miércoles, 31 de octubre de 2018

martes, 30 de octubre de 2018

Que cada uno saque las conclusiones




Que todos los sindicatos y organizaciones que se reclaman de izquierda repudien las acciones judiciales contra nuestra lucha y nuestra compañera Valeria Ripoll




El Sr Michelena,actual Director político de Vialidad en la IM fue nombrado por el Intendente Martinez y Pablo Inthamoussu (MPP), otrora presidente de ADEOM y hoy devenido a Director político de Movilidad.
Este funcionario político del gobierno de Martinez ha realizado una denuncia penal contra nuestra compañera secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll.que hoy debió presentarse ante el fiscal.
Michelena fue dueño en forma societearia de la empresa Grinor una de las principales empresas beneficiadas de las privatizaciones de las tareas que debería hacer la IM con recursos humanos y materiales propios en Vialidad.
ADEOM había advertido de esta situación a Martinez, que intentó enmendar la plana excluyéndolo de las participación de los procesos licitatorios, resolución totalmente ridícula.
¿El director de vialidad no puede decir que es lo adecuadamente necesario en la contratación, ni las características de la tecnología a implementar y las virtudes de un oferente a la hora de contratar?
En un símil, el gerente máximo de una empresa privada, por ejemplo Coca Cola, no podría opinar para la contratación de trabajos tercerizados ,referidos a la producción y venta de la Coca Cola. Resulta por lo menos inexplicable y hasta inadmisible en cualquier gestión empresarial, a pesar que la Jutep dijo que no había un comportamiento ético inadecuado.Es obvio, que no todos tenemos la misma ética.
La denuncia penal se encuadra en una ofensiva del gobierno departamental para acallar a ADEOM en sus reclamos de investigación de la política de privatizaciones y tercerizaciones, judicializar sus opiniones y su lucha.
ADEOM es el responsable de dichas denuncias y Ripoll es solo su vocera circunstancial, como antes fueron otros/as compañeros/as..La intención es callarnos, para eso acuden a la persecución personal de nuestra compañera, para extorsionarnos y pedir que ella se debe retractar, para no abrir un juicio penal, como la inquisición con Galileo Galilei.
La fiscalía con su nueva, copia yanqui del Código General del Proceso, ataca contra la denuncia sindical a pedido de un mercenario del progresismo privatizador, Michelena.
Como en la dictadura, se condena penalmente la opinión, el derecho a la información y la solicitud que los funcionarios políticos puedan ser investigados, que no otra cosa reclamo ADEOM y nuestra compañera Ripoll.
Este ataque a Ripoll, planteando su penalización sino se retracta de sus opiniones y convicciones que no son otras que las que votó su gremio y ella debe representar delatan la falsedad de los lloros y decepciones de los progres porque avanza el fascismo avanza el fascismo.
Cuando se penaliza el derecho de los trabajadores y sus representantes a combatir el negocio de la patria contratista y la corrupción, el fascismo lo están incubando los progres progresistas y comisionistas de las privatizaciones.
Reprimen a los trabajadores que denuncian. Cuando los propios capitalistas que los usan y los coimean, le sueltan la mano y los delatan, ahí se van abajo de la cama.
El PIT.CNT debe repudiar esta acción antisindical que atenta contra el derecho de opinión y denuncia de la clase obrera y sus representantes.
Abajo la judicialización y penalización de la denuncia sindical y la lucha obrera.Cierre inmediato de la causa contra nuestra compañera Ripoll Que todos los sindicatos y organizaciones que se reclaman de izquierda repudien las acciones judiciales contra nuestra lucha y nuestra compañera Valeria Ripoll

>>> La denuncia





El 12 de julio de 2018, en una rueda de prensa en el marco de una movilización, Valeria Ripoll acusó directamente a Michelena de estar vinculado y favorecer a Grinor con el monopolio de las obras de vialidad y del Fondo Capital

>>> Respuesta del Intendente

No obstante la aclaración de la IM, en otra instancia de movilización y en nota de la que da cuenta @elpais el planteo fue reiterado. Luego de ésto, Sergio Michelena resolvió solicitar informe de su situación a la JUTEP, posteriormente la IM hizo lo propio.

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El director de Vialidad de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Sergio Michelena, está "habilitado y autorizado para reclamar cheques" a nombre de la empresa Grinor S.A., que tiene adjudicado casi el 25% de las obras que se hacen en la capital. Así lo pudo constatar El País tras acceder al registro interno del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) correspondiente al año fiscal 2018.
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) viene denunciando desde 2016 los vínculos de Michelena con Grinor. La polémica se avivó hace dos semanas luego de que ante la Junta Departamental la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, apuntara contra el jerarca al sostener que Grinor se siguió beneficiando en estos dos años, que se presentó el caso al intendente Daniel Martínez, que este optó por no investigar y que su administración tiene un afán privatizador.
Ante esto la comuna sacó un comunicado en el que se señala que Michelena fue tan solo asesor de Grinor, y que sus vínculos con la firma se acabaron en septiembre de 2016, cuando empezó a trabajar como director de Vialidad.
Sin embargo, para el registro del SIIF esto no es así. Michelena es uno de los ocho autorizados por Grinor para cobrar los trabajos hechos por la firma.
Solo contando 2016 y 2017, la empresa hizo obras por casi US$ 10 millones para la intendencia, según un pedido de acceso a la información pública hecho por El País.
Además, El País accedió a una resolución del año 2006, la 3939/06, en la que la IMM adjudica una licitación por trabajos de bacheo en Montevideo a Grinor, y quienes suscriben el acuerdo son: el entonces director de Vialidad, Walter Guillén, y Michelena, quien lo hace "en su calidad de presidente" de la empresa.
Consultado por El País, Michelena reconoció que no fue solo asesor, que fue "fundador" de la firma, y que estuvo en la dirección de la misma hasta 2014. También dijo que desde entonces se mantuvo como asesor hasta septiembre de 2016, cuando asumió en Vialidad. Y aseguró que en la actualidad no tiene "ningún vínculo" con Grinor, lo que contradice al SIIF.
El jerarca, en tanto, sí admitió que es accionista de Abarca S.A., otra empresa que ha trabajado con la intendencia.

Varios quioscos.

En la lista de ocho autorizados para cobrar por Grinor hay algunos que además figuran como parte de otras empresas que trabajan para la intendencia: dos pueden cobrar justamente en representación de Abarca, otros dos por Idalar S.A., y hay una quinta persona que está en las tres firmas al mismo tiempo.
Cuando Michelena asumió, Abarca tenía un contrato con la comuna que en sus orígenes había sido una licitación ganada por Grinor, pero que esta se lo había cedido. Se trataba de una obra de ampliación del Bulevar Batlle y Ordóñez.
El hecho se hizo público tras una denuncia de Adeom. El sindicato advertía: "Su vinculación directa (la de Michelena) con la empresa Grinor, que tiene muchos contratos con la IMM, entendemos que abona el estado de privatización en el que hoy se encuentra dicho servicio. Los trabajadores de Vialidad hemos sido testigos de una política privatizadora y un nombramiento como este genera suspicacia significativa".
Tras esto la intendencia reconoció a través de una resolución, la N° 4273/16, firmada por Martínez, que Michelena era accionista de Abarca, y lo "excusó" de participar en "expedientes y gestiones que sean parte o tengan interés directo o indirecto" con las dos firmas. En esa resolución no se dice nada sobre los vínculos directos de Michelena con Grinor.
En cuanto a Idalar, hay casos en los que se ha presentado junto a Grinor a licitaciones, y otros en los que ambas se han postulado por separado al mismo llamado.

Pico y pala.

De las cuatro obras realizadas por Grinor desde el arribo de Michelena a la comuna, dos fueron pagadas por Vialidad, mientras que las otras dos fueron financiadas por municipios.
Una de las que pagó Vialidad fue el bacheo de pavimentos de hormigón en Bulevar Artigas, Avenida Italia, Yugoslavia y "otras calles", que según el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) fue un trabajo para el que se destinaron $ 115 millones, equivalentes a US$ 4 millones.
Esta obra incluyó el arreglo de las bocacalles frente a la terminal Tres Cruces, que mantuvo paralizado el tránsito durante varios meses a inicios de este año. Solo esta parte del trabajo tuvo un costo de $ 13,6 millones, que son más de US$ 470.000.
Sobre la pertinencia de la obra, Ripoll, de Adeom, sostiene que "se arregló un lugar que todavía estaba bien", mientras que "hay otras zonas de Montevideo que necesitan ser arregladas con urgencia". La comuna, en tanto, advierte que no cuenta con datos de intervenciones allí desde los últimos 25 años. Y que a la licitación se presentaron otras cuatro empresas, y que todas ellas cobraban entre 10 y 20 millones de pesos más.
Vialidad también pagó la contratación de cinco equipos de bacheo asfáltico, tras una licitación que Grinor ganó a través de un consorcio con Idalar. Para este trabajo la intendencia debió desembolsar casi $ 36 millones, más de US$ 1,2 millones.
De las obras pagadas por el presupuesto de los municipios, por un lado se hizo el "mantenimiento y mejoramiento" de los pavimentos de los municipios E (Unión, Malvín, Punta Gorda, La Blanqueada) y F (Manga, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Ituzaingó, Villa Española, Piedras Blancas, Punta de Rieles), que tuvo un costo de casi $ 56 millones, unos US$ 2 millones.
Y, por otro lado, un trabajo de pavimentos asfálticos también para los municipios E y F, más el D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Villa Española) que costó, siempre según el RUPE, $ 70 millones, US$ 2,4 millones.
El País, en su pedido de acceso, solicitó todos los datos de obras hechas por Grinor, pero solo le fueron entregadas las que se hicieron luego de la asunción de Michelena. La comuna excluyó la doble vía del Hipódromo de Maroñas, realizada por Grinor, y que tuvo un costo de $ 35,5 millones o US$ 1,3 millones, y que fue inaugurada cuatro días antes de que el director de Vialidad fuera nombrado en el cargo.
La información pedida por El País, además, va hasta mayo de 2018. Por eso no se incluye una obra que le fue adjudicada a Grinor en junio, por casi $ 60 millones, más de US$ 2 millones, por el "recapado con carpeta asfáltica de la calle Canelones y otras del Departamento de Montevideo". Para esa obra Grinor debió competir contra dos firmas; una de ellas fue Idalar, con la que comparte algunos de sus directivos y con la que se ha presentado a licitaciones en conjunto.
En septiembre de 2017, en tanto, a Idalar le fue adjudicada otra obra, por casi $ 6 millones, unos US$ 200.000, para la construcción de caminería en plazas públicas, según figura en el registro del RUPE.

Lo legal.

Pese a que Michelena esté excusado de participar de los llamados en que se presenten Grinor y Abarca, según la resolución sacada por la intendencia luego de que en 2016 Adeom denunciara sus vínculos con las firmas, desde el sindicato creen que esto no es lo que sucede en la realidad.
"Lo que Martínez nos dice es que él (Michelena) no participa de las licitaciones, que no sabe qué empresa va a ganar. Pero si yo soy director de Vialidad y planteo que lo que se necesita para la obra es una grúa azul que tenga dos metros de largo, y la única empresa que la tiene es Grinor, ya está, indirectamente estoy incidiendo", señala Ripoll.
"Los directores no participamos de ninguna licitación. Lo único que hago es avalar lo que dicen los técnicos que hay que hacer, son ellos los que arman los términos de referencia de las licitaciones", se defiende Michelena.
El estatuto del funcionario municipal establece que "se prohíbe a los funcionarios contratar con la Intendencia y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con ella". Aunque aclara que "quedan exceptuados los funcionarios que no tengan intervención alguna en el proceso de contratación, siempre que informen de ello por escrito a su jerarca al configurarse dicha situación".
Esto contradice al artículo 42 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), que señala que no se puede contratar a empresas a las que los funcionarios estén vinculados "por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia".

"Arreglaron tres cruces y hay zonas destruidas"


"A nosotros nos sorprendió la obra en Bulevar Artigas frente a Tres Cruces. Es sorprendente que se haya entendido que esa era una de las prioridades cuando hay zonas de Montevideo que están destruidas. Levantaron todo ese despliegue en un lugar que todavía era transitable", denuncia la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.
La obra frente a Tres Cruces fue hecha por la empresa Grinor, tuvo un costo de US$ 470.000, y es parte de una licitación por US$ 4 millones. El sindicato vincula la firma al director de Vialidad, que según el SIIF aún puede cobrar en nombre de ella.
Las denuncias de Adeom motivaron días atrás que la intendencia publicara en su web un comunicado, en el que apuntan directamente a Ripoll, y dicen que ella no tiene conocimiento de los procesos licitatorios y que en su ataque no iba contra Michelena sino sobre sus otros compañeros de la intendencia que trabajan en el área de compras.
"Dicen que yo no tengo conocimiento de los procesos de las licitaciones y que pongo en duda el trabajo de todos. Eso no es así. Yo no pongo en duda el trabajo de nadie. La duda no la tenemos sobre los compañeros que están a cargo de los procesos de compra, porque ellos no son los que resuelven; la duda está sobre quien solicita la compra, que es el departamento. Todo lo que es vialidad es responsabilidad de Michelena. También es Vialidad el que después dice si el trabajo se hace bien o no", sentencia la líder sindical.


 En nuevo comunicado publicado el 15 de agosto por parte de la IM, quedó claro que Michelena NO estaba habilitado a cobrar cheques por las empresas según da cuenta el informe de la CGN



>>> Esa ética frenteamplista
Dictamen de la Jutep sobre el accionar del director de la IM Sergio Michelena

La diaria    Según la Jutep, el director de Vialidad de la IM no incurrió en ninguna falta ética

27 de septiembre de 2018 | Política

ADEOM señaló que Michelena mantenía un vínculo con una empresa que ofrecía servicios a la comuna.


El director de la División de Vialidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Sergio Michelena, fue acusado de mantener un vínculo laboral con la empresa constructora Grinor, encargada de llevar adelante varias obras de la comuna. Según informó El País el 12 de agosto, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) había denunciado al jerarca por trabajar en la empresa al mismo tiempo que ocupaba su cargo en la comuna.

Michelena explicó que fue fundador de la empresa y luego pasó a ser asesor, pero renunció en agosto de 2016, antes de asumir su cargo en la IM. Él mismo presentó su caso ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que esta se pronunciara sobre su proceder.

Ayer la Jutep declaró que la conducta del director “se ha ajustado a lo dispuesto por las normas vigentes en materia de conducta de los funcionarios públicos” y que actuó “con la transparencia necesaria”, sin “violentar ningún principio de comportamiento ético o jurídico”. El presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, dijo a la diaria que le pidieron información “a todo el mundo”, incluso a ADEOM, y que además “analizaron cuáles son las normas vigentes, qué fue lo que hizo él y lo que hizo la Intendencia”, y se observó que el jerarca “hizo las cosas bien”, ya que “notificó su situación a la Intendencia y esta lo excluyó de ciertas cosas”. Se constató, además, que su presencia en la IM no determinó un aumento de negocios para Grinor. “No surgió nada que estuviera fuera de lugar, violara la norma o fuera éticamente cuestionable”, aseveró.












Sos un viejo traidor










El hombre que le gritó "viejo traidor" a José "Pepe" Mujica durante un acto en Tacuarembó se llama Martín da Silva y en un video, que circuló en Facebook este martes, reconoció que está decepcionado con el Frente Amplio.
"Después de triunfo del Frente Amplio, el movimiento terminó y llegó a su fin, al volver a Tacuarembó me encontré con otra realidad, la gente pasa hambre, no tiene empleo. Me habían traicionado, no solo a mí, sino a que muchos de mis hermanos y hermanos", señaló en un video que dura más de tres minutos y está dirigido al expresidente.
En la misma línea, mencionó su participación en luchas sociales y como estuvo encadenado frente al Ministerio de Desarrollo Social por familias carenciadas.
Luego, explicó que el sábado no sabía que Mujica iba a estar en el departamento. "Te escuché hablar y recordé todas las frases y promesas vacías".
"Quise acceder pero los compañeros del partido me trancaron con un 'vos pelate'. Te grité 'viejo traidor', sí, pero fue peor, escuché 'pasá pasá querido' y las risas de quienes estaban allí", agregó.
Además, indicó que era "una estupidez humana" que a jóvenes como él había que avivarlos, en referencia a las palabras de Mujica cuando lo sacaron del lugar. "Tienen que hacer todo lo posible para que este tipo de muchachos se avive, que con eso no va a arreglar nada y tampoco nosotros cuando disertamos con otros. Es un acto de estupidez humana en que podemos caer", dijo el exsenador.
"Para mí los vivos son los otros, los que no quieren trabajar, los que roban, los que no trabajan, acá no se puede trabajar porque no hay trabajo", agregó.
Por otra parte, le dice que gracias a él "no cree en ningún político" y lo invitó a él y a otros políticos a conocer "la realidad del departamento".























Diga bi, diga lo

...y después hablan de Artigas y la mar en coche (visita a los Borbones a pesar del arresto)


>>> Estas a favor o en contra del asenso de la ultra derecha?

(el resto es puro cuento)


Mientras en Brasil se perdió una elección para elegir al menos malo, en Uruguay no se llegaban a las firmas contra la Ley de Riego. Hoy se pone el grito en el cielo. Los menos malos poco hicieron para que se lograran las firmas, y hoy se dan cuenta que si esas 300.000 firmas que no llegaron son las que le van a faltar para ir por el 4 período, entonces la historia se puede repetir otra vez, la tendencia global del asenso a la ultra derecha en Uruguay es un hecho. "erase una vez una cigarra enojada con la hormiga votó al insecticida y el grillo no votó". Esto se viene dando y se va a dar. No hay vuelta de hoja porque no hay otra. No hay alternativa. Creo que llegó el momento de dejarse de joder y buscar una formula que conservando la identidad nos una contra la ultraderecha que se viene. Como? dejandose de joder gestionando para las corporaciones globales aferrados a el dulce (y privilegios) de gobernar, el sistema político y la politiquería se pudrió. La solucion esta en otro lado. Organízate y lucha. Si ya no es tarde. Nada podes esperar sino de vos mismo.












jueves, 25 de octubre de 2018

El último boleto por el agua






24 de octubre del 2018

Entrevistados en Rompkbzas, Álvaro y Diego Jaume hablaron sobre sus expectativas en el último día de la campaña que pretende recolectar 650 mil firmas para someter a una consulta popular la iniciativa.

https://content.espectador.com/public/5bd/09d/2b3/5bd09d2b376a8918155140.mp3

Este miércoles finaliza la campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito y derogar la ley de Riego.
Además de continuar con los puestos móviles en varios puntos de Montevideo y el interior,se realizará una “barriada” en la zona de la Teja, que partirá desde la plaza de Deportes de Carlos María Ramírez y Agustín Núñez.
El plazo final de retorno de las papeletas firmadas será a las 22 horas. La entrega a la Corte Electoral se realizará el viernes, con una concentración al mediodía en la puerta de ese organismo.
"Estamos ante una patriada, nos estamos jugando los últimos boletos", señalaron en Rompkbzas Álvaro y Diego Jaume sobre las instancias finales de la campaña.
En la entrevista, remarcaron el interés que en estas últimas semanas se ha despertado en la población, tomando conciencia de la importancia del desafío . "Había gente que ni siquiera sabía que se pagaba una tasa ambiental", dijeron.
El último balance, realizado en diciembre, indicó que 400 mil personas habían firmado. Hay cientos de miles de papeletas en las calles, y necesitan 650 mil voluntades para convocar a un plebiscito.
"Fuimos por el camino más difícil" admitieron, aunque destacaron que, aún si se logran 500 mil firmas, sería un "golpazo", ya que sería una clara señal de que "cientos de miles de uruguayos decimos que esto es una vergüenza y no lo queremos".
Los Jaume también lamentaron el "ninguneo" de gran parte de la prensa hacia la movilización por la derogación de la ley.
También cuestionaron las declaraciones del senador frenteamplista y ex subsecretario de Ganadería, Andrés Berterreche, que defendió la normativa y consideró que existe una "falta de información generalizada" entre los opositores, ya que beneficia a los pequeños productores son perjudicados en épocas de déficit hídrico.
"Los que han tenido un trabajo muy importante en desinformar son ellos", aseguraron Álvaro y Diego Jaume. "Los amigos de Berterreche, que siempre están del lado de los poderosos".


>>> Un camión de voluntades



Pablo Girardi

 Compas después de enormes jornadas de esfuerzo y lucha, antes de que los resultados limiten el análisis, parece importante algunas primarias conclusiones.
Se llegue o no, serán cientos de miles las voluntades que firmaron para derogar la ley que casi todo el sistema político aprobó. Seguramente (casi con certeza) ninguno de los que se sienta en esos sillones tuvo tanto apoyo cómo está camapaña en defensa del agua.

Fueron miles de militantes y pequeñas organizaciones (sociales y políticas) junto a muchos sindicatos de base, quienes pusieron el hombro y algo más a esta lucha política en defensa de intereses populares contrapuesto a los intereses de los más poderosos y propietarios de la tierra.

Serán los sectores de la izquierda frenteamplista y los principales dirigentes del movimiento sindical (presidente y secretario general) que deberán explicar a sus militantes de base porque no fueron parte de esta lucha en defensa del agua y la vida.

Quizás se llegue y en tal caso deberemos seguir dando el debate para ganar en las elecciones. Pero si no se llega, la lucha habrá que darla en las calles, transformar las firmas en gritos, la bronca en exigencia y la tristeza en rebeldía.

Una de las mayores enseñanzas que deberemos sacar, es la confianza en nuestras propias fuerzas, sin esperar nada de grandes estructuras, sino en la iniciativa de los pequeños, que no se entregan al sistema. De nuestras bases.

El viernes entregaremos el esfuerzo de los y las militantes que hasta el último día dieron su tiempo y dedicación.

Vergüenza tendrán que tener quienes por disciplina o intereses políticos no fueron parte de esta pelea.

Arriba los que luchan!!!!

>>> Entrega de firmas






Se juntaron más de 300.000 firmas contra la Ley de Riego en menos de un año. Uno de los procesos de movilización y concientización popular más importantes de los últimos años. Sin embargo, no se llegaron a las 600.000 firmas que establece la Constitución de la República para plebicitar una ley.

En primer lugar hay que hacer una auto-critica. Siempre queda la senzación de que se pude hacer más para la Campaña contra la Ley de Riego. Siempre se puede hacer más tanto en términos de individuos como en términos de colectivos y organizaciones. Por otro lado hay que pensar en las limitantes y trabas que generaron el fracaso de esta importante campaña. Como primer diagnostico me atrevo a conjeturar algunas teorías.

En primer lugar los Medios Masivos de Comunicación y la mayor parte del sistema político (incluyendo muchos sectores del Frente Amplio) que en ves de debatir y concientizar sobre la Ley de Riego, no generaron ningún tipo de debate publico y se dedicaron en discutir sobre el plebiscito de Larrañaga que propone la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad publica. Esto ha terminado generando que mucha gente termine sabiendo más de la campaña "Vivir Sin Miedo" que de la campaña contra la Ley de Riego. En este sentido Medios de Comunicación y sectores políticos del oficialismo y la oposición son responsables.

También es responsable Larrañaga que impulso una campaña a favor de la militarización con las mismas características que la impulsada por FOSSE, generando mucha confusión y desviando el debate publico hacia otros temas. En segundo lugar el Decreto Mordaza del Presidente Tabaré Vázquez que reprimió a los científicos para que no pudieran ayudar en la concientización de los peligros de la Ley de Riego. El Presidente Vázquez es responsable. El involucramiento tibio de algunos sindicatos y otras organizaciones cercanas a sectores políticos del FA.

Muchas organizaciones del campo popular tienen un fuerte vinculo con muchos sectores del oficialismo. Debido a que la fuerza política gobernante tuvo posiciones encontradas (muchos sectores apoyaron la Ley y otros se posicionaron en contra), muchas de estas organizaciones se mostraron muy tibias en su apoyo a la campaña de firmas. Muchos sectores sindicales y del campo popular debieron involucrarse con firmeza y señalando al gobierno en sus errores y horrores.

Cuarto, sería el problema de la cultura urbana y falta de conciencia ambiental que domina el Uruguay.
 Nuestro país es el país más urbanizado de América Latina, más del 90% de la población vive en ciudades. Esto ha generado que a la mayoría de los y las uruguayxs les importe un bledo lo que pasa en el campo. Esta es una de las razones por que a pesar de 13 años de gobierno progresista, el consenso neoliberal sobre las políticas agrarias es absoluto. El progresismo no cambio las lógicas neoliberales agro-pecuarias instauradas por Lacalle y Batlle. Y desgraciadamente la gente ha renunciado completamente a disputar el agro a los neoliberales.

Mientras los uruguayxs sigan sin tener conciencia ambiental y agraria, los neoliberales seguirán saqueando nuestros bienes naturales. Esto nos lleva a pensar en la importancia de generar cambios culturales profundos, para que puede haber una verdadera cultura agraria y ambiental en nuestro país. Por ultimo sería el hecho de que estamos en medio de una hegemonía conservadora global. Y esta globalidad de las lógicas y sentires conservadores ya se ha instalado en el Uruguay.

Es por eso que muchos compas del interior están más preocupados en el tema de la "seguridad" que en el tema del saqueo ambiental. Cuando lo que les va a afectar principalmente es el saqueo de los bienes naturales y no la "inseguridad" (un fenómeno de algunas ciudades grandes pero que no es generalizable a todo el país).

Hay que analizar bien como se ha gestado esta hegemonía conservadora y quienes la están alimentando. La Hegemonía del Pensamiento Conservador va a suponer una serie de problemas muy jodidos para las fuerzas populares. Porque si la sociedad se fascitiza, van a haber mayores consensos para la represión y criminalización de los luchadores sociales. Y que no se confundan muchos compas del ambientalismo sobre el posfascismo, este también los va a afectar. Recordemos que los neoliberales y los fascistas están desarrollando una síntesis político-ideológica.

Es por eso que tanto Donadl Trump, Ivan Duque y Jair Bolsonaro además de sus agendas racistas y heteropatriarcales intensifican de una manera nunca vista el saqueo ambiental. Un ejemplo de esto es Honduras. País que luego de un Golpe de Estado (2009) y de la institucionalización de la militarización y la criminalización de la protesta social se dio carta blanca a multinacionales de todo tipo. El caso del asesinato de Berta Caceres en 2016 ejemplifican como el posfascismo además de ser militarista, racista y machista es sumamente depredador del ambiente. Si se instala un sentido común racista, machista, militarista, anti-protesta social y que avala el saqueo ambiental.

Las y los que defendemos los bienes naturales nos enfrentaremos ante escenarios realmente duros para la lucha. Debemos re-pensar nuestras estrategias de lucha pensando en la instalación de una Hegemonía Conservadora generalizada. Esperamos que las fuerzas que lograron comprometer a más de 300.000 personas en la defensa de nuestra agua, sigan presionando para la recuperación de nuestros bienes publico. Debemos re-pensar nuestras luchas y seguir avanzando en las defensa de los comunes. Fuimos más de 300.000 los que nos comprometimos, no somos pocos. A continuar la lucha.








Éxodo

Un grupo de migrantes evita el control fronterizo en Ciudad Hidalgo atravesando el río Suchiate el 20 de octubre de 2018.


Ríos de personas avanzan hacia EE.UU.: ya son dos las caravanas de migrantes centroamericanos

La primera caravana de migrantes —que hace varias semanas partió de Honduras hacia EE.UU.— ya ha reunido, según las estimaciones, entre 5.000 y 7.000 personas procedentes de países centroamericanos. En estos momentos atraviesan el estado mexicano de Chiapas. Y este martes, una segunda caravana, formada por más de 2.000 guatemaltecos, se dirige a la frontera mexicana. Los migrantes quieren cruzar México para instalarse en EE.UU. y escapar de la pobreza y la violencia en sus países.

Migrantes hondureños en un camión, Chiquimula (Guatemala), 16 de octubre de 2018.

Migrantes hondureños cruzan el río Lempa, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala, el 17 de octubre de 2018.

Policías hondureños en el punto fronterizo de Agua Caliente, en el límite con Guatemala, 17 de octubre de 2018.

Migrantes procedentes de Honduras asaltan un punto de control fronterizo entre Guatemala y México en Ciudad Hidalgo el 19 de octubre de 2018.

Migrantes hondureños ocultan sus rostros tras cruzar la frontera a la altura de Ciudad Hidalgo (México) el 19 de octubre de 2018.

Caravana de miles de migrantes en el puente sobre el río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México, 20 de octubre del 2018.

Un grupo aguarda la apertura del puente entre Guatemala y México en Ciudad Hidalgo el 20 de octubre de 2018.

Migrantes centroamericanos esperan para solicitar refugio en México junto a la frontera el 20 de octubre del 2018.

Cruzando las aguas del río Suchiate en Ciudad Hidalgo, México, el 20 de octubre de 2018.

Caravana de migrantes en Tapachula (México) el 21 de octubre de 2018.

Caravana de migrantes en la localidad mexicana de Tapachula, 21 de octubre de 2018.

Migrantes centroamericanos en el centro de la ciudad de Tapachula en una imagen del 21 de octubre de 2018.

marcha por las calles de Tapachula (México) el 22 de octubre de 2018.

>>> Los fumigaron mientras dormían



¡Inhabitable! Otra caravana salió de Honduras, ahora del sur, y otros grupos huyen a EE.UU.

Después que la caravana de emigrantes que ahora cruza Guatemala ganara impacto internacional, en Honduras ha tenido un efecto multiplicador, se ha formado este día otra caravana que ya partió hacia EE.UU. desde la ciudad de Choluteca, en el sur hondureño.

Además, más grupos de personas que también intentan alcanzar a los tres mil hondureños o más que ya tienen el respaldo de México para seguir su ruta hacia Estados Unidos.

Desde el pasado lunes, trascendió que desde la capital hondureña, varios autobuses se han llenado de gente que quiere salir del país, de hecho eso ocurre todas las semanas en Tegucigalpa y otros ciudades; hoy, ante el bloqueo policial en occidente, la alternativa son otros puntos fronterizos.


Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa.

Desde que el pasado viernes trascendió la preparación en San Pedro Sula de una caravana de al menos 3.000 hondureños que fijaron rumbo a Estados Unidos, en los últimos días se han formado más grupos en todo el país para sumarse al mar de gentes que de momento cruza tierras guatemaltecas y que podría sumar unos 5.000 al aproximarse a México.


El impacto internacional y la cobertura de medios alternativos nacionales destaparon la dimensión de crisis humanitaria en el país ahondada por unas elecciones muy cuestionadas en noviembre anterior y cuyos resultados no reconoció la Organización de Estados Americanos (OEA), en ese contexto, el régimen del Partido Nacional, que prometía dar continuidad a la “vida mejor”, aplicó abusivos paquetazos, políticas que han estimulado el terror de los hondureños que prefieren huir de su territorio.


Cabe indicar, que para el pasado lunes, ya no eran sólo tres mil hondureños, atrás, desde varias ciudades importantes, iba una segunda oleada de al menos 800 personas que desde anoche están siendo retenidas en el punto fronterizo de “Aguas Calientes”, en Ocotepeque, occidente del país.




De acuerdo al artículo 81 de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”; para que un ciudadano hondureño pueda salir del país, únicamente necesita presentar su tarjeta de identidad, debido a la integración de tratados con los demás países de Centro América.


Sin embargo, ante la orden de Estados Unidos de detener la caravana, que ya se encontraba atravesando a la Policía guatemalteca, el Gobierno hondureño, con miedo de perder el apoyo económico de la nación del norte, regresó a oficiales de Policía y militares a custodiar las fronteras, de modo que nadie más saliera, violentando así otra disposición constitucional y el derecho humano internacional de la migración.

A pesar de eso, se conoció que desde la capital hondureña, todas las noches salen autobuses que dejan en los bordes del territorio a quienes buscan huir del país; asimismo, otros grupos se han movilizado en Puerto Cortés buscando evadir los retenes policiales.

Además, hoy trascendió que varios grupos formados con gente de Choluteca y Valle, al conocer del bloqueó en el occidente, escogieron salir por El Amatillo, con dirección a El Salvador, también, este punto fronterizo ha sido resguardado militarmente.

Cabe aclarar que estos grupos pretenden alcanzar a la caravana que cruza Guatemala, a falta de un número oficial, se prevé que 500 hondureños están intentando –diariamente– unirse al colectivo que ya tiene las puertas abiertas del Gobierno de México para asentarse y continuar su ruta a EE.UU., así lo informó hoy la Cancillería de ese país.

La masiva movilización de hondureños que han salido, y los que quieren salir, denota que Honduras, ante su crisis social, política y económica, que no parece tener fin, se ha vuelto un país inhabitable. Mientras tanto, el régimen de presidencial, insiste en un discurso de culpar a la oposición.

En tanto organismos de Derechos Humanos y la iglesia guatemalteca han estimado que la caravana, más allá de formalidades diplomáticas, ya es una crisis humanitaria, por todos los riesgos que corren los emigrantes de distintas edades y condiciones físicas, hasta en sillas de rueda, y por la enorme cantidad de personas que se dirige a EE.UU. y que el Presidente Electo de México, Andrés López Obrador, ya dijo que buscará los mecanismos para ofrecerles un empleo.

Según un comunicado emitido hoy por el Partido Nacional, la caravana migrante fue organizada por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), su prueba es que el miembro del partido, Bartolo Fuentes acompañó el desplazamiento hasta su detención por oficiales guatemaltecos; Fuentes, lamentó que lo único que hacía era documentar e informar sobre la marcha, porque ese era su trabajo como profesional del Periodismo.





A veces comparamos la vida con un viaje en el que lo importante no es tanto el destino como el propio camino. Pero ¿para cuánta gente el viaje es simplemente una huida?
La otra noche hablamos con Wendy Cruz y Rafael Alegría, dos líderes del campesinado hondureño. Estaban en el descanso de una reunión de urgencia de las organizaciones de La Vía Campesina de Centroamérica para tratar sobre la caravana migrante que vemos estos días en medios de comunicación y redes sociales, de la que saldría esta declaración. Para miles de compatriotas suyos, salir del país es la única oportunidad, pues este «no ofrece ninguna, ninguna, esperanza para vivir en él». Siete mil personas caminando hacia el norte hasta conseguir su objetivo, entrar a EE. UU. «Entre ellas», explica Wendy, «hay casi 1000 niñas y niños, y muchos marchan sin haber aprendido aún a andar».
La fecha de partida ha sido este mes de octubre, pero debemos remontarnos al 2009, porque fue entonces cuando el viaje empezó a fraguarse. Ese año las oligarquías locales, con el apoyo de EE. UU., destituyeron con un golpe de estado al presidente Zelaya, que se había alejado de los mandatos de Washington y prometía un proceso constituyente. «Han sido 9 años de una crisis social, económica y política que se mantiene y agranda en un escenario de violencia permanente en el que cada día hay asesinatos. Solo en este año llevamos más de 60 masacres; nuestro país se ha convertido en el más peligroso de toda América», cuenta Rafael.
Honduras es un país inmensamente rico en bienes naturales; paradójicamente, una maldición. «El Gobierno actual, producto de un fraude electoral, está permitiendo todo tipo de proyectos: minería, represas, monocultivos… Estas intervenciones expulsan a la población agraria y rural. Para hacerse una idea de la dimensión de esto, solo para represas y minería se han aprobado más de 400 proyectos a favor de grandes multinacionales desde 2013», explica Wendy. Como decían los movimientos campesinos en México hace unos años, en Honduras el campo está en venta, pero no para producir alimentos: «la mayoría de tierras las controlan grandes empresarios que gestionan monocultivos de palma africana para la exportación de su aceite». Tal y como ha compartido recientemente la organización Entrepobles, las fincas de palma ocupan más de 300.000 ha y consumen la misma cantidad de agua que 18 millones de personas (en un país de 8 millones de habitantes).
El Gobierno hondureño ha ido anulando políticas de desarrollo rural y de reforma agraria y privatizando instituciones relacionadas con la tierra. «Finalmente, el presupuesto de la República dedicado a todas las necesidades rurales es del 1,4 % del total, cuando la mitad de habitantes del país vivimos en el campo y hubo un tiempo en el que teníamos nuestras necesidades cubiertas», señala Rafael, que añade que ahora, de cada 100 mujeres viviendo en áreas rurales, 86 no tienen acceso a la tierra; en el caso de los hombres, 69 de cada 100. La distribución de la tierra en Honduras es una de las más desiguales de todo el mundo.
Wendy y Rafael cuentan el caso de la empresa campesina La Montañuela. Después de 36 años de inversiones en una finca de titularidad propia para generar mano de obra y producción de consumo interno y exportación, la empresa ha sido expulsada en favor de un terrateniente de la zona a partir de un fallo de la Corte Suprema. «Habían creado un proyecto agrícola y ganadero que les permitía una vida de suficiencia y con calidad, pero ahora lo han perdido todo».
Según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, la mitad de la población activa no tiene trabajo y un 68 % del total de la población vive en condiciones de pobreza. Pero el gobierno no solo no asume sus responsabilidades, sino que pretende crear un relato donde son los dirigentes sociales quienes instigan una marcha provocada para desestabilizar el país. «Existe una verdadera cacería contra quienes defendemos la tierra, como el mundo pudo ver con el caso de la compañera Berta Cáceres. Ya son más de 5000 campesinos y 1700 campesinas las que han sido procesadas por la defensa de sus derechos y por la protección del territorio».
La fecha final del viaje la desconocemos. En cualquier caso, no será cuando lleguen a EE. UU. La Caravana de Honduras, como los miles de personas que atraviesan el Mediterráneo, refleja una crisis global: el colapso del sistema neoliberal, programado ciegamente para acumular riqueza. ¿Podemos acompañar esos días de camino, de cruzar fronteras, de hambres, violencias y fríos? Wendy y Rafael señalan la importancia de la solidaridad de los pueblos y la denuncia conjunta a un sistema opresor. La interpretación de esta llamada, que pasa por revisar nuestros privilegios, puede convertirse en un gran viaje colectivo hacia los cambios globales que nuestra civilización necesita urgentemente. Ese debe ser el final del viaje.
Gustavo Duch y Patricia Dopazo
Revista SABC





Represión porteña







Así fue la represión para defender el presupuesto del FMI

Las fuerzas de seguridad, una vez más, estuvieron al servicio de reprimir a quienes protestaban contra el ajuste que busca avanzar de la mano del FMI, el macrismo y el peronismo.













miércoles, 24 de octubre de 2018

Gilberto Vazquez voló

Este es Gilberto Vazquez Torturador y asesino estaba preso en Domingo Arenas Ahora vive en la ciudad de Rivera en la Torre 1  ap. 201. La foto la sacaron a las 10:30 del hoy. Con tobillera y todo, Por que ? Por qué  esta suelto? Y en la frontera?



Gilberto Vázquez  afirmó que los restos de desaparecidos “no los van a encontrar”. Al preguntarle si se arrepiente de algo, cortó abruptamente la comunicación..

Desde el 10 de octubre el coronel retirado Gilberto Vázquez cumple prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad en un edificio céntrico de Rivera, pero este miércoles no se encontraba allí cuando la policía realizó su control diario.
La vivienda de Vázquez -quien ya se fugó de la justicia en una ocasión- está ubicada a tres cuadras de la avenida limítrofe con Brasil.
El jefe de policía de Rivera, comisario mayor retirado Ricardo Pereira, confirmó a Informe nacional la ausencia del procesado.
Según Pereira, en la capital riverense hay 20 personas con prisión domiciliaria que se controlan diariamente. Estos no se pueden mover de su domicilio sin comunicarlo al juez.

 http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2018/10/informe_181024_movil_rivera.mp3?_=1





El coronel (R) Carlos Silva Valiente, presidente del Centro Militar, institución que nuclea lo más rancio del ideal reaccionario y fascista, realiza declaraciones reivindicando el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar que asoló nuestros país; declara además su admiración por el fascista brasileño Jair Bolsonaro. Denunciado ante Fiscalía por organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos, se ponen trabas a la denuncia porque no se “lo encuentra” en una base de datos.

El Comandante del Ejército Manini Ríos, desde su arresto, hace menos de un mes, sigue realizando declaraciones que constituyen provocaciones y que reivindican en los hechos su desacato al poder civil. Al Tte Coronel (R)Gilberto Vázquez, criminal de lesa humanidad, luego de haberse fugado de la justicia, y tras pasar por un “tribunal de honor” , se lo premia por “buena conducta” reintegrándole sus haberes de privilegio (que al igual que los de todos los terroristas de estado, se les sigue pagando de los bolsillos del pueblo) y, como a muchos de los juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad, como a Gavazzo o a Rama, se le concede una prisión domiciliaria sabiendo que no existen medios para su control, que además incumple y que facilitan las condiciones para su fuga.

Diferentes medios de (in) comunicación siguen esforzándose por reivindicar e imponer a las FFAA como actor político, publicando loas al “comandante líder preocupado por la tropa”, y algunos actores políticos emiten mensajes en el mismo sentido, mostrando el orillo del uniforme verde que visten bajo su ropaje “democrático y republicano”, mientras juntan firmas para poner al ejército en las calles.

Mientras tanto, continúan los atentados contra Placas y Sitios de la Memoria, y se sigue permitiendo que personal policial fotografíe y filme asistentes a actividades sobre derechos humanos, políticas y sindicales.

Nos quieren acostumbrar a la impunidad, quieren que la aceptemos como normal. Como escribió el dramaturgo alemán Bertold Brecht: “Así son las cosas: Cuando los crímenes proliferan, se hacen invisibles.

Cuando las penas se vuelven insoportables, ya no se oyen clamores. Un hombre es golpeado y el espectador de la escena se desmaya. Claro que es natural. Cuando llega el crimen, como la lluvia que cae, ya nadie grita entonces “alto”.

La reacción ante estos hechos por parte del Estado y de los responsables políticos del mismo se puede calificar, como mínimo, de insuficiente: se debería haber destituido a Manini Ríos en su primera reivindicación del terrorismo de estado, pero no se hizo. Solamente se lo sancionó por sus declaraciones en torno a la reforma de la Caja Militar, al mismo tiempo que se reconocía su “lealtad institucional”. A este Comandante, puesto donde está por el ex Ministro Fernández Huidobro, se le permite además viajar a España en medio de su arresto a conmemorar con el Ejército español una efeméride franquista. No se acciona decididamente frente a las expresiones que reivindican lo peor de nuestra historia, no se impulsan las causas judiciales en torno a delitos de lesa humanidad. Peor aún, se aprueba la militarización de franjas de la frontera, se retrocede en el tímido cuestionamiento a los privilegios que contenía la reforma de la Caja Militar.

Así, se fortalece la impunidad.

La impunidad sustenta el avance del fascismo.

El Estado, y el sistema político todo tienen responsabilidad en esta situación.

Quienes no queremos tener ningún compromiso con este esquema infame, quienes no tenemos más interés que los derechos de todos y la justicia, somos quienes debemos hacernos cargo de organizarnos y movilizarnos para detenerlo.

Convocamos a luchar unidos para dar respuesta, enfrentando a todos quienes promuevan el desprecio por las libertades democráticas.

Exigimos al estado y al sistema político, al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales, al poder judicial, al poder legislativo, y a todos los partidos políticos, que dejen de ser omisos ante las agresiones reaccionarias, teñidas claramente del más puro fascismo.

Manini Ríos debe ser destituido.

Carlos Silva Valiente, y todos los militares y civiles que realizan declaraciones o accionan promoviendo el odio y reivindicando el terrorismo de Estado deben ser denunciados e investigados ante y por la justicia.

El Poder Judicial debe dejar de amparar con condiciones de privilegio a los terroristas de estado.

Basta de cárceles VIP y prisiones domiciliarias para criminales de lesa humanidad.

NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO

MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA



La impunidad vuelve a burlarse.


Gilberto Vázquez esta libre, otra vez.



VAZQUEZ BISIO, Gilberto (307, El Diente, El Judío). Ejército. Caballería. Tte. Cnel. Batallón Nº 4.
* 1976: Capitán- SID- Departamento III.
* 1977: Mayor- Instituto militar estudios superiores
* 1981: Teniente Coronel Estado Mayor del Ejercito
* 2003\2006 integrante del CALEN (centro de altos estudios) miembro permanente-profesor de estrategia.
* Se lo reconoció en Buenos Aires en el centro de torturas de Automotoras Orletti.
* Se lo reconoce como torturador de la OCOA, por cientos de expresos y expresas en el Batallón 13 de infantería. 300 Carlos.
* Encargado de la Base Valparaíso adonde llevaron a María Claudia García y desde donde la hicieron desaparecer y le robaron a Macarena.
* Procesado con 25 años de prisión por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados"
* En 2007 admitió haber participado en la compra de la “Casona de Millán” y la “Base Valparaíso”, donde funcionaron locales de tortura clandestinos del SID. Y haber enterrado y desenterrado más de 20 cuerpos...
* Responsable de la operación Plan Cóndor: que secuestró, desapareció, torturó y mantiene secuestrado a mas de 200 desaparecidos vinculado al secuestro de Adalberto Soba y Alberto Mechoso en 1976.
* Amigo de Aníbal Gordon (argentino)Triple A.
* Estaba preso por Plan Cóndor y en particular por el caso de María claudia García de Gelman (Argentina)
* Lo “fugaron” del hospital militar el 3 de julio de 2006
* En 2011 se descubrió que planificaba fugarse de la cárcel VIP de Piedras Blancas.
* Tiene pedido de extracción a Argentina, por Plan Cóndor
En el 2014 fue premiado volviendo a recibir el 100% de su jubilación
Octubre 2018:
¿Dónde esta Gilberto Vázquez Bisio, hoy? ¿Está con prisión domiciliaria? ¿Esta en Rivera en la Torre 1 de Octubre apto 201?

¿Cuanto tiempo falta para que se vuelva a fugar?
Los terroristas de Estado siguen libres y sin castigo.
Plenaria Memoria y Justicia

Desde el Observatorio Luz Ibarburu expresaron preocupación por el hecho de que el coronel retirado Gilberto Vázquez se encuentre viviendo en Rivera a escasa distancia de la frontera con Brasil.
Vázquez fue uno de los militares condenados a 30 años de cárcel por el caso Gelman y también fue requerido en Argentina por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
El integrante del Observatorio Raúl Olivera dijo a Informe nacional que el martes se presentaron ante los juzgados de ejecución de sentencia “para conocer las razones por las cuales se le otorgó prisión domiciliaria y las razones por las cuales se le habilitó la ida para Rivera”.
“Ya se fugó una vez y (está) en un lugar donde efectivamente cruza la calle y está afuera del país”, añadió.
En 2006, Gilberto Vázquez logró fugarse de un hospital y en 2011 el Ministerio del Interior informó que encontraron en su celda elementos para cortar las rejas.
Olivera señaló que hay varios casos en Uruguay de militares procesados por delitos de lesa humanidad que logran fugarse a otros países, citando lo sucedido con Jorge Tróccoli, Manuel Cordero y Eduardo Ferro
“La mayoría de ellos están en prisión domiciliaria y hay que ver las razones por las cuales se otorga ese beneficio a personas que están acusadas de múltiples crímenes y desapariciones”, añadió.
La política que sigue el Poder Judicial en este tema “es discutible, por el carácter de los delitos por los cuales están condenados”, sostuvo Olivera.



La Diaria El represor Gilberto Vázquez violó la prisión domiciliaria que cumple en Rivera

El fiscal Ricardo Perciballe acusó a José Puigvert por el asesinato de Aldo Perrini; se colocó una placa de memoria en homenaje a Miguel Mato, último desaparecido de la dictadura.

Dos personas entran a la torre 1º de Octubre y, en cuestión de segundos, un señor canoso baja por las escaleras. El represor Gilberto Vázquez, que vive en el apartamento 201 del edificio, ubicado en la calle Figueroa 1090, recibe a sus invitados. Un vecino, que se encontraba charlando con el portero en el hall de entrada, mira atónito la escena y atina a sacarle un par de fotos. Vázquez sonríe.
El juez de ejecución penal Martín Gesto autorizó al coronel retirado a mudarse de Montevideo a Rivera. Vázquez fue condenado a 25 años de prisión por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, y a 30 años por participar en el secuestro y desaparición de María Claudia García. Gesto le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria hace dos años, y explicó a la diaria los motivos: “Él solicitó a fines del año pasado cambiar de domicilio, porque su familia se encuentra radicada en esa ciudad [Rivera] y por cuestiones de salud. A principios de este mes lo autoricé y la efectivización se realizó estos días”.
Como el monitoreo electrónico mediante tobilleras “no está habilitado todavía” en Rivera, el juez dispuso la custodia policial del coronel retirado. Gesto señaló que debe ser, según su decisión, una “custodia permanente”, pero que él no sabe cómo se instrumenta, porque de “eso se encarga la jefatura”. Hace unos años que el mismo juez habilitó una salida transitoria del torturador José Nino Gavazzo, para que fuera al cumpleaños de 15 de su nieta, aunque esto no llegó a concretarse luego de que organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron un escrache frente a su casa. También fue Gesto el magistrado que permitió a Gavazzo trasladar su domicilio de Pocitos a Parque Miramar, según informó el semanario Brecha en noviembre de 2016.
El miércoles de esta semana, Vázquez violó la prisión domiciliaria. Cuando la Policía llegó a su domicilio, a las 11.30, el coronel retirado no abrió la puerta. El jefe de la Policía de Rivera, Ricardo Pereira, explicó a la diaria cómo funciona el procedimiento de vigilancia en este tipo de casos. “El juez dispone la prisión domiciliaria. La persona notifica dónde va a vivir, la Policía toma nota y lo incluye en la lista de aquellas con prisiones domiciliarias que hay en el departamento”. En Rivera son 20 las personas que se encuentran en esa situación. En cualquier momento del día la Policía les puede hacer una visita, para comprobar si están donde deben. “En este caso se constató el incumplimiento de la prisión domiciliaria por la concurrencia de la Policía. Fueron a hacer el control de rutina y no estaba en su casa. Informamos al juzgado de su ausencia y luego la persona informó a la jefatura que estaba en el médico”. Según explicó, las personas en esta situación no pueden dar un paso afuera de su casa sin solicitarle permiso al juez, y recalcó que, si se constata un incumplimiento, el magistrado puede revocar la concesión del beneficio.


Gesto dijo a este medio que no sabe si Vázquez “pidió o no” autorización para ir al médico. “A mí me informaron que él fue”, se limitó a señalar. Al ser consultado sobre si el coronel retirado tiene que solicitar permiso al juzgado con anticipación en esos casos, el juez reconoció que a él sólo le notificaron que fue a la mutualista, y que efectivamente se le tiene que pedir autorización antes. “Sí, eso debería ser la forma de instrumentarlo. Lo que me dijeron es que en estos días se habían hecho los demás controles y no hubo problema. Fueron a la casa, no estaba, un familiar dijo que estaba en la mutualista, que es a dos cuadras del domicilio, y efectivamente estaba allí. En ese momento le hicieron saber, por si no lo sabía, que tiene que pedir autorización previamente”, relató.
Entre el edificio donde vive Vázquez y la frontera con Brasil hay sólo tres cuadras de distancia. Es sabido que el coronel retirado cuenta en su prontuario con una fuga y un intento de fuga. En 2006, fue trasladado al Hospital Militar porque aseguraba que tenía dolores de próstata. En esa ocasión logró fugarse, y lo atraparon cuatro días después, disfrazado con una peluca. Al año siguiente, según informó lr21 en esa oportunidad, el Ministerio del Interior informó que el militar retirado tenía escondida una sierra y que había untado dulce de membrillo en los barrotes de la celda para corroerlos y fugarse de la cárcel.
Sobre sus antecedentes de fuga y la posibilidad de que escape por la frontera, Gesto dijo que él dispuso para Vázquez “la custodia permanente y suficiente”. “Después, cómo lo instrumenta la jefatura de Rivera, no lo sé”, acotó. También puntualizó que “se da la casualidad de que justo su familia es de ahí. Si fuera otro departamento, capaz que no se plantea el tema de la frontera. De todas maneras, como en Rivera no está funcionando el sistema de las tobilleras, la alternativa es la custodia”.

Justicia

Aldo Chiquito Perrini tenía 34 años y tres hijos: Aldo, Dino y Piero. Era heladero y tenía su negocio en Carmelo. El 26 de febrero de 1974 fue secuestrado en ese local, y llevado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. En una sesión de tortura, luego de varios días de plantón, picana, golpizas y submarino, Perrini murió.
Tras el pedido de procesamiento de la fiscal Ana María Telechea, el general Pedro Barneix se suicidó. El otro militar procesado y detenido por el asesinato fue José Puigvert. Ahora el fiscal especializado en derechos humanos Ricardo Perciballe acusó a Puigvert como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Perrini, y solicitó que se lo condene a 22 años de penitenciaría. Desde que Perciballe ocupa su cargo, es la primera vez que hace una acusación. A diferencia del pedido de procesamiento, para el que se requiere la semiplena prueba de lo acontecido, la acusación implica que el fiscal cuenta con los “elementos totales para imputar el delito”, explicó Perciballe a la diaria.
Varios detenidos cuentan que los militares le dieron un trato especialmente cruel a Perrini porque les gritaba que dejaran de abusar de las detenidas. Según consta en el fallo fiscal, uno de sus compañeros de cautiverio relató: “En determinado momento preguntó algo así como ‘qué le están haciendo’ y le contestaban con sorna, diciéndole efectivamente lo que estaban haciendo, y el Chiquito les pedía que la dejaran tranquila, y ellos contestaban riéndose, por supuesto, y él insistía en que la dejaran tranquila, hijos de puta, y entonces le decían quién la iba a defender, y el contestaba que él, hijos de puta”.
El fiscal subraya que existió “particular ensañamiento” con las mujeres “por su condición de tales”, y que además de sufrir las mismas torturas que los varones, “se les sumó la desnudez, los manoseos y aun la violación”. Si bien Perrini fue “sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos”, dice el fiscal, “sobre él recayó especial consideración”, porque en “distintas ocasiones intentó, con los escasos medios a su alcance (que no fueron otros que su voz), interceder para que las jóvenes no fueran objeto de tratos degradantes y aun de vejámenes”.

Memoria

Miguel Mato tenía 28 años y militaba en la Unión de la Juventud Comunista. El 29 de enero de 1982 salió de su casa corriendo para tomar el ómnibus 145. No volvió; lo secuestraron. Fue el último detenido desaparecido de la dictadura. Su hija, Verónica Mato, contó a la diaria: “Tenía cinco años cuando desapareció. Esa fue la última vez que salió de casa. Unos militares vestidos de civiles lo agarraron en 8 de Octubre y Larravide y lo metieron en un auto”.
Ayer, a las 18.00, se colocó una placa de memoria en esa esquina. Verónica entiende que es una medida “reparatoria”, no sólo para ella sino también para la “historia de Uruguay”. Reconoce que las causas de delitos de lesa humanidad se han movido bastante en los últimos años. “Seguimos con la esperanza, con el deseo, con la lucha de que en algún momento se haga justicia por mi padre y por todas las personas que sufrieron una violación tremenda a los derechos humanos”, aseguró.



Brecha        Crónica de una fuga anunciada

La mudanza de Gilberto Vázquez.

Por Samuel Blixen

Alguno de los cinco jueces letrados de ejecución de sentencias y vigilancia de la capital deberá explicar cuáles fueron las razones (y las intenciones) que lo impulsaron a aceptar el pedido del coronel (r) Gilberto Vázquez de fijar su lugar de residencia en la ciudad de Rivera. El coronel Vázquez no tiene derecho a resolver por sí dónde quiere vivir, porque está condenado por diversos delitos de lesa humanidad (es decir, los más graves y aberrantes), entre otros, la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.

Pese a ese rosario de delitos, el coronel Vázquez obtuvo, en setiembre pasado, la autorización de un juez de ejecución de sentencias para completar en su domicilio el cumplimiento de su condena penal. Ese ya fue un paso arriesgado, porque el coronel Vázquez, antiguo oficial de la inteligencia militar, tenía dos antecedentes de fuga: el primero en 2006, cuando, trasladado al Hospital Militar por una supuesta dolencia, escapó disfrazado con una peluca; fue apresado y restituido a la cárcel de Punta Arenas días después. El otro intento ocurrió en abril de 2011, cuando la guardia policial de la cárcel incautó en la celda del preso una sierra con la que pretendía cortar los barrotes de una ventana, aplicando dulce de membrillo para acelerar la herrumbre del hierro.

Muy poco después de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, que le impedía salir de su casa sin autorización expresa (por lo cual portaba una tobillera conectada electrónicamente con la Jefatura de Policía), Vázquez fue autorizado a mudarse a Rivera. El 10 de octubre se instaló en un edificio de apartamentos ubicado sobre la avenida principal, a tres cuadras de la línea divisoria con Brasil. Trece días después, el martes 23, Vázquez confirmó que la tercera es la vencida. En la mañana del miércoles una patrulla policial que diariamente verifica la situación de unas 20 personas que gozan de prisión domiciliaria comprobó la ausencia del condenado. Gerardo Hernández, corresponsal en Rivera de Radio Uruguay, confirmó con el jefe de Policía del departamento, comisario mayor Ricardo Pereira, la ausencia de Vázquez. Se presume que el coronel, que utilizaba el código 307 en el Sid y era conocido por el alias de el “Judío”, cruzó a Santana de Livramento, una especie de territorio liberado para terroristas de Estado uruguayos, donde fracasan todos los intentos de Interpol. En ese lado de la frontera sigue viviendo Pedro Mato Narbondo, el “Burro”, requerido por la justicia uruguaya pero inubicable por más que periódicamente circulan fotos que registran la buena vida que lleva en la clandestinidad. Otro que permaneció en Santana hasta que la justicia argentina impuso su captura fue el coronel Manuel Cordero, alias “Manolo”.

Es posible que el Judío y el Burro estén brindando con cerveza en algún boliche de Livramento. En principio, ¿qué se le puede reprochar al Judío Vázquez, si le dejaron abierta la puerta?