Procesado por torturas

Vestidos de verde

 
 Rogelio Garmendia: salvaje torturador, empresario millonario y herrerista

Rogelio Garmendia fue un reconocido torturador durante la dictadura y luego reconvertido al frente de una empresa que opera en Maldonado desde hace 30 años.

28 de diciembre de 2024 Caras&Caretas
Carlos Pelaez
 
 
 Durante 50 años Rogelio Garmendia logró ocultar públicamente su pasado como torturador. Después de la dictadura, y al amparo del herrerismo, logró desarrollar una de las empresas más importantes del país dedicada al tratamiento de residuos sólidos.
 
 En el año 2022 fue procesado por primera vez acusado de torturar a presos en el batallón 13 de Infantería. Y esta semana fue nuevamente procesado por ser partícipe de uno de los hechos más abyectos de la dictadura: la detención y tortura de un grupo de adolescentes en Treinta y Tres.
Garmendia nació en 1948 y en 1968 egresó de la Escuela Militar como integrante de la promoción Leonardo Olivera. Algunos de los más conocidos torturadores fueron sus compañeros de curso: Armando Méndez (abanderado), Jorge “Pajarito” Silveira, José Puigvert, Hebert Fígoli y Pedro Cardeillac, entre otros.
En 1972 era teniente y cumplía tareas en el batallón de Infantería 13 de la Avenida de las Instrucciones. Como tal, participó en la tortura de por lo menos 21 detenidos que entonces, aún en democracia, tenían militancia gremial, estudiantil, en grupos políticos legales y algunos en el MLN.
Todos lo reconocieron porque actuaba a cara descubierta. Era un hombre alto, de pelo morocho y rostro adusto.
La investigación, realizada durante unos 10 años por el fiscal de DDHH Ricardo Perciballe, que se basó no solo en estos testimonios, sino también en muchísima documentación obtenida en fuentes oficiales como las declaraciones de otros coindagados, militares presos, actas de detención y expedientes del Ministerio de Defensa, entre otros, determinó que solicitara el procesamiento con prisión de Garmendia por los delitos de privación de libertad reiterada y especialmente agravada, violencia privada y lesiones graves.
Según consta en el dictamen de la jueza Silvia Urioste, todos identificaron al entonces teniente Garmendia como uno de los militares que los sometieron a brutales torturas con picana eléctrica, submarino, estaqueo, abusos sexuales, golpes reiterados y plantones. Una detenida estaba embarazada y aún así fue puesta de plantón, golpeada cada vez que caía y manoseada. Un detenido sufrió perforación del tímpano y varias hemorragias.

El militar fue reconocido porque no solo operaba a cara descubierta, sino porque también participó en los operativos de detención.
La defensa del procesado aportó un dato con el que pretendía exculparlo. Según manifestó en la sede, “Garmendia no participaba de los interrogatorios porque la Fuerza no confiaba en él por apoyar en las elecciones la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate, lo que determinó que fuera considerado un traidor al Ejército y sometido a sanciones”. Pero este dato olvida el contexto histórico, ya que en 1972 ni Wilson ni los wilsonistas eran perseguidos, como sí lo fueron a partir de junio de 1973. Es más, el entonces senador Ferreira Aldunate había votado la declaración de “estado de guerra interno”, que daba motivo a todas estas actuaciones militares.
A principios de diciembre del 2022, la jueza Urioste lo procesó con prisión, pero aceptó que fuera domiciliaria, ya que el imputado padecía una grave enfermedad.
En la edición del 11 de diciembre del 2022, Caras y Caretas difundió este procesamiento y más información sobre Rogelio Garmendia. Pero entonces la investigación fiscal sobre la detención de adolescentes en Treinta y Tres en abril de 1975 aún estaba en curso.

El horror en Treinta y Tres
El miércoles 30 de abril de 1975 el diario El País publicó un comunicado de prensa que el Comando General del Ejército había dado a conocer esa misma madrugada: “Marxismo: única meta de la destrucción moral” titulaba el periódico, que agregaba: “Descubren campamento: prostituían a más de 60 jóvenes”.
El comunicado de la Dictadura recordaba que desde la ilegalización de los “partidos políticos marxistas en 1973 existía una organización clandestina llamada Unión de Juventudes Comunistas (UJC), que pretendía nuclear a menores de edad para prepararlos política y funcionalmente a cumplir tareas que el marxismo internacional determina a nivel nacional”.
La información oficial explicaba que se había realizado la detención de 25 menores de edad en la ciudad de Treinta y Tres, a los cuales se les indicaba como militantes de la UJC, quienes —según “actas labradas”— habían convivido en un campamento en La Esmeralda, cerca de La Coronilla, Rocha.
El comunicado del Ejército agregaba que “más de 20 jóvenes de ambos sexos detenidos convivieron en tres cobertizos de tablas arrojadas por el mar y ramas, de reducidas dimensiones en completa promiscuidad, con cambios de parejas en hábitos sexuales que eran usuales. En tal ambiente, donde se han rebasado largamente las barreras, no sólo de la moral, sino también de la más elemental higiene sexual, no resulta extraño que cinco jovencitas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, contrajeran enfermedades venéreas”.
Estos adolescentes no sólo fueron secuestrados por militares, además fueron salvajemente torturados; varias chicas fueron violentadas haciéndoles tacto vaginal, las acusaron de tener enfermedades venéreas y les inyectaron penicilina.
Casi unas niñas de entre 14 y 17 años vivieron décadas estigmatizadas en una sociedad conservadora como la treintaytresina. Reconstituir su vida fue una tarea dolorosa; muchas pudieron continuar sus estudios años después.
En un informe publicado el 14 de abril del 2004 en el diario La República, el periodista Roger Rodriguez entrevista a dos de las víctimas y, por primera vez, se hicieron públicos detalles de aquel suceso incalificable.
Liliana Pertuy, una de las víctimas, que entonces tenía 15 años, relató: “Aquel sábado 12 de abril de 1975, a eso de las dos de la tarde, yo iba para la casa de Mabel a estudiar. Llevaba abrazados mis libros y la túnica doblada, porque después teníamos que ir al liceo. Había caminado unas cinco cuadras desde mi casa por la calle Pantaleón Artigas, cuando veo venir un jeep del Ejército que se para en la bocacalle siguiente, que se llama Miguel Freire, cerrándome el paso. Quedé sorprendida y cuando miré a mis espaldas para ver qué pasaba, otro jeep hacía lo mismo detrás. Habían cerrado la cuadra y yo era la única que iba caminando.
Me preguntaron si era Liliana Pertuy, me agarraron de un brazo y me subieron al jeep. Fue un secuestro. Todo ocurrió frente a la casa de unos conocidos de mi familia que salieron afuera porque no entendían qué pasaba. De ahí me llevaron al cuartel, que está ubicado en la calle Ramón Ortiz, en plena ciudad, cerca de la estación de trenes”.
Pertuy recuerda que “tenía mucho miedo, obviamente, porque con 15 años o cualquier edad uno tiene miedo. Cuando llegué pensaba que era la única. Me dije que no iba a pasar nada, pero al ratito siento que abren el portón y gritan ‘¡Al rojo once! ¡Al rojo once!’. Yo no entendía nada. Me llevan a una pieza, me sacan todas mis cosas, quedo con lo puesto, me encapuchan y me ponen en otra pieza donde llego a ver en un sillón a la madre de Mabel, y en una esquina a Carmen, la hermana de mi amiga. No logro ver a quien está en la otra esquina. Me pusieron en la esquina vacía. Ahí comprendí que no era yo sola. No podíamos hablar entre nosotras, pero cada poco rato volvíamos a oír el portón y el grito, por lo que presumimos que seríamos muchos.
Al rato nos sacaron al patio y ahí nos dejaron toda la noche, con las piernas separadas y extendidas, los brazos cruzados detrás de la nuca y golpes si te movías, si se te caían los brazos o si, porque no aguantabas más, te caías. Esa noche éramos un montón. Todos chiquilines. Empecé a reconocer voces y llantos, porque muchos empezaron a llorar y a gritar por sus madres. A la mañana siguiente, cuando ya llevábamos unas 18 horas de plantón, me caí, y supongo que me desmayé, no recuerdo, pero para darme agua me levantaron un poco la capucha y pude ver que el patio estaba lleno de gente”.
Agrega que “estuvimos en la tortura… No tuvimos ningún trato especial por ser menores. El tratamiento clásico: plantón, palizas, golpes fuertes en la cabeza, con las palmas de la mano en las orejas, lo que llamaban ‘soplamocos’, ‘submarino’, y a algunos hasta les dieron picana. Después, la tortura psicológica en forma permanente”.
Liliana recordó que “Rogelio Garmendia fue como tres veces a mi casa a buscar una dirección, creía que la tenía en una agenda o algo así. O solo por saña allanaban a cada rato. Entonces mamá decidió no ordenar más, estaba destruida, le habían llevado a sus hijas adolescentes. Uno de los oficiales la rezongó porque no había limpiado; ella le gritó, él se la llevó y estuvo detenida toda una noche de plantón con un cartel que decía ‘Madre de las Pertuy’”.
Cora, la madre de Liliana, tiene hoy 92 años, pero recuerda todos los detalles con precisión.
Esto ocurrió entre el 12 y el 17 de abril de 1975. Pero el 19 fue “espantoso”. “Treinta y Tres se llama así por los Treinta y Tres Orientales, su plaza principal se llama 19 de Abril. Todas las calles de la ciudad llevan el nombre de uno de los libertadores. Eso hace que allí el desfile del 19 de abril sea algo muy importante, y más en plena dictadura”, dijo Liliana.
“A ese desfile llegó el general Gregorio Álvarez, que entonces era el comandante de la División de Ejército IV. El jefe del cuartel, el Batallón 10º de Infantería, se llamaba Juan Cruz, sabemos que falleció, y el responsable del operativo nuestro era Juan Luis Alvez, que entonces era capitán. Después de aquel desfile, vino la pesadilla.
Fue horrible. Nos sacaron y nos hicieron picana, submarino, plantón, golpes, todo lo que puedas imaginar. Todo lo hicieron para darle el gusto al Goyo Álvarez y al torturador Pedro Buzó (N de red. Otros dos procesados esta semana). Este era un teniente profesionalizado en la tortura. Al punto que volvíamos de la tortura destrozados y hasta con verdaderos ataques de histeria por la saña del trato. Para nosotros el nombre de Pedro Buzó simboliza el terror”, recuerda otra de las víctimas.
“¿Les preguntaban algo especial?”, inquirió Roger Rodríguez.
Liliana contesta: “Ellos ya sabían todo. Ese es el tema. Nosotros caemos porque hay una lista. Nos detuvieron a todos entre el 12 y el 13 de abril. En aquella época uno lo veía de otra manera. Hoy lo miro como madre de un adolescente y me doy cuenta de lo brutal que fue aquello. Nos torturaron por el solo hecho de torturarnos, porque ellos ya tenían toda la información (se angustia y sus ojos brillan de lágrimas). ¿Te das cuenta?”.
Liliana relató al colega Rodríguez que “un día de esos nos llevaron al médico. Estaban los doctores Hugo Díaz Sagrelo y José Cúneo. Cuando me llegó el turno, me hicieron poner la capucha y pregunté ‘¿a dónde nos están llevando?’. ‘No te preocupes’, me contestaron, ‘te van a hacer una pequeña intervención. A las otras ya se la hicieron’.
Me llevaron a la enfermería. Allí estaban los dos médicos con guantes. Nos hicieron un tacto vaginal. Por eso nos iban dejando allí paradas, después de hacernos eso, para que no transmitiéramos lo que nos estaban haciendo… Nosotras no entendíamos por qué nos hacían eso. Lo supimos al otro día, cuando comenzaron a darnos inyecciones de penicilina. Nos las daban en medio de la barraca, delante de la tropa”.
Otra de las víctimas dijo que “de ese modo pudieron argumentar que teníamos enfermedades venéreas. Como la peligrosidad nuestra ya había dejado de existir desde el punto de vista político, nos convirtieron en un grupo de depravados… Después nos enteramos de lo que habían difundido afuera. Nosotros adentro no sabíamos lo que estaba pasando”.
El pasado lunes, la jueza María Eugenia Mier, y a solicitud del fiscal Perciballe, procesó con prisión a los exmilitares Rogelio Garmendia, Pedro Buzó y José María Lete, todos participantes de los hechos reseñados.
Liliana Pertuy se define hoy como “una militante por la memoria”. “Durante años vi al Goyo Álvarez en la televisión o en la calle y me sublevaba. Él fue el responsable de todo lo que nos ocurrió. Él pudo decir ‘basta, no se tortura más’, y no lo hizo. Eso es lo que quiero que se sepa: que Gregorio Álvarez fue un torturador de niños”.

Garmendia, el empresario de la basura
Rogelio Garmendia tiene otra faceta más conocida en el mundo político y empresarial. Ahora es un hombre ligado al herrerismo y a fines de los 80 fue el fundador de la empresa Ducelit S.A., propietaria de Aborgama, hoy la mayor empresa de recolección de residuos y tratamiento de residuos sólidos y hospitalarios de nuestro país.
A principios de los 90 la disposición final de residuos, si bien era un problema sobre todo para quienes vivían cerca de los muladares, no tenía la percepción de riesgo ambiental de hoy en día. Fue durante la presidencia de Luis Lacalle Herrera cuando se empezó a ver a la basura como un negocio.
Maldonado fue la avanzada. La primera acción de Lacalle Herrera apenas asumió en 1990 fue concurrir a este departamento para clausurar el muladar municipal, que entonces estaba ubicado al fondo de Maldonado Nuevo, populoso barrio de trabajadores, exactamente sobre el arroyo Maldonado. Pero como no se había previsto un lugar alternativo, la basura domiciliaria comenzó a ser depositada en una cantera en desuso ubicada en Punta Ballena. Los vecinos del lugar organizaron protestas callejeras y a los pocos días los residuos empezaron a ser trasladados a su actual ubicación cercana a la cárcel de Las Rosas.
Al mismo tiempo, el entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, decidió privatizar la recolección que entonces estaba a cargo de la Intendencia. El proceso fue largo, complejo e irregular. Entre otras cosas porque el TCR anuló la licitación convocada por Burgueño “por no respetar la igualdad de los oferentes”, pero éste decidió esconder tres años a la Junta Departamental la resolución del organismo de contralor.
Al mismo momento, y de la mano del intendente, apareció la empresa Aborgama (Ducelit S.A.) proponiendo un proyecto de tratamiento de los residuos sólidos, consistente en la construcción de piscinas de enormes dimensiones, impermeabilizadas para evitar que los lixiviados contaminaran las napas freáticas. Y también la generación de energía eléctrica a partir de biogás.
Hace unos 30 años que Aborgama se encarga de esa tarea en Maldonado y desde el 2004 produce energía eléctrica por biogás que abastece a unos 2.000 hogares.
Según la última licitación convocada en el 2018, Aborgama, la única empresa que se presentó, cobra unos 2.000.000 de dólares al año solo por tratar las aproximadamente 90.000 toneladas de basura que se generaban en Maldonado capital, Punta del Este, zona costera al este y San Carlos.

La dueña de un monopolio
Con su primera experiencia consolidada, Aborgama extendió sus prestaciones a Montevideo, Canelones y varios ministerios, ocupándose además del tratamiento de los residuos hospitalarios.
En varias notas publicadas por Caras y Caretas durante los años 2005 y 2006 se denunció a Aborgama como “una empresa con posición dominante en el mercado que, aprovechando resoluciones de la Intendencia de Montevideo, que la favorecían, impedía el acceso de posibles competidores”. Exactamente el mismo procedimiento empleado antes en Maldonado.
La empresa ya no solo se dedicaba al tratamiento de residuos, sino, además, a la recolección, y, como tal, tenía importantes contratos en la capital del país y en Canelones.
En febrero del 2015 La Diaria informó que entonces eran tres las empresas que manejaban más del 80 % del negocio de residuos sanitarios contaminados, valuado en unos diez millones de dólares al año. Fueron demandadas administrativa y judicialmente por ejercer un monopolio de hecho y competir deslealmente con la cuarta en discordia, Distiklos-Ecotecno, que asegura que le obstaculizan el acceso al mercado. Según el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantiene contratos ilegales con las empresas denunciadas al menos desde 2008. La clausura de la planta a una de ellas por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) confirma que se embolsó millones de dólares por servicios que nunca realizó.

 

...militar retirado Rogelio Garmendia, imputándole los delitos de privación de libertad, violencia privada y lesiones graves. En su respaldo, entre otras consideraciones, la jueza invocó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman. Dice la resolución:…

“… se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia”

Los delitos imputados son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles tal como lo estableció el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno. Dice la resolución de la jueza:

“se trataba de delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, según reconocía la costumbre internacional -aún con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno-, por lo que, los agentes del Estado que actuaron en los años 70...

...debieron tener claro el panorama de cuáles eran las reglas de juego en el momento en que perpetraron los delitos.”

La resolución completa puede leerse acá https://observatorioluzibarburu.org/media/uploads/