales.

Para todos los indicadores -como criterio general-, la consideración de datos segmentados desde el punto de vista temporal (como pueden ser los datos mensuales o trimestrales), aumenta el peligro de incorporar en la comparación factores de carácter estacional. En el mismo sentido, los análisis de corto plazo que se desprenden de esta información, pueden registrar movimientos transitorios que luego no se sostengan en un período de tiempo más extenso.

Para minimizar esta distorsión, usualmente se intenta establecer la comparación interanual de los datos, es decir, comparar datos que –aún pertenecientes a distintos años- refieren a períodos de tiempo análogos. En estos casos incluso pueden registrarse distorsiones a partir del surgimiento de eventos extraordinarios, como puede ser la comparación de un semestre o año “relativamente normal” con uno “extraordinario”, por ejemplo por la irrupción de la pandemia mundial.

Las aclaraciones metodológicas anteriores son particularmente relevantes a la luz del manejo que hicieron las autoridades gubernamentales de las cifras de pobreza disponibles para el primer semestre de 2021. En su análisis, las autoridades incurrieron en tres problemas fundamentales, que en su momento fueron criticados por diferentes espacios de análisis técnico, medios de comunicación y población en general.

En primer término, se incurrió en un problema metodológico básico, al comparar datos semestrales con datos anuales, cuyas variaciones además fueron traducidas a valores absolutos relativos a la cantidad de personas. Esto condujo a que una vez publicados los datos anuales, los mismos no convalidaran las tendencias presentadas a partir de los datos semestrales, con lo cual, a la vez que se anunciaban los datos de disminución de la pobreza del primer semestre, durante la segunda parte del año, se asistió a un proceso de incremento de la misma, al que a la postre, no se dio difusión.

Por otra parte, se hizo hincapié en información parcializada, al difundirse datos de pobreza que hacen a la evolución en una cohorte específica de edad (los menores de 6 años), para cuyo manejo se dejaron de lado recaudos metodológicos específicos como fue la baja de la natalidad que se viene verificando desde 2015 y que afectó la dimensión de dicha cohorte específica. Es decir, la caída en la cantidad de nacimientos provocó que haya menor cantidad de niños menores de 6 años; y como esta caída se concentró fundamentalmente en los hogares más pobres, hay por esta vía, menos cantidad de niños menores de 6 años entre los hogares más pobres, aún cuando no se verificó una mejora en la situación de estos hogares. Nuevamente, la difusión de esta información partía de importantes errores metodológicos y en los hechos, una vez disponible la información anual, la misma terminó siendo falsa.
A lo anterior, cabe agregar que en dicha comparación no se tuvo recaudos respecto al margen de error de los datos, presentándose en valores absolutos datos, cuyas variaciones, en términos porcentuales, estaban dentro del margen de error estadístico.

Finalmente, además de los problemas metodológicos antes mencionados, en la información difundida se presenta el sesgo de tomar como referencia un dato extremo de la serie histórica, relevado en el momento de mayor influencia de la crisis sanitaria, sin resguardos que permitan despejar y cuantificar el impacto estacional de la coyuntura particular. Desde el punto de vista de las políticas públicas, además, parece relevante trascender la comparación única respecto al 2020 donde se registraron valores tan distorsionados por el contexto de pandemia, con el fin de calibrar el éxito de las políticas actuales en relación con el manejo de la pobreza y su evolución».


Pobreza: crecimiento y pandemia

Para analizar lo sucedido con los niveles de pobreza en nuestro país en el último tiempo, así como el vínculo de su evolución con la pandemia y las políticas púbicas, es necesario contemplar por lo menos tres momentos. En primer lugar, el comportamiento de los indicadores inmediatamente antes del advenimiento del covid-19 y la declaración de emergencia sanitaria el 13 de Marzo de 2020. En segundo lugar, es necesario observar el comportamiento de los diferentes valores que permiten un acercamiento al análisis de la pobreza en el peor momento de la crisis, cuando las derivaciones sociales de la emergencia sanitaria alcanzaron su punto máximo, resultando de la articulación de la paralización o disminución de la actividad de diferentes sectores productivos, con las políticas públicas que se desplegaron para hacer frente a los efectos adversos que de ello podría derivarse. Por último, en estos momentos que, sin dejar de estar alerta como país, pareciera haber pasado lo peor y comienza a retomarse la actividad sin restricciones, conviene ver cuáles son los valores que prevalecen luego del impacto distorsivo de un suceso que podríamos caracterizar como extraordinario, al tiempo que se intenta visualizar posibles desenlaces y se monitorea la situación a futuro. A su vez, la consideración de la evolución articulando esos tres momentos, nos permite ver los resultados en la gestión de la problemática de la pobreza desde las políticas públicas, a dos años de haber asumido un nuevo gobierno nacional.

Al cierre del año 2019 el valor país de incidencia de la pobreza en hogares se ubicaba en el 5,9%, mientras que para el caso de las personas el guarismo era de 8,8%. Esta cifra implicaba que de cada 1000 hogares que había en nuestro país dicho año, 59 se encontraban por debajo de la línea de pobreza y de cada 1000 personas, se encontraban debajo del valor mínimo para hacer frente a los costos alimenticios y no alimenticios básicos, 88 personas.

Promediando el año 2020, año en el que se desarrolló el peor momento de la pandemia en cuanto a contagio y mortalidad derivando en un conjunto amplio de restricciones económicas y comerciales, así como concentrando la mayor cantidad de medidas desarrolladas por el gobierno a raíz de ellas; el valor de pobreza alcanzó el 8% para el caso de los hogares y trepó al 11,6% para el caso de las personas (80 de cada 1000 hogares y 116 de cada 1000 personas).

El valor concreto implicó un aumento de las personas en situación de pobreza del entorno de 100.000 uruguayos y uruguayas.

Ahora bien, ese resultado puede problematizarse en dos sentidos, por un lado puede discutirse el alcance de las medidas desarrolladas por el gobierno nacional en el peor momento de la pandemia, así como su eficiencia para paliar los efectos de la misma en las condiciones de vida de los uruguayos y las uruguayas. En segundo término podría esperarse que luego de superados los peores efectos de la situación sanitaria, con su impacto distorsivo en este y otros indicadores sociales y económicos, la situación pueda cambiar o estabilizase. Para avanzar en la indagación de este segundo elemento veamos los valores relativos a los niveles de pobreza que brindo el INE para el año 2021.

El año 2021 cerró con 7,5% de hogares por debajo de la línea de pobreza y un 10,6% de personas en dicha situación; 75 cada 1000 y 106 cada 1000 respectivamente. Los resultados muestran una mejoría con respecto a los valores anuales del año 2020, correspondientes al peor momento de la pandemia. Hablamos de medio punto porcentual menos de hogares pobres (luego del aumento vivido entre 2019 y 2020 de 2,1 puntos porcentuales1) y 1pp menos de personas pobres (luego del aumento vivido entre 2019 y 2020 de 2,8pp).

Ahora bien, los valores del año 2021 si bien muestran cierta recuperación, continúan presentando un escenario de importante aumento de la pobreza. Como ejemplo, mientras la recuperación de los niveles de actividad se ubica cercana a los niveles pre pandemia, en materia de pobreza, la recuperación no llega ni al 40% del retroceso vivido entre 2019 y 2020. Esta situación, de prolongarse, estaría confirmando una tendencia sostenida al aumento de la pobreza con una aceleración del nivel de variación interanual. Previo al 2020 se llegaron a registrar variaciones, pero que sin embargo no llegaban a un punto porcentual, aun sumando dos años consecutivos. El año 2018 significó un aumento de 0,1pp y 0,2pp de pobreza para hogares y personas respectivamente, respecto de 2017. Mientras que el año 2019 significo un incremento de 0,6pp y 0,7pp, en hogares y personas respectivamente, respecto a 2018. Sin embargo, y suprimiendo el valor extremo registrado en 2020, el crecimiento observado en 2021 con respecto al dato pre pandemia (2019) es de 1,6pp y 1,8pp, para hogares y personas respectivamente. Superando ampliamente el ritmo de variación anterior.

Los datos observados marcan la pauta de una imposibilidad de las políticas públicas para contener y revertir una tendencia al alza de la pobreza en nuestro país en contexto de crisis sanitaria, pero también aparecen insuficiencias para trasladar a los resultados en materia de pobreza el escenario de estabilización y recuperación económica registrado en términos generales para el año 2021. Es preciso continuar siguiendo la tendencia en los próximos semestres. Sin embargo, debe servir como alerta a la necesidad de desarrollar políticas activas de protección que evite, no solo la continuación o profundización de esta tendencia al alza, sino que permita retroceder en el aumento registrado entre 2019 y la actualidad, retroceso que se cuantifica en el entorno de 66.000 uruguayos más por debajo de la línea de pobreza. La alerta cobra especial importancia, a su vez, si tenemos en cuenta que los incrementos observados se desarrollaron en un período caracterizado por el llamado a la realización de intervenciones estatales de transferencia y protección del empleo e ingreso de las personas. Una vez transitado ese período, no parecería que la mera reactivación y recuperación de la actividad productiva y comercial esté logrando, al menos en el corto plazo, revertir la situación descripta. Lo que continúa colocando la necesidad de desarrollar acciones específicas por parte del Estado.

Recuperación de la actividad y crecimiento económico, mejora de los balances fiscales, pero aumento de las uruguayas y uruguayos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza solo puede estar marcando la pauta de un proceso de ascenso de la desigualdad. Al final de este informe indagaremos un poco al respecto.

Pobreza: generaciones, ascendencia étnico - racial y género

Partiendo del análisis anterior, si nos enfocamos en la evaluación de la pobreza por tramos de edad, con énfasis en su incidencia sobre la niñez y la adolescencia, la situación se vuelve más preocupante.

Al igual que en el caso anterior, los valores extremos se manifestaron en el año 2020, donde la pobreza pasó de 17% en menores de 6 años, 16,5% entre aquellos con edades de 6 a 12 años y 15% entre los de 13 y 17 años; a ubicarse en 21,3%, 20,3% y 18,9% respectivamente. Significando aumentos de 4,3pp, 3,8pp y 3,9pp en cada caso. Luego de cerrado el peor año de pandemia y tras un 2021 que registra recuperación en varios indicadores económicos, los valores en cada tramo se ubicaron en 18,6%, 19,4% y 18,8% para los menores de 6 años, los niños de 6 a 12 años y los adolescentes de 13 a 17 años. El saldo respecto a los valores pre pandemia es de aumentos de 1,6pp para menores de 6 años y 2,9pp para los niños de entre 6 y 12 años y 3,8pp entre adolescentes de 13 y 17 años. Vale remarcar aquí que, para el caso de la niñez y la adolescencia, el dato promedio anual finalmente no se correspondió al difundido en su momento relativo al primer semestre. En todas las cohortes etarias se registraron aumentos respecto a los valores previos a marzo del 2020. Del aproximado de 66.000 personas más que se registran por debajo de la línea de pobreza, 21.000 –32%- son menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes.

Al igual que en los datos generales, el ritmo de crecimiento se sostiene o acelera aun sin considerar los valores extremos del año 2020. Mientras que el incipiente aumento vivido entre 2019 y 2018 en desaceleración económica significó un crecimiento de 1,5pp y 1,1pp para los tramos de 6 a 12 años y 13 a 17 años entre años; el saldo registrado en 2021 respecto a 2019 es de aumentos de 2,9pp y 3,8pp en cada caso. Más negativa es la comparación para el tramo de menores de 6 años, donde no solo se registró un aumento, sino que no se recuperó la tendencia a la baja confirmada ininterrumpidamente desde el año 2015 hasta el 2019 inclusive, aun en contextos de disminución de la natalidad.

En cuanto a las minorías étnico/raciales, la incidencia de la pobreza pasó de 18,7% y 8,9% para la población afro y otras ascendencias no blancas respectivamente, para el año 2019 previa declaración de emergencia sanitaria a ubicarse en 2021 en 19,9% y 10,8% en cada caso. En este caso, debido a las modificaciones en el formulario de relevamiento de la Encuesta Continua de Hogares en el año 2020 para garantizar su realización pese a las restricciones sanitarias, no se cuenta con los valores extremos del peor año de pandemia. El proceso de aumento de la pobreza al que asistimos entonces, continúa teniendo como distintivo estructural una incidencia especial en la población racializada de nuestro país. En particular sobre los que declaran descendencia afro, con una diferencia superior a 9pp respecto a la media.

También prevalece, como distintivo estructural del fenómeno de pobreza en nuestro país, la especial incidencia de la misma sobre los hogares con jefatura femenina. Mientras que los hogares pobres con jefatura masculina alcanzan el 5,8% (1,7pp por debajo del valor medio), para el caso de los hogares con jefatura femenina la pobreza trepa en 2021 al 9,1% (1,6pp por encima del valor medio).


Severidad, brecha de pobreza y desigualdad

Para evaluar la evolución del impacto de los niveles de pobreza en el país es preciso intentar trascender el mero indicador de incidencia. Indicadores como la severidad o la brecha de pobreza, permiten afinar la mira sobre la dimensión real del fenómeno.

En primer lugar, la brecha de pobreza es una medida que nos permite dimensionar el ingreso promedio faltante necesario para que las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, alcancen dicho valor. En términos más llanos, es una medida para saber que tan lejos están las personas pobres, en promedio, de dejar de serlo.

Los datos de este indicador muestran, aun luego de la recuperación y estabilización posterior al valor extremo registrado en el peor año de pandemia, el sostenimiento de una tendencia de aumento de la brecha de pobreza con respecto a los valores previos a marzo del 2020.

Similar comportamiento muestran los valores registrados para la severidad de la pobreza, que indica el nivel de desigualdad en los ingresos entre las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Ahora bien, además de analizar la incidencia y dimensión de la pobreza, conviene poner un ojo en algunos indicadores que nos permiten analizar el nivel de desigualdad en nuestro país. Innumerables trabajos y análisis empíricos han demostrado y mostrado que la pobreza no es un problema relacionado a la riqueza de los países. Sino que igual o más impacto puede llegar a tener la forma en la que los recursos se distribuyen y son apropiados por los distintos sectores de la población. No sería algo nuevo asistir a procesos de recuperación, o incluso crecimiento económico en nuestro país, registrando sin embargo el sostenimiento o aumento de los niveles de pobreza. Se ha dado más de una vez en nuestra historia procesos de concentración de riqueza ante la ausencia de instrumentos redistributivos desde las políticas públicas.

Uno de los indicadores de desigualdad más difundidos es el Coeficiente de Gini, que en el caso como el que presentamos a continuación, se usa para medir la desigualdad de ingreso de las personas pertenecientes a una sociedad. En este indicador mientras más cercano es el valor al 0 más igualitaria es la distribución de ingresos en una sociedad, por el contrario, mientras más se acerque el coeficiente al 1 la distribución es más desigual. El problema que tiene este indicador es que su forma de cálculo y el rango entre el que varía no ayuda a dimensionar intuitivamente y en el corto plazo lo que sucede con la desigualdad en un momento dado. Grandes esfuerzos distributivos impactan en movimientos de décimas o centésimas en el índice de Gini, por ejemplo.

Igualmente, como se observa en el gráfico, asistimos en los años mencionados a un proceso de ascenso de la desigualdad en la distribución de ingresos de las personas, con un nivel máximo en 2020 y una recuperación en 2021, pero que sin embargo continúa mostrando mayores niveles de desigualdad que los registrados al cierre del 2019.

Sin embargo, existe un indicador que nos permite observar con mayor claridad la diferencia de ingreso entre el decil de población de mayor concentración de ingreso y el decil de menores ingresos. Dicho indicador muestra con mayor elocuencia, sobre todo si lo relacionamos con los indicadores macroeconómicos generales, si asistimos o no a un proceso de concentración del ingreso en la sociedad en un momento dado. Si observamos el Ratio décimo/primer decil, indicador que presenta la diferencia (mediante el cálculo del cociente) entre los ingresos del último decil (con mayor nivel de ingresos) y el décimo (con menor nivel de ingreso), vemos que el proceso de ampliación de la desigualdad de ingreso entre las personas integrantes de ambos segmentos de población ha sido sostenido para los tres años bajo análisis. No solo aumenta la desigualdad en 2020, sino también en el año 2021 cuando la recuperación de la actividad fue muy importante, así como la recuperación económica medida por el crecimiento del PBI.


La gráfica anterior nos muestra que, no solo estamos asistiendo a un escenario de aumento en la trayectoria de la pobreza, sino que el mismo está acompañado de un proceso de ascenso de la desigualdad y concentración del ingreso por parte de los sectores más poderosos de nuestra sociedad. Los aumentos de pobreza registrados no pueden explicarse, al menos no enteramente, por carencia de dinamismo económico, sino que tienen raíces en un escenario de ascenso de la desigualdad.

Conclusiones generales

La información difundida inicialmente desde el Poder Ejecutivo no solo careció de rigurosidad técnica y fue parcial; sino que al cierre de 2021, una vez que se accedió a la información anual completa, las conclusiones sacadas con los datos del primer semestre no se confirmaron.

Asistimos entre 2019 y 2021 a un proceso de ascenso de los niveles de pobreza, tanto para el caso de personas como para la consideración de los hogares.

Si bien los datos más extremos se registraron en el año 2020 (año atravesado por los peores impactos de la pandemia respecto a movilidad, actividad, crecimiento económico, etc.), los datos que emanaron del cierre del 2021 confirman la tendencia registrada en 2020 en relación a los datos pre pandemia y anteriores al comienzo de la actual administración. Lo cual permite afirmar la insuficiencia de las políticas públicas implementadas para contener y evitar la caída por debajo de la línea de pobreza de decenas de miles de uruguayos, tanto en escenario de paralización económica, como de recuperación.

El saldo al cierre de 2021 respecto a los datos registrados al cierre de 2019 es del entorno de 66.000 personas pobres más. El hecho de que el año 2021 haya arrojado como resultado el sostenimiento de un proceso de ascenso de la pobreza con respecto a los valores del 2019 (previo a la pandemia y comienzo de la nueva administración), especialmente impulsado por una evolución negativa de su segundo semestre respecto al primero, aún cuando en el mismo se registran mejoras en los niveles de empleo en general, puede impulsarnos a establecer como hipótesis que el volumen de ocupación alcanzado descansa en gran medida en puestos de trabajo precarios, de pocas horas y bajos ingresos (jornales solidarios) o con salarios reales que en general sostienen una tendencia a la baja. Si bien podría sostenerse que el impacto de la recuperación económica en los niveles de pobreza pueden expresarse con mayor lentitud; el hecho de que la distancia con los valores pre pandemia sean significativos, al tiempo que es el segundo semestre de 2021 el que explica al alza el resultado promedio expresado en las cifras finales, nos recuerda que la pobreza no solo se vincula con la falta de trabajo o insuficiencia en las políticas de transferencia, sino también con la precariedad del empleo y el deterioro de los ingresos.

El ascenso de la pobreza tiene un especial impacto en la niñez y la adolescencia de nuestro país, registrando aumentos en el mismo sentido de los antes mencionados para todas las cohortes etarias, incluso para aquellos que mostraban previo a la pandemia una tendencia decreciente (menores de 6 años). De los 66.000 pobres más, en el entorno de 21.000 tiene menos de 18 años, alcanzando el 32% del aumento de la pobreza a explicarse por la caída en la misma de niños, niñas y adolescentes.

Se sostiene como distintivo estructural de la pobreza uruguaya la incidencia especial sobre las minorías étnico raciales, en especial sobre la población afro, donde la pobreza es 9,3pp superior que en el parámetro poblacional. Así mismo tiene especial impacto sobre los hogares con jefatura femenina, superando en 1,6pp al parámetro registrado para los hogares en general y 3,3pp a los hogares con jefatura masculina.

Por último, es posible afirmar que, el proceso de ascenso de la pobreza se da en un escenario de aumento de la desigualdad y concentración del ingreso, con impacto no solo en momentos de retracción económica como el vivido en 2020, sino también de recuperación, como el registrado durante 2021. En ese sentido se puede concluir que la recuperación no está repercutiendo en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, concentrando sus frutos en los sectores de mayores ingresos.

 

Martes 5 de abril, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Privilegiados

Los mas parásitos


 

Todos los gobiernos les han mantenido los privilegios a los militares,  gobierno del partido nacional y su coalición de multi reaccionarios, como también lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio.

 Gobierno destinó 445 millones de dólares a la Caja Militar


Presidencia resolvió autorizar una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al «Servicio
de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas» por un monto de hasta 18.369:441.000 de pesos en concepto de «asistencia financiera a retirados militares». Esto equivale a unos 445,5 millones de dólares aproximadamente.

En el documento de la resolución se menciona que el presupuesto nacional 2020-2024 aprobó la partida por el concepto de asistencia a retirados militares. El considerando II dice que «en la mencionada Ley se aprobó para el
ejercicio 2022 una partida de $ 19.374:000.000 (pesos uruguayos diecinueve mil trescientos setenta y cuatro millones)».

El Tribunal de Cuentas no observó el gasto. Pero, el informe de la Asesoría Macroeconómica y Financiera de fecha 4 de marzo de 2022, sugiere aprobar la asistencia financiera por un importe de $ 18.369:441.000 (pesos uruguayos dieciocho mil trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil) hasta contar con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Así que, Presidencia resolvió aprobar esa transferencia para el ejercicio 2022.

En 2021 el Ejecutivo destinó 374 millones de dólares para la Caja Militar, informó la diaria. Además, en febrero de este año el Ejecutivo aprobó otra partida por 43 millones de dólares «por concepto de complemento de asistencia financiera para el ejercicio 2021». Es decir que el total para el año pasado fue de 417 millones de dólares.

La Caja Militar tenía, para ese entonces, 51.000 pasivos que cobran una jubilación o pasividad, y 27.000 activos que aportan, según los datos de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) recogidos por el medio citado. La relación entre retirados y aportantes es 0,53, la más baja de todo el sistema previsional, contando el régimen del Banco de Previsión Social (BPS) y otras cajas.

 

Esta es la evolución histórica de los aportes en dólares:

  • 362 millones en 2015;
  • 379,5 millones en 2016;
  • 419 millones en 2017;
  • 450,5 millones en 2018;
  • 450 millones en 2019;
  • 405 millones en 2020;
  • 417 millones en 2021;
  • 445 millones en 2022.

Es posible que la partida de 2022 aumente cuando la OPP entregue el informe correspondiente, como sucedió el año pasado y como señala la resolución de este año.

 

 

 

 

miércoles, 13 de abril de 2022

Pasados de rosca

 


El viernes 8 de abril de 2022 efectivos de la fuerza policial llegaron a la UTU del Cerro y detuvieron a un estudiante. Luego, pidieron refuerzos para accionar contra las profesoras que pedían explicaciones. Poco después, ingresaron al centro educativo y detuvieron a la fuerza a otro estudiante.

El núcleo sindical AFUTU Cerro publicó un comunicado en el que relata los hechos y denuncia violencia policial. Además, informan que el martes 19 de abril habrá paro en la UTU para dialogar con la comunidad educativa del barrio.

Comunicado del sindicato de UTU

Compartimos el relato íntegro del núcleo sindical para dar a conocer de primera mano sus impresiones y versiones de los hechos.

«En el horario de salida del turno matutino, momento en el que hay mayor concentración de estudiantes en la puerta del centro educativo, una camioneta policial que circulaba a alta velocidad frenó en la puerta de la Institución. Dos oficiales se bajaron de la camioneta, entraron al centro y retiraron de manera violenta a un estudiante. Lo golpearon contra el patrullero y lo dejaron de piernas abiertas contra la camioneta al menos 30 minutos.

Ante esta situación dos docentes fueron a pedir explicaciones sobre lo que estaba sucediendo, además de notificarles a los oficiales que el joven era menor de edad y estudiante de la Institución, así como solicitarles que dejen de violentarlo. El oficial que lo sujetaba contestó a las compañeras que, ellas estaban interfiriendo con el procedimiento policial y que sí no se retiraban las iban a formalizar. Las compañeras les comunicaron que no lo iban a hacer ya que, solo estaban observando el procedimiento. Le explicaron que el estudiante es nuestra responsabilidad una vez que entra al centro educativo. En ese momento el oficial tomó su radio y pidió refuerzos para retirar a las docentes por la fuerza del lugar.

A los pocos minutos llegó otra camioneta de la policía, con el incoherente propósito de reprimir a dos docentes que observaban en la puerta de la Institución como maltrataban a un estudiante menor de edad, así de ilógico. De la segunda camioneta se bajó una oficial que a los gritos le exigió a las compañeras que se retiraran. La oficial se acercó a una de las compañeras gritándole en la cara: “¿no leyeron la LUC?”, en reiteradas ocasiones. Solo se alejó y depuso su actitud violenta y confrontativa, cuando otro de los oficiales le dijo que iba a empezar a grabar el procedimiento.

El nivel de violencia ejercida hacia los/as estudiantes y docentes frente a decenas de adolescentes hizo que el ambiente empezara a caldearse y que una piedra golpeara uno de los móviles policiales. Frente a esto, el oficial les dijo que si el ambiente se caldeaba, se iba a complicar y que las educadoras iban a ser las responsables, que hicieran algo útil y entraran al estudiantado porque sí no la situación iba a pasar a mayores.

Otro adolescente que se encontraba dentro del centro educativo fue señalado por los oficiales como el autor de la pedrada, por lo que una vez más entraron al centro, y golpearon al estudiante en el rostro y en el brazo (lesiones que luego fueron constatadas por un médico) y lo llevaron cerca de la camioneta.

A pesar de que faltaban diez minutos para que comenzara el turno de la tarde, mientras una de las compañeras se quedaba observando el operativo con una oficial custodiándola personalmente, como si fuera una amenaza, los y las docentes entraron a todos los adolescentes a la Institución Educativa.

A esta altura, tres docentes más llegan a la UTU y al encontrarse con tal despliegue, les piden a los policías explicaciones del maltrato hacia los estudiantes, reclamando que se respetara el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nos preocupa que ante la mención del código en cuestión, se responde en desconocimiento del mismo.

Finalmente ingresaron a los estudiantes a las camionetas policiales y se los llevaron. El director de la Institución se acercó a preguntarles a dónde eran trasladados y quiénes estaban a cargo del operativo, le dieron la información correspondiente. Menos de dos horas después el fiscal de menores determinó que sean entregados a sus referentes adultos. Las compañeras que actuaron en la situación y una de las familias de los estudiantes realizaron la denuncia por uso desproporcionado de la fuerza hacia los menores en cuestión ante el Ministerio del Interior, por otro lado el director del Centro elevó a sus autoridades el informe de los hechos.

El artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia expresa que “la autoridad aprehensora, bajo su más seria responsabilidad, deberá realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y su reputación” Está claro que los hechos que relatamos fueron absolutamente violatorios de este artículo.

Las familias del Cerro mandan a sus hijos e hijas a la UTU dando por hecho de que es un espacio seguro, no un lugar donde la policía pueda irrumpir sin aviso previo ni comunicación con dirección, para retirar a los golpes a un estudiante mientras quienes estamos encargadas de velar por su seguridad somos amenazadas con un proceso penal si intentamos entablar un diálogo o siquiera osamos observar la detención».

Exigencias de AFUTU

A partir de la situación denunciada el núcleo de base de la Escuela Técnica Cerro expresa:

  • Categorizamos como un hecho sumamente grave la utilización de la violencia hacia cualquier ciudadano pero fundamentalmente hacia los menores de edad.
  • Consideramos también sumamente grave el ejercicio de la violencia policial dentro de un Centro Educativo.
  • Nos parece inadmisible la incitación a la violencia que realizó la policía ante cientos de estudiantes, pudiendo provocar que más menores de edad resultaran heridos.
  • Nos preocupa de gran manera la criminalización de los adolescentes del barrio por parte de la Policía.
  • Rechazamos enfáticamente el maltrato a todas las docentes que intervinieron en la situación para garantizar los derechos de los adolescentes y cuidar su integridad física.
  • El núcleo sindical va a seguir la denuncia realizada por las compañeras y la familia hasta las últimas consecuencias.
  • Además seguimos reafirmando nuestro compromiso de trabajar en el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes así como también en las formas no violentas de relacionarse, porque esa es también nuestra labor como docentes de la educación pública.
  • Es por esto que el martes 19 paramos desde las 18:00 horas ara dialogar con las familias, vecinxs, organizaciones sociales y quienes quieran acercarse a la UTU Cerro, para conversar sobre los hechos de público conocimiento.
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UTU del Cerro denuncia actos violentos contra estudiantes por parte de la Policía en el centro educativo 

La diaria 12 de abril 2022

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Los trabajadores anunciaron un paro para conversar sobre estos hechos con familias, vecinos y organizaciones sociales.

La dirección de la UTU del Cerro -la Escuela Técnica Cerro Maestro Nicasio García- y el sindicato de los trabajadores del centro educativo denunciaron que la Policía cometió varios actos de violencia contra los estudiantes y el lugar el viernes.

Según el relato incluido en un comunicado emitido este martes por el núcleo sindical de UTU Cerro, a la hora de salida del turno matutino, cuando hay “mayor concentración de estudiantes en la puerta del centro educativo”, frenó en la puerta de la institución una camioneta policial “que circulaba a alta velocidad”. Dos efectivos se bajaron de la camioneta, “entraron al centro y retiraron de manera violenta a un estudiante”, al cual “golpearon contra el patrullero” y “dejaron de piernas abiertas” durante al menos 30 minutos, cuentan los trabajadores.

Dos mujeres docentes se acercaron a los policías para pedir explicaciones, informar que el estudiante era menor de edad y “solicitarles que dejen de violentarlo”, continúa el comunicado. Les respondieron que estaban “interfiriendo con el procedimiento policial” y que serían formalizadas si no se retiraban; como ellas se negaron, uno de los efectivos “tomó su radio y pidió refuerzos para retirar a las docentes por la fuerza del lugar”.

Así, llegó al lugar una segunda camioneta policial, con “el incoherente propósito de reprimir” a las dos docentes, que “observaban en la puerta de la institución cómo maltrataban a un estudiante menor de edad”, informan los trabajadores. Del vehículo descendió una mujer policía que les gritó a las trabajadoras y mantuvo una “actitud violenta y confrontativa”, hasta que uno de sus compañeros le informó que empezaría a grabar el procedimiento.

“El nivel de violencia ejercida hacia los/as estudiantes y docentes frente a decenas de adolescentes hizo que el ambiente empezara a caldearse”, indica el sindicato de la UTU del Cerro, que agrega que “una piedra” golpeó uno de los móviles policiales. Uno de los efectivos les dijo a las docentes que la situación “se iba a complicar” y que ellas serían responsables si no hacían que los estudiantes ingresaran al centro educativo.

En ese contexto, un adolescente que se encontraba dentro del centro educativo fue identificado por los policías como el autor de la pedrada, “por lo que una vez más entraron al centro, golpearon al estudiante en el rostro y en el brazo y lo llevaron cerca de la camioneta”, agrega el comunicado. Los trabajadores cuentan que estudiantes y docentes ingresaron al centro educativo, excepto una de las docentes que se quedó observando el operativo “con un oficial custodiándola personalmente, como si fuera una amenaza”. Además, otros tres profesores que llegaron al lugar con el operativo ya iniciado pidieron explicaciones a los policías y reclamaron que se respetara el Código de la Niñez y la Adolescencia. “Nos preocupa que ante la mención del código en cuestión, se responde en desconocimiento del mismo”, indica el comunicado.

Los dos adolescentes fueron trasladados en camionetas policiales, y menos de dos horas después el fiscal de menores que se hizo cargo del caso determinó que fueran entregados a sus referentes adultos. La familia de uno de ellos y las docentes que presenciaron el operativo policial desde el principio presentaron una denuncia por uso desproporcionado de la fuerza hacia los menores, informaron los trabajadores.

“Las familias del Cerro mandan a sus hijos e hijas a la UTU dando por hecho que es un espacio seguro, no un lugar donde la Policía pueda irrumpir sin aviso previo ni comunicación con dirección, para retirar a los golpes a un estudiante mientras quienes estamos encargadas de velar por su seguridad somos amenazadas con un proceso penal si intentamos entablar un diálogo o siquiera osamos observar la detención”, agrega el núcleo sindical UTU Cerro a modo de conclusión.

Por último, los trabajadores enumeran que consideran que es “sumamente grave” tanto el uso de la violencia -en este caso contra menores- como el ejercicio de la violencia policial dentro de un centro educativo, e “inadmisible” la incitación a la violencia por parte de la Policía ante “cientos de estudiantes”. Agregan que les “preocupa de gran manera la criminalización de los adolescentes del barrio” y que rechazan “enfáticamente el maltrato a todas las docentes” que intervinieron en la situación. Además, anuncian que el martes de la semana que viene harán un paro desde las 18.00 para conversar sobre este hecho con familias, vecinos, organizaciones sociales “y quienes quieran acercarse a la UTU Cerro”.

La denuncia de la dirección

La dirección de la UTU de Cerro también denunció los hechos ante la Regional Montevideo Oeste de UTU en un informe de urgencia. En un relato más escueto, señaló que a las 12.55 del viernes agentes policiales entraron “en forma violenta” al predio del centro educativo persiguiendo a un estudiante menor de edad. Agregó que hubo un uso desproporcional de la fuerza que generó la intervención de docentes, que una policía impactó contra el móvil policial y que otro estudiante fue retirado “de forma violenta”, “con golpes”, del centro educativo.

El director, Ruben Ferreira, contó también que preguntó quién estaba a cargo del procedimiento policial, lo que le fue informado, y que la detención de los dos adolescentes fue solicitada por el fiscal Carlos Reyes.

“Como educadores del centro educativo, consideramos que esta serie de hechos violentos por parte de la autoridad policial no deben ocurrir, ni dentro del centro ni delante de cientos de nuestros estudiantes”, concluyó Ferreira en su mensaje a las autoridades.

AFUTU respaldó la denuncia

El sábado la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) manifestaron en un comunicado su "absoluto repudio ante la intromisión de las fuerzas policiales en un centro educativo y el despliegue de violencia contra jóvenes estudiantes frente a otros estudiantes".

"Asistimos a tiempos de infamia y atropello", agrega la asociación, que también exige "información sobre quién autorizó la entrada de estas fuerzas a un centro educativo y cuál es la situación de los compañeros docentes que auxiliaron a los estudiantes".

 

 

 

viernes, 8 de abril de 2022

La INDDHH está siendo acorralada

 

 


 Roger Rodríguez: “La INDDHH está siendo acorralada desde el gobierno”
 

Miércoles, 06 Abril 2022

En el marco de la embestida contra la INDDHH encabezada por Cabildo Abierto –que abiertamente planteó su intención de derogar la ley que creó la institución- a la que se han sumado otras voces oficialistas con mayor o menor vehemencia siempre en dirección crítica con el organismo, consultamos al periodista especializado en derechos humanos, Roger Rodríguez, sobre su valoración del escenario actual, a partir del resultado del referéndum. 

Roger Rodríguez es periodista formado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, que trabajó en El Día, Convicción, Brecha, Posdata y La Hora, entre otros, y se ha especializado en el tema derechos humanos. Con sus investigaciones periodísticas, ha realizado aportes a las causas judiciales argentinas y uruguayas sobre el Plan Cóndor donde, tras la ubicación del niño Simón Riquelo, denunció el llamado “Segundo Vuelo” de Orletti (2002) que confirmó el traslado de los desaparecidos a sus países de origen. Fue testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Caso Gelman, en el marco del cual ubicó el centro clandestino de torturas conocido como Base Valparaíso (2005) y del Juicio contra el Plan Cóndor en Roma.

Según explicó Rodríguez al Portal del PIT-CNT, desde la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986 y con la amnistía de militares acusados de crímenes de lesa humanidad, se comenzó a establecer una “cultura de la impunidad” en Uruguay. “Creo que la cultura de la impunidad refería al no castigo de los violadores de los derechos humanos en los años de la dictadura, pero también tiene que ver con las consecuencias que eso generó en el entorno social y político. Y en cierta medida, la sociedad se fue adaptando a esa cultura de la impunidad. A partir de los años 2000 se fue desarrollando un proceso más profundo e intenso para pelear por la verdad y confrontar la historia oficial de los dos demonios. Esa teoría -que ahora se pretende reinstalar- se fue derrotando y logrando cambiar a medida que la sociedad fue derribando la Ley de Caducidad y como consecuencia de las sentencias internacionales que evidenciaban que las violaciones a los DDHH era crímenes de lesa humanidad y no podían ser amnistiados, ni perdonados, sino que debían ser juzgados. La verdad exige justicia. Luego vinieron años de gobiernos progresistas en Uruguay y en el resto del continente, pero esos gobiernos progresistas no lograron evitar la cultura de la impunidad.

¿Por qué crees que no pudieron?

La izquierda agarró un auto llamado Uruguay dentro de una autopista; quemaba aceite, no tenía luces y se daba contra las barras laterales. Lo arregló en marcha y lo dejó funcionando a velocidad  crucero, pero nunca se cuestionó hacia dónde iba la autopista. Un error clave de esos gobiernos progresistas fue la desmovilización. Al evitar de hecho la movilización social, aquellos gobiernos no tuvieron un respaldo de la sociedad activa en las calles y se fueron quedando solos en sus despachos del Poder Ejecutivo, del Parlamento y eso fue generando –desde mi visión- una reacción del nuevo liberalismo que hoy la estamos sufriendo, pero que claramente se viene forjando desde hace muchos años. Los grupos de derecha y de ultraderecha de este país venían desde la época de la dictadura forjando su proyecto, pero en cierto momento asumieron una conducta casi clandestina en democracia. Tenían intervenciones sociales esporádicas, de vez en cuando aparecían con una amenaza, un atentando, algún episodio muy puntual en particular los 14 de abril. Sus expresiones públicas se limitaban a respaldar a los militares que comenzaban a ser citados por la justicia y poco más. En el continente el proceso de posicionarse a nivel público fue muy notorio y se fue organizando, por ejemplo, a partir de grupos de ultraderecha en Venezuela, partidos liberales conservadores, que fueron generando un proceso regional como el que ahora podemos ver. Cuando las sociedades se desmovilizan, pero además ingresan en la lógica del consumo desenfrenado, la realidad se torna favorable para los grupos de la derecha más extrema. Si las reivindicaciones quedan solamente acotadas a lo parlamentario, la ultraderecha tiene mejores chances de crecer. Acá en Uruguay, fueron resurgiendo los grupos de derecha a nivel de jóvenes del Partido Nacional, también comenzaron reuniones de grupos neonazis en algunos barrios y aparecieron algunos youtubers. Ahora tenemos una coalición que tiene a Cabildo Abierto como notoria expresión de la derecha y la ultraderecha, que acumula a todas las expresiones de grupos nazis y nacional socialistas con pequeñas expresiones de otra índole. Todos esos grupos reaccionarios reivindican las violaciones a los derechos humanos practicadas en dictadura por las Fuerzas Armadas, y si bien siempre existieron, antes funcionaban en cierta clandestinidad pero ahora actúan a nivel público y hasta reclaman el fascismo con total desparpajo. Se pronuncian en Twitter, en YouTube y se van posicionando en la sociedad. Y claramente, la sociedad recibe una sola visión de algunos temas, siempre de acuerdo al abordaje de los medios de comunicación. Hay una visión marcadamente anticomunista, con conceptos del siglo pasado, que cuestiona todo lo que implique derechos y reivindicaciones sociales. Estamos en un tiempo en el que la ultraderecha te ataca y el movimiento social está desmovilizado. Y obviamente, con los medios de comunicación abroquelados de un solo lado y defendiendo una sola visión.

Por lo tanto, creo que en este contexto, vamos a tener un 14 de abril de “celebraciones” extremas. Y no descartaría que algún grupo vuelva a hacer el saludo nazi en la plaza de la bandera. Sinceramente no lo sé.

¿Se está volviendo a instalar el lenguaje de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas? Te lo pregunto porque algunos parlamentarios y legisladoras hablan de sedición, dicen que la Universidad está “infiltrada” y de vandalismo ante las pintadas de muros, entre tantas otras expresiones.  

Lo que pasa es que el Partido Nacional es de derecha. Tuvo en otros momentos de la historia algunos grupos o sectores más progresistas como el Movimiento Nacional de Rocha o en el wilsonismo, pero esos espacios prácticamente han desaparecido. Hoy el PN vuelve a ser el partido herrerista que siempre fue de derecha. Y lo sigue siendo afianzando además alianzas con otros sectores de derecha y ultraderecha. Por otra parte, el Partido Colorado mantiene un nivel de conservadurismo notorio, donde el batllismo no está teniendo poder. Y, como decíamos, la coalición de gobierno tiene en Cabildo Abierto una expresión absolutamente derechista. Por lo tanto, hoy vemos un nuevo escenario en el que ellos aprendieron a leer a Gramsci y están peleando por le hegemonía cultural de la izquierda. Esa lucha contra la hegemonía cultural y a favor de la jerarquía social, es sin duda la más clara lucha de clases. Están en contra de todo lo que represente igualdad, agenda de derechos sociales y sostienen que “el enemigo” es el comunista, “el zurdito”, tupamaro, Tabaré Vázquez, Mujica y todo lo que identifique con algo de izquierda. Hablan de la infiltración de la UdelaR pero ellos atacan directamente a la enseñanza pública. Y por supuesto, el Poder Ejecutivo ahora está afianzando las herramientas de la LUC en materia de represión, algo que se va a intensificar en los próximos años. Pero también me parece importante señalar que los gobiernos del FA tuvieron su responsabilidad en la situación actual por la desmovilización y porque creyeron que se podía generar una Policía más progresista. Cuando llegó la coalición despedazó esos intentos y volvieron los policías más reaccionarios que habían sido dados de baja. Hoy están de nuevo los expertos en razzias, represores, con un gobierno clasista conservador, con una sociedad consumista desmovilizada y todo apunta a que vamos tener una realidad aún más compleja.

¿Por qué reafirmás lo de la sociedad desmovilizada si en la campaña de las firmas claramente la militancia jugó un rol determinante?

El problema es que la recolección de firmas –desde mi visión- fue un ejercicio de movilización de un año y pico. Se pudo hacer ese movimiento como un acto reflejo, luego de la derrota electoral. El concepto de que el pueblo decida sigue manteniéndose como una idea democrática muy potente para la sociedad uruguaya. Pero muchos de los que firmaron después votaron para otro lado. También hay una realidad de este fenómeno llamado la grieta o como la quieran llamar, que sostiene que la izquierda y los sectores progresistas no abren puentes para el otro lado. Creo que es un error decir: ‘ah, votaste tal cosa, ahora jodete o peor aún cuando se le dice a quienes votaron No que ‘por culpa tuya ahora tenemos un país peor’. Así no convencemos a nadie. Tal vez faltaron argumentos mejores, mejores mensajes, mejor comunicación para explicar algo complejo como 135 artículos de una Ley, pero echarle la culpa a los otros no es una buena estrategia. Y más allá del peso terrible de los medios de comunicación, creo que es una torpeza creer que vas a hacer la revolución desde las redes sociales. Las redes son muy buenas para mantener o generar ideas, pero si uno mira el círculo donde cada uno está, queda claro que son todos convencidos. Y no podés convencer a los convencidos, esos son votos asegurados. Muchos se quedaron en las redes y no salieron a convencer a vecinos o a un pariente. Yo creo que ahí es donde estuvo la derrota. Y de cara al futuro, creo que falta reacción, hasta falta liderazgo en el movimiento social. Hay que abrirse a los jóvenes y a bases nuevas, a las experiencias de la recolección de firmas como a las de las ollas populares. Supongo que siempre pasa en los procesos de recambio de grandes caudillos como Vázquez, Mujica y Astori. Se tarda en conseguir recambio pero claramente es algo que va a tener que suceder.

Además de los ataques hacia los sindicatos, las organizaciones sociales, estudiantiles y los feminismos, ahora surgió con mucha virulencia un embate contra la INDDHH.

Totalmente. Es parte de lo que consideran “el enemigo”, los derechos sociales y la lucha de los DDHH. A la INDDHH la van a atacar porque es parte de su visión de lo que deben confrontar. Incluso están tratando de generar una especie de “centro de estudios” de DDHH en Uruguay pero desde una visión de derecha. La INDDHH está siendo acorralada desde el gobierno, también desde el Parlamento y hay una clara intención de anularla, en particular desde que quedó a cargo de la búsqueda de los desaparecidos. El ¿Dónde están?, sigue siendo una pregunta clave. Lo que trabaja la INDDHH es algo que beneficia a la sociedad. Pero la decisión notoria es destrozarla, cerrarla o sacarle todas potestades. El mismo vaciamiento o debilitamiento que se busca con la enseñanza pública que fue desplazada de los organismos de gobierno. La privada no, porque la necesitan para formar los líderes del futuro para los sectores conservadores. Por lo tanto, creo que estamos en una coyuntura incierta, me temo que se viene un periodo de enfrentamientos sociales donde será necesario tener la cabeza muy fría para no entrar en el juego de provocaciones y los intentos para descalificar a los movimientos sociales, que, necesariamente, tendrán que luchar por sus reclamos.