¡Tenés una deuda de US$ 23.700!

Comenzó la transición de Gobierno

 

Búsqueda, POR ISMAEL GRAU
2 diciembre 2024

En la campaña electoral florecen las promesas, que después se marchitan ante las restricciones fiscales: una disección —básica pero, ojalá, didáctica— de la deuda pública, esa mochila cargada de pagos ya comprometidos hasta el 2060

¡Hola!

No te asustes, pero quería avisarte que tenés una deuda, y no es chica. En realidad, es de todos los que vivimos en Uruguay. Pero a no alarmarse: no hay que pagarla toda ahora.

Tu deuda —y la mía— era, a junio pasado, de US$ 16.280. En verdad, es un poco más porque, como con cualquier préstamo comercial, también hay que pagar intereses (US$ 7.414). Redondeando, son aproximadamente US$ 23.700 cada uno. ¿Qué son estos números? Es la deuda del sector público global —todo el Estado— calculada por habitante (las 3.444.263 personas que fuimos censadas el año pasado) o, como dicen los economistas, “per cápita”.

Soy Ismael Grau, editor de Economía en Búsqueda y autor de esta newsletter, Detrás de los números. Ya pasada la campaña y con un gobierno electo que llega con promesas y se encontrará con restricciones para gastar, en esta entrega comentaré algunos datos acerca de nuestro endeudamiento público.

https://datosmacro.expansion.com/deuda/uruguay

Endeudados

Al terminar el segundo trimestre del año la deuda del sector público era de US$ 56.074 millones por concepto de capital (más US$ 25.536 millones en intereses). Si se le restan los activos de reserva con que cuenta el país para usar ante determinadas emergencias, quedan US$ 32.481 millones como endeudamiento “neto”.

El Estado uruguayo pide prestado porque, casi siempre, gasta más dinero del que le ingresa a su caja vía impuestos, aranceles al comercio exterior o lo que recauda por apuestas en juegos de azar, básicamente. Con ese crédito cubre el déficit fiscal (al cual aludí en la primera edición de esta newsletter) que hoy ronda, tomando períodos de 12 meses, los US$ 3.200 millones. Si se cumplen las proyecciones más sensatas, el gobierno que asumirá en marzo próximo recibirá una situación fiscal y un nivel de endeudamiento manejable, pero que no dará para tirar manteca al techo.

Tomar deuda puede ser necesario no solo para solventar los gastos “de oficina” de la estructura estatal y para prestar servicios de salud, enseñanza y seguridad pública, sino también para invertir en obras que ayudan al funcionamiento de la economía. Incluso los países ricos se endeudan; el problema es cuando es demasiado. Dado que, como todo en la vida, los montos son relativos, el tamaño del endeudamiento suele medirse en comparación con la producción de bienes y servicios de cada economía (el Producto Interno Bruto, el PIB o PBI), si bien esa relación no es lo único que importa para analizar su “sostenibilidad” (si te interesa profundizar en este concepto, bastante técnico, podés leer esta nota). Tomé datos compilados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mencionar algunos ejemplos de deudas de los gobiernos centrales de algunos países: 61% del PIB en Uruguay, el doble (127%) en Estados Unidos —la mayor economía mundial, lo que le da una gran espalda— y solo —gracias a varias condonaciones— un 11% en la República del Congo.

Uruguay acordó un préstamo con el Banco Mundial

Además de tener el dinero para pagar, los gobiernos también deben querer honrar sus deudas. Ya sea por una razón u otra, las situaciones de impago (default) o de reestructuraciones no son tan infrecuentes; a lo largo de unos 200 años, entre 1815 y 2020, se contabilizaron 321 episodios de este tipo a escala global, varios de ellos en décadas recientes, según trabajos académicos que incluyen entre sus autores a Carmen M. Reinhart, una experta en estos temas de la Universidad de Harvard. Uruguay figura con alguna cesación de pagos y ocho renegociaciones, la última en la crisis del 2002 que rememoré en esta nota. Poco antes, Argentina había declarado su default entre aplausos de los parlamentarios —todo un símbolo de la falta de voluntad de pago—, una decisión cuyos perjuicios sigue pagando hasta hoy.

La gestión de la deuda y los muros

Uruguay, a diferencia de su vecino, salió rápido de aquella crisis de comienzos de siglo y luego se apegó a una estrategia, mantenida por los sucesivos gobiernos, que apunta a evitar, en lo posible, tomar deuda en moneda extranjera, a bajar su costo y a tratar de que los vencimientos no se acumulen; el bono actualmente en circulación a mayor plazo vence en el 2060 (eso será dentro de ocho gobiernos, incluido el próximo de Yamandú Orsi).

Ese manejo, sumado a la estabilidad institucional y a una política económica sin locuras que ya lleva varias décadas, permitió que la deuda pública de Uruguay tenga actualmente la mejor calificación de su historia y sea considerada por las agencias como sin riesgo de impago (“grado inversor” o investment grade). La reforma previsional que empezó a implementarse en 2023 ayudó a subir algún peldaño más en esa escalera de notas, porque estabilizaría a largo plazo la cantidad de recursos necesarios para cubrir el déficit previsional (un problema originado en las tendencias demográficas, con vidas afortunadamente más longevas y, simultáneamente, menos nacimientos, lo cual reduce la población productiva capaz de aportar a la seguridad social).

Para que no resulte algo abstracto, diseccionemos la deuda pública uruguaya.

El crédito que toma el Estado es, mayoritariamente, a través de la colocación de papeles de deuda en los mercados —local e internacional— que compran inversores, ya sean fondos, bancos, las AFAP o particulares. Estos bonos, Notas del Tesoro o las Letras de Regulación Monetaria explicaban, a junio, un 82% del endeudamiento total.

Uruguay también toma dinero prestado de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el primer gobierno del Frente Amplio, el país saldó todos sus créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —un prestamista que ponía los dólares y también condiciones—, y desde entonces no le pide más. Muros pintados, como se veían hace algunas décadas, proclamando el “no pago al FMI”, hoy serían algo demodé (y, de algún modo, también aquello de no pagar la “deuda externa”, ya que actualmente más de la mitad del capital se les debe a residentes en Uruguay).

Por monedas, el 59% de la deuda es en pesos, 36% en dólares y el resto se reparte entre yenes, euros, Derechos Especiales de Giro —una “moneda” del FMI— y otras. Por tasa, el 85% es fija. Por plazos, el 58% habrá que pagarla dentro de más de cinco años.

Por otro lado, el “servicio de deuda” —los intereses— insumió en 2023 cerca del 9% del Presupuesto nacional, un porcentaje que, por compararlo con algo, casi triplica el gasto ejecutado en ese año por el Ministerio de Defensa (3,2%).

Cierro aclarando otra vez que los US$ 23.700 de deuda per cápita que mencioné antes son solo una forma de visualizar estas cifras. No es un pasivo personal —no estás en el Clearing de Informes por esto—, sino colectivo, de un Estado uruguayo al cual financiamos todos los que pagamos impuestos. En definitiva, si bien puede ser justo y loable pretender asignar más gasto público a ciertas áreas, si no hay ingresos fiscales genuinos que los sustenten, eso termina cargando con endeudamiento la mochila de las futuras generaciones.