Salió en el World Politics Review
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Traducción:
Un escándalo de corrupción está haciendo olas en Uruguay 'Squeaky-Clean'
(Que nunca ha hecho nada inmoral)
20 de enero de 2023
La historia ya era lo suficientemente dañina para empezar. En septiembre pasado, Alejandro Astesiano, principal guardaespaldas del presidente de centroderecha de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue arrestado en la residencia presidencial , poco después de regresar con su jefe de unas vacaciones familiares en el extranjero.
Según los fiscales, Astesiano había utilizado su posición privilegiada para vender certificados de nacimiento falsos a decenas, y tal vez incluso a cientos, de ciudadanos extranjeros que buscaban reclamar pasaportes uruguayos por ascendencia, especialmente rusos que buscaban escapar de su país tras la invasión de Ucrania. Si bien Astesiano parece haber heredado el negocio, que supuestamente se remonta a 2013, la gran mayoría de los documentos falsos se emitieron mientras Lacalle Pou era presidente.
Lacalle Pou parecía estupefacto y sorprendido. Después de todo, insistió, Astesiano, un amigo cercano de dos décadas, no tenía antecedentes penales. Pero los informes de los medios revelaron posteriormente que el ex chofer y oficial de policía de 47 años ha tenido más de 20 roces con la ley, incluso por presuntos actos de fraude, robo y daños a la propiedad.
Luego, en noviembre, un periódico local, La Diaria, informó que la investigación de falsificación había descubierto pruebas en el teléfono de Astesiano y otros dispositivos de que había ofrecido usar software espía propiedad del Ministerio del Interior en nombre de varias figuras comerciales a cambio de pagos.
En particular, Astesiano habría interceptado llamadas entre dos senadores opositores para obtener información personal que pudiera beneficiar a Vertical Skies —una consultora de seguridad formada por varios exmilitares uruguayos— en relación con contratos públicos en el puerto de Montevideo. El periódico también sugirió que Vertical Skies le pidió ayuda interna a Astesiano para vender lanchas patrulleras y aviones a las fuerzas armadas de Uruguay.
Hasta el momento, según los informes, los fiscales no están investigando las acusaciones de espionaje. Astesiano ha negado haber actuado mal. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha negado que se hayan interceptado llamadas. Y no está claro si Astesiano realmente tuvo acceso al spyware. Pero luego de declarar en el caso de falsificación a finales de noviembre, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, concedió a la prensa que, de ser ciertas, las denuncias son “muy graves”. A fines de diciembre, se supo además que Astesiano había buscado información del equipo de seguridad de la ex esposa de Lacalle Pou, así como de la policía, sobre un viaje que había realizado dos meses después de que se separaran.
Con sus connotaciones mafiosas, el escándalo está haciendo olas en el famoso y apacible Uruguay. El país es conocido por presumir de una democracia impecable que encabeza los índices que miden la calidad de vida y la transparencia del gobierno en América del Sur. Pero la historia que se desarrolla también ha dañado gravemente a la administración de Lacalle Pou, quien fue entrevistado por el fiscal que lleva el caso durante cuatro horas en privado a fines de diciembre.
Al ganar la presidencia en noviembre de 2019, Lacalle Pou, abogado y exdiputado del Partido Nacional, puso fin a 15 años de gobierno de la coalición izquierdista Frente Amplio, o Frente Amplio. Ahora con 49 años, es un rostro relativamente joven en un país cuyos pesos pesados políticos tienden a ser octogenarios. Pero como hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó de 1990 a 1995, también es familiar.
Hasta el reciente escándalo, Lacalle Pou había disfrutado de sólidos índices de aprobación. Inicialmente manejó hábilmente la pandemia de COVID-19, cerrando algunas fronteras y realizando pruebas agresivas mientras evitaba los cierres obligatorios, incluso si la decisión a mediados de 2021 de abandonar la mayoría de las medidas y depender por completo de las vacunas provocó un aumento de las muertes.
La disminución de la confianza pública debido al escándalo de corrupción puede obstaculizar la agenda de reformas de Lacalle Pou y volverlo políticamente tóxico antes de las elecciones de octubre de 2024.
En julio de 2020, aprobó con éxito un paquete de unas 135 reformas conocido como la Ley de Consideración Urgente, o LUC, que buscaba en términos generales mejorar la educación, aumentar los poderes policiales para combatir las bandas de narcotraficantes cada vez más audaces y agregar mayor flexibilidad a la economía. El paquete de reformas sobrevivió por poco a un referéndum respaldado por la oposición que buscaba anularlo en marzo de 2022.
El énfasis de Lacalle Pou en mejorar la educación ha impactado, dada la mala calidad de las escuelas secundarias en muchas partes del país. Su impulso para expandir las importaciones y exportaciones internacionales de Uruguay ha resonado después de años de anémico crecimiento económico. Estos esfuerzos incluyen un posible acuerdo de libre comercio con China y una solicitud para unirse a la Asociación Transpacífica, a pesar de que, como miembro de Mercosur, el estancado bloque comercial regional que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay, Uruguay técnicamente no puede negociar. acuerdos de este tipo unilateralmente.
Incluso sus reformas planificadas para hacer que el sistema de seguridad social sea más sostenible desde el punto de vista fiscal, incluido el aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, han recibido una aceptación pública a regañadientes. Las reformas pasaron el Senado en diciembre ante la dura oposición del Frente Amplio y ahora esperan la aprobación en la cámara baja.
Pero esta racha de buena fortuna ahora parece haber terminado. Al momento de la detención de Astesiano, el índice de aprobación de Lacalle Pou era del 49 por ciento, según Equipos Consultores. Desde entonces, ha caído al 39 por ciento, la caída más pronunciada desde que su calificación se desplomó del 60 al 47 por ciento entre mayo y julio de 2021, en el punto álgido de la pandemia. A medida que el escándalo avanza, es probable que se deslice aún más.
Al descontento popular con el gobierno se suma, sugiere la encuestadora, el caso de Sebastián Marset. Según se informa, un cerebro criminal regional y el fundador del Primer Cartel Uruguayo , o Primer Cartel Uruguayo, Marset es buscado por Interpol por supuestamente mover unas 16 toneladas de cocaína de Paraguay a Europa a través de Uruguay, que junto con otros países del Cono Sur se ha convertido en un nuevo ruta de los traficantes . Sin embargo, se supo en agosto pasado, cuando Marset fue detenido en Dubai a fines de 2021 mientras viajaba con un pasaporte paraguayo falso, rápidamente se le emitió uno uruguayo, lo que le permitió escapar. La viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, renunció en diciembre por el escándalo, en medio de una investigación sobre si altos cargos de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Uruguay ayudaron a escapar a Marset.
A fines de enero comienza la temporada de Carnaval en Uruguay, que incluye conciertos repletos de murgas del país , o grupos de trovadores satíricos, transmitidos en vivo a la nación. Dado que un tercio del público piensa que el crimen es el problema más grande que enfrenta el país, estos grupos ya se están preparando para burlarse del gobierno , burlando el énfasis de Lacalle Pou en la ley y el orden, incluso cuando una red criminal ha estado operando dentro de los pasillos de poder.
La disminución de la confianza pública puede obstaculizar la agenda de reformas de Lacalle Pou al causar fisuras dentro de su coalición de cinco partidos. También es probable que lo vuelva políticamente tóxico a medida que la atención comienza a centrarse en las próximas elecciones generales en octubre de 2024. Los presidentes en funciones no son elegibles para la reelección inmediata en Uruguay, pero Lacalle Pou no tiene un sucesor en espera obvio en su Partido Nacional, y ahora es poco probable que desempeñe un papel significativo en la selección de uno.
De hecho, según una encuesta realizada en noviembre por Usina de Percepción Ciudadana, el 28 por ciento de los encuestados cree que el próximo presidente será Yamandu Orsi, exprofesor de historia de secundaria y alcalde del Frente Amplio de Canelones, el segundo distrito más poblado de Uruguay. Mientras tanto, el 15 por ciento apoya a Carolina Cosse, alcaldesa de Montevideo y también incondicional del Frente Amplio. La figura de gobierno con mejor desempeño fue Delgado, el secretario de la presidencia, que recibió el 12 por ciento.
Aún así, las elecciones aún están a casi dos años de distancia. Si los lazos comerciales más estrechos con China, el destino de más de un tercio de las exportaciones de Uruguay por valor, pueden lograrse sin provocar una ruptura con Mercosur y la economía se acelera, la popularidad del gobierno puede recuperarse .
Tampoco se deben exagerar las mellas recientes en la credibilidad de las instituciones de Uruguay. En comparación con sus pares, con una inflación anual cercana al 100 por ciento en Argentina; Bolsonaristas irrumpen en el Congreso de Brasil; y líderes paraguayos sancionados por Washington por corrupción e incluso vínculos terroristas—Uruguay todavía parece un oasis de estabilidad y estado de derecho. También cuenta con un grado poco común de cohesión entre partidos en asuntos de estado, ilustrado por Lacalle Pou que asistió a la toma de posesión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero acompañado por los expresidentes José Mujica, del Frente Amplio, y Julio María Sanguinetti. , del Partido Colorado.
Sin embargo, los últimos escándalos sugieren que Uruguay no puede darse el lujo de ser complaciente con los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado. También insinúan que, justo cuando comienza la temporada de Carnavales del país, la larga luna de miel política de Lacalle Pou llega a su fin.
Laurence Blair es un periodista independiente que cubre América del Sur.
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