La jueza Mariana Mota, sus prioridades para la Institución de Derechos Humanos y un llamado al mea culpa del Poder Judicial por su actuación en dictadura.
Sábado 05 • ago. • 2017
Mariana
Mota se despidió de su cargo de jueza penal en una Suprema Corte de
Justicia abarrotada de gente, dentro y fuera. Firmó su traslado frente a
cinco hombres, en la solemnidad de un salón de techos altos y muebles
antiguos, mientras afuera –y adentro también– carteles y cantos
reclamaban el fin de la impunidad. Esas mismas personas, y el apoyo de
casi todos los partidos políticos en el Parlamento, la llevaron a
integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos (INDDHH), cargo que asumirá en las próximas semanas. El abordaje
de las discapacidades, la violencia contra la mujer, la situación de
las personas privadas de libertad y el medioambiente son algunos de los
temas que le gustaría abordar en su nuevo rol. Propondrá también
trabajar para mejorar la actuación del Poder Judicial frente a denuncias
de violaciones a los derechos humanos.
¿Por qué aceptaste la candidatura a la INDDHH?
La primera propuesta vino de Madres y Familiares. Ellos, siguiendo un poco el mismo proceso que hicieron con Mirtha Guianze, valoraron la persona, las condiciones. Madres y Familiares no particulariza, no dice “queremos que vaya Mengano, así investiga sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y los desaparecidos”, sino que apunta a algo mucho más amplio. Su interés en la persona que proponen es por el tipo de persona, por la formación y porque entienden que ayuda en la promoción de los derechos humanos de una forma mucho más global. Después se fueron sumando otras organizaciones, con un perfil más o menos similar a ellos. A mí la propuesta me encantó. Era como decir: “Bueno, puedo volver a ese tema que tanto me gusta y tanto me importa”. Y siento que es un espacio en que se puede trabajar de una forma más... de mejor forma, o de forma más efectiva, en pro de los derechos humanos. En realidad, por los derechos humanos se puede trabajar desde cualquier lado, pero en algunos podés avanzar más que en otros.
¿Te vas a sentir más cómoda en la INDDHH?
Creo que es otra visión del derecho, una visión más amplia y con más posibilidades de trabajo, más allá de que no tiene el carácter coactivo de las resoluciones judiciales. Pero tiene otra forma de articular, de poder ayudar a que funcionen mejor los organismos. Desde el Poder Judicial podés visualizar situaciones en las que no se han cumplido adecuadamente funciones estatales y por eso se llega al conflicto; desde la INDDHH podés ayudar a que esas cosas no ocurran, a prevenir que existan mayores vulneraciones.
En este segundo período de la INDDHH, ¿debería apuntarse a actuar más de oficio en temas que son importantes, además de trabajar con base en denuncias?
Sí. Yo creo que este primer período de la institución estuvo marcado porque le faltaban muchas cosas. Cuando se designaron los primeros cinco miembros del Consejo, no tenían funcionarios. Hubo que hacer una construcción de la estructura y después echarse a andar. Aun en esa circunstancia bastante complicada de trabajo, la institución funcionó y empezó a cumplir con los cometidos previstos por la ley. Capaz que quedaron medio rengos en algunas cosas, pero no por falta de ganas. Ahora podemos profundizar en la actuación. Hay cosas nuevas para hacer, y hay cosas que hay que hacer mejor. Señalar errores o falta de protección de derechos humanos en algunas áreas no es sólo hacer informes si corresponde, sino hacer un seguimiento, y de eso capaz que faltó un poco. Hacer un seguimiento hasta verificar que realmente se cumplan las condiciones que se pautan; por ejemplo, si se establece que hay que corregir determinada forma de actuación. Planteamos las correcciones y hacemos el seguimiento con ustedes para ver cómo se adecua, a ver qué obstáculos tienen y cómo los podemos solucionar juntos.
¿Hay temas que te interesaría trabajar especialmente?
Todos [se ríe]. Pero es imposible, y además me parece que hay que especializarse en áreas para ser más efectivos. Apuntás siempre a los sectores más vulnerables, pero tampoco tenés que dejar de atender los otros.
Pero si tuvieras que señalar qué temas de derechos humanos son más urgentes en Uruguay hoy...
Obviamente que apuntás a los más vulnerados, a los sectores más desprotegidos: la situación de las discapacidades, de la violencia contra la mujer, de los privados de libertad, tanto adultos como adolescentes. Y después los temas emergentes, que también me parecen importantes, por ejemplo, la protección del medioambiente. Abrís los ojos cuando ves lo que pasó con los productores de Canelones o en Guichón con el tema del glifosato. Son cosas que generan vulneraciones importantes y afectan a una población. Y no me olvido, obviamente, de una línea de acción interesante, y es cómo el Poder Judicial, cuando se plantean denuncias, actúa en atención a lo denunciado, y que sea una actuación rápida y eficiente. No es por tirarme en contra del Poder Judicial, porque vengo de ahí y me corren las generales de la ley, pero muchas veces las denuncias [ante la INDDHH] derivan de una actuación del sistema de administración de justicia un poco lenta o un poco ineficiente, o que no tiene empatía.
¿Por qué pasa eso?
Primero que nada, por falta de capacitación. Los recursos humanos existen, el problema es cómo funcionan: si están formados para este abordaje. Llegás a una audiencia y nadie te dice lo que tenés que hacer, cómo tenés que hablar, a quién tenés que mirar. Hay falta de información de cómo funciona el servicio, y eso es una omisión del servicio. El servicio es la suma de información, trato, y una solución efectiva del problema.
¿Los temas vinculados a la dictadura deben tener cabida en un segundo período de la INDDHH?
Sí, claro. Yo creo que ahí hay que vincular a los organismos que están relacionados con la denuncia y la investigación del pasado reciente. No quedarnos solamente en la pata de las denuncias o de las excavaciones en búsqueda de los desaparecidos, sino también el tema de los archivos. Ahí tenés el acceso a la información, cómo se accede, el trabajo desde el Poder Ejecutivo que permita esas investigaciones, que permita cruzar datos entre archivos. Y después está el abordaje del conocimiento de lo que pasó, de la memoria. Ahí tenemos otros órganos que deberían actuar y que están omisos. La dictadura le pasó a toda la sociedad, no solamente a los presos. Todo lo que pasó con las persecuciones ideológicas durante la dictadura, las destituciones, los exilios forzados, todo eso no se reconoce institucionalmente, desde el Estado no se ha abordado como historia, y es importantísimo rescatar esa memoria. Y que los organismos vinculados con eso hagan un reconocimiento de responsabilidad. Cuando vino la dictadura yo estaba en tercero de escuela. Hice la escuela y el liceo en dictadura. Mi madre era profesora, no la destituyeron porque se jubiló antes. Pero me quedó en la memoria de que hoy había un profesor, y ya el año que viene ese profesor no estaba más porque lo habían destituido. La vulneración de los derechos del trabajo y la realización personal de alguien por el hecho de ser destituido por sus ideas políticas es súper grave, pero no se ha analizado.
Tampoco se ha analizado la responsabilidad de quienes mantuvieron un sistema judicial en dictadura, el Poder Judicial no ha reflexionado en términos de memoria sobre esos años.
Totalmente. Cuando en Chile el Poder Judicial hizo un reconocimiento de su responsabilidad por la omisión en la protección de los derechos en la época de la dictadura, acá se trasladó un poco la pregunta: “¿Y acá qué pasó?”. Y el Poder Judicial uruguayo dijo: “No, nosotros acá no tenemos nada que ver, porque nos desvincularon y era la justicia militar [la que actuaba]”. Bueno, era la justicia militar para los supuestos sediciosos, pero sobre el resto de las vulneraciones el Poder Judicial nunca se pronunció. El Poder Judicial estuvo afectado, porque como en todos los demás órganos, todas las personas que tuvieran algún grado de oposición a la dictadura eran destituidas. En el Poder Judicial había un acta institucional que ponía el cargo en carácter provisorio para ver cómo actuaba ese juez, y si no, lo destituían. Pero más allá de eso, había personas que estaban ejerciendo efectivamente sus funciones y muchas veces miraron para el costado. Creo que corresponde ese mea culpa de que no protegieron los derechos o de que no actuaron como era su deber. Nunca se hizo. Existen honrosas excepciones de jueces que sí actuaron, y que fueron destituidos. Ahí hay un tema de conciencia: o cumplo con mi función, u obedezco las órdenes que me está dictando una dictadura. Va en cada uno. Pero pasada la dictadura, creo que el organismo tiene que reconocer las omisiones y decírselo a la sociedad. Y así como el Poder Judicial, todos los demás órganos. Los vinculados a la educación, por ejemplo. Y cómo afectó lo que pasó hacia adelante. Se visualiza mucho más cuando se abordan las causas de violaciones a los derechos humanos y hay un desconocimiento muy lamentable por parte de muchos operadores de la Justicia acerca de lo que ocurrió en la dictadura. Y si no sabés lo que ocurrió, es bien difícil que después abordes un trabajo de investigación y llegues a buenos resultados.
¿Qué responsabilidad tiene la dirigencia política en la falta de avances en materia de violaciones a los derechos humanos en dictadura?
Yo creo que quienes tuvieron una participación, ya sea como víctimas o como victimarios, no deberían ser quienes resuelvan cómo se llevan adelante las investigaciones o cuáles son los elementos necesarios para ayudar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso tiene que ser desde otro lado, porque, inevitablemente, hay subjetividad: sea para ocultar, o sea para propiciar a veces una especie de avance contra viento y marea. No quiero llegar a la palabra venganza, porque siempre se ha interpretado que la justicia es venganza, y no hay cosa más alejada. Justamente, la justicia es el escalón superior a eso. Me acuerdo, a veces, de frases de Eleuterio Fernández Huidobro, que obstaculizó investigaciones, demoró información, negaba que existiera información y después aparecía, obstaculizó el ingreso a lo que habían sido centros de detención. Eso lo puedo decir porque lo viví. Y no es lo mejor, obviamente. No quiero considerar que eso era una actuación asumida por un grupo, sino que, desgraciadamente, quien decidía eso era nada menos que el ministro de Defensa Nacional, tenía un cargo importantísimo dentro del Estado. Claramente no está bueno que partícipes de esto decidan por los demás. Que quienes fueron víctimas decidan sobre sus propias vulneraciones y resuelvan que esto quedó laudado y quieran seguir adelante es válido, cada uno puede hacer lo que le parezca con sus daños. Pero no establecerlo como general para todos los demás, porque no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene legitimidad para decidir sobre la memoria colectiva y sobre los reclamos de otros individuos. La historia se tiene que contar, se tiene que saber, y que la sociedad después vea qué hace con todo eso.
Las candidaturas de todos los nuevos integrantes de la INDDHH fueron votadas por mayorías superiores a dos tercios. Pero al mismo tiempo perviven discursos como los del editorial del diario El País del último domingo, que se refiere a la institución como “el curro de los derechos humanos” para “acomodar compañeros”. ¿Hasta qué punto se ha consolidado la institución para el sistema político?
Creo que esa opinión que salió en un editorial de El País por suerte ha empezado a ser minoritaria. El editorial salió el 31 de julio, la votación fue el 1° de agosto y creo que fue una contestación a esa opinión. Si todos los partidos se pusieron de acuerdo para votar determinados candidatos, a pesar de las diferencias que pudieran existir, creo que habla de que se va alcanzando determinado grado de madurez política y de mejor democracia en aceptar que una institución de derechos humanos tiene que existir en un país, porque tiene un cometido específico y es bueno que exista. Editoriales como el de El País responden a una concepción que ya en otros países no se podría ni mencionar, responden a una concepción de “nosotros somos una sociedad, nos regimos dentro de estas fronteras, no nos importa lo que digan los organismos internacionales y para qué precisamos algo más, si tenemos un Poder Judicial que funciona”. No visualizan el avance que ha habido de las demás sociedades. La institución no es un invento uruguayo, se enmarca dentro de lo que fue el Acuerdo de París, recogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que existan instituciones en los diversos países de protección de los derechos humanos. Esa otra concepción [la del editorial de El País] es vieja, siempre va a estar, pero es totalmente arcaica.
¿Por qué aceptaste la candidatura a la INDDHH?
La primera propuesta vino de Madres y Familiares. Ellos, siguiendo un poco el mismo proceso que hicieron con Mirtha Guianze, valoraron la persona, las condiciones. Madres y Familiares no particulariza, no dice “queremos que vaya Mengano, así investiga sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y los desaparecidos”, sino que apunta a algo mucho más amplio. Su interés en la persona que proponen es por el tipo de persona, por la formación y porque entienden que ayuda en la promoción de los derechos humanos de una forma mucho más global. Después se fueron sumando otras organizaciones, con un perfil más o menos similar a ellos. A mí la propuesta me encantó. Era como decir: “Bueno, puedo volver a ese tema que tanto me gusta y tanto me importa”. Y siento que es un espacio en que se puede trabajar de una forma más... de mejor forma, o de forma más efectiva, en pro de los derechos humanos. En realidad, por los derechos humanos se puede trabajar desde cualquier lado, pero en algunos podés avanzar más que en otros.
¿Te vas a sentir más cómoda en la INDDHH?
Creo que es otra visión del derecho, una visión más amplia y con más posibilidades de trabajo, más allá de que no tiene el carácter coactivo de las resoluciones judiciales. Pero tiene otra forma de articular, de poder ayudar a que funcionen mejor los organismos. Desde el Poder Judicial podés visualizar situaciones en las que no se han cumplido adecuadamente funciones estatales y por eso se llega al conflicto; desde la INDDHH podés ayudar a que esas cosas no ocurran, a prevenir que existan mayores vulneraciones.
En este segundo período de la INDDHH, ¿debería apuntarse a actuar más de oficio en temas que son importantes, además de trabajar con base en denuncias?
Sí. Yo creo que este primer período de la institución estuvo marcado porque le faltaban muchas cosas. Cuando se designaron los primeros cinco miembros del Consejo, no tenían funcionarios. Hubo que hacer una construcción de la estructura y después echarse a andar. Aun en esa circunstancia bastante complicada de trabajo, la institución funcionó y empezó a cumplir con los cometidos previstos por la ley. Capaz que quedaron medio rengos en algunas cosas, pero no por falta de ganas. Ahora podemos profundizar en la actuación. Hay cosas nuevas para hacer, y hay cosas que hay que hacer mejor. Señalar errores o falta de protección de derechos humanos en algunas áreas no es sólo hacer informes si corresponde, sino hacer un seguimiento, y de eso capaz que faltó un poco. Hacer un seguimiento hasta verificar que realmente se cumplan las condiciones que se pautan; por ejemplo, si se establece que hay que corregir determinada forma de actuación. Planteamos las correcciones y hacemos el seguimiento con ustedes para ver cómo se adecua, a ver qué obstáculos tienen y cómo los podemos solucionar juntos.
¿Hay temas que te interesaría trabajar especialmente?
Todos [se ríe]. Pero es imposible, y además me parece que hay que especializarse en áreas para ser más efectivos. Apuntás siempre a los sectores más vulnerables, pero tampoco tenés que dejar de atender los otros.
Pero si tuvieras que señalar qué temas de derechos humanos son más urgentes en Uruguay hoy...
Obviamente que apuntás a los más vulnerados, a los sectores más desprotegidos: la situación de las discapacidades, de la violencia contra la mujer, de los privados de libertad, tanto adultos como adolescentes. Y después los temas emergentes, que también me parecen importantes, por ejemplo, la protección del medioambiente. Abrís los ojos cuando ves lo que pasó con los productores de Canelones o en Guichón con el tema del glifosato. Son cosas que generan vulneraciones importantes y afectan a una población. Y no me olvido, obviamente, de una línea de acción interesante, y es cómo el Poder Judicial, cuando se plantean denuncias, actúa en atención a lo denunciado, y que sea una actuación rápida y eficiente. No es por tirarme en contra del Poder Judicial, porque vengo de ahí y me corren las generales de la ley, pero muchas veces las denuncias [ante la INDDHH] derivan de una actuación del sistema de administración de justicia un poco lenta o un poco ineficiente, o que no tiene empatía.
¿Por qué pasa eso?
Primero que nada, por falta de capacitación. Los recursos humanos existen, el problema es cómo funcionan: si están formados para este abordaje. Llegás a una audiencia y nadie te dice lo que tenés que hacer, cómo tenés que hablar, a quién tenés que mirar. Hay falta de información de cómo funciona el servicio, y eso es una omisión del servicio. El servicio es la suma de información, trato, y una solución efectiva del problema.
¿Los temas vinculados a la dictadura deben tener cabida en un segundo período de la INDDHH?
Sí, claro. Yo creo que ahí hay que vincular a los organismos que están relacionados con la denuncia y la investigación del pasado reciente. No quedarnos solamente en la pata de las denuncias o de las excavaciones en búsqueda de los desaparecidos, sino también el tema de los archivos. Ahí tenés el acceso a la información, cómo se accede, el trabajo desde el Poder Ejecutivo que permita esas investigaciones, que permita cruzar datos entre archivos. Y después está el abordaje del conocimiento de lo que pasó, de la memoria. Ahí tenemos otros órganos que deberían actuar y que están omisos. La dictadura le pasó a toda la sociedad, no solamente a los presos. Todo lo que pasó con las persecuciones ideológicas durante la dictadura, las destituciones, los exilios forzados, todo eso no se reconoce institucionalmente, desde el Estado no se ha abordado como historia, y es importantísimo rescatar esa memoria. Y que los organismos vinculados con eso hagan un reconocimiento de responsabilidad. Cuando vino la dictadura yo estaba en tercero de escuela. Hice la escuela y el liceo en dictadura. Mi madre era profesora, no la destituyeron porque se jubiló antes. Pero me quedó en la memoria de que hoy había un profesor, y ya el año que viene ese profesor no estaba más porque lo habían destituido. La vulneración de los derechos del trabajo y la realización personal de alguien por el hecho de ser destituido por sus ideas políticas es súper grave, pero no se ha analizado.
Tampoco se ha analizado la responsabilidad de quienes mantuvieron un sistema judicial en dictadura, el Poder Judicial no ha reflexionado en términos de memoria sobre esos años.
Totalmente. Cuando en Chile el Poder Judicial hizo un reconocimiento de su responsabilidad por la omisión en la protección de los derechos en la época de la dictadura, acá se trasladó un poco la pregunta: “¿Y acá qué pasó?”. Y el Poder Judicial uruguayo dijo: “No, nosotros acá no tenemos nada que ver, porque nos desvincularon y era la justicia militar [la que actuaba]”. Bueno, era la justicia militar para los supuestos sediciosos, pero sobre el resto de las vulneraciones el Poder Judicial nunca se pronunció. El Poder Judicial estuvo afectado, porque como en todos los demás órganos, todas las personas que tuvieran algún grado de oposición a la dictadura eran destituidas. En el Poder Judicial había un acta institucional que ponía el cargo en carácter provisorio para ver cómo actuaba ese juez, y si no, lo destituían. Pero más allá de eso, había personas que estaban ejerciendo efectivamente sus funciones y muchas veces miraron para el costado. Creo que corresponde ese mea culpa de que no protegieron los derechos o de que no actuaron como era su deber. Nunca se hizo. Existen honrosas excepciones de jueces que sí actuaron, y que fueron destituidos. Ahí hay un tema de conciencia: o cumplo con mi función, u obedezco las órdenes que me está dictando una dictadura. Va en cada uno. Pero pasada la dictadura, creo que el organismo tiene que reconocer las omisiones y decírselo a la sociedad. Y así como el Poder Judicial, todos los demás órganos. Los vinculados a la educación, por ejemplo. Y cómo afectó lo que pasó hacia adelante. Se visualiza mucho más cuando se abordan las causas de violaciones a los derechos humanos y hay un desconocimiento muy lamentable por parte de muchos operadores de la Justicia acerca de lo que ocurrió en la dictadura. Y si no sabés lo que ocurrió, es bien difícil que después abordes un trabajo de investigación y llegues a buenos resultados.
¿Qué responsabilidad tiene la dirigencia política en la falta de avances en materia de violaciones a los derechos humanos en dictadura?
Yo creo que quienes tuvieron una participación, ya sea como víctimas o como victimarios, no deberían ser quienes resuelvan cómo se llevan adelante las investigaciones o cuáles son los elementos necesarios para ayudar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso tiene que ser desde otro lado, porque, inevitablemente, hay subjetividad: sea para ocultar, o sea para propiciar a veces una especie de avance contra viento y marea. No quiero llegar a la palabra venganza, porque siempre se ha interpretado que la justicia es venganza, y no hay cosa más alejada. Justamente, la justicia es el escalón superior a eso. Me acuerdo, a veces, de frases de Eleuterio Fernández Huidobro, que obstaculizó investigaciones, demoró información, negaba que existiera información y después aparecía, obstaculizó el ingreso a lo que habían sido centros de detención. Eso lo puedo decir porque lo viví. Y no es lo mejor, obviamente. No quiero considerar que eso era una actuación asumida por un grupo, sino que, desgraciadamente, quien decidía eso era nada menos que el ministro de Defensa Nacional, tenía un cargo importantísimo dentro del Estado. Claramente no está bueno que partícipes de esto decidan por los demás. Que quienes fueron víctimas decidan sobre sus propias vulneraciones y resuelvan que esto quedó laudado y quieran seguir adelante es válido, cada uno puede hacer lo que le parezca con sus daños. Pero no establecerlo como general para todos los demás, porque no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene legitimidad para decidir sobre la memoria colectiva y sobre los reclamos de otros individuos. La historia se tiene que contar, se tiene que saber, y que la sociedad después vea qué hace con todo eso.
Las candidaturas de todos los nuevos integrantes de la INDDHH fueron votadas por mayorías superiores a dos tercios. Pero al mismo tiempo perviven discursos como los del editorial del diario El País del último domingo, que se refiere a la institución como “el curro de los derechos humanos” para “acomodar compañeros”. ¿Hasta qué punto se ha consolidado la institución para el sistema político?
Creo que esa opinión que salió en un editorial de El País por suerte ha empezado a ser minoritaria. El editorial salió el 31 de julio, la votación fue el 1° de agosto y creo que fue una contestación a esa opinión. Si todos los partidos se pusieron de acuerdo para votar determinados candidatos, a pesar de las diferencias que pudieran existir, creo que habla de que se va alcanzando determinado grado de madurez política y de mejor democracia en aceptar que una institución de derechos humanos tiene que existir en un país, porque tiene un cometido específico y es bueno que exista. Editoriales como el de El País responden a una concepción que ya en otros países no se podría ni mencionar, responden a una concepción de “nosotros somos una sociedad, nos regimos dentro de estas fronteras, no nos importa lo que digan los organismos internacionales y para qué precisamos algo más, si tenemos un Poder Judicial que funciona”. No visualizan el avance que ha habido de las demás sociedades. La institución no es un invento uruguayo, se enmarca dentro de lo que fue el Acuerdo de París, recogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que existan instituciones en los diversos países de protección de los derechos humanos. Esa otra concepción [la del editorial de El País] es vieja, siempre va a estar, pero es totalmente arcaica.
Natalia Uval
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