La empresa Weyerhaeuser Productos SA de Uruguay ganó el "Premio a la Excelencia Empresarial por Sostenibilidad Ambiental", que anualmente entrega el Secretario de Estado de los Estados Unidos.
Suman más de doscientas mil héctareas y ni siquiera tributan porque tienen exoneraciones
Los tres latifundios más grandes del Uruguay son de extranjeros
22 de julio de 2002
Los ahorristas uruguayos que invirtieron en empresas forestales
obtendrían escasa o nula rentabilidad debido a las altas tasas de
interés obtenidas en préstamos bancarios para iniciar las explotaciones,
y a consecuencia de la sobredemanda que, ya se prevé, derrumbaría en
pocos años los precios en el mercado mundial de maderas para la
industria papelera.
Según estimaciones, las únicas forestadoras que recibirían beneficios
son las que pertenecen a capitales trasnacionales, que a la vez tienen
en sus países de origen las plantas donde procesan la materia prima que
exportan desde Uruguay sin valor agregado de mano de obra, y sin haber
generado un solo puesto de trabajo.
Mientras tanto, los tres mayores latifundios de Uruguay pertenecen a tres empresas de capitales extranjeros.
Un “yanqui” tiene más que Gallinal
La compañía forestal Weyerhaeuser concretó la venta de sus operaciones en Uruguay por un monto algo superior a los US$ 402 millones en efectivo
El latifundio más extenso que conoció la historia de Uruguay
pertenecía al terrateniente Alejandro Gallinal, hombre distinguido por
el voluntarismo con que intentó mejorar la vida del campesinado pobre
mediante el Movimiento para Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre
(Mevir), institución que fundara en los años cincuenta.
Cuatro decenios después, el latifundio más extenso que hay en Uruguay
pertenece a la empresa forestadora Weyerhaeuser, una trasnacional de
capitales ciento por ciento estadounidense, que opera en el país bajo la
razón social de al menos dos empresas subsidiarias: Colonvade, con por
lo menos 53 mil hectáreas, y Los Piques, con por lo menos 18 mil.
Weyerhaeuser posee en Uruguay un total de 128 mil hectáreas de tierra
en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú. Sólo 71 mil
están siendo explotadas. El resto son un negocio a futuro.
De los tres latifundios más grandes ninguno tributa
El latifundio estadounidense, bastante mayor aun al que poseyera en
su momento Gallinal, cultiva, casi exclusivamente, pinos y eucaliptos,
variedades de árboles que agotan hasta la muerte los recursos orgánicos
de la tierra donde crecen, absorbiendo grandes cantidades de agua,
durante quince o veinte años, en promedio.
El segundo mayor latifundio del Uruguay es propiedad de Shell, una
multinacional de combustibles, de capitales holandeses, que genera por
día más dividendos de los que produce Uruguay durante todo un año. En
suelo oriental la Shell tiene más de 50 mil hectáreas, sólo en el
departamento de Rivera.
El tercer latifundio, el más pequeño de los tres (pero el más
conocido por la opinión pública), pertenece a la firma Eufores, una
trasnacional de Ence, la Empresa Nacional de Celulosa, de capitales
españoles, que tanto diera que hablar a los uruguayos en relación a
presuntos vínculos de corrupción con el gobierno de Luis Alberto
Lacalle.
Ninguna de las tres forestadoras tributa al Estado uruguayo. Tampoco
pagan impuestos a las Intendencias que construyen y reparan los caminos y
carreteras que utilizan para transportar los troncos ya talados.
Ni siquiera abonan el Impuesto para Primaria. De todos estos tributos fueron exonerados por mandatarios blancos y colorados.
Un negocio para países ricos
Según datos obtenidos por
LA REPUBLICA entre organizaciones
ambientalistas (informaciones que también obran en poder de legisladores
de los cuatro partidos con representación parlamentaria), las
forestadoras trasnacionales, incluidas las tres mencionadas, serían los
únicos emprendimientos que acumularían ganancias.
No es el caso de las forestadoras nacionales que comenzarían a
arrojar pérdidas en los balances de sus ahorristas cuando, en pocos
años, el mercado mundial de madera se vea saturado de ofertas.
Las únicas forestadoras que obtendrían ganancias, las trasnacionales,
son aquellas que en Uruguay sólo tienen el arbolito creciendo, sin
generar mano de obra para nadie: la planta procesadora de la cotizada
celulosa para la industria papelera está instalada en otro lado,
precisamente, en países del primer mundo.
Ni trabajo ni tecnología agregada
Los grupos ambientalistas que investigaron la problemática de la
extranjerización y concentración de la tierra en manos de trasnacionales
(como es el caso del Grupo Guayubirá, por ejemplo), han sido los
primeros en señalar que las forestadoras trasnacionales que se
instalaron en el interior uruguayo se limitan tan solo a extraer la
materia prima básica (el tronco del árbol), para luego procesar su
madera en las plantas industriales que tienen montadas en sus países de
origen, en general, siempre en los países ricos.
En ningún caso incluyen valor agregado a la materia prima que
extraen, así como tampoco generan puestos de trabajo en cantidades
apreciables, según destacaron también los ambientalistas en documentos
de estudio que luego pusieron en conocimiento de las bancadas de
legisladores.
La Shell, indicaron los ambientalistas a modo de ejemplo, se lleva de
Uruguay los troncos ya talados y los transporta hasta Finlandia donde
posee una planta procesadora de celulosa.
Un 60% de las acciones de la procesadora finlandesa pertenece a la
Shell; el 40% restante a la empresa Kymmene. Todo el valor agregado a la
madera uruguaya genera empleos en Europa. Ninguno en Uruguay.
Mientras tanto, el 60% de la tierra cultivable de nuestro país está
en manos de un 17% de los productores, incluidos arrendatarios y
propietarios. Según cifras oficiales, Uruguay cuenta con unos 40 mil
productores; 20 mil están por debajo de la línea de la pobreza. Otros
tres mil padecen un endeudamiento crónico. *
>>>Principales empresas con actividad silvícola en Uruguay hacia 2011
| Empresa |
Capitales |
Tierras en propiedad (ha) |
Plantaciones gestionadas (ha) |
| Montes del Plata (Stora Enso y Arauco) |
Suecia, Finlandia, Chile |
270.000 |
156.500 |
| Forestal Oriental (UPM) |
Finlandia |
231.500 |
151.000 |
| Global Forest Partners |
Extranjeros |
140.595 |
|
| Weyerhaeuser |
Estados Unidos |
140.000 |
55.000 |
| Forestal Atlántico Sur |
Chile, Uruguay |
75.000 |
|
| Grupo Forestal |
Chile |
40.000 |
16.000 |
| Grupo Forestal |
Chile |
40.000 |
16.000 |
| Timberland Group |
Estados Unidos, países europeos |
32.500 |
20.150 |
| Phaunos Timber Fund |
|
31.500 |
|
| Cofusa |
|
30.000 |
|
| Caja de profesionales universitarios |
Uruguayos |
18.000 |
|
| Caja Bancaria |
Uruguayos |
18.000 |
7.739 |
| Caja Notarial |
Uruguayos |
12.748 |
9.102 |
| FYMNSA |
Uruguayos |
8.751 |
|
| Rivermol |
|
8.610 |
|
| GMO Renewable Resources |
|
|
25.000 |
Nota: Las casillas vacías corresponden a datos que no se pudieron conseguir.
Fuente: elaboración del autor
La presencia de empresas transnacionales entre las líderes del sector
forestal hace que el creciente debate sobre extranjerización y
concentración de la tierra en Uruguay inevitablemente las involucre en
este proceso. Existe un claro proceso de reconcentración fundiaria en la
región, íntimamente ligado al auge del precio de los
commodities agrícolas y de los productos forestales en los primeros años del siglo XXI.
>>> Uruguay en la cocina de Bilderberg
Los maipuladores globales incursionaron en Uruguay
La entrega
Según el anuncio, el acuerdo para vender sus negocios de madera y
manufactura en el país se realizó con un consorcio liderado por
Timberland Investment Group (TIG) de BTG Pactual, un banco de inversión
brasileño especializado en capital inversión y riesgo, además de
administración de fondos patrimoniales y gubernamentales.
Con
más de 700.000 hectáreas en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y
Latinoamérica, BTG Pactual se define como "el administrador
independiente más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes a
nivel mundial", según consta en su página web.
La transacción incluye más 120.000 hectáreas de
bosques maderables en el noreste y
centro-norte
de Uruguay -de las cuales 65.000 son forestadas- , así como una planta
de fabricación de madera contrachapada y chapa, para construcción de
casas y muebles. Además, posee una instalación de cogeneración y un
vivero de plántulas.
"Nuestro
negocio en Uruguay es una combinación única de terrenos forestales de
alta calidad, operaciones de manufactura de valor agregado y personal
calificado y dedicado, y esta transacción posicionará mejor al negocio
para alcanzar su potencial máximo", señaló el presidente y director
ejecutivo de Weyerhaeuser, Doyle Simons, en el comunicado de la empresa.
>>> La calesita de las transnacionales
Completaron venta de operaciones de Weyerhaeuser por US$ 402,5 millones
Los activos adquiridos incluyen más de 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte del país, además de dos plantas y un vivero.
Un consorcio liderado por Timberland Investmen Group, que integra el
grupo BTG Pactual (Brasil) completó este viernes la adquisición de las
operaciones de Weyerhaeuser en Uruguay por US$ 402,5 millones, anunció
el grupo hoy en un comunicado.
Los activos adquiridos incluyen más de 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte del país.
>>> Hay progreso
Certificado
Prohibir que las sociedades anónimas (SA) sean propietarias de tierras
fue uno de los lineamientos del primer gobierno frenteamplista
(2005-2010). Con ese objetivo, en 2007, la administración del presidente
Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del derecho
de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas
que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades
anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser
propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7
millones de hectáreas, según datos oficiales recabados por
Campo.
Esa extensión equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los
departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el régimen de
excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a los
propietarios de las explotaciones agropecuarias.
Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del gobierno
debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la
solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo,
que está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y
de Economía.
En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las
sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y
fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos
al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las
disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que
desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para
el desarrollo productivo del país, según dispone ese decreto.
La norma indica que la empresa deberá presentar además un plan de
producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y
de protección del medioambiente. Algunos aspectos que tendrá
“especialmente en cuenta” la comisión se refieren a la creación de
nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, el fomento de la pequeña
empresa familiar y la obtención de productos comercializables a escala
internacional, así como que propendan a la erradicación de la pobreza en
el campo. Valorará también la incorporación de tecnología, el aumento
del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas productivas y la
promoción de la descentralización territorial.
Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que requerían
hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía la
gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las
compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron a
Campo fuentes oficiales.
En el listado
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor
extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union
Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con
308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré
(Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM)
con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria
Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009
por el
joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600
hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel
Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy,
Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en
conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000
hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez
Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río
Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas
pertenece a Hudson Investment
Holding, constituido en las Islas Caimán,
según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de
Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688
hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000
hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros
productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la
compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros
con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000
hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148
hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus
accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino
Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes:
Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con
1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos
comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de
oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figuran además la estatal Alcoholes del
Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un
total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930
hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia,
Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que
opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500
hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en
cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los
registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades
vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con
11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.
La excepción y la regla
La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el decreto
reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de
entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de
Weyerhaeuser alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa
normativa para que pueda continuar operando en Uruguay.
En una reunión realizada por esos días entre los ministros de
Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de Industria,
Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder
Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley,
considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio,
como son las de Nueva Yoork y Canadá.
De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá disponer que tanto
la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones
agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en
comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario
representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o
la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera
representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.
La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles rurales
concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se
aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles,
dispone.
En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas, sociedades
anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno para
ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.
Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un fondo de
inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión de
3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que
representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de
explotación agropecuaria, dijeron a
Campo fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.
El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing Agro, que
captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de
participación en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios
padrones adquiridos en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730
hectáreas.
En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis de los
pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles
rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International
Cannabis Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la
producción de
cannabis para varios usos en Uruguay.
Esos permisos comprenden la explotación de un predio cedido por el
Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la ciudad de
Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de
campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones,
que pertenecen a Tersum.
