Ortuño lo votó

Esclavo del sistema


 >>> Le soltó la mano a Kreimerman

Representa al Frente Amplio y no representa al sindicato de OSE

No defiende a los sindicalistas mientras estafan por 800 millones en OSE? ¿y que hace para defender OSE?

El directorio de OSE definió iniciar un sumario al presidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, por el encendido de una bomba de humo en la sede del organismo el pasado 13 de junio, en una movilización gremial contra el proyecto Neptuno.

La medida fue votada por todos los miembros del directorio, incluido el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal.

Ortuño dijo a Montevideo Portal que votó a favor del sumario “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo, para establecer o deslindar las responsabilidades de lo sucedido”.

“Lo que si bien considero fue un error que no debe reiterarse, se dio en el marco de una acción colectiva del sindicato que no constituye delito para que pueda castigarse a nivel individual como tal, sobre lo que está claro que debe expedirse la Justicia y respetarse su fallo, coincida o no con nuestra opinión”, afirmó en referencia al episodio de la bomba de humo.

“Insistí con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado, y sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales”, dijo Ortuño.

“Más allá de la consideración crítica de los hechos, no se debe olvidar que no existieron ni daños materiales ni a la salud de nadie, y tampoco se impidió que el Directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, agregó el representante por el Frente Amplio en el ente.

Kreimerman fue imputado por la Justicia por un delito de atentado especialmente agravado, tal como lo solicitó la Fiscalía de Flagrancia, que fue liderada por Gabriela Fossati hasta el pasado 4 de setiembre. Mientras continúa la investigación, se dispuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al juzgado.

El abogado de Kreimerman, Juan Fagúndez, anunció que van a apelar la imputación de la Justicia.

 

 ¿Ortuño lo votó?, que debilidad ideológica Vertiente, ayudó a perseguir, cero garantía) Kreimerman sobre el sumario en su contra: “Se busca individualizar los hechos” cuando “en realidad fue una movilización colectiva”

Kreimerman sobre el sumario en su contra: “Se busca individualizar los hechos” cuando “en realidad fue una movilización colectiva”

El directorio de OSE aprobó por unanimidad realizar un sumario administrativo al presidente de FFOSE por encender una bomba de humo en la sede del ente durante la apertura de los sobres del proyecto Neptuno.

El directorio de OSE aprobó por unanimidad realizarle un sumario administrativo al presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, formalizado por encender una bomba de humo en la sede de OSE durante la movilización en rechazo a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno, informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó la diaria. En diálogo con la diaria, Kreimerman rechazó la decisión: “Lo que se está haciendo es desmedido”, afirmó.
De acuerdo a FFOSE, la resolución afirma que Kreimerman intentó ingresar al directorio por la fuerza, lo cual el sindicato niega. En ese sentido, Kreimerman manifestó que lo expuesto en la resolución del directorio le “llamó muchísimo la atención”, dado que asegura que nunca fue consultado sobre la posibilidad de haber intentado entrar por la fuerza al directorio. “Cuando me citaron a declarar en la investigación administrativa no se me planteó nada relativo a eso”, afirmó, y agregó: “Lo niego rotundamente, porque nosotros no ingresamos por la fuerza a ningún lado”.
Kreimerman afirma que con este proceder “se busca individualizar los hechos en dirigentes sindicales cuando en realidad fue una movilización colectiva”. Si bien “cada uno de los directores tendrá sus argumentos” para haber votado a favor, “nosotros no lo compartimos”, dijo, porque sumariar al presidente de un sindicato “es algo muy peligroso” cuando “el sumario no proviene de una falta desde el punto de vista funcional, sino desde la movilización gremial”, argumentó.

En la misma línea, el dirigente de FFOSE Carlos Larrosa consideró que “el directorio está buscando más elementos para darle fundamentos al objetivo de ellos, que es sancionar fuertemente a dirigentes sindicales”, sostuvo en diálogo con la diaria. Para el dirigente, el argumento que brinda el directorio respecto a la búsqueda de garantías no se condice con el hecho de que “la gerencia jurídica no está dando ningún tipo de garantías de neutralidad en los procesos administrativos”. Esto es algo que se ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ambiente, contó.

“Los procedimientos jurídicos no están siendo imparciales y para nosotros responden a una lógica de criminalización de la protesta”, pues una vez que alguien denuncia algo que “está fuera de la norma” se le realizan “sumarios e investigaciones”, señaló Larrosa.

Ortuño votó a favor “para dar todas las garantías al implicado y al organismo”

El representante del Frente Amplio en el directorio, Edgardo Ortuño, acompañó con su voto. En diálogo con la diaria, dijo que votó “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo para establecer o deslindar las responsabilidades en lo sucedido”. “Si bien considero que fue un error que no debe reiterarse”, continuó, los hechos “se dieron en el marco de una acción colectiva del sindicato, que no constituye un delito que pueda castigarse a nivel individual como tal”, consideró Ortuño.

El director frenteamplista hizo énfasis en que insistió “con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado”, agregó. Según el jerarca, “sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales” y, “más allá de la consideración crítica”, corresponde tener en cuenta que “no existieron daños materiales ni a la salud de nadie y tampoco se impidió que el directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, subrayó.

FFOSE se moviliza “contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta”

Este jueves, desde las 10.30, FFOSE se concentrará frente a la Intendencia de Montevideo “contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta”. Esta movilización, que será acompañada por un paro parcial de 9.00 a 13.00, fue propuesta en la Mesa Representativa del PIT-CNT el día de la formalización de Kreimerman, explicó a la diaria Marcos Míguez, secretario del Agua del sindicato.

Míguez destacó que tanto la investigación judicial como la administrativa responden a las denuncias realizadas por FFOSE sobre irregularidades vinculadas a “acomodos políticos” y “amiguismos” en el ente. En ese sentido, afirmó que “es probable que se inicie algún sumario más, porque claramente están haciendo una persecución sindical, en la que día a día van cambiando las carátulas y los hechos”, manifestó.

Aunque “se puede discutir el tema de la bengala”, los hechos “fueron totalmente pacíficos” y “el único hecho de violencia que hubo fue la represión de la [Guardia] Republicana”, continuó el sindicalista. Por eso, según Míguez, “buscaron por un lado y no encontraron nada, y ahora van a buscar por otro y tampoco van a encontrar”, resaltó.

Asimismo, Míguez recordó que tras lo sucedido en la movilización en rechazo a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno, se resolvió que si se sumariaba a alguno de los presentes, se harían “paros zonales y asambleas por todo el país” para definir cómo seguir.

 

"La bombita de humo....El humito!! no mata a nadie!!" dijo Tamara García del Pit Cnt en defensa del dirigente de Ose Kreimerman y sostuvo que "lo que si nos va a matar es la privatización del agua" con sed y con hambre, señaló. (acto Ffose)

 

 

TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS

 

El plebiscito y el diálogo social

 

 

 

Imprescindibles y complementarios
 

Antonio Elías
29 septiembre, 2023 

Lo que se plantea en la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT a través del plebiscito son límites al sistema jubilatorio para garantizar un derecho humano fundamental: la seguridad social.

La democracia directa permite que las organizaciones sociales –como, en este caso, la central de trabajadores– puedan promover la modificación del texto constitucional, sobre todo cuando entienden que sus anhelos no son respondidos adecuadamente por el sistema político; así, el pueblo, de manera directa, puede lograr modificaciones en la Constitución.

Esto ocurre cuando el sistema político no logra dar respuestas satisfactorias a las demandas de la ciudadanía. Allí, la Constitución funciona como una barrera de seguridad que no puede ser franqueada por el sistema político sin pasar por un nuevo plebiscito, es decir, no puede ser franqueada sin el aval ciudadano. Se trata, claramente, de un mecanismo de control del poder del Parlamento.

Se suele cuestionar que los plebiscitos tienen una excesiva descripción de los derechos, cuando eso debe quedar en manos del cuerpo representativo. La respuesta es que el nivel de detalle del texto constitucional es inversamente proporcional a la confianza en el sistema político. La reforma constitucional que promueve el plebiscito es un mandato claro sobre qué condiciones el pueblo está dispuesto a sostener en materia de seguridad social, y deberá ser el Parlamento el que elabore una reforma integral de la seguridad social.

Con esta medida, los trabajadores organizados se enfrentan directamente con la reforma jubilatoria de la ley 20.130, a través de dos cambios en los parámetros del sistema y un cambio estructural fundamental: se reduce a 60 años la edad mínima jubilatoria, lo cual evita los perjuicios incalculables que el aumento de la edad de retiro a 65 años ocasiona sobre los trabajadores más vulnerables; se elevan las jubilaciones y las pensiones mínimas equiparándolas al salario mínimo nacional, y se eliminan las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) y el lucro privado instaurados en la ley 16.713 de 1995, que tantos perjuicios han causado a los trabajadores activos y pasivos. 

LA ELIMINACIÓN DEL LUCRO ABRE PASO A LA JUSTICIA SOCIAL

Las AFAP generan una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron –a través de la ley de cincuentones– por salir de las AFAP lo demuestra.

La renta vitalicia que genera el ahorro obligatorio depende del monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, más la rentabilidad variable de las inversiones (que pueden ser bajas o incluso negativas) y las decisiones del Banco Central del Uruguay sobre la tasa de interés técnico.

Las AFAP, en cambio, obtienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros de los trabajadores y hacer inversiones que, teóricamente, multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Los sistemas de pensiones privadas obligatorias han fracasado en todo el mundo, han empeorado los ingresos en la vejez y son insuficientes en términos de cobertura y niveles de beneficios.

El eje principal de la reforma de la seguridad social vigente reduce las responsabilidades del Estado porque amplía el pilar de capitalización, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios; todos los trabajadores deberán aportar el 5 por ciento de sus ingresos (hasta la franja de 107.589 pesos) a las AFAP y solo el 10 por ciento al régimen de solidaridad intergeneracional. Los que ganen entre 107.589 y 215.179 pesos aportarán el 15 por ciento a las AFAP.

Todo esto genera altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán para aquellos que no entrarán al nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado.

LA DIRECCIÓN DEL FA NO TIENE POSICIÓN: NO SABE, NO CONTESTA

La aprobación del plebiscito no deroga la regresiva reforma impuesta por la ley 20.310. A título de ejemplo, queda vigente la reforma actual para temas fundamentales, como la sustitución de la tasa de reemplazo por una tasa de adquisición de derechos, el Salario Básico Jubilatorio, la baja de las pensiones por viudez, la reducción del ámbito de aplicación de las bonificaciones –que considera solo los puestos de trabajo y no los sectores de actividad–, las exoneraciones y las reducidas tasas de aporte del capital.

Es imprescindible, por tanto, que el Frente Amplio (FA) impulse un diálogo social para realizar una nueva reforma de la seguridad social, que, por supuesto, debe ser integral y no solo jubilatoria. Por ello, es un error contraponer la reforma constitucional que impulsan los trabajadores con el diálogo social: por el contrario, las dos son imprescindibles.

El problema es otro: en los 15 años de gobierno del FA no se tomaron medidas para eliminar el lucro privado en la seguridad social. Tampoco se puede ignorar que quienes llegaron con el FA a dirigir los destinos del país sostuvieron, múltiples veces, que era necesario aumentar la edad de retiro. Aunque debe reconocerse que en ese período se tomaron diversas medidas favorables a los trabajadores, tales como reducir los años de trabajo exigidos de 35 a 30 y, en el caso de las mujeres, computar como trabajados un año adicional por cada hijo. Se tomaron, también, medidas para posibilitar la renuncia de la afiliación voluntaria a las AFAP (artículo 8, ley 16.713) entre los 40 y 50 años, y se aprobó la ley 19.590, que permitió desafiliarse y volver al régimen de reparto a quienes tenían 50 años en 2016 e ingresaron de forma obligatoria a las AFAP (aunque esta última ley, la de los «cincuentones», le impuso una reducción de 10 por ciento en su jubilación a quienes volvieron al sistema de reparto).

Esto demuestra que en el FA las diferencias con el plebiscito no son metodológicas, tácticas ni estratégicas: son de fondo y muy profundas. La solución a este tema, que ha encarado el actual presidente del FA, fue acompañada por la Mesa Política: «Dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran el Frente Amplio como a las bases del FA para apoyar o no apoyar la recolección de firmas» y, por si fuera poco, «la libertad es completa: no es solamente juntar firmas, sino también poder opinar sobre el fondo del tema».²

¿Cómo puede ser que el FA no tenga posición sobre lo que va a pasar con el millón y medio de trabajadores que aportan al Banco de Previsión Social, con los 700 mil pasivos actuales, con el papel que debe jugar el Estado en la seguridad social, en la que se invierte 11 por ciento del PBI?

La resolución que se adoptó es apresurada e interfiere con la discusión de la propuesta de bases programáticas 2025-2030, que se está discutiendo en los comités de base del país y se resolverá en el VIII Congreso Extraordinario Tabaré Vázquez, durante los días 8, 9 y 10 de diciembre. ¿Quizás será porque en el congreso la enorme mayoría de los votos los tienen las bases?

Libertad de acción y de opinión, ahora, ¿para qué? Para negar lo que se ha defendido siempre: el derecho del soberano a utilizar la democracia directa, o para enfrentar a sus históricas bases sociales: los trabajadores. Se olvida, quizás, que el FA surgió luego de que se logró la unidad del movimiento sindical y se realizó el Congreso del Pueblo.

El profundo error de esta propuesta no solo está en el desconocimiento de la discusión de las bases, sustento fundamental de la existencia del FA, sino que demuestra la incapacidad de la dirección del Frente para buscar y lograr los consensos necesarios y fundamentales para la unidad, como lo llevó adelante en todo momento el general Liber Seregni. La unidad en la diversidad no implica posiciones antagónicas en temas fundamentales: sin consensos, el FA se terminará convirtiendo en una simple cooperativa electoral; lejos, muy lejos, de lo que planteaba Seregni.

«La razón de ser, el porqué y el para qué de nuestro Frente Amplio está en realizar una tarea histórica fundamental: cumplir el proceso revolucionario de nuestro país. En transformar las viejas estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país hoy caducas y crear las nuevas que corresponden a la instancia que hoy nuestro pueblo debe vivir. Y es, sí, un auténtico proceso revolucionario, porque el que nuestro Frente se propone es no solo el cambio profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el poder. Desplazar del poder a la oligarquía y llevar el pueblo a gobernar.»³

1. Véase aquí.

2. «Fernando Pereira propuso dar “libertad de acción” a los sectores de cara al plebiscito contra la reforma jubilatoria», La Diaria (18-IX-23).

3. Liber Seregni, discurso pronunciado el 18 de julio de 1972, tomado de La autoridad del pueblo, de Germán Wettstein, Mex-Sur Editorial, México, 1982, pág. 131.

 

 

 

 

Como el Pato Criollo

 

Un viejo dicho asume que los “errores” se suceden a cada paso del pato criollo.

De esa misma manera vemos cómo el Poder Ejecutivo sigue sin atender la necesidad de evitar la depredación de especies nativas en beneficio de un muy dudoso negocio de “cacería deportiva”. Cacería que lleva a que los valientes cazadores se enfrenten con señuelos, trampas y modernas armas semiautomáticas a los peligrosos patos, emboscándolos en sus lugares de descanso y alimentación para registrar su gloriosa faena en trofeos fotográficos fácilmente disponibles en la web buscando, por ejemplo, “Duck hunting Uruguay”.

En Uruguay la ley 9.481 de 1935 fue pionera en la protección de la fauna indígena y el control de la caza. El Artículo 3º prohíbe la caza de especies zoológicas indígenas o libres, salvo las excepciones del Artículo 5º por el que el Poder Ejecutivo puede autorizarla para especies, lugares, cantidades y plazos determinados.

Desde 1947 sucesivos decretos reglamentaron la ley y hoy el Decreto 269/2000 establece que el Poder Ejecutivo debe emitir los decretos anuales regulando la caza antes del 30 de setiembre de cada año.

En el caso de las tres especies de patos principales del Uruguay, Pato cara blanca (Dendrocygna viduata), Pato maicero (Anas geórgica) y Pato picazo (Netta peposaca), el decreto 104/2000 establece para cada cazador y por día la posibilidad de matar 15 ejemplares de los que no más de dos pueden ser del Pato Picazo.

En el año 2018 a iniciativa de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (COENDU) el Decreto 318 estableció la suspensión por dos años de la caza de patos, la que se reanudó en 2022 en contrario de los informes técnicos del propio Ministerio de Ambiente que recomiendan la prohibición de la caza por al menos otros 5 años ante la significativa tendencia negativa de la población de esas especies enfrentadas como muchas otras a profundos cambios en su hábitat por los cambios en el uso que de los suelos y otros procesos que degradan la biodiversidad.
Esa posición es la de los estamentos técnicos del Ministerio de Ambiente cuyos informes no encuentran eco y no son tenidos en cuenta por las jefaturas políticas del Ministerio ni del Poder Ejecutivo que al no emitir un decreto sobre el tema antes del próximo viernes 30 dejará que se siga, al menos durante 2024, con la matanza de estas aves autóctonas de las que sólo se han observado en 13 años apenas unos 12.000 ejemplares

Triste situación esta del llamado Uruguay Natural que aparece temeroso e incapaz de proteger su fauna nativa, la biodiversidad y la calidad ambiental.

Poco queda ya de las grandes bandadas de aves migratorias y permanentes que surcaban los cielos del país no hace más de 40 años atrás.

Desde el MOVUS llamamos a la reflexión y a la acción a los responsables del Poder Ejecutivo y en especial del Ministerio de Ambiente para que en un gesto de compromiso con las generaciones futuras dispongan nuevamente la prohibición de la matanza de estas especies y se encarguen los estudios y trabajos necesarios para evitar su extinción

QUEDAN DOS DÍAS
 
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
28 de setiembre de 2023

Contactos:
Raúl Viñas: 099648685
Ana Filippini: 098407572

Muertos vivientes

Nueva cumbre de la derecha 

Otro encuentro del grupo Libertad y Democracia, un enorme oxímoron

Nicolás Centurión 
CLAE, estrategia.la
24 septiembre 2023

 

 El viernes 22 y sábado 23 se realizó  el II encuentro del Grupo Libertad y Democracia. que surgiera en marzo del 2023. Se trata de un émulo del ya extinto Grupo de Lima que feneció ante las derrotas electorales y hoy vuelve con otro nombre, con otras pieles, pero con el hambre de volver a los gobiernos para poder hacer sus negocios de siempre.
El Grupo Libertad y Democracia es una organización política en la que participan los exmandatarios Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Mariano Rajoy y José María Aznar (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Guillermo Lasso y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), además de Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Añez (Bolivia), y la candidata neoliberal a la presidencia argentina Patricia Bullrich, entre otros

Entre los temas que se abordaron en estas dos jornadas estuvieron: «El narcopopulismo: un nuevo desafío para América Latina», «Como combatir el populismo cultural y fortalecer una narrativa de libertad», «Libertad económica y fortalecimiento del sector privado: las claves para el desarrollo» y «Educación vs. adoctrinamiento. El rol de la izquierda en escuelas y universidades»
“En este contexto, de retroceso y asedio a la libertad y la democracia, es que nos reunimos hoy día. Las causas son muchas: mala calidad de la política, debilidad de las instituciones democráticas, demagogias, caudillismos autoritarios, narcotráfico, crimen organizado y corrupción son males que asolan a nuestras libertades y a nuestras democracias. Y es algo que sin duda que tenemos que hacernos cargo”, expuso el expresidente chileno Sebastián Piñera.
“Este año, además, vamos a enfrentar formidables desafíos electorales que van a marcar el rumbo de nuestras libertades, como es el caso de las elecciones en Argentina, en México, el caso de Venezuela, con una mujer valiente que encabeza una lucha heroica como es María Colina Machado; el caso de Ecuador”, añadió.
“Grandes desafíos electorales donde nosotros tenemos que tomar partido. Creo que lo decía Dante Alighieri, los peores lugares del infierno están reservados para aquellos que se declaran neutrales en tiempos crisis. Para eso nace el Grupo Libertad y Democracia”, enfatizó Piñera.

Por su parte, Uruguay tuvo allí su participación. Álvaro Delgado, el prosecretario de la Presidencia y eventual candidato oficialista a la presidencia, quien afirmó que “El Estado no puede reemplazar al esfuerzo humano, pero puede promover las condiciones favorables para su desarrollo. Un liberalismo solidario es un liberalismo sensible a las necesidades de su gente y de los ciudadanos”.
“La política solidaria no trata de sacarles responsabilidades a los ciudadanos. Nuestra concepción de la libertad, el individuo está como centro, y la solidaridad como generadora de igualdad de oportunidades”, dijo Delgado, en el tramo de «Cómo combatir el populismo cultural y fortalecer una narrativa de libertad».
.¿Liberalismo solidario: ése será el slogan o el espíritu de la campaña de Delgado en el 2024? ¿Un amable capitalismo con semiplena conciencia de las desigualdades que genera y las intenta compensar con migajas?
 Curiosa, contradictoria pero que a su vez no llama la atención, la adhesión ideológica del Partido Nacional y su líder Luis Lacalle a esta organización. Hace pocos meses, en la Cumbre de Unasur, el mandatario uruguayo remarcó su rechazo a que se sigan creando instituciones de integración regional y señaló que estos encuentros quitan tiempo a los presidentes, y que por eso lo que se busca es que tengan acciones concretas.

«Debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones. Vayamos a las acciones», marcó. Pero sería casi que interminable la lista de actividades que el presidente realiza que no son protocolares -y mucho menos de gobierno- y distan bastante de cuestiones que le den algún beneficio. Esta vez eligió a su delfín para concurrir a dicho evento y no perder tiempo que podría gastar en otras actividades.
El sábado, al finalizar el encuentro, los presentes firmaron una declaración que destaca la democracia como el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”. Además enfatiza la importancia de combatir las dictaduras existentes en América Latina y el Caribe.
Asimismo, el compromiso advierte sobre “el avance del populismo”, que -a su juicio- vacía “la democracia desde adentro, cooptando la justicia, intimidando al periodismo y encarcelando a sus opositores sin ningún respeto por el Estado de derecho y el debido proceso”.
En ese sentido, la declaración rechaza la “persecución judicial contra la expresidenta ´constitucional´ de Bolivia, Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Bolivia, Luis Fernando Camacho, y (…) la inhabilitación de la candidata opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado”.
El «grupo asume la tarea de combatir las dictaduras que todavía existen en América Latina y el Caribe, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y de lograr que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra sus habitantes, sean juzgados con todo el rigor de la ley».

Los signatarios del documento son los expresidentes Sebastián Piñera (Chile); Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque, Andrés Pastrana (Colombia), Mireya Moscoso (Panamá); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Rafael Ángel Calderón, y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Mariano Rajoy (España); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Jeanine Áñez (Bolivia;) así como los dirigentes Rosa María Payá, activista cubana; Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga; (Bolivia) y Félix Madariaga, activista nicaragüense.
Cada apellido y/o gestión de los firmantes del documento, precisarían de más de un libro para dar cuenta de los destrozos que han hecho sobre nuestros pueblos. Simplemente saber que al leerlos a algunos se le revolverán las tripas, a otros le vendrán recuerdos aciagos de épocas pasadas, otros siguen padeciendo sus políticas y si hay algo que han vaciado y deteriorado es, justamente la libertad y la democracia.
 
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Vendrán con su ayuda

La guerra que se avecina en los barrios sin tocar a los de arriba.

 

Las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés) son unidades especializadas de elite del Ejército de Estados Unidos cuya misión principal consiste en llevar a cabo operaciones de asesoramiento, apoyo, enlace y evaluación con países alrededor el mundo. Creadas en 2017, actualmente son seis, una de las cuales sirve en Latinoamérica y el Caribe bajo la órbita del Comando Sur del Ejército estadounidense.

 

El narcotráfico se va adueñando de Latinoamérica 

19 septiembre 2023, Aram Aharonian 

El lucrativo negocio de la cocaína está en franco crecimiento a nivel mundial, luego de una contracción por la pandemia de la Covid-19. Más allá de las interesantes posiciones de algunos de los países de la región, América Latina aún debe discutir seriamente su política de combate a las drogas y abandonar de una vez por todas las recetas prohibicionistas y militaristas de Estados Unidos, el principal consumidor.
Lo que hizo a este fenómeno tan grave en nuestro continente es la desigualdad social, que es escandalosa. Por ejemplo, las periferias están superpobladas por personas que no tienen la menor oportunidad de conseguir empleo en el mercado legal y que ven una salida en el tráfico. ¿Negocio? Gran negocio: Una tonelada de cocaína se obtiene a mil dólares estadounidenses en Bolivia y se vende a 35 mil en los puertos europeos.Tráfico de drogas: la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos

Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países, señala un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas.
En relación a la producción, América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Posee, además una producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína.
En relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. Recientemente ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de coca-cocaína a través de Brasil.
El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social, añade Cepal.
El prohibicionismo arrancó hace más de 100 años como forma de controlar sustancias peligrosas, que muchas veces suele ser a través de la militarización, la Policía, la represión y las cárceles. Visto en grande, lo peligroso de las sustancias termina siendo la respuesta militarizada a ellas y no tanto ellas mismas.

Esta guerra bajo la visión estadounidense del problema no es la salida para la región, que lleva al menos cuatro décadas en esta guerra y no llegó a nada, pero se gasta (no se invierte) mucho dinero. Los que son beneficiarios de esas políticas son las industrias armamentistas y los «batallones» de obreros del narcotráfico que ven en él su forma de asegurar el sustento.
Hoy los criminales están mucho más articulados, transitan por la alta sociedad y, al mismo tiempo, atraen a las personas pobres para que hagan el trabajo sucio por su falta de perspectiva económica.
En América del Sur hay dos grandes rutas para el narcotráfico. Una, la del sur -Paraguay, centro-sur de Brasil, Argentina y Uruguay-, importante porque cuenta con centros urbanos mayores y una estructura aeroportuaria y portuaria mayor también, un desarrollo logístico que facilita transportar la droga, que incluye una red de carreteras bien estructurada, lo que facilita la exportación de cocaína a Europa, que es el gran negocio actualmente.
La segunda es la ruta amazónica, que sale de Perú y Colombia, va hacia el Pacífico, siguiendo caminos como el que iba de Ecuador a Costa Rica y de allí al Caribe. Es una vía orientada más bien hacia Estados Unidos.

Uruguay, que tiene algunas buenas leyes para combatir el tráfico y el lavado de activos, hace agua a la hora de aplicar controles. A los tradicionales servicios nacionales de blanqueo de capitales y tránsito de drogas, se ha sumado un crecimiento del mercado interno y el refugio que prófugos de otras latitudes han sabido encontrar en el país, muchas veces amparados por gobernantes corruptos.

Uruguay ha pasado a ocupar una posición cada vez más relevante en la distribución internacional del mercado de drogas. No es un país productor ni alberga una gran demanda (aunque es de los mejores en consumo por habitante: está enclavado en un lugar estratégico para colocar grandes cargamentos en Europa. Y existen grandes falencias en los sistemas de control y detección de cargamentos ilícitos.
En el consumo a gran escala de información sobre el mundo de las drogas muchas cosas se dan por sentadas: los grupos criminales combaten, corrompen o engañan desde la ilegalidad a Estados que siempre tienen la voluntad de enfrentarlos. Sin embargo, fuera de las grandes hegemonías discursivas, hasta el nombre con el que se conoce el fenómeno está en discusión.
El término narcotráfico deriva solamente de dos componentes de la actividad: los narcóticos (que son una familia de drogas, entre otras) y el tráfico o tránsito (un eslabón de una cadena productiva que incluye también producción, acopio, comercialización, etcétera). Aunque en términos de lenguaje allí no hay más que un ejemplo de metonimia en el que se toma la parte (en este caso, dos partes) por el todo, esa composición es sin…
Allan De Abreu, periodista brasileño de la revista Piauí, que lleva dos décadas investigando el crimen organizado. Señala que la ruta caipira empezó a ser transitada en los años setenta con contrabando de café. En esa época Brasil cobraba impuestos muy altos a la exportación de café y los de Paraguay eran insignificantes y por eso los caficultores lo contrabandeaban a Paraguay para exportarlo desde ahí.
Y en los años noventa, cuando este negocio deja de ser interesante porque cambia la tributación, la dirección del camino se invierte y por la misma ruta se lleva a Brasil, desde Paraguay, la cocaína, tráfico con eje en las ciudades de Punta Porá, del lado brasileño, y Pedro Juan Caballero, del paraguayo, prácticamente una sola ciudad. Por allí pasa hacia Brasil buena parte de la cocaína que Paraguay recibe de Bolivia y Perú.

 

El PCC nació y creció en las cárceles brasileñas
Dominar esa región es dominar la ruta. Y el cártel brasileño Primer Comando Capital intentó controlarla, lo que llevó a un conflicto con Pedro Jorge Rafaat, que era el gran capo de esa frontera, historia que culminó con el asesinato de Rafaat en 2016. También está muy establecida y ha tenido muchos usos la ruta del río Paraguay, que baja por el Paraná y llega al Río de la Plata, involucrando a Uruguay. Sebastián Marset está operando por esa vía, que culmina en el puerto de Montevideo, desde donde la cocaína sale hacia Europa.
El Comando Vermelho –la organización criminal más antigua de Brasil– desplazó a las mafias locales de la triple frontera amazónica y ha tomado el control de la producción de cocaína en el lado peruano. La triple frontera amazónica se ha convertido en un territorio en disputa por varios grupos armados procedentes de Brasil, que se han impuesto con violencia sobre las mafias locales peruanas y colombianas.
Una investigación de Ojo Público revela cómo esta banda opera la ruta fluvial del Amazonas, en alianza con grupos criminales de Colombia, y el reclutamiento de ribereños e indígenas peruanos para la producción de droga. Esto se produjo en medio de una guerra con Los Crías, una facción local de Tabatinga, que se ha aliado con el poderoso Primer Comando Capital brasileño para disputar el control territorial.

 

El "Comando Vermelho" operaría en Corrientes - BARRANQUERAS ONLINE
Pero es el Comando Vermelho el que ha logrado dominar –así como lo ha hecho más al sur, en la frontera de Ucayali (Perú) con Acre (Brasil)– gran parte de las rutas en este territorio amazónico donde no solo predomina el tráfico de drogas, sino también la tala y la pesca ilegal.
Mientras, el sureña puerto de Montevideo, la capital uruguaya sobre el Río de la Plata ofrece al narcotráfico la ventaja de ser un punto de salida «contraintuitivo», por su mayor distancia de los puertos de llegada y por la falta de fiscalización, como ocurre en Paraguay, que no tiene ningún control sobre lo que pasa por el río.
Cambios en el negocio
En este narconegocio, ha habido cambios y el más notorio es que el jefe de la pandilla tiene que alejarse de la droga y que es necesaria la compartimentación. Los primeros narcotraficantes intervenían personalmente en el transporte y así siempre corrían el riesgo de ir presos. Con la compartimentación, los niveles inferiores de la banda desconocen para quién trabajan y eso protege a la cabeza del esquema.
Según los expertos, el tercer cambio (o lección aprendida a lo largo de los años) es advertir el riesgo de la verticalización. Como ejemplo, en el Cártel de Medellín todo dependía de Pablo Escobar y cuando éste cae todo se desarma.

Pablo Escobar, capo del cartel de Medellín en Colombia en febrero de 1988.El PCC brasileño aprendió estas lecciones de la historia y hoy goza de una estructura horizontalizada, organizada en sintonías: la sintonía de las corbatas (los abogados), la del transporte, la financiera, la sintonía comunicacional (encriptación de los mensajes, lo que deja en el pasado las escuchas). En el CCC la cabeza es una sintonía, no el «capo» Marcos Willians Herbas Camacho (más conocido por Marcola), pese a que nadie dude que es el gran jefe. Pero si él muere o cae preso, la estructura continua.
En Brasil, el PCC domina y regula el crimen en San Pablo y se abstiene de atraer la atención de los medios y de la policía, mientras que a Río se lo disputaban las milicias, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro. Lo cierto es que el PCC nació como una especie de sindicato de los presos, tras la masacre de la cárcel paulista de Carandiru, con un saldo de 111 presos muertos. Entonces, los presos percibieron que tenían que unirse contra un Estado corrupto y una Policía asesina.
El PCC nace en las cárceles y desde allí se extiende: es fruto del encarcelamiento masivo, el resultado de eso, de las prisiones abarrotadas de pequeños traficantes, de las condiciones de salud absolutamente inhumanas. ¿Tiene sentido detener a un microtraficante y encarcelarlo para que salga con un posgrado en el crimen?
Con el nuevo siglo el CCC se dirige al oeste para establecerse en las fronteras de Paraguay y Bolivia, buscando proveedores de cocaína para alimentar sus puntos de venta en San Pablo. Tras la muerte de Rafaat penetran en Paraguay y Bolivia, y hoy dominan toda la cadena, desde la producción en la selva boliviana, hasta la exportación.
Para convertirse en una mafia, solo les falta lograr una infiltración consistente en el Estado. Pero, a diferencia de Pablo Escobar, el CCC no tiene ambiciones políticas… al menos por ahora, aunque sí rituales tipo mafia italiana.

Lo que llama la atención es que los brasileños presos en las cárceles uruguayas que integran el PCC expanden allí su Mejor no hablar de ciertas cosas: el sistema carcelario uruguayo – CLAEideología, que es un conjunto estricto de reglas. Para entrar al PCC hay que ser bautizado y para eso hay que tener un padrino, es decir que un miembro del PCC tiene que proponer al candidato y hacerse responsable de sus actos. Permite que sus integrantes tengan negocios ilícitos propios, pero nunca pueden dejar de cumplir las misiones que les encomienda, ni desviar dinero o armamentos de la organización. Tienen tribunales del crimen.
Pero también hay un modelo diferente, empresarial, el de Cabeça Branca, gran mayorista de cocaína que estaba por encima de esas organizaciones. Construyó un esquema logístico importante en países de tránsito, como Brasil y Uruguay. El mayorista compra la cocaína y la traslada hacia su punto de salida: su poder será mayor de acuerdo a cuántas rutas para hacerlo tenga.
Cabeça Branca, que se mantuvo 30 años impune (la Policía Federal ni siquiera tenía una foto suya), tenía una flota de aviones, otra de camiones, funcionarios en casi todos los puertos brasileños, estancias en Mato Grosso que servían de depósito para la cocaína que llegaba en avión y de allí continuaba en camión hacia los grandes centros.
La operación que lo llevó a prisión se orientó hacia una política que no se enfocaba en las incautaciones de droga, sino investigar el lavado de dinero y luego secuestrar los bienes del criminal.

Ecuador se ha convertido en uno de los mayores exportadores de drogas. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es una de las consecuencias previsibles del nuevo estado de cosas.
El país posee cuatro regiones geográficas: costa, sierra, Amazonía e islas Galápagos. La costa se encuentra bajo el dominio de las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Estas bandas se han desplazado a la sierra y Amazonía, pero no han alcanzado todavía el control que ejercen en la franja costera. Transportan desde las fronteras la droga que llevan luego a alta mar o sacan del país en avionetas. Sus socios mexicanos y europeos reciben la droga en la mar, en pistas de Centro y Norteamérica o en los puertos de Europa. Es decir, Ecuador es un engranaje en la maquinaria de producción, transporte y venta de droga que se hace a escala mundial.
Antes de convertirse en uno de los eslabones del tráfico, Ecuador era ya un territorio en el que se lavaba el dinero del narcotráfico. El país usa dólares estadounidenses como moneda de circulación nacional, lo que hacía mucho más fácil la introducción de dólares en el sistema financiero y en todo tipo de inversiones. Ecuador lavaba dólares antes de convertirse en principal canal de salida de cocaína.
Durante estos últimos años la modernización del país ha sido vertiginosa. Incluso se ha llegado a dar el caso de que constructores privados financian ellos mismos las obras que se hacen para los gobiernos, como municipios y prefecturas. Había dinero, que circulaba discretamente, para financiar todo tipo de empresas, en condiciones incomprensibles si no fuera porque no se buscaba obtener un beneficio con el dinero, sino sencillamente hacerlo circular. Sin embargo, cuando una persona recibía dinero una vez, ya no podía negarse a recibir una segunda vez.

Ecuador es geográficamente pequeño, comparado con sus vecinos: tiene la cuarta parte del territorio de Perú o Colombia. Durante los últimos veinte años los gobiernos centrales y seccionales construyeron y mejoraron las autopistas, carreteras, aeropuertos y puertos, haciendo que el país sea mucho más transitable que antes. Toda esa infraestructura la han aprovechado las bandas criminales.
Ecuador lucha contra la contaminación de contenedores con drogaLos casos de narcotráfico no eran ajenos a la historia criminal de la República. Durante los años 90 del siglo pasado y a principios del milenio se detuvo y procesó a narcotraficantes locales que, sin embargo, eran todavía ejemplos pequeños de lo que significaba el narcotráfico. Aun así, el asesinato del diputado Jaime Hurtado, a fines de los años noventa, se vinculó con sus investigaciones en torno al lavado de dinero en el sistema financiero de aquellos años.
El actual sistema de cosas, el poder inaudito que han llegado a tener las bandas criminales, se estableció durante los últimos veinte años. Se hicieron cada vez más comunes las denuncias de complicidad entre políticos y narcotraficantes en Ecuador. Se instalaron pistas y muelles clandestinos, en colaboración con los políticos de la región litoral. Un incidente nos puede dar una idea de la penetración del narco en el aparato estatal: en el año 2013 se envió una valija diplomática llena de droga a Italia. El escándalo terminó por afectar a la cancillería y por mostrar qué clase de relaciones se habían establecido entre los narcos y los políticos.
La coexistencia pacífica entre el narco y la política se acabó con la llegada al poder de Lenin Moreno en 2017, cuando rompió totalmente con su pasado revolucionario y se dedicó a perseguir la corrupción de sus antiguos coidearios: Jorge Glas, su vicepresidente, fue investigado, juzgado y condenado por corrupción. Entre otras causas, Glas fue acusado de recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Ahora mismo, la justicia brasileña acaba de retirar las causas contra Glas.
Moreno, y su continuador, Guillermo Lasso rompieron las alianzas con Rusia y enfriaron su relación con China. Moreno entregó a Julian Assange y en muy poco tiempo Estados Unidos recobró a un antiguo aliado en la región. De tal suerte que el terreno estaba preparado para iniciar la guerra contra el narco, en donde los Estados Unidos son el principal aliado del país. La guerra contra el narco se inició con Moreno y ha continuado con Lasso. Esta guerra significa el ingreso de millones de dólares e ingentes cantidades de armas destinadas a la policía y al ejército.
Como todos saben, la guerra contra el narco con «tecnología» e «inteligencia» estadounidense no ha funcionado en Colombia ni en México. ¿Por qué iba a funcionar en Ecuador?
Hace pocos meses el embajador de Estados Unidos en Quito acusó a varios generales de la policía de colaborar con el narcotráfico. La embajada estadounidense retiró la visa a los generales, pero el gobierno de Guillermo Lasso no los separó, ni los investigó ni los juzgó. No hizo nada: ¿por qué nadie puede enfrentarse a la policía? Es una pregunta que se desdobla en otra: ¿por qué nadie puede enfrentarse a los narcos?

Fernando Villavicencio Valencia era un periodista y político ecuatoriano, asesinado el pasado 9 de agosto antes de las elecciones en EcuadorLa acusación de que el Ecuador es gobernado por un narcoestado cobra total validez de cara al asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta que quienes deben controlar el crimen en realidad colaboran con él. Las bandas criminales no sólo controlan ya totalmente ciudades como Daule, donde intentaron asesinar al alcalde, y otras como Manta, donde efectivamente lo mataron en julio último. Dos ciudades de la costa.
No existe todavía una razón evidente de cuál fue la causa del asesinato de Fernando Villavicencio. El periodista y político se empeñó en denunciar los casos de corrupción durante los años de la Revolución. Y durante las últimas semanas se enfrentó a las bandas criminales: incluso llegó a hacer un mitin político en una de las ciudades que son cuna de estas bandas. Familiares y conmilitones de Villavicencio señalan que la policía fue negligente respecto a la protección que debía brindarle.
En el momento en que fue asesinado era incierto que pudiera llegar a una segunda vuelta. Su asesinato ha sembrado el terror en la capital y ha profundizado el sentimiento de que no existe una forma de parar la violencia del narco contra el Estado y la sociedad.
Pablo Cuvi, editorialista del portal Primicias, habla ya abiertamente de legalizar algunas drogas. El problema de fondo es que las mafias no quieren pasar a la legalidad, porque tendrían que pagar por los crímenes conexos al narcotráfico y porque les resulta más rentable que el negocio siga siendo clandestino. Como decía Clausewitz, la guerra es una continuación de la política: es preferible, para muchos actores, mantener la guerra, así ganan un poder que no podrían conquistar con la política.

¿Quiénes son, entonces, los responsables y culpables del asesinato de Fernando Villavicencio? Cabe tener en cuenta que las bandas criminales tienen nexos con el correísmo e incluso con el actual gobierno: es reciente el descubrimiento de las relaciones entre narcotraficantes albaneses y altos funcionarios del gobierno encargados de las compras públicas. El asesinato de Rubén Chérrez, amigo y asesor del cuñado de Lasso, apunta en esa dirección.
Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, ha señalado al correísmo y al Gobierno como responsables, aunque carece de pruebas para hacer semejante señalamiento. Lasso salió prácticamente indemne de la investigación que hicieron contra él por ser uno de los protagonistas del feriado bancario, es decir, por la quiebra del sistema financiero que significó la pérdida de sus ahorros para cientos de miles de clientes de los bancos.
La policía no custodió como debía a Villavicencio y murió en manos de la policía uno de los pistoleros a los que debía llevar al hospital: en lugar de eso, lo llevó a una dependencia policial. Es decir, políticos y asesinos actuaron a ojos vistas de las fuerzas del orden, que les dejaron actuar. Es como lo que sucede en la película Z, de Costa Gavras.
Finalmente, cabe preguntarse si Fernando Villavicencio era agente de la CIA, como decía el expresidente Rafael Correa, y como reveló Telesur. Si tal cosa llegara a demostrarse algún día, atrás de su asesinato no sólo estarían los políticos locales, sino los gobiernos de la región e incluso esa potencia que libra una guerra en Europa.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en https://estrategia.la/2023/09/19/el-narcotrafico-se-va-aduenando-de-latinoamerica/

Agarrate del pincel

...que te saco la escalera

 

El FA dará libertad de acción en junta de firmas para plebiscito impulsado por Pit-Cnt 

La Mesa Política del FA dió “libertad de acción” respecto a la recolección de firmas para el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt, que tiene como objetivo reformar el artículo 67 de la Constitución y modificar el sistema de seguridad social.

“La presidencia le ha propuesto a la Mesa Política dejar en libertad, tanto a los partidos que integran el FA como a las bases, para apoyar o no apoyar la recolección de firmas que convoca una organización autónoma al FA —el Pit-Cnt—, pero que el FA respeta mucho”

Con 44 votos a favor, diez en contra y cuatro abstenciones, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó el contenido de la papeleta para el plebiscito contra la reforma de seguridad social.

 

El foco de la reforma está puesto en la edad de retiro, en 60 años, prohibir el ahorro individual y eliminar las AFAP. En caso de llegar a las firmas —10% del padrón electoral—, deberá llevarse adelante al mismo tiempo que la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2024.

Resolución de la MRNA del 7... by Montevideo Portal

 

>>> La derecha de la izquierda electoral

Sectores moderados del FA salen al cruce de reforma que propone el Pit-Cnt: “Generará consecuencias negativas”

La alianza liderada por Bergara y Astori manifestó “profundas diferencias” porque se plantea “un régimen más generoso que el que estableció la reforma del 1996, que ya entonces era insostenible”.

 

“Profundas diferencias” 

La reforma jubilatoria aprobada con los votos de la coalición de gobierno meses atrás “no ofrece soluciones en las múltiples dimensiones que la seguridad social requiere y se limitó a cargar todo el peso de la reforma recortando derechos”, entienden que la solución que plantea el Pit-Cnt no es la correcta e incluso sería regresiva.

“Generará consecuencias negativas para la justicia intergeneracional en perjuicio de los más jóvenes y la solvencia del sistema en su conjunto”, indicaron y agregaron que “la propuesta a consideración no atiende los desafíos pendientes de la seguridad social y agrava los existentes”.

“Prevé establecer en la Constitución un régimen más generoso que el que estableció la reforma del 1996, que ya entonces era insostenible”, apuntaron. Entre otras cosas, señalaron que el incremento de recursos necesario para financiar esta reforma recaería exclusivamente sobre la asistencia financiera del Estado, alcanzando incluso a las cajas paraestatales.

"Por estos motivos, opinaron que “el Frente Amplio no debe acompañar esta iniciativa” y, por tanto, ni juntar firmas para que se lleve a plebiscito ni, en caso de que se llegue a esa instancia electoral, no ensobrar la papeleta."

>>> La derecha de la derecha

 

Manini, Alfie, la ARU, empresarios,  y Lacalle: la derecha rancia y oligárquica quiere las AFAP 

 

>>> Todo suma

... y colorín colorado, otra vez el viejo ha traicionado 

 

Algunos árboles le sacan filo al hacha

 

Por Sergio Sommaruga

 

 

El periodismo militante de la derecha salió a la carga contra los trabajadores y su iniciativa de consultar a la población para consagrar la seguridad social como un derecho humano en la constitución.
En un artículo sin firma, la editorial del día de hoy del diario el país sale con un fuerte ataque ideológico contra las tres ideas programáticas que buscan plasmarse en la llamada carta magna. Pero también, en última instancia y de forma más velada, el diario el país sale a la carga contra la idea de que la gente tenga derecho a resolver si quiere o no cambiar la constitución.
Esto es grave, porque parece alentar una idea de democracia sin gente.
Una democracia de la obediencia, donde disentir no está bien visto y mucho menos buscar alternativas para superar el atraso social de la desigualdad y la subordinación del bien público a la lógica del gran capital.
La democracia de los negocios no es la democracia de la gente.
Esa, en todo caso, es una “democracia” de súbditos y, por tanto, todo lo contrario a una democracia.
Tal vez sea mucho pedir que el diario el país ponga la democracia y el derecho de la gente por encima de sus propios intereses, más tomando en cuenta que se trata de un medio que el día del golpe de Estado en Uruguay (27 de junio de 1973) en su editorial eligió hablar de los problemas de la recolección de residuos en Montevideo, obviando por completo cualquier referencia a la naciente dictadura.
No hay muchos argumentos en el desarrollo del texto del diario el país. Al menos no tantos como falacias y sobredosis de terrorismo verbal.
En esta línea, de generar miedo, el principal medio de prensa del gobierno sale a la defensa de las AFAPS, acusando a los trabajadores de querer “robarle” a las AFAPS. ¡¡Vaya tupé!!
En su defensa fanática del modelo privatizado de previsión jubilatoria, el diario el país no dedica ni una sola palabra a pensar las ineficiencias, los costos ocultos y las prebendas que ese modelo le confiere al poder financiero.
En su ataque ideológico a la propuesta del movimiento sindical de eliminar las AFAPS, nada dice el diario el país sobre la tendencia mundial a su eliminación.
Oculta decir que hoy en día las AFAPS solo existen en una veintena de países en todo el mundo. ¿Por qué será?
¿Estarán equivocados en el resto del mundo?
Seguramente no leyeron las editoriales del diario el país para darse cuenta de su despropósito.
En aras de su objetivo político, defenestrar la propuesta, el principal medio de prensa del gobierno desinforma a la gente al mismo tiempo que acusa a los trabajadores de querer confiscarle los fondos a las AFAPS, sin brindar ninguna garantía a las personas que tienen allí retenidos sus aportes.
Esta afirmación es una mentira flagrante y una inocultable muestra de mala praxis periodística.
En la letra UVE tres, de las disposiciones transitorias y especiales que contiene la papeleta, se dice a texto expreso que el BPS, actuando conforme a derecho, establecerá una comisión especializada a los efectos de garantizar el derecho de las personas al seguimiento minucioso de sus aportes a lo largo del tiempo, sin ninguna pérdida de derechos ni beneficios.
Esto está escrito y en poder de la Corte Electoral.
Por consiguiente, decir, como dice el diario el país que se van a confiscar los aportes de las personas es un acto de mala fe, de engaño ideológico y de deslealtad a la obligación de bien informar a la gente.
El plebiscito por la seguridad social tiene más adversarios que los previstos, tantos que hasta algunos árboles se les ha visto sacándole filo al hacha.
Yo solo voy a discutir públicamente con los ataques que provienen de la derecha.
Porque solo discutiendo con ellos y sus intereses es que se aclara el panorama del pueblo.
A informarse bien y a luchar con todas nuestras fuerzas contra la desinformación.
Viva la libertad y el derecho de la gente a decidir.

El plebiscito es la contundente respuesta de los trabajadores a la ofensiva del capital

Antonio Elías


El PIT-CNT resolvió convocar a un plebiscito por amplia mayoría de su Mesa Representativa Nacional Ampliada y presentó su propuesta de reforma constitucional en la corte electoral para comenzar la recolección de las 280 mil firmas necesarias para que la ciudadanía pueda votar por aprobarlo o rechazarlo en las elecciones nacionales el 27 de octubre de 2024.

Con esta medida los trabajadores organizados se enfrentan en forma directa a la reforma jubilatoria de mayo de 2023 a través de dos cambios en los parámetros del sistema y un cambio estructural fundamental. En efecto, se reduce a 60 años la edad jubilatoria, evitando los perjuicios incalculables que genera sobre los trabajadores más vulnerables el aumento de la edad de retiro a 65 años y se elevan las jubilaciones y pensiones mínimas equiparándolas al salario mínimo nacional; se eliminan las AFAP y el lucro privado instaurados en la ley 16.713 de 1995, que tantos perjuicios ha generado a los trabajadores activos y pasivos.

El plebiscito impide que aumente la edad de retiro y eleva la prestación mínima 

La ley 20.130, de Reforma de la Seguridad Social, modificó los parámetros de las pasividades en detrimento de los derechos de los trabajadores. Se destacan: el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años; la sustitución de la tasa de reemplazo de 45 por ciento con 30 años de trabajo y 60 de edad por una tasa de adquisición de derechos igual (45 por ciento), pero exigiendo 65 años de edad para retirarse.

En la misma lógica de reducir las responsabilidades y los costos del Estado se modificaron a la baja las pensiones por viudez y se redujo el ámbito de aplicación de las bonificaciones, considerando solo los puestos de trabajo y no los sectores de actividad.

Como la ley no incluye el aumento de los costos al capital, en aportes e impuestos, busca ajustar las cuentas recortando derechos de los futuros pasivos, que tendrán jubilaciones más que insuficientes y, además, la mitad de los cuales no tendrán como mantenerse entre los 60 y los 65 años. Así lo demuestra un informe realizado por Graciela Sanromán (Depto. de Economía, Fac. de Ciencias Sociales, Udelar), para la Comisión de Expertos en Seguridad Social, (https://cess.gub.uy/es/node/332). En dicho informe se sostiene que: “Los trabajos empíricos disponibles indican que por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de pensiones, menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan situaciones de enfermedad, invalidez, o inactividad”.

Indica, a su vez, que “Aumentar las edades aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez”. Lo que implica “aumentos (importantes en magnitud) de la cantidad de prestaciones por seguro de desempleo, enfermedad e invalidez en ese tramo etario”. En buen romance la reforma la pagarán los trabajadores con la pérdida de calidad de vida.

Una persona que actualmente se podría jubilar con 30 años de trabajo y 60 de edad, a la que le correspondería recibir la jubilación mínima $17.315, dejará de cobrar esa jubilación durante 60 meses, lo que significaría una pérdida de $1.039.020. Si, además, es parte de aquellos que no consiguen empleo, perdería también el derecho al Fondo Nacional de Salud que financia la atención médica de los trabajadores activos y de los pasivos.

Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional actual medido en unidades indexadas y fijar ese valor como mínimo. Actualmente el salario mínimo es $ 21.127 y la jubilación mínima están en $ 17. 315. Esto favorecerá a una gran cantidad de pasivos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.  

El plebiscito elimina las AFAP y el lucro privado 

La propuesta de eliminación de las AFAP tiene fundamentos sólidos. Un reciente estudio evalúa el desempeño de 40 años de privatización de pensiones implementados por reformas estructurales en América Latina entre 1980 y 2020, cotejando las promesas hechas con los resultados en los diez países que mantienen dicho sistema. Se constató: «Aseguraron que las pensiones serían más que suficientes, pero las tasas de reemplazo en la mayoría de los sistemas privados son muy inferiores a esa promesa», y se sostuvo que «son inferiores a las de los sistemas públicos» y que «las administradoras tienen jugosas utilidades, lo cual reduce el monto capitalizado en las cuentas individuales; además, la mayoría de aquellas mantiene su ganancia durante crisis económicas. Por el contrario, los asegurados son perjudicados por dichas crisis porque reducen el saldo en sus cuentas individuales».1

En el caso uruguayo, el fondo de ahorro individual se determina por el monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, más la rentabilidad variable de las inversiones, que pueden ser bajas o incluso negativas. La renta vitalicia depende, a su vez, de la tasa de interés técnico, cuyo valor se modifica semestralmente (tendencialmente a la baja), generando una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron, a través de la ley de cincuentones, por salir de las AFAP lo demuestra.

Las AFAP, en cambio, obtienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros de los trabajadores y hacer inversiones que, eventualmente, multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo es contundente en la caracterización del fracaso de los sistemas privados de ahorro obligatorio: «Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias; en 2018, 18 países habían revertido las privatizaciones». En el informe se describe y «analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en términos de cobertura y niveles de beneficios».2

El eje principal de la reforma de la seguridad social vigente, va en dirección totalmente contraria, implica una reducción de las responsabilidades del Estado, en primer lugar, porque amplía el pilar de capitalización, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios.

En segundo lugar, porque lo que aportan los trabajadores en el pilar de reparto tiene una prestación definida y está protegido por el Estado (artículo 67 de la Constitución). En cambio, los que aportan a las AFAP generan un fondo de ahorro que dependerá de múltiples factores -tales como el contexto económico mundial y la buena o mala calidad de las inversiones-, pero que, si tuvieran resultados negativos, no tienen el respaldo estatal. En tercer lugar, porque todos los trabajadores deberán aportar el 5 por ciento de sus ingresos hasta $107.589 a las AFAP y solo el 10 por ciento al BPS para el régimen de solidaridad intergeneracional. Los que ganen entre $107.589 y $215.179 aportarán el 15 por ciento a las AFAP y nada al BPS.

Todo lo cual genera altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que la mayoría de las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán hasta que empiecen a jubilarse por el nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado. Con este plebiscito se cumple plenamente con el XIV Congreso del PIT-CNT, en noviembre de 2021, que resolvió: «Reafirmar nuestro inclaudicable compromiso en la defensa irrestricta e integral de la seguridad social solidaria […] [y rechazar] la vigencia, la extensión y la profundización del régimen mixto, así como a toda intención de imposición de esquemas de capitalización individual privado y lucrativo».

Contra esta justa medida que favorece a los trabajadores se han sostenido múltiples augurios sobre las gravísimas consecuencias económicas que generarán los aumentos de costos en el sistema de seguridad social y los derivados de los juicios de todo tipo que deberán ser pagados por el Estado. Unos se oponen porque defienden los intereses del gran capital y otros porque especulan con el impacto que tendrá sobre sus campañas electorales Existen, por supuesto, dentro del propio movimiento sindical y sus aliados, críticas sobre aspectos del contenido del texto presentado que son entendibles y respetables, pero ahora lo fundamental es reunir las firmas, convocar al plebiscito y lograr la reforma constitucional. ¡Esa es la tarea!


1 OIT, «La reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)», documento de trabajo nº 63, 2019.
2 Carmelo Mesa-Lago, «Desempeño de pensiones privatizadas en América Latina 1980-2020», El Trimestre Económico, n.º 355, julio-setiembre, 2022, México.

La señora democracia

Ultrajada aquí, allá y más acá

 

Aram Aharonian
CLAE, 14 sep 2023

Tal vez ningún término usado recurrentemente en el espacio público fue ultrajado de tal manera que no solo fue vaciado de contenido sino que perdió todo sentido para remitir a la realidad. Hoy se quiere confundir democracia con el derecho a votar, uno de los pocos derechos que les queda a los de abajo, para creer que participan en una elección, a sabiendas que su condición no cambiará radicalmente.

La voz democracia se usa indistintamente en los debates teóricos y políticos, pero premeditadamente se omite su carácter ilusorio y la falta de asideros históricos y empíricos para privilegiar, ante todo, una perspectiva de deber ser, de aspiración, que difícilmente se consuma.

En tanto ideología, la noción de democracia se emplea como un instrumento de legitimación de las estructuras de poder, dominación y riqueza. Más cuando desde 1968 el capitalismo fue cuestionado a fondo por las clases medias ante las promesas incumplidas luego de 200 años de prácticas y experiencias derivadas de su proceso civilizatorio, señala el mexicano Isaac Enríquez Pérez, en El carácter fetichista de la ideología de la democracia.

Mark Malloch-Brown, presidente de Open Society Foundations y exsecretrario adjunto de Naciones Unidas, señala que los reportes sobre la muerte de la democracia son muy exagerados, pero si no demuestra que puede dar mejores resultados concretos se arriesga a perder a los jóvenes. “Enfrentar la creciente desilusión con el gobierno democrático y algunos de sus principios fundamentales entre los más jóvenes implica restaurar la confianza en que el sistema puede generar calles más seguras, más vivienda, mejor educación y servicios de salud; alimentos y energías a precios más accesibles», afirma Malloch.

El intelectual francés Alain Touraine señala que hoy es más frecuente definir la democracia en función de aquello de lo cual libera la arbitrariedad, el culto de la personalidad o el reinado de la nomenklatura que teniendo en cuenta lo que construye o las fuerzas sociales en las que se apoya.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano sostenía que “La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero”.

“Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí”, añadía.

 

 «Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura», señaló en su discurso de asunción en 1983, Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático luego de la última dictadura militar argentina. La altísima desocupación, el 40 % de pobreza, la educación y la salud pública en crisis, no son imperfecciones o falta de maduración del ideal democrático. Se trata de una democracia burguesa, donde hay interés de clases en pugna, pero donde (casi) siempre pierden los de abajo.

¿La libertad de elección política, requisito indispensable de la democracia, es suficiente para considerar que ésta está consolidada? ¿La democracia se reduce entonces sólo a procedimientos? ¿Es posible definir la democracia prescindiendo de sus fines y, por ende, de las relaciones que instaura entre los individuos y las categorías sociales o limitar la democracia a la posibilidad de participar en elecciones?

El Consejo de Europa señala que hay tantos modelos diferentes de gobierno democrático que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es: no es la autocracia o la dictadura, donde una persona gobierna; y no es oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la “regla de la mayoría”, si eso significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo.

Estados Unidos avanzó con el arte de convertir sus guerras de conquista en civilizadas formas de organizar el mundo y ordenarlo a su modo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea lo tienen en el centro de su discurso público: democracia y derechos humanos. Todo se hace, se justifica, se impone, en nombre de ellos y de su defensa.

 

Pero la realidad muestra otra cara: las intervenciones humanitarias, la guerra contra “el terrorismo”, contra los gobiernos que según Estados Unidos no respetan los derechos humanos, contra los que Washington y sus repetidoras políticas y mediáticas en todo el continente llama “Estados delincuentes”.

La política del miedo y la incertidumbre se ha consolidado también como una de las consecuencias que más incidirá a largo plazo. En un estado de guerra multidimensional, el control de nuestros cuerpos y nuestras mentes se vuelve un objetivo estratégico.  El miedo se vuelve un arma poderosa de control social. Los medios de comunicación y las redes sociales, afectan la psiquis colectiva, desarticulan el tejido social y manipulan la opinión pública.

Son más de 500 intervenciones militares estadounidenses internacionales desde la fundación de Estados Unidos en 1776, con más de la mitad ocurridas entre 1950 y 2017, y un tercio del total después de 1999, reporta el Proyecto de Intervención Militar en la Universidad Tufts.

También hay una extensa lista del uso de fuerza militar estadounidense entre 1798 a 2023, según los archivos del Congreso. Es difícil calcular el número de veces en que Washington ha intervenido, tanto militarmente como de otras maneras, directas e indirectas, en América Latina con el objetivo de lograr un “cambio de régimen”.

El historiador John Coatsworth identificó por lo menos 41 casos entre 1898 y 1994,  uno cada 28 meses durante un siglo. Los ejemplos, sobre todo en América Latina, muestran de manera abrumadora que estas intervenciones de todo tipo han sido contra regímenes progresistas y ayudaron a instalar regímenes derechistas, no pocos de ellos entre los más brutales en el mundo.

 

Con el gobierno de Salvador Allende, Henry Kissinger dijo estar preocupado de que el éxito de la socialdemocracia en Chile fuera contagioso… Estaba preocupado por que un desarrollo económico exitoso, una economía que produce beneficios para la población general y no sólo ganancias para las empresas privadas

Así, Kissinger dejó al descubierto la historia básica de la política exterior de Estados Unidos durante décadas. Comentó Noam Chomsky en 1994. “En todas partes, lo mismo en Vietnam, Cuba, Guatemala, Grecia, Nicaragua; era la misma preocupación: la amenaza de un buen ejemplo”.

Repasando las distintas etapas de opresión, desde el colonialismo directo de las potencias europeas, al sojuzgamiento económico de la primera mitad del siglo XX, que fue respondido con los primeros movimientos populares en Latinoamérica, los  golpes militares contra los gobiernos populares y la imposición del neoliberalismo no llegaron por arte de magia: necesitó del financiamiento y dirección de EEUU.

 

A medida que avanzaba la resistencia popular a sus políticas, el neoliberalismo abandonó su disfraz democrático y demostró que no era otra cosa que un proyecto autoritario que pretendía esconderse tras el disfraz de la racionalidad y anonimato del mercado. Y tuvo dos etapas. Una, la anterior al 11 de septiembre del 2001, cuando el discurso y la práctica estaban orientados a la militarización de la política y a la criminalización de la protesta social.

La etapa posterior la marcó el traumático del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono y dio comienzo a un nueva doctrina estratégica estadounidense, en septiembre de 2002, poniendo en marcha el principio de la “guerra preventiva” luego de las palabras del presidente George W. Bush Jr.: “ésta es una guerra entre el bien y el mal, y Dios no es neutral”.

Y la rueda da otra vuelta: luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región comienzan a surgir nuevos movimiento populares y nacionales con otros nombres y protagonistas. Además de los golpes consumados, ha habido una desestabilización de signo claramente golpista contra otros gobernantes progresistas, como Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que sufren una implacable persecución política operada por instancias judiciales.

Luis Arce, quien restauró la democracia en Bolivia tras el gobierno de facto de Jeanine Áñez, tuvo que luchar contra la sedición de sectores ultraderechistas que aúnan el racismo y el separatismo a la defensa violenta de sus intereses de clase.

El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un despiadado operativo de lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías y de las trasnacionales estadounidenses y europeas), así como amenazas directas de altos militares en retiro e intentos de atentar contra su vida.

En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo denunció que su país vive un golpe de Estado que “se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas -Presidente, Vicepresidenta y diputados y diputadas” del Movimiento Semilla al Congreso.

Aunque México parece ajeno a estas asechanzas, la realidad es que en apenas cuatro meses se han producido dos conatos de golpe de Estado, ambos desactivados rápidamente por sus propios promotores al darse cuenta de que contaban con nulas posibilidades de éxito debido al abrumador respaldo social del que goza el gobierno federal.

En mayo, la fracción del ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado solicitó a la Suprema Corte que destituyera al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 23 de agosto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presentó a sus pares un proyecto que proponía lo mismo.

Con las armas y/o las togas

Los mismos que antes financiaban los golpes de Estado, ahora financian los golpes judiciales para imponer las políticas neoliberales en América latina. Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros», señaló la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima reciente del lawfare y de un intento frustrado de magnicidio.

Los jueces juzgan no de acuerdo a los derechos y los códigos, sino de acuerdo a los intereses que, siempre, están en contra de las mayorías populares.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció los avances que se han dado para la consolidación de la democracia en América Latina, pero advirtió que persisten riesgos de retorno del fascismo, intervenciones militares y de que los gobernantes elegidos por el pueblo sean depuestos por grupos oligárquicos.

Señaló que en la actualidad estas operaciones cobran la forma de golpes de Estado “técnicos o mediáticos”, en los que los medios de comunicación corporativos manipulan la información a fin de mantener el régimen de saqueo que los ha enriquecido. Basta con echar una mirada rápida a los acontecimientos del pasado reciente para constatar que éste es un peligro real y acechante.

Desde 2002, distintas configuraciones que reúnen a las fuerzas armadas, los parlamentos, los poderes judiciales, las cúpulas empresariales y los medios de comunicación han derrocado a Hugo Chávez (Venezuela; volvió al poder en 48 horas gracias a la movilización popular y la lealtad de algunos integrantes del Ejército), Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016), Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022).

Cuando el Estado reduce su presencia en educación, salud y la explotación que impacta en el cambio climático, nos queda un vacío, que es ocupado por el narcotráfico:  son los que construyen las escuelas -para controlar socialmente a la población- esas que el Estado no construye por tener que aplicar las políticas de ajuste de los organismos multilaterales.

Un artículo publicado en Rusia por Pyotr Romanov, muy cercano a la política internacional del gobierno de su país,  expresa en forma de pregunta un deseo oficial: «¿Se separa Sudamérica de Norteamérica?». Para explicar la «nueva independencia» de Sudamérica con respecto a EEUU, el autor menciona los triunfos electorales que han obtenido las centroizquierdas en diferentes países del continente.

Los que impulsan en toda América Latina el achique del Estado y las políticas de ajuste son los mismos que después hablan de combatir a los narcos, como si esa guerra se pudiera hacer con represión desde un Ministerio de Seguridad o con la milicia, y no desde el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al progreso.

La realidad de las últimas décadas muestra que algunos gobiernos, al carecer de recursos y renunciar a la facultad regulatoria que deben tener para preservar la calidad de vida de sus ciudadanos, terminan autorizando cualquier cosa a fin de conseguir ingresos. Y, cuando alguien llega a invertir exige sus condiciones; cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento. La falta de regulación y presencia del Estado para controlar cómo se hace la explotación en materia de minería y petrolera, significa perder soberanía y entregar a las trasnacionales y la banca de inversión los grandes yacimientos minerales de la región.

No cabe dudas: la desaparición o reducción del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas.

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2023/09/14/la-senora-democracia-ultrajada-aqui-alla-y-mas-aca/