La Privatización de la Fibra Óptica

 

Para proteger a Lacalle

Estado vs Mercado

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que autoriza a las empresas de cable TCC, Montecable y Nuevo Siglo a ofrecer servicios de internet, lo que pone fin al monopolio que tenía Antel sobre la transmisión de datos. Esta decisión ha generado un debate significativo en el país.

Los cambios legislativos permiten a estas empresas utilizar sus redes existentes de cable coaxial o contratar redes de terceros, como la fibra óptica de Antel, para ofrecer servicios de internet. Esta medida fue una respuesta a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional una parte de la Ley de Medios de 2014, que prohibía a los operadores de televisión por cable prestar servicios de telecomunicaciones

Lacalle Pou, reparte a ANTEL entre los APORTANTES que financiaron su campaña

Antel a la venta: Desafíos, Privatización y Libertad de Expresión
El Sindicato Único de Telecomunicaciones advierte sobre el futuro de la fibra óptica que pertenece a la empresa estatal. 

Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, atraviesa una situación crítica marcada por tensiones entre el gobierno y el sindicato de trabajadores. En diversas entrevistas, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Gabriel Molina, y la secretaria general, Florencia Leymonie, han expuesto preocupaciones sobre la privatización de servicios que históricamente han sido gestionados por la empresa pública.
La Privatización de la Fibra Óptica
Uno de los puntos centrales de la controversia es la decisión del gobierno de permitir que empresas privadas utilicen la infraestructura de fibra óptica de Antel, que ha costado al Estado millones de dólares. Según Leymonie, esta medida beneficia a «tres o cuatro familias» a expensas de los tres millones de uruguayos, quienes quedarían expuestos a la especulación del mercado. «Un Antel fuerte y robusto beneficiaría a todos», argumenta, denunciando que esta estrategia del gobierno parece diseñada para favorecer intereses particulares en lugar del bien común.
Molina por su parte señala que se está regalando un ingreso significativo, que podría rondar los 400 millones de dólares, a los canales de televisión privados, los cuales ahora podrán ofrecer servicios de televisión por cable e Internet utilizando la infraestructura que Antel ha desarrollado.
Críticas al Gobierno y sus Estrategias
El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones advierte que esta situación es parte de una estrategia más amplia del gobierno para «destripar» a Antel y facilitar el acceso de los privados al mercado de telecomunicaciones. La inminente aprobación de una nueva empresa, integrada por los canales 4, 10 y 12, es vista como un paso hacia la desmonopolización de la fibra óptica, lo que podría llevar a una erosión de la competitividad de Antel.
El sindicato denuncia que las decisiones políticas recientes parecen estar alineadas con el interés de un grupo reducido de empresarios, dejando a Antel en desventaja. Molina comparó la situación con un escenario en el que «Coca Cola ofrece refrescos, pero es Pepsi envasada», sugiriendo que la calidad y la identidad del servicio podrían diluirse.
Ley de Medios y Libertad de Expresión
Además de los problemas relacionados con la infraestructura, el sindicato y el Frente Amplio han manifestado preocupaciones sobre el artículo 72 de la ley de medios, que busca regular la comunicación política. Esta legislación ha generado críticas de organismos internacionales como la ONU y la Unesco, que advierten sobre un posible atentado contra la libertad de expresión. La bancada de diputados colorados ha solicitado que se trate en agosto, lo que podría desatar más polémica en el debate político.
La situación de Antel es un reflejo de tensiones más amplias en la política uruguaya, donde el equilibrio entre el interés público y los beneficios privados está en juego, más tratándose de un año electoral. Con el futuro de la empresa estatal en la balanza, las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el panorama de las telecomunicaciones en el país y la calidad de los servicios que recibirán los ciudadanos.

 El Sindicato Único de Telecomunicaciones rechaza enfáticamente la intención del gobierno de seguir beneficiando a los amigos de siempre y perjudicando a Antel

Nuevo oligopolio mediático para proteger a Lacalle

 

Nicolás Centurión

Año electoral en Uruguay: la cascada de casos de corrupción, de clientelismo, de nepotismo y de renuncias que luego terminan con funcionarios que vuelven como en puertas giratorias, no ha cesado. Por eso el gobierno intenta blindarse, resguardarse en los grandes medios de comunicación. Medios que abonaron también al triunfo de Luis Lacalle en su momento y hoy se verán beneficiados.

Un oligopolio mediático está en ciernes y ya cuenta con la firma del primer mandatario.

 Tres (no) triste empresas comen a otra para progresar
El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra de Antel. Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado, pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo.

Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace. El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra óptica de la estatal Adminsitración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado. Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace.

La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley de Servicios de Comunicación de Audiovisual, 19.307, que está vigente y que establecen la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.

El presidente Luis Lacalle autorizó a los tres canales de cable de Montevideo a conformar un consorcio para Nuevo oligopolio mediático para proteger a Lacalle.oligopolio mediático para proteger a Lacalle.apropiarse de la fibra óptica de la estatal Adminsitración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Estos canales de cable son propiedad de los canales (de aire) 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalecerá aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado.

Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra Antel utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace.

La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación de Audiovisual, que está vigente y establece la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.

El argumento de dichas empresas para asociarse es que han perdido clientes y por ende ganancias. Efectivamente, eso es cierto. Desde el año 2018 las empresas de TV para abonados han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca de más del 32%. Las razones son varias, pero muchas a la vista. Los contenidos por streaming, las plataformas de series y cine brindan una oferta mucho más variada, barata e interactiva que lo que ofrecen los canales de cable.

Es interesante cómo funciona cierta lógica de los liberales. En sus manuales, estas empresas debieran fenecer de “muerte natural”. El mercado no demanda sus servicios, consigue otros servicios que le son más rentables al consumidor y listo. Pero pasó lo contrario, aparece “papá Estado” a intervenir, a salvaguardar dichas empresas que incluso atentan contra el propio Estado.

Nunca pasaría al revés. Nunca una empresa privada va a ayudar a asociarse a otras para que le hagan competencia. Y allí va la segunda paradoja, la famosa y ficcional libre competencia. Otro postulado de los liberales que se ve contradicho por el propio accionar de Lacalle y su gobierno. No permite que las empresas compitan entre sí libremente y da paso a un oligopolio que está más cerca de un monopolio que de la libre competencia.

Lo que nos queda por concluir es que este gobierno apenas se asoma a algo parecido a uno liberal y que de liberal original no tiene nada. Es un capitalismo primarizado y para los amigos.

Hecha la ley…
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 19.307, que regula a los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los de TV para abonados, contiene algunos artículos que también nos muestran el atropello de esta asociación.
El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios

El artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control.

El literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante

“Lo que nosotros entendemos -y esto lo hemos manifestado en esta misma Comisión en otra oportunidad en la que participamos- es que estamos en una época en la que las competencias, en muchos casos, son de cooperación. Y nosotros entendemos que ofrecer la infraestructura de Antel a los cableoperadores es bueno para Antel porque está, de alguna manera, siendo un negocio», expresó Elisa Facio, Directora General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

» De lo contrario, se queda fuera del negocio, y los cableoperadores de alguna manera igual van a hacer sus tendidos o a contratar con terceras personas, porque no es solo el tendido, también después tienen que tener una salida a internet, y la salida internacional a internet, que es ese tramo 3, la van a contratar con Antel o con Claro o con Movistar o con Dedicado o con el que sea, pero con alguien lo van a contratar”, añadió la funcionaria.

Ante,l desde  2008, ha invertido alrededor de 800 millones de dólares para mejorar la conectividad. Sin embargo, esta administración no solo favorece a los canales privados sino a grandes tiburones de las telecomunicaciones como Claro, Dedicado o Movistar.

El analista y consultor uruguayo Gustavo Gómez se preguntaba en su red social X: “ ¿Qué pasará con los 300 a 350 trabajadores de los cables de Montevideo cuando pasen a ser una sola empresa en lugar de tres? ¿La unificación autorizada por el gobierno de Lacalle Pou traerá despidos para abaratar costos?”

Como un dejavú, amplía: “Hace 30 años los tres canales de TV abierta de Montevideo «compitieron» para que Lacalle Herrera (el padfre del actual mandatario) les diera las tres únicas licencias de TV cable. Comprometieron inversiones y redes independientes. Pero armaron Equital SA (tres dueños, un único cableado) y ofrecieron mismo precio y misma programación. Cero competencia. Más poder.”

En agosto se viene la votación sobre la Ley de Medios que está en discusión en el Parlamento, que concita menos participación ciudadana, eliminación de audiencias públicas, mayor concentración de medios, posibilidad de extranjerización, limitación a la Libertad de Expresión y riesgo de censura previa.

Y en octubre son las elecciones presidenciales. ¡Qué casualidad!