Gerardo Nuñez
Diputados del FA cuestionaron a ex ministros de Defensa e Interior que no se interesaron por el espionaje ilegal en sus administraciones
24 • ago. • 2017
El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, que preside la comisión parlamentaria que investiga las actividades de espionaje realizadas por inteligencia militar y policial desde la reapertura democrática, señaló la necesidad de trabajar en dos proyectos de ley sobre el tema. Núñez participó, junto con su par Luis Puig (también del FA e integrante de la comisión), en una mesa redonda sobre espionaje en democracia, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Núñez explicó que uno de los proyectos tendría como objetivo regular el acceso a todos los archivos de inteligencia, porque “los uruguayos nos merecemos saber qué se investiga y con qué fines”. No obstante, subrayó que esa información no se puede manejar “al voleo”, porque “cuando hay archivos de inteligencia, hay víctimas del espionaje y tenemos que ser cuidadosos con esas personas”. “Entonces, tampoco está bueno que cualquiera pueda acceder y divulgar los contenidos, por eso hay que regular el acceso, pero se tiene que garantizar el acceso democrático a los archivos para las labores de investigación, periodísticas y académicas. Después se establecerá un protocolo de una manera que proteja la información con el cuidado hacia las personas que fueron víctimas”, indicó Núñez.
A su vez, el diputado informó que el otro proyecto de ley relacionado ya fue presentado en el Parlamento y refiere a la creación de una ley de Inteligencia Estratégica, que regule y controle las acciones de todos los servicios de inteligencia, en los que la sociedad civil tendría una presencia cada vez mayor, porque la inteligencia “tiene que salir de las órbitas en las que ha estado históricamente”. Agregó que eso implicaría enfocarse también en la formación ciudadana, para que cualquiera pueda estar en condiciones, si lo desea, de trabajar en un organismo de inteligencia y “controlar esos espacios”.
Hasta ahora, casi todos los ex ministros de Defensa Nacional e Interior que fueron citados a la comisión señalaron que no tenían conocimiento de las actividades ilegales de espionaje. El único que dijo que sí lo tenía fue José Díaz, pero por su carácter de espiado. Durante la mesa redonda, Núñez dudó de que se haya podido evadir “todos los mecanismos de control habidos y por haber”, ya que los planes de inteligencia que trazan las coordenadas de acción debieron ser “por lo menos informados o discutidos con el responsable jerárquico máximo”, que era el ministro de Defensa.
Además, Núñez señaló que realizaron un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para conocer los gastos de las direcciones de inteligencia desde 1985 hasta la fecha, por las cifras “exorbitantes” que se gastaban en espionaje. Dijo que, por ejemplo, se alquilaban casas cercanas a un sindicato o local partidario para investigarlos. “Nosotros pagamos para que nos investiguen, es ilógico”, añadió Núñez. Además, el diputado dijo que es relevante saber qué hacía la CIA pagando informantes en Uruguay, ya que eso también se desprende del “archivo Berruti”.
Al final, Puig dijo que los ex ministros que comparecieron ante la comisión no sólo dijeron que no tenían conocimiento de la situación, sino que varios contestaron con desdén: “‘Tampoco nos interesaba demasiado, porque teníamos cosas más importantes que hacer’. Eso es gravísimo”, comentó.
>>> Espionaje en democracia
Panel sobre espionaje en democracia organizado por CRYSOL en la
institución Naciona de Derechos Humanos con los Diputados Gerardo Nuñez y
Luis Puig
La liberación de una parte del archivo del espionaje militar en democracia trajo adhesiones y enojos. Y evidenció una tensión acumulada en cuanto a las opiniones sobre cómo se manejan estos documentos. Más allá –o más acá– de la forma en la que Brecha eligió publicar los documentos, quedaron latentes los diferentes criterios del gobierno en cuanto al acceso a la información reservada y la opacidad que prima sobre los archivos del pasado reciente.
Eran las 14.59 del jueves 27 de julio cuando Brecha liberó
en su web algo más de 14 mil páginas que confirmaban, definitivamente,
el espionaje ilegal y sistemático que la inteligencia militar llevó
adelante sobre personas y organizaciones en democracia.
Desde
octubre de 2016 el semanario había estado revelando a sus lectores
detalles de todo el andamiaje burocrático montado por los militares, su
operativa, sus objetivos a espiar (sindicatos, partidos, medios de
prensa –Brecha entre ellos–, organizaciones sociales y
religiosas, etcétera), que terminaron convenciendo a algunos diputados
de crear una comisión investigadora para comprobar la existencia del
espionaje en democracia y eventualmente determinar responsabilidades y
su posible derivación a la justicia penal. Hallados en 2006 por la
entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti, los documentos fueron
ignorados durante diez años por todo el espectro político.
Apenas
publicados, comenzaron las reacciones. Primero fue en las redes
sociales: algunos celebraron la iniciativa, otros, entre ellos varios
integrantes del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos
Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, cuestionaron por qué
no se tacharon los nombres de militantes que quedaban expuestos en
detalles de su vida íntima sin relevancia para el resto de las personas;
otros alertaron sobre la “carne podrida” que podría contener la
publicación. “Repudiable”, “inmoral”, dijeron algunos. Hubo también quienes exigieron conocer cómo Brecha accedió
al material. En los medios, pocos consignaron la noticia, algunos
comenzaron a hacer pública información proveniente del archivo, otros
abordaron algunas aristas del asunto a través de columnas de opinión. El
silencio del Estado, del gobierno y de la clase política toda resultó
ensordecedor.
UN GATO Y UNA EXPLOSIÓN. Si
para algunos la revelación de datos personales es un hecho que anula
cualquier aporte de conocimiento que los archivos pudiesen hacer, para
otros lo fundamental de su difusión es que se confirma la existencia de
un organismo de inteligencia funcionando en democracia y en dictadura,
al margen de cualquier control e institucionalidad, pero amparado en una
especie de blindaje protector impenetrable. Otros encuentran la
oportunidad de señalar la ausencia de una institucionalidad que cuide y
unifique los criterios de acceso a los archivos, considerados hasta
ahora “opacos” y “discrecionales” a pesar del marco regulatorio
existente que debería garantizarlo (véase recuadro “Árido”). En ese
marco, para los entrevistados (abogados, integrantes de organizaciones,
familiares, historiadores, políticos) lo de Brecha aparece como
la punta de un iceberg, y lo que subyace es la existencia de una tensión
de larga data en torno a una (no) política del patrimonio documental
nacional, y el debate pendiente sobre la custodia y acceso a los
archivos que lo conforman, principalmente los referidos al pasado
reciente.
“La
advertencia de que los archivos están, que contienen la información y
que el Estado debería procesarlos de alguna manera para ofrecerlos al
público, es un reclamo de la sociedad que no tiene un año, tiene diez.
Llega un momento en que las cosas explotan, lo hizo a través de Brecha, pero podría haber explotado por cualquier lado”, dijo Isabel Wschebor, ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. “El mérito es el de tirar el gato arriba de la mesa –opinó, por su parte, el historiador Carlos Demasi–. De
los archivos no se hablaba, después decían que no existían, cuando
existieron dijeron ‘ah sí, pero no dicen nada importante’, y aparecen
los documentos y ¡caramba!, parece que sí decían cosas importantes, pero
nadie agarraba el toro por las guampas.”
Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, considera que estos archivos cobran una “gran relevancia” en las causas judiciales por el “secretismo” que los rodea: la “política (del Estado) hacia
las Fuerzas Armadas las abroqueló totalmente en el silencio, entonces
vos ves que no hay fisuras, que desde 1985 hasta hoy no hay cómo llegar a
tener información si no es por medio de archivos. (…) Son
archivos de los militares, responden a sus propios objetivos; eso genera
una situación compleja porque tienen información pero no son la verdad,
no tienen por qué ser la verdad, y el que aborde esa página tiene que
ir con toda esa precaución”, advirtió.
EN TODAS PARTES. El
debate sobre qué hacer con los archivos generados durante períodos
represivos y de terrorismo de Estado no es exclusivo de Uruguay. Desde
los archivos de la guerra en Argelia, pasando por los de la Stasi, hasta
los de la guerra civil española “están demostrado que el principal
problema de los gobiernos es que, habiendo pactado una transición
política ‘en paz’ y de no explicitación de cuáles fueron las
responsabilidades del Estado en esta materia, la publicitación de las
formas en las que se investigaba a las personas se vuelve en contra de
la forma en que estos estados decidieron pactar para salir de sus
dictaduras”, opinó Wschebor, en referencia a las prácticas de
inteligencia que el Estado no revisó al retornar a la democracia y que
durante al menos 30 años siguieron adelante sin que las autoridades
legítimas se enteraran. “Cambiar la lógica de la administración lleva
tiempo, porque el régimen de terrorismo de Estado y su actuación
ilegítima fueron impuestos por temor y terror, pero también con
muchísimas complicidades que hasta el día de hoy se mantienen, como se
mantiene el pacto de silencio mafioso entre los torturadores”,
señaló por su parte Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia, creado por Tabaré Vázquez al inicio del actual
gobierno y que funciona en la órbita de la Presidencia.
En
escenarios así, propiciar la discusión queda en manos de las
organizaciones sociales, que a su vez presionan para obligar la
desclasificación de archivos y lograr que su acceso –con suerte– no esté
restringido a los académicos. “Los archivos dejan visible el
espionaje en democracia y la operativa de militares infiltrados para
continuarlo hasta el día de hoy. Eso nos compete a todos. No es de
académicos ni de investigadores. A 40 años de la dictadura y con hechos así no podemos seguir pensando que lo principal es restringir, sino todo lo contrario”, sostuvo Zaffaroni.
EN BUSCA DE UN MARCO. El
marco regulatorio creado a partir de la llegada del progresismo al
gobierno permitió avances pero mantuvo opacidades y, sobre todo, no
logró soluciones completas. El Archivo General de la Nación (Agn) tiene
120 quilómetros lineales de documentos judiciales, la mayoría de ellos
sin catálogo ni descriptores, contó a Brecha el historiador Nicolás Duffau. “Vas tanteando a ciegas”,
advirtió. Vania Markarian, responsable del área de investigación
histórica del Archivo General de la Universidad de la República,
advirtió que “siguen existiendo grandes carencias en las condiciones
de preservación y acceso a los múltiples archivos oficiales sobre el
período de la dictadura que se han detectado en la última década”, y
aseguró que hay diferentes criterios de tratamiento y acceso
establecidos para los archivos ubicados en la cancillería y los
ministerios de Defensa e Interior.1 En conversación con el
semanario, Markarian reclamó una institucionalidad que elimine la
opacidad y la discrecionalidad en el acceso y que homogeneice
criterios: “Ahora aparecieron los archivos del Fusna (Fusileros Navales).
La primera decisión es decir: está en este lugar, el volumen es este,
las fechas extremas parecen ser estas y el procedimiento va a ser este,
que sigue estos lineamientos. ¿Quién está entrando? ¿Bajo qué
condiciones? ¿Cuál es el destino? ¿Quién garantiza el acceso? Yo no
tengo idea, no sé si alguien la tiene. Mi preocupación es formal en el
sentido más político de la palabra”.
“He
visto que se habla mucho del Agn y nadie analiza que es una dependencia
subordinada al Poder Ejecutivo. Si éste define que el archivo será
visto por tres o cuatro personas que designa el propio Ejecutivo, el Agn
no puede tener una política distinta”, dijo Wschebor. Sucede que ni
siquiera los propios ministerios tienen claro quién clasifica como
reservados los documentos y quién puede desclasificarlos. Prueba de ello
es la respuesta dada a Brecha por Martín Fabregat, asesor en
comunicación del Ministerio de Defensa, en la que aseguró que una vez
que los archivos pasan al Agn ya “no dependen ni funcional ni operativamente” de
esa cartera. Sin embargo, la ley de acceso a la información pública
establece que el organismo que generó el archivo es el que toma esas
decisiones.
Frente
a las reservas declaradas por el Ejecutivo aparecen las soluciones
parciales. Por ejemplo, la mencionada ley habilita a dar información a
las personas directamente implicadas. “Entonces se abren sistemas de
clasificación exclusivos para las personas que están implicadas.
Soluciones parciales para una definición que está por encima de todo el
mundo en la escala jerárquica y administrativa. Esa es la discusión que
hay que dar: cómo se generan condiciones para que el Ejecutivo entienda
que si abrimos los archivos no va a pasar nada. No va a ser un escándalo
público”, opinó Wsche-
bor. A su vez, el gobierno tiene a su
disposición la Unidad de Acceso a la Información Pública (Uaip), que se
encarga de asesorarlo en estos temas, sin embargo, Mariana Gatti,
miembro de la institución, aseguró a Brecha que no han recibido ninguna denuncia ni consulta sobre el tema.
El
asunto no es sencillo. Como casi todo alrededor de los archivos,
tampoco aquí parece existir consenso. En una columna publicada la semana
pasada en La Diaria,2 Carla Larrobla, integrante del
equipo de historiadores que investigó sobre detenidos desaparecidos,
recordó un seminario realizado a fines de 2016 que no logró cumplir su
objetivo de consensuar criterios que “permitieran elaborar un protocolo nacional de acceso a la información”, debido a “las dificultades que representa este asunto y las múltiples posiciones que existen al respecto”.
Antes,
en 2008, a raíz del hallazgo de los archivos del espionaje por la
ministra Berrutti, se comenzaron gestiones para crear un “Archivo
nacional de la memoria”, recordó Edison Lanza, entonces integrante de la
organización Cainfo y hoy relator especial para la libertad de
expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los
aspectos a regular, explicó Lanza, estaba “que quienes perpetraron el
espionaje y la actividad ilegal no mantengan la custodia de esos
archivos y que pasen a otras agencias del Estado, que fuera un archivo
destinado a conocer lo sucedido, que contribuyera a recuperar la
memoria, y con los fines de reparación, de justicia y otros fines”. También se regularía su acceso, “siempre
bajo el principio de máxima divulgación y de que las excepciones sólo
puedan ser establecidas por una ley, porque hablamos de regular un
derecho fundamental como es el derecho a la información y a la verdad, y
proteger algunos bienes, como los datos sensibles de las personas”. Pero faltó voluntad política y sobraron discrepancias de criterio. “Algunos
estimaban que primero debía ser objeto de un tamizado por los
historiadores, que era temprano para liberarlo así nomás, todo el mundo
hacía acuerdo en que la justicia debía acceder, luego se puso a
disposición del Agn para que víctimas y familiares pudieran acceder, ahí
se hizo un buen trabajo”. Finalmente el Ejecutivo elaboró otro proyecto que se aprobó en 2008 (ley 18.435), que “en materia de acceso remite a la ley de acceso a la información”, por lo que para Lanza “resultó
en casi lo mismo que mantener el problema latente, porque no estableció
las reglas para el acceso público, que es lo que ahora se discute nueve
años después”. Según afirma Markarian, parte del fracaso se debió a
la resistencia de historiadores y archivólogos, que se oponían a que se
separaran del archivo de información e inteligencia policial los años
vinculados al terrorismo de Estado con el fin de alojarlos en esta nueva
dependencia: “Se advertía así acerca de los peligros de establecer
cortes tajantes y hacer de las discusiones contemporáneas, atravesadas
por pasiones políticas y dolores acuciantes, la forma central de definir
qué hacer con documentación perteneciente a archivos históricos de gran
valor en la larga duración”.3
PARA QUÉ SIRVE UN ARCHIVO. Dice Demasi que sobre los archivos pesa cierta “sacralización” equivocada,
como si alcanzara con entrar a uno y elegir la carpeta correcta para
encontrar allí el documento que dirá quién mató a Julio Castro o quién
es el responsable de la desaparición de una persona. No funciona así. La
lógica indica –sostiene el historiador– que el archivo debe ser
manejado como una globalidad. De esa manera, “más que saber si
fulanito tiene una amante, lo que encontrás es la lógica de la
observación, qué cosas están mirando, la subjetividad que construye el
archivo sobre el que lee los documentos, cuál es el tipo de visión de la
sociedad que intenta dar, y a partir de ahí empezás a ver qué te dice
el archivo”. Wschebor rea-firma el concepto. En sus palabras, en el archivo de espionaje en democracia “puede
verse la carátula, la figura del ‘manipulador’, hay uno que brinda la
información, otro que la manipula, hace el informe, están los datos
administrativos, cuánta plata le pasan, los datos del nivel de conflicto
que genera esto… hay una cantidad de datos de contexto que son
relevantes. No es sólo el documento. Eso te permite recabar una cantidad
de datos para valorar el contenido de lo que éstos dicen”. Explicar esto, dice, forma parte de la función social del historiador.
“Hay
una forma más fácil de entenderlo: cuando se inventó la fotografía el
público tendía a pensar que lo que quedaba registrado en la imagen era
una representación fiel de la realidad. De a poco fuimos viendo que las
fotografías no registraban el movimiento de las personas, que la persona
que tomó la fotografía había elegido un cuadro, se había corrido de
cierto lugar porque capaz no quería que algo saliera en la foto para que
la imagen quedara más linda. Fuimos entendiendo que las imágenes no son
el reflejo de la realidad. Con el documento escrito pasa lo mismo.
También es cierto que es un testimonio: allí había unos edificios que
quedaron registrados, hay una cantidad de cosas que son datos, pero
tenemos que problematizarlos, hacernos preguntas, qué es lo que se ve y
lo que no se ve en ese documento. Qué es lo que se puede confirmar si lo
cruzamos con otra fuente que viene de otro contexto de producción. Hay
un montón de cosas a analizar cuando nos enfrentamos al documento. No
creo que eso sea sólo un tema de los historiadores. Capaz que a través
de las imágenes es más fácil de entender, pero también hay que volver a
los textos y considerar que en ese sentido todas las fuentes operan de
la misma manera.”
“No es el debate fundamental”,
contesta Vania Markarian, ante la pregunta de si debe censurarse
información que guarda un documento antes de hacerlo público. Dependerá
–argumenta– del tenor de la información y el uso que vaya a dársele, de
cuándo y entre quiénes se decida. “En esas decisiones entran procesos
de consulta y negociación entre sectores involucrados, que están
cercanos a los lugares donde se hace política de estos asuntos: grupos
de familiares, grupos políticos. Hay que generar algún tipo de consenso.
No creo que haya una forma”, afirma, e introduce otro tema al debate: “Me parece que muchas veces ha sido la forma de dilatar” los procesos de apertura.
Si
existe un inventario y una reserva de desclasificación a los 15 años,
dice Wschebor, aludiendo al archivo de espionaje en democracia, “hay que estar abiertos a manipular lo menos posible la documentación que uno va a desclasificar. En
17 años de trabajar estos temas lo que he visto es que cuando se entra
en el tema de si se tacha o no, en general se termina como
corporativizando todo, y esa es una forma de dilatar la resolución
política de abrir los archivos”. Primero está la discusión sobre si
tachar o no, después qué nombres tachar y cuáles no, después empiezan
las polémicas porque quienes tachan ven la documentación íntegra y los
que quedaron por fuera no la ven. En este contexto de
discusión/dilación, la historiadora propone basarse en lo que dictan las
leyes: para lo que refiere a las violaciones de derechos humanos el
Estado no puede opinar, tiene que brindar la información. Eso en la ley
de acceso a la información es inopinable. Un artículo de esa ley
establece que la información reservada deberá ser liberada a los 15
años. Y la ley de protección de datos personales no corre porque
establece que la información debe ser obtenida legítimamente (véase
recuadro “Árido”).
Los
casi tres millones de documentos del espionaje en democracia continúan
en reserva. En igual situación está el archivo hallado en la casa del
coronel retirado Elmar Castiglioni, que se encuentra a disposición de la
justicia en presumario, y seguramente exista más documentación todavía
no localizada. Habrá que ver si el gobierno se desmarca de los intereses
militares y tiene el coraje de intimar a quienes fueron y son parte de
las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa Nacional, y si procede
con criterios comunes y traslúcidos para el acceso a los documentos de
inteligencia, o si seguirá perpetuando los privilegios y las
arbitrariedades. Pendiente está también la respuesta sobre si el
espionaje es cosa del pasado o si ese sistema ilegal –y paralelo– de
poder sigue funcionando. Cualquiera sea el caso, hay que encararlo.
- “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.
- “¿Buenas prácticas?”, en La Diaria, 5-VIII-17.
- “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.
La normativa vigente y la legislación venidera
Árido
Hay tres leyes que regulan el manejo de la información –pública y privada–, y una cuarta a estudio del Parlamento.
La
primera es la que creó el Sistema Nacional de Archivos (ley 18.220),
del Archivo General de la Nación (Agn), aprobada en 2007 y reglamentada
en 2012. Esta ley establece cómo debe ser la conservación y organización
del patrimonio documental del país, y delega a las leyes de protección
de datos personales y del acceso a la información pública cómo se debe
manejar y solicitar la información; que son las otras dos leyes en
cuestión.
La segunda ley es la 18.331, de
derecho de acceso a la información pública, aprobada en enero de 2008 y
reglamentada en 2010. En su artículo 9 establece que el organismo que
genere u obtenga la información será el encargado de clasificarla; y que
en caso de que se indique como reservada, deberá fundamentar dicha
resolución. A su vez, el artículo 11 estipula que la información
clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter por
un período de 15 años, y que podrá ser “desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación”. Sin embargo, el artículo 12 aclara la “inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos”, es decir que no se podrá invocar ninguna de las reservas “cuando
la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o
sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los
mismos”.
La tercera ley en cuestión se
aprobó en agosto de 2008 y se reglamentó un año después. Refiere a la
protección de datos personales y acción de hábeas data (ley 18.331).
Por
otro lado, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia tiene a
estudio un proyecto de ley para establecer una política nacional de
inteligencia del Estado y “facilitar la toma de decisiones al más alto nivel del gobierno nacional”.
El proyecto, que crearía un “Sistema nacional de inteligencia” (Sni),
pretende ser una ley marco para que los ministerios de Economía y
Finanzas, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional “se relacionen entre sí, cooperen e intercambien información a fin de producir inteligencia estratégica”,
según se lee en el texto del proyecto. La encargada de supervisar y
controlar al Sni sería una comisión bicameral que crearía la Asamblea
General. También habría una “Secretaría de inteligencia
estratégica de Estado”, que funcionaría como órgano desconcentrado
dependiente del Poder Ejecutivo, con un director elegido por éste, que
asesoraría y procesaría la información recabada para el gobierno. La
secretaría también sería la encargada de “proponer normas y procedimientos estandarizados comunes” para el manejo de la información de todos los órganos del Sni. En otras palabras, los ministerios deberán ajustar la forma de “recolección y tratamiento de la información” según
lo previsto en la ley de acceso a la información pública. Al igual que
esa ley, este proyecto estipula la inoponibilidad de su acceso en casos
de violaciones a los derechos humanos.
Brecha consultó
a Macarena Gelman (familiar de desaparecidos, diputada del Frente
Amplio, miembro del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dependiente
de la Presidencia) sobre la aplicación de las tres leyes: “Como
persona que necesitó determinada información por las causas judiciales
puedo decir que a lo largo de los años ha sido muy difícil poder acceder
a ella. No ha habido un trabajo sistemático para facilitar la
información, a pesar de que tenemos la ley de acceso. El mayor problema
de los archivos es la falta de ordenamiento, como para que el que
precise pueda hacer una búsqueda y pueda verificar que la información
está o no está”.
Felipe Michelini, coordinador del grupo, afirmó que “hubo políticas de impunidad, previa, durante y posteriormente” a la dictadura, y que “la
existencia de documentos que mostraban la existencia de esas conductas
contrarias a los derechos humanos respondió a una política de
impunidad”.
Pablo Chargoñia, abogado especialista en derechos humanos, aseguró a Brecha que “si
queremos ‘prevenir o evitar’, como dice la ley, hay que iluminar. Eso
es mucho más trascendente que si en algún caso la información pudo
afectar la vida privada de alguien… Se trata, precisamente, de la
necesidad de iluminar el aparato militar ilícito”.
Defensa responde sobre espionaje en democracia
La confianza mató al gato
Brecha preguntó
al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, si existen mecanismos
de detección, control y prevención de inteligencia militar ilícita. El
mes pasado, a la salida de su comparecencia ante la comisión
parlamentaria investigadora del espionaje en democracia, el ministro
aseguró desconocer que haya existido espionaje en democracia y remarcó
que su ministerio tiene un “manejo” y “enfoque” del tema que “es de carácter institucional”, según difundió Radio Uruguay.
El ministro también respondió a través de su secretario, Martín Fabregat, quien explicó a Brecha que el procedimiento de detección es “preguntarles a los responsables de cada área” si les consta que haya espionaje en la actualidad, y pedirles “su respuesta por escrito”, lo cual es, a su criterio, suficiente para “representar la institucionalidad”. Respecto de la prevención, explicó que “se actúa dentro del marco democrático, legal, institucional para que eso no suceda”, pero no pudo contestar qué mecanismos específicos se llevan adelante.