Un fallo judicial ordena suspender temporalmente la iniciativa privada considerada inconstitucional por las organizaciones sociales y criticada por académicos
La justicia sentenció aprobó una medida cautelar e impide a OSE firmar contrato por el proyecto Neptuno y suspende por el momento la adjudicación al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast.
La medida cautelar fue presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua de la Vida y el colectivo Tucu Tucu de San José contra la licitación pública del proyecto Neptuno o Arazatí. Las organizaciones fueron representadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que coordina el abogado Juan Ceretta.
La sentencia hace lugar a los reclamos de las organizaciones socio-ambientales luego de que once investigadores de la Universidad de la República comparecieran en el Palacio de Tribunales para dar sus perspectivas en el asunto, convocados por el juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey.
Anahit Aharonián, ingeniera agrónoma e integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, dijo en Camacuá Diario que desde la organización “celebran” el fallo y que coincide con los los “20 años de la reforma constitucional” que “a través de la democracia directa, con el 64,7%”, Uruguay “fue el primer país” en considerar el agua “como un derecho humano” y “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico”.
Desde la organización sostienen que el proyecto Neptuno es una “falsa solución al problema del agua en el área metropolitana” porque en el territorio existen “abundantes fuentes de agua dulce”. Además se visualiza que si se “hubiese mantenido la Cuenca del Santa Lucía en condiciones, no hubiéramos tenido los impactos de la sequía ni estaríamos preocupados por el tema a futuro”.
“Este proyecto es inconstitucional, atenta contra el artículo 47 de la Constitución de la República, que es el que fue reformado en 2004, y también contra el artículo 188”, dijo Aharonián y agregó que por ello se presentó la medida cautelar hace un año: “recién el viernes pasado pudieron testimoniar una parte de los investigadores”.
En segundo lugar, destacó Aharonián, las fuentes de agua dulce que tiene Uruguay “son de soberanía nacional” mientras que el Río de la Plata, de donde pretende tomar agua para potabilizar en este proyecto, no lo es, allí “confluye el agua de cinco países por lo que no sabemos cuál es el contenido que pueda tener”.
Sobre el Río de la Plata está además el emisor subacuático de Buenos Aires con los desechos cloacales de 4 millones y medio de habitantes, y del que existen voces de alerta que indican que Uruguay ha sido “omiso” en estos controles.
Aharonian dijo que “las autoridades han minimizado” su impacto y que “hay un gran desconocimiento sobre las corrientes del estuario del Río de la Plata” y remarcó lo innecesario de potabilizar desde una toma desde este lugar habiendo otras opciones de agua dulce.
Justamente, el agua que procese en caso de que se construya la planta de Arazatí-Neptuno deberá desalinizarse, algo que además de ser un proceso muy “costoso” genera “residuos” y “lodos” que impactarán negativamente en el “ambiente” y la “productividad del departamento de San José”, explicó.
Se dio a conocer además que esta obra, que tiene tantos problemas asociados, no podrá responder a la totalidad de la demanda de agua potable que tiene el área metropolitana. “Menos del 30%” se le dijo a las organizaciones en sesiones en el anexo de la Torre Ejecutiva entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Otro problema asociado al Río de la Plata son las cianobacterias. “Es una zona donde hay una altísima producción de cianotoxinas”, explicó Aharonián. “No existe al momento tecnología en el mundo que elimine al 100% de esas toxinas, que son hepatotoxicias, con especial incidencia en niños y niñas”. Remarcó que las consecuencias pueden ser “muy peligrosas” por la exposición prolongada a cianobacterias.
En el día de ayer, miércoles, las organizaciones brindaron una conferencia de prensa en el local de FFOSE, en la que celebraron el fallo de “no innovar” por parte de la Justicia, “hasta que no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.
Desde los ministerios de Salud Pública, Ambiente y OSE se anunció que se apelará la sentencia, pese a que el fallo indica que hay “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional” y que “podrían existir severos riesgos de contaminación” del acuífero Raigón y áreas aledañas. “Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades de que pudiera haber sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”.
Neptuno mantiene varios frentes abiertos: sociales, académicos y políticos, que lo consideran inconveniente e inviable desde la perspectiva jurídica, ambiental y económica.
El Ministerio de Ambiente y OSE se niegan a la ciencia.
Publicado marzo 17, 2024
La pretensión por parte de OSE y del Ministerio de Ambiente de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no escuche la opinión de destacados técnicos y científicos nacionales en el reclamo contra la licitación del Proyecto Arazatí sienta un peligroso precedente y marca claramente que el Ministerio de Ambiente del Ministro Bouvier no protege el Ambiente y que el Directorio de la OSE opera imprudentemente, sin justificación técnica ni financiera alguna, comprometiendo cientos de millones de dólares en una obra inconveniente, injustificada, insuficiente y extremadamente cara.
https://movusuruguay.blogspot.com/2024/03/el-ministerio-de-ambiente-y-ose-se.html
.Parte de los cuestionamientos que plantean quedaron plasmados en una sentencia judicial del 24 de junio pasado, que ordenó a OSE –empresa pública responsable de la gestión del agua potable– no firmar el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, hasta que no se despejen las dudas sobre su viabilidad. “Para nosotros es un hito haber obtenido un fallo favorable de esta envergadura”, señala a América Futura María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que junto a la agrupación ambiental Tucu-Tucu había solicitado esta medida cautelar en agosto de 2023. Entienden que Neptuno vulnera el artículo 47 de la Constitución uruguaya, según el cual “el servicio público de abastecimiento de agua” para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado.
Ortiz recuerda que, en 2004, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en incluir al agua potable como derecho humano fundamental en su Constitución, blindándola de la intervención de los privados en los procesos de potabilización. También establece, en sintonía con el Acuerdo de Escazú, la participación de la sociedad civil “en todas las instancias de planificación, gestión y control” de los recursos hídricos. “Cuando nos enteramos del proyecto, en marzo de 2021, no tuvimos acceso a la información, ni pudimos participar en las etapas tempranas para estudiarlo. Recién en diciembre de 2022, después de aprobado, nos entregaron la información”, asegura.
En una de las audiencias judiciales celebradas en Montevideo participó el investigador Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas, para explicar los problemas ambientales que según la academia tiene el proyecto en cuestión. “La calidad del agua del Río de la Plata ha ido empeorando en las últimas décadas y un síntoma bien claro de ese deterioro es la floración de cianobacterias tóxicas”, le dice a América Futura. Junto a un grupo de científicos, Aubriot ha analizado este fenómeno, mapeando las zonas del Río de la Plata donde ocurre con mayor frecuencia. Entre los cuatro lugares más afectados por estos microorganismos tóxicos lo peor se lo lleva Arazatí, donde el proyecto instalará la toma de agua bruta. “Desconocemos los argumentos, los pros y los contras, de la elección de ese lugar; no hay una evaluación de más casos en los que se haya descartado otras opciones”, comenta.
“Por un pedido de acceso a la información pública sabemos que [la empresa pública] OSE no tiene ningún estudio propio de fuentes alternativas de agua para el sistema metropolitano”, asegura el meteorólogo y ambientalista Raúl Viñas. “El Río de la Plata puede ser el lugar adecuado, pero evidentemente no en Arazatí. Allí la salinidad [86 días al año, según mediciones de OSE] hace necesaria una reserva de agua que le agrega al proyecto 50 millones de dólares de costo”, detalla Viñas a América Futura. El ambientalista apunta contra los costos de Neptuno, que también han levantado críticas de la oposición política: la inversión privada en la ejecución del proyecto rondará los 300 millones de dólares, pero el Estado terminará pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares. Eso repercutirá inevitablemente, alegan los demandantes, en la tarifa del servicio.
La estatal OSE apeló el fallo judicial que suspende temporalmente la firma del proyecto, que por otro lado aún tiene pendiente la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este periódico se contactó con el organismo, pero las autoridades declinaron comentar. Antes de esta sentencia habían asegurado que la gestión del agua –su potabilización, entre otros– estará en manos del Estado y no del sector privado. También manifestaron que Neptuno irá acompañado de un plan de reparación de cañerías, otro blanco de críticas, por donde se pierde alrededor del 40% del agua que se potabiliza. Y además no descartan la construcción de una nueva represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, prevista en un proyecto entregado en 2019 por el Frente Amplio (centroizquierda) a la actual administración. Casupá permitiría almacenar 118 millones de metros cúbicos de agua y reforzaría la reserva de Paso Severino, que cuenta con una capacidad de 67 millones de metros cúbicos y es la fuente de abastecimiento del 60% de la población del país.
Por su parte, las organizaciones ambientalistas iniciarán un juicio contra OSE que podría extenderse durante dos años. “La medida cautelar [del 24 de junio] implica dejar las cosas como están hasta tanto no se disipen las dudas que existen”, le dice a América Futura el abogado Juan Ceretta, que patrocina a estas agrupaciones. El juicio buscará que la iniciativa no se materialice, porque la consideran inconstitucional además de arriesgada. “Tenemos datos suficientes como para demostrar que el proyecto Neptuno es por lo menos peligroso y puede generar daños irreversibles”, acota. El abogado destaca el hecho de haber accedido a la Justicia: “s la demostración de que la lucha de 2004 para establecer el derecho al agua en la Constitución no fue en vano”. “Hoy estamos invocando esa norma ante los tribunales”, enfatiza.
La cultura del agua en Uruguay
Mientras el Gobierno avanzaba en la concreción de Neptuno, la crisis del agua potable sorprendía a una sociedad acostumbrada a la aparente sobreabundancia de este recurso limitado. Tras el impacto que eso generó, los expertos sugirieron no bajar la guardia. “Uno de los desafíos principales del país está en la cultura del agua, de repensar la relación entre la sociedad y el agua desde una perspectiva sostenible”, le dice a América Futura Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo. En este contexto, considera necesaria “una mirada más realista” sobre el cambio climático así como la profundización del conocimiento de sus recursos hídricos, vinculándolo a la toma de decisiones políticas.
Fernández Polcuch recuerda el rol clave que desempeñó en Uruguay el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) durante la pandemia de Covid-19 en el diseño y aplicación de políticas públicas. “¿Por qué no pensar en algo similar acerca del conocimiento científico sobre el agua y su gestión integral?”, pregunta. Se refiere al agua para el consumo humano, pero también a la que se emplea en la agricultura y en la industria. “[El GACH] fue un ejemplo de la relación entre el conocimiento y la política pública que nos gustaría ver más, no sólo en situaciones de crisis”. Y concluye: “En el caso del agua tal vez tengamos una buena oportunidad para avanzar con ese modelo”.
Lanzamiento de la Campaña, "Miremos Arazatí"
Fecha: 27/07/2024
Lugar: Balneario Arazatí
Esta campaña es una iniciativa ciudadana para informar y movilizar a la comunidad en defensa de los derechos y las condiciones de vida en los territorios que afectaría el Proyecto Neptuno Arazatí, una planta potabilizadora que pretende complementar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana del país, extrayendo agua de un lugar inapropiado y generando múltiples impactos.
La campaña "Miremos Arazatí", es una movilización ciudadana destinada a proteger la costa del Río de la Plata en Arazatí, al igual que los Humedales del Santa Lucia y sus respectivas cuencas y territorios, de los riesgos que supone el proyecto Neptuno Arazatí. Busca sensibilizar a la población sobre los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto y promover una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos.
Objetivos de la Campaña:
1. Informar: Brindar información sobre el Proyecto Neptuno, sus componentes, sus procesos administrativos y los riesgos que supone, mediante la generación de contenido digital, encuentros comunitarios y publicaciones de informes técnicos.
2. Movilizar: Fomentar la participación informada y activa de la comunidad en los espacios de diálogo del proyecto, dando seguimiento al proceso administrativo y comunicando cómo participar desde la ciudadanía y en qué momentos.
3. Proteger: Garantizar la conservación de la costa de San José, por medio de una petición a las autoridades departamentales, solicitando la protección de toda la costa de San José y su área de influencia. Proponemos que se declare Reserva Natural; por su alto valor ecológico, geológico, paleontológico y arqueológico, con posibilidades de convertirse en un Geoparque de interés internacional.
Con Miremos Arazatí, queremos asegurarnos que la ciudadanía y las comunidades tengan herramientas para entender lo que está en juego y se unan en esta causa crucial. La preservación de nuestra agua es responsabilidad de todos y todas.
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Para consultas de prensa, (sobre la campaña) por favor contactar a:
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Miremos Arazatí · Arazati San Jose · San Jose 80300 · Uruguay
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