La guerra contra el narco está perdida

La guerra contra el narcotráfico y los “hongos de un gran error sucio”

Nicolás Centurión
Estrategia.la, 21 febrero 2025

“La guerra contra el narco está perdida” expresó Carlos Negro, el próximo Ministro del Interior del gobierno del Frente Amplio en Uruguay… y se desató una catarata de críticas. La oposición que todavía no es oposición sino que oficialismo hasta el 28 de febrero, en una coreografía muy ensayada, atacó a Negro sin tapujos.

En resumidas cuentas, lo que plantean desde filas del Partido Nacional, Colorado e Independiente es que Uruguay se va a transformar en un paraíso para los delincuentes, que antes de asumir Negro ya tiró la toalla y un sinfín de dichos para la tribuna que lo único que hacen es marcar la tónica del próximo lustro: oposición solo por oposición.

Yamandú Orsi, futuro presidente, fue consultado sobre los dichos de Negro. El presidente electo dijo que Negro «hizo un análisis de lo que pasa en el mundo» y agregó: «Entre la hipocresía que en el mundo existe y que el comercio de esto no se frena nunca, es un tema de la realidad, pero hay un compromiso fronteras adentro, que es bajar la violencia y el consumo de drogas».

El gobierno de Luis Lacalle se despide con el récord de homicidios desde el retorno de la democracia. Vale decir que esta cifra, lamentablemente, puede ser fácilmente alcanzable por la próxima administración frenteamplista si no se cambia la pisada y el paradigma. Las declaraciones de Negro son una buena señal, pero eso no quita que Uruguay sea un país de acopio y ello implica un derrame de la cocaína a mayor escala que antes. Más cocaína es más enfrentamientos y más vidas perdidas.

La guerra del narcomenudeo es para generar desestabilización y divergencias entre los partidos

Ya en 2020, el extinto Ministro del Interior Jorge Larrañaga, había planteado la guerra contra el narcotráfico que no fue más que la persecución contra el narcomenudeo barrial. Tizas de pasta base, algunos cientos de pesos y armas viejas de poco calibre. Esas eran las requisas que se mostraban en los informativos, anunciando “golpe al narcotráfico”. A esto hay que agregarle que a través de la LUC aumentaron significativamente los montos de dinero con el que se podía hacer operaciones en efectivo, sin bancarizar y, por tanto, sin justificar su origen.

Según el think tank CERES: “Poco más de las tres cuartas partes del clorhidrato de cocaína incautado durante 2020 ingresó por vía aérea en los departamentos del norte del país. La droga es arrojada en sitios rurales, donde no existen controles.”

Ante los dichos de Negro habría que formular la pregunta de manera opuesta: ¿Quién piensa que puede vencer al narcotráfico en una guerra? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¿La policía está lo suficientemente dotada de armamento y municiones, estructura, Inteligencia y equipamiento para brindar una guerra frontal? ¿Están dispuestos a sacar al Ejército? ¿Tanques, tanquetas y rifles de alta munición en las calles y estancias del Uruguay? Si ya hay muchos ciudadanos muertos o heridos por balas perdidas ¿no creen que esto se multiplicará? 

¿Hasta cuando el tribuneo, el grito de sheriff compadrón seguirá inundando las políticas represivas de Uruguay? ¿Se piensan “Los manodura” que inundando de balas las calles (¿más balas?) se soluciona este problema? ¿Se piensan que solo actuando en Uruguay se soluciona? ¿Que nuestras fronteras porosas, nuestros radares intermitentes y nuestros funcionarios omisos (por ser condescendiente) no tienen nada que ver? ¿Es necesario citar el caso Sebastián Marset para mostrar un ejemplo de una estructura con montaje regional y de alcance internacional?

Según Norberto Emmerich en “Geopolítica del narcotráfico”: “El sentido de la dialéctica de “guerra” al narcotráfico que traducida significa “guerra a los eslabones menores de una actividad de acumulación capitalista ilegal que se convertirá en acumulación normal . Allí quedarán criminalizados los campesinos cocaleros, los desempleados, los consumidores, los jóvenes en general.” En buen criollo, la guerra contra el narcotráfico es cortar por el lado más fino.

“El narcotráfico genera capital, no sólo dinero; es una industria, no sólo un negocio. Es una relación social de dominación, no sólo una actividad comercial ilegal.” amplía Emmerich. El narcotráfico (que es mucho más que vender drogas) tiene la capacidad de dar respuesta a interrogantes históricos que el Estado ya no puede vehiculizar.

La guerra contra el narcotráfico está perdida, pero el gobierno del Frente Amplio ¿se animará a luchar contra la corrupción en la Policía, en las Aduanas y en el propio Estado? ¿Fortalecerá la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (SENACLAFT), la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la fiscalía antilavados?

 

El Frente Amplio ¿se animará a luchar contra la corrupción en la Policía, en las Aduanas y en el propio Estado?  

Brecha

En una semana, tras 30 años como fiscal, asumirá al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de transformar la política de seguridad pública. Negro afirmó que Uruguay está en una situación crítica y que la gestión del actual gobierno fue errática. Insistió con que la denominada «guerra contra el narcotráfico» tuvo resultados nefastos para las sociedades, es un discurso «para la tribuna» y debe impulsarse una estrategia inteligente contra el crimen organizado, pero que esto no requiere, necesariamente, legalizar otras drogas, más allá de la marihuana.

—Usted dice que hay que cambiar el enfoque de las políticas de seguridad. ¿Cuál considera que es el enfoque actual y hacia dónde cree que debe ir?

—Pensaba, en estos días sobre todo, que en realidad lo que hay que cambiar es eso de jugar permanentemente para la tribuna. Eso que hacen algunos actores políticos cuando hablan sobre la actitud que hay que tener. Que tiene que ser una actitud de ganar y no de perder. Como no soy un actor político, no siento la necesidad de estar jugando con la tribuna, siento la necesidad de hacer cosas, políticas públicas basadas en evidencia, conseguir datos, asesorarme con personas que han estudiado estos fenómenos, que se han formado. La realidad es que entro al ministerio en una situación crítica.

—¿Ese es su diagnóstico?

—Sí. Es una situación crítica, con índices de violencia que se han despegado, índices de reincidencia que conocemos hace muy poco y que indican que siete de cada diez personas egresadas del sistema carcelario reinciden. Cárceles que están en un estado de hacinamiento que infringe las normas de derechos humanos. Hay un despliegue armamentístico en la sociedad civil que es también escalofriante. Y para actuar en una situación crítica necesariamente se necesitan medidas a corto, mediano y largo plazo. Para el largo plazo estamos diseñando un plan nacional de seguridad pública, enfocado a los delitos más violentos y a la persecución y la lucha contra el narcotráfico. Un plan a mediano plazo de diseño e implementación de este programa, que calculamos que comenzará el año que viene. Y a corto plazo un diagnóstico que ya prácticamente lo tenemos, porque contamos con la participación de Ana Vigna, Emiliano Rojido, Diego Sanjurjo y Diego Gonnet, que ya han escrito bastante sobre el tema. Después tenemos una serie de medidas que son de shock, que es salir a la cancha con medidas que son claves en las políticas de seguridad.

—¿Por ejemplo?

—En primer lugar, la presencia policial en la calle. ¿Qué presencia policial? ¿Patrullaje descoordinado? No. Policía enfocada, por un lado, en la solución de problemas comunitarios, con la PCOP [Policía Comunitaria Orientada a Problemas]. Es una medida histórica del Frente Amplio [FA] que fue muy debilitada en este gobierno. Es, si se quiere, una rejerarquización de esa Policía, que tiene una mentalidad diferente, con una formación dirigida a la resolución de los problemas comunitarios, pero siempre desde lo policial. Y después tenés la parte represiva o disuasiva de la Policía. Esto es, por un lado, la presencia del programa Más Barrio, que está en el programa del FA y que implica articular una presencia permanente en las zonas críticas.

—¿Se definieron las zonas críticas?

—Estamos haciendo la georreferenciación para ver en qué lugares eso va a empezar a ocurrir. Pero no puede ser que la Policía esté solamente para patrullar o para patear una puerta y después se retire. La Policía tiene que estar en las zonas más complejas de forma permanente y no sola, porque la seguridad no es solamente un tema policial. La seguridad también es el Ministerio de Vivienda, es UTE, es ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], es el MIDES [Ministerio de Desarrollo Social].

—¿Esa presencia policial supone una política de mayor policiamiento?

—No. La sociedad reclama la presencia policial en las zonas más complejas. Es necesaria la presencia policial, pero eso tiene que ser ocupando el territorio junto con los vecinos. Esa presencia tiene que estar orientada, por ejemplo, a permitir que los gurises puedan ir a los centros educativos sin que se desestimule la asistencia por el miedo. Ahí hay que tener una presencia disuasiva de la Policía, pero no un día ni una semana, tiene que ser permanente. Hay experiencias en otros países que han indicado el triunfo de este tipo de políticas de asentamiento policial junto con el Estado. Es la presencia del Estado en las zonas más complejas. Y después tenés otro tipo de intervención, que son los operativos de saturación. Son necesarios. No puede ser que haya un hecho violento en un barrio de contexto crítico y que no esté presente la Policía en esa zona, porque eso da un claro mensaje a los narcos y a los violentos de que, si ocurren hechos violentos, se les va a complicar la vida.

—En esto de que la seguridad no es solo la Policía entra también el planteo de reorganizar las competencias de la seguridad, con una estructura centralizada en Presidencia que coordine distintos organismos. ¿Cuál es el esquema concreto?

—Es lo que plantea el programa del FA, un sistema integrado, integral, de diferentes agencias gubernamentales en el control de la seguridad pública. El esquema es la participación, en una mesa de coordinación del Ministerio del Interior [MI], de Aduanas, de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos], de la Junta Nacional de Drogas.

—Está pensado especialmente para el combate al narcotráfico.

—Está pensado para el combate al crimen organizado y la violencia, que es más vasto que el narcotráfico.

—¿Esta reestructura no le resta competencias al MI?

—No, por lo que te decía antes: la seguridad pública no es una competencia exclusiva del MI. Muchas veces, en un barrio los hechos delictivos se solucionan poniendo cuatro focos de luz en una calle. Los pone la UTE, pero la UTE no se entera de que ahí hay un problema de seguridad si el MI no se lo comunica. Entonces, la clave es sentarse en una mesa con los diferentes actores.

—¿Qué rol jugará el futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en la definición de esta estrategia de seguridad?

—Esta mesa institucional, como funciona con ministerios, funciona bajo la Presidencia de la República. El doctor Díaz es el encargado, entre otras atribuciones, de la parte más jurídica del diseño del gobierno. En la coordinación de esa mesa creo que va a estar él en representación del presidente.

—Usted dice que muchas veces se habla de seguridad jugando para la tribuna. ¿El discurso punitivista permeó en la sociedad uruguaya?

—Hay una encuesta que dice que más del 60 por ciento de la población cree en las medidas alternativas a la privación de libertad en casos de delitos de escasa entidad. Ese es un dato científico, evaluable, de una encuesta de una empresa que cuenta con respaldo y seriedad. Entonces, habría que estudiar un poco más qué quiere la gente y no repetir los clichés de que la población solamente quiere cárcel. La cárcel es necesaria para que la sociedad tenga una convivencia pacífica y para sacar a aquellos que interfieran en esa paz pública. Pero también estoy seguro de que cuando la gente ve que en la puerta de su casa hay dos, tres, cuatro personas que salieron del sistema carcelario, que están haciendo su vida privada en lo público, se plantea si esto ha dado resultado. ¿Ha dado resultado la receta punitiva pura?

—¿Por qué están sobredimensionados entonces los discursos punitivistas?

—Porque son más baratos. Es mucho más sencillo aumentar una pena que crear una política pública de seguridad.

—¿Los anteriores gobiernos tuvieron una política pública de seguridad?

—El gobierno actual seguramente tuvo una política de seguridad errática. Más allá del lamentable fallecimiento de [Jorge] Larrañaga, tuvimos tres ministros del Interior en un solo gobierno. Lo peor de todo es que fueron tres ministerios absolutamente distintos. Hubo un ministro que promovió la Ley de Urgente Consideración [LUC], con un claro sesgo punitivo y simbólico en el discurso, y un ministerio que termina con la publicación del Libro blanco [de reforma penitenciaria en Uruguay], que claramente dice que hay que hacer todo lo contrario a lo que estableció la LUC. Al decir que es un gobierno errático, no estoy descubriendo nada.

—¿Cuál es su valoración de los efectos de la LUC en materia de seguridad?

—Lo he dicho ya muchas veces. En materia de seguridad, la LUC fue o inocua o perjudicial. En el primer caso, hablo de la creación de delitos como la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad, conductas que ya existían como desacato o atentado. O sea, se le cambió el nombre a una figura delictiva en una suerte de estafa de etiquetas no solamente barata, sino carente de ideas. Después se reguló la legítima defensa policial, transmitiendo a los policías que podían tener determinada prerrogativa a la hora de defenderse, e hicieron una norma que les exige a los efectivos los mismos requisitos que a cualquier ciudadano. Por lo tanto, no solamente no cambió para la Policía, sino que dio un mensaje que complicó la actividad policial, porque muchos pensaron que había una suerte de permiso mayor para defenderse. Por otro lado, fue perjudicial porque provocó un estallido de la población carcelaria, como sucedió con los casos de microtráfico, que duplicó la población carcelaria femenina, con todos los problemas sociales que esto acarrea –niños a cargo, victimización o revictimización de la mujer–. Además, extirparon de cuajo la suspensión condicional del proceso, y no hay sistema procesal en el mundo que no tenga un sistema de probation pensado para evitar el ingreso sobre todo de primarios por delitos leves al sistema carcelario, donde terminan saliendo como delincuentes ya recibidos. Eso lo extirparon a raíz de una situación casi anecdótica de una persona que fue condenada a cocinar tortas fritas. En ese legislar para la tribuna, se utilizó el titular de un diario para eliminar una de las medidas más importantes del sistema procesal. ¿Eso qué hizo? Fomentó el colapso del sistema carcelario. El sistema carcelario hoy también está colapsado por este tipo de restricciones al sistema de libertades.

—¿Se buscará derogar estos artículos?

—No dije eso. Esa es una cuestión parlamentaria, no depende de mí. Yo estoy dando mi punto de vista sobre qué significó la LUC en materia de seguridad, que fue la pregunta.

—La legítima defensa policial y el delito de agravio policial se aprobaron como un mensaje de respaldo a la Policía. Por lo que usted dice, eso no ocurrió.

—Que eso no fue un respaldo a la Policía ya es un secreto a voces. Lo sabe el sistema de justicia y lo saben los policías, porque no son tontos. Saben que detrás de esto había un mensaje puramente político y simbólico que no cambiaba en absoluto la realidad cotidiana de la Policía.

—El FA ha sido muy crítico con las cifras de delitos de esta administración. ¿Qué valoración hace de los datos que brinda el MI?

—Lo que el FA ha cuestionado es la forma en que se presentan los datos. Es decir, que se presenten determinados números de delito con criterios que no responden a ningún parámetro científico, sino porque conviene darlos en determinado momento, o que se comparen años con los que sirve comparar. Eso lo que ocasiona es una carrera desesperada hacia los números, y parece que todo el país está pendiente, mes a mes, de las cifras, algo que existe solamente en Uruguay. En el Observatorio [Nacional de Violencia y Criminalidad] trabaja gente muy seria, que ha estado allí durante años y en todos los gobiernos. No creo que haya manipulación [de las cifras]. Ahora, cómo se presentan los datos de repente lleva a confundir la realidad. Nosotros proponemos una calendarización de la presentación de los números, que se sepa previamente en qué épocas del año se va a dar la información.

—¿Javier Donnángelo va a seguir al frente del observatorio?

—No lo sabemos. Él actualmente está sometido a sumario y no sabemos el resultado. Cuando entremos al ministerio, veremos la situación.

—Usted dice que el gobierno tuvo una política de seguridad errática, pero las actuales autoridades reivindican la baja de casi todos los delitos, menos los homicidios.

—La medición de la baja de los delitos se hace sobre las denuncias, ahí hay un problema metodológico. Se hizo la primera encuesta de victimización –después se hará una encuesta específica sobre victimización cada dos años–, que dice que se denuncia solo el 27 por ciento de los delitos que se cometen. Hay una distorsión entre la cantidad de denuncias y los hechos que se cometen. Si eso pasa, es porque la gente no tiene estímulos para formular la denuncia. La debilidad de los números que se presentan como baja de los delitos parte de una metodología que no responde a la realidad. Pero hay otras debilidades: presentan los números sin el rigor de la variedad de delitos que se cometen. Vos tenés una baja de las rapiñas, pero con un corrimiento hacia otros delitos. El costo/beneficio de estafar es mucho más barato que rapiñar, empezando por la pena, que es mucho menor, y el riesgo de que te atrapen, en muchos casos, es mínimo. ¿Qué pasa con el homicidio? Es el único delito incontrastable, porque no requiere denuncia, el cuerpo está ahí. Por eso es el delito testigo para analizar los índices de violencia de un país. Hoy en Uruguay tenemos 12 homicidios cada 100 mil habitantes por año, hace unos años teníamos 5 cada 100 mil.

—En entrevista con radio Sarandí, usted dijo la famosa frase de que la guerra contra el narcotráfico está perdida. El actual ministro, Nicolás Martinelli, salió rápidamente a cuestionarlo.

—La realidad indica lo que dije. La expansión de la demanda de drogas es un fenómeno mundial. Eso es claro. Pero parecería que algunos actores reclaman decir cosas que no son reales; reclaman tener un discurso para la tribuna, algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Cuando hablamos del concepto de guerra, lo que cuestionamos es la retórica y el mensaje para la tribuna: «Estamos en guerra» o «le vamos a hacer la guerra al narcotráfico». Cuando se termina el discurso para la tribuna, nada cambia en la realidad. Si algo hubiera cambiado, supongo que lo habrían mostrado. ¿Cuáles son los resultados de esa guerra contra el narcotráfico? Cárceles saturadas de adictos, barrios saturados de personas con problemas de adicción, personas que parecen zombis caminando por la calle –que parece que ya lo naturalizamos–. Esos son los resultados de la guerra. O sea, si hubo una guerra, señores, la perdieron. Por eso, el discurso de la guerra contra el narcotráfico es puramente político y para la tribuna. No conozco ningún país democrático que haya dado la guerra y haya ganado; lo que sí conozco son países que terminaron devastados por la violencia, la corrupción y el lavado a raíz de políticas puramente represivas que se embanderaban con «la guerra».

—¿Qué significa intentar controlar el mercado de la droga?

—No es controlar en el sentido de regular. Es intervenir policialmente, estratégicamente, para disminuir el problema del narcotráfico y sus consecuencias. Detrás del narcotráfico hay un problema de salud pública.

—¿Qué acciones concretas prevén desarrollar?

—Tenemos problemas en los puertos, en las fronteras, pasajes de grandes cargamentos de drogas que van hacia Europa y que dejan en Uruguay toda una estela de corrupción. Tenés la droga que queda en los barrios, grandes acopios que surgen del tránsito, principalmente desde la hidrovía, que terminan en los barrios y en los jóvenes, sobre todo en forma de pasta base. Controlar quiere decir controlar ese pasaje, porque en Uruguay no producimos drogas. Debemos tener el control más firme posible para que esos daños de la droga no sigan en la medida que están ocurriendo; eso no se logra con un discurso, diciendo que vamos a hacerle la guerra al narcotráfico. Hay que actuar, por ejemplo, poniendo escáneres móviles en las fronteras, con visitas sorpresivas a las zonas más calientes.

—¿Cuál es su evaluación sobre la política de legalización del cannabis?

—Creo que la política de regular –acá aplica la palabra regular– sirvió. Fue constatar la realidad del consumo de una droga que, dentro del abanico disponible, es quizás la menos dañina para la salud pública. [La ley de cannabis] reconoció esa realidad y le sacó el manto de opacidad, que lo único que hacía era generar un mercado ilegal, rodeado de corrupción y violencia. Eso ha servido para descomprimir un consumo que ya se daba en los hechos. A ver, la demanda y la oferta de drogas está en constante expansión en el mundo, en China se inventan drogas nuevas todos los días.

—¿Está prevista la regulación de otras drogas?

—No está en los planes del gobierno ni en el programa del FA. El combate al crimen organizado no se hace solamente por medio de la legalización de todas las drogas. Yo puedo legalizar todas las drogas y vos vender una droga distinta o más barata. El mundo de las drogas está en continuo proceso de invención. Las drogas sintéticas han copado muchos mercados, entonces legalizar una o dos drogas más no abarca el universo de drogas posibles, y legalizar drogas altamente dañinas no me parece que sea el camino.

—Hace un tiempo usted afirmó que decir que los homicidios no se pueden evitar es una verdad a medias.

—Es inevitable que una persona determinada vaya a matar a otra; quizás lo pueden evitar los familiares o las personas cercanas. Lo que sí podemos saber es que en determinado barrio, a determinada hora, en determinada época del año, con determinados protagonistas y determinadas armas va a haber un homicidio. Está estudiado. Entonces hay que actuar en esa zona en forma preventiva y disuasiva para bajar los índices de violencia. Tenemos que lograr bajar la tasa de violencia letal que hay en el país. No pretendemos terminar con los homicidios, sería imposible, sería como terminar con los hurtos.

—¿El programa Barrios sin Violencia –impulsado por Diego Sanjurjo para reducir los homicidios– fue efectivo?

—El programa tiene meses, empezó en la última etapa del gobierno y está en proceso de evaluación.

—¿Se continuará con ese programa?

—Si la evaluación es positiva, sí, por supuesto. Tenemos confianza en que va a funcionar. Pero sus resultados serán a mediano y largo plazo, no puede ser la única medida. En el gobierno actual, fue la única medida preventiva. Los resultados de este gobierno fueron muy magros, muy magros. Este fue el quinquenio más sangriento de la historia del país. Difícilmente se pueda entender eso como un triunfo.

—El actual gobierno llevó adelante diversas intervenciones policiales en barrios.

—Sí, pero intervino en forma violenta, una saturación y se fue.

—¿Estos operativos de saturación fueron similares a los efectuados durante el período de Eduardo Bonomi?

—No, porque durante el período de Bonomi estuvo presente el complemento, que es la presencia policial más estable en los barrios, que es lo que nos proponemos hacer ahora. El período de Bonomi tuvo el enfoque de un Estado presente en las zonas complejas y de violencia. Este gobierno tuvo una intervención policial violenta, con operativos grandes, pero que se retiraban inmediatamente. Eso lo que hace es que el delito se aplaque por un tiempo o se corra hacia otros barrios, pero luego revive.

«Estamos llenando las cárceles con gente que no debería ingresar»

—Se ha señalado como prioritario retirar el Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del MI para mejorar la situación de las cárceles. ¿En qué plazos está previsto que se concrete?

—Si me preguntás a mí, cuanto antes. Creo que la creación de un ministerio de justicia es una necesidad institucional imperiosa, y tan es así que todos los partidos comparten este concepto. Habrá algún sector que se oponga, pero si hay acuerdo entre todos los partidos, debería ser rápido. Bastaría elaborar un diseño institucional sobre el que se está trabajando.

—¿Cuál es el siguiente paso para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria?

—Hay un programa de gestión del sistema carcelario que están diseñando Ana Juanche y Ana Vigna, que son las especialistas en el tema, y que contempla el hacinamiento carcelario y la clasificación de las personas privadas de libertad para evitar que la cárcel sea un sistema de formación continua de delincuentes. Si yo pongo a un avezado narcotraficante al lado de un primario, lo más probable es que el narcotraficante convenza al primario y no que el primario convenza al narcotraficante.

—¿El hacinamiento carcelario se soluciona con la salida de presos, con el no ingreso de nuevos reclusos o con la construcción de nuevas cárceles?

—La creación de más plazas soluciona por un rato, pero es muy caro y no se sostiene en el tiempo. Podemos estar creando cárceles en forma permanente, pero si no cambiamos la visión sobre la seguridad pública, las terminamos llenando. Y las llenamos con gente que no debería ingresar. Si seguimos con la visión de que todo hay que penarlo con cárcel, lo que tenemos es un rebote. No logramos ninguna de las finalidades, porque la gente que está presa no deja de cometer delitos. Cuando se habla de desprisionalizar, es cambiar el paradigma: no todo se arregla con la prisión.

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